La Casa de América de Madrid acogió este miércoles la decimoctava edición del Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano. Un evento que clausuró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que también participó la vicealcaldesa de la capital, María Inmaculada Sanz, la expresidenta Esperanza Aguirre, el exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, o los ex altos cargos madrileños Manuel Llamas y Javier Fernández Lasquetty.

Uno de los protagonistas del foro fue, sin duda, el presidente argentino Javier Milei, que genera más adhesiones en la derecha española que otras figuras polémicas como el estadounidense Donald Trump o el salvadoreño Nayib Bukele. Su idea fundamentalista de la "libertad", que lo ha llevado a mostrarse partidario de mayores opciones para la tenencia de armas, a mostrarse abierto a la idea del comercio de órganos, a promocionar un proyecto fantasma de criptomonedas e, incluso, a dudar cuando se le preguntó si se debería permitir la compraventa de niños, ha recibido halagos de los presentes, hasta el punto de considerarlo el “mayor referente liberal” en las últimas dos décadas

“Desde la desaparición de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el papa Juan Pablo II, nunca había habido un referente liberal. Ese referente existe hoy y se llama Javier Milei. De él saldrán muchos más Mileis en otros países”, sintetizó Llamas, que hasta el año 2023 fue viceconsejero de Economía en Madrid a las órdenes de Fernández-Lasquetty, considerado el gurú económico de Ayuso. Llamas también afirmó que el socialismo es una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. Así, ha propuesto como solución la “receta Milei”, es decir, el “capitalismo puro y duro”.

A Milei también lo alabó Aguirre, que apeló a la derecha a recuperar los “principios que ilusionan” como, a su juicio, está haciendo el presidente argentino: “Tenemos a Javier Milei, que ha sido una revolución porque quiere decir que se puede hablar del capitalismo y eso tiene que ilusionar”, reflexionó. Así, la expresidenta madrileña añadió que al “socialismo se le juzga por las intenciones, pero no por los resultados” y que “aquellos que creen en la libertad y en España” tienen que explicar “que el relato que nos está dando la izquierda es absolutamente falso”.

La exlíder del PP de Madrid también abordó asuntos de actualidad nacional como la moción de censura que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, amagó con presentar este martes, lo que provocó un sonoro portazo de todos los socios. Así, Aguirre defendió que “sería muy bueno presentar una moción” aunque fuera de carácter instrumental, porque paralizaría” la actividad legislativa”. Aguirre puso el foco en el proyecto que quiere aprobar el ministerio de Justicia, con Félix Bolaños a la cabeza, para reformar la carrera judicial. “Si las saca adelante se acabó la separación de poderes y la democracia liberal”, aseguró. Además, la madrileña ahondó en la memoria histórica asegurando que la dictadura de Francisco Franco “fue mejor” que la Segunda República, al menos tras sus primeros años, como ya dijo en una entrevista en El País.

Un asunto que también mencionó Espinosa de los Monteros que, además, hizo especial hincapié en la “batalla cultural” que libra la derecha contra la izquierda. “La izquierda se pasa la vida preparando el tejido asociativo, con sindicatos, asociaciones, todo tipo de ONG, para cuando no están en el poder seguir medrando. Esa batalla cultural que la izquierda hace a diario, es lo que la derecha debe hacer dando las ideas y estimulando a la población para que los partidos tengan algo que ofrecer a su electorado”, analizó, tras cargar contra la situación política actual. 

En ese panel también participó el economista Carlos Rodríguez, que recogió el guante de Espinosa y apeló a la derecha a dar la batalla dialéctica. “Siempre nos hemos quejado de que los socialistas nos ganan porque tienen consignas sencillas”, fue su reflexión, tras la que pidió contraprogramar con otros mensajes igualmente efectistas como, a su juicio, ya hace Milei pero también Ayuso. “Ninguno de los dos vienen de la nada, sino de una larga tradición de las ideas de la libertad”. Así, afirmó que ambos representan “una esperanza” para España y Argentina.

La presidenta madrileña fue ovacionada a su llegada. En su discurso, llamó a luchar contra “el mal”: “Opera sin límites y es parte de una pretendida superioridad moral. Tenemos que trabajar sin miedos y sin conformismos. Cuando una democracia liberal cae, una luz se apaga”, dijo, para renglón seguido azuzar el fantasma de que España se está convirtiendo en una “democracia raptada” porque “cada día se vuelve en contra de la víctima”.

La madrileña identificó ese “mal” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo participa en una estrategia para que se produzca este “cambio de régimen”; “ Cuando se va a por todas, contra el Estado de derecho, empresas, jueces y medios de comunicación, todo se carcome hasta que ya no queda institución a la que acudir o medio de comunicación donde denunciarlo. Todo está comprado, todo depende del poder en España a manos del sanchismo”, señaló. La baronesa del PP también criticó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía: “Ha decidido convertirse en un Supremo del Supremo desguazando de paso la Constitución”, zanjó.

La Comunidad de Madrid presume del sistema de libre elección de médico especialista y de hospital que implantó en sus hospitales a partir de 2011. Se basa en una red sanitaria única, integrada por hospitales públicos y concesionados, que son aquellos privados con los que la Comunidad ha firmado convenios o conciertos y otros cuya construcción y gestión de los servicios no sanitarios se han adjudicado a una empresa privada. Cada madrileño está adscrito a una zona básica de salud y tiene asignado un centro de atención primaria y un hospital de referencia. Pero puede elegir ser tratado por un especialista o ser operado en cualquier otro hospital madrileño si así lo prefiere.

Es lo que hicieron en 2022 un total de 367.786 madrileños, ser atendidos en un centro distinto al que tenían asignado, según recoge la memoria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de ese año, la última publicada. Pueden elegir entre los públicos o entre los privados. Si acuden a estos últimos, el Sermas les paga por la asistencia prestada. Así, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al grupo Quirón, recibió 58,12 millones de euros de la Comunidad de Madrid en 2015 por los 26.008 pacientes que atendió procedentes de zonas de salud que no son la que tiene asignada. La cifra la publicó la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización del gasto sanitario madrileño de 2019. En 2022, los ciudadanos de otras zonas que acudieron a la Jiménez Díaz en busca de tratamiento se elevaron a 78.128. Las menores listas de espera en el centro de Quirón son uno de los motivos por los que los pacientes de otras zonas de salud recurren a este hospital.

Pero también hay usuarios de la zona asignada a la fundación –los distritos de Centro, Arganzuela, Moncloa y parte de Fuencarral– que prefieren ser atendidos en otros hospitales. Son muchos menos, 7.462 en 2022. Sin embargo, la Fundación Jiménez Díaz no paga al Sermas por la atención que sus pacientes reciben en otros hospitales de la red pública. Eso ocurre a diferencia del Hospital de Torrejón, por ejemplo, que pertenece a otro grupo privado, Ribera Salud. Este centro, que presta asistencia a Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada, Torrejón de Ardoz y Fresno del Torote, factura al Sermas por los “servicios y actividades sanitarias realizados por centros de asistencia especializada de titularidad y gestión pública y/o concertada de la Comunidad de Madrid” para atender a los pacientes asignados a su zona. Y viceversa, el Sermas factura al hospital de Torrejón por la atención que presta a pacientes de otras zonas que hacen uso del mecanismo de libre elección.

El precio de cada uno de estos servicios está fijado por una orden de la consejería cada año, al que se le hace un descuento del 10%. Así lo establece el contrato de concesión firmado en 2009, que eximió a Ribera Salud de pagar durante sus seis primeros meses de actividad por los enfermos que eligieron otros hospitales para ser tratados. Ese medio año, por tanto, el coste lo asumió el Sermas.

De esta forma, en 2013, el Sermas facturó al hospital de Torrejón 19,97 millones de euros por la asistencia sanitaria prestada a pacientes que eligieron a otros centros de la red madrileña. Fueron 1.664, según la memoria del Sermas de ese año. Como Torrejón tuvo que atender a 4.849 usuarios de otras zonas básicas de salud, facturó al Sermas 14,18 millones de euros. El saldo de lo que se denomina “facturación intercentros” fue, por tanto, de 5,78 millones a favor del Sermas, según consta en la liquidación correspondiente a 2013.

El resto de los hospitales de gestión privada –Villalba, Valdemoro y Móstoles, pertenecientes también al grupo Quirón– sí que llevan a cabo esa misma facturación intercentros. En su informe de fiscalización del gasto sanitario madrileño, la Cámara de Cuentas verificó la facturación intercentros de estos tres centros, de la Jiménez Díaz y del hospital de Torrejón, y calculó que el saldo final era de 123,1 millones de euros a favor del Sermas en 2015.

Según explicó entonces la Cámara de Cuentas, el flujo de usuarios hacia los hospitales públicos se debe no sólo al ejercicio de la libre elección, sino también a que los hospitales de gestión privada les derivan pacientes que necesitan servicios de los que no disponen y a que les trasladan los “tratamientos más complejos o largos” para reducir sus costes.

infoLibre ha preguntado tanto a la Consejería de Sanidad como al grupo Quirón por los motivos de estas diferencias entre hospitales y por las cantidades que la Jiménez Díaz deja de pagar por la asistencia que el resto de los hospitales prestan a pacientes de su zona de salud, sin obtener respuesta. Sanidad se ha limitado a señalar que “la Fundación Jiménez Díaz tiene una población asignada de referencia, no cobra por ciudadano sino por actividad, con una tarifa que se recibe en la cláusula anual”. Añade que es el mismo caso que el hospital Gómez Ulla, dependiente del Ministerio de Defensa y con el que el Sermas ha firmado un convenio: “Nunca pagan porque no cobran cápita, un fijo anual”. Es decir, no se les paga por cada persona de su zona incluida dentro de la población protegida, independientemente del nivel de utilización de servicios sanitarios que se produzca, como sí se hace con los de Torrejón, Villalba, Valdemoro y Móstoles. La Jiménez Díaz y el Gómez Ulla, en cambio, cobran del Sermas por cada asistencia realizada.

En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas recordaba que en la memoria de objetivos del presupuesto madrileño para 2013 se incluía el de “modificar el contrato financiado por actividad por una financiación capitativa”, con el fin de “homogeneizar los criterios de financiación de la Fundación Jiménez Díaz con los del resto de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud”. Un cambio que también se prometía para el Gómez Ulla, pero que no llegó a hacerse para ninguno de los dos hospitales ni ese año ni después. La Cámara de Cuentas aseguraba en el momento de elaborar su informe, en 2019, que el Sermas no había informado de las razones de ese incumplimiento, pero en el anteproyecto del informe el órgano señalaba que pasar a la financiación capitativa “habría supuesto un ahorro para el sistema”. Esa frase, junto con otras relativas a los hospitales de gestión privada, fue suprimida en el documento finalmente publicado.

Según el último convenio, firmado en 2021, el Sermas presupuestó para 2022 una partida de siete millones de euros para pagar a Defensa por los pacientes de otras zonas de salud a los que prestó asistencia el Gómez Ulla: 5.427. El resto de los hospitales madrileños atendieron ese año a 8.530 enfermos que prefirieron no tratarse en el Gómez Ulla.

En 2015 la Fundación Jiménez Díaz recibió un total de 373,54 millones de euros del Sermas, según el informe de la Cámara de Cuentas. Sanidad, a través de Transparencia, aseguró a El País que en 2017 la cifra había aumentado hasta los 413,5 millones de euros. En 2011 se le amplió a 30 años el contrato, firmado inicialmente con una duración de 10; por lo tanto la concesión se extenderá hasta 2041. Cubre la asistencia sanitaria de más de 435.580 personas.

La Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME) preguntó a través del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid por el número de procedimientos realizados por hospitales del Sermas a pacientes de la Jiménez Díaz en 2019. La Consejería de Sanidad respondió asegurando que no disponía de “toda la información solicitada de forma automatizada” porque los pacientes que no son atendidos en la fundación “no son objeto de control, al no realizarse sobre ellos ni auditoría ni liquidación”. Aun así, facilitó a AME un Excel elaborado a partir de “los sistemas de información de actividad hospitalaria” que recogen la “actividad saliente” de la Jiménez Díaz hacia otros centros del Sermas; es decir, los pacientes de la fundación que fueron atendidos en otros hospitales públicos.

En total, fueron 230.830 procedimientos, que incluyen 25.699 consultas primeras de atención especializada y 120.196 consultas sucesivas, por ejemplo. Los hospitales del Sermas también proporcionaron 2.875 sesiones de radioterapia a pacientes del hospital de Quirón y 1.687 hemodiálisis, entre otros procedimientos.

Con esas cifras y ayudándose de los precios públicos tal y como constaban en la orden vigente ese año, la asociación ha calculado el coste de la asistencia proporcionada por el Sermas a los usuarios “salientes” de la Jiménez Díaz. Para ello, hallaron la mediana –el valor situado en la posición central en un conjunto de datos ordenados– de cada una de las categorías de procedimientos, más cercana a la realidad que la media.

Así, las hospitalizaciones en centros distintos de la fundación, que sumaron 7.198 en 2019, tuvieron un coste mediano de 6.658 euros, por lo que su importe alcanzó los 47,92 millones de euros. Se trata de una cifra acorde con la que publicó el informe de la Cámara de Cuentas para la Jiménez Díaz en 2015, 6.928 euros, un 23% superior a los 5.625 euros de media de los hospitales del grupo 3 del Sermas, los de “gran complejidad”, que incluyen al Gregorio Marañón, La Paz, el Doce de Octubre, el Ramón Cajal, La Princesa, Puerta de Hierro, San Carlos…

Si a esa cifra se le suma el resto de los procedimientos practicados en otros hospitales a los pacientes asignados a la Jiménez Díaz, la factura total asciende a 86,9 millones de euros. No obstante, para igualar con las cantidades que cobra la fundación por los pacientes que le derivan los hospitales públicos, habría que descontarles un 10%, tal y como se establece en la novación del concierto firmada en 2011. Así, la cantidad final que el Sermas asume y no cobra al hospital del grupo Quirón quedaría en 78,2 millones de euros.

Un informe publicado en 2021, que auditó la deuda de la sanidad madrileña, calculó en 169 millones de euros la cantidad que el Sermas podría haber abonado a la Jiménez Díaz en 2019 por los 75.889 pacientes “entrantes” de ese año, basándose en las cifras de la Cámara de Cuentas para 2015.

“La Comunidad de Madrid pretende que los hospitales compitan entre ellos en el área sanitaria única, pero no lo hacen en igualdad de condiciones”, critica Víctor Jiménez, presidente de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente, quien denuncia un “trato de favor” hacia el grupo Quirón. “Y el Sermas siempre pierde”, sentencia. Aunque no sólo. Ribera Salud cerró 2022 con unas pérdidas de 27 millones, que atribuye a los abultados números rojos del hospital de Torrejón, 33,3 millones.

El negocio de la inversión tiene dos momentos clave, uno cuando "se consigue reunir a los capitales" y otro cuando "se detecta la oportunidad" , explica un profesional del sector inmobiliario que ha trabajado enlazando una empresa con varias gestoras de activos. Tanto en uno como en otro instante, añade, son fundamentales la "buena información", los "contactos" y el "nombre", que dan "confianza" a los inversores y "acceso a las puertas que hay que tocar". Las sagas ilustres de la gran empresa suelen traer de serie tanto "buena información" como "contactos" y desde luego "nombre", lo cual forma parte destacada del listado de razones que explican su importante presencia en este negocio.

Pero, ¿y los políticos? ¿También ofrecen ese aliciente?

La sociedad de inversión en capital variable (sicav) Morinvest, de la que es máxima accionista Alicia Koplowitz, permite explorar un ejemplo de coincidencia de dos elementos: el primero, dinero en cantidades millonarias listo para invertir; el segundo, destacadas figuras políticas, en este caso las dos del PP, José María Michavila, exministro con José María Aznar, y Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero con Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, de la que ha sido considerado "gurú" económico. La heredera, aristócrata y empresaria ha fichado a estos dos políticos del PP dentro de su empeño por convertir Morinvest en la mayor sicav de España.

Alicia María Koplowitz y Romero de Juseu (Madrid, 1952), la 13ª persona más rica de España según la última lista de la revista Forbes, es uno de esos nombres cuya sola mención remite a riqueza, clase altísima, aristocracia, poder. Hija y heredera del empresario de origen polaco Ernesto Koplowitz y de la aristócrata cubana Esther Romero de Juseu, la fortuna de Alicia Koplowitz se aproxima a los 2.500 millones de euros, según Forbes. Crucial en la conformación de su patrimonio es la herencia dejada por su padre, que falleció en 1960 en un accidente de equitación. Su principal negocio era Cycsa, germen de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), todo un seguro de fortuna para sus hijas Alicia y Esther, que controlaron la empresa desde principios de los 90 hasta que en 1998 la primera vendió a la segunda sus acciones en la compañía, un 28,2%, por más de 135.000 millones de pesetas.

Hoy Alicia Koplowitz es al mismo tiempo una de las principales coleccionistas de arte de España y una de las principales inversoras. Su buque insignia empresarial es el grupo Omega Capital, del que es presidenta y propietaria, y que controla la sicav Morinvest, inscrita en el registro mercantil en 1998, poco antes de la venta de sus acciones en FCC. Las sicav, con un ventajoso régimen fiscal, se diferencian de los fondo en la personalidad jurídica. "Mientras que la sicav tiene la forma de sociedad anónima, un fondo de inversión son patrimonios sin personalidad jurídica que pertenecen a un grupo de inversores", explica Renta 4, una entidad especializada en servicios de inversión.

La heredera y empresaria sufrió en 2021 un varapalo en el terreno nobiliario al perder en un pleito el Marquesado de Bellavista en favor de una señora cubana de más de 100 años. Pero lo ha compensado con éxitos en el terreno económico, donde su sicav, que tiene una capitalización superior a 600 millones de euros, es la tercera mayor de España, según la clasificación publicada por Forbes en 2022.

Este año la inversora madrileña se ha aliado con JPMorgan y BBVA Asset Management para liderar con Morinvest el panorama de las sicav en España mediante su apertura al pequeño y mediano ahorro. Según Expansión, el movimiento de Morinvest, que cuenta con 500 inversores, supone una "revolución" en el mercado de las sicav en España.

Para acometer esta "revolución", en el último año y medio Koplowitz ha llevado a cabo una reestructuración de su emporio inversor. Además, ha incorporado a su sicav a dos figuras del PP con destacada trayectoria institucional: José María Michavila, encargado de estos cambios en la estructura empresarial, y Javier Fernández-Lasquetty.

El primero, Michavila, fue diputado en el Congreso durante 18 años (1993-2011) y ministro de Justicia entre 2002 y 2004, tras haber sido desde 1996 secretario de Estado, primero de Relaciones con las Cortes y después de Justicia. Formó parte, fuera en el primer o en el segundo escalafón, de todos los gobiernos de José María Aznar.

Hermano del conocido sociólogo Narciso Michavila, José María Michavila entró en el consejo de administración de Morinvest en septiembre de 2022, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El exministro, que figura como consejero y secretario del consejo, coincide en el mismo con la propia Alicia Koplowitz, su hijo Alberto Cortina Koplowitz, fruto de su relación con el empresario Alberto Cortina, y ahora también con el propio Lasquetty, si bien este todavía no figura oficialmente como miembro en la información consultada por infoLibre.

Michavila accedió a dicho órgano después de asistir a Koplowitz en el proceso de fusión en una sola de las cuatro sicav de la empresaria, explica el propio exministro a este periódico. Lo hizo en calidad de director y socio del bufete MA Abogados, que comparte con otro exministro de Aznar, Ángel Acebes. "Tras terminar el proceso de integración, muy laborioso, Morinvest me propuso quedarme", explica Michavila, que afirma que no se ha prevalido de "ningún relación política" para este trabajo ni conoció a Koplowitz a través de sus responsabilidades políticas.

El consejero y secretario de Morinvest recuerda que lleva "cuarenta años de vida profesional", de los que once estuvo en política –actividad que dejó hace 19 años– y 29 ha ejercido el derecho bancario, tema de su tesis. Formado en Harvard, fundó su primer despacho en 1984 y ha trabajado para JP Morgan, Oliver Wyman y Royal Bank of Canada, desgrana. "El derecho bancario es mi trabajo y mi especialidad", recalca.

El segundo político del PP fichado por Koplowitz es Javier Fernández Lasquetty, con una destacada trayectoria política de más de veinte años y ligada fundamentalmente a cuatro nombres: José María Aznar, Esperanza Aguirre, Pablo Casado –que después de su salida de la política se ha dedicado también al negocio inversor– y finalmente Isabel Díaz Ayuso.

Lasquetty fue secretario general de FAES, la fundación de Aznar, entre 2004 y 2007. Tras un paso por el Congreso como diputado, se incorporó a los gobiernos de Esperanza Aguirre, primero como consejero de Inmigración (2007-2010) y después de Salud (2010-2014), responsabilidad desde la que se convirtió en un ejecutor de las políticas de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Tras una etapa como jefe de gabinete de Pablo Casado, siendo este presidente del partido, fue incorporado a su Gobierno por Ayuso en 2019 como consejero de Hacienda. En 2021 su cartera se amplió y pasó a ser de Economía, Hacienda y Empleo. El frecuentemente citado como "gurú económico" de Ayuso, que presenta como credenciales el haber ejecutado más de veinte bajadas de impuestos y haber derogado o flexibilizado más de 200 normas, no formó parte del Gobierno formado por la presidenta tras las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo.

En octubre Lasquetty dejó su acta de diputado en la Asamblea de Madrid y abandonó el comité ejecutivo del PP regional para incorporarse al consejo de Morinvest, tal y como anunció en Linkedin el propio exconsejero, que trabajará codo con codo con Michavila. "Me siento muy feliz y muy honrado por unirme al consejo de administración de Morinvest, la sociedad de inversión que lidera Alicia Koplowitz, a la que agradezco su confianza. Morinvest es líder entre las sociedades de inversión, y con el impulso de su presidenta estoy seguro de que va a llegar mucho más lejos, generando una importante rentabilidad para los inversores que acuden a ella. Mi misión ahora es contribuir a ese propósito", señala Lasquetty, que da las gracias a todos los que lo "han ayudado" en sus años en política –a la que no ha descartado volver– y "sobre todo" a Ayuso, por ser "tan increíblemente inspiradora". Tanto la actual presidenta como Aguirre le permitieron, escribe, "poner en práctica" sus "valores" para "mostrar que la libertad funciona, que libres de trabas regulatorias y con menos impuestos, las empresas y las personas son increíblemente creativas y generan más oportunidades, más riqueza y más empleos".

Lasquetty, en respuesta por escrito a preguntas de infoLibre, afirma que su oportunidad de incorporarse a Morinvest surgió después de su salida del Gobierno de Ayuso, y que conoce a Koplowitz desde "muchos años antes" de ser consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué diría que puede aportar a la sicav? "Experiencia en diseñar y ejecutar estrategias de transformación, con innovación y con buenos resultados. Capacidad de análisis. Experiencia en detección de riesgos. Conocimiento del entorno de comunicación", responde.

infoLibre trató de recabar comentarios para este artículo de Morinvest y de Omega, sin éxito.

“Si un gran patrimonio hispanoamericano, harto de las políticas de acoso y derribo y de la asfixia fiscal al que es sometido en su país de origen, quiere salir, se instala en Madrid e invierte un millón en adquirir una participación minoritaria de una empresa madrileña, se ahorrará 200.000 euros en su factura fiscal, que podrá repartir a lo largo de seis años”. Fue uno de los ejemplos que puso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la semana pasada cuando presentó el incentivo fiscal a la inversión que su Gobierno quiere aprobar como “contrapeso” al impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Se trata de una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF para todos los contribuyentes, nacionales o extranjeros, que hayan pasado los últimos cinco años fuera de España y se trasladen a Madrid invirtiendo, no importa la cantidad, tanto en bienes inmuebles como en activos financieros de cualquier tipo. Su objetivo: que crezca el flujo de inversión exterior hacia Madrid, según ha explicado también el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, pese a que Madrid ya es la comunidad que más dinero extranjero capta, el 61,38% del volumen total atraído entre 1993 y septiembre de 2022, según el Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Industria y Comercio. Preguntada en Las Mañanas de RNE, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, afirmó hace unos días que el incentivo fiscal para inversores anunciado por Ayuso va a beneficiar a "millonarios", y añadió que el ejecutivo madrileño está tratando de buscar cualquier tipo de noticia para que se hable "de otra cosa", mientras lo que hace es "desmantelar" la sanidad y la educación pública.

En los nueve primeros meses de 2022, las cifras más actualizadas del registro, Madrid atrajo 14.534 millones de inversión, lo que representa el 64,7% del dinero captado por todas las comunidades autónomas. El año precedente la cuota madrileña fue superior, el 73,35% y en 2018 acaparó un máximo del 83,6%, cuando canalizó 46.453 millones de euros. En un buen ejemplo de lo que se ha dado en llamar el efecto sede, la razón de ese repunte fue la compra ese año de la concesionaria de autopistas Abertis por parte de Hochtief, la filial alemana de ACS, y la italiana Atlantia, una operación que rozó los 18.000 millones de euros. En octubre de 2017, apenas unos días después del conato de referéndum en Cataluña, Abertis había trasladado su sede de Barcelona a Madrid.

Desde 2018, el volumen de inversión foránea hacia Madrid se ha reducido considerablemente, tras caer un 67,8% en 2019, y aun con una pequeña remontada en 2021, se situaba ese ejercicio todavía un 53% por debajo del récord histórico de 2018. Pese a la pandemia, 2020 tampoco fue un mal año, puesto que las inversiones foráneas en Madrid crecieron un 23,6%, 3.539,5 millones, gracias la compra del operador de telefonía Másmóvil por parte de tres fondos de inversión, Cinven, KKR y Providence, que pagaron más de 5.600 millones de euros por él.

La misma tendencia han seguido las inversiones totales españolas, pero con un descenso menor, del 46% en 2021 respecto a tres años antes.

Según ha explicado Fernández-Lasquetty en una entrevista en El Mundo, el objetivo de la nueva deducción –la séptima desde las elecciones de 2021– es “atraer inversores que no están ahora, particularmente latinoamericanos”. El consejero presume de que Madrid “es como Miami, una gran capital latinoamericana, y hay que aprovecharlo”. La llegada de ricos venezolanos y sus compras de viviendas de lujo y negocios, sobre todo en determinados barrios de la capital, es un hecho cierto. Pero, de acuerdo con las estadísticas de Comercio Exterior, el mayor inversor en Madrid no es Latinoamérica, sino Estados Unidos y Reino Unido. Desde 1993 hasta septiembre de 2022, el flujo bruto de inversión desde ese subcontinente asciende a 40.139,8 millones de euros, mientras que desde las islas británicas, centro financiero mundial, han llegado a Madrid 74.196 millones, casi el doble. El Brexit se notó en 2020, con una caída de la inversión británica en Madrid del 19% respecto al año anterior. Pero el capital del Reino Unido se ha recuperado con brío: en los nueve primeros meses de 2022 ya supera las de todo el ejercicio de 2021 y alcanza la cifra más alta desde 2011.

Desde Estados Unidos el flujo inversor es mucho mayor. Bordea los 98.000 millones de euros. En comparación, el dinero que viene desde China es pequeño, 7.453,6 millones, menos que desde Japón –8.241 millones– y muy por debajo de Rusia, apenas 1.108,4 millones de euros en 30 años.

Estos datos se corresponden con el capital enviado desde ambos destinos considerados como “países últimos” de la inversión; si el foco se coloca sobre los países inmediatamente anteriores a la llegada del dinero a Madrid, es Luxemburgo el principal inyector de financiación en Madrid: 77.208,7 millones de euros. Y en España: 110.675,64 millones de euros. Le siguen los Países Bajos, con 99.323 millones para toda España y 66.203 millones para Madrid. Como se sabe, los flexibles sistemas tributario y societario de ambos territorios conceden muchísimas facilidades a las multinacionales y fondos de inversión para instalarse y dirigir desde allí sus operaciones.

En conjunto, Latinoamérica ha traído más dinero a Madrid que Alemania –23.107 millones– o Francia –36.775,4 millones–. Pero, desglosadas por países, las inversiones de la América hispana deparan algunas sorpresas. No son los ricos venezolanos los más interesados en la capital española, sino el dinero mexicano. Desde 1993 México ha enviado 14.508,7 millones de euros a Madrid, por sólo 2.388,5 millones Venezuela, seis veces más. De hecho, el país gobernado por Nicolás Maduro es sólo el quinto inversor en Madrid, por detrás de Uruguay –5.369,3 millones de euros–, Costa Rica –4.279,6 millones– y Colombia –3.440,2 millones–.

Las inversiones venezolanas, además, no han dejado de caer desde que en 2018 alcanzaron su máximo histórico, 53 millones de euros. Su mínimo fue en 2020, el año de la pandemia, cuando se hundieron en sólo 8,1 millones, para remontar hasta los 15 millones en 2021. En los primeros nueve meses de 2022 apenas habían llegado a 2,29 millones de euros.

Y, pese a lo que pueda pensarse, las inversiones financieras superan a las inmobiliarias: ascienden a 681,39 millones las primeras y a sólo 160,83 las segundas. Las inmobiliarias con apellido mexicano son muy superiores, puesto que alcanzan los 1.573,9 millones de euros. Desde Panamá se canalizan otros 165,26 millones para adquirir inmuebles. Hay que tener en cuenta que tanto Uruguay como Costa Rica y Panamá tienen la consideración de paraísos fiscales por sus mínimas obligaciones de tributación. Pero de donde más inversiones financieras han llegado a Madrid desde 1993 es de Colombia, con un volumen de 2.472 millones de euros.

Las estadísticas de Comercio Exterior registran también las inversiones desde paraísos fiscales. Hasta Madrid han llegado 3.116,4 millones de euros desde 1993, el 53,5% de las españolas. Los 5.825,6 millones invertidos desde los 33 territorios que España incluye en esa categoría representan sólo el 0,8% de los más de 736.715 millones de inversión extranjera bruta recibida por España en los últimos 30 años. Desglosándolas, de Andorra han arribado a Cataluña 934 millones de euros, cuatro veces más que a Madrid, pero desde Guernsey se invirtieron en Madrid 495,4 millones, casi 19 veces más que en Cataluña. Desde Jersey, otra isla del Canal de la Mancha, llegaron a la Comunidad madrileña 281,3 millones más. Desde Liechtenstein se inyectaron otros 424,1 millones, casi lo mismo que desde Malta.

Pero los principales paraísos fiscales inversores en Madrid son Bermudas, con 745 millones desde 1993, y las Islas Caimán, con 568 millones. Las Islas Vírgenes Británicas transfirieron 272,2 millones. Pero, sin contar los 1.327 millones aportados por Singapur, la mayor potencia inversora es la de Suiza: 9.251,7 millones.

Cristina Cifuentes anunció en 2016 la integración en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales bajo concesión de obra pública que el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty había intentado privatizar hasta que se lo impidieron las mareas blancas y los tribunales. Vendió la operación como el cumplimiento de una promesa electoral que, además, “profundizaba en la gestión pública de los recursos sanitarios” que estaba llevando a cabo entonces el Gobierno de Madrid, según decía el comunicado de la Consejería de Sanidad publicado un 6 de julio de 2016.

La integración consistió en extinguir las empresas públicas que gestionaban cada uno de los hospitales, y hacerlos depender directamente del Sermas. Sin embargo, esos centros –Hospital del Tajo, del Sureste, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina–, puestos en funcionamiento en 2009, y a los que sumó el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, no figuraron en la contabilidad de la Comunidad de Madrid hasta 2019. Por tanto, no computaron ni para el cálculo del déficit ni para el de la deuda de la administración regional. Ni antes de su integración en el Sermas, cuando dependían de otras tantas empresas públicas creadas ad-hoc, ni después cuando pasaron a ser gestionadas directamente por la consejería.

Así lo recogen los sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña desde 2017. Y lo reconoció este miércoles el propio presidente del organismo, Carlos Salgado Pérez, durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid. “Que [esos activos] estén incluidos o no en las cuentas del Sermas tiene evidentemente una trascendencia”, aseguró Salgado Pérez. “La contabilización”, añadió, “conlleva una repercusión en la deuda y el déficit de la Comunidad de Madrid”. Carlos Salgado no cuantificó el impacto porque aún no se ha hecho, dijo, un análisis del efecto en ambas magnitudes de las colaboraciones público-privadas suscritas por el Gobierno regional, ni en el ámbito de los hospitales ni en otras, como la M-45, por ejemplo.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid emitió un informe en diciembre de 2017 donde establecía que el Sermas debía incluir en su balance los siete hospitales, así como las inversiones que se realizaran en ellos y el correspondiente pasivo financiero. Para llegar a ese criterio había realizado antes varias consultas al respecto con la Intervención General del Estado. Un año después, la Comunidad sacó a concurso la elaboración de un estudio para hacer la integración en sus cuentas de esos activos “dada la complejidad [de la operación] y la inexistencia de antecedentes”. Se presentó sólo una consultora, KPMG, que cobró por el informe 40.606 euros. Según sus cálculos, los siete hospitales tenían un valor contable de 600,13 millones de euros y suponían un pasivo de 552,68 millones. Así lo explica, una vez más, la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2018. La inclusión de estos siete hospitales de gestión privada no se llevó a cabo hasta un año después, a 31 de diciembre de 2019. Según ha explicado la Consellería de Sanidade a preguntas de infoLibre, la demora se debió a “la complejidad de la valoración y el análisis del cálculo de los activos”.

Según la Cámara de Cuentas, la incorporación de los hospitales en el balance de la Comunidad en 2019 se tradujo en un aumento del activo no corriente por importe de 727 millones de euros. Para hacerse una idea de la importancia del cambio, basta con señalar que la Cámara de Cuentas cifra en un 44% el “fuerte incremento” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, con una suma de activos y pasivos que rozaba los 3.000 millones de euros. La inclusión de los siete hospitales supuso un aumento del inmovilizado material –los bienes propiedad de la administración madrileña– del 76% en 2019.

Pero la operación no estaba completa. Siguiendo las instrucciones de la Intervención, el Sermas también debía consignar en sus cuentas de forma correcta los pagos anuales a las concesionarias. Porque lo que hacía Sanidad era incluir dentro de una sola rúbrica, el canon –en el capítulo 2 de sus presupuestos– todos los abonos que les hace cada año a las empresas privadas. No fue hasta finales de 2020, un año después de la integración de los activos, cuando empezó a desglosar los diferentes tipos de pagos, tal y como le reclamaba la Intervención. Sólo desde ese momento, el Sermas precisa cuánto paga a las concesionarias por los servicios prestados, por las amortizaciones de la inversión realizada y por los intereses de la carga financiera de esas inversiones. Es decir, durante todos los años de funcionamiento de los hospitales, la deuda con las concesionarias ha estado oculta en la partida del canon de las cuentas del Sermas.

El total que cada año el Sermas paga a las concesionarias de estos siete hospitales asciende a 166,28 millones de euros. De esa cantidad, 29,14 millones corresponden a intereses, tal y como figura en los presupuestos de este año. Es deuda que hasta ahora no constaba como tal en las cuentas del Sermas.

Por ejemplo, de los siete hospitales con este sistema de gestión, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles.

La Consejería de Hacienda niega que la inclusión de los hospitales en el balance del Sermas tenga consecuencia alguna ni en el cálculo del déficit ni en el de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque “se contabilizan como contabilidad patrimonial, no como contabilidad nacional” . Y se remite al mencionado informe de la Intervención de diciembre de 2017 en el que se indica que “la mera diferenciación en factura de la retribución asignada a la inversión del resto de retribuciones, en contabilidad nacional, no afecta al balance de riesgos existente previamente y no se modifica su incidencia en el déficit y la deuda de la Comunidad de Madrid”.

Madrid siempre ha presumido de sus cifras déficit y deuda públicos. En 2020 terminó con sólo 43 millones de euros de déficit, un 0,02%, lo que permitió a Fernández-Lasquetty, quien ahora es consejero de Hacienda, alardear de unas “cuentas saneadas” con las que la Comunidad puede “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. Para 2021, la AIReF preveía un déficit superior, pero aun así pequeño, del 0,3%. Hasta 2020 las cifras de déficit Madrid siempre habían sido negativas.

Otro tanto ocurre con la deuda, 34.604 millones en 2020, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Es la segunda más baja, tras Canarias. La AIReF prevé que en 2021 la deuda baje al 15,1% del PIB.

No es este capítulo de los hospitales bajo concesión de obra pública el único que ha hecho aflorar deuda oculta en la Comunidad de Madrid. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), que integra a 60 ONG de 29 países europeos, publicó en 2017 un informe sobre asociaciones público-privadas, la fórmula utilizada por la Comunidad de Madrid para construir estos siete hospitales y gestionar otros bajo concesión administrativa –Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba–. El documento denuncia los “falsos incentivos” que tiene para las administraciones públicas dejar fuera del balance estas fórmulas de gestión: les permite ocultar costes y subestimar su efecto fiscal real. “Los gobiernos eligen las asociaciones público-privadas no por motivos de eficacia, sino para evitar limitaciones presupuestarias y para posponer el registro de costes fiscales derivados del suministro de servicios de infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”, resaltan los autores del informe. En resumen, destacan, que estos activos figuren en las cuentas de una administración pública tiene “un efecto sobre el déficit y la deuda”.

Para decidir si se incluyen en la contabilidad o no, Eurostat ha elaborado sus propios criterios, que son los que siguen en España la Intervención General del Estado y la de la Comunidad de Madrid. En general, si es la administración pública en cuestión la que asume ciertos riesgos, los activos gestionados bajo esta fórmula público-privada deben estar incluidos en las cuentas públicas, no en las de la empresa concesionaria.

En 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, un organismo del Parlamento británico e independiente del Gobierno, analizó los proyectos gestionados con este mecanismo de colaboración público-privada. Es en Reino Unido donde ha tenido más éxito la fórmula. En 2017 estaban en marcha 716 proyectos, por importe de 59.400 millones de libras (71.215 millones de euros). Por comparar, en España actualmente existen sólo 161 proyectos, con un valor de 35.200 millones de euros, según los registros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ellos, 20 son hospitales.

El informe destaca que los costes financieros de estos contratos son mayores que en proyectos enteramente públicos. Y que tienen otros costes externos adicionales, desde seguros hasta asesores y garantías. Sumados unos y otros, resulta que “el gasto total de estos proyectos es mayor que el de las alternativas con financiación pública”. Según detalla, un 40% más en el caso de las escuelas y hasta un 70% más en el de los hospitales.

Es más, al igual que Eurodad, la Oficina Nacional de Auditoría británica pone el foco en los “incentivos en el corto plazo” que para las administraciones públicas supone dejar fuera de sus cuentas la deuda asociada a estos proyectos. Para ello cita a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que en un informe sobre riesgos fiscales calificaba de “ilusión fiscal” el uso de fórmulas fuera de balance como estas concesiones. Así explicaba el espejismo: “[Los mecanismos de colaboración público-privada] pueden ser atractivos para los gobiernos, ya que el nivel registrado de deuda será menor en el corto y medio plazo (cinco años), aunque sus costes sean significativamente mayores en el largo plazo de contratos que duran de 25 a 30 años”.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pasó en 2020 el peor año de su historia mientras hacía frente a la pandemia del siglo. Con una incidencia y letalidad disparadas en la primera ola, Madrid tiene el segundo mayor número de positivos y ha encabezado la de hospitalizados por cada 100.000 habitantes, además de haber sido la segunda comunidad autónoma en ingresos en UCI. También es la que más fallecidos suma –supera los 16.000, según la última actualización del Ministerio de Sanidad– de toda España. Sobre todo, en los geriátricos, donde ha alcanzado la mayor ratio de fallecidos por plazas ofertadas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el Sermas ha terminado el ejercicio con el mejor resultado económico desde hace años. Un superávit de 821,3 millones de euros, según las cuentas anuales que el viceconsejero Zapatero presentó en el consejo de administración del organismo el pasado 24 de mayo y a las que ha tenido acceso infoLibre. Las cifras llaman más la atención si se comparan con los números rojos de 886,85 millones con que cerró 2019. El Sermas no había cerrado con unas cifras tan abultadas ni siquiera en los años en que acabó el ejercicio en negro. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones.

En su memoria financiera, el Sermas se limita a explicar la causa de ese resultado positivo con la obviedad de que “los ingresos han sido superiores a los gastos”, y ello pese al aumento experimentado por estos últimos. En efecto, los ingresos totales del Sermas crecieron en 2020 un 32,06%, pues sumaron 2.782,46 millones más que en el ejercicio anterior. A su vez esa alza se debe a que las transferencias y subvenciones se elevaron un 22,72%: 1.955,61 millones más que en 2019. Otra partida que creció el año pasado fueron los “excesos de provisiones”, que alcanzaron los 837,12 millones de euros.

Por su parte, los gastos totales ascendieron a 10.638,85 millones, un 11,23% más que en 2019. De ellos, corresponden a gastos de personal 3.965,37 millones de euros, por lo que aumentaron un 7,88% en el ejercicio de la pandemia. También aumentaron los aprovisionamientos, una factura de 4.065,68 millones de euros que creció un 18,6%, más del doble que los gastos de personal.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Sanidad por estos números, también por el origen del superávit y el motivo por el cual no se gastó todo el dinero disponible en un año tan atípico. La primera respuesta del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero fue asegurar que las cuentas anuales por las que se preguntaba eran “un montaje” y que las cifras aportadas no eran las “oficiales”. Un portavoz de la consejería señaló que ni el logo ni el nombre del departamento que figuraban en ellas eran los auténticos. Sin embargo, los metadatos de los documentos a los que ha tenido acceso este periódico indican que fueron creados el 20 de mayo de 2021 –cinco días antes del consejo de administración del Sermas, por tanto– a las 9:41:14 de la mañana por María Luisa Martín del Burgo Carrero, de la Subdirección General de Gestión Económica, que firmó las cuentas del Sermas de 2016 como empleadas del Servicio de Contabilidad Financiera y Balances.

En otra respuesta posterior, Sanidad reconoce que en 2020 “pudo” haber superávit “como ocurrió en 2017 y 2018”. Tras requerirle un poco más de precisión, la consejería sólo explica las diferencias entre contabilidad financiera y presupuesto, “dos instrumentos contables con técnicas y criterios distintos”, apunta. “Hay conceptos que se consideran en la contabilidad financiera y no se reflejan en el presupuesto”, indica Sanidad, para luego precisar que el aumento de los ingresos, tal y como aparece en el presupuesto, superó los 2.000 millones de euros y los ingresos reflejados en la contabilidad financiera incluyen conceptos no incluidos en el presupuesto, como los excesos de provisiones de años anteriores. También dice la consejería que la liquidación del presupuesto no incluye “una serie de gastos extraordinarios, realizados por declaración de emergencia”, que sí aparecen en la contabilidad financiera. Por ejemplo, añaden el aumento de existencias.

Presupuesto y contabilidad financiera

Pero la consejería no contesta en ningún momento sobre el resultado positivo del ejercicio y su origen [al final de esta información se reproducen las preguntas planteadas por este periódico que no respondió]. Un apunte que, como queda dicho, aparece reflejado en la cuenta de resultado económico-patrimonial, que recoge el aumento de los ingresos como los gastos en aprovisionamientos que cita Sanidad. infoLibre ha tenido acceso tanto a la cuenta del resultado económico patrimonial –que la Intervención General del Estado (IGAE) define en sus Principios Contables Públicos como “la variación de los fondos propios” de una entidad producida “como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria”–, además del balance y la memoria financiera del Sermas en 2020.

Todos ellos fueron los documentos que Sanidad distribuyó el pasado mayo entre la veintena de personas que se sientan en el consejo de administración del organismo. Y que incluyen a ocho directores generales de la consejería, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, presidentes y decanos de seis colegios oficiales de médicos y otros profesionales sanitarios, representantes sindicales y un catedrático de Farmacología.

Para luchar contra la pandemia, las comunidades autónomas recibieron un total de 16.000 millones de euros del fondo covid-19. De la cantidad total, 9.000 estaban destinados a gasto sanitario. A Madrid le correspondieron 3.346 millones, el mayor importe, seguidos de los 3.166 millones concedidos a Cataluña. Para sanidad, Madrid recibió 2.110 millones de euros. Según detalló el pasado marzo en la Asamblea de Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, la Comunidad de Madrid ha destinado a sanidad 1.833 millones.

Gracias a ese dinero, las transferencias recibidas por el Sermas el año pasado crecieron un 22,72%, hasta alcanzar 10.563 millones de euros. Son fondos de carácter finalista, por lo que no se pueden aplicar a otros destinos, como financiar deuda, por ejemplo. En la memoria que el Sermas ha publicado en internet, asegura que ha ejecutado el 95,43% del presupuesto. En 2019 la ejecución fue mayor: el 99,54%.

Otras comunidades lo gastaron todo

A diferencia de Madrid, los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas sí han sentido el impacto del covid en sus cuentas. Osakidetza, la sanidad pública del País Vasco, concluyó 2020 con unos números rojos de 177,52 millones de euros. Aumentó sus gastos casi un 8%, hasta los 3.211,67 millones, respecto al ejercicio anterior, mientras que sus ingresos sólo lo hicieron un 2%. De los 236,75 millones en que crecieron sus gastos en 2020, el 91%, 215 millones, fueron gastos inducidos por la pandemia. El País Vasco recibió 481 millones del fondo covid-19.

Cataluña, que consiguió 1.721 millones del fondo, dice haber ejecutado el 99,65% de un presupuesto final de 13.144 millones de euros, tras aumentarlo un 38,9% por la pandemia. Sus cuentas arrojan un resultado negativo de 33,9 millones de euros.

Para Castilla y León fueron 545 millones del fondo covid. Con un presupuesto definitivo de 12.666 millones –aumentado en un 17,8% por el covid– del que ha ejecutado el 97,74%, tiene unos números negativos de 335,47 millones de euros.

Andalucía –990 millones del fondo estatal– ha ejecutado el 99% de su presupuesto, tras aumentarlo un 15,5% por la pandemia, hasta los 11.634 millones de euros. Castilla-La Mancha, que ha ejecutado sólo el 88,32% de su presupuesto final, arroja un resultado negativo de 10 millones de euros.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha trasladado a los que "fantasean" con que el Gobierno de coalición en Madrid "le queda poco tiempo" que "se van a desesperar" porque va a durar años. En una rueda de prensa telemática recogida por Europa Press, este sábado, el consejero madrileño ha señalado que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos es "extraordinariamente fuerte".

Para Lasquetty, si se mide "por el tamaño de los desafíos, de las pruebas a las que está teniendo que hacer frente desde el mes de marzo" se tendría que decir que es "el más fuerte que ha tenido nunca la Comunidad de Madrid". Según ha remarcado, es un Gobierno "que ha demostrado capacidad para hacer frente a una situación de crisis y de necesidad de adoptar medidas sobre las que no existía precedente y hacerlo con rapidez y con eficacia".

"Todos los que fantasean pensando que es un gobierno al que le queda poco tiempo creo que se van a desesperar al ver que este es un gobierno que va a durar años, y va a durar años fuerte y haciendo cosas para sacar a Madrid adelante que es lo que la izquierda no lleva soportando desde hace 25 años", ha manifestado. A su parecer, llevan 25 años equivocándose respecto a Madrid y quedando fuera del Gobierno porque no entienden que la autonomía está "mucho más avanzada que ellos".

Por otra parte, Lasquetty ha despedido y dado las gracias por su trabajo estos meses al hasta el viernes consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. A su parecer, él lo ha explicado muy bien en su carta a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. "Son motivos personales los que le llevan a tomar esta decisión, prefiere continuar como diputado en la Asamblea. Ha esperado al momento al que ya hubiera pasado el Debate del Estado de la región y empezará con normalidad el calendario de sesiones", ha explicado, al tiempo en el que ha destacado como en la misiva le deseo suerte a la presidenta, al vicepresidente, Ignacio Aguado, y a las personas que han trabajado con él.

La Comunidad de Madrid no concreta las partidas de gasto a las que ha destinado el primer tramo del Fondo covid-19 del Gobierno central, previsto para inversiones en materia sanitaria. Este diario lleva desde el lunes 21 de septiembre demandando sin éxito la información a las consejerías de Sanidad y Hacienda. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó a finales de julio la orden del Ministerio de Hacienda que fijaba el reparto a las comunidades autónomas del primer tramo de ese fondo no reembolsable. En total, 16.000 millones de euros destinados a que las comunidades sufraguen gastos relacionados con la pandemia. La primera tanda de este fondo fue de 6.000 millones y gran parte de esta cantidad fue a parar a Madrid y a Cataluña. En concreto, Madrid se ha embolsado 1.495.476.470 euros y Cataluña 1.246.525.380.

Desde Hacienda, departamento en manos de Javier Fernández-Lasquetty (Partido Popular)(Partido Popular), aseguran no disponer del desglose específico. Fuentes de esta consejería añaden, no obstante, que del primer tramo que llegó en julio se transfirieron a la Consejería Sanidad 700 millones de euros y se le van a transferir otros 300 millones para "la parte de personal". El resto, precisan, se le transfirió a otras consejerías, fundamentalmente a la de Políticas Sociales, para la parte sociosanitaria.

El 22 de julio, cuando el BOE publicó la orden del Ministerio de Hacienda con el reparto, coincidió con una reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. A su término, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Ciudadanos), saliéndose del casi habitual tono de confrontación entre el Ejecutivo regional y el central, destacó que se trataba de un fondo "necesario y urgente" y añadió que se iba a utilizar de la manera "más rápida, ágil y diligente posible para ir tapando esas necesidades de capital que hacían falta y que evidentemente estaban tensionando la liquidez de la Comunidad".

Por aquellas fechas, tal y como avanzó infoLibre, esos casi 1.500 millones del primer tramo superaban el gasto sanitario total que la crisis podía generar a las arcas de la Comunidad de Madrid en el conjunto de 2020 según los propios cálculos del Ejecutivo regional.

De acuerdo con los datos facilitados por el consejero de Hacienda y Función Pública el 25 de junio en la Asamblea de Madrid, hasta ese momento el impacto económico para hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de los efectos de la pandemia había sido de 712 millones en lo que tenía que ver con el "gasto sanitario", una cantidad que, según los cálculos de esta consejería, podría alcanzar los 1.261 millones en el conjunto del año. Este primer tramo, pues, destinado a sufragar los gastos en materia sanitaria, superaba en 234,7 millones las previsiones del Gobierno regional para todo el año.

Más allá de lo sanitario, pero sin descontar el impacto previsto por este concepto, el consejero de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso, que también fue uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre, defendió en sede parlamentaria que el impacto global del covid-19 en las arcas públicas madrileñas ascenderá a 3.400 millones cuando acabe 2020. Una cantidad, no obstante, que Fernández-Lasquetty puso en cuarentena por el "riesgo" que supone hacer previsiones en una situación de "incertidumbre" como la que vivimos.

Para llegar a esos más de 3.000 millones, el Gobierno regional sumaba a los 1.261 que calcula de gasto sanitario para todo 2020, 1.080 millones por las distintas medidas de carácter económico, social y en materia de transporte y más de 1.000 correspondientes a la "caída de ingresos" desde que comenzó la pandemia.

Sin rastreadores

Las demandas de un refuerzo en la atención primaria y de rastreadores para contener la expansión del virus en la Comunidad de Madrid han sido constantes a lo largo de todo el verano. Sanitarios y epidemiólogos han venido advirtiendo de que la región se acercaba a una situación peligrosa al tiempo que la capacidad hospitalaria volvía a dar señales de alarma. ¿Ha destinado Ayuso parte de ese fondo covid-19 a contratar rastreadores? ¿A contratar médicos? ¿Qué porcentaje de ese dinero ha ido a parar a la construcción del bautizado como "hospital de pandemias"? Estas preguntas seguirán sin respuesta mientras el desglose de los gastos sea un misterio.

En una entrevista con la agenciua Efe recogida por El Economista a comienzos de agosto, Lasquetty mantuvo que en Sanidad parte de los recursos se estaba dedicando a la adquisición de material de protección, para habilitar circuitos covid-19 y no covid-19 en los centros sanitarios, para la construcción del hospital Isabel Zendal y para contratar sanitarios.

Cuatro tramos

El primer tramo, el de los 6.000 millones, se distribuyó teniendo en cuenta el impacto del covid-19 en las comunidades. Así, el 35% se repartió según la población protegida equivalente, el 30% en función de los ingresos en UCI, el 25% por los pacientes hospitalizados y el 10% de acuerdo con el número de pruebas PCR realizadas. Se tomaron como referencia las variables registradas hasta el 30 de abril.

Además de este de los 6.000 millones, el Fondo covid-19 está integrado por otros tres tramos más. El segundo, también destinado a Sanidad, incluye 3.000 millones más y se abonará en el mes de noviembre. El tercero, destinado a educación, está dotado con 2.000 millones y su distribución se corresponde con este mes de septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso escolar. Y el cuarto, 5.000 millones, tiene el objeto de compensar la reducción de ingresos que han tenido las autonomías como consecuencia del descenso de la actividad económica.

Sin respuesta 

infoLibre hizo por primera vez esta consulta a la Consejería de Sanidad el lunes 21 de septiembre, por correo electrónico. El martes, 22 de septiembre, desde el departamento del consejero Enrique Ruiz Escudero se instó a este medio a ponerse en contacto con la consejería de Hacienda, que, a su vez, respondió el jueves, 24 de septiembre, que la documentación no obraba en su poder e instaba a reclamar de nuevo la información a Sanidad . Ese mismo día, se volvió a contactar con Sanidad. Al cierre de esta información, todavía no había respuesta con el desglose de esos datos.

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, "no es un científico, es un político" que se guía por criterios "políticos" y de "discriminación" hacia la región. Lasquetty, responsable de la cartera de Sanidad durante el Gobierno de Aguirre y de Ignacio González, fue el precursor de parte de la externalizaciónde los hospitales públicos madrileños y precisamente, abandonó su cargo en 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió el proceso de forma cautelar.

Así, en un acto celebrado este sábado en la sede de la Consejería recogido por Europa Press, Lasquetty ha reiterado la información que la Consejería de Sanidad aportó este jueves y ha destacado el buen funcionamiento del sistema de detención precoz de coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Por tanto, el consejero ha calificado como "necesaria" la aclaración que hizo Sanidad ante lo que había dicho "de manera desleal" Simón. El director del CCAES advirtió el "ritmo creciente de notificaciones" de casos de covid-19 en la región y mostró su deseo de que el porcentaje de asintomáticos fueses mayor.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el Gobierno regional y este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, "demostró que Simón uso datos sin contrastar con la finalidad de desacreditar a la Comunidad de Madrid", según ha declarado Lasquetty. "Debería asumir la responsabilidad de que España sea el país con mayor número de contagios de Europa", ha señalado Lasquetty, que también ha añadido que "esa sí es su responsabilidad, y no tratar de señalar en Madrid datos o problemas que no existen".

Implementación del teletrabajo en la administración pública madrileña

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Función Pública ha recordado que la negociación con los sindicatos para la implementación del teletrabajo entre los trabajadores de la administración pública concluyó con la ratificación de este proyecto por ambas partes.

De esta forma, la Consejería trabaja ahora en la preparación del documento que será presentado en la Junta de Gobierno "a mediados del mes de septiembre", y que antes tiene que pasar por "los típicos filtros" de elaboración administrativa. "Esta es una regulación de carácter permanente para que, con pandemia y ojalá que pronto sin ella, pueda haber un número importante de funcionarios de la Comunidad de Madrid que puedan hacer dos o tres días de trabajo desde casa con elementos de medición del rendimiento", ha apuntado Lasquetty.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se queda sin jefe de gabinete. Javier Fernández-Lasquetty deja su despacho en Génova, sede nacional de los conservadores, para ser consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Así, el que fuera hombre fuerte de José María Aznar y Esperanza Aguirre vuelve a la primera fila de la política de la mano de Isabel Díaz Ayuso. 

Exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre junio de 2011 y enero de 2014 –dimitió después de que los tribunales tumbaran su proceso de privatización de la Sanidad–, Fernández-Lasquetty se pondrá al frente de una consejería clave si se tiene en cuenta que la recién elegida presidenta se ha comprometido a llevar a cabo una "revolución" fiscal.

El efecto inmediato de esta mudanza es que Casado tendrá que hacer movimientos en su gabinete cuando Fernández-Lasquetty no llevaba ni nueve meses en la sede del partido asesorándole. Fue a principios de diciembre cuando el Partido Popular anunció que se incorporaba al equipo del presidente. Su mano derecha en el gabinete, Isabel Benjumea, también tendrá que ser sustituida ya que su sitio está ahora en Bruselas, en el Parlamento Europeo, tras haber obtenido escaño en las elecciones del pasado 26 de mayo.

El líder del PP evita dar pistas

Fuentes del PP consultadas por infoLibre aseguran que Casado tiene previsto cubrir ambas vacantes, pero que la decisión no tiene por qué ser inmediata. Preguntado este lunes, tras asistir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, el jefe de los conservadores no dio una sola pista del perfil de quién sustituirá al nuevo consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

Pero en el partido ya se alzan voces sobre los requisitos que deberían reunir los futuros integrantes del gabinete de Casado tras esta remodelación que ha venido por la vía de las listas electorales, en el caso de Benjumea, y por la incorporación al Gobierno madrileño, en el caso de Fernández-Lasquetty. 

"Es un puesto de confianza y debe ser Casado quien decida la persona que debe liderar su gabinete, pero está claro que perfiles como el de Lasquetty van en contra del giro al centro que necesitamos para liderar de forma clara el bloque del centroderecha", valora un líder regional en conversación con este diario.

¿Un perfil duro?

La misma fuente recuerda, no obstante, que lo mismo se pensaba en amplios sectores del partido sobre los requisitos que debía reunir el portavoz del PP en la Cámara Baja y después Casado optó por "el más duro posible", el de Cayetana Álvarez de Toledo.

El aterrizaje del próximo responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid en Génova fue visto con cierto malestar en sectores conservadores. Entendían que su perfil y su proximidad a Aznar y a Aguirre iban a reforzar el giro a la derecha de Casado en contra de la "urgencia" del giro al centro. 

Tampoco hacía mucha gracia a los dirigentes más próximos a Mariano Rajoy que Fernández-Lasquetty y su mano derecha, Isabel Benjumea, hubiesen sido muy críticos con su gestión al frente del PP y del Gobierno. "Esto extendió la sensación de que para ascender en el nuevo PP de Casado puntuaba doble haber cargado contra Rajoy", resume un veterano dirigente.

Tras el batacazo de las elecciones generales, cuando el Partido Popular pasó de 137 a 66 escaños, no pocos dirigentes conservadores dirigieron la mirada hacia Fernández-Lasquetty, culpándole de la "derechización" del mensaje de Pablo Casado. El futuro consejero del Gobierno de Ayuso fue ubicado en el número diez de la candidatura por Madrid, la encabezada por el presidente del PP, pero no obstuvo escaño. Sólo lograron siete asientos en el Congreso de los Diputados, ocho menos que en las elecciones generales anteriores.

En el partido aseguran que el salto de Fernández-Lasquetty de Génova a la madrileña Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, es una muestra de la total confianza de Casado en el que ha sido su jefe de gabinete. Díaz Ayuso es una dirigente joven –40 años– que no es nueva en la política, dicen, pero que no tiene experiencia de gestión y necesita rodearse de personas que conozcan muy bien el funcionamiento de la Administración.

Otras fuentes interpretan que Casado, ahora que ya lleva más de un año al frente del partido, tiene las manos más libres para construir un gabinete más a su medida dejando a un lado influencias del aguirrismo y del aznarismo y creen que es lo que podría hacer aprovechando la marcha de Fernández-Lasquetty. "Por eso le ha dejado marchar", interpreta una diputada de la Asamblea de Madrid. Será, recuerdan, el segundo paso después de que hace unas semanas introdujera cambios en la cúpula del partido aprovechando el nombramiento de Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso.

Un "laboratorio" de las políticas del PP

En declaraciones a los medios tras asistir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, Casado aseguró que la propuesta programática que Díaz Ayuso ha presentado para la región "puede ser la demostración" de lo que el PP quiere hacer a nivel nacional cuando "haya elecciones" y las gane. Para Casado, que el PP gobierne en Madrid es un refuerzo de su liderazgo si se tiene en cuenta que la candidatura de Ayuso fue una apuesta personal suya y que los barones estaban muy pendientes del resultado de las autonómicas y municipales tras el batazaco de las generales.

Gracias al apoyo de Vox, el PP de Casado gobierna –junto a Ciudadanos– en Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Madrid. En Castilla y León les bastó con el apoyo del partido naranja.

Este lunes, en la sede del Gobierno regional estaban los presidentes de Andalucía y Castilla y León. También, el alcalde de la capital. El presidente de la Xunta de Galicia, la única comunidad en la que el PP gobierna con mayoría absoluta, no acudió, como tampoco lo hizo el presidente murciano, Fernando López Miras.

El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Javier Fernández Lasquetty será el nuevo titular de la cartera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes del PP.

La nueva presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por este perfil para uno de los departamentos más relevantes del Ejecutivo y que realizará la anunciada rebaja fiscal que detalló durante su discurso de investidura.

Lasquetty además es un cargo relevante en Génova al haber desempeñado el puesto de jefe de gabinete del líder del PP, Pablo Casado, durante los últimos ocho meses. Se cumple así todas las quinielas que situaban al exconsejero dentro del Ejecutivo y su designación revela la cercanía actual entre Génova y la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, que este mismo lunes toma posesión.

El nuevo titular de Hacienda dimitió en 2014 de consejero de Sanidad cuando la Justicia paralizó cautelarmente el proyecto para externalizar seis hospitales de la Comunidad de Madrid, una medida que trató de impulsar el Ejecutivo presidido entonces por Ignacio González.

Lasquetty fichó por el equipo de Casado después de una etapa profesional en el sector privado, fuera de España. Durante cuatro años fue vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), en la que también dirigió las carreras de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

"La UFM es una universidad privada centroamericana, con un prestigio muy extendido como uno de los centros de análisis y generación de ideas de corte liberal más importantes del mundo", exponen fuentes del PP.

Este puesto le ha permitido estar en contacto directo con los principales economistas y escritores liberales, especialmente los que trabajan en universidades de los Estados Unidos y de los países de Latinoamérica. Como vicerrector desarrolló tareas de coordinación e impulsó de acciones estratégicas de desarrollo de la universidad, como la creación del observatorio de coyuntura económica UFM Market Trends, que en pocos años se ha convertido en una referencia en el análisis de coyuntura desde una óptica liberal.

Experiencia en la Administración

En la Comunidad de Madrid fue consejero de Sanidad (2010-2014) durante los "peores años de la crisis económica", explican las mismas fuentes del PP, quienes destacan que trabajando "estrechamente con la Consejería de Hacienda pudo asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario público, a pesar de la fuerte caída de ingresos que padeció la Hacienda madrileña".

"Durante estos años de contención del gasto los indicadores de calidad no se vieron perjudicados. Madrid es líder en indicadores sanitarios tanto a nivel nacional como europeo", han asegurado desde la formación.

Como consejero de Sanidad también fue responsable de la implantación de la Libre Elección de Médico y Hospital (2010), la apertura de dos nuevos hospitales públicos (Torrejón y Móstoles) y 15 nuevos Centros de Atención Primaria, el impulso a soluciones tecnológicas: Historia Clínica Digital y Receta Electrónica, o el diseño y lanzamiento de concursos de compra centralizada de productos sanitarios, generando importantes ahorros.

Presentó su dimisión como consejero de Sanidad en enero de 2014, cuando se supo que un tribunal había ordenado la suspensión cautelar del proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos. Desde el PP recalcan que año y medio más tarde, cuando ya se encontraba fuera de la política y trabajaba fuera de España, el Tribunal Constitucional sentenció que la medida que se había pretendido "era perfectamente acorde con la Constitución".

También ha sido consejero de Inmigración (2007-2010), puesto en el que le correspondió "diseñar y liderar" una estrategia de integración de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid, la cual pudo adaptar con "rapidez al marco de crisis económica". Asimismo, el PP asegura que Madrid es la comunidad que "mejores resultados está logrando en la integración" de una población inmigrante de 1,1 millones de personas (17% de la población).

Con anterioridad había sido secretario general de la Fundación FAES, con la que aún sigue vinculado como miembro de su patronato. Entre 2004 y 2007 lanzó distintas iniciativas estratégicas, dirigidas a hacer de FAES el think-tank más influyente de España en el análisis y generación de propuestas e ideas, en todos los ámbitos: económico, políticas públicas, instituciones y relaciones internacionales. El Observatorio Económico FAES, la editorial Gota a Gota, los informes sobre el futuro de Europa, de Latinoamérica, o la propuesta de un Área Económica Integrada entre Europa y los Estados Unidos, fueron algunas de esas iniciativas.

Ha ocupado otras responsabilidades, como la de subdirector del gabinete del Presidente del Gobierno con José María Aznar, en el Ministerio de Educación y Cultura y en el Ayuntamiento de Madrid. También fue diputado en el Congreso. Con anterioridad había trabajado en distintas empresas del sector de investigación de mercado.

Enrique Ossorio, nuevo consejero de Educación

El exconsejero y portavoz del PP en la Asamblea durante la anterior legislatura, Enrique Ossorio, será el nuevo titular de la cartera de Educación de la Comunidad de Madrid, según ha adelantado el diario Abc y han confirmado fuentes del PP a Europa Press.

Con ello, se cumplen las quinielas que situaban a Ossorio dentro del nuevo Ejecutivo autonómico de la conservadora Isabel Díaz Ayuso, al que le ha asignado una de las carteras con mayor presupuesto de la Comunidad de Madrid.

Además, opta por un perfil con experiencia de gestión dado que fue consejero de Hacienda y Economía desde el año 2012 a 2015.

Enrique Ossorio es licenciado en Derecho por el CEU San Pablo y funcionario por oposición del Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social, que ha desempeñado una larga carrera en la administración pública.

Al margen de lo anterior, Enrique Ossorio fue designado en el año 2012 vocal del Patronato del Teatro Real.

En su trayectoria pública ha sido secretario general de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, con rango de Subsecretario en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Durante 10 años fue también viceconsejero de Hacienda y viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid.

Desde el PP destacan que fue condecorado con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y con la distinción por méritos preferentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

María Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia

La diputada del PP María Eugenia Carballedo pasará a formar parte del nuevo Ejecutivo regional y será consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado al PP fuentes populares.

Su nombre figuraba también en las quinielas para ser una de las nuevas consejeras designadas por la presidenta regional electa, Isabel Díaz Ayuso, quien precisamente toma este lunes posesión del cargo.

La diputada forma parte actualmente de la Mesa de la Asamblea de Madrid, responsabilidad a la que tendrá que renunciar para dedicarse en exclusiva a sus nuevas labores ejecutivas, según han explicado desde el PP.

Carballedo es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Asesoría de Empresas por la Escuela de Práctica Jurídica de la misma institución y diplomada en Práctica Jurídica por la Universidad Pontifica Comillas-ICADE.

En la Asamblea de Madrid ha tenido distintas responsabilidades como diputada desde 2011 hasta la presente legislatura en la que es Secretaria Primera de la Mesa de la Asamblea. Por ejemplo, ha sido portavoz de la Comisión de Presidencia, portavoz de la Comisión de Presidencia y Justicia, Presidenta de la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, portavoz adjunta de la Comisión de Estudio sobre la auditoria del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, y portavoz adjunta de la Comisión de Justicia.

Además, es miembro de la Diputación Permanente desde 2011. Ha sido secretaria general del Grupo Parlamentario Popular y miembro de la Junta de Portavoces de 2011 al 2013.

En las Cortes Generales, ha sido diputada nacional por Madrid en la legislatura de 2008 al 2011 en la que desempeñó distintas responsabilidades como portavoz adjunta de la Comisión de Vivienda, Vocal de la Comisión de Justicia, Vocal de la Comisión de Política Territorial y Adscrita a la Comisión de Fomento.

Ha formado parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid como viceconsejera de Empleo de 2014 al 2015. También fue candidata del PP al Ayuntamiento de Leganés y en el Gobierno de España ha sido asesora del gabinete del Ministro del Interior del 2002 al 2004 y Asesora del Gabinete del Ministro de Justicia del 2001 al 2002.

Carballedo ha asumido a lo largo de su carrera política responsabilidades diversas en el PP a nivel nacional y autonómico. Así, fue secretaria nacional de Justicia y Responsable de coordinación parlamentaria de los asuntos competencia de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad, Justicia y Libertades Públicas.

En el PP de Madrid ha sido miembro del Comité de Dirección, presidenta del Comité Jurídico, secretaria del Comité de Derechos y Garantías, presidenta de la Comisión de Interior.

Más Madrid quiere saber cuánto dinero público entró en las sociedades del grupo empresarial propiedad de los padres de la ahora candidata del PP a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Por ello, la diputada autonómica Mónica García ha pedido en la Asamblea "la relación de todos los contratos llevados a cabo entre la Administración de la Comunidad y la empresa MC Infortécnica desde el año 2004 al 2011".

infoLibre desveló que, sólo entre 2008 y 2011, el Gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre adjudicó contratos por al menos 907.000 euros a dos empresas del grupo empresarial propiedad en un 25% del matrimonio Díaz-Ayuso, denominadas MC Infortécnica SL y Hamilton Medical España SA". La primera de ellas lleva dos semanas bajo el foco público, ya que en marzo de 2011 recibió un préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid, que no devolvió y que estaba avalado solidariamente por los ocho socios del grupo (entre ellos, los padres de Ayuso). Avalmadrid es una sociedad semipública, en la que el Gobierno autonómico tiene en torno al 30% del capital.

Además, como desveló este periódico, la propia Isabel Díaz Ayuso aceptó que sus padres le donasen un piso en el centro de Madrid cuando empezaban a acumular deudas para evitar que fuese embargado por los acreedores. Notarios y abogados consultados por infoLibre entienden que dicha donación podría constituir un delito de alzamiento de bienes. La dirigente del PP no ha respondido a ninguna de las preguntas que le planteó este diario sobre la donación bajo sospecha. Sí lo ha hecho sobre el préstamo de Avalmadrid, señalando que ella "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia”.

Las preguntas de la diputada Mónica García sobre los contratos con MC Infortécnica SL se suman a otras iniciativas ya planteadas por parlamentarios de Más Madrid: Íñigo Errejón solicitó la celebración de un pleno extraordinario sobre las actividades de Avalmadrid, incluido el préstamo a la empresa del matrimonio Díaz-Ayuso, mientras que Eduardo Gutiérrez solicitó la comparecencia en la Comisión de Economía del director general  de Avalmadrid, Pedro Embid, para que explique las operaciones con MC Infortécnica SL y de la directora general de Tributos de la Comunidad de Madrid, "para que valore la operación de cesión de bienes en el grupo familiar de Ayuso y su impacto en obligaciones fiscales", en referencia a la donación del piso aceptada por la dirigente del PP.

Dinero público

Los padres de Isabel Díaz Ayuso tenían el 25% de un grupo empresarial cuya matriz se denominaba Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL, que controlaba a su vez la totalidad de las participaciones de ocho filiales. infoLibre rastreó las adjudicaciones públicas de la Comunidad de Madrid a esas ocho sociedades y encontró contratos con dos de ellas: MC Inforténica SL y Hamilton Medical España SA.

MC Infortécnica SL fue constituida el 28 de junio de 1991. Aunque existe alguna adjudicación de finales de los años noventa –por ejemplo, un suministro de aparatos médicos para el Hospital Universitario La Paz en 1999 por importe de 734.000 pesetas de la época (4.411 euros)–, lo cierto es que la contratación pública se disparó a partir de 2008. En junio de aquel año, Isabel Díaz Ayuso había entrado a trabajar en el Gabinete de la presidenta Esperanza Aguirre, donde permaneció hasta marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en organismos del Gobierno de Aguirre y en las elecciones de mayo de 2011 fue elegida diputada autonómica del PP. 

Pues bien, entre diciembre de 2008 y junio de 2011, la Administracion madrileña concedió al menos 12 contratos a MC Infortécnica SL y Hamilton Medical España SA., por un importe de 907.000 euros.

El 2 de diciembre de 2008, ambas compañías recibieron por un procedimiento negociado sin publicidad dos adjudicaciones del Servicio Madrileño de Salud para el Hospital Clínico San Carlos con las que se embolsaron 147.000 euros. En concreto, Hamilton Medical España SA se hizo con un contrato de 59.000 euros para el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de telemetría para el Instituto Cardiovascular” del centro hospitalario y MC Infortécnica SL con otro de 88.000 euros por el “arrendamiento, con opción a compra, del suministro de un sistema de monitorización de pacientes”.

En mayo de 2009, las dos sociedades consiguieron vía procedimiento negociado una licitación de la empresa pública Hospital del Sur para el suministro de material sanitario relacionado con la oxigenoterapia, con la que ingresaron 81.550,56 euros. Pocos meses después, en octubre, lograron otros dos contratos más: uno de 148.223,68 euros destinado al suministro de ecógrafos para los centros sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, y otro por 89.987 euros que tenía por objeto el “suministro, adquisición e instalación de diverso equipamiento electromédico consistente en respirador neonatal” para la empresa pública Hospital del Sur. Estas dos adjudicaciones se produjeron por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. En total, en 2009 recibieron 319.761,24 euros de dinero público.

En 2010, cuatro adjudicaciones del Gobierno madrileño le reportaron a ambas empresas 282.506,80 euros. En mayo se embolsaron 92.580 euros gracias a una adjudicación del Servicio Madrileño de Salud lograda por procedimiento negociado para la adquisición de un generador y gorros de fijación P/CPAP. En junio, MC Infortécnica firmó un contrato de 28.000 euros por el suministro de un respirador oscilatorio de alta frecuencia con humidificador para el Hospital Universitario 12 de Octubre, mientras que en noviembre Hamilton Medical España SA recibió 33.622,80 euros por el “servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y materiales de diversos equipos de la marca Hamilton”. Ambos fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad. Por último, ya en diciembre, MC Infortécnica se embolsó 128.304 euros por el “suministro de monitores de cabecera de paciente” para los hospitales 12 de Octubre y San Carlos.

En 2011, el año del préstamo no devuelto a Avalmadrid, de la elección como diputada de Díaz Ayuso y de la donación sospechosa del piso en el centro de Madrid, MC Infortécnica consiguió tres contratos públicos de la Administración madrileña: uno de suministros de equipamiento electromédico –1.080 euros–, otro para el suministro de circuitos respiratorios y de ventilación destinados al Hospital Universitario 12 de Octubre –75.448,80 euros– y un tercero para el suministro de material fungible para respiradores en el Hospital Gregorio Marañón –81.210,60 euros–. En total, 157.739,40 euros en 2011. Al año siguiente, el grupo entró en quiebra.

En el periodo analizado, entre 2008 y 2011, estuvieron al frente de la Consejería de Sanidad Juan José Güemes (junio de 2007 a marzo de 2010) y Javier Fernández-Lasquetty (marzo de 2010 a enero de 2014). Güemes compatibilizó su cargo en el Gobierno regional con el de secretario de Comunicación del PP de Madrid, precisamente el departamento donde en 2005 comenzó su andadura política Isabel Díaz Ayuso, que es periodista de formación.

La "emergencia" de la gripe A

Junto a los 12 contratos públicos mencionados, hay otros dos que infoLibre localizó, pero que no se han incluido en el importe total de 907.000 euros por diferentes razones.

MC Infortécnica SL fue una de las siete compañías a las que la Consejería de Sanidad adjudicó, en septiembre de 2009 y por tramitación de emergencia, el suministro de “diversos artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia” de la gripe A por un importe total de 3,32 millones de euros. Este diario no ha logrado saber qué parte de esa cantidad fue a parar a la sociedad de los padres de Ayuso. La misma sociedad figura como adjudicataria provisional en 2010 de una licitación por importe de 19.245 euros del Servicio Madrileño de Salud. En este caso, el contrato no se incluyó porque no se encontraron los datos de la adjudicación definitiva.

La diputada de Más Madrid Mónica García también se ha interesado por el contrato de la gripe A. En concreto, solicitó al Ejecutivo madrileño "copia completa del expediente estudiado por el Consejo de Gobierno, del 3 de Septiembre de 2009, tramitado por modalidad de emergencia, relativo a los artículos necesarios para la prevención y control de la pandemia de la gripe aviar causado por el nuevo virus gripal H1N1".

Algún día, cuando miremos hacia atrás para examinar este periodo que supone un cambio de época en lo político y en lo social, nos sorprenderemos de la ceguera y la banalidad que caracterizan la gestión política (y mediática) de esta compleja realidad. No debería costarnos ya cinco minutos de discusión la certeza de que una sospecha documentada de la comisión de un delito inhabilita a cualquiera para un cargo público. Pero no: ahí seguimos, a vueltas con la declaracionitis y la intoxicación permanente sobre 'las investiduras'.

El expresidente del Gobierno José María Aznar inauguró este sábado en la segunda jornada de la convención del PP una nueva forma de ser expresidente de los conservadores. O, al menos, un estilo que no se le recuerda en los últimos años, cuando cada intervención en un acto de partido, con Mariano Rajoy al frente, suponía una bronca a los suyos. Una lectura de cartilla en toda regla. Una regañina que encendía al marianismo por lo que consideraban una gran "deslealtad".marianismo

A Aznar, el PP de Casado, que fue estrecho colaborador suyo en Faes, le gusta. Le hace sentirse cómodo. Y no lo disimuló. Sin una sola mención a Rajoy, el hombre al que escogió para liderar el partido, se deshizo en elogios al nuevo jefe de los conservadores.

"Pablo Casado tuvo el coraje y el acierto de dar un paso al frente cuando el partido lo necesitaba, y sabemos que no dará un paso atrás", dijo. "Cada vez más españoles van a reconocer en Pablo Casado la mejor razón para encontrar de nuevo su sitio en esta gran casa común asentada sobre España y la libertad", añadió. Después coronaría la intervención calificándolo de "líder como un castillo".

"No sólo tenemos un gran presidente del PP. Tenemos un gran líder. Y un gran líder sin tutelas ni tutías —rememorando a Manuel Fraga—. Un líder como un castillo", subrayó. Y es que para Aznar, que suele rehuir de la adulación, Casado, "es mucho más listo y sabe mucho más de política" que él mismo. Un don que ha de acoplar a un escenario muy adverso. "Pablo: ninguno de tus antecesores lo tuvimos tan difícil y mira que fáciles las cosas no han sido casi nunca para el PP", le dijo [consulta aquí su intervención].

Para el expresidente, "España tiene planteado un desafío existencial". Y ha de responderse a ello "con los votos”.

"Los votos que España necesita para responder a este desafío son los votos que deben ir al PP y que desde ahora pido para el PP", dijo. Después sonaron los aplausos. No debería ser noticia que un expresidente del PP pida el voto para el PP. Pero en el caso de Aznar lo es. Él mismo lo quiso dejar claro antes de decir estas palabras con un "no quiero dejar nada a la interpretación". En julio, en pleno proceso de primarias para elegir al sucesor de Rajoy, llegó a decir que no recordaba si estaba al tanto del pago de las cuotas de militante.

En este contexto, los aznaristas vibraron con un discurso en el que vieron al expresidente "en su salsa". Y reconociéndose en "el PP de Casado". Otros dirigentes, que insisten en que Casado tiene toda la legitimidad que le dieron los votos de los compromisarios en el congreso del mes de julio, no acaban de comprender por qué se aplaude tanto a alguien que entra y sale del partido en función de si le gusta o no la persona que lo lidera.

Llamada a la unidad

Aznar piensa, a diferencia de otros sectores del PP, que Casado ha hecho un ejercicio de integración desde que llegó a la presidencia del PP. "Este partido se ha forjado en momentos muy difíciles pero no se ha construido sobre la derrota de nadie. Y si alguna vez, alguien ha tenido la tentación de actuar de otra manera, el resultado ha sido el error y el fracaso. Nada que merezca la pena se puede construir contando derrotados sino contando amigos y aliados. Nada que merezca la pena se ha hecho restando sino sumando", manifestó.

En una semana en la que el PP ha logrado sumar la Junta de Andalucía a sus gobiernos autonómicos, el expresidente defendió que el PP "es el seguro del cambio". "Sólo el PP y un PP fuerte garantiza el cambio. No un cambio de tal vez sí o tal vez no", valoró. "Abramos aún más las puertas de esa casa común porque esa es la identidad del Partido Popular; es lo que quisimos que fuera y lo que sigue siendo", demandó.

Pero no quiso demonizar a Vox. Y pidió al PP escuchar a quienes, "en tiempos inciertos, creen en su país y confían en su capacidad. Hombres y mujeres que contribuyen con su trabajo y sus impuestos; que se esfuerzan por llevar adelante su proyecto personal y familiar; ciudadanos que todos los días escriben la historia que importa en una Nación, la historia que importa de España".

"A todos ellos los tenemos que escuchar. Con atención, con humildad, con respeto. Estoy seguro que nos dicen cosas que necesitamos oír, aunque algunas no nos gusten. Es más, tenemos que escuchar, sobre todo, esas. Porque sólo si los escuchamos podremos hacer las cosas mejor. Sólo si los escuchamos, nosotros podremos pedirles que nos escuchen", sentenció.

El voto "de la esperanza y el patriotismo"

En un momento en el que el PP se debate sobre cómo hacer frente al partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal, un exmilitante del PP, Aznar abogó por no pedir "el voto del miedo". "El voto que ha de pedir el PP es el voto de la esperanza y del patriotismo", advirtió.

Aznar defendió que los socialistas destituyeron a su secretario general "porque según decían ellos -insisto, lo decían ellos- su secretario general buscaba pactos con los que querían romper España". Este mismo ánimo, dijo, debe animar al PP a echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

"Por las mismas razones que los socialistas lo hicieron, exactamente por las mismas razones, hoy, aquel secretario general tiene que ser destituido democráticamente por los ciudadanos en las urnas. Yo hago mías las razones que llevaron a los socialistas a destituir a quien hoy es presidente del Gobierno", afirmó.

Casado se queda sin una foto a tres

La dirección del Partido Popular intentó que Aznar y Rajoy compartieran jornada. Para Pablo Casado habría sido bueno lograr la foto con sus dos antecesores. Pero las diferencias entre ambos expresidentes del PP y del Gobierno lo hicieron imposible.

Pero quedaron otras fotos que no hay que despreciar. La de José María Aznar sentado en primera fila de un acto del PP tiene mucho mensaje de hacia dónde camina el partido y de la nueva etapa que se abrió tras la llegada de Pablo Casado a su Presidencia tras el congreso extraordinario de finales del pasado julio.

José María Aznar decidió romper con el PP de Rajoy en diciembre de 2016, renunciando a seguir ostentando la presidencia de honor. Meses antes, en octubre, Faes, su fundación, también rompía lazos con el PP. Fue un divorcio en dos fases.

Ahora, tras la llegada de Casado, ha decidido hacer borrón y cuenta nueva. Fue uno de los primeros en acudir al despacho de Génova del nuevo líder después de que este venciera a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso. Y no ha ocultado que con este PP sí se siente cómodo.

De hecho, en una clara crítica al legado de Rajoy no ha desaprovechado la oportunidad que le ha dado la promoción de su último libro para lamentar haber dejado a Rajoy el centroderecha unido y que Casado haya heredado este espacio ideológico partido en tres.

Un día antes, Rajoy había ocupado el mismo escenario. Pero con un formato diferente. Escogió una especie de conversación con su amiga Ana Pastor, presidenta del Congreso. 

A Aznar, que optó por el formato discurso, le presentó Antonio López-Istúriz, secretario general del PP Europeo. López-Istúriz hizo un repaso de los gobiernos de Aznar, que supusieron "un antes y después de la historia" de España. "Trabajo, responsabilidad y liderazgo" esa es, según el número dos del PPE, la receta de Aznar. Un hombre, con "una profunda pasión por España y por los españoles".

El turno del presidente Casado

El presidente del PP, que no se ha movido del pabellón 1 de Ifema en los días en los que se ha celebrado esta convención, clausura este domingo el cónclave. Si en el su discurso del congreso de julio trasladó a su auditoria su idea del PP, ahora se centrará, señalan fuentes de la dirección del PP, en su idea de España.

Compartirán jornada con él el presidente de Nuevas Generaciones, Diego Gago. El presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y el presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno. Este último llega a Madrid recién proclamado presidente autonómico. 

Pablo Casado ganó el congreso extraordinario que el Partido Popular celebró el pasado julio con un discurso mucho más conservador que el de su rival, Soraya Sáenz de Santamaría. Y también mucho más conservador que Mariano Rajoy, su antecesor. Tras su victoria, no fueron pocos los dirigentes que exhibieron su preocupación. Tenían miedo de que la derechización de los mensajes de su líder culminase con una importante fuga de votos por el centro. Y, en privado, empezaron a demandar "un giro al centro", algo clave si querían obtener los mejores resultados posibles para las autonómicas, municipales y europeas de 2019. Con el paso del tiempo, esa posibilidad ha empezado a difuminarse. 

La apuesta de Pablo Casado por Javier Fernández-Lasquetty e Isabel Benjumea, perfiles de marcado carácter conservador que dirigirán su gabinete, ha encendido las alarmas en el sector del partido que demanda mensajes más moderados. A ello se suma el futuro pacto con el partido ultraderechista Vox en Andalucía para poner fin a 36 años de Gobiernos socialistas.

"La situación es endiablada porque no podemos perder la oportunidad de gobernar con Andalucía, pero llegar a acuerdos con Vox... la verdad es que eso nos centra poco", señala un líder regional resignado.

Casado se siente legitimado para continuar con su giro... a la derecha

Tampoco pasa inadvertido que, con los resultados de Andalucía en la mano, Casado, explican en su equipo, se siente legitimado para continuar "hablando claro y sin complejos". Es más, creen que si el mensaje del líder de los conservadores hubiese sido "más plano", no estarían ahora a punto de gobernar la Junta de Andalucía.

Las fuentes consultadas lamentan que en nuevo PP no haya hecho ningún gesto al centro, ningún guiño a los votantes más moderados. "A Casado le faltó tiempo para ir a hacerse la foto con José María Aznar con todo el daño que había hecho al partido en los años de Rajoy", se queja un diputado.

Precisamente con José María Aznar tuvieron vínculos en el pasado tanto Fernández-Lasquetty como Isabel Benjumea. El también exconsejero de Sanidad de Madrid trabajó con el expresidente Aznar en sus años en la Moncloa. También en Faes, la fundación que se divorció del PP de Rajoy en octubre de 2016. Benjumea, por su parte, ha trabajado para esta fundación que fue laboratorio de los programas electorales del partido conservador.

El peligro de confundir compromisarios con votantes

Casado se impuso a la exvicepresidenta del Gobierno haciéndose con el 57% de los votos de la fase final del congreso extraordinario que convocó Rajoy tras perder la moción de censura. Lo hizo con un discurso mucho más ideológico y conservador que su rival. Una traducción simple y descontextualizada de los resultados del cónclave sería la de que el partido estaba demandando ese giro a la derecha que desplegó Casado en su discurso. Pero dirigentes territoriales y provinciales advierten de que no se puede extrapolar la decisión de los compromisarios, los delegados que votaron en la fase final, con la opinión de toda la militancia de los partidos y con la de los votantes.

"Casado dijo que quería recuperar al PP de los once millones de votos. En esos once millones no habrá sólo gente del ala más conservadora. No nos confundamos", advierte un dirigente provincial.

La duda: ¿con Vox o contra Vox?

Las dudas que había en la dirección nacional respecto a cómo tratar a Vox en la campaña de las elecciones andaluzas, cuando las encuestas empezaban a apuntar a que el partido de Santiago Abascal podía dar un susto al PP, siguen a día de hoy sobre la mesa. Ahora, con el agravante de que el partido de Casado necesita a los ultras de Vox para que Juanma Moreno presida la Junta de Andalucía.

No es, no obstante, una situación inédita para los conservadores, que, en la etapa de Rajoy, tuvieron también este dilema como Ciudadanos. ¿Cómo enfrentarse a un partido al que van a necesitar?

Frente a quienes piden "no competir" con Abascal en ver quiénes son más de derechas, están quienes creen que el partido revelación de las andaluzas ha llegado para quedarse y que hay que rivalizar con ellos intentando destapar sus debilidades y sus contradicciones. "Se trata de darles la importancia justa, pero no ocultar que no somos como ellos, que no somos populistas. En otras cuestiones, como la defensa de la unidad de España, no tenemos ni que entrar. No tenemos que demostrar nada. Eso va en nuestra razón de ser", reflexiona un diputado.

Una vez que PP y Cs cierren ese acuerdo "a 47 diputados" para la Presidencia de la Andalucía —26 del PP y 21 de Cs—, una cuestión que partido quiere tener cerrada para la semana que viene, será el momento de concretar el papel de Vox en la nueva etapa. Hasta la fecha ha habido contactos "de cortesía", explican desde el partido. 

Andalucía como laboratorio para mayo de 2019

Lo que ocurra en Andalucía será un experimento de lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Este diario ya informó de que dirigentes regionales y provinciales temían el impacto que pueda tener la irrupción de Vox en el nuevo mapa de reparto de poderel nuevo mapa de reparto de poder. 

La preocupación es mayor, sobre todo, en comunidades que han sido feudos tradicionales de la derecha como Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia. Regiones, donde, si Vox irrumpe fuerte, al PP no le va a bastar con llegar a acuerdos con Ciudadanos.

Hasta la fecha, Casado ha optado por asegurar que el PP comparte muchas ideas con Vox. Pero, también, por difuminar su importancia en el futuro. En una conversación informal con periodistas en el Congreso, en el marco del 40 aniversario de la Constitución, Casado destacó que si Ciudadanos deja al PP el monopolio del centroderecha y se dedica al centro izquierda, en "seis meses o un año" habrá un Gobierno de mayoría absoluta PP-Cs. Algo a lo que lógicamente no está dispuesto Cs, cuyo discurso también se está escorando cada vez más hacia la derecha.

Casado aspira a aglutinar todo el centroderecha, ese espacio ideológico que, según denunció Aznar, legó unido a Mariano Rajoy y Casado se ha encontrado partido en tres: PP, Cs y Vox. Pero asegura que eso sólo es posible desde el poder.

"Los de los principios y valores vuelven a estar de moda en el Partido Popular". Con estas palabras cargadas de ironía reaccionaba un diputado conservador este jueves preguntado por infoLibre sobre los últimos fichajes de Pablo Casado para su gabinete de la presidencia del PP. Al ya conocido la semana pasada de Javier Fernández-Lasquetty, muy afín a José María Aznar y a Esperanza Aguirre, se ha sumado ahora la incorporación de Isabel Benjumea, directora de la red Floridablanca, un think tank integrado por militantes y simpatizantes del PP, sobre todo del ala más conservadora. Benjumea será la número dos de Lasquetty. Ambos han colaborado también con Faes, la fundación del expresidente del Gobierno.

Como Aznar y Aguirre, el ex consejero madrileño y la líder de Floridablanca representan ese sector dentro del PP que demandó a Mariano Rajoy la vuelta a los "principios y valores" tradicionales del partido. Pero también ese sector que fue perdiendo poder en la estructura interna de las filas conservadoras a medida que Rajoy iba configurando su nuevo equipo. Donde los aguirristas y aznaristas veían una clara intención de arrinconar, de apartar y de prescindir del talento de dirigentes con las ideas de lo que debía ser el PP muy claras, los marianistas cargaban contra la deslealtad de unos compañeros de partido que se alegraban con cada tropiezo que tenía Rajoy.

Ahora, con Casado al frente, la puerta de Génova vuelve a abrirse para "los de los principios y valores". Hay en el PP quienes ven bien "recuperar el talento expulsado" años atrás porque creen que sólo con la defensa "sin complejos" de los planteamientos clásicos del partido llegarán a la Moncloa. Otros lamentan que vuelvan a primera línea personas que, apuntando contra Rajoy, también hicieron "mucho daño" a las siglas del PP. 

A continuación, infoLibre repasa las principales críticas que Fernández-Lasquetty y Benjumea lanzaron contra el PP de Rajoy.

  Lasquetty: el 'callejón sin salida' del PP de Rajoy

El que a partir de ahora ejercerá como jefe de gabinete de Casado fue subdirector del Gabinete del entonces presidente Aznar entre 2002 y 2004. Entre 2004 y 2014 ocupó diversos cargos en el Gobierno y en el PP madrileño. El varapalo judicial a la privatización de los hospitales en la Comunidad cuando él era consejero de Sanidad supuso el fin de su carrera política. Hasta la victoria de Casado.

Desde 2015 a día de hoy, el exconsejero de Aguirre ha vertido su opinión en artículos publicados en Libertad Digital.

El 21 de diciembre de 2015, en un texto titulado Cuando se renuncia a los principios se marchan los votantes, erró en su pronóstico: "Mariano Rajoy y su equipo renunciaron a dar la batalla ideológica –y ganarla– porque pensaban que ese tipo de cuestiones no interesan a la gente. El resultado es que en pocas semanas España tendrá un Gobierno dominado por un partido leninista revolucionario como lo es Podemos". Era el día después de las generales. El PP había bajado de los 186 a los 123 escaños.

"Mariano Rajoy y su Gobierno no quisieron cumplir el mandato claro de enérgicas reformas que los españoles les dieron hace cuatro años. Pensaron que hacer esas reformas produciría mucho desgaste. El resultado es que ha perdido más de 4 millones de votos: un auténtico récord de desgaste", añadió.

A ojos de Lasquetty, "desdibujarse, atenuar la diferenciación ideológica hasta hacer irreconocibles las diferencias entre partidos, no ha dado buen resultado" a su partido: le había llevado, dijo, "a su mayor fracaso histórico, lo mismo que ha llevado a Ciudadanos a su nada sorprendente fiasco. La cuestión no es poner caras jóvenes y decir frases que suenen bien en los magazines televisivos". "La cuestión es que refugiarse en el tibio y pegajoso consenso socialdemócrata, como han hecho PP y Cs, ha multiplicado los votos de la izquierda de verdad, la que no renuncia al combate ideológico. Los discursos de la noche electoral lo volvieron a poner de manifiesto", consideró.

Hechas estas consideraciones, aprovecha para poner en valor a Floridablanca, la red de la que ha fichado a Benjumea: "El centroderecha español puede recuperarse si cambia de rumbo. Eso conllevaría recuperar sus principios básicos, las ideas liberales que le hicieron dar a España sus mejores años y al PP sus mejores resultados. Esas ideas existen, y un grupo de gente joven e inteligente como Floridablanca las ha articulado de manera muy sólida a lo largo de estos meses".

Frases vacías, líderes insustanciales, mítines cansinos

Casado cuenta ahora con un jefe de gabinete que el pasado abril consideraba que en el PP quedaba gente a la que le valía "la pena" seguir creyendo en los principios y valores de la etapa de Aznar. Pero que habían aprendido a "disimularlo". "Han mecanizado el aplauso rítmico después de cada frase vacía de cada líder insustancial en cada mitin cansino. Y han visto cómo hacían carrera los más trepadores. No meterse en peleas ideológicas ha sido la consigna. Meterse en el barro de los dossieres y de las filtraciones ha sido la consecuencia", escribía. Por esos días, Cristina Cifuentes acababa de abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Mariano [Rajoy] quería que los que tuvieran convicciones se marcharan, y efectivamente la mayoría ya se han marchado", añadía.

El PP "reservón" y "cobardón"

Un día después de que su ahora jefe ganara las primarias del PP escribió Con principios sí se gana. "El PP lleva demasiados años –14, para ser exactos– cooptado por una minoría de políticos firmemente decididos a esperar sentados a que el adversario cometa errores. Un PP reservón y cobardón, del que no podía salir sino lo que salió: una política triste y desdibujada que ha hecho que la mitad de los que votaban al PP hayan dejado de hacerlo", disparó.

A su juicio, esos electores son recuperables si el jefe de los conservadores hace lo que prometió en campaña. "El riesgo no es tanto lo que integre, sino que mantenga su integridad. Ahora le caerán encima toda clase de actores relevantes del mundo empresarial, mediático y político, y todos le recomendarán que haga lo contrario de lo que ha prometido. Pero Pablo Casado en este tiempo ha firmado con sus electores un contrato que se puede resumir en un concepto: no sorayizarse", una dura crítica a quien fue mano derecha de Rajoy en todos sus años en la Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue precisamente la perdedora en las primarias frente a Casado.

A principios de julio también dejaba por escrito los motivos por los que iba a votar a Casado. Y aprovechaba para citar a Floridablanca, apuntando a que la red tenía razón cuando pedía métodos de elección de líderes en el PP más democráticos.

Rajoy, un mal recuerdo

En su opinión, el PP estaba en esos momentos "mejor" que cuando Pedro Sánchez (PSOE) llegó a la Presidencia del Gobierno. "No solo porque Rajoy sea ya solo un mal recuerdo, cada vez más difuminado, que no es poco. Lo principal es que se ha abierto por fin una competencia real entre distintas personas, con diferentes perfiles, que rivalizan por convencer a las bases del PP con argumentos que se pueden distinguir unos de otros", subrayaba.

Sobre las propuestas de Casado veía con buenos ojos que abogase "por aplicar en Cataluña una estrategia opuesta al inmovilismo de Rajoy". "Ha dejado todo el campo de acción libre para el independentismo liberticida", sentenció.

  Benjumea: ser crítico, "una sentencia de muerte" en el PP

La red Floridablanca nació a principios de 2015 "con la vocación de ser un espacio para el análisis, el debate y la reflexión de la realidad y la actualidad política española desde una perspectiva liberal-conservadora", puede leerse en su web.

Fue en 2016 cuando la cúpula del PP vio algunas señales de alarma. El 20 de diciembre de 2015 se habían celebrado elecciones generales y la gestión que Mariano Rajoy había hecho del periodo de Gobierno en funciones, su rechazo a someterse a un debate de investidura y la reacción a los escándalos de corrupción que afectaban –y siguen afectando– al partido despertaron a un sector crítico que se preguntaba si el ya expresidente era la persona adecuada para seguir llevando las riendas de las filas conservadoras. Se especulaba, incluso, con que el ala derecha del PP meditaba formar su propio partido. Vox ya existía.

Por aquellas fechas, en conversación con este diario, Benjumea negaba que tras Floridablanca estuviese la semilla para ese nuevo partido del que se hablaba en círculos del PP. Decía, como dice ahora Aznar y comparten en Génova, que "se ha perdido" eso de que al partido "es la casa común del centro derecha" y pedía "regeneración y renovación desde dentro".

En el mes de abril de 2016, Floridablanca publicaba el artículo Reaccionar para ganar. A través de él lanzaban "una petición abierta a firmas para solicitar la convocatoria de un Congreso abierto en el Partido Popular".

"Nos dirigimos a todos aquellos afiliados y simpatizantes que creen que el PP debe renovarse. Que creen que lo mejor para España es un PP fuerte, con un proyecto claro y unido donde todos tengan cabida. Que no quieren esperar a que ocurra la catástrofe y que quieren tomar parte", demandaban. 

Advertían de que ponían en marcha esta campaña porque creían en el PP. Pero el texto de la petición era una enmienda a la totalidad a la gestión de Rajoy y los suyos. Para la red que preside la mano derecha del jefe de gabinete de Casado el proyecto de Rajoy era inmovilista y huía de la autocrítica.

  "El Partido Popular atraviesa una situación inédita en su historia. Tras unos resultados electorales que supusieron un duro retroceso (encadenados con citas municipales, autonómicas y europeas), la formación se ha instalado en una cerrazón que las bases no se explican y que tampoco se entiende como estrategia política. La dirección del PP ha renunciado a llevar la iniciativa política durante las negociaciones para formar gobierno, y en el plano interno ha renunciado a hacer la más mínima autocrítica sobre lo ocurrido, lo cual impide cualquier posibilidad de mejora". 

"Afiliados y simpatizantes, entre los que cunde el desánimo, ven cómo el futuro político de España queda en manos de terceros, mientras ellos se ven relegados a seguir religiosamente las decisiones discrecionales de una cúpula cuyo mandato caducó hace más de un año". ven cómo el futuro político de España queda en manos de tercerosseguir religiosamente las decisiones discrecionales de una cúpula

"Vivimos un momento de emergencia que necesita acciones decididas y valientes. El inmovilismo no es la solución. Este tiempo de dificultad debe aprovecharse para poner en marcha un proceso que permita al PP salir del atolladero y presentarse a la sociedad con un programa político renovado...". El inmovilismo no es la solución.

La campaña puede todavía verse en la web de este think tank. Tiene 3.213 firmas.

Ser crítico en el PP, una "sentencia de muerte"

En este momento, Benjumea ya había concedido varias entrevistas en las que había desgranado el ideario y la razón de ser de Floridablanca. En febrero de 2016, lamentó en Vozpópuli que "ser crítico en el PP" supusiese "para muchos su sentencia de muerte dentro del partido".

Benjumea, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid (ICADE) y que trabajó en el Banco Mundial antes de recalar en Faes, según figura en el currículum alojado en la web de su red, fue invitada a la Escuela de Verano del PP en septiembre de 2015. Allí lanzó a los presentes la pregunta de qué había pasado para que casi cuatro millones de personas hubiesen dejado de votar al PP, episodio que recuerda en la citada entrevista.

Recordando la dimisión de Esperanza Aguirre, en medio del cruce de escándalos de corrupción que asolaron en PP de Madrid, Benjumea consideró que había "asumido la responsabilidad política de los escándalos de corrupción que azotan al PP de Madrid". Y recordó que ese mismo día en el editorial de la web de Floridablanca habían pedido que Rajoy también asumiera la suya.

Rajoy debió dimitir por la corrupción

"Nosotros no hemos pedido sólo la dimisión de Mariano Rajoy, hemos dicho también desde hace más de un año que es necesario apelar a la autocrítica, a la generosidad del presidente de Gobierno invitándole a que hubiese un gran acuerdo entre el PP, el PSOE y Cs, basándonos no en personalismos sino en un proyecto", dijo.

También ha criticado que "buena parte del programa de Partido Popular no se cumplió". "Especialmente en lo que tenía que ver con las banderas de Mariano Rajoy cuando encabezó la oposición ante el Gobierno de Zapatero", añadió. "Yo no sé qué ha pasado, lo que sí percibo es que se han centrado en la gestión: había una recesión, había que sacar adelante el país. Era una prioridad. Pero por centrarse en ese tema, que era sin duda prioritario, se olvidó lo más importante: en la política se está para defender ideas. Ese espacio donde no defendieron lo que dijeron que iban a defender, que dejaron vacío, llegaron otros y lo ocuparon". Son declaraciones suyas de 2016.

"El PP ha perdido la gran oportunidad de regenerarse". Fue el titular que Benjumea dio a La Gaceta el 12 de abril de 2017. Como Fernández-Lasquetty, Benjumea se queja del polémico mitin de Elche de 2008. Dice que fue en ese momento cuanto el PP "traicionó" sus principios. "Allí se invita a los liberales y a los conservadores a abandonar el partido", recuerda.

También lamenta la actuación de Rajoy en Cataluña: "Si lo que está haciendo ahora Mariano Rajoy con Cataluña lo hubiera hecho el primer día, otro gallo cantaría. Si la actual contundencia se hubiera aplicado desde el primer día, no hubieran llegado tan lejos como han llegado". Y define a un PP que hace guiños a la izquierda con los Presupuestos: "Si algo hemos aprendido en estos dos años es lo difícil de hacer predicciones. Lo único que sé es que el partido hará lo imposible por acabar la legislatura. Se está viendo con las continuas concesiones al centro izquierda. Por ejemplo con los presupuestos, que son cualquier cosa menos liberal conservadores".

El exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general de FAES Javier Fernández-Lasquetty, con un perfil liberal dentro del PP, se incorporará este lunes a la sede del PP como nuevo jefe de gabinete de Pablo Casado, según han confirmado a Europa Press fuentes "populares".

Lasquetty conoce al actual líder del PP desde hace muchos años porque ambos han estado vinculados en sus orígenes con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Con su desembarco en Génova, Lasquetty sustituirá a Pablo Hispan, quién acompañó al actual líder del PP en su gira por España antes del congreso extraordinario del PP de julio en el que se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

A partir de este momento, Hispan seguirá en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde sustituirá en sus tareas al catalán Alejandro Fernández, según han señalado fuentes del partido. Este último dejará su cargo en la secretaría de Estudios para centrarse en su nueva responsabilidad como presidente del PP de Cataluña.

Lasquetty, hombre de confianza de Aznar y Aguirre

Lasquetty fue uno de los hombres de confianza de José María Aznar y después de Esperanza Aguirre, con la que ocupó las consejerías de Inmigración y posteriormente de Sanidad. Precisamente, en la primera sustituyó a Lucía Figar, otra de las dirigentes que formaban el "núcleo duro" de la expresidenta madrileña.

Como responsable de Sanidad, destacó por ser el precursor de parte de la externalización de los hospitales públicos madrileños y precisamente, abandonó su cargo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió el proceso de forma cautelar, tras meses de tensión con profesionales y manifestaciones periódicas de la conocida como la marea blanca.

La dimisión llegó en enero de 2014, con Ignacio González en la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero no dejó la primera línea de la política hasta finales de año, cuando renunció también a su acta de diputado en la Asamblea de Madrid, para instalarse en Guatemala, donde ha estado trabajando hasta ahora con labores docentes tras ser fichado por la Universidad Francisco Marroquín.

Esta universidad está considerada como uno de los centros de transmisión de pensamiento liberal en América Central, corriente por la que Lasquetty ya destacaba en Madrid tanto cuando era consejero como en sus cargos del PP de Madrid, donde es afiliado por el distrito Salamanca.

El de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid parece un cargo de alto riesgo. El puesto lleva años en el punto de mira, ya sea por el propio perfil del responsable o por las funciones que se le encomiendan. Y el actual titular de este departamento no parece que vaya a acabar con este rumbo. Diplomado en Enfermería y doctor en Medicina, Jesús Sánchez Martos estaba llamado a pacificar las relaciones del Gobierno regional con los profesionales de la sanidad madrileña, que se han mostrado muy beligerantes en los últimos años contra las políticas de privatizaciones y recortes. 

Su perfil locuaz –antes que consejero fue tertuliano en Telemadrid, donde sus opiniones de experto en materia de salud eran habituales en la parrilla– no está contribuyendo demasiado, al menos por el momento, a favorecer las relaciones con el sector. Los profesionales consultados por este periódico admiten que ha habido un cambio en las formas porque desde que está en el cargo ya se ha reunido con todos los sindicatos y asociaciones profesionales, pero no en el fondo. Y añaden que sus últimas perlas dialécticas no ayudan demasiado.

Sin ir más lejos, este mismo lunes se reunió con representantes de la marea blanca –integrada por trabajadores y usuarios contrarios al plan privatizador que el PP quería poner en marcha en la sanidad madrileña–, a los que puso como condición para estudiar sus propuestas que dejaran de manifestarse. El colectivo, que lleva a cabo una movilización por las calles de Madrid los terceros domingos de cada mes, ya ha reiterado que piensa seguir convocando sus manifestaciones. 

infoLibre repasa a continuación los perfiles de los responsables que han ocupado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid desde 2003 recogiendo cuáles son las principales situaciones a las que se enfrentaron y el contexto que rodeó a sus renuncias:

Jesús Sánchez Martos, de Telemadrid a la consejería (2015) 

Cuando tomó posesión el pasado 27 de junio, Jesús Sánchez Martos dijo que le gustaría ser conocido como "el consejero esponja". Desde entonces se ha reunido con los sindicatos de la mesa sectorial, con los que la relación estaba rota tras una pugna de meses librada en la calle, en los centros de trabajo y en los tribunales como consecuencia del plan privatizador. También con asociaciones profesionales. Y ha dado pasos relevantes como modificar los criterios en relación a la lista de espera quirúrgica, pues Madrid fue expulsada del cómputo nacional en 2005 por incluir a los pacientes en la lista cuando ya han sido vistos por el anestesista y se les han realizado pruebas preoperatorias, lo que reduce sensiblemente los tiempos. 

Sin embargo, en estos meses también le ha dado tiempo a meter la pata en algunas ocasiones. Su última ocurrencia ha sido pedir a los representantes de la marea blanca que dejen de convocar manifestaciones si quieren que estudie sus propuestas, tal y como aseguraron los miembros de este colectivo al término de la reunión que mantuvieron este lunes. A preguntas de infoLibre, un portavoz de la consejería declina dar detalles del encuentro y se limita a poner en valor la voluntad de diálogo del consejero al haber propuesto él mismo esa reunión. 

Pero esta no es la única salida de tono. Hace una semana, en una entrevista en el Canal Enfermero, comparó a los refugiados sirios con un marido al que su mujer echa de casa. "Si usted me recibe a mí como refugiado porque mi mujer se ha cansado de mí y me ha echado de casa, y usted me acepta como refugiado, me imagino que me dará un sitio donde dormir, me dejará ver la televisión, me dará usted de cenar, podré cenar con su familia o en otro sitio", señaló.

También sacó los pies del tiesto el pasado julio, cuando se permitió bromear sobre la pobreza infantil en Madrid. Siguiendo la estela del expresidente Ignacio González, negó que en la Comunidad de Madrid haya niños desnutridos. "Puede ser que exista malnutrición pero no una desnutrición. Yo hoy estoy malnutrido. No sé si me dará tiempo a cenar y merendar no he merendado", afirmó en una entrevista en la Cadena Ser. 

En esa misma entrevista defendió también la gestión privada de la sanidad pública. "Si un gestor de un hospital público no es capaz de hacer una gestión eficaz habrá que buscar una gestión privada. Una gestión privada no significa una privatización", aseveró. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, que plasmó en el acuerdo con Ciudadanos el compromiso de no llevar a cabo más privatizaciones en la gestión de la sanidad madrileña, tuvo que salir a desautorizarlo. 

JAVIER RODRÍGUEZ, el médico que cayó por la crisis del ébola (2014)

El paso de Javier Rodríguez por la Consejería de Sanidad madrileña fue breve. Tomó posesión en febrero de 2014, después de que su predecesor, Javier Fernández Lasquetty, dejara el cargo tras el descalabro de su plan para privatizar la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos. Y fue destituido en diciembre de ese mismo año, un día después de asegurar que si él "lo hubiese hecho mal" Teresa Romero –la técnica de enfermería que logró superar la infección por el virus del Ébola– "no estaría hablando" y de añadir que si su gestión frente de esa crisis no hubiese sido la correcta, "España seguiría teniendo esta enfermedad".

Anteriormente, y con la enferma todavía en el hospital, Rodríguez se embarcó en una escalada de declaraciones para criminalizar el comportamiento de la primera víctima de ébola contagiada fuera de África. Desde afirmar que "para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster", hasta dar por incontestable la hipótesis de que Romero se contagió al tocarse la cara con un guante infectado. Llegó a decir, incluso, que Romero "pudo haber estado mintiendo" sobre su temperatura corporal, además de afirmar que "mal no debía estar" porque, después de visitar el centro de salud por primera vez, "se fue a la peluquería".

Con Rodríguez, Ignacio González optó por recurrir a un perfil, en teoría, más técnico para cubrir la vacante que dejó libre Lasquetty. Su perfil –diputado en la Asamblea de Madrid y médico en una plaza que en los últimos años había sido ocupada por abogados o empresarios– encajaba, en teoría, en la apuesta del líder del PP y presidente del Gobierno por tecnócratas y perfiles poco políticos. Al final, sin embargo, sus polémicas declaraciones sobre la auxiliar de enfermería contagiada acabaron costándole el puesto. 

A él le sustituyó hasta las elecciones de mayo Javier Maldonado, también médico, y que era hasta ese momento viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Previamente había sido gerente del hospital Ramón y Cajal y director médico en La Paz. Maldonado fue el tercer consejero de Sanidad de la pasada legislatura. 

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY, EL HOMBRE DEL VARAPALO JUDICIAL (2010-2014)

Entró en el gabinete de Gobierno de Aguirre en junio de 2007 con la cartera de Inmigración y Cooperación. Y en 2010, la expresidenta le encomendó la vacante que había dejado Juan José Güemes. Fue uno de los principales protagonistas políticos de la marea blanca contra la privatización sanitaria.

En 2012 anunció un plan de sostenibilidad de la sanidad madrileña que, entre otras medidas, incluía la externalización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, la reconversión de los hospitales La Princesa y Carlos III y el cobro del euro por receta. 

El Tribunal Constitucional tumbó el euro por receta. También fue paralizada su intención de convertir La Princesa en un geriátrico. Pero el motivo de su dimisión hay que buscarlo en la paralización cautelar de la privatización de la sanidad pública madrileña. Ese día, 27 de enero de 2014, anunció su marcha. "Es mi responsabilidad. Yo soy el creador del proyecto", argumentó.

JUAN JOSÉ GÜEMES, LA CARA DE LAS PRIVATIZACIONES (2007-2010)

Fue durante años el ojo derecho de Esperanza Aguirre. A él, que venía de la Consejería de Empleo y Mujer, "la jefa", como llaman los suyos a la presidenta del PP de Madrid, le encomendó en 2007 la de Sanidad. Durante años fue el político que a ojos del PP madrileño, mejor encarnaba las ideas políticas de Aguirre. No en vano, le escogió para reforzar el proceso de privatización de la sanidad madrileña, una tarea que compatibilizó con la de secretario de Comunicación regional. Por entonces, no había acto o inauguración a la que acudiese que no fuera recibida con protestas de trabajadores y sindicatos, protestas que intentaba sortear apelando a que el Gobierno madrileño estaba trabajando para mejorar la libertad de elección de los ciudadanos y criticando a los sindicatos de conjurarse para tapar los errores del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces en la Moncloa.

La complicidad entre Aguirre y Güemes, casado con Andrea Fabra, la hija del polémico expresidente de la Diputación de Castellón, se fue apagando con el paso del tiempo. Y el 18 de marzo de 2010, Esperanza Aguirre presidió una rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que, con Güemes a su lado, anunció que éste abandonaba la política –que no la militancia del PP– por "motivos personales". El consejero ya tenía destino: el Centro Internacional de Gestión Emprendedora del Instituto de Empresa.

Frente a los motivos personales esgrimidos, hay en el partido quien cree que el exconsejero se marchó tras fracasar la operación de Aguirre para colocar al frente de Caja Madrid a Ignacio González. Un esquema en el que, según cuentan, él estaba destinado a ser vicepresidente de la Comunidad. Unida a esta tesis figura la que apunta a que en el entorno de la presidenta no le perdonaron ser el único miembro del PP de Madrid, además de Aguirre, que figuraba en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. En el Congreso de 2008 Rajoy hizo caso omiso a las recomendaciones de Aguirre, que pedía un puesto en la cúpula de partido para González y para Francisco Granados, por entonces secretario general del partido. Optó por el yerno de Fabra. 

MANUEL LAMELA, EL CONSEJERO DEL ESCÁNDALO DE LAS SEDACIONES (2003-2007)

En el PP de Madrid es el consejero que hizo frente al compromiso de Aguirre de reducir a 30 días la lista de espera. Y el que selló el compromiso de construir ocho nuevos hospitales. Pero si por algo es conocido es por el asunto de las supuestas sedaciones irregulares del Severo Ochoa de Leganés. El escándalo se remonta a 2005, cuando retiró al jefe de urgencias del citado centro, Luis Montes, tras recibir dos denuncias anónimas por "supuesta mala praxis en la administración de fármacos" a pacientes en estado terminal.

Mientras la Comunidad remitió las incidencias a Fiscalía, la oposición y asociaciones del sector reclamaron el cese de Lamela y el reingreso del médico a su puesto. Pero no se marchó. De hecho, en julio de 2007 saltó de Sanidad a Transportes. La resolución judicial definitiva del caso llegó cuando él ya no estaba en Sanidad. El 28 de enero de 2008 la Audiencia Provincial ratificó el sobreseimiento y el archivo del caso.

Los voluntarios son esos chicos y chicas, esos hombres y mujeres, que dedican altruistamente una parte de su tiempo libre a servir por tierra, mar y aire a sus semejantes cuando están en dificultades. Asisten en las emergencias, con todas sus capacidades, en el puesto que haga falta, bien sea en un punto estratégico de una carretera helada, una noche de fin de semana cualquiera, o en un mediodía tórrido en una bifurcación de un páramo anónimo; guardando turno en la cola de un autobús para donar sangre o arriesgando el físico para recuperar cadáveres en aguas cenagosas, como cuando se rompió la presa de Tous porque el Júcar y sus afluentes, desbordados de agua de lluvia, se salieron de madre llevándose por delante cuanto a su paso encontraron. Es gente templada, generosa, decidida…, como todos quisiéramos ser… y tener cerca cuando vienen mal dadas.

Eran los años en que la Consejería de Sanidad, regida por el defenestrado Lasquetty, ensayaba la política del Pepé, desautorizada posteriormente en los tribunales de justicia, para privatizar seis de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. En la actualidad esos voluntarios de Cruz Roja, hombres y mujeres, sufren el escarnio, el escándalo que ha producido la inexplicable decisión tomada entonces en comandita por aquella Consejería de Sanidad y la Cruz Roja de Madrid de iniciar el camino para poner en manos privadas la extracción de sangre en esta comunidad amparándose en el buen nombre de Cruz Roja.

Lo escuché, estupefacto, en un pueblo pequeño de la sierra madrileña. Un joven sanitario conversaba con una mujer de cabello moreno y plata de mediana edad, mientras ella se recuperaba, después de regalar 400 cc de su sangre, en un autocar del centro de transfusiones.

Era mi primera vez en estos pasos y aguardaba nervioso el resultado del análisis que diría cuál era mi grupo sanguíneo y si era apta para la donación. Recuerdo que el chico se refería a que la sangre no tiene precio. No se puede vender porque ello propiciaría un mercado, una suerte de ganadería humana entre los más desfavorecidos que serían “ordeñados” periódicamente, para abastecer las necesidades de quienes pudieran pagarse una transfusión y que los pobres que no tuviesen suficiente dinero verían, como ocurre en el tercer mundo, morir a padres o hijos por falta del fluido sanguíneo, es decir, por pobres.

La señora, incrédula e inquieta ante tal posibilidad, argumentaba que aquí la sangre se regalaba y que nadie podría poner precio a la que donaban los madrileños.

El joven se iba calentando. A mis oídos llegaban retazos de la conversación. El 1 de enero del año que está a punto de entrar todo habrá cambiado. Este autobús y todos los demás que como éste, llegan a los barrios de las ciudades y a pueblos como Matorrales de Sierra, serán graciosamente ofrecidos como presente navideño por la Consejería de Sanidad a la Cruz Roja de Madrid, que es una entidad privada. Con ellos Cruz Roja de Madrid recogerá la sangre regalada por los madrileños, en los autobuses que pagaron los mismos madrileños con sus impuestos y recibirá a cambio 67 euros por cada bolsa de sangre donada por estos. Naturalmente cada euro de los 67 que la Consejería de Sanidad paga por bolsa sale del dinero público aportado por el bolsillo de los madrileños.

En un futuro, Cruz Roja de Madrid podrá legalmente transferir o firmar acuerdos con otras empresas privadas para gestionar el servicio, entero o por partes. Como ha ocurrido con la realización de mamografías, servicio cedido por la Consejería de Sanidad primero a la Asociación Española contra el Cáncer y actualmente en manos de IDC Salud-Capio, empresa privada con ánimo de lucro. Estas empresas privadas no tienen necesariamente que ser altruistas o de carácter humanitario. A mí me parece que esto acerca mucho la posibilidad de poner precio a la sangre. Con el agravante de que “la mercancía” ha sido donada gratuitamente por aquél que nos la va a pagar, bueno, se la va a pagar a Cruz Roja de Madrid o a quien acabe quedándose con el servicio o la explotación del servicio, que hasta aquí llega la mala sombra privatizadora del infame Lasquetty.

Nos pagarán por cada bolsa. Más bolsas, más dinero. Poco tardará el avispado de turno, que sinvergüenzas desaprensivos no faltan, en ver el negocio de la sangre a granel y entonces cuánto tiempo tardarán en explotar la gallina de los huevos de oro, relajando los controles sanitarios en aras de la “producción” y dar como válida sangre con niveles de medicamentos y otros “aditivos”.

¿Cuánto se tardará en empezar a hacer la vista gorda respecto a la calidad del “material” y comenzarán a menudear contagios de enfermedades que son “caras” de detectar en los análisis a que se somete la sangre donada para transfusión…? 

Será el Centro de Transfusiones público quien deberá verificar la aptitud de la sangre aportada por Cruz Roja de Madrid o por quien acabe quedándose con el servicio de recogida de sangre para ser transfundida a los pacientes debilitados por la enfermedad o la cirugía. Estos receptores de las donaciones verían su salud muy comprometida de recibir sangre contaminada con tóxicos, alcohol, tabaco, medicamentos… El Centro de Transfusiones desechará las bolsas de sangre que no ofrezcan garantía, después de haberlas pagado a Cruz Roja de Madrid o a quien en un futuro corresponda en su lugar.

La señora que escuchaba estas reflexiones se iba irritando por momentos, al punto en que seriamente angustiada, protestó: ¡qué desgracia la de este pueblo! Algo se podrá hacer para evitar esta catástrofe…

Sí, contestó el sanitario: A partir del uno de enero de 2015, vaya usted a donar a su hospital público más próximo. Nunca a los traficantes de la conexión Consejería de Sanidad – Cruz Roja de Madrid. Evitará la proliferación del negocio de los vampiros que se están adueñando de todo lo público, como hormiguitas, al amparo del hasta hoy bien ganado prestigio de la institución privada Cruz Roja. Vaya a donar a su hospital público.

Después de consultar la pantalla de su ordenador, se volvió hacia mí y poniendo cara de lástima me dijo: lo siento amigo, usted no nos vale. Su sangre tiene anticuerpos de malaria.

Cuando bajaba del autobús pensaba: En el mes de enero de 2015, ¿rechazarían los 67 euros de la bolsa que contuviese mi sangre o esperarían a que la desechase el Centro de Transfusiones después de pagársela a Cruz Roja de Madrid?

¿Cómo hemos llegado a la situación actual, en que un acto desinteresado y humanitario se pueda convertir en turbio y criminal negocio, poniendo en riesgo la salud y la vida de personas inocentes, por la mezquina y maldita ambición desaprensiva de los peores de nosotros. Que esto ocurra a espaldas de la opinión pública ¡en la sociedad de la información!

Todos estamos obligados, como ciudadanos y como presuntas víctimas potenciales a hacer una campaña de divulgación de lo que puede pasar o de lo que está a punto de pasar, para evitarlo.

De momento y ante la duda: dona sangre en los hospitales públicos, no a empresas privadas.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

Javier Fernández Lasquetty anunció este martes que abandona la política y deja su escaño como diputado regional y su puesto de vicesecretario del PP de Madrid para irse a la universidad Francisco Marroquín de Guatemala, según ha informado la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.

Lasquetty explicó que abandona la política "por completo" después de 20 años dedicado a ella y ahora va a "reinventar" su vida y dedicarse a otra tarea que no tiene ni la más absolutamente menor relación" con sus anteriores responsabilidades, informa Europa Press.

El conservador ha señalado que es una decisión que ya tenía tomada antes de dejar su cargo como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en enero de este año.