“Cada 16 minutos fallece algún dependiente. En 2025 más de 6.000 sin haberles reconocido o hecho efectivo el derecho a recibir los servicios de dependencia”. Son los preocupantes datos que ofrece el sindicato de Pensionistas de CCOO de Sevilla. La Ley de dependencia en Andalucía se aprobó en 2006 con el fin de garantizar ayuda a personas con falta de autonomía ofreciendo servicios y prestaciones económicas dependiendo de los grados de dependencia. Sin embargo, según denuncia la organización, existen muchos casos de personas que han sido condenadas por el Estado a una “eutanasia institucional”.

Fue el caso de la hermana de María Luisa Madrera, afiliada al sindicato, que cuenta que su hermana solicitó la ayuda en 2024, pero que “hubo que ingresarla en una residencia privada porque en la pública no había plazas”. Falleció en enero de este mismo año sin todavía recibir la aprobación de la dependencia. “Estuvimos esperando casi dos años y no obtuvimos respuesta de nadie”, cuenta Madrera. Como este, aseguran, muchos casos más.

Según la valoración del último barómetro sanitario del CIS (2025), el sistema de salud de Andalucía es considerado uno de los más saturados, algo que afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables. En este caso son las personas de la tercera edad quien denuncia que, “en muchos casos, pasan hasta dos años hasta que se aplica la dependencia”.

Los mayores de 65 años representan más del 20% de la población andaluza y son 28 los que mueren al día esperando la prestación por dependencia. Solo en el mes de febrero han fallecido 652 personas en esa situación. De ellas, 437 murieron sin haber sido valoradas y 215 fallecieron con el grado reconocido pero sin recibir la prestación correspondiente, según informa El Diario de Sevilla. “Este problema lleva dándose ya mucho tiempo”, subrayan desde el sindicato. 

Pese a la urgencia de la situación, desde la Junta de Andalucía, argumenta el sindicato: “No reconocen la situación y dicen que todo está bien, para ellos es un logro que se hayan reducido las listas de espera aunque aún están lejísimos del límite que establece la ley”, cuenta a infoLibre Ángel Gómez, secretario general del sindicato Provincial de Pensionistas. El límite que marca la ley está en 6 meses, lo que equivale a 182 días.

Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en cuanto a número de días de espera para la concesión de la dependencia, sólo por detrás de Murcia. “Está claro que Moreno Bonilla no ha sabido adaptarse a las circunstancias y su gestión exige medidas urgentes, hay más de 500.000 personas en listas de espera”, afirma Gómez. 

“Lo que buscamos es una solución integral que vaya desde la Junta hasta el gobierno central y que, por supuesto, todos los partidos políticos se comprometan con esta situación crítica”, exige el secretario general. 

Por ello, los sindicatos CC.OO y UGT de Pensionistas, han convocado una concentración el día 29 de abril para denunciar la situación de degradación que tiene la Ley de Dependencia. “Hay que denunciar la falta de plazas de residencia, las listas de espera y el comportamiento que está teniendo este gobierno con los mayores”. La manifestación será a las 12.00h frente al Palacio de San Telmo (Sevilla) con el lema ¡Basta de maltrato!

“Un andalucismo abierto, diverso, amplio, lejos de cualquier concepción excluyente y siempre con un marcado contenido social y ligado a las clases populares de Andalucía. Un andalucismo con poderío que reivindica con orgullo las conquistas del pueblo andaluz el 4 de diciembre [Día de la Bandera de Andalucía] y el 28 de febrero [Día de Andalucía] logrando su reconocimiento, pero que se mezcla con el presente para defender, decidir y construir el futuro de Andalucía”.

Así define su ADN político Adelante Andalucía, el partido que está revolucionando la izquierda andaluza y que pretende dar un salto cualitativo en las próximas elecciones del 17 de mayo. Y el viento del sur sopla a su favor en las encuestas, que señalan que puede doblar sus resultados (ahora tiene dos escaños) y superar incluso a la coalición de Por Andalucía, integrada por IU, Movimiento Sumar y Podemos, entre otros actores.

En el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes, Adelante Andalucía aparece en la cuarta posición en intención de voto, con un 7,7%, por delante ya de Por Andalucía (5,8%), aunque todavía no se había llegado a un acuerdo entre Podemos e IU cuando se realizó el sondeo. Y la formación, liderada por José Ignacio García, está cerca de Vox, que se aupa en tercera posición en intención directa de voto con un 8,8%. Todo ello en un panorama dominado por el PP de Juanma Moreno, con un 32,1%, muy por delante del PSOE (22%).

Pero, además, este barómetro deja otro dato: Adelante Andalucía es ya el tercer partido que genera más simpatía entre los andaluces, por detrás del PSOE y del PP. Y supera en este aspecto tanto a la ultraderecha liderada en Andalucía por Manuel Gavira como a Por Andalucía, cuya lista va a encabezar Antonio Maíllo, líder nacional de Izquierda Unida.

Las izquierdas, por lo tanto, vivirán una dura lucha entre ellas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Adelante Andalucía lleva por bandera que es un partido que no rinde cuentas a ninguna dirección en Madrid (algo por lo que luchó mucho Teresa Rodríguez en su época de Podemos antes de fundar este partido) y que es contrario a formar gobiernos de coalición con el PSOE.

Adelante Andalucía, como proyecto político, se basa en varias columnas ideológicas: la defensa de una “voz propia” de Andalucía, el feminismo, el ecologismo, los servicios públicos, la diversidad, las libertades LGTBI y las políticas antirracistas y a favor de los derechos humanos.

Uno de los principales pilares del ascenso de Adelante Andalucía es la figura de García, que se ha convertido en uno de los principales rostros de la oposición a Moreno y que ha cobrado mucho protagonismo durante la crisis de los cribados de cáncer de mama. En una entrevista con infoLibre durante la irrupción de este escándalo, García señaló el “modelo privatizador” del PP en la sanidad andaluza como el origen del problema.

García, según el barómetro del CIS, es el segundo líder mejor valorado en la comunidad, con una media de 4,82. Solo le gana Moreno, con un 5,87. El número uno de Adelante Andalucía está por encima de Antonio Maíllo (4,73), María Jesús Montero (3,93) y Manuel Gavira (3,32). Sus cualidades más valoradas por los ciudadanos: su sinceridad y su fiabilidad. ¿Dónde flojea más? La puntuación menor está en su “preparación para gobernar”.

El candidato de Adelante Andalucía tiene otro fuerte: su uso de las redes sociales. Es uno de los políticos andaluces que mejor maneja esta vía de comunicación y sus publicaciones en Instagram suelen ser virales. Utiliza un lenguaje fresco, muy directo, con temas a pie de calle. Nada encorsetado, pensando mucho en el público joven.

Esto se traduce en la intención de voto también. Adelante Andalucía tiene especial tirón entre los nuevos votantes y alcanza su mayor intención de voto, con un 12%, entre los electores que tienen entre 18 y 24 años. En cambio, su apoyo va disminuyendo especialmente a partir de los votantes de 55 años, registrando su menor apoyo entre los que superan los 75 años (3,8%). Por género, tiene más tirón entre los hombres (9%) que entre las mujeres (6,4%).

Adelante Andalucía ha conseguido ir creciendo gracias a su labor parlamentaria en el Hospital de las Cinco Llagas frente al ruido del grupo parlamentario de Por Andalucía, que estaba encabezado por Inmaculada Nieto, pero cuyo trabajo no llegó a calar con profundidad en los medios. 

El reto del partido andalucista para estas elecciones es lograr su expansión provincial. Hasta el momento, ha sido un fenómeno centrado principalmente en Cádiz y Sevilla. En cambio, IU en Andalucía tiene una mayor capilaridad y concejales en ayuntamientos de las ocho provincias. La división de ese espacio, además, provoca una mayor dificultad para entrar en provincias como Almería, Jaén y Huelva (donde la izquierda del PSOE no logró ningún escaño en las elecciones de 2022).

Durante estos días de precampaña, Adelante Andalucía está centrando muchos esfuerzos en temas de vivienda. Una de sus medidas estrella es la propuesta de desprivatizar las 640.000 viviendas vacías que hay en Andalucía (según sus cálculos en base al Instituto Nacional de Estadística) para ponerlas en alquiler accesible.

Y el candidato quiso anunciar esta propuesta de manera simbólica delante de pisos turísticos en la Ronda de Capuchinos en Sevilla. Con un lenguaje que llega a la calle aludiendo a los inversores alemanes de los mismos: “Estos señores, César y Josef, tienen casas en seis provincias de Andalucía. Por supuesto, no viven en ninguna ni tienen ningún interés por Andalucía más que hacer negocios. Yo hago una pregunta a la sociedad andaluza y a todos los partidos andaluces: ¿Les parece lógico que estos dos señores tengan 2.600 casas y los andaluces y andaluzas no puedan pagarse una casa, ni en alquiler ni en hipoteca?”.

“Nadie consigue 2.600 casas trabajando, eso es mentira, nadie lo hace honradamente. Esto es fruto de herencias, de inversiones en fondos de inversión y de negocios especulativos”, señaló García.

El Domingo de Resurrección es uno de los días más importantes del año en Sevilla. Solazo. Tras una semana de pasión llena de procesiones y de calles abarrotadas, la plaza de toros de La Maestranza se viste de largo. Alta sociedad, celebrities, nobleza y también influencers y wannabes. Gran ovación. ¿Quién ha llegado? El rey emérito, junto a la infanta Elena.

Juan Carlos I, con residencia en Abu Dabi, ha pasado dos días en la capital andaluza. El PP le anima a volver a España, pero el emérito no da el paso con el trasfondo de su fortuna y la obligación de tener que pagar impuestos. En Zarzuela evitan hablar del padre de Felipe VI aunque recuerdan que es libre de regresar, siempre que esté al día con sus obligaciones fiscales.

El emérito vuelve de manera asidua a España para eventos lúdicos, con especial predilección por las regatas en Sanxenxo (Pontevedra) y los encuentros gastronómicos en buenos restaurantes con vinos caros y suculentas mariscadas. Y en su particular universo se ha rodeado de una troupe nutrida por empresarios, millonarios, personajes ligados a la derecha, regatistas, periodistas conservadores y toreros, principalmente.

Todo ello cristalizaba este domingo con su presencia en la plaza de toros de La Maestranza para ver a Morante. ¿Una casualidad? Su asistencia manda un mensaje muy simbólico y político a poco más de un mes de que los andaluces acudan a las urnas el 17 de mayo para elegir a sus nuevos representantes en el Parlamento. Este torero ha estado vinculado durante años a Vox y ha apoyado directamente a Santiago Abascal. Pero el de La Puebla del Río ha dado un giro y ahora se ha convertido en un respaldo público para Juanma Moreno (Partido Popular), con quien ha compartido jornadas de finca que han hecho públicas en las últimas semanas en sus redes sociales.

Su paso por la capital andaluza sirvió también para reconocer a parte de los amigos del rey. El monarca cenó en casa del periodista Carlos Herrera, que se ha convertido en portavoz muchas veces del emérito. Al día siguiente, en el monólogo inicial de su programa reveló que el rey había estado "a gusto" durante sus horas en Sevilla acompañado de "buenos amigos".

Entre esos amigos que le gustan al rey están Javier Benjumea y Vicente Dalmau, con los que comió en Sevilla, según informa El Correo de Andalucía. Ellos organizaron el encuentro en el club Pineda, el sitio más elitista de la sociedad sevillana. El primero de ellos es el actual marqués de la Puebla de Cazalla y es uno de los puntales de la todopoderosa y millonaria familia andaluza de los Benjumea. En su currículum cuenta con cargos como vicepresidente de Telefónica Argentina, consejero de Abengoa, consejero del diario ABC y miembro de la Junta Rectora y del Patronato de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI-ICADE (la universidad privada donde estudian muchos hijos de la alta sociedad española).

Su vinculación con la Casa Real es directa. De hecho, fue teniente del rey en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a petición del propio Juan Carlos. El título nobiliario fue creado directamente por el emérito para entregárselo a su padre.

En la comida en el restaurante Hoyo 16, dentro del exclusivo club Pineda, también estaba Dalmau, convertido ya en otro de los grandes apoyos de Juan Carlos I durante sus visitas de ocio a España. Se trata del dueño de las bodegas Marqués de Murrieta con quien comparte sus largas estancias en Sanxenxo y mantiene una amistad labrada durante años. El rey es un declarado fan del vino que produce, especialmente de Ygay. Poco después de abdicar, Juan Carlos I reapareció en la inauguración de las instalaciones de la bodega, un acto que la Casa Real difundió en su propia web con una noticia y un vídeo.

Dalmau también se ha convertido en un referente para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le condecoró en 2022 con la Cruz de la Orden del Dos de Mayo porque "ha hecho del vino, que es cultura y salud, el mejor del mundo en Nueva York".

El bodeguero tiene igualmente contacto con el rey Felipe, con quien posó en una foto durante un acto de los cien años de la denominación de origen de Rioja. La empresa Marqués de Murrieta celebró la instantánea en Instagram: "Nuestro agradecimiento a la Casa Real por su continuo apoyo a los innumerables españoles que luchan por la excelencia y protegen el nombre de España fuera de sus fronteras".

En los encuentros en Sanxenxo tiene un papel especial Pedro Campos, el empresario gallego que le da cobijo en su casa cuando va a regatear a la costa. Los dos se conocieron a través del armador Josep Cusí, otro de los inseparables durante años del emérito. La pasión por el mar y los deportes náuticos son los principales pegamentos entre estos hombres, además de su afición a la gastronomía.

Campos es el presidente del Club Náutico de Sanxenxo, otro de los lugares más elitistas del norte de España. Su gran empeño ha sido que el monarca pudiera volver a navegar y competir en las regatas. Hijo de un empresario propietario de las termas Cuntis, uno de los balnearios de más renombre en Galicia, viene de una familia muy bien situada en España y es sobrino del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo.

Al rey siempre le ha gustado esa mezcla de deportes y empresas en su vida personal. Por ejemplo, en los últimos años ha aparecido en algún partido de tenis de Rafael Nadal, con quien tiene hilo directo. En alguno de esos eventos deportivos estuvo acompañado por empresarios como Borja Gervás, ligado al sector financiero, y José María López de Letona, vicepresidente del Círculo de Empresarios. 

En el entorno del rey Juan Carlos I hay un nombre que evita aparecer en las fotografías: Félix Sanz Roldán. El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en una de las columnas del emérito, al que suele ir a visitar a los Emiratos. Su amistad se forjó durante su etapa como jefe de los espías españoles y fue uno de los hombres clave en la sombra para la materialización de la abdicación del monarca en junio de 2014. 

En las últimas semanas el rey emérito ha vivido la pérdida de dos periodistas con los que tenía una relación muy directa: Raúl del Pozo y Fernando Ónega. Los dos han sido parte esencial en su estrategia de comunicación. Y a sus familias les envió sendas coronas de flores con un lazo con los colores de la bandera de España.

Además, en el círculo más cercano del rey hay dos hombres clave: el teniente coronel Vicente García-Mochales (conocido como ‘Mochi’) y el cabo Cabello, que son los encargados de la seguridad de Juan Carlos I y los que le ayudan a caminar o a sentarse.

El titular del juzgado de instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa abierta contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, denunciado el pasado febrero por presunto acoso sexual a un menor, informa EFE.

Según el auto remitido a EFE y que ha avanzado la cadena SER, el juez considera que no está debidamente justificado que se perpetrara el delito, que, según la denuncia presentada por el exresponsable de la escuela taurina local, se habría cometido con mensajes enviados por el entonces alcalde al menor a través de Instagram. 

El auto, con fecha de este lunes, 16 de marzo, cita como fundamentos de derecho que las actuaciones recibidas en el juzgado deben incoarse como diligencias previas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), "puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de corrupción de menores que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado".

El magistrado añade que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa", por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Tras la presentación de la denuncia, Diego Manuel Agüera presentó la dimisión en su cargo el pasado 23 de febrero, después de 14 años en el cargo en esta localidad, de unos 17.000 habitantes, en la que el PSOE cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y además solicitó voluntariamente la suspensión cautelar de militancia del PSOE.

En una carta abierta a los vecinos, Agüera informó de que había decidido “hacer un paréntesis” en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones”, pero precisaba que la renuncia sería "por unos meses”, para poder dedicarse “plenamente” a su defensa.

La dimisión se produjo a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba Manuel Carbonell, que fue derivada a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público. Señalaba al ahora exalcalde como "depredador sexual" y pedía una orden de alejamiento que le impidiese acercarse a un menor, al que presuntamente habría acosado durante varios meses.

Según el denunciante, el menor tenía 14 años cuando sucedieron los hechos y habría recibido mensajes a través de la red social Instagram por parte del alcalde, de contenido explícitamente sexual, después de un primer periodo de "acercamiento" en el que se mostró interesado en su carrera profesional como aprendiz de torero.

Por su parte, el exalcalde, que atribuyó la denuncia por acoso a una "venganza por cerrar la escuela taurina" local por falta de alumnado, ha formulado una solicitud para un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella por posibles injurias graves y calumnias contra Carbonell, que es empleado municipal y al que reclama 70.000 euros por daños y perjuicios.

Un equipo de científicos de tres universidades andaluzas ha dado este martes la voz de alarma sobre la reapertura de las minas de Aznalcóllar y Las Cruces, en Sevilla, que llevarían al Guadalquivir al colapso por la acumulación de metales pesados. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a su puesta en marcha y da por buenos los exámenes ambientales de las compañías, pero el grupo de expertos califica esa decisión de "inaudita" y avisa de que los vertidos de estas instalaciones pondrán en riesgo a los vecinos, al ecosistema, a la ganadería y a la pesca andaluza.

Para estos expertos, los exámenes ambientales aportados por las mineras (Resource Capital Funds y Grupo México) son "demasiado simplistas" y "no tienen una base científica y técnica" porque minimizan o ignoran los impactos que las nuevas minas tendrán sobre el Guadalquivir.

Este grupo de nueve investigadores, liderados por Jesús M. Castillo, catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla, ha realizado sus propias estimaciones de vertidos y calcula que Aznalcóllar verterá en 17 años un máximo de 35 toneladas de aluminio, 27 de hierro y de manganeso, 5,6 de cobre, 2,7 de arsénico, 797 kg de plomo, 67 kg de cadmio y 24 kg de mercurio al estuario del río. Las Cruces, por su parte, volcará en el Guadalquivir 1,6 toneladas de zinc, 421 kg de plomo, 211 kg de arsénico, cobre y níquel y 33 kg de mercurio.

La minería histórica en esa región ya ha contaminado la cuenca, asegura Castillo, pero si finalmente se ponen en marcha estas dos, se abriría la puerta al colapso del ecosistema, que afectaría además al Parque Nacional de Doñana, reserva de la biosfera. "El fondo del estuario del Guadalquivir ya está contaminado y hay un efecto ecotóxico ya demostrado. Si se abren las dos minas, el impacto actual se multiplicaría por diez, o más", advierte el investigador.

Aunque Aznalcóllar lleva sin funcionar desde 1998 –después de que colapsara y causara uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente–, y pese a que Las Cruces cesó la extracción de minerales en 2021, la región sigue sufriendo la contaminación de forma continua. Las Cruces lleva desde 2009 vertiendo aguas con metales pesados al Guadalquivir, mientras que las escombreras de la antigua Aznalcóllar se inundan cuando llueve y arrastran aguas ácidas con metales al río.

Las conclusiones de los investigadores han sido publicadas en una de las revistas científicas de Oxford Academic y en el artículo han participado nueve expertos de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada de diferentes especialidades. Su principal crítica es que las declaraciones de impacto ambiental "no son científicas" porque asumen que los metales pesados llegarán al río, se disolverán y acabarán en el mar.

"No sabemos si es por ignorancia o por mala intención, pero entender así el comportamiento del estuario del Guadalquivir no tiene ni pies ni cabeza", opina Castillo. Explica que este río tiene muchísima turbidez y los metales se adhieren a la arcilla y a otras partículas, se depositan en el fondo y terminan contaminando el suelo, las plantas y los animales. "Es inaudito que no haya un técnico de la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta de Andalucía] que no sepa que los metales se unen a estas partículas, es difícil de creer".

Para frenar este daño, los nueve investigadores piden en el estudio una moratoria sobre la apertura de las dos minas hasta que se realicen los análisis necesarios. "Dada la ausencia de estudios de campo exhaustivos sobre las posibles consecuencias de los vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir, sumada a la evidencia existente de contaminación por metales en su interior, y de acuerdo con el principio de precaución, recomendamos encarecidamente evitar cualquier vertido minero en el estuario del Guadalquivir", se lee en la publicación científica.

La mina de Aznalcóllar, de hecho, está todavía a tiempo de ser paralizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Según Jesús M. Castillo, la mina ya tiene toda la documentación para empezar a funcionar, pero depende de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, para vaciar las cortas de la antigua mina y para disponer de agua para su operación durante los próximos 17 años.

Ante la evidencia de que esos metales pesados también acaban en los peces que luego se pescan –y en las plantas que luego se come el ganado–, los autores piden incluso paralizar la venta de la liza ramada en ese estuario, un pescado muy común en la zona en el que se han encontrado altas concentraciones de cadmio, zinc y magnesio.

"La salud humana podría verse amenazada por el consumo de carne y mariscos contaminados. Se han registrado concentraciones relativamente altas de varios metales (cromo, magnesio, plomo y zinc) en el tejido muscular de la liza ramada en el estuario interior. Esta especie de pescado se consume comúnmente en la zona de estudio, y su consumo debe suspenderse hasta que se analice a fondo esta contaminación", se lee en la publicación.

Remedios Cabrera, una de las autoras del estudio y profesora de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, advirtió en el encuentro con la prensa este martes del riesgo de acabar con toda la pesca en la Bahía de Cádiz. "Todo lo que pasa aguas arriba del Guadalquivir afecta al estuario y afecta a la pesca. Los pescadores de Cádiz ya tienen bastantes restricciones como para que sufran otro castigo, necesitamos una moratoria sobre las dos minas", apuntó la experta. Añadió que esa crisis ecológica ha llegado ya, en realidad, hasta el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán, puesto que esos contaminantes atraviesan la cuenca, llegan hasta el Atlántico y las corrientes los arrastran por toda la costa andaluza.

Los investigadores proponen también que la Junta de Andalucía constituya un comité de expertos independientes que asesore al Gobierno regional sobre el problema de los metales pesados en el Guadalquivir. El estudio ha sido presentado este martes en Sevilla junto a los alcaldes de Chipiona, Coria del Río, Trebujena y la concejala de Medio Ambiente de Sanlúcar de Barrameda. El de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía. La organización de consumidores Facua también se prepara para poner una denuncia similar.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula en un informe a dos exaltos cargos de la Junta de Andalucía con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (EFEF) Luis Rubiales en el amaño de contratos para las obras de mejora del estadio de La Cartuja en Sevilla a cambio de presuntas comisiones ilegales, según informa EFE.

Según el informe adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, se trata de José María Arrabal y David Oviedo, presidente y gerente de la empresa pública de la Junta de Andalucía que gestionaba el estadio de La Cartuja (ECSSA).

Los investigadores han hallado indicios de que tanto Arrabal como Oviedo contribuyeron en las relaciones entre la RFEF y una constructora llamada Gruconsa para las obras de adecuación del estadio de La Cartuja a distintas competiciones deportivas, como la Copa del Rey y la Supercopa, así como para cumplir los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la UEFA EURO20. En relación con esta última, los investigadores han podido observar una participación directa de los mismos.

Así, Arrabal firmó el Convenio Marco del Convenio de Selecciones (31 de marzo de 2021) que permitió la financiación de las obras en los tornos y el sistema de iluminación del estadio, así como el convenio de asesoría técnica con la RFEF para la contratación de expedientes vinculados a la Eurocopa y el acuerdo de inicio de los expedientes de licitación adjudicados a Gruconsa que permitieron realizar las obras de la sala de prensa y la zona deportiva. Por su parte, Oviedo firmó las memorias justificativas de los expedientes licitados, así como cartas de adjudicación a la constructora. 

Según el informe, todos estos documentos constituyeron piezas clave en la estrategia de financiación de las obras que permitieron su ejecución por parte de Gruconsa, en connivencia con la RFEF. El informe recoge también que tanto Arrabal como Oviedo adquirieron posteriormente sendos inmuebles en Málaga y Sevilla respectivamente y que ambos abonaron entorno a 50.000 euros para abaratar sus hipotecas.

Según la Guardia Civil, habría existido una triangulación de fondos entre tres empresas: la constructora Gruconsa, Dismatec Sport SL, empresa vinculada al empresario Francisco Javier Martín Alcaide, amigo de Rubiales; y GC Legal, despacho de abogados dirigido por Tomás González Cueto, asesor jurídico de confianza de Rubiales. Este nuevo informe de la UCO fue remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) el pasado 23 de febrero.

Dos días después su titular dictó una resolución en la que autorizaba a la UCO la intervención de los efectos electrónicos, telemáticos o informáticos de Arrabal y Oviedo, así como el análisis y copiado de los servicios de banca online con la finalidad de esclarecer y determinar un posible beneficio económico ilícito.

La Fuerza Aérea estadounidense ha trasladado desde el mediodía del domingo al menos 15 aviones de reabastecimiento aéreo estratégico KC-135 Stratotanker, claves en las operaciones militares contra Irán, desde bases en España hasta Alemania y otros puntos geográficos, según datos públicos de Flightradar24, como ha recogido EFE.

Una decena de los KC-135 han partido de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta la base aérea de Ramstein (Alemania), mientras que otros cinco han despegado de la base naval de Rota (Cádiz) con destino desconocido en algunos casos al dejar de emitir su posición de manera pública.

EFE ha podido conocer que tres de esos KC-135 estadounidenses han abandonado la base de Rota en las primeras horas de esta madrugada con rumbo a una base militar del Ejército del Aire y del Espacio francés en el sur del país vecino, ocasionalmente utilizada por aviones de EEUU, según datos recopilados de la aplicación de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las tres aeronaves, empleadas como aviones cisterna para repostaje de cazas y cazabombarderos, han emprendido rumbo noreste, han cruzado parte de la Península y las costas de la Comunidad Valenciana y Cataluña y han aterrizado en la base militar gala de Istres-Le Tubé, ubicada al noroeste de Marsella.

En las últimas horas también ha habido vuelos de los gigantescos C-17 Globemaster de transporte logístico de tropas y material entre Rota y la base de Sigonella, en la isla italiana de Sicilia.

Este gran cambio de posición y de activos militares necesarios para los ataques aéreos contra Irán, iniciados el sábado, se produce después de que el Gobierno se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por EEUU, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro la Carta de Naciones Unidas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases andaluzas de Morón y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

"Rotundamente, no; en las bases que hay en Morón de la Frontera y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia", ha resumido la ministra.

Además, ha añadido que, pese a que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese acuerdo permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

La titular de Defensa ha reiterado que España está "totalmente en contra de la violencia" y ha insistido en que las bases no van a prestar apoyo, salvo que fuera necesario que lo hicieran desde un punto de vista humanitario.

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las dos bases militares conjuntas con EEUU en el sur de España estén siendo usadas por Washington en la operación en Irán.

"No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha afirmado el ministro en una entrevista televisiva.

El recién dimitido alcalde socialista de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, ha sido suspendido de forma cautelar de militancia después de haberlo solicitado él mismo, tras abrir la Fiscalía diligencias en su contra por un presunto acoso sexual a un menor, ha informado este martes el PSOE.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Alejandro Moyano, ha explicado que el propio Agüera ha pedido la suspensión cautelar de forma voluntaria "para que el partido no se vea involucrado en una cuestión que nada tiene que ver" con la organización.

"Hemos hecho como partido lo que teníamos que hacer", ha remarcado Moyano, después de una denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba por un presunto caso de acoso sexual a un menor aprendiz de la institución y sobre la que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación.

Preguntado sobre si este caso, y el arresto la pasada semana del exedil socialista y ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, afectarán al PSOE, Moyano ha asegurado que no les preocupan.

"Defendemos el estado de derecho y la presunción de inocencia. Hay investigación en ambos casos, y en ambos casos, el exconcejal Rafa Pineda no es militante del partido, y en el caso del exalcalde de La Algaba decir que ha dimitido, que ha dejado también de forma cautelar la militancia de este partido, y todo esto para defenderse", ha apuntado el secretario de Organización del PSOE-A.

Sobre el alcalde dimitido de La Algaba, Moyano ha defendido que da un paso a un lado porque "se siente inocente" y no quiere perjudicar ni a la institución municipal, ni a la organización política, al tiempo que ha recalcado que no es responsabilidad del PSOE "juzgar a nadie".

En ese sentido, ha afirmado que como partido, en el PSOE están "muy tranquilos", puesto que son "muy garantes, tanto con las posibles víctimas, como con aquellos que tienen la necesidad de defenderse y la presunción de inocencia".

El gestor ferroviario, Adif, ha finalizado ya la reparación de la infraestructura en Adamuz (Córdoba) y pone las vías a disposición de las operadoras ferroviarias para realizar las pruebas oportunas con el objetivo de reanudar el servicio comercial de alta velocidad Madrid-Sevilla "próximamente", han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

Según estas fuentes, serán las operadoras quienes decidan la fecha para reanudar el servicio de alta velocidad entre ambos puntos, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este lunes que la línea podría retomar las operaciones entre el martes y el miércoles.

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida casi un mes por el accidente producido el pasado 18 de enero en Adamuz, que causó la muerte de 46 personas.

Transportes explica que las pruebas realizadas por Adif en la vía de Adamuz han sido favorables, por lo que la infraestructura queda ahora a disposición de las empresas ferroviarias "para la realización de las pruebas con material rodante que estimen oportunas con el fin de reanudar el servicio comercial próximamente". De hecho, Renfe ya está probando la infraestructura de Adamuz desde esta misma tarde, han confirmado estas fuentes.

Asimismo, la alta velocidad entre Málaga capital y Antequera se mantiene suspendida por un desprendimiento de piedras y tierra en la localidad malagueña de Álora, por lo que la línea Madrid-Málaga todavía no se podrá reanudar.

No obstante, sí se podrá operar en la línea entre Madrid y Sevilla, una línea que tiene parada en Ciudad Real, Puertollano, Villanueva de Córdoba y Córdoba, una ciudad a la que no se podía acceder en alta velocidad desde Madrid.

De hecho, pese a esa suspensión, Renfe puso en marcha un plan alternativo dos días después del siniestro por el que permitía realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realizaba en autobús.

El accidente del pasado 18 de enero se produjo tras descarrilar los últimos vagones de un Iryo que iba de Málaga a Madrid y chocar con un Alvia que hacía el recorrido Madrid-Huelva, un siniestro del que todavía se investigan sus causas. Las tres operadoras que realizan esa ruta, Renfe, Ouigo e Iryo, ya han puesto a la venta los billetes para este mismo martes, aunque, por el momento, las operadoras analizan la disponibilidad de esa línea.

En la página web de Ouigo aparecen cancelados dos de los cinco trayectos Madrid-Córdoba de este martes.

Puente aseguró el pasado 3 de febrero en el Congreso que no podía facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de esa semana, una meteorología que ha retrasado durante la última semana los trabajos para ultimar la reapertura de la línea.

Esta situación imposibilitó adelantar los trabajos de plataforma y superestructura de la línea, lo mismo que ocurría con la soldadura de las vías, en las que se debía trabajar con el suelo seco.

En febrero de 2024 el Gobierno y la Junta de Andalucía presentaron un plan para llevar agua potable en barco a tres puertos andaluces ante la posibilidad de que en algunas zonas no se pudiese ni cubrir el abastecimiento urbano por culpa de la mayor sequía de la historia de la Comunidad. Y exactamente dos años después, el mismo lugar se enfrenta a una de las peores inundaciones que se recuerdan, con más de 11.000 evacuados a lo largo de toda Andalucía. Es un ejemplo de manual de cómo funciona el cambio climático, que sigue acelerándose con el incremento anual de las emisiones de CO₂.

"El cambio climático no parece que varíe las precipitaciones en una zona respecto al histórico, sino que las concentra en periodos más cortos. El calentamiento de la atmósfera aumenta la energía de las tormentas y las vuelve más violentas", resume Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana. "Aquí lo vimos con la dana de octubre de 2024, que fue entre un 15% y un 20% más fuerte de lo normal por el cambio climático", añade.

Si lo que más preocupaba en España era el incremento de las temperaturas –que es evidente en verano–, las riadas están volviéndose peligrosamente frecuentes en los últimos años y empiezan a llegar a zonas donde eran poco habituales. La última gran inundación de Córdoba fue en 2010, cuando se registró el último récord de caudal en ese punto del Guadalquivir, pero este viernes la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya avisó de que ese escenario se puede repetir este fin de semana.

No se trata de un hecho aislado. Los datos indican que la península ibérica es uno de los puntos del planeta donde el clima está cambiando a mayor velocidad. El informe de 2025 del Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS) situó a España como el segundo país de la Unión Europea con más alertas por inundaciones, a solo nueve de Francia, con 291 avisos. En 2020 y 2022 España fue el número uno de los Veintisiete.

Es cierto que la costa mediterránea siempre ha sufrido riadas –hay registros de lluvias torrenciales desde la época romana– y que el récord de precipitaciones en España data de 1987 (817 l/m² en 24 horas en Oliva, Valencia), pero los registros de los últimos años cada vez arrojan cifras más estratosféricas. La dana de octubre 2024 ocupa el segundo puesto con 772 l/m² y el aguacero de esta semana en Andalucía se sitúa en el tercero: 577 l/m² en Grazalema este lunes. 

Carmen Llasat, catedrática de Física de la Atmósfera de la Universidad de Barcelona, explica que la sucesión de borrascas que ha azotado Andalucía estos días es anómala, pero no es la primera vez que ocurre. La diferencia frente a los trenes de tormentas del pasado, apunta, es que en esta ocasión arrastra más humedad de lo normal, lo que se ha traducido en una descarga récord de agua sobre la sierra de Cádiz.

"Trenes de borrascas atlánticas ha habido antes en Andalucía, aunque ya de por sí es anómalo, pero lo que hace el cambio climático es calentar el océano y ceder más humedad a la tormenta", opina Llasat.

Otra de las consecuencias del calentamiento del mar sobre estas borrascas es el incremento del tamaño del granizo. Como explicaba hace unos días a infoLibre José Luis Sánchez, experto en Física de Nubes de la Universidad de León, el aumento de la temperatura de la atmósfera aporta más energía a las tormentas, incrementando su tamaño y la energía que concentran. Esto provoca que las corrientes de aire verticales que se generan en el interior de las nubes tengan más fuerza para elevar las motas de agua –convertidas en hielo, cuando alcanzan determinada altura–, y cuanto más ascienden, más diámetro acumulan antes de precipitar, engordando el pedrisco.

Como afirman los expertos en precipitaciones, las inundaciones o el granizo, aunque las relacionemos con el frío, están directamente ligadas al aumento de las temperaturas. Y en esto último no hay espacio para la duda. Globalmente, los últimos diez años han sido, individualmente, los más cálidos de los últimos 100.000. En España, los últimos cuatro años han sido los más calurosos desde que hay registros, con el récord en 2020.

Un verano tórrido y un otoño e invierno con inundaciones sucesivas son dos caras de la misma moneda. El calor atmosférico de julio y agosto se almacena poco a poco en el agua del Mediterráneo, incrementando su temperatura media de manera irremediable –el agua acumula energía y se enfría mucho más despacio que el aire–, y en los meses de otoño esa humedad alimenta las nubes que descargan sobre Valencia, Murcia o Cataluña. En el caso de las lluvias de Andalucía, el proceso es el mismo, pero tomando la humedad del Atlántico tropical, que es arrastrada por el viento hasta que choca con la sierra de Grazalema.

Este verano, el mar Mediterráneo en Baleares alcanzó un récord de temperatura y llegó a registrar una temperatura media diaria con una anomalía de 4,94ºC sobre la media del histórico. La máxima registrada fue en la boya de Mahón (Menorca), con 31,2ºC el día 13 de agosto.

Esa misma semana, en Castilla y León, los bomberos forestales hacían frente a una ola de incendios sin precedentes, también acelerados por el calor y la sequía. La primavera de 2025, que fue más húmeda de lo normal, solo sirvió para desplazar los fuegos del mes de julio hasta agosto, puesto que a continuación llegó el verano más caluroso del histórico, con anomalías de temperatura de entre 2,5ºC y 3,5ºC en la zona de El Bierzo, donde se concentraron los incendios.

Las jornadas de debate sobre la Guerra Civil '1936. La guerra que perdimos todos', dirigidas por Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, se celebrarán en Sevilla del 5 al 9 de octubre —y será invitado a participar el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias— después de que se suspendieran por la polémica suscitada por el escritor David Uclés, que renunció a asistir.

Los organizadores invitarán para octubre a Pablo Iglesias, pero, según ha matizado este lunes Pérez-Reverte en conferencia de prensa, el escritor David Uclés, autor de la novela 'La península de las casas vacías', no volverá a ser invitado a este ciclo, previsto para esta semana, porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas".

Uclés fue el primero en rechazar su participación en el ciclo, después de haber confirmado su asistencia, por intervenir en el mismo el exvicepresidente del Gobierno José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, una actitud que siguieron inmediatamente después el dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entre otros.

Los organizadores han aplazado la undécima edición de estas jornadas para encontrar nuevos invitados y ante las amenazas de 'escraches' en la Fundación Cajasol, que las patrocinan y en cuya sede se celebran.

Esas han sido las dos razones para aplazar las jornadas hasta octubre, según ha explicado Pérez-Reverte: el "desequilibrio" entre izquierda y derecha producido por las renuncias a intervenir después de haber confirmado la presencia y con el programa cerrado, y la falta de tiempo para buscarles reemplazo, además de "la amenaza expresa en redes sociales de la extrema izquierda y Podemos".

La invitación expresa a Pablo Iglesias como ponente para octubre es "para que en vez de enviarnos 'escrachadores' disienta de manera razonable y civilizada", según Pérez-Reverte, quien ha insistido también en la coincidencia de que sean Pablo Iglesias —invitado en ediciones anteriores— y Vox quienes han rehusado participar siempre. Los organizadores, según el escritor, tenían que evitar que se produjeran los 'escraches' anunciados y que "se metiera gente a dar la bronca" en la sede de la Fundación Cajasol: "Eso fue lo decisivo, la amenaza de bronca", ha insistido.

Pérez-Reverte ha calificado este hecho de "gravísimo" porque "el síntoma de la enfermedad es terrible; estamos en una deriva, en un camino siniestro y muy sombrío", a la vez que ha lamentado que existan "elementos que necesitan mantener la tensión y la violencia para mantenerse a sí mismo ante la falta de argumentos intelectuales". El escritor, que ha insistido en el título de las jornadas (sobre el que también hubo polémica por indicar que "todos" perdieron la Guerra Civil) ha leído una larga lista de intervinientes en las diez ediciones anteriores de este ciclo, que ha tratado sobre el periodista Manuel Chaves Nogales, los sistemas de Estado monarquía y república y sobre España, como mito o realidad, entre otros temas, y por los que han pasado destacadas personalidades de la izquierda como Julio Anguita y, en varias ocasiones, Alfonso Guerra y Carmen Calvo.

Vigorra ha enumerado los participantes que tras confirmar su asistencia y conocer plenamente el programa rechazaron su asistencia desde que el domingo 25 de enero lo hizo Uclés: Maíllo, el escritor Paco Cerdá, la dirigente socialista andaluza María Márquez, la historiadora Zira Box y Carmen Calvo, quien argumentó que todos sus compañeros en el Consejo de Estado le desaconsejaron que interviniera.

Pérez-Reverte ha insistido en que el ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido su asistencia a las jornadas e incluso se brindó, ante la polémica, a buscar nuevos ponentes entre la izquierda que sustituyeran a los que renunciaron.

Vigorra ha mostrado su convencimiento de que fue un breve mensaje en redes sociales de Pablo Iglesias el mismo domingo por la noche el que desencadenó la sucesión de renuncias. 

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla entre el 2 y el 5 de febrero, han propuesto su aplazamiento "hasta nueva fecha" tras denunciar amenazas violentas y presiones a los participantes.

"La intención expresada en las redes sociales por grupos de ultraizquierda, proponiendo manifestarse de forma violenta ante el lugar donde está previsto celebrar la XI edición de Letras en Sevilla (“1936: ¿La guerra que todos perdimos?”) la semana próxima nos hace aconsejar a Cajasol que aplace hasta nueva fecha los debates anunciados", indican en un comunicado difundido este miércoles.

Los firmantes lo achacan a "una campaña intolerable de presiones que desde el partido Podemos y medios afines se ha estado ejerciendo sobre algunos de los participantes" a fin de hacerles renunciar a su intervención, en unas jornadas cuyo contenido estos "conocían perfectamente" y cuya asistencia "habían confirmado hace meses".

La Fundación Cajasol ha confirmado, en otro comunicado, que ha aceptado la propuesta de los organizadores de aplazarlo "al próximo otoño" y ha explicado que "las bajas sobrevenidas han derivado en problemas organizativos" que impiden rearmar el programa con el espíritu "equilibrado, ecuánime y de altura intelectual" con que estaba concebido.

El próximo lunes, está prevista en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla una conferencia de prensa en la que los organizadores y coordinadores darán detalles sobre lo ocurrido.

La polémica en torno a estas jornadas se desató el pasado fin de semana, después de que el escritor David Uclés, que había confirmado su participación, se retractara alegando como principal motivo el no querer compartir cartel con el expresidente José María Aznar y con uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Pérez-Reverte y Vigorra tachan de "sorprendente" el anuncio de Uclés, a quien reprochan su "tono lastimero e infantil que ofende cualquier inteligencia" y expresan sus sospechas de que "estuviera concertado de antemano".

Ese anuncio, afirman, dio lugar a "una serie de intensas presiones personales desde el partido Podemos y sus medios políticos afines de extrema izquierda", en una campaña ejercida "desde las redes sociales y otros ámbitos".

Mencionan expresamente al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y recuerdan que su esposa, la fallecida novelista Almudena Grandes, "participó gustosamente" en la primera edición de las jornadas Letras en Sevilla denominadas 'Literatura y Guerra Civil', en 2017.

Según los organizadores, las "coacciones" a los participantes han sido "públicas y privadas", incluyendo llamadas telefónicas. Como consecuencia, fueron cancelando su participación ponentes como los políticos Antonio Maillo (Izquierda Unida), María Márquez (PSOE) y Carmen Calvo (PSOE) y el escritor Paco Cerdá. Otros, como el ministro Félix Bolaños y "todos los historiadores con excepción de Zira Box", mantuvieron su compromiso y confirmaron su asistencia.

Pérez-Reverte y Vigorra lamentan la imposibilidad de celebrar un debate "donde participen de forma civilizada todas las voces, opiniones e ideologías posibles" y lo achacan a "la cobardía actual de cierta izquierda moderada y el retroceso en términos democráticos y liberales de la izquierda radical española".

"Su progresiva decadencia, su sectarismo, mediocridad intelectual y la necesidad de mantener las heridas abiertas y la confrontación como único recurso político son de una gravedad extrema", subrayan.

Además de los mencionados, el programa de las jornadas incluía al expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro Alberto Ruiz Gallardón, el teniente general Félix Sanz Roldán, el director de cine Alejandro Amenábar, el actor Juan Echanove y los historiadores Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Pilar Martínez-Vasseur, Manuel Álvarez Tardío, Gutmaro Gómez Bravo, Fernando del Rey y Julián Casanova, entre otros.

Inicialmente solo Vox (como ya ocurrió en anteriores ediciones de Letras en Sevilla) y Gabriel Rufián (ERC) se habían negado a asistir, señalan.

El fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales ha sido detenido este viernes en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

Fuentes policiales han explicado a EFE que Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.

El fotoperiodista, de 24 años, será custodiado la noche de este viernes en las instalaciones centrales de la Policía Nacional en Sevilla, a la espera de pasar a disposición judicial este sábado.

La orden la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, ha informado a EFE la abogada que se hará cargo de su representación en el juzgado de guardia este sábado, después de haber estado asistido por el turno de oficio este viernes.

Por su parte, fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

El periodista salvadoreño llegó a España hace unas pocas semanas, según ha explicado a EFE otra abogada que ha colaborado con él en Sevilla de forma previa a su solicitud de asilo por persecución política en El Salvador, debido a que su vida corre peligro en el caso de extradición.

Rosales se licenció en comunicación social y periodismo en la Universidad Centroamericana y ha ejercido como reportero gráfico en Agencia Presentes, La Prensa Gráfica, El Faro, La Jornada y Zuma Press, entre otros medios.

Se ha especializado en fotografías sobre asuntos relacionados con derechos humanos, sociedad y política.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, "la inmediata puesta en libertad" de Diego Rosales porque "la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras".

"Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador", ha añadido Bauluz.

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este sábado a un hombre, tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor. El suceso está siendo investigado como un posible asesinato machista, tras ser hallado el cuerpo de la presunta víctima con signos de violencia por uso de arma blanca.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la noche de este sábado 6 de diciembre recibió un aviso por un incendio en una vivienda de El Viso del Alcor. Una vez desplazados hasta el lugar, encontraron el cadáver de la mujer de 30 años. Será la autopsia y la investigación en curso las que determinen si la muerte fue anterior o posterior al incendio.

Según el subdelegado del Gobierno de Sevilla, Francisco Toscano, la Guardia Civil investiga el caso como un posible asesinato machista, ya que el detenido de 35 años podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer.

La fallecida no se encontraba inscrita en el sistema Viogen de protección de las víctimas de violencia de género. No obstante, el detenido sí, fruto de una relación anterior con otra mujer.

El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto y convocado un minuto de silencio por el presunto crimen.

El subdelegado del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada o cualquier persona de su entorno acuda y formule las denuncias pertinentes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica. 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha requerido formalmente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que, en el plazo máximo de diez días hábiles, le remita la documentación o los testimonios de los que disponga sobre afectadas por fallos de información y retrasos diagnósticos, según informa EFE.

Este requerimiento, al que ha tenido acceso EFE, se formula para garantizar una revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la administración sanitaria en materia de vigilancia y protección de la salud pública y evitar "alarma social" derivada de la difusión de cifras o afirmaciones "no verificadas".

El escrito que firma la directora gerente del SAS, Valle García, traslada a la presidenta de Amama, Ángela Claverol, que su asociación ha hecho en los dos últimos meses manifestaciones públicas sobre "supuestas incidencias" en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Según la directiva del SAS, Amama ha señalado la existencia de un número de mujeres que no habrían sido informadas y que habrían sufrido retrasos en pruebas diagnósticas "en una magnitud muy superior a la comunicada oficialmente por la administración sanitaria".

La Junta de Andalucía, recoge el requerimiento, a través de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama -en la que participa Amama- ha trasladado "de forma continuada información completa, precisa y contrastada".

"Las cifras difundidas por Amama no se corresponden con los datos verificados en los registros clínicos oficiales, generando una discrepancia que, por su impacto sanitario y social, exige una aclaración inmediata y documentada", advierte la directora gerente del SAS.

El requerimiento formal se produce de acuerdo a las competencias legales que les corresponden a la comunidad andaluza en materia de sanidad interior y salud pública.

La información que se aporte, concluye el escrito, será tratada "con absoluta confidencialidad" y su utilización quedará limitada a las actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora continua de la calidad asistencial.

Amama ha sido el colectivo asociativo que comenzó a canalizar los primeros testimonios de mujeres con retrasos en los diagnósticos y los tratamientos en el programa de cribados de cáncer de mama.

Tras estudiar hasta el momento más de 220 casos de distintas mujeres, ya ha presentado unas 25 reclamaciones patrimoniales en nombre de víctimas por los retrasos en la comunicación de resultados del cribado del cáncer, de acuerdo al último balance hecho público esta semana por su presidenta.

La Junta de Andalucía ha informado este lunes en la segunda reunión de la Comisión del Cribado de Cáncer de Mama puesta en marcha para abordar la crisis producida en la comunicación de resultados de mamografías que quedan 217 mujeres afectadas pendiente de su prueba diagnóstica, al tiempo que ha desglosado la afectación por provincias, según informa EFE.

De las 2.317 mujeres que la Junta ha cifrado que se han visto afectadas por esta situación, ya se han practicado las pruebas a 2.100, por lo que restan otras 217 que serán atendidas antes de que finalice el mes, según el compromiso que se marcó la renovada Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El responsable del departamento, Antonio Sanz, ha detallado también en esta reunión, según se recoge en un comunicado, que del total de afectadas, 2.051 se ubicaron en Sevilla; 152 en Málaga; 80 en el caso de Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva y Jaén, y ninguna en el caso de Córdoba.

Además, ha insistido en que el 90% de los casos confirmados hasta el momento se dieron en el Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense, y que el segundo hospital más afectado solo tuvo el 4% de las mujeres afectadas. 

Como ya se anunció, se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía.

El objetivo de contar con referentes hospitalarios es disponer de un modelo operativo más transparente, homogéneo y eficaz que garantice una coordinación fluida entre los distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones, precisa Sanidad. 

Además, se ha constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios con dos coordinadores autonómicos en las figuras de Mercedes Acebal y Juan Garcelán.

Esta representación territorial y funcional permite, según el comunicado, un abordaje integral, incorporando visiones complementarias desde la atención primaria, la gestión poblacional, la lectura radiológica, los circuitos de derivación y la coordinación operativa. 

A partir del análisis inicial se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del programa de detección precoz de cáncer de mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) para las unidades de mama hospitalarias. 

Sanidad ha recordado que esta comisión está conformada tanto por representantes de la Consejería como del Servicio Andaluz de Salud, y en ella hay también sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.

Tras el suceso ocurrido en la madrugada de este sábado en Isla Mayor, Narcodiario ofrece varias novedades en exclusiva. La primera, las consecuencias para los policías nacionales: son tres los agentes que resultaron heridos. Al que se conoció en un primer momento, el que fue trasladado al hospital de forma urgente y fue intervenido con éxito, se unen dos más: un segundo que recibió otro impacto de bala, en su caso en el costado, y un tercero con contusiones en el marco del operativo.

La inspección de las tres naves en las que se estaba produciendo la descarga de droga desembocó en la incautación de un alijo de hachís que ascendió a 700 kilos. Sin embargo, el hallazgo más importante no fue ese. Lo más relevante llegó tras analizar la escena en la que se produjo el tiroteo, con un resultado esclarecedor: los narcotraficantes dispararon más de 50 cartuchos para intentar proteger su droga, sin importarle las consecuencias.

Mientras, la gran dificultad que se cierne a partir de ahora es la localización de los supuestos autores de los disparos que, al mismo tiempo, serían autores de un delito de narcotráfico. Ello es así por la orografía del terreno en el que se produjeron los hechos, muy controlados por las organizaciones criminales y repletos de caminos, canales inundados y pequeñas construcciones típicas del entorno de la zona más oriental del Parque de Doñana.

Sobre los heridos, todos ellos del Greco Jerez de la Brigada Central de Estupefacientes, su estado evoluciona favorablemente. El más grave de ellos, la que la bala le entró bajo el chaleco antibalas hacia la zona del abdomen, fue intervenido de forma satisfactoria y permanece estable. El segundo que también recibió un balazo en el costado sufre fractura de dos costillas, y el tercero se recupera bien.

Tras el análisis forense queda acreditado que los disparos se realizaron en ráfaga con armas de guerra preparadas a tal efecto.

Ocurrió lo que llevaba tiempo anunciándose. Un año y medio después del crimen de Barbate y apenas unas semanas más tarde del asesinato del Guadiana, otro agente de las fuerzas de seguridad que lucha contra el narco ha sido objeto de la violencia extrema por parte de los criminales. Un miembro de los Greco Cádiz, la unidad de la Brigada Central de Estupefacientes desplazada en el Sur de España, ha sido tiroteado en el marco de una redada en el término municipal de Isla Mayor, cerca del río Guadalquivir. En la mañana de este sábado está siendo operado de urgencia tras recibir al menos un disparo en la zona del abdomen.

El episodio sucedió en la madrugada de este sábado, sobre las 7.00 horas, en plena acción policial para evitar un desembarco de droga en el citado río Guadalquivir. Los criminales emplearon armas de guerra de alto calibre y efectuaron varios disparos contra los policías. Por el momento, se desconoce si la sustancia que pretendían 'defender' de las autoridades era hachís o cocaína.

En vista de la gravedad de los hechos se han desplegado agentes policiales de distintas unidades para dar con los narcos. Uno de los puntos a los que han llegado es el entorno de un inmueble en el que podrían haberse refugiado los autores, si bien las primeras noticias apuntan a que habrían huido de ese lugar.

La dificultad del operativo es máxima, pues Isla Mayor se encuentra a medio camino entre la desembocadura del Guadalquivir y la ciudad de Sevilla, en un entorno de muy difícil control para las fuerzas de seguridad.

Sobre el estado del agente, permanece reservado por el momento. Ha trascendido que la protección del chaleco antibalas ha impedido su muerte en el acto. Las informaciones a las que ha podido acceder Narcodiario apuntan a que está grave, pendiente de evolución.

Tres personas han sido detenidas en Dos Hermanas (Sevilla) acusadas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual dentro de la Operación Cano, que ha permitido liberar a víctimas sometidas a un "control férreo y condiciones inhumanas", como ser rociadas con agua fría para que se mantuvieran despiertas, según informa EFE.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la organización criminal captaba a las víctimas entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas "seducían" en su país de origen con el conocido método del 'Loverboy', consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

Las mujeres, con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución.

Los agentes constataron que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una organización no gubernamental especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable.

Estos controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, y las obligaban a enviar su ubicación y a ejercer la prostitución sin descanso, incluso enfermas.

Sin horario y continuamente disponibles, eran incluso rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas "despiertas y activas", ha detallado la Policía.

Las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención.

Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores pero, al llegar a España, fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas.

La operación, fruto de una larga investigación coordinada entre los agentes de Extranjería y Fronteras de Córdoba y Dos Hermanas, ha culminado con la detención de los tres principales implicados, que han pasado a disposición judicial.

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.

El caso de Sandra Peña ha encendido una ola de protestas que reclama un giro urgente en el sistema educativo para combatir el acoso escolar. El pasado 14 de octubre, en Sevilla, la joven de 14 años se quitó la vida tras haber sufrido acoso prolongado sin intervención de su centro, el Colegio Irlandesas de Loreto. Estos hechos han dejado al descubierto lo que muchas voces expertas llevan años advirtiendo: el acoso escolar no es un episodio aislado, sino un síntoma grave de un sistema de convivencia que tropieza una y otra vez con la falta de recursos y la urgencia de un cambio estructural.

En ese contexto, miles de estudiantes convocados por el Sindicato de Estudiantes se echaron a la calle este martes en al menos 55 ciudades. Bajo el lema "Sandra, ¡no te olvidamos!", exigieron una mayor inversión, protocolos efectivos y el fin de lo que califican como "negocio educativo" cuando falla la protección de los más vulnerables.

En el colegio Irlandesas de Loreto, un centro privado-concertado, la única medida que se adoptó fue cambiar de clase a las tres alumnas que presuntamente acosaban a Sandra, pese a que su madre había solicitado formalmente la activación del protocolo antiacoso el pasado 3 de septiembre. Según su testimonio, la dirección conocía desde el final del curso anterior que la menor presentaba conductas autolesivas, pero, aun así, no se pusieron en marcha los mecanismos de protección necesarios.

Las cifras generales no disminuyen la magnitud del problema. Según el VII Informe La opinión de los estudiantes, publicado por la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) en septiembre, el 12,3% de los alumnos afirma que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar. Un dato tres puntos mayor que el del anterior curso, que se fijaba en un 9,4%.

Al igual que la familia de Sandra Peña, José Manuel López también denunció la negligencia de su centro escolar tras el suicidio de su hija Kira, provocado por el hostigamiento de sus compañeros. López, presidente de la asociación Trencants y perito judicial en detección de acoso escolar, señala que, aunque todas las comunidades autónomas cuentan con protocolos, "se aplican tarde, mal y muchas veces solo para cubrir el expediente". "Es incomprensible que los colegios actúen como juez y parte del proceso. El problema no es que no se identifique el acoso, sino que se detecta y luego no se actúa o se hace lo mínimo para cumplir el trámite, y quienes sufren son los menores", lamenta.

El experto sostiene que numerosos centros evitan activar los protocolos para preservar su imagen pública. "Hay colegios en los que se aplica y el protocolo funciona, pero acaba dependiendo de la voluntad de los directivos. Muchos se niegan a ponerlo en marcha porque supone llamar a los padres de los agresores y admitir que existe un problema que afecta a la reputación del centro", explica. López confiesa que, cuando denunció la situación de su hija, lo único que le ofrecieron fue cambiarla de colegio.

Una falta de implicación que, según López, se agrava porque los protocolos carecen de sanciones para los centros, a pesar de que la ley las contempla. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, conocida como la ley del solo sí es sí, introdujo modificaciones significativas en el Código Penal español. Entre ellas, destaca la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a todos los supuestos de acoso recogidos en el artículo 173, lo que incluye el acoso escolar. Esta reforma implica que los centros educativos, en su condición de personas jurídicas, pueden ser considerados penalmente responsables si se demuestra que no adoptaron las medidas necesarias para prevenir o abordar casos de acoso en su entorno.

No obstante, Noelia Rebón, la abogada que asesoró a la familia, explica a infoLibre que en muy pocas ocasiones estos procedimientos prosperan por la vía penal, por lo que decidieron acudir directamente a la Conselleria de Educación de la Generalitat después de que se archivó el caso. La familia ha solicitado por carta medidas contra la dejación del colegio, pero no han recibido respuesta y solo cuentan con el informe oficial en el que se señalaba que "había margen de mejora". Una fórmula que, según Rebón, sirve para eludir responsabilidades y representa "la inacción institucional frente al acoso escolar".

Además de la falta de voluntad, la comunidad educativa denuncia que el sistema "no está dotado de recursos suficientes" para afrontar una realidad cada vez más compleja. Teresa Esparbé, secretaria general de Políticas Educativas de CCOO, advierte de que entre el alumnado "cada vez hay más niños y niñas con una fuerte exposición a sufrir situaciones de acoso". Esparbé detalla que ha aumentado la complejidad de las aulas porque hay más alumnado vulnerable —con discapacidad, con orígenes diferentes, con orientaciones sexuales diversas, con vulnerabilidad económica o con dificultades de aprendizaje— que no se tiene en cuenta.

Esa diversidad, que debería ser una riqueza, se convierte en un desafío cuando no va acompañada de los recursos necesarios. "Si esa complejidad no la cuidamos con más profesionales en el aula, con más docencia y con formación específica, el sistema de convivencia se resiente", explica Esparbé. Sin embargo, las cifras muestran una tendencia contraria. La inversión en Educación fijada en los presupuestos generales del Estado era del 4,53% del PIB en 2023, cuando en 2020 llegó a ser de un 4,89%.

La representante de CCOO considera que esta falta de inversión deja al descubierto una "grieta estructural". "Es otra prueba más de la precariedad en la que se encuentra la educación pública". Un sistema que, incide, "responde con medios antiguos a problemas nuevos", en un contexto en el que "cada vez hay más alumnado con necesidades educativas especiales y menos profesionales que puedan acompañarlo".

Una de las reivindicaciones que emergen con más fuerza en las movilizaciones de los últimos días es la creación y dotación real de dos figuras clave dentro de los centros educativos: la coordinadora de convivencia y bienestar y la coordinadora de coeducación. La experta en políticas educativas señala que en muchos ya existen, pero sin posibilidad real de dedicar tiempo a la observación, la detección y la activación de los protocolos.

Según Esparbé, no se trata de crear cargos simbólicos, sino de asegurar que "estas funciones se puedan ejercer con tiempo, estabilidad y respaldo institucional". "Hay docentes que quieren implicarse, pero no tienen margen. Si no se les libera de carga lectiva o no se les reconoce ese trabajo, al final la prevención del acoso se convierte en una tarea imposible", lamenta.

A esta falta de estructura se suma la ausencia de formación. "Entre las profesionales de la educación hay pocas que tengan formación sobre el tema del acoso", explica. La representante de CCOO incide en que la mayoría de la oferta de cursos es privada y no pública. "Muchos de los profesionales no pueden acudir porque esos cursos son de pago y no están dentro del horario laboral. La formación tendría que estar asumida por las Administraciones educativas y ser accesible para todos", añade.

No obstante, la comunidad educativa exige que se aplique un enfoque colectivo y que no caiga todo el peso de la prevención sobre un profesorado desbordado. Esparbé detalla que los docentes "ya tienen ratios altísimos, presión burocrática y, aun así, se les exige que sean mediadores, orientadores y expertos en convivencia". "Si no se ponen equipos multiprofesionales, con figuras como educadoras sociales, integradoras o enfermeras escolares, es imposible abordar la complejidad que tienen hoy los centros", aclara.

Las manifestaciones de este martes recogieron esas mismas demandas en las calles. Los convocantes reclamaron "más orientadoras y mediadoras en todos los centros", "contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la pública" y "ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada que tapa el acoso".

La transformación digital y la proliferación de redes sociales han dado al acoso escolar una dimensión nueva y, en muchos casos, más difícil de controlar. El último informe publicado por la Fundación Mutua Madrileña y ANAR detecta que el incremento de los casos de acoso escolar se debe al aumento del ciberbullying y de aquellos casos que combinan la presencialidad con las acciones online.

Un entorno en el que la IA ya aparece en el 14,2% de los casos de ciberacoso, utilizada en más de la mitad de ellos para crear vídeos falsos manipulando imágenes o audios de la víctima, y en el 32,2% para suplantar identidades. No obstante, WhatsApp, Instagram, TikTok y los videojuegos concentran la mayoría de incidentes, con especial incidencia a partir de los 12 años.

Para Pilar De Castro, especialista de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Universidad de Navarra, internet multiplica el impacto de las agresiones verbales cuando los adolescentes aún no dimensionan el impacto de las palabras. "Lo que antes era un insulto aislado hoy tiene un impacto exponencial y difícil de controlar, amplificado por la velocidad en los grupos y plataformas", aclara.

Las medidas pasan, según la especialista, por adaptar la escuela y las familias al nuevo escenario. De Castro pide formación específica y periódica en ciberconvivencia, vías seguras y anónimas para que los testigos activen la alarma sin estigmas, y protocolos claros que también actúen sobre lo digital. "No podemos dejarlo solo en manos de un profesor desbordado; los adultos deben poner un límite y acompañar rápido para que no se enquiste", concluye.