La desprotección de los informantes de delitos sigue siendo la norma en el mundo. Desafiar al poder (militar, político o económico) es un riesgo en casi todas partes, como demuestra lo ocurrido con Julian Assange, pero también con otros muchos whistleblowers. Un problema que, a menudo, pone también en el punto de mira a los medios de comunicación que se atreven a difundir el contenido de sus filtraciones.

Edward Snowden sigue siendo el más famoso. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) filtró en 2013 los documentos que probaban la vigilancia masiva e ilegal que este departamento, de dependencia directa del gobierno norteamericano, estaba llevando a cabo. La NSA espiaba llamadas de teléfono, correos electrónicos y el tráfico de Internet de la práctica totalidad de los ciudadanos de su país y de gran parte del mundo.

Snowden tuvo que huir a la Rusia de Vladímir Putin para escapar de la justicia de EEUU. Allí vive desde entonces. De nada le sirvió la evidencia del delito que denunció: para la justicia norteamericana pesa más la violación de la Ley de Espionaje de Estados Unidos y el hecho de haber faltado a su compromiso de no revelar lo que la NSA estaba haciendo.

El portugués Rui Pinto facilitó en 2016 decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA). Esas informaciones hicieron posible que varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrieran investigaciones penales.

Pero Pinto fue arrestado en Budapest (Hungría) en 2019 a petición de las autoridades portuguesas. Fue liberado en agosto de 2020. Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto recurrió. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones —clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros— en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados.

El informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad, pero también conoce la cárcel. Su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que había en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales fueron investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

El periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 —y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad— no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que había sido condenado en Suiza no eran punibles en España, ya que revelar “a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales” los datos que recabó sobre “actividades sospechosas de ilegalidad” no es constitutivo de delito.

Chelsea Manning es una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental y abuso de su posición. El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca.

El francés Antoine Deltour, exempleado en las oficinas de PricewaterhouseCoopers (PwC) en Luxemburgo, dio a conocer en 2010 documentos fiscales confidenciales en poder de la empresa que dieron lugar a los LuxLeaks, una investigación periodística que develó cientos de acuerdos fiscales muy ventajosos celebrados por firmas de auditoría con la administración fiscal luxemburguesa en nombre de muchos clientes internacionales.

Deltour fue acusado de robo doméstico, violación del secreto profesional, violación de secretos comerciales y blanqueo de dinero, condenado y después liberado por la justicia luxemburguesa.

España, donde de momento no se ha producido nada parecido, cuenta desde hace un año con una ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero no parece muy comprometida con su desarrollo. La norma, que nominalmente trata de proteger a los ciudadanos que denuncien actos ilegales o irregulares en su entorno laboral, tanto en el sector público como privado, no ha pasado del papel a la realidad y nada indica que eso vaya a suceder a corto plazo.

En su articulado, la ley prevé poner en marcha canales a través de los cuales realizar denuncias anónimas, garantizando la confidencialidad del informante y protegiendo su identidad frente a posibles represalias, mediante la puesta en marcha de una autoridad independiente que obligatoriamente debía haberse creado el pasado marzo, pero que sigue sin existir.

La normativa estableció la obligatoriedad para todas las empresas con más de cincuenta trabajadores, así como para todas las entidades del sector público, de implementar un “sistema interno de información” accesible, confidencial y eficiente en la gestión de las denuncias recibidas. Y creó un canal externo de información gestionado por la Autoridad Independiente de Protección del Informante, una instancia encargada a su vez de actuar con independencia y autonomía para recibir y tramitar las denuncias que es la que ni siquiera ha visto la luz.

La ley prohíbe expresamente cualquier represalia contra los denunciantes y establece medidas de apoyo y protección para evitar daños laborales, reputacionales o de otro tipo. También se incluyen sanciones para aquellos que infrinjan la normativa, asegurando así un entorno seguro y justo para los informantes. Además, contempla la posibilidad de implantar programas de clemencia para fomentar la cooperación en la lucha contra la corrupción.

Es la autoridad independiente prevista en la ley la que debe gestionar el canal externo de denuncias, ofrecer asesoramiento y elaborar modelos de prevención del delito en el ámbito público. Su presidente debe ser nombrado por real decreto en el Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Justicia, por un período de cinco años no renovable, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de las materias competencia de la Autoridad, previa comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso”, donde deberá ser acordada por mayoría absoluta.

Rui Pinto llevaba más de cinco años esperando este momento. El informante portugués, en el origen de las revelaciones de Football Leaks, visitó el martes y el miércoles en Nanterre (Francia) los locales de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos financieros y fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, donde fue entrevistado en calidad de testigo. Se trata de la brigada de la policía francesa encargada de los mayores casos de corrupción y de delitos financieros.

Rui Pinto también acudió al departamento de informática de la Policía Judicial. Se sentó frente a seis ordenadores, donde los investigadores habían almacenado copias de discos duros encriptados incautados durante un registro en su domicilio de Budapest en 2019, a petición de la Justicia portuguesa. Después introdujo las contraseñas que daban acceso a su tesoro: más de 20 terabytes de datos, que contienen decenas de millones de documentos confidenciales sobre los turbios entresijos del negocio del fútbol. Y mucho más.

El joven, que ahora tiene 35 años, ya había facilitado parte de estos documentos desde 2016 a la revista alemana Der Spiegel, que los compartió con el francés Mediapart y sus socios de la red European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre.

Los Football Leaks permitieron a EIC, en 2016 y luego en 2018, revelar decenas de escándalos sobre los grandes clubes (Real Madrid, Paris Saint-Germanin, Manchester City), los agentes deportivos más influyentes, la evasión fiscal de superestrellas como Cristiano Ronaldo, Mourinho o Paul Pogba, e incluso los tejemanejes de los órganos rectores del fútbol mundial (FIFA) y europeo (UEFA).

Esas informaciones permitieron a varios países, entre ellos España, Francia y Bélgica, abrir investigaciones penales. Pero Rui Pinto tenía prohibido hasta ahora cooperar con ellos por falta de voluntad de la Justicia portuguesa, que le condenó el pasado mes de septiembre a cuatro años de cárcel con suspensión de pena por piratería informática e intento de extorsión.

Aunque había empezado a cooperar con los fiscales franceses en 2018, Rui Pinto sólo pudo desencriptar sus discos duros hasta cinco años después, porque se lo impedía “un requerimiento de la Justicia portuguesa”, explicó este jueves durante una rueda de prensa junto a su abogado, William Bourdon.

“Es la primera vez que las autoridades judiciales de Francia y de otros países europeos distintos de Portugal tienen acceso pleno y sin restricciones a todos los datos. El trabajo de investigación comienza ahora”, declaró Rui Pinto.

Su visita a París fue organizada por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) en colaboración con Eurojust, el organismo europeo de cooperación judicial. Un comisario de policía belga, así como un fiscal y un agente de policía alemanes también estuvieron presentes para entrevistar a Rui Pinto y recuperar una copia de los datos. No había ninguno español. Otros países europeos podrán acceder a ella si lo desean a través de Eurojust. De hecho, los Países Bajos han manifestado su interés.

“La entrevista con Rui Pinto se llevó a cabo en presencia de investigadores extranjeros, en el marco de la asistencia judicial europea, bajo los auspicios de Eurojust”, confirmó la PNF a Mediapart. “Rui Pinto permitió el acceso a los voluminosos datos de Football Leaks, que los investigadores podrán ahora empezar a analizar, aunque por el momento no es posible determinar si guardan relación con investigaciones ya en curso. La asistencia mutua europea permitirá transmitir los datos a los demás países europeos afectados. [...] La cooperación de Rui Pinto fue esencial para permitir el acceso a estos datos, cuyo contenido parece prometedor”, añadió la Fiscalía Financiera francesa.

Los documentos sobre el mundo del fútbol, a los que ha tenido acceso Mediapart, podrían alimentar varias investigaciones francesas en curso.

La primera, abierta por la Fiscalía en diciembre de 2016 a raíz de una información de Footbal Leaks, se refiere en particular a la evasión fiscal del exjugador del PSG Javier Pastore. La segunda, sobre discriminación racial en el PSG, fue archivada en febrero de 2023 por la Fiscalía de París, aunque existe un documento en Football Leaks que demuestra que la dirección del club estaba informada de lo que ocurría. La Liga de Derechos Humanos (LDH) presentó una segunda denuncia para intentar relanzar el caso.

Además, está la muy reciente investigación en torno al Paris Saint-Germain, dirigida por jueces de instrucción parisinos, sobre el posible favor fiscal concedido al club en 2017 por Gérald Darmanin, entonces ministro de Presupuesto y hoy de Interior, en relación con el traspaso de Neymar, exdelantero estrella del Barça. Los jueces de instrucción ordenaron el registro policial del Ministerio francés de Economía el pasado 15 de enero, nueve días después de que Mediapart publicara la información.

Tras los primeros descubrimientos de los investigadores, Mediapart profundizó en Football Leaks y encontró documentos inéditos sobre esta operación, que demuestran que Gérald Darmanin y su jefe de gabinete actuaban entonces como asesores fiscales del Paris Saint-Germain. Gracias a la desencriptación de los datos llevada a cabo esta semana por Rui Pinto, los magistrados y policías encargados de la investigación tienen ahora acceso a estos documentos.

“Sé que hay muchas cosas en mis datos que aún no han sido exploradas, y el reciente caso de este ministro francés que facilitó los asuntos fiscales del PSG es un muy buen ejemplo de ello. Me siento muy satisfecho porque demuestra que los datos son poderosos”, destaca Rui Pinto. Para preservar el secreto de las investigaciones judiciales, el portugués no quiso precisar sobre qué temas le interrogó la policía: “Sobre todo me hicieron preguntas sobre clubes franceses y agentes de jugadores activos en Francia”. ¿Y sobre el PSG? “La respuesta a esta pregunta es evidente”, sonríe.

El examen del enorme volumen de documentos también podría llevar a varios países a abrir nuevas investigaciones judiciales. “Mis datos no sólo se refieren al fútbol, sino a muchos otros temas que no han sido publicados” por los medios de comunicación, asegura Rui Pinto. Por ejemplo, hay información sobre evasión fiscal en Malta (publicada por EIC como parte de los Malta Files), pero también datos que han permanecido secretos sobre las Islas Caimán y otros.

En España, las revelaciones sobre las operativas fiscales de Cristiano Ronaldo y José Mourinho llevaron a su procesamiento y condena por defraudar a Hacienda millones de euros a lo largo de los años. También desvelaron las operaciones opacas de la Fundación Leo Messi con el Barça.

Además, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mantiene abierto un caso contra el fondo de inversión Doyen Sports Investments Limited, que hizo negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, Beckham y Usain Bolt. Como resultado de la Operación Dean, la Fiscalía acusa a su expresidente, Nélio Lucas, y a los socios de éste, los agentes de de futbolistas Juanma López y Mariano Aguilar, de fraude a Hacienda y blanqueo de dinero. Sólo en 2013 el volumen del fraude al fisco supera los cinco millones de euros, pero están en entredicho más ejercicios. Según el juez, todos ellos utilizaron sociedades interpuestas para ocultar su actividad real: simulaban que ésta se realizaba en Malta para no pagar impuestos, cuando su negocio se desarrollaba en España.

En concreto, la investigación menciona la compraventa de derechos del colombiano Radamel Falcao, los franceses Guilavogui y Geoffrey Kongdobia y el senegalés Babá Diawara. Doyen también concedió un préstamo de 2,5 millones al Atlético de Madrid, de 3,65 millones al Sevilla, de 3,5 millones al Getafe y de medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido.

La historia de la colaboración de Rui Pinto con la Justicia es digna de un thriller. A finales de 2018, justo después de la publicación de la segunda temporada de Football Leaks, el portugués, aún anónimo, inició la cooperación con la Fiscalía francesa, a la que entregó una muestra de 12 millones de archivos. Pero el proceso se interrumpió unas semanas después: en enero de 2019, Rui Pinto fue detenido en Budapest a petición de la Justicia portuguesa, que lo perseguía por piratería informática e intento de extorsión. La policía húngara se incautó en su domicilio de varios discos duros encriptados.

Es el inicio de un conflicto entre Francia, que quiere explotar la información, y Portugal, cuya prioridad es procesar a Rui Pinto. En febrero de 2019, la Fiscalía francesa compartió esa muestra de datos con Eurojust, que organizó una reunión con fiscales de nueve países. Un mes más tarde, justo antes de que Rui Pinto –y sus datos– fueran extraditados a Portugal, los fiscales franceses volaron a Budapest y obtuvieron de las autoridades húngaras una copia del contenido de los discos duros. “Los franceses recuperaron los datos a espaldas de los portugueses”, ríe Rui Pinto.

Pero los datos encriptados son inutilizables y Portugal no coopera con Eurojust. Pinto pasa un año en prisión preventiva. Pese al alcance de sus revelaciones, es el único protagonista de Football Leaks que ha pisado la cárcel. En diciembre de 2019, denunció en una entrevista con EIC que estaba siendo víctima de un procedimiento sesgado, ejecutado para servir a los intereses de los dirigentes del fútbol portugués, y en particular del poderoso Benfica de Lisboa, un “un pulpo de influencia [con tentáculos] entre la élite de la nación”.

La situación cambió con la publicación, en enero de 2020, de los Luanda Leaks, una investigación coordinada por el consorcio de medios ICIJ y basada en nuevos datos aportados por Rui Pinto a la ONG PPLAAF. Los artículos exponían las turbiedades financieras de Isabel Dos Santos, hija de un antiguo autócrata angoleño, y sobre cómo supuestamente blanqueó parte de su dinero en Portugal. “Las autoridades se sintieron muy avergonzadas por las revelaciones de Luanda Leaks, que crearon un terremoto en Portugal. Fue en ese momento cuando los fiscales portugueses empezaron a discutir sobre el acceso a los datos”, recuerda Rui Pinto.

En los primeros meses de 2020 se llegó a un acuerdo. El joven aceptó descifrar el contenido de sus discos duros y cooperar con la Fiscalía de Lisboa. A cambio, queda en libertad, se beneficia de la condición de testigo protegido y los fiscales se comprometen a sobreseer los procedimientos relacionados con cinco demandantes, entre ellos el Benfica. El acuerdo establece que estos procedimientos no se detendrán hasta 18 meses después, y sólo si se cumplen varias condiciones, entre ellas que Rui Pinto no vuelva a cometer ningún delito.

Una de las cláusulas de este acuerdo había permanecido hasta ahora en secreto. “Mientras no se cerraran los cinco procedimientos incluidos en el acuerdo, se me prohibía cooperar con autoridades extranjeras sin el acuerdo de la Justicia portuguesa”, desveló este jueves Rui Pinto. El portugués añade que los fiscales de Lisboa nunca le permitieron cooperar plenamente con los investigadores franceses. La Fiscalía gala solicitó los datos descifrados a Portugal ya en septiembre de 2020, pero nunca los obtuvo.

Los fiscales y policías franceses consiguieron finalmente la autorización para reunirse en Lisboa con el informante en Lisboa en 2023. “Pero tuvieron que enfrentarse a la resistencia de un fiscal portugués, el mismo que dirige la acusación contra mí”, denuncia Rui Pinto. “Los investigadores franceses llegaron con palabras clave e hice todo lo que pude para ayudarles a buscar los datos”, detalla. “Pero el fiscal empezó por oponerse a la transmisión de los datos, amenazando con que el asunto lo decidiera un juez. Era absurdo”, protesta, “al final intervino otro fiscal, el que había concluido el acuerdo conmigo, pero los franceses sólo pudieron llevarse una cantidad muy pequeña de datos”.

Rui Pinto tuvo las manos atadas más tiempo del previsto, porque el Benfica impugnó ante los tribunales el acuerdo entre el informante y la Fiscalía. El club portugués perdió definitivamente en noviembre de 2023. Fue en ese momento cuando se archivaron las diligencias incluidas en el acuerdo, cuando Rui Pinto fue liberado de sus compromisos y cuando por fin pudo ir a París a desencriptar los datos obtenidos por la Fiscalía francesa en Hungría.

Su comparecencia ante los investigadores franceses, belgas y alemanes este jueves le ha dado esperanzas. “Fue exactamente lo contrario de lo que vi en Portugal. Me sentí respetado y tuve la sensación de que la policía y los fiscales estaban sinceramente interesados en mi información. En Portugal, que yo sepa, nunca se han utilizado mis datos en el marco de investigaciones judiciales, y los investigadores nunca me han entrevistado para que les ayudara en este asunto”.

Para entender la conducta de la Fiscalía de Lisboa, hay que recordar que la ley portuguesa no permite, a diferencia de la de otros países europeos como Francia, utilizar documentos obtenidos ilegalmente como pruebas legales. “Pero eso no cambia, porque a los poderosos no les interesa”, critica Rui Pinto.

A su juicio, los fiscales portugueses nunca tuvieron intención de investigar basándose en sus datos: “Lo único que querían era saber qué contenían y utilizarlos para incriminarme”.

En este asunto, puede decirse que la Justicia portuguesa se ha mostrado especialmente esquizofrénica. A pesar del acuerdo de cooperación concluido en 2020, el fiscal acusó a Rui Pinto de 90 delitos, principalmente de piratería informática –que admitió en parte– e intento de extorsión –que el portugués niega­.

Aunque un tribunal de Lisboa reconoció el interés público de sus revelaciones, le condenó en septiembre de 2023 a una pena suspendida de cuatro años de cárcel, que Pinto ha recurrido. Dos meses después, se declaró culpable, esta vez ante un tribunal de París, y aceptó una pena de seis meses de prisión en suspenso por piratear tres buzones del Paris Saint-Germain.

Pero sus problemas legales en Portugal distan mucho de haber terminado. El pasado mes de julio, la Fiscalía de Lisboa le notificó una segunda serie de procesamientos por 377 nuevos presuntos delitos informáticos, cometidos contra instituciones –clubes de fútbol, bufetes de abogados y otros– en su mayoría implicadas por las filtraciones Football Leaks y Luanda Leaks. Entre las víctimas se encuentra el Benfica de Lisboa, a pesar de que el primer proceso iniciado por el club ha sido retirado como parte del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Rui Pinto en 2020.

Es muy probable que se celebre un segundo juicio. Y podría seguir otro. De hecho, la Fiscalía está preparando una tercera serie de procesamientos, que aún no le han sido notificados. “Es acoso judicial”, suspira Rui Pinto.

“Hay una voluntad de la Justicia y de la industria del fútbol portugués de perseguir a Rui Pinto a perpetuidad”, denuncia su abogado francés, William Bourdon. “Este fraccionamiento en varios procedimientos de hechos idénticos ocurridos durante el mismo periodo es absurdo y contrario a los principios fundamentales de un juicio justo”, critica, “estudiaremos la viabilidad de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este asunto”.

“El caso de Rui Pinto, cuyas revelaciones son de una magnitud comparable a las de Edward Snowden, demuestra el altísimo precio que deben pagar los informantes cuando se enfrentan a poderosas redes de corrupción”, añade.

“Mi vida está totalmente bloqueada”, se queja Rui Pinto. Vive bajo el estatus de testigo protegido. Se aloja gratuitamente en un lugar secreto custodiado por agentes de policía, debido a las amenazas que ha sufrido. El Estado portugués también le paga una renta “inferior al salario mínimo portugués [820 euros al mes], que por supuesto no es suficiente para ganarse la vida”. Tampoco para pagar a sus abogados, cuya minuta ha sido cubierta hasta ahora por la fundación The Signals Network. Esta ONG, especializada en ayudar a los denunciantes de corrupción, lanzó recientemente un llamamiento para conseguir donaciones con las que financiar su defensa.

“No puedo tener un trabajo porque implicaría tener contactos con múltiples personas, lo que va en contra de las condiciones de seguridad del programa de protección de testigos. Intento leer, ejercitarme. Y esperar que toda esta locura, esta lucha contra estos fiscales portugueses, termine por fin y pueda empezar a vivir una vida normal”.

El martes de la semana pasada, a las 16.36 horas, llegó al Tribunal Penal de Lisboa un escrito de 85 páginas. Fue presentado por el equipo jurídico de Rui Pinto, el cerebro detrás de la plataforma Football Leaks. Se trata de un documento esperado con impaciencia: el recurso demuestra que Pinto se está preparando para dar la batalla en los tribunales europeos.

Pinto, el estudiante de Historia que entregó más de 70 millones de documentos a la revista alemana Der Spiegel y a sus socios de la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), entre ellos infoLibre, fue detenido en Budapest en 2019. Sus datos revelaron un fraude fiscal sistemático en el fútbol de élite, que permitieron abrir investigaciones judiciales en varios países. Pero la Justicia también se interesó por cómo Pinto había obtenido los documentos.

Durante unos tres años, el portugués tuvo que responder por ello en un juicio celebrado en Lisboa. Los cargos incluían 90 infracciones penales. Entre ellas, cargos de intento de extorsión, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia. Pinto no recibió su veredicto hasta el pasado mes de septiembre: fue declarado culpable de nueve cargos, entre ellos el intento de extorsión a un controvertido agente deportivo. El juez fijó la condena de Pinto en cuatro años, con suspensión condicional de la pena.

Ahora el portugués se defiende. En el recurso, al que han tenido acceso Der Spiegel y sus socios internacionales, los abogados de Rui Pinto atacan puntos centrales del proceso judicial. También se refieren a la ley de amnistía promulgada en Portugal este verano con motivo de la visita del papa Francisco en virtud de la cual se liberó a jóvenes delincuentes de ciertos delitos menos graves. Pinto también se benefició de la medida de gracia, ya que en virtud de ella se le retiraron 79 cargos. Con el recurso, sus abogados quieren comprobar ahora si otros delitos por los que Pinto fue condenado también deben quedar cubiertos por la amnistía.

Un segundo elemento del contraataque de Pinto se refiere a la acusación de intento de extorsión a Doyen Sports Investments Limited, un fondo creado en Malta y con decenas de millones de euros invertidos en el fútbol europeo, que ha hecho negocios con el Atlético de Madrid y el Sevilla, entre otros clubes, y gestionaba los derechos de imagen de Xavi Hernández, Neymar, David Beckham y Usain Bolt. En España, ha sido investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En su recurso, los abogados argumentan que algunas de las pruebas que consideran exculpatorias no fueron suficientemente tenidas en cuenta en la sentencia. Se trata de correos electrónicos que supuestamente demuestran que Pinto desbarató el intento de chantaje por iniciativa propia. Los abogados piden al tribunal que absuelva a Pinto del cargo tras revisar esa prueba. El intento de extorsión constituye por sí solo la mitad de los cuatro años de la pena suspendida.

La defensa de Pinto también pide al tribunal que reconsidere fundamentalmente otros dos aspectos. El primero, que Pinto admitió durante el juicio que había tenido acceso no autorizado a datos personales y buzones de correo de terceros. El segundo, que explicó que muchos de los delitos que se le atribuyen fueron cometidos por otros miembros de la red Football Leaks. Aunque Pinto había recibido de ellos los datos y también había participado en la planificación de los ataques, no se llevó él mismo el material. Sin embargo, Pinto aún no ha revelado la identidad de sus presuntos cómplices.

En su sentencia, el tribunal consideró “inverosímiles” las declaraciones de Pinto, ya que la fiscalía no había encontrado pruebas de la participación de otras personas en el delito. Los abogados de Pinto argumentan ahora, entre otras cosas, que los investigadores no encontraron comunicaciones con periodistas, pero que se ha demostrado que existieron. El análisis técnico de algunos de los soportes de datos encontrados en el apartamento de Pinto también sugiere la implicación de otras personas, explican los abogados.

Además, la orden de detención europea con la que Pinto fue detenido en Budapest en 2019 va a ser reexaminada en el procedimiento de apelación. Los abogados plantean la cuestión de si la orden era suficiente como base para llevar a cabo un proceso judicial tan extenso en Lisboa. La pregunta puede servir de preparación de otros pasos procesales con los que Pinto querría que se aclarara su posición ante los tribunales europeos.

En última instancia, su caso podría dar lugar a sentencias pioneras sobre cómo afrontar la ciberdelincuencia, qué información se considera de interés social y cuál es el ámbito de actuación de los Estados nacionales. Serían fallos importantes que también podrían dar a otros informadores, denunciantes de corrupción y fiscales de Europa un poco más de seguridad jurídica. Pero también sería un largo camino, que plantea una pregunta: ¿puede Pinto permitirse económicamente otra batalla legal que puede durar años?

El portugués, que tiene 35 años, vive en el programa de protección de testigos desde hace unos tres años y no tiene ingresos significativos. Su equipo legal está formado por Francisco Teixeira da Mota, su hija Luisa y el francés William Bourdon, que también ha defendido a Edward Snowden, el filtrador que hizo público el programa de vigilancia masiva de la CIA y la NSA. Ya se han gastado “miles de dólares” en los renombrados abogados, asegura Delphine Halgand-Mishra, directora ejecutiva de The Signals Foundation, la red estadounidense para la protección de whistleblowers que ha sufragado hasta ahora los gastos de la defensa de Pinto. “Los denunciantes de corrupción y quienes, como Rui Pinto, revelan información de interés público son el freno de emergencia de nuestra sociedad. Garantizan que nuestras democracias sigan prosperando y que los poderosos rindan cuentas. Merecen nuestro apoyo”, explica Halgand-Mishra.

La responsable de The Signals Foundation está buscando más donantes para financiar a los abogados de Pinto y también se ha abierto al público una página de donaciones. Porque, además del recurso, Pinto se enfrenta aún a otra acusación: presentada en julio, la fiscalía le acusa de 377 delitos. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido si habrá juicio: primero debe aclarar cuántos de esos cargos ya han sido perdonados por la reciente ley de amnistía.

Al menos Pinto, sus abogados y Halgand-Mishra ya no tienen que preocuparse por uno de ellos: el miércoles, el portugués se declaró culpable ante un tribunal de París de haber tenido acceso no autorizado a los buzones de correo de los directivos del Paris Saint-Germain entre 2015 y 2019. La información filtrada sirvió para destapar los trucos financieros practicados en el club francés, financiado por Qatar, así como su racista sistema de ojeadores. El tribunal parisino ha condenado a Pinto a seis meses de prisión, que ha dejado en suspenso. También deberá pagar los honorarios del abogado y una indemnización al PSG: un euro. Un pago simbólico.

Casi ocho años después del inicio de las revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia masiva internacional llevada a cabo por Estados Unidos y sus aliados, la Justicia europea ha extraído por primera vez consecuencias directas, al dictaminar que los programas de vigilancia británicos y suecos son ilegales.

El pasado 25 de mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenaba la vigilancia masiva llevada a cabo por Reino Unido, con la complicidad de Estados Unidos, en una sentencia en la que se cita el nombre del denunciante hasta en diez ocasiones.

Se recurrió al tribunal en 2013, 2014 y 2015 a raíz de tres demandas, finalmente agrupadas, presentadas tras la publicación de los documentos de Edward Snowden, que detallaban la colaboración entre los servicios de inteligencia estadounidenses, la NSA, y británicos, el GHCQ.

El TEDH menciona, por ejemplo, las revelaciones sobre el programa estadounidense Prism, que permitió a la NSA exigir datos a los proveedores de servicios de internet. Sin embargo, como recuerda la sentencia, “de los documentos de la NSA revelados por Edward Snowden se desprende que el GHCQ tuvo acceso a Prism desde julio de 2010 y que lo utilizó para elaborar informes de inteligencia. El GCHQ reconoció haber obtenido información de Estados Unidos recogida en el marco del programa Prism”.

El programa Upstream, por su parte, permite “recabar datos de contenidos y comunicaciones a partir de los cables de fibra óptica” –por los que circula el tráfico mundial entre las principales zonas geográficas– “y de la infraestructura de los proveedores de servicios de comunicaciones de Estados Unidos”.

Los intercambios de datos entre los servicios británicos y estadounidenses están incluso formalizados, señala el TEDH, “desde el 5 de marzo de 1946”, mediante “un acuerdo de intercambio de información entre Reino Unido y Estados Unidos”. Este acuerdo, señala el Tribunal, se refiere a la información relativa a las comunicaciones “en el extranjero”; entendiendo por el extranjero a aquellos países distintos de Estados Unidos, Reino Unido y los miembros de la Commonwealth. “En virtud del acuerdo, las partes se comprometieron a intercambiar el producto de determinadas operaciones de interceptación de comunicaciones extranjeras”, señala el TEDH.

Edward Snowden también reveló en su día que el GHCQ puso en marcha su propio programa, denominado Tempora, que le permitió interceptar los datos que pasaban por un cable de fibra óptica entre Europa y Estados Unidos. Esto hizo posible, según el TEDH, “interceptar enormes volúmenes de datos”.

Para el tribunal, estos programas son desproporcionados, en concreto porque deberían estar sujetos a “la autorización de una autoridad independiente desde el principio y [sería necesario que] las operaciones estuvieran sometidas a un control independiente a posteriori”. Por ello, las considera contrarias al artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el “derecho al respeto de la vida privada y familiar y de las comunicaciones”.

En otra sentencia, también dictada el martes 25 de mayo, el TEDH condenaba asimismo a Suecia por “insuficientes garantías en la recogida masiva de información de origen electromagnético” y por atentar contra “la vida privada”.

Estos fallos ponen punto y final a ocho años en los que Edward Snowden logró que se tambalease, al ponerla en tela de juicio, la vigilancia masiva. Si bien las sentencias del TEDH son la primera condena directa de la vigilancia masiva que denunció, el Parlamento Europeo ya había adoptado el miércoles 12 de marzo de 2014 una resolución solemne de condena de las prácticas de Estados Unidos a partir de un informe del eurodiputado Claude Moraes sobre la vigilancia masiva, en cuyo marco Edward Snowden presentó testimonio por escrito.

En su resolución, los eurodiputados pedían concretamente la suspensión del “Safe Harbor”, el acuerdo que entonces regía la transferencia de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. El 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) atendía la demanda en una sentencia histórica. Los jueces europeos, a los que acudió el activista austriaco Max Schrems, ya justificaron entonces su decisión por las revelaciones de Edward Snowden. “Una serie de revelaciones han sacado a la luz recientemente la existencia de programas de recopilación de información a gran escala por parte de Estados Unidos”, escribía el abogado general Yves Bot en sus conclusiones. “Estas revelaciones han puesto en duda el cumplimiento de las normas del derecho de la Unión Europea al transferir datos personales a empresas establecidas en Estados Unidos y la debilidad del régimen de puerto seguro”, continuaba el magistrado.

Por ello, en julio de 2016, la Unión Europea se vio obligada a firmar un nuevo acuerdo de transferencia de datos con el gobierno estadounidense, esta vez bautizado como “Privacy Shield”. Pero cuatro años después, también quedó anulado, de nuevo por el TJUE, de nuevo a instancias de Max Schrems. La sentencia, dictada el 16 de julio de 2020, conocida como “Privacy Shield” o “Schrems II”, considera que el nuevo acuerdo no garantiza a los ciudadanos los recursos suficientes como para impugnar una posible vigilancia.

El tribunal cita los programas Upstream y Prism, que entre tanto habían sido renovados por Donald Trump. “Esta legislación no concede a las personas concernidas derechos de recurso ante los tribunales contra las autoridades estadounidenses”, determinaba.

Las consecuencias de la cancelación del Safe Harbor, y luego del Privacy Shield, son el comienzo de un efecto dominó, cuyo alcance es difícil de predecir en este momento. En Francia, en octubre de 2020, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) sacó unas conclusiones drásticas. El organismo de control de los datos personales tuvo que pronunciarse al respecto, tras un recurso presentado ante el Consejo de Estado contra el Health Data Hub, la plataforma que centralizará los datos sanitarios franceses y cuyo alojamiento se ha confiado a Microsoft.

En un informe emitido poco antes de conocerse el fallo judicial, y revelado por Mediapart (socio editorial de infoLibre), la CNIL retomaba el razonamiento del TJUE y lo llevaba aún más lejos. La sentencia Privacy Shield subrayaba el hecho de que determinados programas de vigilancia permitían a los servicios estadounidenses exigir a una empresa que les transmita datos, aunque ésta se encuentre en un país extranjero. Así, desde el momento en que una empresa se somete a la legislación estadounidense, puede ser objeto de “requerimientos de los servicios de inteligencia que la obliguen a transferirles los datos almacenados y tratados en el territorio de la Unión Europea”.

En consecuencia, la Comisión instaba a todos los actores que almacenan datos sanitarios a dejar “cuanto antes” de confiar su alojamiento a Microsoft o a cualquier otra empresa sometida a la “legislación estadounidense”.

El Consejo de Estado rechazó finalmente el recurso contra el Health Data Hub, pero en nombre del estado de emergencia sanitaria y conminando al Gobierno a encontrar una solución de alojamiento europeo lo antes posible. En noviembre, en una carta enviada a la presidenta de la CNIL, Marie-Laure Denis, revelada también por Mediapart, el ministro de Sanidad, Olivier Véran, se comprometió a poner fin al alojamiento del Health Data Hub en un plazo de “dos años”.

El jueves 27 de mayo, la CNIL lanzó una nueva alerta en la que extrae las consecuencias de la cancelación del Privacy Shield. Esta vez, la Comisión pide al personal de la enseñanza superior y de investigación que deje de utilizar “las herramientas de colaboración ofrecidas por determinadas empresas cuya sede se encuentra en Estados Unidos”.

En el ámbito europeo, también el 27 de mayo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, responsable del respeto a la privacidad por parte de las instituciones europeas, también anunció la apertura de dos investigaciones, de nuevo a raíz de la sentencia del Privacy Shield: una dirigida al uso de los servicios en la nube de Amazon y Microsoft, por parte de las instituciones europeas, y otra sobre el uso del software Microsoft Office 365 por parte de la Comisión Europea.

La solución, para las autoridades, debería venir de la mano de la puesta en marcha del proyecto europeo de nube Gaïa-X, actualmente en desarrollo. El 17 de mayo, el Gobierno también presentó su “estrategia nacional para la nube”, que prevé una licencia para los actores del sector. Un proyecto en el que, sin embargo, el Gobierno ha asociado a... Microsoft y Google.

No cabe duda de que Edward Snowden ha conseguido cambiar las cosas en lo que respecta a la dependencia de las empresas estadounidenses y ha contribuido a que se conozca el alcance de la vigilancia llevada a cabo por los servicios de inteligencia.

Casualmente, la revelación el domingo 30 de mayo de la existencia de un acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos que permitía vigilar a los dirigentes europeos no hace sino reforzar la importancia y mostrar las consecuencias prácticas del sistema revelado por Edward Snowden. Según la televisión pública danesa, las autoridades dieron a los servicios estadounidenses acceso a un dispositivo de vigilancia de los cables transatlánticos que les permitió espiar a varios líderes y diputados europeos entre 2012 y 2014, incluida la canciller alemana Angela Merkel.

Pero la victoria de Edward Snowden está lejos de ser completa.

En primer lugar, la decisión del TEDH condena los programas de vigilancia masiva por la falta de garantías de los ciudadanos. Pero, en el fondo, no cuestiona el principio y, de hecho, lo valida. “Dados los múltiples riesgos a los que se enfrentan los Estados en las sociedades modernas, el recurso a la interceptación masiva no es en sí mismo contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, dictamina el juez europeo.

Además, las revelaciones de Edward Snowden sólo se referían a programas creados por Estados Unidos en colaboración con sus aliados. Sin embargo, muchos países europeos aplican desde entonces programas de vigilancia igual de intrusivos, aunque no puedan competir con sus homólogos estadounidenses en términos de recursos y alcance a nivel mundial.

A este respecto, es interesante observar que, en el transcurso del procedimiento, tres países han presentado alegaciones ante el TEDH como “terceros intervinientes” en defensa del Gobierno británico y de la vigilancia masiva. Se trata de Noruega, Holanda –uno de los países a la vanguardia de la vigilancia masiva y cuyas políticas represivas fueron denunciadas el pasado septiembre en un informe de Amnistía Internacional– y Francia.

Ahora que el Parlamento francés está estudiando el proyecto de ley “sobre la prevención de actos de terrorismo y los servicios de inteligencia”, que incluye numerosas medidas relacionadas con la vigilancia, los argumentos del Ejecutivo son especialmente instructivos. Lejos de condenar la vigilancia masiva, la considera de “importancia decisiva para la protección de la sociedad democrática”. No es más intrusiva que la vigilancia selectiva, que “por su naturaleza permite la recogida y el tratamiento de un mayor número de comunicaciones relativas a un individuo determinado”. En definitiva, es mejor controlar un poco a todos, que mucho a algunos...

En marzo de 2015, Mediapart entrevistó a Sarah Harrison, la periodista de WikiLeaks que acompañó a Edward Snowden en su vuelo de Hong Kong a Moscú, para preguntarle si, en su opinión, el denunciante había logrado su objetivo. “Snowden siempre fue claro; su objetivo era que las ilegalidades cometidas por la NSA las conociese el pueblo estadounidense”, respondió entonces. “Ahora, la esperanza de Snowden era que la reacción del público a esta información cambiara las cosas... Sin duda, su objetivo se ha cumplido. ¿Se hizo realidad su esperanza? Todavía no. Pero al menos algo se está moviendo. La gente de todo el mundo está empezando a exigir responsabilidades. Pero lo que necesitamos es una fuerza masiva. Las cosas no van a cambiar por limitarse a decir ‘Stop the NSA’, sino que llevará tiempo”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Gobierno incluirá en el Plan Normativo –recoge las iniciativas legislativas que se prevé aprobar cada año– de 2021 la trasposición de la directiva de la Unión Europea que protegerá a los alertadores o informantes de corrupción, los conocidos en inglés como whistleblowers, para que sea aprobada antes de que acabe el año. La directiva 2019/1937, ratificada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019, permitirá a cualquier ciudadano revelar o informar sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que amenacen el interés general sin temor a represalias. Ya se trate de irregularidades en una empresa o en una administración pública, deberá haber canales que le garanticen la seguridad, el anonimato y la confidencialidad.

De esta forma quedarán protegidos quienes imiten a Hervé Falciani, Rui Pinto Rui Pintoo Edward SnowdenEdward Snowden, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o malas prácticas gubernamentales, pero también a Ana Garrido o Azahara Peralta, que en España abrieron los casos Gürtel o Acuamed.

Los plazos marcados por la propia directiva europea obligan a los estados miembros a incorporar esta norma a sus respectivas legislaciones antes del 17 de diciembre de este año.

Según responde el Gobierno a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Odón Elorza, entre el 7 y el 27 del pasado mes de enero el anteproyecto de ley ha sido sometido a consulta pública en la página web del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo asegura que ha recibido más de 40 documentos de particulares y organizaciones interesados en la materia.

Como la directiva ofrece a los Estados margen de maniobra en la trasposición, el Gobierno ha sometido a la opinión de las partes interesadas diferentes aspectos de la norma. Por ejemplo, si conviene extender la protección prevista en la directiva, qué entidades del sector público y privado deben quedar obligadas a establecer los canales de denuncia o si deben admitirse las denuncias anónimas. También cómo deben gestionarse los canales internos, si se pueden dejar en manos de un tercero o no, y si debe crearse una autoridad administrativa independiente, que será la encargada de recibir y responder a las denuncias.

El Gobierno también ha preguntado por el tipo de sanciones que deban aplicarse a quienes infrinjan la ley y si pueden darse premios o recompensas a los alertadores.

Las proposiciones de la izquierda y de Ciudadanos

Algunos grupos parlamentarios ya expresaron el año pasado su opinión sobre estas cuestiones. En diciembre de 2019 ERC, Compromís, BNG y Más País registraron la primera proposición de ley de la actual legislatura, para trasponer la directiva europea. En ella se establecía que la protección se extendiera también a los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores.

De acuerdo con ese texto, las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarían obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo sería obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Por el contrario, las empresas privadas no estarían obligadas: les bastaría con crear canales “externos” de alerta.

Las informaciones que se podrían desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no sería delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, explica el texto.

La proposición de ley establece igualmente que al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores. Y prevé sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

También Ciudadanos presentó, en enero de 2020, su propuestasu propuesta para crear sistema de protección de los alertadores, pero lo hizo como parte de una proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. En su caso, limitaban los hechos que podían denunciarse a aquellos que son constitutivos de delito o infracción administrativa y restringía la aplicación de la ley en el sector privado a los hechos que “lesionen o menoscaben el interés público”.

Según la proposición de ley de ERC, Compromís, BNG y Más País, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

Edward Snowden, el exanalista que destapó programas ilegales de espionaje electrónico de Estados Unidos, va a solicitar la nacionalidad rusa tras siete años refugiado en este país, en el que tiene permiso de residencia permanente.

"Tras años de separación de nuestros padres, mi mujer y yo no tenemos ningún deseo de ser separados de nuestro hijo. Por eso, en esta era de pandemias y fronteras cerradas, vamos a solicitar la doble ciudadanía estadounidense y rusa", ha escrito Snowden en su Twitter, días después de anunciar que será padre próximamente, ha recordado Europa Press.

"Lindsay y yo seguiremos siendo estadounidenses, educaremos a nuestro hijo con todos los valores de la América que amamos, incluida la libertad de expresión", ha precisado el antiguo analista, que ha dicho anhelar el día en que pueda regresar a su país "para que toda la familia pueda reunirse". "Nuestro gran deseo es que, donde quiera que viva nuestro hijo, se sienta en casa", ha remachado.

Snowden, que trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), saltó a la fama en 2013 tras revelar a la prensa los programas secretos de espionaje global de dicho organismo, hechos por los que la busca la justicia de su país.

Después de huir inicialmente a Hong Kong, se refugió en Moscú donde pasó varias semanas en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremetievo, hasta recibir en agosto de 2013 asilo por un año, que fue prolongado con posterioridad hasta que recientemente Rusia le dio permiso de residencia indefinido.

Su abogado, Anatoli Kucherena, ha precisado que el estadounidense está preparando la documentación pertinente para tramitar la nacionalidad. "Edward Snowden decidió pedir la nacionalidad y a día de hoy está reuniendo los documentos", ha indicado, según la agencia rusa Sputnik.

ERC, Compromís, BNG y Más País estrenan este miércoles la legislatura registrando la primera proposición de ley, que traspone la directiva de la UE de protección de los alertadoresla directiva de la UE de protección de los alertadores y ha sido redactada por la plataforma ciudadana Xnet. La iniciativa se presenta con el apoyo de 16 diputados, tal como exige el Reglamento del Congreso, y de aprobarse, España será el primer miembro de la Unión Europea en trasponer la mencionada directiva, aprobada el pasado mes de abril. A partir del 26 de noviembre los estados tienen un plazo de dos años para trasladarla a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Ya es la segunda vez que Xnet, a través de ERC y Compromís, presenta esta proposición de ley. La registraron el pasado junio, pero la iniciativa decayó al convocarse nuevas elecciones y disolverse las Cortes en septiembre. La norma pretende proporcionar una protección integral a los alertadores –conocidos como whistleblowers en inglés–, quienes revelan o informan sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que pueden amenazar o dañar el interés general. Hervé Falciani puso a las autoridades europeas en la pista de decenas de evasores fiscales del HSBC, Rui Pinto proporcionó los datos para destapar el fraude a Hacienda de estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo o Mourinho, gracias a los Football Leaks; Antoine Deltour hizo otro tanto con los LuxLeaks, los acuerdos opacos de Luxemburgo con multinacionales; Edward Snowden desveló el espionaje masivo de la NSA, Ana Garrido denunció la corrupción del caso Gürtel, Azahara Peralta fue la alertadora del caso Acuamed. Son sólo algunos de los nombres detrás de las filtraciones más importantes de los últimos años.

“Es un trabajo de la sociedad civil”, destaca la fundadora de Xnet, Simona Levi, sobre la proposición de ley, que en estos seis meses ha sido “revisada y matizada” con la ayuda de Whistleblowing International Network (WIN) y de Blueprint for Free Speech a partir del Decálogo para la Protección de los Denunciantes y Alertadores del Grupo de Trabajo Ciudadano contra la Corrupción. Además, explica la proposición en su exposición de motivos, recoge sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Europa y las disposiciones de la ONU y de la OCDE sobre la materia. Igualmente tiene como referencia la ley de la Generalitat valenciana que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Sus redactores pretenden que la futura ley no sólo proteja a los alertadores, sino también a los “facilitadores”, los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores. Además, quiere cubrir todos los ámbitos: las administraciones públicas –Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social–, así como las agencias estatales y las autoridades independientes, el Defensor del Pueblo, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado deberán disponer de “canales de alerta anónimos y seguros”, tanto externos como internos. Las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarán obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo será obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Las empresas privadas no estarán obligadas: la nueva proposición de ley –a diferencia de su primera versión, que sí incluía en su ámbito de aplicación a aquéllas con más de 10 millones de euros de facturación– sólo establece que éstas “podrán” crear canales “externos” de alerta.

“Convicción razonable”

Si una persona tiene conocimiento de una irregularidad o un delito cuyas consecuencias “sean susceptibles de perjudicar el interés general”, podrá comunicarlo bien en un canal interno –dentro de la empresa o de la administración de la que forme parte– o en uno externo, a su elección. Pero ambos deberán garantizarle “la seguridad, el anonimato y la confidencialidad de su identidad” para protegerle de cualquier represalia o persecución.

Para ser considerado un alertador, basta con que un particular tenga una “convicción razonable” sobre la “verosimilitud y fiabilidad” de la información que suministre. Sea cual sea su motivación para hacer la denuncia. “El origen de la información no se tendrá en consideración para su calificación como información constitutiva de alerta”, subraya el texto. “A veces [ir más allá de la convicción razonable] se utiliza para hacer un maluso de la ley y engañar al alertador, que no tiene por qué saber si lo que denuncia es un delito o no”, explica Simona Levi. Como una alerta no es una denuncia, añade la proposición, deberá ser el órgano administrativo que la reciba quien deba comprobarla e investigarla.

Las informaciones que se pueden desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no será delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, reza el texto.

Asistencia jurídica gratuita y protección policial

Además, al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de la Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores que pretende crear la proposición de ley. Su misión será velar por que los filtradores y facilitadores no sufran “aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales”. También los representará legalmente en los procedimientos administrativos o judiciales que deban afrontar como consecuencia de sus revelaciones. El director de esta agencia permanecerá en su puesto durante siete años y será elegido por el Congreso de entre una lista elaborada tras celebrarse una consulta a la ciudadanía, explica el texto. Fue el método utilizado para nombrar al director de la Oficina Antifraude valenciana: Joan Linares, que había denunciado el caso Palau.

La proposición de ley prohíbe cualquier tipo de represalia contra los alertadores, ni discriminaciones, ni amenazas, lo mismo contra ellos que contra sus familias, compañeros, superiores o bienes. Por supuesto, les reconoce el derecho a no ser sancionados o despedidos por haber hecho una denuncia. De hecho, la futura norma prevé también protección policial si es necesario. Al igual que sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.

Una protección integral que parte de la base de considerar la denuncia de irregularidades en el interés público como “una forma de libertad de expresión protegida”. Según resalta la proposición de ley, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.

En línea con su política de tolerancia cero hacia los denunciantes, las autoridades estadounidenses han decidido ser implacables con el más famoso de ellos, Edward Snowden. Ahora que el exinformático de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) que filtró los documentos confidenciales más importantes de la historia de Estados Unidos promociona su autobiografía, la Justicia estadounidense anunciaba el martes 17 de septiembre la apertura de una causa en su contra por incumplimiento de la cláusula de confidencialidad incluida en el contrato entre él y los servicios estadounidenses.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Alejandría, cerca de Washington, reclama el embargo de los ingresos que Edward Snowden obtenga por la venta de su libro y sus conferencias. “No permitimos que los individuos se enriquezcan a expensas de Estados Unidos”, ha señalado Jody Haunt, un alto responsable del Departamento de Justicia.

“Resulta difícil de imaginar una mejor prueba de autenticidad que el Gobierno estadounidense iniciando un proceso que confirma que el libro es tan cierto que, literalmente, va en contra de la ley escribirlo”, reaccionó en Twitter el denunciante, todavía exiliado en Rusia.

El libro, que se publicó en Francia este 19 de septiembre con el título de Mémoires vives (editado por Le Seuil) y que en España ha editado Planeta bajo el título Vigilancia permanente, no contiene, sin embargo, ninguna revelación sorprendente sobre los programas secretos de la NSA. Edward Snowden comparte algunas anécdotas sobre el funcionamiento interno de las agencias de inteligencia estadounidenses, especialmente cuando detalla sus condiciones de trabajo o explica cómo consiguió sacar los documentos de las oficinas de la NSA.

Pero el interés de esta autobiografía está en otra parte. El verdadero protagonista del libro es el autor, un joven que tenía poca intención de convertirse en un rebelde rechazado por su país y que evolucionará hasta convertirse en un héroe del hacktivismohacktivismo.

“Mi nombre es Edward Snowden”, así empieza el libro. “Antes trabajaba para el gobierno, pero hoy estoy al servicio de todo el mundo. Tuvieron que pasar 30 años para que entendiese la diferencia y cuando lo entendí, me acarreó problemas en el trabajo”.

Nacido en 1983 en Elizabeth City, Carolina del Norte, Edward Snowden vivió una vez en el mundo del patriotismo estadounidense. Su padre era un ingeniero de la Guardia Costera cuyos antepasados, los cuáqueros británicos, emigraron a Maryland en el siglo XVII. Una rama de la familia Snowden fue lo suficientemente rica como para poseer una gran propiedad, que más tarde pasó a manos del ejército, y se instaló Fort Meade, el cuartel general de la NSA. Su madre, “es descendiente directa de los padres fundadores”, los primeros estadounidenses que llegaron en 1620 para fundar la colonia de Plymouth, Massachusetts.

Ya sea de parte de padre o de madre, sus antepasados participaron en todos los conflictos de la historia de Estados Unidos, desde la Guerra de la Independencia hasta la Segunda Guerra Mundial. "Mi familia siempre ha respondido a la llamada del deber", escribe Snowden.

Cuando tenía 9 años, la familia se mudó a Crofton, Maryland, donde su padre, que había sido ascendido, fue trasladado al cuartel general de la Guardia Costera. Su madre encontró un trabajo en "una compañía de seguros para gente de la NSA" y pasa buena parte de su jornada laboral en Fort Meade.

En esta zona residencial, muchas personas trabajan para el ejército o para algún servicio sensible. "En el ambiente en el que crecí, nadie hablaba de su trabajo real, ni a los niños ni a los demás. Muy a menudo, los adultos con los que conviví no podían hablar de su trabajo, ni siquiera a sus seres queridos”.

Fue su padre quien le introdujo en el mundo de la informática a una edad temprana, en primer lugar a través de los videojuegos, que se convirtieron en una pasión devoradora. Edward Snowden dedica varias páginas de su libro a sus videojuegos favoritos. Durante muchos años, pasó noches enteras en su consola Nintendo o en juegos de rol multijugador en línea. También fue su padre quien le enseñó lo básico de la programación informática: lo llevó un día a su laboratorio, cuando sólo tenía siete años.

El joven Edward Snowden no era un chico muy sociable. Tímido, reservado, pasa la mayor parte de su tiempo libre en casa. Estaba muy mal integrada en el sistema escolar. “¡Se reían de mí porque llevaba gafas, porque no me interesaban los deportes y, sobre todo, porque tenía un fuerte acento sureño que me hacía sentir como un retrasado”, recuerda.

Un niño superdotado, con un coeficiente intelectual estimado de 140, que también se enfrenta regularmente a sus maestros. Después de un viaje caótico, dejó la escuela secundaria a los 15 años para matricularse directamente en una facultad, sin obtener su diploma final, que no se sacó hasta varios años más tarde.

No esperaba nada del sistema educativo, también porque Edward Snowden sacia su sed de conocimiento en Internet. "Desde los 12 años traté de estar conectado todo el tiempo”, dice. Se pasaba las noches leyendo todo lo que quedaba bajo el ratón, en Internet. “Un curso intensivo para quienes quieren construir sus propios ordenadores y listo; otro sobre la arquitectura de procesadores, pasando por las artes marciales, las armas de fuego, los coches deportivos y el porno soft goth, que fue para mí una revelación”.

Edward Snowden atravesará, como todos los demás, una crisis de adolescencia. Pero a su manera. “No podía recurrir a las salidas usuales de los adolescentes que se estaban separando porque yo era demasiado bueno para convertirme en un vándalo y no lo suficientemente guay para drogarme. (Hasta la fecha, nunca he estado borracho o fumado un cigarrillo). En su lugar, me embarqué en la piratería informática, que hasta donde yo sé sigue siendo la forma más sana, razonable y educativa para que los jóvenes reclamen su autonomía y se dirijan a los adultos en pie de igualdad”.

Es un adolescente solitario y retraído. Y lo será todavía más después del divorcio de sus padres, cuando estaba en tercer curso. Pero poco a poco va haciendo un trabajo sobre sí mismo y se reafirma. En la universidad, incluso hace un grupo de amigos tan frikis como él.

Edward Snowden estaba en su coche cuando el primer avión secuestrado por Al Qaeda se estrelló contra una de las torres del World Trade Center. Al joven, entonces, como a gran parte del país, le invadió la ira y el deseo de venganza. Apoya la decisión de George W. Bush de invadir Irak en nombre de la “guerra contra el terrorismo”.

“Apoyé esta política incondicional y ciegamente, es mi mayor pesar”, explica. “Daba por sentado lo que se decía en los medios de comunicación [...]. Me movía la sed de venganza”.

Edward Snowden se alistó en el Ejército, pero en las clases se rompió las tibias. Su contrato quedó rescindido y encuentró otra forma de trabajar al servicio de su país: la subcontratación. Para eludir las normas presupuestarias, las agencias estadounidenses recurren masivamente a los proveedores de servicios externos, que sirven de mera cobertura.

Para trabajar en una de estas empresas, primero debe obtener una habilitación. Lo consigue sin mayores dificultades. Casi al mismo tiempo conoció, a través de una página web, a Lindsay Mills, la mujer que más tarde se reuniría más tarde con él en Rusia. “Mi pareja y el amor de mi vida”, explica.

Posteriormente encadena varias puestos. Trabaja en la sede de la CIA en Langley, Virginia, donde pasa las noches leyendo noticias clasificadas de todo el mundo. A los 24 años fue destinado a Ginebra, donde era el responsable de “gestionar la asistencia técnica de las operaciones dirigidas por la CIA”. En 2009, se trasladó a Japón, donde le asignaron a una unidad de la NSA, el Centro Técnico del Pacífico, ubicado en la Base de la Fuerza Aérea de Yokota, en los suburbios occidentales de Tokio.

En ese momento, Edward Snowden no podía imaginar que su país pudiera participar en operaciones de vigilancia masiva a escala mundial, a pesar de cierta información que ya estaba circulando en los medios de comunicación. “Estas sospechas sobre los programas secretos de la NSA no parecían muy diferentes de los delirios paranoicos de aquellos que pensaban que los extraterrestres se ponían en contacto con nosotros por radio. Nosotros –yo, tú, tú, nosotros, todos– éramos demasiado ingenuos”, escribió.

En parte por casualidad un día abre los ojos. En julio de 2009, se publicaba un Informe público sobre el programa de vigilancia del presidente. Pero la versión había sido censurada. Algún tiempo después, “por error”, llegó a su escritorio una versión íntegra de este informe, clasificada como “información sujeta a un control excepcional”. “Varias decenas de personas de todo el mundo estaban autorizadas a conocer su contenido”, dice Edward Snowden.

El documento resulta ser “un relato detallado de los programas de vigilancia más secretos de la NSA, así como la lista de instrucciones que había dado y la línea estratégica adoptada por el Departamento de Justicia para eludir la ley y violar la Constitución estadounidense”, recuerda. “Describía maniobras tan criminales que ningún gobierno podía hacerlos públicos sin antes censurarlo”. “Después de leer este informe”, Edward Snowden pasa “semanas o incluso meses consternado”.

En 2011, la pareja regresa a los Estados Unidos y trabaja para la CIA. La situación del joven empeora por momentos. Comienza a tener ataques epilépticos y termina de baja médica.

En 2012, fue destinado a Hawai, a Tunel, una base de la NSA situada en una antigua fábrica aeronáutica “escondida bajo un campo de piñas”. Está a cargo del mantenimiento de Sharepoint, un programa interno de gestión de documentos de Microsoft. El puesto le da acceso a mucha información. Decide comenzar una “investigación”. “Estaba decidido a saber si mi país había puesto en marcha un sistema de vigilancia masiva y, de ser así, cómo funcionaba realmente”.

Entonces tuvo una idea particularmente atrevida. Comenzó a desarrollar un programa llamado Heartbeat, un sistema para centralizar las diversas fuentes de información de la NSA. “El volumen de información en sus venas era simplemente monstruoso: desde documentos internos dedicados a todas las especialidades posibles e imaginables, hasta actualizaciones sobre los últimos proyectos de investigación criptográfica, pasando por las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional”, explica. “Casi todos los documentos que más tarde puse en manos de los periodistas fueron recuperados gracias a Heartbeat”, dice Edward Snowden.

Lo que descubre confirma sus temores; su país había puesto en marcha, con ayuda de sus aliados, un sistema de vigilancia masiva de las comunicaciones a nivel mundial. Es entonces cuando decide que esta información se debe conocer. “La exposición total del aparato de vigilancia masiva, no por mí, sino por parte de los medios de comunicación, que en realidad es el cuarto pilar del gobierno de Estados Unidos, protegido por la Carta de Derechos; esa fue la única respuesta apropiada a la escala del delito”.

Comenzó a buscar periodistas que hubiesen trabajado en temas de seguridad nacional y descubrió a Laura Poitras, realizadora de documentales que había trabajado en la política exterior estadounidense desde el 11 de septiembre, así como a Glenn Greenwald, defensor de los derechos civiles y columnista de The Guardian. Minuciosamente, prepara el traspaso de los documentos recogidos gracias a Heartbeat.

Aunque ya tiene una visión global de los sistemas de vigilancia de la NSA, todavía quiere saber cómo se aplican en la práctica, hasta qué punto se extienden a las personas y qué es exactamente lo que la agencia ha podido saber. “El programa que hizo posible este acceso se llamaba XKeyScore, que podría describirse como un motor de búsqueda que permite al analista buscar en todos los registros de su vida. Imagine una especie de Google que, en lugar de mostrar páginas de la Internet pública, ofreciera resultados de sus correos electrónicos privados, chats privados, archivos privados, etc.”.

En Hawaii, el único acceso a XKeyScore se encuentra en las instalaciones del National Threat Operations Center (NTOC), el centro nacional de operaciones de lucha contra las amenazas nacionales. Un anuncio de trabajo le permitió incorporarse como “analista de infraestructuras” a través de la subcontrata Booz Allen Hamilton.

El trabajo le da acceso a XKeyScore. Aunque no lo hizo, asegura que era posible realizar una búsqueda con el nombre del presidente estadounidense. “Todas las comunicaciones estaban en el sistema, todas”, dice Edward Snowden.

Entonces ya disponía de todas las pruebas que necesitaba y organiza su fuga. Vació sus cuentas bancarias, ocultó los retiros de efectivo y limpió sus computadoras. Está pensando en un país donde pudiese reunirse con los periodistas. Su elección es, por descarte, Hong Kong.

El día de su partida, se despidió de Lindsay Mills, que se marchaba unos días de camping. Finge un ataque epiléptico como pretexto para no ir a trabajar. Recoge sus cosas y se va, dejando una nota: “Fuera por curro. Te quiero”.

Pero una vez en Hong Kong, los periodistas no se encuentran allí. Laura Poitras ha aceptado venir, pero primero quiere convencer a Glenn Greenwald de que acuda con ella. Durante diez días, no sale de su habitación de hotel. El 2 de junio llegaron los dos periodistas, a los que se unió Ewen MacAskill del diario The Guardian.

El resto de la historia es conocida. El 5 de junio, el diario británico publicó el primer artículo detallando los documentos proporcionados por Edward Snowden. El 9 de junio, emitió el famoso vídeo en el que el denunciante se da a conocer y explica sus motivaciones. A partir de ese momento, se convirtió en un “blanco andante” y fue trasladado del hotel por los abogados, que lo escondieron en casas de refugiados, en los barrios pobres de la ciudad.

El 14 de junio, cuando cumplió 30 años, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de violar la Espionage Act. “Si quería dejar el país libremente, tenía que irme en ese momento”, recuerda. Borré todo lo que había en mis portátiles y destruí la clave criptográfica, lo que significaba que ya no podía acceder a ninguno de los documentos, ni siquiera bajo coacción”.

Un equipo de activistas, periodistas y abogados se formó a su alrededor y se puso en contacto con los países para pedirles que le dieran la bienvenida. "Es entonces cuando entra en escena Sarah Harrison, periodista y editora de WikiLeaks", recuerda Edward Snowden. La experiencia en materia de asilo que adquirió junto a Julian Assange, que en ese momento aún estaba atrapado en la embajada ecuatoriana en Londres, la convirtió en una valiosa aliada.

Estos apoyos organizan un plan de huida para llegar a Ecuador, vía Rusia y luego a Cuba. Pero cuando llegaron a Moscú, Edward Snowden y Sarah Harrison fueron recibidos por un agente del FSB, el servicio de inteligencia ruso, que les informó de que su pasaporte había sido anulado por las autoridades estadounidenses. Pasarán 40 días en el recinto del aeropuerto. Solicitaron asilo en 27 países, incluida Francia. En vano.

Finalmente, el 1 de agosto, las autoridades rusas le concedieron asilo temporal, que ha sido renovado desde entonces. Ahora vive en un apartamento de dos habitaciones en Moscú, donde Lindsay Mills se unió a él hace tres años y donde se casaron. Lleva una vida más o menos normal allí.

¿Valió la pena? Edward Snowden está contento de su innegable sensibilización. En todo el mundo se han abierto debates sobre cuestiones de privacidad, vigilancia y seguridad informática.

En Estados Unidos, “las revelaciones de 2013 incendiaron el Congreso y las dos Cámaras del Congreso han constituido varias comisiones de investigación para investigar los abusos de los agentes no estatales”. Este trabajo dio como resultado la Ley de Libertad de los Estados Unidos de 2015, que revirtió algunas de las disposiciones de la Ley Patriota. En Europa, los debates sobre datos personales han llevado a la adopción del Reglamento General sobre la Protección de Datos Personales (GPDR).

Las empresas de Internet, pilladas en flagrante delito de colaboración con los servicios de inteligencia, han cambiado sus prácticas. Y el número de herramientas de encriptación disponibles para el público en general ha aumentado. “Internet es claramente más segura hoy en día de lo que era en 2013”, dice Edward Snowden.

Pero eso no significa que se haya ganado la batalla. Nada más lejos de la realidad. La cantidad de datos recopilados sobre las personas se ha disparado y su almacenamiento se ha convertido en internacional. "Hoy, sin importar quién eres o dónde estás físicamente, también estás en otro lugar, en el extranjero - tus múltiples yos vagan por las redes de información sin que ningún país sea el suyo, pero están limitados por las leyes de todos los países por los que pasan”.

Para hacer frente a estas nuevas amenazas, Edward Snowden cuenta con “una nueva generación”. “Nacida después del 11 de septiembre, ha vivido toda su vida bajo el espectro omnipresente de la vigilancia. Estos jóvenes que no han conocido ningún otro mundo han intentado imaginarlo y es su creatividad política y su ingenio tecnológico lo que me da esperanza”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Falsamente atribuida al dramaturgo Bertolt Brecht, una parábola inventada justo después de la Segunda Guerra Mundial por un pastor alemán designa al primer aliado de los enemigos de la democracia y de los adversarios de nuestras libertades: la indiferencia, nuestra indiferencia. Con algunas variantes, subraya cómo se encuentran siempre buenas excusas para no preocuparse del destino de los primeros blancos de las derivas o de los regímenes autoritarios. En este caso, en el contexto de los años 1930, el hecho de no ser comunista y no decir nada cuando vinieron a buscarle, ni socialdemócrata, ni sindicalista, ni judío cuando luego les llegó su turno. “Cuando vinieron a buscarme ya no quedaba nadie para protestar”, termina la parábola.

Hay muchas razones legítimas para ser indiferente con la suerte que le espera a Julian Assange, detenido el jueves 11 de abril por la policía británica en la Embajada del Ecuador donde estaba refugiado desde hacía siete años: las acusaciones por violencia sexual que le señalan en Suecia; su aventurismo egocéntrico en la gestión de WikiLeaks que le ha hecho el vacío a su alrededor; su deriva deontológica en la difusión brutal de documentos sin trabajos de verificación ni de contextualización; su oscura complacencia, cuando menos, con el poder ruso y su juego geopolítico; sus recientes elucubraciones ideológicas sobre las redes sociales, en especial sobre el ateísmo, el feminismo y la inmigración.

Pero ocurre que ninguna de esas razones tienen que ver con la razón de Estado que le persigue desde hace casi diez años. Si los Estados Unidos quieren apoderarse del fundador de WikiLeaks, juzgarle, condenarle y encarcelarle es para castigarle por haber puesto al descubierto su poder al revelar, con pruebas gracias a la revolución tecnológica digital, sus numerosas, repetidas e impunes violaciones de los derechos humanos fundamentales en todo el mundo. Hay mucho que temer del jurado secreto formado desde hace mucho para perseguir a Assange, del que trataba de escapar en su fuga solitaria: lo que pretende criminalizar es la investigación y la divulgación de informaciones de interés público.

Que la “conspiración para cometer una intrusión informática” sea la única carga que se le imputa por ahora a Assange, infracción castigada con una pena de cinco años de cárcel, no asegura nada. El objetivo es negar el trabajo de información realizado por WikiLeaks, en colaboración con numerosos socios mediáticos serios y prestigiosos, con el fin de privar a la prensa y los periodistas de la protección concedida, desde 1791, por la primera enmienda de la Constitución americana. Además, este trabajo de revelación, que destapó especialmente las sombras de la invasión y la guerra americanas en Irak, se basaba en una fuente que ya ha pagado un alto precio, Chelsea Manning.

Lejos de ser considerada como una denunciante al servicio del derecho a ser informados, Manning fue tratada como una espía y una amenaza para la seguridad nacional. Detenida en 2010, inculpada con veintidós cargos, entre ellos espionaje y conspiración con el enemigo, encerrada dos meses en una jaula en Kuwait, mantenida en aislamiento en una celda minúscula durante siete meses, donde se le obligaba a dormir desnuda, condenada a treinta y cinco años de cárcel tras haber sido declarada culpable de veinte cargos, indultada por Obama a finales de su presidencia en 2017 después de que hubiera intentado suicidarse dos veces, Chelsea Manning ha vuelto recientemente a la cárcel por negarse a declarar sobre su vínculo con WikiLeaks y Assange en el marco de la investigación secreta que apunta a este último.

Nada garantiza que, si a Julian Assange le extraditan a los Estados Unidos, no se enfrente a las mismas acusaciones ya que no se puede excluir que la justicia americana añada nuevos cargos. En cuanto a la Administración Trump, la cínica utilización de Assange durante la campaña presidencial, en especial por las filtraciones que mostraban la manipulación de las primarias demócratas, no le impedirán echar leña al fuego en este caso. “Si esto hubiera pasado en China, esta gente habría recibido una bala en la cabeza en veinticuatro horas” declaraba Donald Trump en 2010 cuando las revelaciones de Manning a WikiLeaks. “En lo que me concierne, es espionaje”, decía. Y no habrá que excluir la pena de muerte para la fuente de WikiLeaks: “Como saben, antiguamente, si eras un espía, y eso es lo que es él, eras condenado a muerte”.

Desde el campo republicano a muchos demócratas, el poder americano pretende hacer del caso de WikiLeaks un ejemplo definitivo para que no se reproduzca más este asalto pacífico a su poder por informaciones obtenidas de filtraciones masivas. En resumen, para que el reino absolutista de Goliat vuelva a retomar sus excesos pisoteando las frágiles esperanzas de los David digitales. Lo que está en juego en el caso Assange no es su suerte particular sino el futuro, democrático o autoritario, de la revolución digital. Ninguna tecnología es automáticamente liberadora, son los usos sociales, políticos y económicos los que determinarán el futuro, emancipador o retrógrado. Y es que lo que está en juego sobre la suerte de Assange, como la de Manning y Snowden, es el campo de batalla simbólico: la apropiación democrática por el pueblo de las herramientas digitales o su confiscación autoritaria por la alianza de poderes estatales y monopolios económicos.

No hay necesidad alguna de tenerles aprecio personalmente y ni mucho menos apoyarles ciegamente para comprender que estas tres personas, que se han arriesgado con la audacia de su juventud, van a quedar como los personajes emblemáticos, valientes y vencidos de las esperanzas democráticas sustentadas por la tercera revolución industrial de nuestra modernidad. Igual que con la máquina de vapor y más tarde la electricidad, la revolución digital abre el horizonte de una “nueva era democrática”, según la fórmula de un informe parlamentario francés de 2016, que fue inmediatamente enterrado debido a su audacia profética. Como las anteriores, el motor de esta revolución son estos derechos fundamentales gracias a los cuales los pueblos vuelven a ser dueños de su destino: libertad de decir y derecho a saber.

Nuestro Renacimiento, entre la Reforma y la Contrarreforma

Julian Assange, joven hacker australiano, fue el primer teórico, cuando no tenía ni treinta años, en inventar este arma del débil frente al fuerte que constituyen las leaks (filtraciones) transmitidas por los links (enlaces);  Chelsea Manning, joven soldado de apenas veinte años, respondió espontáneamente a esa llamada desde una base americana en Irak donde, llamándose todavía Bradley, fue testigo de actos criminales de su propio país; Edward Snowden, antiguo analista de la CIA,  tomó el relevo cuando tenía sólo veintinueve años tras buscar metódicamente las pruebas de  la vigilancia planetaria generalizada organizada por la NSA americana y organizó él mismo sus revelaciones con la ayuda del defensor de derechos humanos Glenn Greewald y de la documentalista Laura Poitras.

Manning fue denunciada e inmediatamente arrestada en 2010; Assange se refugió en la Embajada del Ecuador en Londres en 2012, prisionero voluntario de alguna forma ya que su porvenir era poco envidiable; Snowden está bloqueado en Moscú desde 2013, rehén a la fuerza del poder ruso y tal vez moneda de cambio mañana. Nueve años, siete años, seis años, los tres son héroes del derecho a saber que han pagado ya muy caro por defenderlo. Sean cuales sean sus debilidades, sus confusiones, sus soledades, sus fragilidades, nosotros les debemos reconocimiento y solidaridad. Han luchado para que todo documento que afecte al futuro de los pueblos, de las naciones y de las sociedades sea conocido del público para que pueda hacerse una opinión, juzgar con los elementos en mano, elegir para actuar, influir en la política de los gobiernos y los asuntos del mundo.

“La publicidad es la salvaguardia del pueblo”, decía en el verano de 1789 Jean Sylvain Bailly,  primer presidente del Tercer Estado al principio de la Revolución Francesa en el momento en que era elegido primer alcalde de la Comuna de París. Todo lo que es de interés público debe hacerse público. Multiplicando sus efectos, la revolución tecnológica, de la que lo digital es su motor, aumenta la dimensión emancipadora de esta promesa radicalmente democrática y eso es lo que los poderes no soportan, que su campo de acción sea la dominación estatal o la apropiación mercantil.

Ellos querrían que la democracia fuera un asunto de los especialistas y de expertos al servicio de sus intereses y sus ambiciones y que habría que dejarles actuar amparándose en el secreto. Es la razón de los propietarios, la razón oligárquica, en un cruce entre el haber y el poder, entre la potencia y las finanzas donde, por el privilegio de la fortuna, título o nacimiento, una pequeña minoría se cree más legítima que la gente corriente para hablar y actuar en su nombre.

Haciendo demostración de que la información está a su alcance, WikiLeaks ha propuesto revertir esta dominación con las armas de la información, del conocimiento y del saber, armas harto pacíficas cuando por el contrario las de los Estados son violentas, humillantes, ofensivas e hirientes, incluso mortales. Es esta audacia democrática la que, a través de Julian Assange, los poseedores del orden establecido, en una coalición sin principios donde sólo el poder cuenta, quieren sancionar con la esperanza de hacerla desaparecer, aunque sea momentáneamente.

En un ensayo reciente, Cultura digital (Prensas de Ciencias Políticas), Dominique Cardon, autor de la optimista obra La democracia Internet, de 2010, estima que la aparición de lo digital en nuestras usos diarios evoca, más que las revoluciones industriales de nuestra modernidad, la sacudida definitiva y sin retorno y que supuso la invención de la imprenta en el siglo XV: “Una ruptura en la manera en la cual nuestras sociedades producen, comparten y utilizan los conocimientos”. Fin del monopolio del saber por los clérigos, inicio de su democratización con, de paso, el excepcional Renacimiento, sus grandes descubrimientos, su efervescencia artística, sus libres pensadores y sus libertinos, en suma, el principio de este largo camino hasta la proclamación de que nacemos libres e iguales en derechos, sin distinción de origen, condición, apariencia, creencia, sexo, etc.

Un largo camino, en efecto, en el que las audacias emancipadoras fueron mártires antes de ser reconocidas y célebres. Recordemos a Tomás Moro, el inventor de la utopía, ese lugar en ninguna parte que designa la esperanza jamás inacabada y siempre vuelta a empezar, decapitado en 1535. Recordemos a Giordano Bruno, quemado vivo en Roma en 1600 por haber pensado en la vida eterna de todos contrariamente a la proyección conquistadora de Europa sobre el planeta Tierra. Recordemos a Miguel Servet, quemado vivo igualmente en Ginebra en 1553 porque luchaba contra el repliegue autoritario y sectario de la disidencia protestante con Juan Calvino, compartiendo su revuelta original. Recordemos finalmente a Esteban Dolet, el impresor humanista quemado en la plaza Maubert de París en 1546 porque defendía el acceso libre y pluralista al saber y al conocimiento.

Cierto que comparar no es tener razón y no se quema hoy en las calles a los pioneros del derecho a saber pero, en secreto, se les tortura, se les despieza, se les disuelve, es decir, se les hace sufrir una suerte terrible similar a los casos citados ante la indiferencia general de nuestros gobernantes supuestamente demócratas, si queremos mirar de frente el martirio de nuestro colega saudí Jamal Kashoggi.

La revolución digital está cargada de Reforma de la misma manera que lo estuvo el surgimiento del protestantismo frente a la corrupción de la cristiandad, de sus prevaricacines y sus imposturas. Para obstaculizarla se monta una Contrarreforma de la que el caso de Assange es el símbolo: hacer retroceder las libertades digitales, demonizar a la gente que las utiliza, mirar desde arriba a una supuesta muchedumbre con el fin de seguir siendo propietario de la verdad, protregerse contra el surgimiento de preguntas y soluciones planteadas por ese “cualquiera” democrático al que la revolución digital permite realizarse.

En nuestra época incierta y frágil no tenemos más que una protección, la que nos facilita estos cuatro derechos fundamentales que son los de reunión, expresión, manifestación e información. Defenderlos es hoy un compromiso prioritario y por eso la suerte de Julian Assange nos concierne. Europa, que no ha sabido estar a la altura de sus valores autoproclamados ofreciendo asilo a los pioneros de nuestras libertades digitales, no debería permitir la extradición del fundador de WikiLeaks hacia los Estados Unidos.

La cultura digital, con sus utopías y sus promesas, está ahora mismo a prueba contra una doble regresión estatal y mercantil, unida en la desconfianza de pueblos rebeldes e incontrolables. El invierno digital se acerca, con sus leyes de vigilancia y de control,  su rechazo a la participación y su demonización de las redes, su designación de los pioneros de las libertades digitales como cabezas de turco de una crispación identitaria y de seguridad. El desencanto de Internet, analizado por el universitario Romain Badouard, es también una regresión democrática entre la pérdida de fe, crisis de confianza y tentación autoritaria.

“Peor que el ruido de las botas es el silencio de las zapatillas”: esta lúcida frase del dramaturgo suizo Max Frisch se corresponde con la advertencia inicial de este artículo: si permanecemos indiferentes al destino de los pioneros de las libertades digitales, seremos las primeras víctimas de su cuestionamiento.

  Mediapart es uno de los socios europeos de WikiLeaks desde 2011. Por aquel entonces, expliqué las razones por las cuales la defensa de Internet y la de WikiLeaks eran inseparables, en un artículo publicado en Mediapart y en cuatro publicaciones en mi blog personal en el Club de Mediapart. Pueden consultar en PDF (en francés) todas estas contribuciones, o pinchar en este enlace para acceder al artículo haciendo clic aquí: 1, 2, 3, 4, para consultar los billetes de mi blog. Junto a François Bonnet, nos encontramos con Julian Assange en 2011 cuando, de hecho, se encontraba bajo arresto domiciliario en Reino Unido (leer aquí).

  Traducción de Miguel López

Puedes leer el texto completo en francés aquí:

El Parlamento Europeo ha aprobado en sesión plenaria la directiva de la UE que protege a los denunciantes de corrupción. La propuesta, que la Comisión Europea presentó en abril de 2018, sumó 591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones. Tras ser aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 20 de noviembre, se abrió el triálogo, las discusiones entre la Comisión Europea, los eurodiputados y el Consejo de la UE –que representa a los Estados miembros–, que ha culminado en la votación de este martes. Así se materializa una idea que vio la luz con una iniciativa de la eurodiputada francesa Virgine Rozière, del Partido Radical de la Izquierda, aprobada por la Eurocámara el 24 de octubre de 2017.

Para entonces, el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung –y el resto de los medios integrados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)– llevaba más de un año publicando los Papeles de Panamá, Edward Snowden hacía cuatro años que había huido a Rusia tras destapar los sistemas de vigilancia intensiva de la NSA estadounidense y Hervé Falciani ya vivía protegido en España desde que en 2012 fue detenido en Barcelona por revelar una lista de 130.000 evasores fiscales amparados por el secreto de las cuentas del banco suizo HSBC. Son sólo algunos de los whistleblowers que han ocupado las primeras páginas de los periódicos en los últimos años por destapar prácticas ilícitas de instituciones y gobiernos, cuando no tramas delictivas que involucran a empresas, bancos y grandes fortunas de todo el mundo.

La directiva, que deberá ser trasladada ahora a las legislaciones de todos los Estados miembros de la UE, protege a los denunciantes de corrupción o alertadores –como se ha traducido whistleblowers del inglés– de posibles represalias. También crea un mecanismo seguro que permita a cualquier persona que posea información sobre prácticas ilícitas de todo tipo, denunciarlas en el seno de las empresas y las instituciones públicas sin temor a ser despedida, degradada, sancionada, coaccionada, discriminada, incluida en una lista negra…

Europa pierde miles de millones por no proteger a los denunciantes

El beneficio del sistema de protección que la UE extiende a todo el continente no es una medida filantrópica. Según un estudio sobre los beneficios económicos de proteger a los denunciantes en la adjudicación de contratos públicos, que elaboró la Comisión en 2017, Europa pierde cada año entre 5.800 y 9.600 millones de euros por no proteger a estos informantes. Las infracciones que desvelan los alertadores “crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, perjudican a los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa”, advierte la Comisión en las consideraciones iniciales de su propuesta de directiva. Fraude y evasión fiscal, corrupción, delitos medioambientales, seguridad alimentaria y en el transporte, riesgos para la salud pública y vulneración de la competencia son sólo algunos de los terrenos donde los denunciantes han demostrado ya su valor.

Sin un sistema adecuado que no sólo garantice el secreto y la confidencialidad, sino también la eficacia de las denuncias –que éstas den lugar a la apertura de investigaciones y a la toma de medidas, políticas o judiciales–, denunciar prácticas irregulares suponía un riesgo considerable. De hecho, hasta el momento sólo 10 de los 28 miembros de la UE cuentan con mecanismos legales protectores: Francia, Irlanda, Italia, Hungría, Lituania, Malta, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y Eslovaquia.

España, sin sistema de protección

España es uno de los países que carecen de un sistema de protección. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó su proyecto de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que ha quedado bloqueada tras recibir un chaparrón de enmiendas, unas 400, del resto de los grupos parlamentarios. Con la disolución de las Cortes, la iniciativa es ya papel mojado. “Y mejor que sea así, porque no cumple casi ninguno de los requisitos de la directiva europea”, apunta Simona Levi, impulsora del Partido X, nacido del movimiento del 15M.

El texto elaborado por el partido de Albert Rivera sólo protege a los funcionarios públicos y altos cargos de las administraciones y únicamente si lo que se denuncia constituye un “delito o infracción administrativa o puede dar lugar a responsabilidades por alcance”, por lo que deja fuera cualquier otro tipo de información por relevante que sea. Además, no concede valor a las denuncias anónimas.

En plena tramitación se encuentran igualmente dos proyectos de ley autonómicos, en Cataluña y País Vasco. El primero, asegura Levi, tiene asegurado el apoyo mayoritario de la Cámara autonómica catalana. Con la segunda, una propuesta de Unidos Podemos, no está tan claro. Además, Castilla y León aprobó en 2016 una ley que sólo regula las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre posibles delitos contra la Administración pública, y que la responsable del Partido X critica por estar diseñada con el mismo patrón que el proyecto de Ciudadanos. Finalmente, la Comunidad Valenciana incluyó algunos mecanismos de protección para denunciantes en la norma por la que creó la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Canales internos y externos, asistencia jurídica gratuita

Como la Comisión Europea considera que los sistemas de garantía para los alertadores son “desiguales” y están “fragmentados”, la directiva proporciona unas normas mínimas comunes que luego cada Estado miembro desarrollará. Así, la directiva da protección a “la gama más amplia de categorías de personas”: trabajadores, no importa si a tiempo parcial, con contrato temporal, dependientes de ETT o autónomos, pero también proveedores de empresas, consultores, empleados de subcontratas, accionistas, directivos, trabajadores en prácticas no remuneradas, voluntarios e incluso precandidatos a puesto de trabajo. Todos ellos tienen ahora garantizado el anonimato y la inmunidad. Tanto del sector público como del privado.

En el primer caso, cualquier ayuntamiento con más de 10.000 habitantes, y por supuesto las administraciones autonómicas y la estatal, deberán contar con un sistema para canalizar denuncias internas. Lo mismo será obligatorio para empresas con más de 50 empleados o que facturen más de 10 millones de euros, excepto si pertenecen al sector financiero; en ese supuesto, todas tendrán que poseer un canal de denuncias interno sin importar el tamaño.

Además, las administraciones deberán contar con un sistema para denuncias externas, las que presente cualquier particular: organismos de regulación (la Comisión Nacional de la Competencia o la CNMV en España ya los tienen), autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo, enumera el proyecto de directiva.

En su momento, los debates del triálogo se centraron en si debía ser obligatorio para cualquier alertador acudir primero al canal interno antes de recurrir al externo o a la prensa. Finalmente, el filtrador podrá elegir qué canal de denuncia prefiere aunque se fomentará que primero utilice el interno antes de ir al público.

También resultó controvertida la protección a los periodistas y a los activistas de ONG. El Partido X advierte de que la directiva “deja en situación de vulnerabilidad” a unos y otros, “un aspecto que habrá que pelear en la transposición al marco legislativo español”, subraya. “La protección de los denunciantes como fuentes de informaciones periodísticas”, destaca la iniciativa europea, “es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas”. 

La directiva, además, incluye no sólo la asistencia jurídica gratuita para los denunciantes que deban afrontar juicios, sino también sanciones para quienes tomen represalias contra los alertadores o para estos últimos si hacen denuncias falsas.

La onda expansiva de las denuncias

Mientras eurodiputados, funcionarios europeos y representantes de los gobiernos ultimaban la norma, Rui Pinto, el portugués que creó Football Leaks, permanecía en arresto domiciliario en Budapest (Hungría), con una tobillera electrónica que le impide salir de su apartamento. Los 70 millones de documentos que compartió con Der Spiegel y la red EIC (European Investigative Collaborations) han permitido investigar y condenar por delito fiscal a un puñado de futbolistas de élite –Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Özil, Coentrao, Falcao–. Finalmente, fue extraditado a Portugal, donde el pasado 24 de marzo fue ingresado en prisión preventiva. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión.

Antoine Deltour, que destapó los acuerdos fiscales secretos de Luxemburgo y 300 empresas, entre ellas multinacionales como Amazon, Fiat, Ikea, Burberry o Pepsi, resultó absuelto finalmente por los tribunales del Gran Ducado el pasado mes de junio. Pero antes había sido condenado a un año de prisión y una multa por robar documentos y revelar secretos empresariales. Trabajaba en la consultora PriceWaterjouseCoopers (PwC), de donde se llevó documentos que envió a un periodista de investigación francés, Edouard Perrin, en 2011. Los Luxleaks, como se bautizó el escándalo, pusieron en serios aprietos al ahora presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se firmaron esos acuerdos con dudosos privilegios fiscales. Tirando del hilo, Bruselas tumbó los tax rulings de Holanda con Starbucks –de 20 a 30 millones de euros–, de Fiat –otros 30 millones– y Amazon –250 millones– con Luxemburgo, así como de Apple con Irlanda –13.000 millones de euros–.

En España, Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel de corrupción en el PP, fue despedida del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) pero terminó ganando en el Tribunal Supremo la demanda por acoso laboral que interpuso contra el consistorio. Los jueces también dieron la razón a Azahara Peralta, la directora de Obra de la empresa pública Acuamed, que fue despedida tras alertar de unos sobrecostes falsos de 36 millones en un contrato con FCC. Luis Gonzalo SeguraLuis Gonzalo Segura, el teniente expulsado del Ejército por denunciar corrupción en las fuerzas armadas en un libro y en entrevistas periodísticas, y Roberto Macías, a quien el fiscal pedía tres años de cárcel por filtrar la contabilidad interna de la UGT andaluza, son otros nombres de alertadores españoles que han terminado siendo desvelados.

Por el contrario, constituye aún una incógnita quién se oculta tras John Doe, el informante que proporcionó 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca al Süddeutsche Zeitung. La onda expansiva provocada por los Papeles de Panamá tuvo alcance planetario. Salpicaron a jefes de Estado y primeros ministros, así como a grandes fortunas, empresas y bancos. Se abrieron más de un centenar de investigaciones judiciales. Desde Mauricio Macri (Argentina) hasta Sigmundur David Gunnlaugsson (Islandia), pasando por el emir de Dubai o el presidente de Ucrania aparecieron en los documentos por sus sociedades opacas situadas en paraísos fiscales.

En España, el exministro del PP José Manuel Soria –tuvo que dimitir–, el comisario europeo Miguel Arias Cañete, el exvicepresidente Rodrigo Rato, la hermana del rey emérito Pilar de Borbón, famosos como Bertín Osborne, Pedro Almodóvar, Imanol Arias Pedro AlmodóvarImanol Ariaso Alex Crivillé habían utilizado el bufete panameño para eludir el pago de impuestos a Hacienda.

Seis años y diez meses después de que Ecuador le concediese asilo político en su embajada en Londres, el mundo conoció este jueves por la mañana la detención del líder de WikiLeaks, Julian Assange, por parte de Scotland Yard. El arresto se produjo en virtud de una orden emitida en 2012, después de que Assange violase la libertad condicional en la que estaba, y EEUU ha pedido inmediatamente su extradición por "conspiración", un delito por el que podría enfrentarse hasta a cinco años de prisión. Assange, no obstante, no es el único filtrador de documentos perseguido por la justicia: nombres como los de Rui Pinto, Chelsea Manning, Edward Snowden o Hervé Falciani también se han visto en situaciones parecidas en los últimos años.

Assange llevaba encerrado en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido desde el año 2012, pero sus problemas con la justicia comenzaron antes, en el año 2010, cuando WikiLeaks publicó 391.000 documentos secretos del Pentágono relativos a la Guerra de Irak, una filtración sin precedentes por entonces de la que se hicieron eco medios a escala mundial. Ese mismo año, la organización de Assange también publicó otros 91.000 documentos secretos relativos a la Guerra de Afganistán, y asimismo hizo públicos 250.000 cables diplomáticos confidenciales de EEUU.

Con las autoridades de medio mundo con sus ojos puestos en Assange, este se entregó a la policía y fue puesto en libertad condicional. No obstante, un juez británico aprobó en enero de 2011 la extradición a Suecia del líder de WikiLeaks, acusado de cargos de acoso sexual y violación, una extradición que fue confirmada en junio de 2012 tras desestimar la justicia británica su recurso. Fue entonces cuando Assange se refugió en la embajada ecuatoriana, argumentando que su extradición a Suecia no sería sino el primer paso de un proceso que acabaría con él en EEUU para ser juzgado por las filtraciones de documentos.

En 2017, cuando Assange ya llevaba cinco años en la Fiscalía sueca cerró la investigación por violación y retiró la orden de arresto internacional contra él por la imposibilidad de procesarlo estando asilado en la embajada de Ecuador. Pero la orden de detención por parte de las autoridades británicas contra él seguía en vigor, y por ello el líder de WikiLeaks se mantuvo encerrado en la legación de Ecuador, país que le concedió la nacionalidad.

No obstante, a raíz del cambio de gobierno y el acceso a la presidencia de Lenín Moreno en 2017, el país cambió su actitud con respecto a un asilado cada vez más incómodo. En marzo de 2018, el Ejecutivo ecuatoriano restringió el acceso a las comunicaciones con el exterior de Assange por haber incumplido su promesa de evitar opinar sobre cuestiones políticas de otros países –fue, por ejemplo, muy activo en la defensa del referéndum ilegal del 1-O– y le restringió las visitas.

Como corolario de esta degradación de las relaciones, este jueves el presidente Moreno retiraba el asilo a Assange "por violar reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia" en la embajada y lo acusó de "conducta irrespetuosa y agresiva", así como de ser el máximo responsable de "las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización". La decisión ha sido criticada por diferentes organizaciones y activistas, como Amnistía Internacional o X-Net, cuya cofundadora, Simona Levi, aseguró a este diario que la posible extradición de Assange es "muy preocupante". "Es cierto que la situación [en la embajada] era tensa" y la relación con Ecuador –un país "pequeño y sujeto a las presiones de EEUU"– "conflictiva", pero "se hubieran tenido que buscar otras soluciones", lamenta.

Chelsea Manning y Edward Snowden

Precisamente sus relaciones con Assange fueron las que llevaron a tener problemas con la justicia de su país a Chelsea Manning, una exsoldado estadounidense que fue condenada a 35 años de prisión por filtrar los cables diplomáticos y los documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán que WikiLeaks publicó en 2010. Manning era analista de inteligencia en el ejército de EEUU y estuvo destinada en Irak, desde donde habría tenido acceso a la información que posteriormente filtró y por la que fue condenada en 2013 por espionaje, robo de información gubernamental o abuso de su posición.

El presidente Barack Obama conmutó su pena en 2017 antes de dejar la Casa Blanca, pero este lunes su nombre volvió al primer plano de la actualidad, ya que la acusación de "conspiración" que EEUU achaca a Assange tiene que ver, precisamente, por sus tratos con Manning para obtener la información que publicó WikiLeaks. "Assange se implicó en una conspiración [...] para ayudar a Manning a hackear la contraseña almacenada en los ordenadores del departamento de Defensa conectados a la Red Secreta, usada por el Gobierno estadounidense para clasificar documentos y comunicaciones", afirmó este jueves la Fiscalía estadounidense, que aseguró que en sus conversaciones "Assange animó activamente a Manning a proporcionarle más información".

Otro de los filtradores de documentos clasificados de EEUU no ha tenido tanta suerte y aún se encuentra asilado, en su caso en Rusia: Edward Snowden, antiguo consultor de la NSA, que reveló a través de los diarios The Guardian y The Washington Post cómo esta agencia registró llamadas y otras comunicaciones de estadounidenses sin orden judicial y también espió a sus propios países aliados y a dirigentes como la canciller alemana Angela Merkel. Snowden huyó a Hong Kong antes de realizar su filtración, y EEUU pidió su extradición desde allí acusándolo de revelar sus programas de espionaje.

No obstante, el exanalista pudo huir a Moscú, desde donde realizó peticiones de asilo a países como Ecuador, Venezuela, Bolivia o incluso España. No obstante, fue finalmente Rusia quien le ofreció un permiso de residencia temporal que ha ido renovando en varias ocasiones y Snowden continúa en la capital del país dado que EEUU sigue manteniendo contra él sus acusaciones y el expresidente Barack Obama rechazó otorgarle el perdón argumentando que, para ello, antes tenía que ser condenado por un tribunal.

Rui Pinto, en prisión

Quien sí se encuentra en prisión es el informático portugués Rui Pinto, en prisión preventiva desde hace meses –primero en Hungría y, actualmente, en su propio país– por haber hecho posible la filtración de documentos de Football Leaks que ha puesto al descubierto las prácticas que siguen grandes estrellas del mundo del fútbol para eludir impuestos. La justicia portuguesa le acusa de robo de datos y extorsión, unos cargos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y que él niega de forma rotunda: de hecho, se ha ofrecido a las autoridades europeas como testigo para prestar su colaboración en las investigaciones penales abiertas a raíz de sus filtraciones, algo que ya hizo en el otoño de 2018 con la Fiscalía de Delitos Económicos de Francia.

Desde la primavera de 2016, Rui Pinto ha enviado 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart –socio francés de infoLibre– y sus socios de la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). Ese volumen de información se ha traducido en más de 800 artículos que han destapado qué se esconde detrás del negocio del fútbol. Las informaciones han motivado la apertura de investigaciones judiciales en varios países, entre ellos España y Francia. Los delitos fiscales del futbolista Cristiano Ronaldo y del entrenador José Mourinho tras su paso por el Real Madrid, los fichajes basados en criterios raciales del París Saint Germain o la tolerancia de la UEFA ante las presuntas violaciones del fair play financiero de ese equipo francés y del Manchester City son algunos de los escándalos destapados por Football Leaks.

Falciani, condenado pero libre

Por el contrario, el informático suizo Hervé Falciani, responsable de haber filtrado una lista de presuntos defraudadores fiscales clientes del banco HSBC en Ginebra, se encuentra en libertad y, de hecho, su filtración ha servido para que haciendas como la francesa o la española hayan recaudado cientos de millones de euros que se habían mantenido ocultos al fisco. Se calcula que hay en la lista 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles, algunos de los cuales están siendo investigados judicialmente. De hecho, en 2010, la Agencia Tributaria ya ingresó 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 de estos contribuyentes.

No obstante, el periplo de Falciani desde que filtró estos datos en 2008 estos datos –y desde que, en 2009, dio a conocer públicamente su identidad– no ha sido fácil. La justicia suiza lo condenó en 2015 a cinco años de prisión por violación del secreto comercial, pero lo hizo con él ausente, ya que residía en Francia, desde donde no podía ser extraditado al país helvético. Falciani, no obstante, volvió a ser detenido en 2018 en Madrid en virtud de una orden de detención de Suiza, pero la Audiencia Nacional rechazó el pasado septiembre su extradición, como ya hizo en 2013.

La justicia argumentó entonces que los delitos por los que ha sido condenado en Suiza no son punibles en España, ya que revelar "a las autoridades de inteligencia financiera, administraciones tributarias de diferentes Estados y a las autoridades judiciales y fiscales" los datos que recabó sobre "actividades sospechosas de ilegalidad" no es constitutivo de delito.

Rui Pinto, el informático que ha hecho posible la filtración de documentos de Football Leaks, va a recurrir la prisión preventiva en la que se encuentra desde que la jueza lisboeta Maria Antonia Andrade ordenó su entrada en la cárcel el pasado viernes. Pinto ha sido extraditado a Portugal, su país de origen, por Hungría, donde residía. La jueza le acusa de robo de datos y extorsión, unos cargos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y que él niega de forma rotunda.

“Nuestro cliente es tan importante como John Doe, que puso al descubierto los Papeles de PanamáPapeles de Panamá”, subrayan sus abogados en un comunicado hecho público este miércoles. Y recuerdan que Eurojust, el órgano de la UE encargado de la cooperación judicial entre los países miembros, ha decidido impulsar las investigaciones penales abiertas gracias a la filtración de Rui Pinto. Por ese motivo, el portugués se ofrece a las autoridades europeas como testigo para prestar su colaboración, algo que ya hizo en el otoño de 2018 con la Fiscalía de Delitos Económicos de Francia.

Los abogados de Pinto alegan que la prisión preventiva no está justificada porque “carece de base legal”. El delito de extorsión que se le imputa es el único que según la ley lusa implica el encarcelamiento sin juicio previo. La acusación se refiere a una supuesta conversación con los responsables del fondo de inversión Doyen Sports, en la que sin embargo Rui Pinto, destacan los letrados, “rehusó cualquier tipo de transacción” con los documentos que obraban en su poder.

El próximo lunes, los abogados del joven portugués, William Bourdon –que también se ocupó de la defensa de Edward Snowden– y Francisco Teixera, explicarán en Lisboa los fallos de la protección a los filtradores en Europa, y lo harán junto a la eurodiputada portuguesa Ana Gomes y Antoine Deltour, el filtrador de Luxleaks, los polémicos acuerdos fiscales de Luxemburgo. También expondrán detalles sobre el caso concreto que afecta a Football Leaks.

De Ronaldo a Mourinho y el Manchester City

Desde la primavera de 2016, Rui Pinto ha enviado 70 millones de documentos confidenciales a la revista alemana Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart –socio francés de infoLibre– y sus socios de la red de medios EIC (European Investigative Collaborations). Ese volumen de información se ha traducido en más de 800 artículos que han destapado qué se esconde detrás del negocio del fútbol. Las informaciones han motivado la apertura de investigaciones judiciales en varios países, entre ellos España y Francia. Los delitos fiscales del futbolista Cristiano Ronaldo y del entrenador José Mourinho tras su paso por el Real Madrid, los fichajes basados en criterios raciales del París Saint Germain o la tolerancia de la UEFA ante las presuntas violaciones del fair play financiero de ese equipo francés y del Manchester City son algunos de los escándalos destapados por Football Leaks.

Bourdon y Teixera consideran “paradójico” que Rui Pinto se encuentre en prisión preventiva cuando al mismo tiempo un borrador de directiva de la UE recomienda que se aumente el grado de protección legal a los filtradores. Aprobado por unanimidad el pasado día 18 en la Comisión Europea, el borrador tiene por objeto ampliar la protección de aquellos ciudadanos que vulneren la ley, y en concreto rompan la confidencialidad, en beneficio del interés general.

El Senado de Estados Unidos ha aprobado este jueves un proyecto de ley para ampliar otros seis años el programa de vigilancia cibernética de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), según informa Europa Press.

La legislación no supone grandes cambios para la ley ya vigente, que se ha topado en numerosas ocasiones con las críticas de grupos de defensores de las libertades y los derechos fundamentales, que han criticado duramente la medida por socavar la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

La legislación, que fue aprobada con facilidad por el Congreso, pasará a hora a manos del presidente, Donald Trump, para su posterior entrada en vigor. En el Senado, la medida ha sido aprobada con 65 votos a favor y 34 votos en contra.

La renovación del programa de cara a los próximos seis años pone fin a años de debate para redefinir las labores de Inteligencia de Estados Unidos tras la revelación realizada por el extrabajador de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden en 2013.

La ley incluye la conocida como sección 702, que permite a los servicios de Inteligencia estadounidenses recopilar masivamente datos telefónicos principalmente de extranjeros.

Voces críticas han manifestado que el programa permite a la NSA y otras agencias de Inteligencia hacerse con datos de ciudadanos estadounidenses, algo que resulta inconstitucional.

En estos y otros países africanos, las acciones tramposas y secretas de las élites empresariales y políticas para enriquecerse o mantenerse en el poder, respectivamente, han salido a la luz gracias a los whistleblowers o alertadoreswhistleblowers . John Githongo descubrió tratos fraudulentos sobre equipamiento militar y otras estafas en Kenya; Abdullahi Hussein filmó en secreto atrocidades contra los Derechos Humanos en Etiopía; Jean-Jacques Lumumba, un banquero del Congo, sacó a la luz graves casos de malversación de fondos que implicaban a la familia Kabila. Todos ellos, corrieron grandes riesgos para su seguridad personal y profesional.

No solo en África sino en el mundo entero, los ciudadanos están adquiriendo conciencia sobre los oscuros y opresivos poderes políticos, económicos y financieros que impactan en sus vidas diarias. Gracias a las revelaciones de los whistleblowers, en un contexto de nuevas tecnologías de comunicación y aumento de la globalización, somos capaces de discernir con mayor claridad, la vigilancia de los servicios de inteligencia y las grandes pérdidas financieras generadas por políticas bancarias. Prácticas que favorecen la evasión de impuestos y el lavado de dinero sobre las necesidades de los ahorradores individuales.

Independientemente de la ausencia de límites al poder de aquellos que realmente controlan las políticas que afectan directamente a nuestros derechos, estamos todavía lejos de entender todos los aspectos del dominio que estos dirigentes tienen sobre nuestras libertades. Sin embargo, Chelsea Manning, Edward Snowden, Antoine Deltour (LuxLeaks), Hervé Falciani (SwissLeaks), Julian Assange (WikiLeaks) y muchos otros whistleblowershan iluminado para nosotros estos espacios oscuros y sinuosos, revelando las restricciones a nuestras libertades, así como los daños graves a la salud pública y a los recursos naturales. Como origen de estas informaciones, muchas veces son ellos mismos las primeras víctimas de sus revelaciones. Prisiones de alta seguridad, exilio forzoso, interminables procedimientos legales, amenazas de muerte y otras represalias convierten injustamente  a estos defensores del interés público en enemigos públicos.A pesar del creciente valor de las revelaciones de los whistleblowers, una gran mayoría de países carecen o tienen una regulación débil de protección de los derechos de los alertadores de casos de corrupción. África no es una excepción. Solo siete de sus 54 países, han aprobado una ley de whistleblowers, en comparación con  los once de 28 países de la UE. Entre ellos aún no se encuentra España, si bien recientemente se ha presentado una propuesta parlamentaria cuyo éxito dependerá de los acuerdos de los diferentes grupos, entre los cuales es dudoso que se encuentre el Partido Popular. Al mismo tiempo, ante la debilidad de los sistemas de control, prosperan los grandes flujos de dinero sucio y opaco y la separación entre el interés público y privado es en el mejor de los casos difusa, lo que se aprovecha por cleptócratas de toda laya para extraer dinero y recursos públicos.Con demasiada frecuencia, los compromisos contra la corrupción propugnados por uno u otro Gobierno resultan ser una mera fachada y una "instrumentalización" para acabar con sus oponentes. ¿Cuántas multinacionales extranjeras confían en la porosidad de instituciones locales para obtener el máximo beneficio para ellas mismas, asiduamente a expensas de la población local?África necesita a estos vigilantes o alertadores ciudadanos para frenar las violaciones del estado de derecho. Los whistleblowers deben gozar de un apoyo real puesto que es esencial, como recordaba Hanna Arendt, "crear espacio para la desobediencia civil en el actuar de nuestras instituciones públicas". La situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran los whistleblowers, se acrecienta por los graves riesgos que asumen cuando sus países están controlados por guarniciones militares o peligrosos potentados. Por ello, resulta esencial proteger a estos testigos directos de las acciones que perjudican el interés público y ayudarlos a compartir su información con autoridades y público general.Estos vigilantes –ya sean empleados de banco o soldados, obreros o contables– deben poder contar con una comunidad de expertos con la voluntad de ayudarles a enfrentar a los "demonios" del poder: mala administración, corrupción, impunidad, violaciones de Derechos Humanos y otras atrocidades. Necesitan medios seguros y a salvo para compartir documentación sensible y evidencias con periodistas y autoridades. Necesitan un equipo de abogados y activistas para escudarlos ante las casi seguras represalias y amenazas que les esperan. La libertad de expresión debe ser protegida por fuertes leyes de protección de whistleblowers, que se apliquen realmente.George Bernanos escribió, "se necesitan muchos rebeldes para hacer al pueblo libre". Los whistleblowers pueden ser los rebeldes que África estaba esperando. __________________* William Bourdon y Baltasar Garzón son abogados de Derechos Humanos y fundadores de la Plataforma para la Protección de Whistleblowers en África (PPLAAF).han iluminado para nosotros estos espacios oscuros y sinuosos, revelando las restricciones a nuestras libertades son ellos mismos las primeras víctimas de sus revelaciones

whistleblowersSolo siete de sus 54 países, han aprobado una ley de whistleblowerswhistleblowers

mera fachada y una "instrumentalización" para acabar con sus oponentes

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ayudarles a enfrentar a los "demonios" del poderLa libertad de expresión debe ser protegida por fuertes leyes de protección de whistleblowerswhistleblowers

Los whistleblowers pueden ser los rebeldes que África estaba esperandowhistleblowers 

* William Bourdon y Baltasar Garzón son abogados de Derechos Humanos y fundadores de la Plataforma para la Protección de Whistleblowers en África (PPLAAF).William Bourdon y Baltasar Garzón

Después del derribo de un caza ruso en noviembre de 2015, las relaciones entre Turquía y Rusia casi no existían. El embajador ruso desempeñó un papel muy importante tanto en la normalización de las relaciones entre Ankara y Moscú como en la evacuación de los civiles inocentes atrapados en el este de Alepo y los rebeldes. Era un profesional muy respetado en Turquía. Como ha dicho el ministro de Exteriores turco: “El embajador Karlov era un diplomático único que se había ganado el aprecio de todo el Gobierno por su competencia profesional y personal que ha realizado con éxito en un momento difícil. Su memoria siempre estará con nosotros. No permitiremos que este atentado ensombrezca la amistad entre Turquía y Rusia”. La fecha también ha sido escogida: un día antes de la reunión en Moscú de los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía para encontrar una solución al conflicto sirio. Con este asesinato se intentaba sabotear estas negociaciones.

El objetivo de este asesinato parece claro: torpedear la cooperación entre Rusia y Turquía. Y descubrimos más cosas. Según el EIR (Executive Intelligent Review, 21 de diciembre), “Hace ya más de doscientos años que el Imperio Británico ha procurado por todos los medios impedir una alianza entre Rusia, Irán y Turquía. Ahora, su política ha fracasado”. Este atentado terrorista, como lo ha calificado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakhrova, no va a conseguir su objetivo porque “el terrorismo no pasará. Tomaremos las medidas necesarias contra él”. Es decir, el atentado ha conseguido lo contrario de lo que se perseguía. Ankara y Moscú ya han manifestado que “el asesinato de Karlov no afectará para nada las relaciones entre Rusia y Turquía. Los responsables se encontrarán y se llevarán a los tribunales”.

Michael O. Billington, editor del EIR, asegura que “el asesinato del embajador ruso ha sido un ataque al trabajo que Putin ha realizado en Siria”. No olvidemos que la intervención rusa en Siria ha conseguido frenar los cambios de régimen de países soberanos. Es decir, frenar la política de Obama y sus aliados. En una guerra hay que hablar de los efectos, sin olvidar las causas que la han originado. Luis Goytisolo, en su artículo “El otro corazón de las tinieblas” (una alusión al imperialismo de las potencias europeas que vemos en el libro El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad), comenta que “si Libia era un país con el nivel de vida más elevado del norte de África, Siria fue uno de los países con una vida cotidiana más tolerante de Próximo Oriente”. Termina señalando que el problema “no reside en repartir así o asá los refugiados sino en que deje de haber refugiados”. Para Goytisolo, “Putin y sus aliados iraníes parecen tenerlo claro […] reconstruir lo destruido [y] propiciar el retorno a casa de los exiliados”. En realidad, Putin ha parado la desintegración de Siria.

En este asesinato hay cosas que no se ven muy claras. Por ejemplo, ¿cómo pudieron los agentes de seguridad confundir a este pistolero turco de 22 años con alguien de la escolta del embajador? ¿Es que cada agente no sabe quién es quién? Este pistolero era policía dese 2014, pero en la actualidad se encontraba fuera de servicio. Estaba radicalizado según indica la literatura de Al Qaeda encontrada en el apartamento que compartía con otro. El grupo terrorista al-Nusra ha reivindicado el atentado.

Se sabe que en la intentona de golpe del 15 de julio en Turquía había “former coleagues” [antiguos colegas] de Barack Obama implicados. También se cree que la OTAN estaba implicada. ¿Nos dice esto algo? Unos cuantos días antes del asesinato del embajador, el 15 de diciembre, Obama prometió en una cadena de radio NPR represalias contra Rusia por las supuestas injerencias de Putin en las elecciones estadounidenses. Sus alegaciones sobre los ciberataques rusos son cuestionadas por el presidente electo Donald Trump. Obama dijo que no tenía ninguna duda sobre el hackeo ruso en las elecciones. Y afirmó que se reservaba “the right to attack at a time and place of our choosing” [el derecho de atacar en el momento y lugar que nosotros elijamos]. ¿Nos dice esto algo? Los EEUU, según nos ha informado Edward Snowden, controlan la información a nivel mundial con su agencia de seguridad, la NSA (National Security Agency), hasta nuestras llamadas telefónicas. Estas amenazas de Obama han dado lugar a que Lyndon LaRouche advierta: “Put Obama on the first of suspects” [Pongan a Obama como el primero de los sospechosos]. La carta que los republicanos Justin Amash y Walter B. Jones enviaron a Obama el 19 de diciembre merece ser citada: “A la vista de las informaciones conflictivas de su administración [y] la falta de pruebas contra Rusia […] nosotros exigimos […] pruebas para respaldar sus alegaciones”.

El asesinato del embajador ruso ha sido condenado en todo el mundo. Entre las primeras condolencias podemos destacar la de Federica Mogherini, encargada de la política exterior de la Unión Europea; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el secretario de EEUU, John Kerry; el portavoz de las Naciones Unidas; el presidente electo Trump que expresó sus condolencias afirmando que en su presidencia “trabajará con Rusia y con cualquier país que se dedique a limpiar el mundo de la plaga terrorista”. El presidente chino Xi Jinping se ofreció también para “cooperar con Rusia y la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo”. Obama, sin embargo, se fue de vacaciones a jugar al golf y ha mantenido silencio.

Desde Rusia María Zakhrova ha manifestado que “la memoria de Andrei Karlov, un destacado diplomático ruso que ha luchado tanto contra el terrorismo, siempre estará en nuestros corazones”. Desde España, este hombre sereno y de mirada limpia: descanse en paz. _______________________

Juan José Torres Nuñez es socio de infoLibre

Julian Assange es el responsable de la organización Wikileaks, que ha filtrado más de 10 millones de documentos, muchos de ellos archivos clasificados del Gobierno de los Estados Unidos. Se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. Chelsea Manning es una exoficial del Ejército estadounidense responsable de la filtración de varios documentos a Wikileaks. Actualmente cumple 35 años de condena en una prisión militar. Edward Snowden es un antiguo empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense que filtró cientos de archivos clasificados a la prens, demostrando la existencia de una trama de espionaje gubernamental en todo el mundo. Actualmente, se encuentra en un lugar indeterminado de Rusia mientras busca asilo en otro país. 

En inglés existe para ellos una palabra que todavía no tiene su equivalente en español: whistleblowers. No tiene las connotaciones negativas de chivato o soplón; es, digamos, un confidente más independiente de lo que esta palabra sugiere. Pero el director y dramaturgo Jorge Yamam-Serrano y la periodista Neus Molina tienen otro nombre para ellos: "profetas". Están preparando desde hace meses una obra llamada La santa trinidad digital, que tratará de llevar a escena el castigo impuesto por el poder a estas tres personas, a las que inscriben en una larga tradición histórica de "personas que se arriesgan en favor del bien común".

El escultor italiano Davide Dormino ya unió a estas tres figuras en Anything to say, una obra de gran tamaño que define como "monumento al coraje" y en la que cada uno de ellos son representados en pie sobre una silla. Una cuarta, junto a ellos, se ofrece al visitante. "Estos tres personajes, en algún momento de su existencia, han tenido la oportunidad de decir la verdad en perjuicio de sus propias vidas", defiende el director teatral, "Y lo han hecho". En uno de los primeros correos encriptados que Snowden envió en 2013 a la documentalista Laura Poitras —relatora de este proceso en el escalofriante documental Citizenfour, ganador del Oscar—, él mismo se muestra muy consciente que de sus acciones tendrán consecuencias: "Al final, si publicas el material, me veré immediatamente implicado. Esto no debe desalentarte de publicar la información que voy a proporcionarte".

La investigación que estos dos autores están llevando a cabo constituye gran parte del proceso de creación y ha incluido contactos con el entorno de los retratados, con Amnistía Internacional, con la organización Xnet y los responsables de su buzón de filtraciones, han tomado nociones sobre procesos informáticos que pertenecen más al día a día de un hacker que al de un usuario medio, y se han zambullido en la deep web —también llamada Internet profunda o Internet invisible—, la amplia sección de la red que no está indexada por los motores de búsqueda como Google. Yamam-Serrano le ha pillado el gusto a las historias de espías después de su experiencia con Camargate, la obra que llevaba a escena la conversación entre Sánchez-Camacho y la examante de Jordi Pujol Ferrusola que fue grabada por la agencia Método 3. 

Allí se trataba de "hacer entendibles, interesantes y entretenidas" las tramas políticas subyacentes a la grabación en lo que el director llamó "una comedia pasada de vueltas entre Valle-Inclán y el programa Polònia". Y eso que la obra se limitaba a recoger la conversación real entre Alicia Sánchez-Camacho y Vicky Álvarez. Esta vez, las referencias son otras: el documental CitizenfourCitizenfour, las series Halt and Catch Fire y Mr. Robot... Nada de política local, mucho menos humor, muchísima más tecnología —mucha más que ese micrófono de La Camarga oculto en un ramo de flores— y un complejo entramado de empresas, Gobiernos, nombres y problemáticas muy lejanas para la mayor parte de los espectadores y que sin embargo moldean sus vidas.

La obra, que ha obtenido ayudas a la creación tanto de la SGAE como de la Generalitat de Cataluña, estará dividida en tres actos, cada uno de ellos dedicado a uno de sus protagonistas. Todos están construidos en torno al encierro físico, eco del aislamiento y la vigilancia producidos por el uso de la tecnología. El acto dedicado a Chelsea Manning —antes conocida como Bradley— estará ambientado en su celda de la prisión militar y utiliza como material dramatúrgico una carta que escribió durante su reclusión. El acto dedicado a Assange está extraído de Cuando Google encontró a Wikileaks, donde Assange transcribe la conversación de horas que mantuvo con Eric Schmidt, presidente de Google hasta 2011, y varias personas de su entorno. El de Snowden se sirve de Citizenfour —"no hay mejor thriller que este", argumentan— y el encierro de varios días en Hong Kong durante el cual el activista explicó toda su historia a Laura Poitras y los periodistas de The Guardian Glenn Greenwald y Ewen MacAskill.

Pero también están Sócrates y Galileo Galilei. Dos whistleblowers, a su manera, en palabras del dúo creativo. Dos personas que tuvieron que tomar una decisión sobre la verdad y la coherencia. Serán dos monólogos, durante los entreactos, que buscan contextualizar la figura del whistleblower. Del primero se recoge su Apología —redactada por Platón—, su discurso de defensa ante los que le acusaban de despreciar a los dioses y de corromper a sus jóvenes discípulos. Fue condenado a muerte, y lo aceptó. Galileo sirve de contrapunto algo vergonzoso frente a la entereza del filósofo. En su famosa abjuración, reniega de sus descubrimientos y acepta que la Tierra es el centro del mundo y que está inmóvil. Después, parece, diría aquello de eppur si muove, y sin embargo se mueve. Pero lo dijo bajito. 

El tiempo corre en contra de Snowden. El excontratisa de la Agencia de Seguridad Estadounidense (NSA), perseguido por el Gobierno norteamericano a causa de las filtraciones de información clasificada, en las que reveló el espionaje por parte de los servicios secretos de su país a otros estados y dirigentes, sabe que la salida de Obama de la Casa Blanca reduce a cero sus posibilidades de regresar a Estados Unidos. 

Snowden, que en la actualidad vive en Rusia como refugiado político, no mantiene precisamente una buena relación con ninguno de los dos candidatos a la presidencia norteamericana, Hillary Clinton y Donald Trump. Por ello, las asociaciones pro derechos humanos Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles han lanzado una campaña, PardonSnowden, en la que solicitan a Barack Obama el indulto para el exiliado.

Los argumentos que esgrimen las organizaciones y el propio excontratista de la NSA se basan en el factor moral de sus acciones, de modo que, aunque admiten que Snowden incumplió la ley, sus acciones, las filtraciones secretas, repercutieron en mejorar la calidad de la democracia estadounidense y obligaron, según palabras del propio Snowden, a modificar la legalidad vigente. 

El refugiado político se enfrenta a 30 años de cárcel por los delitos de robo de propiedad gubernamental, comunicación no autorizada de información de la defensa nacional y dar información clasificada a personas no autorizadas. Aunque Obama no ha hablado de contemplar un indulto para Snowden, el que fuera fiscal general de su Administración, Eric Holder, dio impulso a la campaña de las organizaciones pro derechos humanos al asegurar que el excontratista de la NSA había realizado "un servicio público".

El propio Snowden aseguró en una entrevista en The Guardian que "existen leyes en los libros que dicen una cosa, pero las excepciones son la razón por la que existe la posibilidad del idulto, para esas cosas que serían ilegales en el papel, pero cuando las vemos moralmente, éticamente, y vemos sus resultados, parece que eran cosas necesarias". El refugiado defiende el hecho de que, a través de sus acciones, la política llegó a cambiar en Estados Unidos, además de que, según manifiesta, su información no ha producido ningún perjuicio social, sino todo lo contrario. 

Edward Snowden sigue en su particular lucha contra el espionaje y la ha llevado ahora al hardware: está trabajando en una carcasa para el iPhone que alertará a los usuarios si su teléfono está siendo espiado.

Snowden y el hacker Andrew 'Bunnie' Huang presentarán el diseño de la carcasa del iPhone en el MIT Media Lab. Una carcasa que funciona a través de señales eléctricas enviadas por antenas internas que permitirán una conexión constante. Asimismo, se podrá comprobar en cualquier momento si el teléfono está transmitiendo información.

La carcasa lee las señales eléctricas que se envían bien por Wi-Fi o GPS y permitirá advertir a los usuarios si el teléfono intenta emitir algo que no se ha autorizado, como la ubicación en caso de estar desactivada.

"Un buen periodista en el lugar correcto y en el momento adecuado puede cambiar la historia", dijo Snowden durante el evento del MIT Media Lab a través de streaming. La carcasa es todavía un prototipo y está lejos de poder salir a la venta, según recoge Wired. Actualmente, sólo se trata de un documento detallado que han presentado durante esta semana y que aún no tiene definido cuándo se dará a conocer como producto final.

A lo largo del día, se mostrarán a los usuarios del programa mensajes de Amnistía Internacional en el lugar que habitualmente ocupan los anuncios publicitarios. Los mensajes enlazarán mediante un clic con material sobre personas cuyos gobiernos han intentado silenciar.

"Aunque uno no esté cometiendo ninguna irregularidad, está siendo vigilado y grabado", afirma Edward Snowden en uno de los mensajes. "Sin libertad de expresión el mundo moderno no existe; sólo existe la barbarie", afirma Ai Weiwei en el suyo. Las Pussy Riot declaran: "Las autoridades no sólo esposan y detienen a personas, también atacan a los medios de comunicación".

Amnistía Internacional, que también transmitirá mensajes de víctimas de la censura de Internet en Corea del Norte, aprovecha para denunciar que los gobiernos "buscan con avidez el poder de controlar como nunca importantes aspectos de la comunicación online".

Mientras unos gobiernos intentan aprobar leyes que faculten a las autoridades para vigilar masivamente y censurar lo que la gente ve en Internet, otros intentan hacerse con tecnologías que les permitan espiar a la gente, manipular ilegalmente sus equipos o censurar la libertad de expresión en línea, según la ONG.

De acuerdo con los datos que maneja Amnistía, en 2015, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos, Pakistán, Polonia y Suiza intentaron aprobar legislación sobre los servicios de inteligencia que ampliaba sus facultades para espiar las comunicaciones dentro y fuera de sus territorios. China y Kuwait aprobaron legislación que penalizaba o restringía ciertas formas de expresión en Internet.

Detenciones en más de 16 países

En 2015, Amnistía Internacional documentó detenciones de personas por lo que habían dicho o hecho en Internet en más de 16 países, desde activistas políticos kazajos que fueron condenados por publicaciones en Facebook que, según las autoridades, incitan a la "discordia" social, hasta periodistas y activistas marroquíes juzgados por enseñar a utilizar una aplicación sobre periodismo ciudadano para teléfonos inteligentes.

"Algunos Estados alcanzan niveles orwellianos en sus prácticas de vigilancia, centrándose especialmente en la vida y el trabajo de las personas que defienden nuestros derechos humanos: abogados, periodistas y activistas pacíficos. La innovación constante de los métodos de represión en respuesta a una conectividad cada vez mayor es una grave amenaza para nuestra libertad de expresión", afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

"Hoy verán aquí los mensajes digitales de Amnistía Internacional, sólo hoy, porque creemos que usuarios y usuarias deben estar presentes en la conversación sobre la privacidad en Internet. Mañana, estos espacios volverán a estar disponibles. Pero, si lo piensan detenidamente, en un mundo que depende cada vez más de la información, tu derecho a la libertad de expresión también peligra cuando amenazan tu derecho a la privacidad digital", ha afirmado Gabriel Cubbage, director ejecutivo de AdBlock.

Censura norcoreana

La campaña publicitaria sucede a la presentación de la campaña 'Conexión Denegada' de Amnistía Internacional sobre uno de los censores de Internet más represivos del mundo: Corea del Norte.

La población norcoreana está sometida al máximo grado de censura imaginable en el mundo: la inmensa mayoría está absolutamente privada de acceso a Internet, como advirtió Amnistía Internacional en un informe publicado el 9 de marzo.

El informe, titulado 'Conexión Denegada', documenta la intensificación de los controles, la represión y la intimidación de la población norcoreana desde que Kim Jung Un llegó al poder en 2011. La frontera digital es el último frente de batalla de los intentos del gobierno norcoreano por aislar a su ciudadanía y ocultar la información sobre la atroz situación de los derechos humanos en el país.

Por un internet libre

Amnistía Internacional, por último, pide a las empresas de Internet que resistan la presión de los gobiernos para debilitar la privacidad y la libertad de expresión en línea, y que en cambio desarrollen y adopten tecnologías, como el encriptamiento de datos, dirigidas a reforzar los derechos en el mundo digital.

"La libertad de expresión en línea corre un grave peligro, porque los gobiernos persiguen como nunca tener el control de Internet adoptando nueva legislación y tecnología más intrusiva. Cuando no cierran sitios web y detienen a blogueros, someten a vigilancia generalizada nuestro uso de Internet. No es la red que queremos", apuntó Salil Shetty.

"El mes pasado, Apple se negó a reducir la seguridad de sus iPhone para proteger la privacidad de todos los usuarios de telefonía móvil. Es una demostración de que algunas empresas ya empiezan a adoptar una visión global.

"El mundo se ha mostrado demasiado relajado en lo referente a la protección de la privacidad y la libertad de expresión en Internet. Ahora necesitamos un enfoque radicalmente distinto sobre la protección de los derechos en línea para defendernos de las restricciones que imponen los gobiernos a las libertades en Internet."

“Cuando la maquinaria de la ONU se pone en marcha, ya no eres nadie”, explica un denunciante que se encuentra a día de hoy en la picota por denunciar un supuesto caso de abuso de poder por parte de su jefe. Todos los funcionarios que han tenido la desafortunada idea de denunciar el incumplimiento de los principios de la ONU se muestran unánimes: no es buena idea oponerse a una organización que –aunque tiene como bandera el respeto de los derechos humanos– no duda en poner en marcha todo un abanico infinito de medidas de represalia contra quien se atreve a desafiar al establishment. Las prácticas más comunes incluyen la no renovación del contrato, traslado inmediato y anulación del visado, lo que obliga al funcionario de turno a salir del país en el que vive y en el que trabaja. “Hay que tener los nervios de acero para hacer frente a la maquinaria de la ONU”, reconoce un diplomático.

¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que decide denunciar algo que considera que va contra las reglas? ¿Cómo se convierte alguien en denunciante? “Cuando pasé a formar parte de la organización, no podía sentirme más orgullo. Creía en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Creía en la idea de un mundo mejor. Quizás fui un poco ingenuo. Después, como desplazado sobre el terreno, pude constatar que lo que veía –pienso ahora sobre todo en casos de violaciones o en la corrupción– no se correspondía con la idea que me había hecho de la organización. Me cansé de aparentar”, confiesa un funcionario que, superado por la inacción de que hacían galas sus superiores a los que advirtió de lo que ocurría, terminó por filtrar documentos a la prensa. “Tan pronto como llegaron las represalias, me dirigí a la Oficina de Ética, pero no me ayudaron mucho. ¿Qué habría podido esperar de una oficina que depende de la Secretaría General? ¿Dónde está su principio de independencia?”. Una denuncia que rechaza Elia Armstrong, recientemente nombrada directora de dicha Oficina de Ética: “El problema radica en que no podemos recibir quejas ni podemos investigar. Intervenimos cuando ha quedado demostrado que un empleado sufre represalias como denunciante. Nuestra oficina es completamente independiente”.

Goolam Meeran, juez del Tribunal Administrativo de la ONU, encargado de varias causas relativas a denunciantes, no parece compartir la opinión de Armstrong: “Si la independencia y la imparcialidad son fundamentales en el funcionamiento de la Oficina de Ética y Deontología, como se recoge en el informe de la Secretaría General, es curioso constatar cómo ninguna de estas palabras figuran en los términos referenciados en el informe de la Oficina”, puede leerse en el informe alusivo a un denunciante. “La jurisprudencia actual exime de responsabilidad alguna a la Oficina de Deontología y esto, en sí mismo, socava gravemente el objetivo de exponer las faltar y de proteger a los que las denuncian de buena fe”, prosigue.

La política de protección de la Secretaría General contra las represalias entró en vigor en enero de 2006, precisamente después de que saltara a la luz el escándalo conocido como Petróleo por alimentos. En aquel momento, 270 personas, entre ellas algunas responsables de la ONU, fueron acusadas de haber favorecido a empresas y de haber recibido sobornos. Preocupada por proteger su imagen, que salió muy dañada, la ONU decidió crear una oficina encargada de velar por que el personal ejerza sus funciones conforme a las normas requeridas por la Carta de Naciones Unidas y proteger a todos los funcionarios, becarios o voluntarios que faltasen a los principios éticos. “Nuestra oficina ofrece un mecanismo de recurso y de reparación a aquellos miembros del personal que dicen haber padecido represalias después de haber denunciado algún incumplimiento o por haber cooperado con una auditoría autorizada o con una investigación. Deben dirigirse a nosotros tan pronto como estimen que están siendo víctimas de represalias por denunciar. No antes”, puntualiza Elia Armstrong.

Una situación que desanima a un buen número de denunciantes potenciales, como asegura uno de ellos: “¿Cómo pueden pensar que el hecho de ir a denunciar a la Oficina de Deontología va a ser un dique de contención eficaz contra las medidas de represión que se ejercer contra quien ha denunciado la corrupción de un superior o los abusos sexuales cometidos por uno sus colegas?”. Muchos consideran que una vez que se enfrentan a represalias, es demasiado tarde, y que el hecho de discutir una decisión desfavorable, mientras se alegan represalias –lo que puede, por tanto, acarrear un largo y costoso proceso ante los tribunales administrativos– corre el riesgo de servir poco menos que de consuelo a los miembros del personal que habrán buscado protección a tiempo. “Estamos inmersos en un proyecto para que los denunciantes puedan dirigirse a nosotros antes de verse enfrentados a represalia”, asegura Kevin Waite, empleado de la Oficina de Deontología.

La ONG norteamericana Government Accountability Project (GAP), que asesora y representa judicialmente a los denunciantes, asegura que la Oficina de Deontología ha recibido desde su creación 447 consultas de funcionarios que aseguran haber sido víctimas de represalias por haber denunciado conductas poco éticas. Según la ONU, sólo se dio curso a cuatro casos. Unos datos que Elia Armstrong y Kevin Waite cuestiona: “El GAP ha participado en la elaboración de algunas de nuestras enmiendas. Hemos seguidos sus consejos. No entendemos de dónde salen esas cifras y así se lo hemos trasladado. Desde el 1 de agosto de 2011, la Oficina ha recibido 151 demandas vinculadas con la política de protección contra las represalias. Ocho de ellas no eran competencia de esta Oficina. En 94 casos, se asesoró al funcionario sobre el procedimiento que debía seguir para denunciar. La Oficina ha abierto una investigación preliminar en 49 casos. Cinco de ellos siguen abiertos”. “Las cifras son totalmente falsas”, responde un exinvestigador del OIOS (Oficina de Servicios de Supervisión Interna) que ha recurrido en varias ocasiones a la Oficina de Deontología.

Entre los casos que han saltado a la luz, algunos se remontan a la década de los años 60, lo que pone de manifiesto que realmente no ha cambiado nada. En 1996, André Sirois, traductor en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), descubrió que la corrupción gangrenaba al personal administrativo al más alto nivel. Advirtió a la oficina OIOS, que inició una investigación. Craso error. Tanto él como los colegas que corroboraron sus palabras fueron destituidos de inmediato. La OIOS reconoció que había corrupción en el seno del TPIR y el conjunto del personal administrativo fue despedido. Al cabo de siete años de tribulaciones judiciales, el tribunal administrativo concluyó que “posiblemente” los contratos no se habían renovado a raíz de la denuncia de corrupción. El contrato, de sólo dos años, no incluía ninguna cláusula de renovación. Sirois trabaja actualmente como especialista en derecho administrativo internacional en Nueva York y representa a denunciantes de las Naciones Unidas. Cuando alguno de ellos se pone en contacta con él, no duda en aconsejarles que den el paso: “Sólo si están dispuestos a perder el empleo”.

“Convertirse en denunciante es suicida en cualquier carrera profesional”, afirma F., antiguo investigador de la OIOS, porque a pesar de las garantías de las personas que recomiendan denunciar los incumplimientos de carácter ético, el denunciante se va a quedar sin trabajo, sin dinero y a menudo sin amigos, frente a la justicia de la ONU. A la postre, uno termina por preguntarse si realmente merece la pena”. En 2004, coincidiendo con el décimo aniversario del genocidio ruandés, un rumor agitó el microcosmos de la ONU: la caja negra del avión siniestrado en el que viajaba el falleció presidente ruandés Habyarimana pudo haber estado durante diez años en una oficina de la ONU –donde Kigali presuntamente la envío para su análisis– sin que nadie se preocupase por ello. F. formaba parte de las personas encargadas de la investigación. Al término de la misma, llegó a una conclusión que no coincidía con la versión oficial. Poco después, se filtraban diversas informaciones a la prensa. A F., que fue acusado de divulgarlas, se le prohibió que pusiera un pie en su despacho y sólo pudo recoger sus efectos personales escoltado por tres agentes de seguridad. Presentó una denuncia ante el Tribunal Administrativo de la ONU y ganó el proceso. Pese a todo, sus problemas no acabaron ahí. Fue relegado, tratado como un paria y, cuando finalizó su contrato, a finales de noviembre de 2006, no se lo renovaron. “Las pasé canutas”, admite ahora con amargura. Y añade que el tiempo transcurrido no ha restado un ápice de violencia a la situación que vivió.

“El estatus de denunciante no existe en Naciones Unidas”

Cuando Caroline Hunt-Matthes denunció que un miembro del Acnur (Alto Comisionado para las Naciones Unidas) había violado a una refugiada en Sri Lanka, no esperaba ser despedida. Han tenido que pasar diez años hasta lograr que se haga justicia. En 2007, el norteamericano James Wasserstrom, entonces responsable del programa de lucha contra corrupción de la ONU en Kosovo, advirtió a sus superiores de prácticas corruptas en algunos máximos dirigentes de la Minuk (misión de la ONU en Kosovo). Fue destituido de forma fulminante y sometido a registros por parte de la Policía de la ONU. Fue investigado. Su viacrucis duró siete años.

En 2009, la norteamericana Ai Loan Nguyen-Kropp y su supervisor Florin Postica, ambos investigadores en la OIOS, acusaron a Michael Dudley, director interino, de haber ocultado y manipulado pruebas en un caso que les había sido confiado. Las represalias no tardaron en llegar. Nguyen-Kropp tuvo que salir de su oficina para pasar a ocupar un trastero y Postica, que empezó a trabajar en la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (Olaf), volvió a Naciones Unidas para limpiar su nombre y el de su colega. Pero la atmósfera irrespirable existente en el seno de la oficina llevó a Nguyen-Kropp a exiliarse a Viena. Aunque la Oficina de Deontología ha concluido finalmente que las represalias existieron, el Secretario General ha constituido un comité de investigación alternativo cuyos miembros no tienen ni experiencia ni la condición de investigadores. La ONU ha rechazado explicar cómo han sido seleccionados sus integrantes. Dicha investigación alternativa ha costado 200.000 dólares y ha permitido que el secretario general salga victorioso: no se mantienen las acusaciones de represalia. Es verdad que Postica y Nguyen-Kropp han quedado limpios de los cargos de que se les acusaba, pero nadie ha molestado a Michaël Dudley.

En agosto de 2012, Aicha Elbasri, norteamericana de origen marroquí, fue nombrada portavoz de la Minuad, la misión de la Unión Africana y de la ONU en Darfur. Un puesto que ocupó durante menos de un año. Pocas semanas después de su llegada, un periodista la telefoneó para interesarse por la posición de la Misión a raíz de los enfrentamientos que acababan de producirse en Darfur del Norte. Se informó al respecto. Le respondió que la situación estaba tranquila. En los días posteriores, recibió informes sobre un ataque de gran envergadura cometido sobre civiles, personas desplazadas, crisis humanitarias. “Pregunté y me enteré de que la situación no estaba tranquila en absoluto. Durante el fin de semana, cuatro localidades habían sido atacadas por las fuerzas gubernamentales y numerosas mujeres habían sido violadas. Todo ello había sido documentado por la Misión, pero no se había remitido ningún informe oficial a Nueva York”. Cuando sus superiores le ordenaron que se limitase a la versión oficial y a hacer que resultase creíble, se negó. “La Minuad indujo deliberadamente a error a los medios de comunicación y a los miembros del Consejo de Seguridad. Mintió sobre la actuación de las tropas de la ONU cuando durante los incidentes, fracasaron en su labor de proteger a los civiles”, asegura. Y va más lejos: la Minuad supuestamente encubrió crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales sudanesas, por motivos étnicos, contra las poblaciones de Fur y Zaghawa, el desplazamiento forzoso de miles de civiles, los bombardeos indiscriminados, así como la violación masiva y sistemática de mujeres y de niñas. Avivó también las guerras tribales con el único objetivo de proteger los intereses políticos del Gobierno. Aicha Elbasri reiteró estas acusaciones el 22 de octubre de 2015 en la conferencia celebrada en la ONU sobre la protección de los denunciantes, en presencia de David Kaye, el informador especial sobre la libertad de opinión y de expresión, que presentaba su informe relativo a la promoción y la protección de esos derechos ante la tercera comisión.

Aicha es tajante: la Misión silenció más de 16 incidentes. El informe final de la comisión de investigación –que la ONU nunca hizo público– admitía que en cinco casos, la Minuad había decidido ocultar pruebas fundamentales que establecían la responsabilidad de las fuerzas gubernamentales sudanesas y de sus mandatarios, en ataques sobre civiles y los cascos azules. Después de un pulso con la dirección, prefirió dimitir para recuperar su libertad de expresión: “Había pasado diez años con una organización que me gustaba. Tenía una carrera por delante. Sin embargo, no lo dudé. No podía callarme”.

Sin embargo, el caso más controvertido es el de Anders Kompass, el director de operaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, suspendido de sus funciones por divulgar un informe interno sobre la explotación sexual de niños por parte de las fuerzas militares francesas desplegadas en la República Centroafricana. El trato injusto que se dio a Kompass provocó el enfado de los trabajadores y obligó a Ban Ki-Moon a ordenar una investigación externa para esclarecer la gestión del asunto. A día de hoy, y a pesar de que un tribunal lo ha exculpado formalmente y ha ordenado su reincorporación, todavía es objeto de una investigación interna. El caso sigue provocando gran revuelo; el pasado 6 de octubre, Gallianne Palayret, especialista en derechos humanos, fue entrevistada por la corresponsal de France Info. Ella fue la que recogió los primeros testimonios de niños que decían haber sido violados por militares franceses, a cambio de comida. La periodista explicaba que Gallianne ha conseguido el estatus de denunciante y que por tanto le asiste el estatus de denunciante y tiene total libertad para hablar, lo que no es cierto: “El estatus de denunciante no existe en Naciones Unidas”, explica Kevin Waite. “No hay ningún proceso por el que se designe a los miembros del personal de la ONU como denunciantes”. “En mi opinión, a la ONU le sirve de coartada”, explica Paula Donovan, codirectora de la ONG Aid Free World. “Se le habría dictado lo que debía decir”. Aspecto éste que corroboran numerosos funcionarios: “No veo a la ONU concediendo autorización alguna para hablar con la prensa”, afirma este alto funcionario. “Hace ya más de 20 años que trabajo aquí y nunca he visto que la ONU autorizase una entrevista, salvo si le servía a sus intereses. Lo que es probablemente el caso. La prueba es que no sólo ha conservado su trabajo, sino que no ha sufrido represalia alguna”.

“Mientras los denunciantes no estén protegidos, pocos serán conscientes de la importancia de revelar aquellos actos censurables de los que han sido testigos. Quizás sea eso lo que busque la ONU”, advierte Beatrice Edwards, directora de la ONG GAP. Desde enero de 2014, una ley aprobada por el Congreso norteamericano obliga al departamento de Estado a retener el 15% de las cotizaciones a la ONU y a sus agencias si éstas no protegen a sus empleados que denuncien corrupción. “Es una buena idea, loable en sí misma, pero que nunca se ha puesto en práctica”, explica un funcionario que prefiere mantenerse en el anonimato. De hecho, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que encarcela a sus propios denunciantes y que los priva de derechos cívicos? Dos casos, entre los más famosos, vienen a recordar que en materia de protección, no sale a cuenta convertirse en denunciante en Estados Unidos. Sucede así con el caso del soldado Bradley Manning, quien estando destinado en Irak se descargó informaciones militares, entre ellos más de 500.000 informes del ejército así como vídeos de combatientes que ha puesto en manos de Wikileaks. Contra Manning, ahora Chelsea, se sigue un proceso en Fort Meade, en Maryland, y se le acusa de cargos que incluyen haber prestado “ayuda al enemigo”. Chelsea corre el riesgo de ser condenada a 20 años de cárcel. Edward Snowden, que representa el caso más emblemático, dejó la NSA llevando consigo secretos de Estado. Se refugió en Rusia. Si fuese extraditado, podría ser condenado a cadena perpetua.

“Los denunciantes son elementos clave de una democracia sana y debería ser protegidos y no demonizados por los Gobiernos”, escribe Daviv Kaye, el informador especial de la ONU sobre libertad de expresión, en su informe. Un deseo piadoso que no se aplica, sin lugar a dudas, en los 193 países miembros de la ONU.

_______________Traducción: Mariola Moreno

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