Este domingo España abre en Extremadura un ansioso y profundo ciclo electoral que se ha visto acelerado por la estrategia del PP de adelantar citas autonómicas para desgastar a Pedro Sánchez. El 21D se ha convertido, además, en un gran campo de batalla entre las derechas, mientras que los socialistas asumen ya el golpe y la izquierda alternativa cree que esta cita puede servirle para revitalizar un espacio fragmentado y en horas bajas demoscópicas.

Las urnas suponen el momento de la realidad después de que María Guardiola (PP) convocara de manera adelantada con la excusa de no poder sacar los presupuestos y soñando con lograr la mayoría absoluta. Pero ese escenario no lo dibuja ninguna encuesta y hasta el propio líder conservador nacional, Alberto Núñez Feijóo, ya ha puesto paños calientes asegurando que es muy difícil llegar a los 33 escaños.

En las pasadas elecciones autonómicas, el PSOE y el PP empataron a 28 diputados, aunque la candidatura socialista –encabezada entonces por Guillermo Fernández Vara– logró más votos. Guardiola se hizo con la Presidencia pactando con la ultraderecha, que había obtenido cinco diputados, después de una campaña en la que rechazó cualquier tipo de acuerdo con Vox. La izquierda transformadora se quedó en cuatro escaños.

Pero los sondeos dibujan un escenario diferente al planeado por el PP, según el cual Guardiola tendrá que depender de nuevo de Vox, que está al alza en los barómetros. Por lo que se espera una cainita negociación de las derechas el día después con los de Abascal, que ya han deslizado incluso que podrían hasta pedir la cabeza de la ‘número uno’ de los populares, con la que se llevan francamente mal.

El Partido Popular diseñó una campaña de muy bajo perfil para evitar cualquier tipo de polémica. Pero los últimos días se han complicado mucho para Guardiola por los escándalos machistas que han sacudido a su equipo (tuvo que cesar a su chófer, que había sido condenado por violencia de género, y también se ha conocido el caso de acoso del alcalde de Navalmoral de la Mata). Desde el pasado jueves los nervios se apoderaron de los populares.

Para tratar de tapar estos escándalos, Guardiola, en coordinación con Génova 13, ha tratado de espolear, como pasó durante el 23J, dudas sobre el propio sistema electoral después del robo de 124 votos custodiados por Correos. Los populares han desplegado una campaña para denunciar un supuesto pucherazo y llegar a decir que está en riesgo la propia democracia. La Guardia Civil apuntó a que el robo fue cometido por delincuentes comunes que buscaban sustraer dinero de la caja fuerte.

Estas elecciones son esenciales para Vox, que se mide por primera vez a las urnas en su momento más álgido en las encuestas, que siguen sin dibujar un techo de apoyo a nivel nacional. Santiago Abascal se ha volcado como en ninguna otra campaña, relegando a un segundo puesto a su candidato, Óscar Fernández. La marca es la que tira. Y esperan en la calle Bambú que esta contienda sirva para que el PP comprenda que depende de ellos.

En cambio, los socialistas están ya preparados desde hace tiempo para un duro domingo. En la recta final de campaña trataron de trasladar que las encuestas no reflejan bien la foto final porque hay mucho votante que ahora no quiere decir que apoya al PSOE, pero confían en la base electoral en una comunidad con tradición histórica progresista y en combatir el fantasma de la abstención. En el corazón del PSOE extremeño no paran de repetir que el problema no es un trasvase hacia los populares, sino los votantes desmotivados que pueden quedarse en el sofá.

En el partido es generalizada la sensación de que Miguel Ángel Gallardo ha sido un muy mal candidato, lastrado por su procesamiento en el caso del hermano de Pedro Sánchez por su contratación cuando aquel era presidente de la Diputación de Badajoz. Pero también el socialista ha ido encadenando errores propios en el último año, como el aforamiento exprés. 

En esta tormenta perfecta, el PSOE extremeño ha tenido que hacer campaña en mitad de la crisis que vive el socialismo a nivel nacional por la irrupción constante de denuncias de acoso machista, además de los casos de corrupción que implican a exdirigentes como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. En La Moncloa y en Ferraz ya ponen la venda sobre la herida y focalizan en que el PP va a tener que negociar de nuevo con Vox. 

El propio presidente Pedro Sánchez argumentó ante los periodistas el pasado lunes en el Palacio de La Moncloa durante la tradicional copa de Navidad que la dinámica territorial no tiene nada que ver con la nacional y que él cree que puede no solo aguantar la legislatura, sino prolongar su proyecto más allá de 2027.

Extremadura es el primer paso de este ciclo electoral, que tiene como punto final las elecciones generales, aunque ahora mismo la mayor parte de partidos consideran imposible que la coalición progresista pueda mantener La Moncloa hasta julio de 2027. El siguiente asalto será en las urnas de Aragón el 8 de febrero, y a este le seguirán las elecciones de marzo en Castilla y León y las de junio en Andalucía. 

En Unidas por Extremadura sí encaran satisfechos la cita de este domingo. La candidatura de izquierdas se ha convertido en un auténtico faro para un espacio que se despeñó en las citas autonómicas y municipales del pasado ciclo electoral. El primer gran logro de la papeleta encabezada por Irene de Miguel ha sido el de poner sinfonía a una izquierda hiperfragmentada a nivel nacional. La fórmula de Izquierda Unida y Podemos, apoyada externamente por Sumar, ha funcionado sin ruidos internos y con los sondeos vaticinando un mejor resultado que en 2023.

Entre las grandes lecciones que deja esta candidatura están la importancia de tener una número uno con personalidad y con respeto de todos los actores de la izquierda, la necesidad de proyectos que se asienten en el territorio durante años y la relevancia de poner sobre la mesa los problemas de una comunidad por encima de las cuitas internas. 

Extremadura vota este domingo. Y España ya está preparada para una batalla sin fin.

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha fallecido este domingo a los 66 años tras padecer un cáncer, ha informado el PSOE de Extremadura. 

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta a lo largo de tres mandatos, reveló en 2023 que le detectaron un tumor en el estómago del que tuvo que ser operado, una enfermedad que finalmente ha acabado con su vida. 

Se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía, como lo ha definido su partido en la región, del que estuvo al frente desde 2008 hasta 2024. En ese período, el PSOE ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años: dos mandatos consecutivos, de 2007 a 2011 y de este año a 2015, y un tercero de 2019 a 2023. 

Fue el segundo presidente socialista de la Junta tras tomar el relevo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con quien entabló una profunda amistad y un recorrido compartido de ideales y valores en Olivenza (Badajoz), su municipio natal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado con "enorme tristeza" la muerte de Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como un "referente socialista" y un "ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público". El jefe del Ejecutivo ha destacado en un mensaje en la red social X que Fernández "dedicó su vida a Extremadura" y que "su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España". Sánchez ha enviado su "abrazo más sentido a su familia y amigos".

El pacense Miguel Ángel Gallardo, quien tomó el relevo de Fernández Vara al frente de la Secretaría General del PSOE extremeño, ha afirmado, a través de un comunicado oficial, que con el fallecimiento de Fernández Vara, una persona que dedicó toda su vida a servir a su tierra, "se va un pedazo de nuestra historia" reciente. "Su pérdida duele profundamente a toda la familia socialista", ha expuesto el líder socialista.

Su sucesora al frente del Gobierno extremeño, María Guardiola (PP), ya ha manifestado su reconocimiento y gratitud hacia su figura, y ha declarado tres días de luto oficial en esta comunidad autónoma. A su juicio, Fernández Vara ejerció "con entrega sus responsabilidades públicas" y lo hizo "con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos". 

"Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra y, en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano", ha resaltado Guardiola. 

El Senado abrirá este lunes un libro de condolencias por la muerte de Fernández Vara, que fue senador y vicepresidente segundo de la Cámara Alta.

Así lo ha anunciado este domingo el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien ha destacado que el político socialista, expresidente de la Junta de Extremadura, era una persona "excepcional, amable, generosa y cercana".

"Uno de los mejores políticos que he conocido. Buscaba el diálogo, el entendimiento y el consenso. Siempre con un gran talante y buen humor. Su aportación al Senado ha sido ingente durante estos dos años. Su vacío será difícilmente cubierto", ha expresado Rollán.

Felipe VI y Letizia han ensalzado el "profundo sentido de Estado" del expresidente extremeño, al que han definido como "un servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación".

Los reyes han enviado un mensaje de "cariño y afecto" a la viuda y los hijos del político extremeño y han recordado los "muchos momentos compartidos", según informa la Casa Real.

Esta información sustituye a otra que recogía el desmentido de la muerte de Fernández Vara por parte de su familia y del PSOE horas antes de que esta se produjera.

El presidente de la Junta en funciones y secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha solicitado formalmente la retirada de su candidatura a la investidura, prevista para este miércoles y el jueves, tras el acuerdo de gobierno alcanzado por PP y Vox en la región, según informa Europa Press.

Así se lo ha trasladado a la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, en la segunda ronda de contactos iniciada para proponer una candidatura a la investidura, convocada tras el pacto sellado por María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo el pasado viernes.

A la salida del encuentro, Vara ha trasladado a los medios de comunicación su intención, ya anunciada el pasado 28 de mayo tras el recuento de votos, de abandonar la primera fila de la política regional.

"No voy a ser ni presidente, ni voy a ser líder de la oposición, ni seré a partir del otoño el secretario general del partido y por lo tanto eso es lo que hasta ahora tengo claro, el resto está todo por decidir, por eso está más claro que el agua", ha dicho.

El dirigente socialista ha señalado, no obstante, que ya había solicitado "informalmente" la retirada de la sesión de investidura, que ya está "decaída", entre otras razones porque el pleno de este miércoles debería haber sido convocado este pasado lunes en una reunión de la mesa y "no se ha hecho, por lo cual está más que decaída esa investidura".

Por tanto, lo siguiente será que Martín convoque para cuando estime oportuno la investidura de María Guardiola, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo".

De esta forma, Vara ha remarcado que su investidura ha evitado un retraso "enormemente perjudicial" para Extremadura, pues gracias a que con su candidatura puso "el reloj en hora", ha conseguido que vaya a haber una investidura "en los próximos días, en las próximas semanas", lo cual era "absolutamente imprescindible y necesario".

Respecto a su futuro, ha reiterado que se convocará un congreso regional en otoño para "renovar el liderazgo", si bien ha añadido que las fechas dependerán "mucho" de los "calendarios nacionales".

En todo caso, la decisión sobre su futuro es la "misma" que ya anunció el pasado 28 de mayo. "Habrá un relevo en el liderazgo en el PSOE y en la secretaria general del PSOE", ha comentado, tras 12 años en la Presidencia de la Junta y de 15 en la secretaria general del partido.

Un periodo por el cual tiene "un agradecimiento tan grande al pueblo extremeño", ante el que no tiene "ningún sentimiento que no sea de profundísima gratitud".

Vara se ha mostrado "eternamente agradecido a todo el mundo" que le ha permitido durante este tiempo tener la responsabilidad que ha tenido, al tiempo que ha defendido que "las cosas hay que hacerlas bien" y que "hay que saberlas terminar bien".

Por ello, espera que el proceso "acabe bien" y se pueda hacer un "relevo ordenado" dentro de la organización, el PSOE, que es la institución "más importante" de Extremadura, como ha demostrado " lo largo de la historia".

Extremadura se prepara para una de las grandes batallas electorales del 28M. Una comunidad históricamente volcada a la izquierda, en la que el PP espera dar la sorpresa ese domingo. Es una de esas pugnas cargada de simbolismo, en la que se la juega Guillermo Fernández Vara, uno de los barones con más peso dentro del PSOE.

Fernández Vara consiguió hace cuatro años arrasar en las urnas, logrando mayoría absoluta, algo que no es habitual ya en la política española. Los socialistas se hicieron aquel 26M con 34 escaños de la Asamblea, gracias a un 46,73% de los votos. El PP fue segundo, con 20 asientos, con Cs en tercera posición (7). Podemos-IU-Extremeños-Equo arañó cuatro parlamentarios. Vox se quedó fuera.

¿Y qué dicen las encuestas? El CIS, en la preelectoral que hizo pública en diciembre, dejó el escenario muy abierto, con la posibilidad de que el PP pueda ganar, aunque las horquillas eran muy amplias. El organismo hizo la siguiente proyección: PP (26-35), PSOE (24-32), Unidas Podemos (0-6), Vox (0-5) y Cs (0-2). Según otro sondeo de GAD3 publicado por el PP en noviembre, se dibujaba este escenario: PSOE (29-30), PP (27-28), Vox (4-5) y Podemos (3-4).

En el cuartel general del PSOE extremeño las encuestas internas, según fuentes consultadas, dan una situación mucho más holgada para el partido y, de hecho, se marcan intentar de nuevo otra mayoría absoluta, aunque también señalan que puede ser una mayoría amplia. 

En el PSOE extremeño señalan que la marca está fuerte y tira mucho en Extremadura, que el partido tiene mucho músculo y que, además, sus alcaldes son un gran activo para esta cita del 28M. Además, los socialistas creen que Guillermo Fernández Vara tiene un gran arraigo entre los ciudadanos. Y resaltan que pueden vender la “gestión” de estos cuatro años y un proyecto a continuar en el futuro.

“Vamos a estar peleando hasta el último minuto la mayoría absoluta”, confiesa uno de los altos dirigentes del PSOE de Extremadura, que reflexiona: “Hace cuatro años las encuestas estaban igual y al final conseguimos la mayoría absoluta”. Y hace una apreciación: ahora mismo no está movilizado el electorado de izquierdas frente a la derecha y la ultraderecha que están “hiperventilando”. 

“Tenemos estructura en cada pueblo, un gran músculo, la marca PSOE tira con una fuerza tremenda, nos lo dicen las encuestas cualitativas”, confiesa esta fuente. En el escenario de no lograr la absoluta, en el PSOE de Extremadura están convencidos de que su izquierda también entrará y podrán sumar. “Podemos e IU por separado no llegarían, pero van a ir juntos y entrarán en la Asamblea. Es una situación diferente, por ejemplo, a la de Castilla-La Mancha y García-Page”, resume. “Nuestra campaña no va a ser crítica con ellos, los vamos a respetar”, añade otra fuente socialista.

Podemos e IU lograron a principios de febrero un acuerdo, imperando el buen clima en ese pacto en el que incluso bromearon sobre una “relación abierta” cuando lo anunciaron. Volverán a presentarse bajo la marca de Unidas por Extremadura, como ya hicieron en 2019.

Guillermo Fernández Vara tiene en frente a María Guardiola como principal contrincante, por el PP. Para el PSOE es una persona “bastante desconocida” y lo único que reflejan las encuestas es el “reagrupamiento” del voto, con la decadencia de Ciudadanos. “El PP está desaforado en las redes sociales, pero eso es lo mínimo en la campaña. Si se piensan que lo que pasa en las redes es Extremadura, viven en el metaverso y no en la realidad”, comenta un dirigente del PSOE.

La campaña de los socialistas será “tradicional”: “mucha presencia en los pueblos, puerta a puerta, ciudadano a ciudadanos, extremeño a extremeño”. ¿Sobre si tendrá efectos la política nacional y polémicas como la reforma del ‘sí es sí’ que quiere utilizar el PP? Contesta uno de los hombre fuertes de Vara: “No vivimos en una burbuja, sería absurdo decir que no, alguna influencia tendrá, pero poca”.

Pero la clave del 28M será “regional”, creen en el PSOE extremeño: “El que quiera centrarlo en temas nacionales se equivocará. Si el PP lo centra en lo nacional, nos hace un favor. Nosotros, a lo regional”. Como comenta un alto cargo: “Los ejes de la campaña fundamentalmente serán empleo y economía. La gente aquí quiere trabajo, hablar de futuro y de desarrollo, de proyectos a poner en marcha”.

Y hace esta reflexión al hilo: “La gente hablará del sí es sí y de los socios con los que sacamos el salario mínimo, pues sí. Pero a un señor mayor le puede gustar más o menos con quién lo hemos sacado, pero su pensión ha subido un 8,5%”. Y, además, piensan que Pedro Sánchez sólo ha llevado cosas buenas a Extremadura, como las ayudas durante la pandemia a sanidad y autónomos. No creen que las críticas por los trenes sean ahora determinantes en el voto: “Tenían más influencia hace cuatro años”.

“Gestión, gestión”, repiten en el entorno de Guillermo Fernández Vara. Y fuentes cercanas subrayan que durante marzo también se podrá ver esa dimensión con la primera piedra de la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo, la inauguración del macromatadero de Zafra y el inicio de las obras de la gigafactoría en Navalmoral.

El mensaje de Fernández Vara irá en esa línea durante estos meses, según fuentes del PSOE de Extremadura, que indican: “Estamos en un momento único. Siempre llegábamos tarde a todas las revoluciones industriales, pero en la verde del siglo XXI somos la primera autonomía”. En los próximos años, calculan, se van a necesitar entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo en el sector, comentan.

La apuesta del PP para dar la sorpresa y batir a Fernández Vara en Extremadura es María Guardiola, una funcionaria de 43 años que en 2022, cuando fue elegida por Pablo Casado para liderar el partido en la comunidad, era una concejala prácticamente desconocida. Su experiencia de gestión se limita a los años que pasó como secretaria general en dos departamentos de la Junta la única vez que su partido gobernó Extremadura bajo la presidencia de José Antonio Monago. El defenestrado líder del PP, con la ayuda de su mano derecha, Teodoro García Egea, la eligió para renovar el partido y cerrar el paso al que entonces era el único aspirante a liderar a los conservadores extremeños, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

Guardiola consiguió sobrevivir a la caída de Casado, obtuvo el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo y el pasado verano se hizo con la riendas del PP de Extremadura y con la candidatura a la presidencia en las elecciones del 28M. Pizarro no tuvo más remedio que dar un paso a atrás y velar armas a la espera de lo que pase en las elecciones.

Considerada una ultraliberal en lo económico y defensora de bajadas generalizadas de impuestos, defendía el aborto antes de que la sentencia del Tribunal Constitucional diese pie a Feijóo a que todo el partido aceptase esa postura. La legislación de protección del medio ambiente le parece excesiva y apuesta por una liberalización de los usos del suelo, así como por anular el cierre programado de la central nuclear de Almaraz.

Abierta a los pactos con Vox, aunque no quiere hablar de ello porque, igual que su jefe de filas, aspira a una “mayoría suficiente” para gobernar en solitario. Lo cierto es que el PP extremeño esta fichando cargos y dirigentes políticos de la formación ultra que antaño militaron en sus filas y no ha tenido ningún problema en violar el pacto antitransfuguismo aceptando al actual alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, elegido por Ciudadanos.

No ser diputada autonómica le ha restado visibilidad en la precampaña y le ha brindado escasas oportunidades de mostrarse como alternativa a Fernández Vara. El PP quiere jugar con Guardiola la carta de la “renovación” frente a un dirigente al que consideran “desgastado” y al que acusan de estar sometido a Pedro Sánchez en asuntos muy sensibles para la comunidad, como la demora en la modernización del ferrocarril y la llegada de la alta velocidad.

Las encuestas más optimistas, publicadas por los medios más afines a la derecha, les sitúan a las puertas de una mayoría absoluta para la que necesitarían alcanzar acuerdos con Vox. A estas cuentas se aferran el PP y Guardiola para mantener vivo el sueño de una victoria en una comunidad que, en principio, no es de las que Génova considera a tiro de piedra. Todo indica que el PP absorberá todo el voto y los escaños de Ciudadanos. Las dudas tienen más que ver con si PSOE conseguirá gobernar por mayoría absoluta, como hasta ahora, o tendrá que pactar con Unidas Podemos.

Los presidentes autonómicos de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara; Cantabria, el regionalista Miguel Angel Revilla, y Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, son los tres líderes regionales que tienen una peor valoración por parte de sus ciudadanos por su gestión durante el último año, según la última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y recogida por Europa Press.

Se trata de una macroencuesta sobre tendencias de voto autonómico que se basa en 5.545 entrevistas telegónicas realizadas a ciudadanos de las doce comunidades que tienen elecciones el próximo mes de mayo. El trabajo de campo se hizo entre el 17 de noviembre y el 2 de diciembre.

De este modo, de los doce presidentes autonómicos implicados en esta encuesta, el socialista Guillermo Fernández Vara es el menos valorado por sus ciudadanos, pues solo un 25,6% elogian su gestión del último año frente a un 57,9% que la considera 'mala' o 'muy mala'.

Detrás aparece el cántabro Revilla, con un 50,1% de detractores frente al 35,9% que tilda de 'buena' o 'muy buena' su labor, y la madrileña Diaz Ayuso, que se acerca más a la división de opiniones: un 44,8% a favor y un 49,7% en contra.

Al otro lado de la balanza aparecen cuatro presidentes socialistas: el aragonés Javier Lambán, con un 59% de calificaciones positivas; el canario Angel Víctor Torres (58,2%), la navarra María Chivite (56,6%) y el castellano manchego Emiliano Garcia Page (55,5%).

Tras estos cuatro presidentes, el CIS sitúa a otros tres líderes socialistas más. La mandataria de La Rioja, Concha Andreu, se lleva el 52% de buenas valoraciones de sus ciudadanos, mientras que su compañero en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, tiene un 51,8% de calificaciones positivas, y el de Asturias, Adrián Barbón, un 50,1%.

Por debajo del cincuenta por ciento está el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que tiene un 45,9% de ciudadanos encuestados que piensan que ha realizado una labor buena o muy buena al frente del Ejecutivo autonómico durante este último ejercicio.

El organismo presidido por el sociólogo socialista José Félix Tezanos también pide poner nota media al Gobierno autonómico y la mejor calificación se la llevan los de Navarra (5,45), Aragón (5,43) y Canarias (5,41), mientras que los suspendidos son Extremadura (4,45), Cantabria (4,87), Madrid (4,96) y Murcia (4,99).

En este "examen" proyectado por el CIS, los ciudadanos también han decidido aprobar al Gobierno de La Rioja, con un 5,32; al "tripartito" de la Comunidad Valenciana (5,16); al Ejecutivo de Castilla-La Mancha (5,08) y al Gobierno de Asturias (5,06).

En cuanto a la pregunta por la situación general de cada comunidad autónoma, estos encuestados por el CIS sitúan a Navarra y La Rioja como las dos regiones con una mejor valoración desde una perspectiva más global.

En concreto, un 77% de los ciudadanos encuestados de Navarra creen que la situación general en su comunidad es buena o muy buena, mientras que en La Rioja ese pensamiento lo tiene el 68,3%. Les sigue Aragón (65,6%); la Comunidad Valenciana (62,4%); Baleares (61,9%); Castilla-La Mancha (56,9%); Madrid (56,4%); Cantabria (55,7%) y Murcia (54,1%).

Por contra, Extremadura también se encuentra en esta pregunta con el porcentaje más bajo de habitantes que piensan que la situación es buena o muy buena, un 37,2%, seguida de Asturias (46,2%) y Canarias (51,4%).

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de abrir la puerta a los indultos para los doce condenados por el procés, ha comenzado a generar malestar dentro del PSOE, empezando por los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura, Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, respectivamente, que se han mostrado ya muy críticos ante esta posibilidad, según informa Europa Press. Las advertencias de Page y Vara llegan después de que el Tribunal Supremo se haya posicionado también en contra de esos posibles indultos, y se suman además al rechazo planteado ya con anterioridad por otros barones, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y al cuestionamiento que este miércoles realizó el expresidente del Gobierno Felipe González.

Todos ellos han puesto el foco, principalmente, en el hecho de que los políticos independentistas presos no hayan mostrado arrependimiento, y han advertido de que nada garantiza que no vuelvan a incumplir las leyes que ya quebrantaron cuando organizaron la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017. Este debate supone un tema realmente incómodo para los socialistas, sobre todo en las federaciones más reacias a las alianzas con los independentistas, como las mencionadas Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón, o también Andalucía, que ya visibilizaron su malestar cuando Sánchez pactó con ERC y Bildu los Presupuestos Generales del Estado en otoño.

La nueva polémica llega precisamente cuando el partido está inmerso en un proceso de primarias para las elecciones en Andalucía, en el que Ferraz espera que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se imponga a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz. De momento, la que es una de las principales voces críticas del partido no se ha pronunciado sobre este asunto. Por su parte, Espadas ha manifestado su confianza en Sánchez y se ha mostrado convencido de que adoptará su decisión después de ponderar todos los "elemento políticos y jurídicos".

En todo caso, el Gobierno no tiene previsto tomar esta decisión de forma inminente. Fuentes gubernamentales explican a Europa Press que los indultos no llegarán a la mesa del Consejo de Ministros antes de que se celebren el 13 de junio las primarias andaluzas, porque no daría tiempo. Así, argumentan que el Ministerio de Justicia tiene que tramitar los informes recibidos y elaborar su propio informe antes de elevar una propuesta.

Page: "Sería una enorme desgracia"

Por el momento, el barón más contundente en sus advertencias ha sido García-Page, quien le ha recordado a Sánchez que la sentencia del caso Gürtel que llevó al PSOE a presentar la moción de censura que le dio el Gobierno es igual de legítima que el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Supremo contra los encausados independentistas. Además ha afirmado que "más que una medida de gracia", los indultos le parecerían "una enorme desgracia". "Hay muchos argumentos jurídicos y políticos para pensar que la hipótesis de un indulto sea uno de los graves errores de la democracia en el caso de que se produzca", ha abundado el líder del PSOE en Castilla-La Mancha.

El dirigente socialista ha llegado a avisar incluso de que "los indultos no deben tener perfil político, y menos aún que resulten parecer una transacción". Además, ha llamado a proteger las decisiones judiciales y ha alertado de que esos indultos no sólo podrían resultar "estériles" sino que podrían suponer "una condena" para el Tribunal que tomó en su día la decisión de condenarles. "Me duele como jurista que se esté hablando permanentemente de una figura como el indulto desde un perfil político", ha dicho, ya que este mecanismo "no deben tener ni perseguir origen político", ha argumentado.

El razonamiento del Tribunal Supremo está "muy puesto en razón" para García-Page, quien lo ha valorado incluso como "moderado".

Lo "más grave" para García-Page es ahora que "la gente que pervirtió deliberadamente el orden constitucional" y vulneró el derecho de los españoles y catalanes "insisten en reincidir". "¿Se imagina alguien en qué posición quedaría el que toma la decisión de indultar sin garantizarse primero la renuncia expresa a volver a las andadas?", se ha preguntado García-Page. En este momento, "una decisión de indulto no ayudaría en el fondo a enfocar el problema de Cataluña", incluso podría ser "estéril", porque podría incurrirse en "la muestra de cómo pueden volver a las andadas sin consecuencias".

Por su parte, Fernández Vara aseguró este miércoles que "resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible". "E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera", apostilló en un mensaje en Twitter.

Asimismo, el expresidente Felipe González afirmó en una entrevista en El Hormiguero de Antena 3, recogida por Europa Press, que en estas condiciones él no concedería los indultos, y avisó de que la Constitución "no admite que nadie unilateralmente rompa las reglas del juego".

A su vez, Lambán afirmó la semana pasada que uno de los requisitos para ser indultado es mostrar arrepentimiento, algo que, a su juicio, no exhiben los condenados por el procés independentista en Cataluña. "Hasta donde yo sé, estos señores no sólo no se han arrepentido sino que han dicho que en cuanto puedan lo volverán a repetir", apostilló.

Sin embargo, los ministros y los principales dirigentes del PSOE ya han asumido este enfoque que planteó Sánchez el martes, al asegurar se guiará por la "concordia" y el "diálogo" cuando decida sobre los indultos, y no por la "venganza" o la "revancha". Dos días después, en el PSOE se afanan por argumentar la necesidad de trabajar a favor de la "convivencia" y "mirar al futuro", como defendió el presidente.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, compareció este lunes en la sede de la formación para trasladar a la prensa el contenido de la reunión de la Ejecutiva socialista. Una reunión que se producía días después de que el Congreso derribase con un amplísimo apoyo las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado y en un contexto de enfado de algunos barones socialistas por el hecho de que EH Bildu se haya sumado a la foto de las formaciones dispuestas a debatir con el Ejecutivo las enmiendas para las cuentas públicas de 2021. A preguntas de los periodistas, Ábalos fue contundente: no hay "pacto" ni acuerdo con la izquierda abertzale. Y el apoyo de los barones, especialmente el del extremeño Juan Carlos Fernández Vara al Gobierno había sido "muy claro". Pero antes de estas declaraciones había sido el propio presidente del Gobierno el que había insistido a los cargos de su partido en lo decisivo del momento actual, en plena crisis del covid-19, y en la importancia de no perder el tiempo en "pequeñeces". Vino a decir a los suyos que los españoles no entenderían que sus gobernantes se ocuparan de otra cosa que fuese la recuperación. 

Fuentes conocedoras del contenido de la reunión mantienen que Sánchez tomó la palabra en dos ocasiones. En la primera, alabó el trabajo del Ministerio de Hacienda y del Grupo Parlamentario Socialista para la primera fase de los Presupuestos Generales del Estado y lamentó que la oposición se comporte de forma injusta. "Ha venido a decir que no miran por el interés de los españoles y no tienen proyecto de país", resume uno de los asistentes en conversación con infoLibre. 

El presidente personalizó los agradecimientos en la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y en la portavoz socialista en el Cámara Baja, Adriana Lastra.

El mensaje para los barones críticos no vino hasta su segunda intervención, después de haber escuchado cómo el presidente de la Junta de Extremadura pedía disculpas por haber traslado su opinión sobre los primeros pasos de las cuentas públicas antes a los medios de comunicación que a la propia Ejecutiva.

En efecto, Fernández Vara había sido muy crítico con el Ejecutivo la semana pasada en su perfil de la red social Twitter.

"Ver a Otegi siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético", fue uno de los mensajes que escribió. Un "antiemético" es un fármaco contra las naúseas.

Sánchez sostuvo que quienes hablan así del partido en público, en lugar de hacerlo en los canales oficiales, se "retratan a sí mismos" y que él lleva seis años, mencionó, siendo víctima de críticas de este tipo, sin previo aviso. Además, se mostró sorprendido por el hecho de que quienes hacen este tipo de declaraciones a los medios sean después quienes peor toleran discrepancias internas o críticas en sus respectivos territorios.

Especialmente críticos también se mostraron, según las fuentes consultadas, el que fuera lehendakari, Patxi López, y el diputado Odón Elorza.

En la rueda de prensa Ábalos intentó zanjar las diferencias entre el Gobierno y los barones no sólo negando un acuerdo con EH Bildu, sino dibujando un cierre de filas. Dijo que los dirigentes territoriales del partido "no tienen ningún interés" en ser "utilizados por quienes no quieren a este Gobierno".

Un detenido, cuatro heridos y una carga policial a las puertas de la feria Agroexpo dieron buena muestra este miércoles del enojo con que los agricultores extremeños protestaban contra los “precios de miseria” que perciben a cambio de ser la “alacena alimentaria” de España. Ya hace casi dos semanas que las principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG, anunciaron una campaña de movilizaciones en todo el país para denunciar la “dramática” coyuntura que padece el sector primario. A los recortes en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), los aranceles impuestos por Estados Unidos y la continuada crisis de rentabilidad de sus explotaciones, se suma un 2019 que ha terminado siendo “uno de los años más negativos que se recuerdan en el sector, con una pérdida de renta agraria del 8,6%”, denuncian.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, añadió este martes un nuevo factor: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, según dijo, ya destruyó empleo en su comunidad autónoma el año pasado. “En una coyuntura de precios bajos”, explicó, al sector le ha costado mucho “sufragar una subida de los costes salariales”. Por eso pedía una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el “impacto” de la nueva alza del SMI y “cotizaciones especiales” para determinadas zonas.

Tanto Díaz como los sindicatos le han respondido enseguida negando el efecto destructivo de la subida del 22,3% del salario mínimo que se aplicó el 1 de enero del año pasado. La titular de Trabajo ha coincidido con los máximos responsables de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en achacar la crisis de las explotaciones agrarias a los “problemas estructurales” del sector –la presión a que las someten las grandes cadenas de distribución, también las importaciones a precios mínimos–. “Unos problemas que no se resuelven pagando salarios de miseria”, apuntó Sordo. “El salario mínimo”, aclaró la titular de Trabajo, “es una herramienta para fijar un suelo mínimo de protección, que debe ser el mismo en Extremadura que en Cataluña”.

Lo cierto es que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), el sector agrario extremeño terminó 2019 con 20.400 asalariados, 10.800 menos de los que tenía en diciembre de 2018 y la cifra más baja desde el primer trimestre de 2016. Si se miran los números del paro, tras caer a niveles mínimos en el segundo y tercer trimestre del año –época de recolección–, subió de octubre a diciembre de 2019 hasta alcanzar los 17.500 desempleados.

Sin embargo, CCOO Extremadura acude a las estadísticas de la Seguridad Social para asegurar que el año cerró con 28.689 cotizantes; es decir, una mejora de la afiliación de 1.500 trabajadores, un 5,7% más que en 2018. También destaca que en 2019 se firmaron 272.592 contratos, 12.000 más que el ejercicio anterior. “El comportamiento del mercado de trabajo agrario ha sido muy similar durante los 12 meses [de 2019] al registrado otros años, muy vinculado a la buena o mala marcha de las distintas campañas agrícolas que se van sucediendo”, analiza el sindicato.

El problema son los precios por debajo de costes

“Fernández Vara se ha precipitado y equivocado en el análisis de las causas de los resultados de la EPA”, interpreta la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, “y ha hecho un flaco favor a la causa en la comunidad con los salarios y pensiones más bajas de España”. Todos los sindicatos y organizaciones del sector se reúnen este jueves con el presidente extremeño para hablar de la polémica. En el diagnóstico hay coincidencia. Con algunos matices. La agricultura padece una crisis crónica que aboca muchas veces a los productores a vender sus cosechas por debajo de los costes de producción. “Hoy es el SMI, pero mañana será el gasóleo o el abono: los precios que nos pagan son tan bajos que cualquier subida mínima de costes no podemos repercutirla”, protesta Ignacio Huertas, secretario general de UPA en Extremadura. “Nuestra prioridad”, continúa, “son los precios, que son de hace 20 años y es con lo que hay que acabar, no el salario mínimo”.

El presidente de Asaja, Pedro Barato, asegura en cambio que Fernández Vara “claro que tiene razón” cuando advierte del impacto de la subida del SMI. “Por supuesto, queremos un salario digno, pero también que los productores tengan renta suficiente para pagar ese salario”, precisa a continuación. Según sus cálculos, en Extremadura se dejaron de contratar a 15.000 trabajadores agrarios por culpa del alza del SMI en 2019: “Ha sido la puntilla para el sector”, recalca, “en un año caótico para las frutas y hortalizas extremeñas”.

Ignacio Huertas descarga la responsabilidad de la crisis de precios directamente en el “abuso de la industria y de la gran distribución”, que imponen precios “de miseria” a los agricultores pero precios de vértigo a los consumidores por los mismos productos. Para explicar la caída del empleo agrario en Extremadura el año pasado, Huertas acude a la sequíala sequía, que ha recortado hasta en un 40% la producción olivarera y el viñedo; al pedrisco, que dañó los frutales, y a la “fruta que se ha quedado sin recoger”. El “parón en el mercado”, resultado de un mal año de ventas en Europa y de los cinco años de veto ruso a las frutas y hortalizas de la UE –en respuesta a las sanciones que se le impusieron por la crisis con Ucrania–, empujó a las centrales hortofrutícolas a no comprar las cosechas.

“En Extremadura se han arrancado 1.700 hectáreas de árboles frutales”, calcula el dirigente de UPA. Las centrales son los primeros manipuladores de la fruta, que luego venden a mayoristas o a la gran distribución. Huertas critica que estas empresas no hacen contratos a los agricultores, a quienes compran sus cosechas “a resultas”: por ejemplo, los productores venden en verano, obligados porque la fruta es perecedera, pero no cobran hasta final de año, por lo que carecen de una mínima “capacidad de negociación”. Si las centrales no les compran el producto, como ha pasado con la ciruela –de la que Extremadura es la primera comunidad productora de España y arrastra una caída de precios del 14%, a 15 céntimos el kilo–, al agricultor no le queda más remedio que arrancar el árbol.

O cambiar de cultivo, abandonando la fruta de hueso por otro que requiera menos mano de obra, como el almendro, subraya por su parte Pedro Barato. De hecho, es la fruta de hueso la que más afectada resultó por el veto ruso, pues no ha encontrado mercados alternativos ni recuperado el nivel de precios anterior. “Se está produciendo una reestructuración salvaje en el sector”, resume.

Males a los que debe sumarse una Política Agraria Común “cada vez con menos fondos”, lamenta el presidente de Asaja. Y una comunidad autónoma que, pese a ser una de las principales productoras, no tiene apenas industria transformadora, critica por su parte Encarna Chacón: “El valor añadido se produce fuera”. El resultado final es la desaparición de las explotaciones más pequeñas y el despoblamiento, advierten todos los interpelados por infoLibre.

Un convenio con 10 categorías profesionales que cobran el SMI

En Extremadura está pendiente de firmarse el convenio colectivo del campo, que ha sido prorrogado seis meses tras agotar el año de ultraactividad –el periodo de prórroga automática de un convenio caducado mientras se negocia su renovación– que marca la reforma laboral. Afecta a 65.000 trabajadores, por lo que es el más importante de la comunidad autónoma. De sus 13 categorías profesionales, sólo tres superan el salario mínimo. La subida del SMI en 2019 ya fue uno de los obstáculos que resultaron imposibles de saltar en la negociación a lo largo del pasado año: los empresarios, recuerda Encarna Chacón, quería ampliar la jornada para aplicar el nuevo salario mínimo, a lo que se negaron los sindicatos. Así que el alza de 2020 puede suponer ahora una dificultad añadida a la negociación, indica Ignacio Huertas. Pedro Barato cree que la subida del salario mínimo debería negociarse en una mesa de diálogo social como la del convenio del campo, “y no en un decreto-ley como ha hecho el Gobierno”. El presidente de Asaja atribuye a la “incertidumbre” provocada por los anuncios de derogación de la reforma laboral y de subir el SMI la caída del empleo agrario en Extremadura el último trimestre del año: “La gente toma decisiones: no contratar o cambiar de cultivo”.

Chacón sostiene que las protestas contra la mejora del SMI no son más que una “excusa para seguir manteniendo una determinada estructura salarial”, porque “hay beneficios empresariales y una PAC”. Ignacio Huertas reclama exenciones en las cuotas a la Seguridad Social durante un cierto periodo de tiempo “para compensar la subida del salario mínimo donde sea difícil asumirla”. Y Pedro Barato recuerda el artículo 130 de la Constitución, donde se establece que los poderes públicos deben atender a la “modernización y desarrollo de todos los sectores económicos” y menciona en particular a la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, “para equiparar el nivel de vida de todos los españoles”. A su juicio, deberían establecerse “excepciones” para el sector agrario en las materias que fueran necesarias, como se hizo en su día al crear el PER para Andalucía y Extremadura, por ejemplo, o por la misma razón que se ha estableció un Régimen Especial Agrario en la Seguridad Social.

El presidente de Asaja envió la pasada semana una carta al vicepresidente Pablo Iglesias para pedirle que abra una mesa de negociación sobre el campo, que aún no le ha contestado. Barato dice que el Gobierno también debería aprobar un decreto-ley para prohibir que a los agricultores se les pague por debajo de sus costes de producción. Mientras los productores protestaban a las puertas de la feria en Don Benito (Badajoz), el ministro de Agricultura, Luis Planas, declaró dentro del recinto que “ni las administraciones autonómicas ni la nacional pueden fijar ningún precio”.

Varios miles de personas se han manifestado este miércoles en la localidad pacense de Don Benito, convocados por las organizaciones agrarias para reclamar precios justos en el campo, en una protesta que se ha dirigido hacia la feria Agroexpo, en cuya entrada se han vivido momentos de tensión entre policía y manifestantes.

Las organizaciones UPA-UCE, Asaja y COAG han convocado esta manifiestación para reclamar precios justos en el campo extremeño, y que ha contado con el apoyo de partidos políticos como el PP, Ciudadanos o Unidas por Extremadura, cuyos representantes también han participado en esta protesta, según informa Europa Press.

La manifestación ha llegado a las puertas de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) donde estaba prevista la visita a la feria Agroexpo por parte del ministro de Agricultura, Luis PlanasLuis Planas, y del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Ha sido a las puertas de Feval donde se han producido momentos de tensión, cuando algunos manifestantes han intentado saltar el cordón de seguridad establecido por la policía, lo que ha provocado algunas cargas policiales y forcejeos, así como lanzamientos de objetos o huevos.

COAG exige que se declare la situación como un "problema de Estado"

El presidente de COAG Extremadura, Juan Moreno, ha exigido que se declare la situación del campo como un "problema de Estado", debido, ha dicho, a que el sector primario es el "encargado de alimentar a los ciudadanos".

Moreno ha expuesto que APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE Extremadura, Asaja Extremadura y COAG Extremadura, las organizaciones convocantes de esta protesta en Don Benito, protagonizan con este acto un "llamamiento masivo" porque la situación problemática "ya no aguanta más".

"Queremos y exigimos que se declare el problema del campo, de la ganadería y de la agricultura, como problema de Estado y el señor presidente del Gobierno así debe declararlo porque somos los encargados de alimentar a los ciudadanos", ha dicho en declaraciones a los medios.

De esta forma, Juan Moreno ha considerado que los agricultores y ganaderos no pueden tener y subsistir con precios de hace 40 años, además de instar a la responsabilidad de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de dotar a la PAC de un incremento presupuestario.

APAG Extremadura Asaja pide una mesa "urgente" con presencia de Vara para poner "soluciones" 

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha reclamado la puesta en marcha "ya" de una mesa "urgente", en la que esté presente el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, para empezar a articular "soluciones" ante la situación de "crisis" en "todo" el sector primario extremeño. Metidieri ha abogado así por una "solución definitiva" a la situación actual del campo, toda vez que "ya está bien de arbitrar normativas contra el campo en general".

"Llevamos ya mucho tiempo, muchas reuniones, estamos cansados de ella y sabemos que han servido para muy poco. Y prueba de ello es la situación que tenemos aquí hoy en Don Benito", ha incidido el responsable agrario, quien ha recalcado que el sector pide una "solución definitiva" para la "crisis" que vive y ha defendido que "ya está bien de arbitrar normativas contra el campo en general".

En esta sentido, ha subrayado que "aparte de la normativa ya está bien de dictar esos reales decretos que lo único que han favorecido es más desempleo, más pobreza, más despoblación en las zonas rurales", ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación.

UPA-UCE traslada a Planas un "SOS" del campo

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha señalado que los 10.000 agricultores y ganaderos extremeños que según sus propias estimaciones se han manifestado este miércoles en Don Benito (Badajoz), lo hacen para trasladar al ministro del ramo, Luis Planas, que la situación que atraviesa el sector reclama medidas urgentes para garantizar el futuro de las explotaciones.

"Hemos venido para decir ¡Basta ya!", ha dicho Huertas en declaraciones a los medios de comunicación tras la manifestación ."Así no puede seguir el campo", ha remarcado, y advierte que ya se está produciendo una reestructuración que "echando" a las explotaciones familiares que no pueden continuar con la actividad.

"El campo se está muriendo. Lanzamos un SOS" al ministro y al presidente de la Junta, para que se adopten medidas "urgentes" porque los agricultores y ganaderos ya no pueden esperar más, ha dicho.

Asaja Extremadura recalca que Sánchez "tiene la obligación" de fijar unos precios "mínimos y dignos"

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha recalcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene la obligación" de fijar unos precios "mínimos y dignos" para el campo.

"Si el señor Pedro Sánchez ha sido capaz de establecer a través de un Real Decreto Ley un incremento del Salario Mínimo Interprofesional, el señor Pedro Sánchez tiene la obligación a través de un Real Decreto Ley de fijar unos precios mínimos y dignos para que los agricultores y ganaderos puedan seguir viviendo en los pueblos, si no Extremadura se acaba", ha asegurado.

De esta forma, García Blanco ha lamentado la situación en la que se encuentra la gente que se dedica al sector primario y se ha preguntado por "¿qué más quiere este gobierno hacer para que desaparezca la población del pueblo y del mundo rural?".

Vara muestra "absoluto respeto" por la manifestación y ofrece "diálogo" como "única vía de solución"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su "absoluto respeto" por la manifestación agraria y ha ofrecido "retomar el diálogo" con el sector como "la única vía de solución de los problemas" y "la única manera de poner encontrar respuesta a las preocupaciones".

Así, ante un momento "importante" para la agricultura y la ganadería" como el actual, y se ha puesto a disposición para actuar "en todo aquello" en lo que se pueda incidir "para poder cumplir" con las "expectativas" del sector "dentro de la legalidad".

"Ofrecemos nuestra máxima colaboración para poder hacerlo, para poder desarrollarlo", ha añadido Vara en declaraciones a los medios con motivo de la apertura de Agroexpo, y en las que también ha agradecido la presencia del ministro de Agricultura, Luis Planas.

Elpresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que pedirá mantener un encuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para analizar el "impacto" y las "consecuencias" que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puede estar teniendo en los datos de empleo en el sector agrario en regiones como la extremeña, teniendo en cuenta que el "impacto" de dicha medida "no es el mismo en todos los sitios", informa Europa Press.

Así, tras incidir en que él defiende y va a seguir defendiendo esta medida, toda vez que "no puede ser malo que la gente tenga un salario digno para poder vivir", ha añadido que quizás "ahora se puede dar la circunstancia de que, en una coyuntura de precios bajos para el sector, le cueste mucho poder estar sufragando una subida de los costes salariales, de la masa salarial vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional", ha espetado.

En este punto, ha señalado que ante dicha situación el Gobierno central, desde su punto de vista, podría "establecer o considerar" unas "cotizaciones especiales" para las zonas "donde esto está ocurriendo", ya que "algo que es intrínsecamente bueno, como que exista un mayor SMI, hay en algunos lugares, como aquí, en los que eso ha provocado" destrucción de empleo agrario.

"Yo creo que esto no es un problema sólo de medias verdades, todo el mundo tiene su razón, y cuando el Gobierno de España decide subir el SMI nos tenemos que sentar a hablar para que eso sea posible. No puede haber trabajadores de primera y de segunda, pero el impacto que está teniendo no es el mismo en todos los sitios", ha señalado Vara, quien ha añadido que "curiosamente" dos de las regiones con uno de los "mayores pesos" en el sector agrario como Murcia y Extremadura son las "más" castigadas, ha dicho.

De este modo lo ha señalado Vara en rueda de prensa este martes en Mérida en la que ha hecho una valoración de unos datos de la EPA en Extremadura "rematadamente malos", que están vinculados a su juicio "de manera clara" al campo, ante los que según ha incidido "si sirve para algo es para redoblar los esfuerzos", y sobre los que en todo caso ha recalcado que él no elude "ninguna responsabilidad" porque la tiene "toda".

En este punto, ha incidido en que los datos de paro acumulados en Extremadura según la EPA conocida este martes no es algo "normal", sino que "tiene que haber unas causas especiales" que según ha subrayado hay que analizar y afrontar, "entre otras razones porque nunca se había producido que con la reforma laboral en estos momentos en vigor y con crecimiento" que se va a tener "por encima del 1,5 %" se "destruya" empleo en la región.

Reuniones

En este sentido, y sin eludir su "responsabilidad" en los datos, ha avanzado que este mismo jueves ha convocado a la patronal y los sindicatos en la región para abordar en una reunión "monográfica" las cifras de la EPA conocidas este martes.

Además, ha anunciado que la próxima semana la Junta firmará con patronal y sindicatos la "concertación" de todos los asuntos que tenían planteados, entre ellos el empleo; así como que la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, pedirá comparecer en la Asamblea para hablar sobre las propuestas relativas al nuevo Plan de Empleo que se pondrá en marcha en la comunidad.

Al mismo tiempo, ha pedido a organizaciones agrarias y sindicatos que "por favor" cierren el nuevo convenio del campo en Extremadura, porque "negociando es como se consigue salir de las situaciones más complejas".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que España "necesita tener un gobierno ya" y que el PP es el "único partido" que tiene en sus manos hacer que los independentistas sean "absolutamente irrelevantes".

"Lo puede y lo debe hacer", ha señalado Fernández Vara sobre el partido que lidera Pablo Casado, a quien ha recordado que en 2016 el PSOE "propició que España tuviera gobierno porque creía que era lo que en aquel momento tenía que hacer".

Por tanto, considera que "el PP le debe a España y al PSOE propiciar que España tenga un gobierno", al tiempo que se ha mostrado partidario de que el independentismo sea "absolutamente irrelevante en España", algo que, ha reiterado, el partido de Casado es el único que "lo tiene en sus manos".

"Le pido al PP, un partido de gobierno de este país, que no puede gobernar porque no tiene mayoría para poder hacerlo, que permita que España tenga gobierno. Le hará un gran favor a España, a la democracia y sobre todo a los españoles", ha señalado Vara en declaraciones a los periodistas antes de participar en un reconocimiento a la sanidad extremeña en Mérida.

Para Fernández Vara, este es un asunto que viene ocupando al país "desde hace demasiado tiempo, mucho más del que el sentido común podría dictar", a la vez que se ha mostrado "sorprendido" de que se forme "revuelo" por el hecho de que Pedro Sánchez anuncie que quiere hablar con los presidentes autonómicos, algo que considera "lo más normal" en un país descentralizado como es España.

"Hay demasiada gente que ha perdido la brújula" ha señalado Vara, con respecto a que "algo tan sencillo como hablar también está mal visto y se critica".

"Este país necesita tener un gobierno ya", ha reiterado el presidente extremeño, quien ha subrayado que hay "demasiadas cosas por delante, demasiados desafíos, demasiadas incertidumbres" como para continuar en esta "situación de inestabilidad absoluta" en la que se encuentra el país "desde hace demasiado tiempo".

Por ello, ha señalado que Extremadura, donde los ciudadanos "decidieron hace cinco meses apostar por la estabilidad", señala al resto del país que España "necesita tener un gobierno ya" para hacer frente a los "importantísimos desafíos" que tiene por delante.

El PSOE de Pedro Sánchez ha ganado las elecciones municipales con un 29,2% de los votos y una ventaja de siete puntos porcentuales sobre el segundo partido, el PP, según los datos del escrutinio provisional al 99,8%.

En 2015 el PP había ganado con el 27,06% y el PSOE se había quedado en un el 25,03%.

Es la primera vez que los socialistas ganan con autoridad unas elecciones locales en España desde 1991. En aquella ocasión, hace casi 30 años, consiguió un 38,3%, 12,6 puntos porcentuales más que el PP.

Los datos provisionales, por encima del 99% del escrutinio, muestran que el PSOE ha resultado ser el partido más votado en municipales  en todas las comunidades menos en las cinco en las que el PP se ha situado primero (Galicia, Madrid,  Castilla y León, La Rioja e Illes Balears), el País Vasco (el PNV se impuso en las tres provincias), Navarra (Navarra Suma), y Cantabria (el más votado ha sido el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla).

En las grandes ciudades, sin embargo, el resultado de PSOE está lejos de ser positivo. Los socialistas sólo gobernaban en seis de los 16 municipios más poblados, los mismos que ahora. Pierden, eso sí, Córdoba, y ganan Gijón. Sevilla seguirá siendo la ciudad más importante con alcalde del PSOE.

En Madrid ciudad los socialistas no han sido capaces de sumar con Ahora Madrid. La candidatura de Pepu Hernández, flamante fichaje de Pedro Sánchez, se ha quedado en un 14% de los votos, por debajo del 15% de hace cuatro años y ha pasado además del tercer al cuarto puesto, rebasado por Ciudadanos.

Jaume Collboni, el candidato del PSC por Barcelona, ha conseguido duplicar los resultados de 2015 y elevar la posición de su partido de la quinta a la tercera posición, peros se ha quedado muy lejos de la Alcaldía. 

El PSOE conservará, con pactos, las alcaldías de Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid. Y por mayoría absoluta Vigo (donde Abel Caballero ha conseguido un nuevo récord histórico) y L'Hospitalet de Llobregat, con el liderazgo de Núria Marín.

Aragón a cambio de La Rioja

En las elecciones autonómicas los socialistas han conseguido un resultado agridulce. La suma de fuerzas de la derecha privará a Javier Lambán de la Presidencia de Aragón, salvo que Ciudadanos sorprenda llegando a un improbable acuerdo con los socialistas.

Emiliano García-Page y Guillermo Fernández Vara, en cambio, se han anotado sendas mayorías absolutas en Castilla-La Mancha y Extremadura. Serán las únicas del mapa autonómico con la que aún conserva el PP de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.

Francina Armengol tendrá al alcance de la mano reconstruir una alianza de izquierdas para seguir gobernando Illes Balears. Lo mismo que el PSOE asturiano, esta vez con Adrián Barbón al frente de la Presidencia.

La pérdida de Aragón ha llegado acompañada de la posibilidad de hacerse con la Presidencia de La Rioja si el PSOE logra un acuerdo con Podemos (entre las dos fuerzas suman 17 escaños, exactamente la mayoría absoluta). Y de la victoria en Canarias, aunque en esta comunidad no está claro que los socialistas sean capaces de sumar para gobernar.

En Castilla y León y en la Región de Murcia, dos feudos tradicionales del PP, el PSOE también ha resultado ser el partido más votado. Sin embargo, no está en situación de sumar mayoría absoluta con otras fuerzas de la izquierda. En ambas comunidades será Ciudadanos —con el permiso de Vox en el caso de Murcia—, quien decida si gobiernan los socialistas o lo hace el PP.

El PSOE no ha ganado en Cantabria, pero seguirá siendo decisivo para que Miguel Ángel Revilla (PRC) sigue presidiendo la comunidad, lo que de paso garantiza el respaldo a Pedro Sánchez del único diputado de este partido en el Congreso.

Más complicada es la papeleta en Navarra. La coalición de la derecha, Navarra Más (PP, CS y UPN), ha sido la más votada y las formaciones que integraban el gobierno tripartito (Geroa Bai, EH-Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) han perdido la mayoría absoluta, lo que convierte al PSOE en el árbitro de la solución. El nuevo Gobierno sólo puede salir de una combinación que tenga en cuenta la opinión de los socialistas. A la derecha le basta con que el PSOE se abstenga.

Y en la Comunidad de Madrid, el territorio más deseado de cuantos estaban en juego y tras un recuento de infarto, la candidatura de Ángel Gabilondo no ha sido capaz de sumar con el Ahora Madrid de Íñigo Errejón y el Podemos de Isa Serra.

Victoria europea

En las elecciones europeas el PSOE también ha ganado con un respaldo del 32,8% y 20 diputados, seguido por el PP con el 20,1% y 12 escaños, según los datos oficiales con el recuento al 99,9%.

La tercera posición es para Ciudadanos, con un respaldo del 12,17% y siete escaños, y detrás Unidas Podemos con el 10% y seis diputados. Vox saca un 6,2% y tres escaños.

Ahora Repúblicas, la coalición independentista de ERC, Bildu y BNG que encabeza Oriol Junqueras, obtiene tres escaños; Junts, la marca de Carles Puigemont, logra otros dos escaños; y la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS), del PNV y CC, saca el último de los 54 escaños en liza.

Decepción por Madrid

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ha podido ocultar su decepción por no haber podido recuperar para los socialistas la Comunidad de Madrid. En una comparecencia ante ña prensa arropado por candidatos y dirigentes socialistas con rostros apesadumbrados, Sánchez pidió al PP y a Ciudadanos que levanten el cordón sanitario impuesto a los socialistas y que se nieguen a llegar a acuerdos con Vox para gobernar ayuntamientos y comunidades algo que, subrayó, “no va a ser entendido en Europa”.

Los escaños ultras son esenciales para el PP en comunidades como Madrid, Aragón y Murcia y en municipios tan relevantes como Madrid y Córdoba.

Ciudadanos sostiene que “con este PSOE es muy complicado llegar a acuerdos” pero en realidad sólo ha vetado la posibilidad de pactar con los socialistas en dos de las doce comunidades autónomas en las que se celebran elecciones el próximo 26 de mayo.

Embarcados en una estrategia dirigida a disputar el liderazgo de la derecha al PP en la campaña electoral que se inicia en la medianoche de este jueves, la dirección naranja ha teñido de ambigüedad su política de pactos. Están convencidos de que el cordón sanitario impuesto al PSOE en las elecciones generales les ha salido rentable pero ahora no quieren cerrarse puertas en los territorios en los que, después del 26M, pueda resultar viable un pacto poselectoral con los socialistas.

El problema es que tampoco desean dar al PP la oportunidad de acusarles de estar pensando en llegar a acuerdos con el partido de Pedro Sánchez. Así que los dirigentes de Ciudadanos se esfuerzan por enfatizar las dificultades que, dicen, plantea pactar con el PSOE en las comunidades autónomas pero sin cerrarse del todo a esa posibilidad.

La estrategia de esta semana pasa por llamar a los candidatos socialistas a distanciarse de Pedro Sánchez. La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas, explicó este lunes que es “muy complicado” que su partido pacte con el PSOE en municipios y comunidades autónomas tras las elecciones del próximo 26 de mayo porque no parece que haya candidatos socialistas “disidentes” que critiquen las políticas de su secretario general.

“Con este PSOE es muy complicado llegar a acuerdos”, declaró en la sede de Cs tras la reunión del Comité Ejecutivo antes de preguntarse si “habrá algún disidente en el PSOE” en alguna comunidad autónoma o municipio. “De momento no se ve ninguno”, se respondió a sí misma. Arrimadas proclamó que Sánchez “se ha cargado al PSOE” porque “lo ha radicalizado” pero se cuidó de tender un nuevo cordón sanitario. Esa radicalización “ha hecho que se dificulten los pactos”, pero eso no significa que sean imposibles.

La formación naranja cree que está en situación de tocar poder en comunidades y ayuntamientos y no quiere dejar pasar la ocasión. Esta vez, sostienen en entrevistas y declaraciones públicas, serán el PP y el PSOE los que tendrán que decidir si apoyan la investidura de sus candidatos.

Este miércoles fue el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, el que abundó en la ambigüedad sobre los pactos. Igual que Arrimadas ve “difícil” —no dijo “imposible”, como en las generales— llegar a acuerdos con el PSOE tras las autonómicas y municipales. Y sugirió también que la disidencia de los candidatos socialistas con Pedro Sánchez ayudaría a pactar.

“Habrá que buscar alianzas, pero con el PSOE lo veo complicado", indicó. Ciudadanos está dispuesto a pactar con dirigentes socialistas que “discrepen” con el modelo de Sánchez, pero “no hay nadie que haya levantado la voz y haya dicho que no hay que pactar con Podemos”, criticó al ser preguntado por los escenarios políticos de Castilla-La Mancha y Aragón, donde los socialistas llegaron a acuerdos con la formación de Pablo Iglesias.

Un repaso de las declaraciones de los candidatos de Ciudadanos a la presidencia de las doce comunidades que votan el 26M confirma que, en realidad, la formación naranja solo ha impuesto vetos al PSOE en dos territorios: Madrid e Illes Balears.

Ignacio Aguado, el candidato naranja en la comunidad madrileña, lo impuso recientemente —hace tres meses estaba dispuesto a pactar con el PSOE—. “Si tenemos un escaño más mandaremos a Gabilondo y a Errejón otros cuatro años más a la oposición”, repitió este domingo, convencido de que el resultado de las generales —en las que la lista de Cs superó al PP en la circunscripción madrileña— es el prólogo a una mayoría de derechas liderada por él mismo y apoyada por el PP y Vox.

En Illes Balears el veto al PSIB-PSOE lo firma el también candidato de Ciudadanos a la Presidencia, Marc Pérez-Ribas. El motivo es “su deriva nacionalista”, que deduce de la gestión realizada por la presidenta Francina Armengol, que gobierna gracias a un pacto con Podemos y los econacionalistas de Més por Mallorca y Més por Menorca. Pérez-Ribas no tiene inconveniente en decantar sus preferencias por el PP en el caso —improbable, a la vista de las encuestas— de que la derecha consiga mayoría absoluta.

Abiertos a pactos

Los vetos al partido de Pedro Sánchez se quedan en esos dos territorios. En las tres comunidades gobernadas por barones críticos con Sánchez —Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, aunque el presidente de esta última ha sido capaz de reconstruir cierto entendimiento con el líder del PSOE—, Ciudadanos no descarta ningún escenario. Es a estos presidentes —Emiliano García-Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara— a los que se refieren los dirigentes de la formación naranja cuando animan a disentir de Sánchez para allanar la posibilidad de un acuerdo.

Carmen Picazo, la aspirante por Castilla-La Mancha, se deja querer por PP y PSOE y habla incluso de las consejerías “clave” que su partido piensa reclamar. La formación de Casado sostiene que Picazo ya ha cerrado un pacto con el presidente socialista, García-Page, que nunca ha ocultado su disposición a llegar a un acuerdo de gobierno con los de Rivera si los resultados electorales lo permiten.

Daniel García-Calvo, el candidato por Aragón, también se abre a acuerdos a derecha e izquierda, siempre que no incluyan a “populistas” o “nacionalistas”, un veto que no extiende a Vox y que señala exclusivamente a Podemos y a la Chunta Aragonesista.

En Extremadura es Cayetano Polo, el aspirante naranja a la Presidencia, el que evita pronunciarse con el argumento de que aspira a ser el más votado. Si lo consigue, asegura, hablará con todos, incluido el PSOE.

El candidato a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, Felisuco, rechaza abiertamente levantar “cordones sanitarios absolutamente a nadie” en una comunidad en la que gobierna Miguel Ángel Revilla (PRC) con el apoyo del PSOE.

El número uno de La Rioja, Pablo Baena, no se cierra a nada, pero pone en el punto de mira al PP, en el Gobierno desde hace un cuarto de siglo. “Será complicado” que Cs vuelva a “confiar en un partido que no tiene ninguna intención de regenerarse”, declaró recientemente Baena. “Cuando sepamos los resultados, abriremos una ronda de negociaciones esperando poder liderarlas“, añadió.

Isabel Franco, aspirante por Murcia, tampoco cierra puertas, a pesar de que el presidente de la Región, Fernando López Miras (PP), le emplaza casi a diario a desvelar sus intenciones asegurando que ya ha pactado secretamente con el PSOE.

En el Principado de Asturias el candidato, Juan Vázquez, se abre también a todo tipo de pactos, “de uno y otro lado”, siempre y cuando sea con partidos “moderados” y “constitucionalistas”, entre los que no excluye al PSOE, actualmente en el Gobierno.

La candidata por Canarias, Vidina Espino, también se esfuerza por mantener abiertas todas las puertas a la espera de conocer el resultado de las elecciones, con el objetivo de contribuir a sacar de la Presidencia a Coalición Canaria.

Por último, en Navarra la derecha española (Cs y PP) y la foralista (UPN) van unidas bajo la marca Navarra Suma, al igual que ocurrió en las generales. El candidato de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, es el tercero en dicha lista que encabeza el político de UPN Javier Esparza. La prioridad de Navarra Suma será excluir a los nacionalistas del Gobierno Foral.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado este domingo que la derecha "se va a atar a la ultraderecha" con la "misma cuerda" del "cordón sanitario" que han puesto al PSOE, informa Europa Press. Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma este domingo en Mérida, donde ha participado en la clausura de la Conferencia Política Autonómica del PSOE de Extremadura, junto con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Sánchez ha señalado que "no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda, de la España moderada y progresista" en las elecciones generales del próximo 28 de abril, tras lo que ha reafirmado que en el PP "andan que si se fundan, se refundan, y mientras tanto lo que hacen es fundirse con la ultraderecha, y por ahí si que no vamos a pasar", ha señalado.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha aseverado que el PSOE da "ejemplo de patriotismo" durante su mandato, que consiste en que "la gente viva mejor", tras lo que ha aseverado que la foto de la manifestación de la Plaza de Colón "representa la involución", ya que es "una foto que va contra la historia". Así, Pedro Sánchez ha reafirmado que "España lo que necesita es conquistar su futuro para no regresar 40 años atrás", tras lo que ha instado a que el próximo 28 de abril se dé "la espalda a la crispación de una derecha que solo se ha mirado el ombligo".

Durante su intervención, el presidente del Gobierno también ha alertado de que "si no hay movilización el próximo 28 de abril, la abstención puede dar el triunfo al extremismo y a los posicionamientos más ultras" en España, y hacer que el país "regrese a 40 años atrás". Una situación que se está viviendo en España y otros países de Europa, y que "no hay que tomarse a broma", por lo que destacado la importancia de participar en las próximas elecciones generales y ha apelado "ya no solamente a la España de izquierda, a la España progresista, sino a mucho más allá, a la España moderada, sensata".

Y es que, se trata de una "amenaza real", que a juicio de Pedro Sánchez, ocurre porque la sociedad "está viviendo un cambio de época" debido a la revolución digital, el cambio climático o la precariedad que sufren muchas familias, y que "hace que mucha gente piense que el futuro ya no es un lugar de bienestar, y que cualquier pasado fue mejor". Ante esta situación, Sánchez ha reafirmado que "el futuro puede ser mejor que el pasado", lo cual "va a depender de nuestro voto, de la orientación que le demos a nuestro país", ha dicho.

Frivolizar con la violencia de género

Por otra parte, Pedro Sánchez ha reafirmado su defensa de la Ley contra la Violencia de Género y el pacto en este ámbito, frente a la situación actual, "cuando por un puñado de escaños" ve al PP y Ciudadanos "frivolizar con la violencia de género para buscar el apoyo de la ultraderecha y poder encaramarse a las instituciones y al Gobierno de Andalucía". En ese sentido, ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por "decir que esta violencia no es una violencia de género sino que es una violencia intrafamiliar", ya que según ha dicho Sánchez, "se tardaron siglos en reconocer que la violencia de género era una cuestión que afectaba al conjunto de la sociedad",

Ha defendido que "una de las grandes aportaciones del siglo XXI" ha sido reconocer que la Ley contra la Violencia de Género "afecta al conjunto de la sociedad" y "compromete" a todos los ciudadanos, por eso ha lamentado que "ahora se banalice tanto sobre la violencia de género". Ante esta situación, Sánchez ha instado a "estar con las mujeres manifestándonos en favor de la igualdad laboral" el próximo 8 de marzo, ya que la defensa de los derechos adquiridos tras siglos de lucha "no termina nunca".

El dirigente socialista ha planteado que "hasta en términos electorales" estos partidos "tienen poca cabeza", ya que en el siglo XXI, que es el siglo de las mujeres, "cualquier proyecto político que se defina contra las mujeres, es que pierden seguro", ha dicho. "¿Qué sentido tiene lo que están haciendo?", se ha preguntado Pedro Sánchez, quien ha aseverado que "mientras haya alcaldes y presidentes socialistas habrá gobiernos feministas para defender la igualdad".

Lo que queda por hacer

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha aseverado que en ocho meses, su ejecutivo ha "hecho más por la justicia social del país" que el PP en los últimos siete años, por lo que se ha mostrado convencido de que el próximo 28 de abril "los españoles van a refrendar con su voto esa España que es posible, solidaria, abierta, optimista". Una España que "da la espalda a la crispación" y apuesta por la "unidad", ha aseverado Sánchez, quien ha destacado la necesidad del "bien hacer", que significa "dejar atrás la corrupción", de ahí la decisión de presentar una moción de censura tras la sentencia del caso Gürtel.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha señalado que en su Gobierno les han quedado "cosas por hacer" porque las han "bloqueado" en el Congreso, tras lo que ha lamentado que "había mayoría" para poder aprobar la eliminación del copago farmacéutico, para extender la educación de cero a tres años, o lograr un acuerdo que garantizara el sistema público de pensiones.

Unas propuestas que "ha bloqueado el PP y Ciudadanos porque han antepuesto su interés partidario al bienestar de la gente", ha señalado el dirigente socialista, quien ha señalado que "el próximo 28 de abril tenemos que dar la espalda a la crispación y a una derecha que sólo se ha mirado el ombligo y no ha pensado en el bienestar de las personas de este país". Por este motivo, el presidente del Gobierno ha concluido deseando que el próximo 28 de abril "gane el sentido común".

"Se palpa que tenemos ganas de votar"

Previamente, Pedro Sánchez ha señalado, antes de entrar al pabellón del acto, que "se nota que tenemos ganas de votar el 28 de abril", en alusión a la asistencia de socialistas a la Conferencia Política Regional del partido en Extremadura en la que participa este domingo en Mérida.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reivindicado el voto "seguro" y que "no traiciona" para el PSOE como garantía de progreso frente a los partidos de la derecha que representan una política que supone el "regreso", la "reacción", el "freno". "No hay más que dos caminos, el progreso o el regreso, el impulso o el freno", ha dicho Fernández Vara.

Fernández Vara ha pedido disculpas a las cientos de personas que se han quedado fuera del pabellón: "Estamos desbordados", ha dicho.

Las apelaciones a la unidad de España, la defensa militante de la caza y de los toros, la reivindicación de la bandera y de los símbolos y la petición de mano dura para enfrentar las demandas del independentismo catalán no son patrimonio exclusivo de la derecha. Desde hace tiempo forman parte esencial del discurso de Emiliano García-Page, Javier Lambán y, en menor medida, de Guillermo Fernández Vara, los barones socialistas más críticos con Pedro Sánchez, a los que también une la disposición a explorar, después de las elecciones del 26 de mayo, acuerdos postelectorales con Ciudadanos para el caso de que la aritmética parlamentaria lo permita.

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura son a menudo considerados la punta de lanza el sector más tibio del socialismo español. Ya lo eran antes de las elecciones andaluzas que costaron la Presidencia a Susana Díaz, pero ese perfil se está viendo acentuado desde que en las filas socialistas se ha impuesto la creencia de que la cuestión catalana fue decisiva para la derrota del PSOE en Andalucía. De ahí que los tres estén enfatizando, más que nunca, posiciones políticos incómodas para el presidente Pedro Sánchez.

No es raro escuchar fervientes referencias patrióticas de labios de García-Page, en línea con las que se han hecho habituales en Pablo Casado y Albert Rivera. “Ninguna enseña local o regional sobrepasa la emoción que genera la bandera española, aunque para algunos sea un problema”, proclamó el pasado diciembre desde el Alcázar de Toledo, apenas dos días antes de que Sánchez se reuniese por segunda vez con el president catalán, Quim Torra. La bandera de España, añadió aquel día, “tiene una importancia que va más allá del símbolo” y alcanza a “lo que hay detrás, los sentimientos”.

Apenas tres semanas después, el 7 de enero, Garcia-Page volvió sobre los símbolos. Aprovechando una visita a un municipio toledano, anunció el compromiso de renovar su juramento a la bandera española en la Academia de Infantería de Toledo una vez se hayan celebrado las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo. Lo hará, dijo, como muestra de “responsabilidad” ante el actual contexto político. “Quien no quiere respetar una bandera es que no respeta ni lo que es en sí mismo, ni el país en el que vive y que le da de vivir”.

Los mensajes de fin de año de los tres presidentes resumen perfectamente su identidad de criterio. Javier Lambán eligió como escenario de su discurso el que mejor expresa las diferencias de su comunidad con Cataluña: el Monasterio de Sijena, destino de las obras de arte trasladadas por orden judicial desde el Museo de Lleida justo cuando la autonomía catalana se hallaba sometida a la intervención del Gobierno español. En ese marco situó la cuestión catalana como el problema más grave que tiene España y reiteró el interés de Aragón en implicarse en la solución.

En su mensaje, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, tampoco pudo resistirse a hablar de Cataluña y hacer una defensa expresa de “la patria indivisible e indisoluble de todos los españoles”. Y Emiliano García Page se mostró convencido de que "la inmensa mayoría" de los ciudadanos de la región "entienden y apoyan" su defensa de España contra quienes buscan "acabar con nuestra identidad común y con nuestra unidad, porque en el fondo quieren acabar con la igualdad”.

Los tres están convencidos de que poner el independentismo en el punto de mira da votos, así que no es casualidad que la unidad de España sea un tema recurrente para el presidente castellanomanchego. “Jurídicamente hablando, hay y solo habrá una nación, que es la española”, proclamó en agosto. De hecho, su oposición a la forma en que Pedro Sánchez quiere encauzar el problema catalán es frontal: se enfrentará, ha llegado a decir, a cualquiera que, con la idea de “mejorar” la Constitución pretenda “renegar” de la Carta Magna del 78, aunque sea de su propio partido. De ahí que defienda no “tocar la Constitución ni ningún Estatuto de autonomía”, justo lo contrario de lo que ofrece el presidente del Gobierno para intentar atraer a los independentistas a una solución negociada dentro del ordenamiento jurídico vigente.

Es más, en línea con las posiciones de Ciudadanos y del PP, dos formaciones partidarias de una recentralización de comperencias, Page defiende “iniciar una etapa de legislación armonizadora” que haga frente a “las tendencias centrífugas que ha tenido el Estado autonómico”. “Echo en falta legislación armonizadora que tenga rango de legislación orgánica, que no han hecho ni el PP ni el PSOE", critica cuando se le pregunta.

Yendo aun más lejos, el presidente castellanomanchego quiere revisar la legislación presupuestaria para que los gobiernos del país no estén ““ermanentemente vendidos a cualquier minoría” a la hora de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. “La estrategia presupuestaria no puede estar al pairo de uno, dos o tres diputados”, sostiene, sin explicar cómo le gustaría cambiar el sistema de mayorías del Congreso.

Sí ha sugerido la conveniencia de impedir a “partidos políticos o movimientos que dicen querer separase de España” poder presentarse “a las elecciones generales” y condicionar “la estabilidad del país”. “En España no hay estabilidad política fundamentalmente por el problema del independentismo”, sostiene García Page.

De ahí que en un momento dado especulara con la idea de prohibir la mera existencia de los partidos independentistas. Una propuesta que también abrazó Lambán, según el cual no hay que descartar ninguna posibilidad “en la defensa de la democracia y de la unidad de España”.

PP y Ciudadanos son muy conscientes de las discrepancias de estos dirigentes con su jefe de filas y desde hace semanas no dejan de plantear iniciativas con el objetivo de obligarles a tomar partido y alinearse con sus tesis. Es lo que ocurrió en la Asamblea de Extremadura, donde el PSOE voto a favor de volver a aplicar a Cataluña “el artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles, el respeto a la nación española y la historia que compartimos”. Y para defender “el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas”, sin que las lenguas cooficiales “sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el español”.

En diciembre, el PSOE permitió con su abstención que las Cortes de Aragón aprobaran una resolución en contra de “la concesión del indulto, y cualquier otra medida de privilegio, a los que resulten responsables del golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017 y que actualmente es objeto de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo” y que, por otra parte, todavía no han sido condenados.

La situación de Cataluña no es la única bandera que Page, Vara y Lambán comparten con PP y Cs. En las últimas semanas no han dejado de enfatizar su defensa de dos actividades que, sobre todo Vox, hizo suyas durante la campaña andaluza: la caza y los toros. Especialmente después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se pronunciara en contra de ambas. El PSOE de Lambán la consideró “inhabilitada para hablar de desarrollo económico y medioambiental del mundo rural”; Page le envió una carta de protesta y Vara salió en defensa de la tauromaquia, de la ganaderías extremeñas de reses bravas y de los cazadores de su comunidad.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Celaá, intentaron este viernes frenar la posibilidad de que la posición del PSOE extremeño a favor de la intervención indefinida de la autonomía catalana se extienda a los socialistas de otros territorios y refuerce el cerco que PP, Ciudadanos y Vox tratan de construir en torno a Pedro Sánchez alimentando el debate territorial.

El Partido Popular lleva semanas presentando iniciativas en ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos con las que trata de mantener el conflicto catalán en el centro del debate político, ya sea exigiendo la intervención de la autonomía catalana a través del articulo 155 de la Constitución o reclamando al Gobierno socialista que no indulte a los presos independentistas, que por otra parte ni siquiera han sido todavía condenados.

El PSOE había resistido hasta ahora la tentación de participar de estas iniciativas pero el jueves los socialistas extremeños decidieron apoyar una durísima proposición no de ley del PP instando a la Junta de Extremadura a “trasladar al Gobierno de España el apoyo del pueblo extremeño, a través de sus representantes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera, para frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que compartimos”.

En la misma iniciativa, la Asamblea de Extremadura pidió a la Junta que exija “al Gobierno de España la defensa del español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas”, sin que las lenguas cooficiales “sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar nuestra lengua común, el español”.

La dureza de la propuesta y su invasión de competencias en materia de educación en Cataluña, obligó al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a matizar su alcance. “La posición del PSOE en Extremadura es muy clara”, escribió en Twitter. “Aplicar el 155” pero sólo “si se dan las circunstancias, que en estos momentos no se dan. Porque si se hiciera sin razones los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave”.

¿Por qué, entonces, el PSOE apoyó la propuesta del PP? “El problema”, añadió Vara, “es que en la Asamblea de Extremadura se votaba algo sin matices, como es hoy la política en España, y la política territorial está llena de ellos”. Y para disipar cualquier duda que pueda ensombrecer su sintonía con Pedro Sánchez, concluyó: “Así que nadie vea nada extraño. Los socialistas extremeños estuvimos, estamos y estaremos defendiendo siempre la Constitución. Y que su aplicación no puede ser electoral. España está antes que unas elecciones”.

Lo cierto es que, paradójicamente, durante el debate de la iniciativa en la Asamblea de Extremadura, y aunque al final los socialistas votaron a favor, el portavoz del PSOE fue extraordinariamente crítico con la propuesta del PP y la bronca entre ambos partidos se hizo muy visible. “Aplicaremos el 155 cuando haya motivos constitucionales para aplicarlo”, proclamó desde la tribuna el portavoz socialista en la Asamblea, Valentín García Gómez. “Y aplicaremos la Constitución desde el artículo 1 al 169. Ustedes”, concluyó en referencia a los representantes del PP, “son unos patriotas de pacotilla”.

Los matices introducidos por Vara contribuyeron a que el disenso entre la resolución aprobada en la Asamblea y la posición del Gobierno de Pedro Sánchez no fuese a más. Miguel Iceta, el líder del PSC, no escondió la incomodidad que le produjo el voto favorable del PSOE a las tesis del PP en la Asamblea extremeña y, en declaraciones al Canal 24 Horas, lo comparó con el malestar que habría causado que el Parlament catalán hubiese aprobado una resolución diciéndole a Extremadura lo que debe hacer.

A día de hoy, recordó Iceta, no se dan las circunstancias para aplicar el “mecanismo excepcional” que es el 155 en Cataluña. “Lo que está claro”, añadió dando por buena la versión de Vara, “es que todos los socialistas compartimos que ahora mismo no se dan las condiciones para aplicar el 155”.

Interpretación benevolente

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, optó por la misma interpretación benevolente y prefirió entender la resolución de la Asamblea de Extremadura como una petición de aplicación del 155 sólo en el caso de que se den las condiciones, algo que, a juicio del Ejecutivo, no ocurre en estos momentos.

Es más, la ministra portavoz recordó que intervenir la autonomía catalana a día de hoy sería “anticonstitucional” y constituiría una “usurpación de poder autonómico” injustificada porque el Govern de Quim Torra no ha incurrido en ninguna ilegalidad que justifique la aplicación del artículo 155. Cuando se aplicó por vez primera el año pasado, tras el referéndum del 1 de octubre, “había habido un quebranto de la Constitución y una vulneración clarísima de preceptos constitucionales y sentencias del Tribunal Constitucional”, algo que no sucede en estos momentos.

Celaá defendió la apuesta por el diálogo con los independentistas porque, en su opinión, esta estrategia “se está abriendo paso” y hoy las circunstancias son mejores que las de hace un año. “Hay convicción por parte de este Gobierno para seguir ese camino, para seguir ese pasillo político que hemos abierto para encauzar esa crisis. Y yo creo que está dando resultados”, subrayó.

No es la primera vez que la posición de los críticos socialistas deja en mal lugar al Gobierno. El pasado diciembre, y en vísperas de la segunda reunión Sánchez-Torra, la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, tuvo que puntualizar que su partido tiene claro que no existe ningún hecho que acredite ahora la aplicación del artículo 155 pese las expresiones de “algunos compañeros que se representan a sí mismos”. En aquellos días algunos diputados socialistas como la vallisoletana Soraya Rodríguez, el castellano-manchego José María Barreda y el andaluz Antonio Pradas cuestionaron en la reunión del Grupo Socialista la gestión que está llevando adelante el Ejecutivo de Pedro Sánchez respecto al conflicto catalán.

“Estamos trabajando en desinflamar una situación que durante diez años la derecha catalana y la derecha española se dedicaron a inflamar porque les interesaba electoralmente”, puntualizó. Por eso “no se puede banalizar con la Constitución”.

El PP, fiel a su estrategia, ya se prepara para reabrir el curso político en febrero en el Congreso con este asunto. Lo hará forzando una nueva votación en el Pleno para instar al Gobierno a iniciar el procedimiento para destituir al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y activar el artículo 155 de la Constitución. Lo han intentado en diferentes instituciones como la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Zaragoza o las Cortes de Castilla y León. Sólo en esta última han conseguido sacar adelante la propuesta a favor del 155 gracias a su mayoría absoluta y con la abstención de Podemos y el PSOE.

En la misma línea, en Aragón consiguieron aprobar una propuesta contraria a indultar a los presos del procés, procésque ni siquiera han sido condenados, pero la misma propuesta fue rechazada en la Asamblea de Extramadura. El PP ya ha anunciado que planteará la intervención de Cataluña en las Cortes de Castilla-La Mancha, en un intento de estimular la disidencia del presidente de la comunidad, Emilio García-Page. Fuentes del PSOE castellanomanchego consultadas por infoLibre no quisieron anticipar cuál será el sentido de su voto cuando el partido de Casado plantee su propuesta.

El año 2019 no ha comenzado bien para los extremeños. Menos de 24 horas después de tomarse las uvas, sus trenes ya acumulaban tres incidencias. La más grave, la sucedida en la noche del día de Año Nuevo. El convoy que partió de Badajoz a las 17.18 horas de este martes con destino a Madrid sufrió una avería a su paso por Mérida y, como no pudo ser solucionada, los viajeros fueron trasladados a otro tren. Este, a su paso por Navalmoral de la Mata (Cáceres), sufrió otra avería y se detuvo a las 21.30 horas. Volvió a arrancar a las 22.15, pero se volvió a parar a los pocos minutos. A la 1.15 reanudó la marcha ayudado por otro tren que llegó desde Talavera de la Reina para remolcarlo. Mientras tanto, 163 pasajeros, incluidos niños, esperaban dentro del tren a oscuras, sin calefacción y sin baño. Finalmente, todos los pasajeros —algunos en autobús y otros en el tren de Talavera— llegaron a Madrid pasadas las 3.30 de la madrugada, cuatro horas después de lo programado.

El hecho podría ser una noticia aislada si hubiera ocurrido en otra comunidad. El problema es que tuvo lugar en Extremadura, donde este tipo de incidentes han pasado a formar parte del día a día. Así lo llevan denunciando desde hace años diversas asociaciones de la sociedad civil y los sindicatos CCOO y UGT, que han reclamado en multitud de ocasiones un "tren digno" para Extremadura. "Ya no se trata de incidencias, estas averías entran dentro de la normalidad, y no nos vamos a resignar a que esto continúe ocurriendo", critica Encarna Chacón, secretaria general de CCOO en la comunidad, en conversación con infoLibre. Se han manifestado varias veces. Lo han hecho en Extremadura y en Madrid, pero los avances, tal y como se pudo constatar este martes, todavía no han llegado. 

Las reacciones a lo ocurrido no se hicieron esperar. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, exigió este miércoles al Gobierno central "respuestas, explicaciones y acciones concretas". Poco después, el director general de Transportes de la comunidad, José González, cargaba la culpa sobre en Renfe. Calificó a sus responsables de "inútiles" incapaces "de gestionar adecuadamente una avería". "Si no son capaces de mantener un servicio decente y adecuado a los tiempos en los que vivimos, por favor que lo dejen, que lo suspendan y que cambien el transporte ferroviario por otro tipo de transporte", llegó a aseverar. 

Renfe, por su parte, se limitó a pedir disculpas. Su secretario general, Ramón Azuara, aseguró que la compañía revisará los protocolos de actuación para minimizar el impacto en el confort de los viajeros y dotará a los trenes entre Madrid y Extremadura de acompañamiento mecánico. "Queremos evitar que se vuelva a producir, y estudiaremos las decisiones para mejorar el protocolo", añadió. No obstante, la empresa sostuvo, a través de una nota de prensa, que en los últimos seis meses ya se pusieron en marcha una serie de medidas "encaminadas a solventar las incidencias". Estas pasan, según detalló la compañía, por la sustitución de cinco trenes antiguos por otros modelos más modernos, por el acompañamiento de mecánicos en los trenes más sensibles y por la inversión urgente en infraestructuras que está acometiendo el Ministerio de Fomento. 

Y es que estas tres son, a juicio de los sindicatos y las organizaciones, las principales razones que explican el "aislamiento" ferroviario que sufre Extremadura. "Estamos hablando de la dignidad del pueblo extremeño. Tenemos que tener unas infraestructuras dignas porque lo que queremos es que la gente pueda entrar y salir de la comunidad en condiciones normales, como hacen los demás", demanda Patro Sánchez, secretaria general de UGT en Extremadura. 

Un problema de años

La  Junta de Extremadura, CCOO, UGT y la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) firmaron, en marzo del año 2016, el llamado Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura. Desde entonces, se han ido adhiriendo numerosas entidades sociales, además de los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos que reclaman "un tren digno" para la comunidad autónoma. "En los últimos 25 años, la red ferroviaria extremeña operativa se ha reducido un 20%, dejando a la región, por ejemplo, sin conexión con el norte de España. Toda esta red es de vía única, sin electrificar y con numerosos tramos en tan mal estado que obliga a los trenes a reducir su velocidad a 40-50 kilómetros por hora", critica el documento. 

Y lo critican, también, los sindicatos. Según explican en conversación con infoLibre, Extremadura es la única comunidad que no tiene ni un solo metro de vía electrificada. "En algunos tramos, las vías son de madera", denuncia Sánchez. "En esos tramos los trenes no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora", añade Chacón. Y a eso se suma la antigüedad de las propias máquinas, que ni siquiera pueden ser reparadas en Extremadura porque la comunidad tampoco dispone de un solo taller para ello. 

Esta degradación no es más que un ejemplo más del descuido que se ha tenido con el sistema ferroviario extremeño, que comenzó a desmantelarse en la década de los 80, tal y como recuerda Antonio García Salas, portavoz de la plataforma Extremadura en red. Según explica, en ese momento se cerró la Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga. Años después, en 2012, quedó enterrado definitivamente el proyecto del AVE entre Lisboa y Madrid que, necesariamente, haría parada en Extremadura. 

Además, denuncia García Salas, es la única comunidad que no cuenta con ferrocarriles de larga distancia ni Alvias. Sólo hay trenes de media distancia y un Talgo, que se puso en funcionamiento el pasado mes de marzo después de ocho años sin circular. Tampoco hay doble vía: si dos trenes se van a cruzar, uno de ellos tendrá que pararse en una estación para que no se produzca ningún accidente. 

Y los trenes que hay, antiguos y de baja calidad, ni siquiera pueden ser mantenidos en Extremadura. No hay personal suficiente, pero tampoco hay talleres. 

Aunque sea lento, que el tren funcione

El Pacto, explica Chacón, "es un instrumento muy valioso de consenso y reivindicación" con el que, todos los implicados, pretendían conseguir una serie de objetivos. "Entre otras cosas, tener unas infraestructuras decentes hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia Madrid", especifica.

Pero hay otras metas más urgentes. En primer lugar la electrificación de las vías. "El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estableció unos plazos de licitación y de obras que, de momento, se van cumpliendo", explica Sánchez. Pero eso lleva un tiempo, coincide con ella Chacón. Así que, por lo menos, piden que los trenes lleguen a su destino sin incidencias. "Queremos garantías para llegar. Si a Madrid se tarda cinco horas, que el tren llegue en cinco horas, no que deje a los pasajeros tirados", pide la secretaria general de CCOO. 

Y para conseguirlo, insisten en la necesidad de seguir con la movilización. "A la hora de llegar en tren, Extremadura parece el tercer mundo. Ha habido un abandono desde hace muchos años y lo que tengo claro es que eso hay que cambiarlo con mucha presión y mucha movilización", asegura Sánchez. Por eso, dice, quizá sea necesaria una reivindicación "sostenida en el tiempo" o, incluso, "acciones más serias y directas" como la paralización de trenes. La situación, insiste, es "inadmisible". "En un país como el nuestro esto no se puede consentir", añade.

Desde CCOO están de acuerdo. "No renunciamos a ninguna estrategia", dice Chacón, que apunta a la necesidad de unidad por parte de los grupos políticos y de la sociedad civil. "Queremos que no haya ningún interés partidista y que el Pacto lo lidere el Gobierno regional", afirma. Lo que esperan ambos sindicatos es que, de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, no aparezcan esos intereses.

El director general de Renfe Viajeros, Ramón Azuara, ha anunciado este miércoles tras la avería sufrida ayer en el tren de media distancia que unía Badajoz y Madrid, que la compañía revisará los protocolos de actuación para minimizar el impacto en el confort de los viajeros y dotará a los trenes entre Madrid y Extremadura de acompañamiento mecánico.

En declaraciones a los medios, y tras conocerse que 163 pasajeros se vieron afectados por esa avería, Azuara ha lamentado "profundamente" la incidencia y ha pedido disculpas a los afectados del tren que salía de Badajoz a las 17.18 horas. "El tren sufrió dos incidencias de material consecutivas que llevaron a que el retraso haya sido considerable", ha explicado.

Por este motivo, desde Renfe han anunciado estas dos nuevas medidas que se suman a las que ya ejecutan y que incluyen, según ha detallado, la sustitución de once trenes de la serie 598 por otros de la serie 599. Tal y como subrayan, ya han sustituido cinco de los once trenes, y el resto se cambiarán entre febrero y mayo de 2019.

Según explican, la avería en cuestión se produjo en la misma estación de Mérida, donde "se sustituyó el tren por otro de reserva", lo que supuso un "retraso de 55 minutos" tras los que el tren "continuó su marcha hasta Navalmoral de La Mata". En esta localidad cacereña se registró una "nueva avería", lo que hizo que Renfe decidiera enviar un "nuevo tren" desde Talavera de la Reina al tiempo que establecía un Plan alternativo de Transporte por carretera. Azuara ha matizado que ese segundo tren averiado pasó la última revisión el 27 de diciembre de 2018.

Una vez conseguidos los autobuses para el trasbordo, los viajeros que tenían como destino Madrid iniciaron de "inmediato" el viaje por carretera mientras que los que se dirigían a destinos intermedios esperaron al "tren de socorro" para continuar su viaje, añade Renfe en nota de prensa.

En este sentido, Azuara ha recalcado que han abierto una investigación para estudiar las incidencias en el material y para revisar las medidas adoptadas para resolverlo. "Queremos evitar que se vuelva a producir, y estudiaremos las decisiones para mejorar el protocolo", ha añadido, antes de reconocer que de no haber movido el tren de Navalmoral, los viajeros podrían haber permanecido durante la incidencia en una estación en vez de en el punto kilométrico en el que se quedó el tren.

Las medidas

Azuara ha reconocido asimismo que la situación del ferrocarril en Extremadura pasa por "un problema de inversiones tanto de infraestructura como de material", por lo que desde Renfe se actúa "tratando de evitar las incidencias en el material con una serie de medidas como el plan de fiabilidad", que contempla la mejora y sustitución de trenes.

A esta medida, ha añadido Azuara la construcción de un taller en Badajoz, disponer de trenes de reserva y contar con mecánicos en los trenes de mayor riego. Esta última medida se extenderá a todos los trenes Madrid-Extremadura tras la incidencia del martes.

Renfe también destaca la creación de la figura de un coordinador de Renfe para Extremadura, en "contacto permanente" con el Ministerio de Fomento, y medidas de inversión "urgente" en infraestructuras que está acometiendo el Ministerio de Fomento. Según Azuara, gracias a esas medidas se ha logrado minimizar las incidencias relevantes (las de más de 30 minutos) tanto en noviembre como en diciembre. Según apunta el director general de Renfe Viajeros, en noviembre de 2018 se registraron dos incidencias relevantes y en diciembre ninguna.

"Los tiempos de respuesta ayer no fueron los adecuados", ha apuntado, para añadir que por este motivo revisarán los protocolos de actuación con un "plan profundo de análisis", y dotarán a los trenes de mecánico a bordo. "Esto no evitará todas las incidencias, pero en algunos casos sí", ha recalcado. Por otro lado, Azuara ha señalado que si bien "Adif trabaja intensamente en mejorar la infraestructura", actualmente "no se dispone de infraestructuras de buenas condiciones que nos permitan garantizar la fiabilidad del servicio.

Vara pide explicaciones al Gobierno

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha exigido al Gobierno central "respuestas, explicaciones y acciones concretas", tras esta nueva avería mecánica.

"Ante los acontecimientos de esta noche en los trenes extremeños exijo al gobierno respuestas, explicaciones y acciones concretas", asevera Vara en un tuit en su cuenta oficial en Twitter, recogido por Europa Press.

Cabe recordar que un total de 162 pasajeros que realizaban el trayecto de tren entre Badajoz y Madrid han permanecido dos horas parados esta pasada noche a la altura de Navalmoral de la Mata, debido a una avería mecánica en el convoy, según han confirmado a Europa Press fuentes de Renfe. En total, el viaje acumuló un retraso de cuatro horas y diez minutos.

La advertencia que el presidente Pedro Sánchez hizo esta semana al president Quim Torra y a las fuerzas independentistas, PDeCAT y Esquerra, subrayando que su Gobierno no tolerará ninguna actuación del Govern fuera de la Constitución y del Estatut y que enviará a la Policía y la Guardia Civil si los Mossos no hacen frente a las acciones de los CDR, no ha conseguido acallar el creciente runrún de los barones socialistas más críticos con la política de diálogo para resolver el conflicto en Cataluña.

Al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que el miércoles sugirió la conveniencia de ilegalizar a los partidos independentistas, una posibilidad sobre la que la derecha lleva especulando varios meses, se sumó el jueves su homólogo aragonés, Javier Lambán, para quien la medida no debe descartarse porque “la democracia tiene derecho a defenderse de sus enemigos”.

Lambán se mostró abiertamente crítico con el presidente Sánchez, al que reprochó su optimismo en relación con Cataluña. Él, precisó, es “pesimista. Pienso que a no mucho tardar no le va a quedar más remedio que asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña”, anticipó.

El presidente aragonés responsabilizó de la situación al Gobierno, sin distinguir en ningún momento el de Sánchez del de Mariano Rajoy, porque en los últimos años ha hecho “dejación de funciones” en la comunidad catalana. “El Estado ha de volver a Cataluña con todas las consecuencias, de la misma manera que está presente, por ejemplo, en Aragón. Y eso trasciende a una aplicación del artículo 155”, agregó.

Lambán admitió además que los barones socialistas están “preocupados”, pero no por un hipotético castigo en las urnas, sino por lo que consideran “un ataque a los pilares democráticos”. “Cada comunidad autónoma tiene su propia dinámica electoral. Los comportamientos electorales tendrán unas razones diferentes en cada región. La propia Susana Díaz ha hecho referencia a lo que podría haber afectado a las elecciones andaluzas. Cataluña es una de ellas. Sobre cualquier decisión, va a sobrevolar de manera inevitable lo que pasa en Cataluña o lo que va a pasar”, razonó.

A los pronunciamientos de Page y Lambán respondió, en nombre del Gobierno, su ministra portavoz, Isabel Celaá, marcando distancias con la posibilidad de intentar ilegalizar a los partidos independentistas. “Son sus reflexiones”, declaró la ministra en los pasillos del Congreso.

La representación del partido la asumió el portavoz de la ejecutiva y alcalde de Valladolid, Óscar Puente. “No estamos en ese momento, estamos intentando arreglar ese problema, y tenemos que intentarlo hasta donde se pueda”, señaló.

“Deberíamos ponderar la posición de Sánchez, tirar por la calle del medio es siempre más sencillo, y a algunos es lo que les pedirá el cuerpo, pero el presidente intenta elevarse por encima de la confrontación, que es su papel”, explicó Puente.

El propio Page quiso matizar el jueves sus palabras: “No sugerí como tal que se ilegalice un partido que defiende la independencia, sino que al paso que van, si se instalan estructural y sistemáticamente en el desacato absoluto, habrá que responderle con una autodefensa del sistema”, declaró.

En cualquier caso, Lambán y Page son, junto a la presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, y al jefe del Gobierno extremeño, Guillermo Fernández Vara, la punta de lanza del sector del PSOE que perdió las primarias frente a Sánchez hace año y medio, un grupo en el que abundan los dirigentes contrarios a dialogar con el independentismo catalán.

Vara es de todos ellos el que mejores relaciones mantiene con la actual dirección del PSOE. De hecho, este mismo jueves valoró el mensaje “contundente, firme y sereno” que Sánchez lanzó este miércoles desde la tribuna del Congreso. El presidente extremeño subrayó que “hay líneas que no se pueden traspasar y, si se traspasan, pues [Quim Torra] tiene que saber que habrá respuesta”.

Sobre una nueva intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución, Vara aseguró, en línea con la posición oficial del PSOE y del Gobierno, que hay que esperar a que “se den las circunstancias”. Cuando le preguntaron si no se dan todavía, tras los acontecimientos de este fin de semana, el presidente extremeño respondió de manera ambigua al limitarse a decir que es “el inicio de un camino muy peligroso por el que el Gobierno catalán está intentando transitar”.

Otros barones que en mayo también se juegan la presidencia de sus respectivas Comunidades Autónomas también están preocupados tras el mal resultado en Andalucía pero mantienen una posición mucho menos dudosa hacia el presidente Sánchez. Es el caso de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que elogió al Gobierno por estar “intentando acercar posturas, intentando desde la colaboración buscar salidas” al conflicto catalán, para que Cataluña “se sienta cómoda en España y España se sienta cómoda con Cataluña”. Aunque reconoce que para tener éxito “tienen que querer las dos partes” y la actitud del Govern catalán en estos momentos le parece “radical e irresponsable”.

Armengol defendió que la posición del Gobierno central de comenzar con comisiones bilaterales y tratar de “acordar políticas necesarias empieza un camino”. “Empezamos a caminar, pero creo que esto no se resolverá ni en un mes ni en dos”, concluyó.

En términos parecidos se expresó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que rechazó expresamente la idea de ilegalizar a los partidos independentistas. “Las reglas del juego están para jugar, las ideas se tienen que presentar, pero lo que no hay es que romper el campo de juego”, señaló. Puig dejó que claro que, en su opinión, el Gobierno central “está haciendo una apuesta inteligente para intentar solucionar un conflicto grave que existe” y recordó que ya se conocen los resultados conseguidos en el pasado por Mariano Rajoy.

El fracaso de Rajoy

“Yo no digo que esta [apuesta] tenga éxito asegurado, porque es muy difícil, pero lo que es evidente es que la tesis anterior, la estrategia de la derecha respecto a Cataluña desde los años 2000 nos ha llevado a esta situación", indicó.

La política, concluyó, “es un instrumento de diálogo para solucionar problemas, no es el posicionamiento de la confrontación como modelo de funcionamiento”. Por eso no le gustaría que el Gobierno acabe teniendo que invocar el artículo 155: “Ya hemos visto que tampoco es la solución”. Dentro del marco constitucional “hay muchas posibilidades y hay que intentar buscar las fórmulas para que se establezca de verdad un diálogo consecuente con las necesidades de los ciudadanos”.

El presidente valenciano defendió expresamente la política de Sánchez, que “intenta reducir los costes de la fractura social” y reivindicó que “apostar por el diálogo no es una política menor” o “débil”, sino que “la fortaleza está en las convicciones y en la capacidad de presentar una salida”, informa Europa Press.

Del lado del presidente también está el candidato socialista a la Presidencia de Asturias, la sexta comunidad con gobierno del PSOE. En los últimos días Adrián Barbón ha distanciado la realidad del Principado de la situación andaluza. “La realidad sociológica y política de Andalucía no es igual que la de Asturias, no debemos confundir los análisis”, declaró recientemente. Así, por ejemplo, ha hecho notar que “en Andalucía nunca ha gobernado la derecha, pero en Asturias sí, y han dejado bastante mal recuerdo”.

Barbón ha evitado, en todo caso, relacionar el resultado andaluz con Cataluña, y prefirió hablar de la desmovilización de la izquierda. Para evitarlo, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) “va a aplicar la receta de profundizar en la estrategia del cambio porque es lo que genera reconexión con la sociedad y esperanza, y nuestro reto es movilizar a la Asturias progresista”. A diferencia de otros barones, el candidato asturiano se propone además “profundizar y explicar la política social y la acción del Gobierno estatal, qué significa el Presupuesto o el salario mínimo interprofesional” y aclarar que “frente a una derecha tensionadora y de crispación y miedo, la izquierda ha dado ejemplo con el diálogo y el acuerdo presupuestario en Asturias”.

El resto de barones socialistas, que están en estos momentos en la oposición en sus respectivos territorios —Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Navarra, Murcia y Canarias—, se reunieron el miércoles con Sánchez en las dependencias privadas del presidente en el complejo administrativo de la Moncloa para analizar la situación creada tras el desastre electoral andaluz. No pudieron asistir el catalán Miquel Iceta y el castellanoleonés Luis Tudanca. Durante el encuentro Sánchez les transmitió su voluntad de prolongar la legislatura hasta otoño y defender la agenda social del Gobierno haya o no Presupuestos. Y les pidió unidad para hacer frente a los próximos meses.

Todos ellos se alinean con las tesis de Sánchez, especialmente Iceta, con el que el líder del PSOE mantiene una estrecha identidad de criterio sobre el conflicto catalán. En nombre de los socialistas catalanes, su diputado en el Congreso José Zaragoza rechazó también la idea de ilegalizar partidos independentistas. “No se trata de ilegalizar partidos políticos por lo que defienden políticamente”. Zaragoza no tiene dudas de que “si alguien incumple la ley de partidos tendrá sus consecuencias”, pero hoy por hoy “nadie se ha saltado la ley”, recordó en declaraciones a Europa Press.

Como era de prever, PDeCAT y Esquerra recibieron entre el estupor y la indignación las palabras de Page y Lambán. El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, las calificó de “locura”. “Si se creen que así van a resolver algo o a seducir a Cataluña, están tan equivocados... Me parece que lo que van a hacer así es dinamitar y hacer sufrir a la misma democracia española”, precisó.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, aconsejó a Sánchez alejarse de “un PSOE viejo y caduco, acomplejado con la derecha”. La izquierda del PSOE debe entender, añadió, que la mejor manera de combatir la hegemonía de la derecha es tener un proyecto de España inclusivo, basado en el carácter plurinacional del Estado, porque si no lo hace, “van a hacer más posible que la independencia llegue más pronto que tarde y, sobre todo, van a entregar el poder a la derecha”.

“Pedro Sánchez debe saber que aquello que da fuerza a los independentistas son precisamente ese tipo de discursos que niegan lo más esencial, el carácter democrático de nuestra nación y que España es un Estado plurinacional”, concluyó.

Miles de personas han participado en Cáceres en la manifestación por un "Tren Digno Ya", con la que Extremadura ha vuelto a salir este domingo a la calle, un año después de la gran manifestación en Madrid, para reivindicar  la mejora de las infraestructuras ferroviarias, ante las numerosas incidencias que se vienen produciendo en este servicio a lo largo de los meses, según recoge Europa Press. Según los cálculos de la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha cifrado en 15.000 el número de asistentes a la manifestación. Las estimaciones del Pacto por el Ferrocarril elevan la cifra a 25.000 personas.

La manifestación, que ha recorrido el trayecto entre la estación de Renfe y el Paseo de Cánovas, ha transcurrido sin incidencias y bajo un manto de paraguas debido a la constante lluvia que no ha impedido que los extremeños se echen a la calle para pedir una reivindicación "de justicia". "A ver si nos hacen caso ya", decía una de las manifestantes procedente de Castuera, en alguno de los 150 autobuses que han llegado a la capital cacereña desde todos los puntos de la región.

La protesta, convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril, ha transcurrido por la avenida de Alemania y a su llegada en el Paseo de Cánovas, las banderas de Extremadura han inundado el céntrico paseo donde la directora del Diario Hoy, Manuela Martín, y el director de El Periódico Extremadura, Antonio Cid de Rivera, han leído un manifiesto en el que han exigido "un tren del siglo XXI" porque "hace décadas que a los extremeños se les niega la posibilidad que sí tienen el resto de los españoles". "El tren ha pasado a ser una necesidad de esta región y, de algún modo, simboliza también los agravios que tradicionalmente se nos han hecho a los extremeños. Este 18-N debe servir para identificarnos como pueblo en una lucha que no debe tener liderazgo político alguno, solo social, para demostrarle a los que mandan que estamos aquí y que queremos lo nuestro, lo que nos pertenece por derecho", recoge el manifiesto en uno de sus párrafos.

Según ha incidido el manifiesto, "un tren digno serviría para lanzar el turismo, que ahora ve con recelo la falta de un tren moderno; y beneficiaría a todas las empresas y la economía extremeña, frenada por la ausencia de un tren que no acaba de llegar". "El futuro de Extremadura depende en buena medida de que consigamos que esas conexiones prometidas durante años estén listas en el menor plazo posible", recoge el texto. "No admitamos más retrasos, más excusas, más recortes, para lograr el objetivo que debe unir a todos los extremeños: un tren digno para Extremadura YA", concluye el manifiesto leído por los dos periodistas junto a los representantes políticos y sociales en el conocido como Quiosco de la Música, desde donde se ha leído la declaración.

En esta cita de Cáceres, una gran pancarta, en la que se ha podido leer 'Extremadura Tren Digno Ya. Súmate', ha encabezado la marcha con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en primera fila junto al líder del PP en la región, José Antonio Monago, la alcaldesa de la capital cacereña, Elena Nevado, así como representantes de Ciudadanos. También están presentes la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, su homólogo de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista, y los máximos responsables de los sindicatos mayoritarios y la patronal extremeña, además de varios dirigentes políticos, entre otros. Esta protesta no ha contado con el apoyo de Podemos ni de la plataforma Milana Bonita, que ya organizó una protesta en Madrid el pasado 8 de septiembre. También este pasado sábado, el PP de Extremadura celebró una concentración en Madrid por este mismo motivo.

La protesta ha concluido a ritmo del himno de Extremadura que ha sido coreado por los miles de extremeños que han participado en esta manifestación "histórica", según ha manifestado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, porque "nunca Cáceres había tenido una manifestación con una unidad de acción tan clara por un proyecto regional como el ferrocarril".

Ábalos ve "de justicia" mejorar las líneas ferroviarias extremeñas

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha considerado "de justicia" mejorar las líneas ferroviarias en Extremadura, y ha adquirido su "compromiso" de "aumentar la inversión, impulsar todas las actuaciones y mejorar el material rodante" en la comunidad. En ese sentido, José Luis Ábalos se ha mostrado "consciente" de que el tiempo de implantación y los resultados de estas medidas "no serán tan inmediatos" como le "gustaría".

De esta forma ha reaccionado el ministro de Fomento, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, a la manifestación por un tren digno para Extremadura.

Vara reclama al Gobierno que "salde la deuda" de España con Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reclamado este domingo al Gobierno central que salde la "deuda" que España mantiene con Extremadura en materia ferroviaria, y que "cumpla los compromisos y los plazos establecidos" para que la región extremeña pueda contar con un tren digno. "Esa deuda no quedará saldada en materia ferroviaria hasta que no nos podamos montar un día en un tren y viajar de Badajoz a Madrid de manera digna y decente", ha aseverado Fernández Vara en declaraciones a los periodistas al inicio de esta manifestación.

En su intervención, el presidente extremeño se ha mostrado "convencido de que hoy va a ser un nuevo gran día para los extremeños y las extremeñas", tras lo que ha recordado que el futuro de la región "será lo que nosotros seamos capaces de conquistar, nadie nos va a regalar nada como nadie nunca nos regaló nada". Por este motivo, "tendrá que ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro sacrificio el que construya la Extremadura del futuro", ha aseverado Fernández Vara, quien ha insistido en el exigir al Gobierno de España que "se porte como Extremadura merece".

Vara también ha considerado que "si hay algo en lo que coincidimos todos los extremeños, no puede alguien por un interés espurio, marcar diferencias que no existen", por lo que ha reafirmado el presidente extremeño que va "a hacer todo lo posible por mantener la unidad de acción", ya que "la calle existe". Poe último ha señalado que en Extremadura "todo el mundo está por el movimiento en favor de un tren digno", ha aseverado el presidente extremeño, quien ha destacado que "la política tiene que parecerse a cómo es la sociedad, y la sociedad hoy está muy unida en torno a este proyecto" y los políticos "no podemos romper esa unidad".

Monago pide más "presión" para mejorar el tren extremeño

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha vaticinado que la manifestación de este domingo será un "éxito" como así lo fue también la organizada por los conservadores este pasado sábado en Madrid con la asistencia de "miles" de personas. Monago, que ha realizado estas declaraciones antes de participar en la manifestación en la capital cacereña, ha defendido que los extremeños deben "mantener en el tiempo" esta reivindicación así como "incrementar la presión y la voz" para que el Gobierno mejore las infraestructuras ferroviarias de Extremadura.

"Es una cuestión que depende únicamente del Ministerio de Fomento", al que hay que reclamar que mejore el tren extremeño, ha señalado, "al igual que a otras comunidades autónomas como la Valenciana, a la que se le han adelantado los plazos de ejecución de esta infraestructura", en referencia al Corredor del Mediterráneo. "Hay que seguir reivindicando para que se nos tenga en cuenta y para que no se muera la España de interior", ha añadido Monago, en referencia a que la línea ferroviaria extremeña afecta también a Castilla-La Mancha, a la conexión con Portugal y, por tanto, a la salida hacia el Atlántico.

Monago ha defendido su asistencia a la convocatoria de este domingo en Cáceres en tanto que el PP forma parte del Pacto por el Ferrocarril, pero ha justificado asimismo la manifestación de este pasado sábado en Madrid por entender que es "donde resuena más la voz" de esta reivindicación. Con respecto a la diferencia de cifras ofrecidas sobre el número de asistentes a la movilización en la capital, que oscila entre los 5.000 que calcula el PP y los 300 de la estimación ofrecida por la Delegación del Gobierno en Madrid, ha defendido que "es difícil contar a los asistentes cuando no se está", y que las "imágenes son muy gráficas" de lo que considera que fue "un éxito de movilización".

Ciudadanos reclama un tren digno para "terminar con el aislamiento" 

Por su parte, el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos Extremadura, Antonio Ibarra, ha reclamado la necesidad de contar con un tren digo para "terminar con el aislamiento" que padece Extremadura "desde hace años". Hoy venimos a acompañar a todos los extremeños por una reivindicación que es de justicia", ha señalado Antonio Ibarra en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación por un tren digno convocada por el Pacto Social y Político por el Ferrocarril.

Antonio Ibarra ha señalado que la pertenencia de Ciudadanos al Pacto por el Ferrocarril busca "exigir desde las instituciones a los dos partidos que nos han traído a esta situación, PP y PSOE, que cumplan con urgencia porque Extremadura lo necesita", ha concluido.

La ausencia de Podemos

Uno de los grandes ausentes en esta manifestación ha sido Podemos Extremadura porque considera que ha sido "orquestada sin ningún tipo de consenso" en el seno de ese foro y porque no cuenta con el apoyo de las "plataformas sociales que más están luchando" por un tren digno para la comunidad autónoma. A través de un comunicado, la formación morada subraya que tanto el PSOE como el PP están "instrumentalizando" la reivindicación del tren digno "rompiendo así el consenso y la unidad que había entorno a esta reclamación, y reproduciendo una vez más dinámicas de la más vieja política".

La formación morada, que hace aproximadamente un mes decidió abandonar dicho pacto, señala que en la manifestación de hace un año en Madrid las plataformas ciudadanas "no solo apoyaron esa movilización sino que además fueron invitadas al Pacto para participar de su organización". Sin embargo, en esta ocasión, el Pacto por el Ferrocarril "ha insistido en excluirlas de todas las decisiones y actuaciones realizadas para reclamar el tren digno, a pesar de que son quienes más están alzando la voz para denunciar las incidencias diarias" que sufre el tren y quienes "han conseguido trasladar la reivindicación extremeña a la agenda mediática nacional".

Asimismo, la formación morada defiende que su posición con respecto al Pacto Social y Político del Ferrocarril ha sido "siempre de responsabilidad, asumiendo que Extremadura necesitaba que, ante un tema tan importante como nuestro tren", los partidos fueran "beligerantes ante los constantes incumplimientos e incidencias".

Sin embargo, añade, ese pacto se ha "convertido en un chiringuito del PSOE, totalmente inservible e inútil, que se ha convocado dos veces en el último año, que se está olvidando del resto de líneas" ferroviarias de la región, en referencia a la de Puertollano, la de Zafra-Huelva y Zafra-Sevilla o la Ruta de la Plata. Además, "no ha atendido" a las peticiones realizadas desde Podemos para integrar en ese espacio a las plataformas ciudadanas que también están luchando por el tren digno.