El eurodiputado del Partido Popular y exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo se retira de la política institucional tras 47 años de carrera aunque, como ha dejado caer, los políticos de raza no se jubilan nunca. "Seguimos", ha avanzado. En un vídeo publicado en su perfil de la red social X y recogido por Europa Press, el conservador ha dicho "adiós" a una larga trayectoria en la política institucional y ha dado las gracias a todos aquellos que han confiado en su trabajo y en los que han estado a su lado.

"A todos los que me han aplaudido, a todos los que me han criticado, con razón o sin ella", ha recalcado. "Ha llegado la hora del adiós, la hora de retirarme de la política institucional, repito, porque los que concebimos la política como un servicio a España y a los españoles no nos retiramos nunca, nos morimos y en paz", ha apostillado.

García-Margallo inició su carrera política como director general del Desarrollo Comunitario en el Ministerio de Cultura de 1977 a 1979 y siendo diputado en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular en diversas legislaturas. Fue en 2011 cuando ocupó el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta 2016.

Actualmente es diputado en el Parlamento Europeo y ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios desde 2019, un trabajo que ya ha asumido en varias legislaturas, desde 1994 hasta 2011.

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944), beneficiario del polémico fondo de pensiones para eurodiputados gestionado desde Luxemburgo por el que en 2014 dimitió Willy Meyer (IU), defiende su voto a favor del rescate de dicho fondo con dinero público para evitar su quiebra.

En declaraciones a infoLibre, Margallo asegura que no ve motivo alguno para renunciar a ningún derecho adquirido y advierte de que acudirá a los tribunales si la decisión que adopte la mesa del Parlamento europeo en relación con el fondo lesiona sus derechos. Aquí hay un conflicto, porque el pleno le ha reclamado a la mesa, precisamente con el voto en contra de Margallo, que no rescate el fondo con dinero público. A juicio del eurodiputado, la salvación del fondo voluntario de pensiones es responsabilidad del Europarlamento y así lo avala el Estatuto del Diputado. "Los parlamentarios pueden decir misa", afirma.

Se trata de un fondo voluntario creado en 1991 como una sociedad privada de derecho luxemburgués. Su propósito era nivelar las pensiones de todos los diputados, algunos de los cuales –los de los países más pobres– tenían escasos derechos de pensión por las normativas nacionales. Había desigualdades entre los electos de distintos países que realizaban el mismo trabajo. Cuando en 2009 se estableció una pensión común, el fondo voluntario creado en 1991 se cerró a nuevos miembros.

Actualmente quedan más de 900 beneficiarios de aquel fondo, que adquirieron sus derechos antes del cierre. De ellos, 660 han sido identificados [ver aquí el listado en el documento del Registro de Luxemburgo y aquí una información en detalle de Investigate Europe, consorcio al que pertenece este periódico]. España es el segundo país con más beneficiarios, con un total de 98. Entre estos figuran un miembro de la Comisión Europea (Josep Borrell, del PSOE), un ministro del Gobierno (Luis Planas, del PSOE) y tres eurodiputados en ejercicio, Pilar del Castillo, Francisco Millán y Margallo, los tres del PP.

El fondo es objeto de polémica desde que en 2014 este periódico desveló que parlamentarios españoles participaban en dicho plan, gestionado por una sociedad de inversión de capital variable (sicav), instrumento que en Luxemburgo está casi exento de tributación. La información precipitó la dimisión de Willy Meyer, eurodiputado de IU. Cerca de diez años después de aquella noticia, el fondo acumula un déficit 379 millones de euros –al cierre de 2021, ahora será superior– y está abocado a la quiebra como muy tarde en 2025, según recoge un informe oficial. El punto más controvertido de dicho informe, el que reclama a la mesa del Europarlamento que dicho fondo no sea rescatado con dinero público, fue aprobado la semana pasada por el pleno con 438 votos a favor, 175 en contra y 16 abstenciones.

Tanto Margallo como Del Castillo y Millán votaron en contra. La eurodiputada socialista Isabel García Muñoz, ponente del informe, afirmó que eran "partes interesadas".

Margallo insiste en que como eurodiputado entre 1994 y 2009 generó derechos mediante sus aportaciones al fondo voluntario. "Si querías entrar, te quitaban un tercio de la asignación. El Parlamento cooperaba aportando dos tercios, que eran retribuciones en especie sujetas al impuesto sobre la renta", señala.

"Si hubiese sido un fondo nacional hubiera tenido derecho a la deducción de mis aportaciones. Yo lo hice, me hicieron una paralela [una notificación de la Agencia Tributaria por algún desacuerdo con la declaración de la renta] y me dijeron que esa deducción no era posible porque era un fondo extranjero", expone. En efecto, el fondo era extranjero porque desde su origen está gestionado desde Luxemburgo.

El europarlamentario insiste en que el fondo es responsabilidad de la Eurocámara porque es creación suya y porque una decisión suya lo condena al déficit. ¿Qué decisión? El cierre a nuevas aportaciones con motivo de la entrada en vigor en 2009 del Estatuto del Diputado, aprobado en 2005 y que fue negociado –explica Margallo– por el vicepresidente del Parlamento europeo entre 1999 y 2014, Alejo Vidal Quadras, entonces en el PP.

En 2009 se creó un fondo público de pensiones obligatorio, del que el Parlamento hace las aportaciones tomadas de las retribuciones de los eurodiputados. "Ninguno de los nuevos eurodiputados puede entrar desde entonces en el fondo voluntario, por lo que se sabe [en 2009] que va a desaparecer", expone. "Si no hay entradas y se sigue cobrando a la misma velocidad, se agota. ¿Que podía haber durado más si la bolsa va mejor? Bueno, pero que eso se agotaba es evidente", afirma. Y añade: "Por mucha rentabilidad que hubiese tenido, es un río del que sacas agua y no metes. Vale, podrías haber sacado agua a menos velocidad. Pero que no entraba agua ni iba a entrar era evidente. Se sabía que se iba a acabar. Y por eso se establece la cláusula".

Con "la cláusula" se refiere al artículo 27 del Estatuto, que recoge que el "antiguo fondo de pensiones voluntario creado por el Parlamento se mantendrá" para quienes hubieran adquirido derechos en el mismo. Dichos derechos serán respetados, dice este artículo, "en su totalidad". "In full", recalca Margallo leyendo la versión en inglés. A su juicio, esto implica que "cuando el fondo se agota el Parlamento se subroga para mantener las prestaciones". Margallo ha cambiado impresiones con Vidal Quadras al hilo de la tormenta política desatada en torno al fondo. "Su tesis está clara. Ese artículo garantiza nuestros derechos", dice. El artículo no especifica que sea el Europarlamento el que se haga cargo de una hipotética quiebra que no se menciona. Pero Margallo no tiene dudas. "Si se garantizan los derechos, quién se va a hacer responsable de hacerlos cumplir, ¿el maestro armero? Está clarísimo. El sujeto es el Parlamento, no hay más".

Precisamente el artículo 27 de dicho Estatuto ha hecho a Margallo estar siempre "tranquilo" con respeto a las garantías que le daba el fondo voluntario. Es más, ha llegado ya a cobrar del mismo, concretamente durante su etapa como ministro, cuando percibió al mismo tiempo su sueldo como titular de Exteriores y su pensión del plan voluntario. "Es una pensión es compatible con otras retribuciones, aunque no con la de ser eurodiputado", explica.

Eurodiputado es precisamente su actual condición, por la que está generando derechos para el actual fondo de pensiones público, que ya empezó a adquirir entre 2009 y 2011. A esos derechos se suman los de su pensión pública en España y el "fondo de pensiones de los abogados". "He estado ahorrando para el verano", dice.

Tanto el lunes por la noche en Hora 25 como durante su conversación con infoLibre, Margallo se refiere en diversas ocasiones al fondo abierto hasta 1991 como "privado". No obstante, luego se corrige. "Si dije 'privado', mal. Quise decir 'voluntario'. Es público porque lo crea el Parlamento. Esto no es un grupo de diputados que se reúnen en un bar y dicen 'vamos a hacer un fondo de pensiones'. Es el Parlamento el que invita e incentiva [a formar parte]. Un fondo privado sería que 900 tíos dijeran: 'Oye, vamos a hacernos un fondo y nos vamos a Luxemburgo'".

Margallo cree que no es lo mismo el fondo voluntario que uno "creado por el Banco Santander", por poner un ejemplo. "Otra cosa es que lo administre no sé quién", dice. A su juicio, la figura que lo administra no es lo relevante, sino que el Parlamento es el "responsable". Este fondo, a su juicio, no comparable a uno privado que quiebre, luego no habría según su interpretación ningún "privilegio" con respecto a quienes pierden sus pensiones cuando un fondo se va al garete.

Lamenta el exministro "la campaña que se ha montado" contra el fondo. "Parece que somos unos absolutos privilegiados, que hemos hecho algo cuasidelictivo. Pero, oiga, si lo aprobó el Parlamento, ¿a mí qué me cuenta usted? Estar en política ya es una presunción de delincuencia. Pero vamos, es que vivimos en una sociedad que acepta que Juan Roig es un delincuente por ganar dinero".

Los hechos demuestran que "los listos" fueron los que o nunca participaron en el fondo o rescataron el dinero en 2009. "Yo en este tema soy víctima", añade Margallo, que asegura desconocer la cuantía de la pensión de la que se beneficiará por el fondo voluntario. "Lo tendría que mirar. Está en la declaración de la renta porque he pagado por ella en España en el IRPF", explica. Pero insiste: "Sea mucho o poca, es indiferente". Lo relevante, afirma, es que es su derecho a percibirla y la obligación del Europarlamento a garantizarla.

¿Sabía cuándo se apuntó al fondo que iba a ser gestionado desde Luxemburgo por una sicav? "Honradamente no lo pregunté. Lo podía haber preguntado, pero no lo pregunté", responde. Eso sí, tampoco lo ve relevante. "No lo sabía, pero me da igual. El Parlamento tiene sede en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. Me dijeron: '¿Usted quiere asegurar el fondo de pensiones?'. Pues sí. Yo no tenía la menor idea de dónde estaba, y creo que la mayoría de diputados tampoco, porque era indiferente. Es el Parlamento el que lo crea y pone las condiciones y se supone que lo hace razonablemente bien". Afirma que tampoco tiene "la menor idea" de los motivos de la dimisión de Willy Meyer: "Quiero mucho a Willy Meyer, pero no sigo sus peripecias personales".

¿Tampoco hay, como dice el informe aprobado, un "posible riesgo para la reputación" de la Eurocámara? "Si lo ha creado el Parlamento, será el Parlamento el que tenga que saberlo", responde. A su juicio, es propio "de Groucho Marx" que el Parlamento diga que va "contra su reputación" obedecer lo establecido en el Estatuto del Diputado [a Groucho se le se suele vincular con la frase "estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros"]. "Es muy fácil decir 'mira los eurodiputados, que viven de puta madre y encima tienen fondo de pensiones'. Claro, lo tenemos porque hemos ido aportando a lo largo del tiempo, sacrificando un dinero que los otros que no han entrado no han sacrificado".

Margallo critica a la ponente del informe, Isabel García Muñoz. "No es la mejor jurista que he conocido", dice. Y ve "mala fe" en las dos enmiendas presentadas. Una, del Grupo de La Izquierda, solemnizaba que "las pensiones oficiales abonadas por el Parlamento a los antiguos diputados son, en general, generosas" y concluía: "Que se disuelva el fondo". La otra, de Los Verdes, reclamaba a los "antiguos diputados" que tengan otra "pensión suficiente" que "renuncien al fondo voluntario". Sobre la primera, Margallo afirma que "no tiene el menor sentido", ya que presupone que antes de 2009 se podía elegir otra pensión, cuando "no había". "Ni generosa ni no generosa. La justificación [de la disolución] cae, luego la conclusión es inválida", afirma. En cuanto a la segunda enmienda, Margallo dice: "Es como si digo: 'Oiga, como usted tiene un fondo de pensiones en el Bilbao Vizcaya, pues renuncie a la Seguridad Social. ¿Por qué?".

–Porque tiene un déficit muy alto y va a necesitar un rescate público.

–¿Y? ¿Y para qué he estado yo pagando todos estos años?

El eurodiputado niega conflicto de interés en su votación a favor del rescate del fondo o contra las enmiendas. Acude para armar su posición al Código de Conducta del eurodiputado, que dice: "No existirá conflicto de interés cuando un diputado tenga un beneficio únicamente por pertenecer a un conjunto de población o a una categoría amplia de personas". Como miembro de este fondo de algo más de 900 miembros, se considera miembro de un colectivo amplio, lo que excluiría la hipótesis de un conflicto de interés. A su juicio, su voto es comparable al que como diputado en el Congreso hacía de los presupuestos, en los que están recogidas las retribuciones de los parlamentarios.

Hubo compañeros de Margallo en el Partido Popular Europeo, concretamente 28, que votaron contra el rescate público. Siguiendo el razonamiento de Margallo, se entendería que estos 28 no pretenden que se "cumpla la legalidad", propósito al que el exministro atribuye su voto. Tampoco el PPE votó unido sobre las enmiendas. En ambos casos Margallo y el resto de eurodiputados españoles votaron en contra. Pero no todo su grupo: hubo siete que lo hicieron a favor. Margallo evita la polémica, señala que no estuvo en "el debate" sobre la cuestión en el seno del grupo y, sin particularizar, afirma que siempre hay "conductas insolidarias".

La mesa ya ha modificado en dos ocasiones las condiciones del fondo voluntario para aumentar su sostenibilidad. En 2009 la edad de jubilación se elevó de 60 a 63 años y se cerró la opción de jubilación anticipada. Nueve años después, se elevó de nuevo a 65 años y se introdujo una tasa del 5% sobre las pensiones. Ambas decisiones fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por algunos de sus beneficiarios. En ambas ocasiones, los demandantes perdieron. Según Margallo, decisiones así de la mesa no pueden compararse con una posible liquidación. Su conclusión es que el hecho de que haya quedado judicialmente establecido que la mesa puede modificar condiciones del fondo demuestra que es "el administrador", y por lo tanto que tiene una obligación de cumplimiento de los derechos de sus beneficiarios.

–¿Usted ha ido a los tribunales ante alguna de estas decisiones?

–Todavía no, pero claro que iré –responde. Lo hará si ve lesionados sus "derechos".

No obstante, confía en que el Parlamento salve el fondo. Pero, claro, eso supondría que la mesa no atiende lo que le reclama el pleno. Margallo: "Si el Estatuto dice que hay que cumplir con esto, los parlamentarios pueden decir misa. Es una obligación estatutaria".

El exvicepresidente Pablo Iglesias, líder fundador de Podemos, ha sumado una tercera colaboración en medios de comunicación y cada semana participará en una tertulia en la Cadena SER con la socialista Carmen Calvo, también exvicepresidenta del Gobierno, ha informado Europa Press.

Según ha anunciado el presentador de Hora 25, Aimar Bretos, cada lunes de su programa estará protagonizada por los dos exvicepresidentes más el exministro Juan Manuel García Margallo, actualmente eurodiputado del PP. Los tres empezarán el día 6 de septiembre.

Para la socialista Carmen Calvo será una de sus primeras apariciones públicas desde la salida del Gobierno, aunque en su caso no se retiró de la política, sino que sigue siendo diputada del PSOE en el Congreso.

En el caso de Iglesias, esta tertulia es la tercera colaboración en medios de comunicación anunciada en los últimos días. La pasada semana se supo que también estará semanalmente en la emisora catalana RAC1 y en el digital CTXT.

El que fuera secretario general de Podemos ha asegurado que, tras su abandono de la política, "tocaba" estar "callado": "Cuando uno se va no puede en ningún caso eclipsar a los que se quedan o molestar a los que se quedan", ha reconocido.

Pero ahora se siente "muy relajado y con muchas ganas de hacer cosas". Según explicó, en los medios piensa ejercer de "periodista crítico" y ha augurado que se le dará "bastante mejor" que la labor institucional.

Tras abandonar la primera línea política después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, ya había trascendido que Iglesias se incorporaría en septiembre a un grupo de investigación del centro Internet Interdisciplinary Institute (IN3), adscrito a la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), que ha definido como "una oportunidad maravillosa".

El ministro español “apelaba” al Gobierno de los Emiratos para que el fiscal aceptase el depósito de la fianza que se le había requerido a López-Monís y se le pusiera “en libertad con carácter inmediato”. “La continuación de su detención o su ingreso en prisión a la espera de la decisión del fiscal puede dañar muy seriamente la salud del detenido”, argumentaba García-Margallo en la carta, que forma parte de los miles de documentos de Football Leaks que la revista alemana Der Spiegel ha puesto a disposición de la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre.

Tras subrayarle el “gran eco” que el caso estaba teniendo esos días “entre la comunidad empresarial y europea en Emiratos Árabes Unidos” y en los medios de comunicación españoles, el ministro reitera al jeque que quiere hablar “personalmente” con él a la mayor brevedad posible.

López-Monís fue liberado sin cargos ni fianza el 25 de agosto, tres días después del envío de esta carta y ocho días después de su detención. Pero no volvió a España hasta diciembre.

La carta que el ministro José Manuel García-Margallo envió a su homólogo dubaití el 22 de agosto de 2016.

Preguntado por infoLibre por su papel en la salida de prisión del ejecutivo, José Manuel García-Margallo declinó hacer comentario alguno sobre su intermediación en este caso, asegurando que no podía acordarse de los "miles" que atendía cuando era ministro. Tampoco el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido más explícito. Se ha limitado a contestar que en su momento realizó “gestiones ante las autoridades del país” para conocer la situación en que se encontraba López-Monís, “las razones de su detención y prestarle la asistencia consular correspondiente”. Asegura que son las "actuaciones “habituales” del ministerio cuando un ciudadano español es detenido en el extranjero. Pero se niega a dar ningún detalle más sobre el caso amparándose en la Ley de Protección de Datos. Tampoco ACS ha respondido al intento de este periódico de obtener la versión del propio directivo, actualmente responsable de Dragados –otra filial del grupo de Florentino Pérez– en Norteamérica.

La pequeña historia de la detención y puesta en libertad del ejecutivo es un buen ejemplo de cómo las líneas entre el negocio deportivo y el constructor de Florentino Pérez son bastante difusas. El 21 de agosto, un día antes de que García-Margallo enviara su carta al ministro dubaití, el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, intenta ponerse en contacto con Butros Butros, vicepresidente del grupo Emirates, uno de los principales patrocinadores del club. Lo intenta por teléfono y, después, por correo electrónico. “Necesito hablar contigo a petición de Florentino. Necesita ayuda”, le informa. Después, Butros Butros le responde que “Habtour [sic] debería ser capaz de liberar a José [López-Monís], si te llevabas bien con él. Si no es así, por favor, llámame y te explicaré esta noche la mejor manera de hacerlo”. Al día siguiente, Butros le pregunta si ya han puesto en libertad al directivo español, a lo que José Ángel Sánchez le contesta que no y que es “una mala señal”. “Es una situación verdaderamente increíble”, subraya. Butros le sugiere entonces que escriba una carta a “HH Sheikh Mohammed”; es decir, al emir de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktum.

Ese mismo día, García-Margallo escribe al ministro de Exteriores de Emiratos y su carta la reciben Florentino Pérez y José Ángel Sánchez quien, a su vez, se la reenvía a Marcelino Fernández Verdes, entonces presidente ejecutivo de CimicCimic, filial australiana de ACS.

Cambio accionarial el día de la liberación

En 2016 Habtoor Leighton Group era propiedad en un 45% de Cimic, que habían convertido en filial australiana de ACS después de que el grupo español se hiciera con la mayoría de la alemana Hochtief. El resto del capital se repartía entre un 27,5% de Al Habtoor Holding y otro 27,5% de Riad Al Sadik, presidente de Habtoor Leighton Group desde 2007 y uno de los fundadores de la empresa en 1970. El mismo día en que Cimic comunicó a la Bolsa australiana la liberación de López-Monís, informó también de que Al Habtoor Holding vendía sus acciones en Habtoor Leighton a Riad Al Sadik. De esta forma, el presidente y cofundador pasaba a controlar la empresa. También adelantaba Cimic una revisión estratégica del negocio de Habtoor Leighton, que en diciembre fue rebautizada como HLG Contracting.

No obstante, en sus cuentas de ese año Cimic informa también de que, como parte del acuerdo para la salida de Al Habtoor del capital, ha asumido “ciertas obligaciones de los otros accionistas”, incluyendo “garantías de cumplimiento” –una fianza para asegurar que una parte cumple con sus obligaciones contractuales– y ha comprado préstamos de Al Habtoor por importe de 27,2 millones de dólares, además de adquirir una opción de compra del 55% restante de las acciones del constructor dubaití. Pero precisaba que esa opción, valorada en 54 millones de dólares, no tenía “ningún impacto actual en el control de la empresa”. Aunque pasaba de considerar HLG una filial a clasificarla como joint venture.

Fue en medio de estos movimientos corporativos cuando se produjo la detención y puesta en libertad de López-Monís. Ese año HLG comunicó un beneficio antes de impuestos de 29,4 millones de dólares australianos –22,6 millones de dólares–, un 64,2% más que el año anterior. Pero en 2017 registró unas pérdidas de 48 millones de dólares australianos –37 millones de dólares americanos–, según consta en las cuentas de ambos ejercicios publicadas por Cimic, que atribuye el vuelco en los resultados de la empresa dubaití al aumento de costes por “la revisión estratégica en curso, así como a la liquidación de varios proyectos”.

La historia termina mal para Cimic

En mayo de 2018, HLG Contracting pasó a llamarse BIC Contracting. Ese mismo año Cimic dejó de informar de los resultados de su empresa en Dubái en sus memorias anuales. Y en enero de 2020 anunció que vendía su participación del 45% en BIC Contracting y abandonaba Oriente Próximo, tras registrar unas pérdidas de 1.000 millones. La salida de BIC Contracting le supuso a la filial australiana de ACS un impacto de 1.840 millones de dólares. En el informe de ese ejercicio, Cimic se queja del “deterioro acelerado de las condiciones del mercado local”. En el de 2021, el último disponible, BIC Contracting sigue en venta, sin encontrar comprador.

Es más, la onda sísmica de los malos resultados en los Emiratos ha terminado por llevarse por delante a Marcelino Fernández Verdes, que en 2017 había ascendido a consejero delegado de ACS y a quien incluso se mencionaba como posible sucesor de Florentino Pérez al frente de la constructora. Sin embargo, el pasado marzo abandonó su cargo “por voluntad propia”. Se le considera responsable del fiasco de BIC Contracting, la antigua Habtoor Leighton. Desde febrero de 2020 el presidente y consejero delegado de Cimic es Juan Santamaría. En el consejo de la australiana se sientan otros dos españoles, ejecutivos de la máxima confianza de Florentino Pérez: Pedro López Jiménez y José Luis del Valle, ambos miembros de la junta directa del Real Madrid.

Habitualmente convulsa, la comarca del Campo de Gibraltar vive estos días con una infrecuente tranquilidad. Sobre el papel, no debería. El 31 de enero, este viernes, es la fecha marcada en rojo para el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE, llevándose consigo a Gibraltar, pulmón económico de una de las zonas más deprimidas y socialmente más problemáticas de Andalucía y España. Se trata de un área de 250.000 habitantes cuyo PIB depende en un 25% de la irradiación del Peñón. Unos 10.000 trabajadores españoles cruzan cada día la verja, la mayoría desde La Línea de la Concepción. El impacto del Brexit en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones, en función de si acaba siendo una salida con o sin acuerdo, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía. Hay, con los números en la mano, motivos para la inquietud. También si miramos la historia. En la zona pesa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un trauma en la comarca. Y, sin embargo, los mensajes son de tranquilidad. Casi de cierta confianza. La verja seguirá como estaba, habrá un simple cambio de banderas y las partes –España y Reino Unido– se pondrán a negociar los detalles para cuando el divorcio sea ya completo, previsiblemente a final de año. Gibraltar sale de la UE sin el menor dramatismo.

Todas las autoridades coinciden en un mensaje: el primer día después del Brexit se parecerá mucho al último día antes del Brexit. "El 1 de febrero empieza un periodo de transición hasta el 31 de diciembre en el que básicamente no va a cambiar nada la vida cotidiana de los ciudadanos. No habrá absolutamente ningún cambio en la frontera, cuya calidad jurídica sigue siendo la misma. Se reconocen todos los documentos que se reconocían hasta ahora", señala un portavoz del Gobierno de Gibraltar a preguntas de infoLibre. Dicho portavoz añade que el único cambio visible en Gibraltar será la sustitución de la bandera de la UE, que ondea en algunos puntos como la frontera, por la bandera de la Commonwealth. Es curioso: al final, sí que habrá cambio de banderas en Gibraltar... pero no el que habían soñado los defensores de la soberanía española en tierra de yanitos, con la rojigualda azotada por el viento de Levante, sino la anhelada por los valedores del Brexit. Ironías de la política y de la historia, tan comunes en este trozo del mundo.

En la Roca, el Brexit no entusiasma. Se hará porque es obligatorio y punto. En el referéndum de 2016, 19.322 personas votaron por la permanencia, el 95,9%, mientras sólo 823 votaron leave. Cuando el Reino Unido votó por la salida, grandes temores se cernieron sobre el Peñón, un territorio que basa su gran riqueza en un estatus fiscal ventajoso en el seno de la UE, y que se ha resistido como gato panza arriba a las tentativas de España por su recuperación. Tras el referéndum, el debate se centró pronto en la cuestión de la cosoberanía, reclamada formalmente por España, aunque con más o menos intensidad según los gobiernos. Hoy, tres años y medio después de la histórica votación, las aguas bajan mucho más calmadas.

El socialista Josep Borrell, que como ministro de Exteriores bajó varios decibelios la intensidad de la reclamación de cosoberanía que habían abanderado José Manuel García-Margallo y en menor medida Alfonso Dastis –ambos del PP–, firmó con Reino Unido en noviembre de 2018 cuatro memorandos sobre Gibraltar, a su vez emanados del protocolo sobre el Peñón incluido en el acuerdo del Brexit. Los memorandos son sobre derechos, cooperación policial, medio ambiente y tabaco. El más relevante para la comarca es el de derechos, que garantiza sobre el papel las condiciones de los trabajadores del Campo de Gibraltar, incluyendo sus beneficios sociales, que disfrutarán en igualdad de condiciones que los locales conforme al principio de no discriminación. A esto se añadió después, en marzo de 2019, la firma de un "tratado fiscal" entre España y Reino Unido que persigue la eliminación del fraude y el establecimiento de reglas claras para resolver conflictos de residencia fiscal.

"Estos memorandos y el tratado fiscal ya supusieron un paso muy grande en la normalización de las relaciones", señala el Gobierno de Gibraltar, que incluso lanza un mensaje de "optimismo" en cuanto a la posibilidad de que las negociaciones sobre los términos del Brexit terminen con problemas históricos de vecindad entre la Roca y la comarca. Sería una ironía –otra más– que la salida de la UE, al obligar a una negociación tantas veces pospuesta, terminara desenquistando problemas de toda la vida.

¿Ocurrirá? El detalle de todos los acuerdos se discutirá durante el periodo de transición, que durará como mínimo hasta el 31 de diciembre. Ahí se verá la letra pequeña.

El jueves de la pasada semana, España y Reino Unido ya se sentaron a hablar en Madrid. Por la parte española, estuvieron los ministerios de Asuntos Exteriores, Trabajo, Transición Ecológica e Interior, además de la Agencia Tributaria y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Participaron también representantes de la Junta de Andalucía y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Por la parte británica, asistieron a la reunión representantes de la Embajada británica en Madrid, del Foreign and Commonwealth Office y de las autoridades gibraltareñas. Es significativa la presencia de funcionarios de la Roca, que no siempre han sido bienvenidos por las autoridades españolas. Hubo hasta ocho, encabezados por el fiscal general, Michael Llamas. El diálogo político en torno a Gibraltar se ha ido destensando desde que el Gobierno logró en noviembre de 2018 la famosa "triple garantía", según la cual la relación del Peñón con la UE debe pasar siempre por España. 

Pragmatismo

Tras la reunión, no ha habido ruido ni críticas. Ni se mencionan los asuntos más peliagudos. La agenda en clave nacional está en segundo plano. Las autoridades se expresan con cautela y cierto optimismo. La primera reunión de detalle tendrá lugar el 26 de febrero en Algeciras –lo cual, por cierto, ha suscitado alguna crítica en La Línea–. Entonces se constituirán los comités encargados de dar cumplimiento a cada uno de los memorandos. El resultado irá evidentemente ligado a las negociaciones entre Reino Unido y la UE, pero el curso que de las negociaciones sobre Gibraltar viene marcado por una disposición constructiva. Y, en cualquier caso, no se pone en duda que la primera fase del Brexit, a partir del 31 de enero, no supondrá ningún trauma. Tras la reunión de la pasada semana en Madrid, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández (PSOE), trasladó un mensaje de confianza y situó como prioridad "garantizar los derechos y defender los intereses y la prosperidad de los españoles, con especial atención a los vecinos y trabajadores del Campo de Gibraltar". Es el tipo de mensaje tranquilizador entre el colectivo de trabajadores de la Línea, que tiemblan cuando las tensiones diplomáticas dificultan la solución de problemas mundanos.

El Gobierno andaluz de PP y Cs, con matices, sigue un guión parecido. El vicepresidente, Juan Marín (Cs), ha asegurado este lunes que el Brexit no afectará a Andalucía en 2020. "Ya se verá en 2021", añadió. El presidente, Juanma Moreno (PP), también se refiere siempre al Brexit y sus consecuencias en un tono de pragmatismo institucional. Las organizaciones más representativas de de la zona se hacen eco de este clima de relativa calma. "Se nos asegura que no van a cambiar las cosas, que los trabajadores no van a a ver afectadas sus condiciones de entrada. Ahora tendremos que estar pendientes de las negociaciones para que los acuerdos de los memorandos se apliquen, sobre todo en lo más importante, la fluidez en la frontera", explica Lorenzo Periáñez, presidente del Grupo Transfronterizo de Gibraltar, la organización social más representativa de la zona, compuesta por asociaciones de empresarios y sindicatos a un lado y otro de la verja.

La semana pasada, en nombre del Grupo Transfronterizo, el portavoz del sindicato gibraltareño The Union, Michael Netto, ponía tras una reunión con Unidas Podemos palabras a la inquietud de fondo existente: "No queremos un estancamiento político, como hemos visto en el pasado". En el entorno sindical y empresarial se ve con buenos ojos la actitud conciliadora de Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. El Gobierno gibraltareño trabaja en un proyecto de ley para la plasmación en su territorio del acuerdo de retirada que es respetuoso con los términos establecidos en los memorandos.

De modo que no está previsto que ocurra nada grave el 31. Asoma una especie de prólogo del Brexit, cuyos términos se verán en función de una negociación que tendrá una escala general –Reino Unido-UE– y una escala particular –España-Reino Unido–. Ahí se dirimirá todo. Y esa partida aún no ha comenzado. También está por ver la utilidad de los planes de contingencia diseñados, sin colaboración entre sí, por los Gobiernos de España y Andalucía. En el campo de Gibraltar hay una larga tradición de grandes planes incumplidos.

El Estado presenta una muesca en su armazón. Hay riesgo de rotura. Es en la parte sur, muy al sur. Las cosas no van bien en La Línea de la Concepción (Cádiz, 63.145 habitantes). El paro ronda el 30% y no hay quien lo baje de ahí, constatan los datos del INE. Más del 90% de los parados no tiene estudios superiores, según el ayuntamiento. La renta per cápita está en 7.716 euros, casi cuatro veces menos que la más rica, Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 25.957. Está por debajo de la media en casi todo. Salvo en problemas enquistados. Ahí despunta. El narcotráfico carcome el tejido social con una treintena de bandas nutridas de una juventud castigada por la falta de expectativas. En barrios desestructurados con paro por encima del 50% como La Atunara es moneda corriente el comentario "de algo hay que vivir". No es fácil decir que no a 600 euros por una jornada de vigilancia en moto para dar el queo si aparece la Guardia Civil. Por momentos el narco logra plantarle cara al Estado. En medio de este panorama, y con el Brexit amenazando con agravar todos los problemas al dificultar la relación con el motor económico de la ciudad, Gibraltar, La Línea de la Concepción ha dicho basta.

El Gobierno local, dominado abrumadoramente por un partido independiente, La Línea 100x100, quiere su particular independencia y convertirse en ciudad autónoma, como Ceuta y Melilla, lo que supondría su salida de Andalucía. La iniciativa, un efecto dominó del Brexit con complicada viabilidad, pone el foco una de las áreas más olvidadas por el Estado en España y al mismo tiempo brinda aportaciones interesantes para la reflexión sobre temas tan candentes como los límites de la voluntad popular y el derecho de una comunidad civil, en este caso un municipio, a decidir su naturaleza jurídico-política. Porque en La Línea, desde luego, la gente votó salirse. Y sabía lo que votaba, o había tenido la oportunidad de enterarse, porque estaba en el programa electoral del partido ganador como propuesta estelar. La idea es de muy difícil plasmación jurídica y política, pero con toda seguridad le vale al Gobierno local para ejercer presión y llamar la atención sobre el abandono de La Línea. 

Una idea de éxito electoral

El alcalde, Juan Franco, linense de 44 años, funcionario municipal, directivo del club de fútbol local, la Balompédica Linense –conocido en el mundo futbolero como La Balona–, llegó al poder en 2015 al mando de un partido transversal que recogía el voto descontento con el viejo bipartidismo, incapaz durante lustros de sacar a La Línea de la postración, a pesar de gobernar en Andalucía y Madrid. En 2019, ya con el Brexit a las puertas, Franco revalidó el gobierno. Pero no sólo eso. Pasó de 9 a 21 concejales, de un total de 25 asientos. La propuesta más llamativa de su programa, la que centró el debate durante la campaña, era la conversión de La Línea en una ciudad autónoma. Franco, que aportaba la legitimidad de haber hecho una propuesta anterior –una "carta económica especial"– que el Gobierno rechazó, partía de una obviedad: La Línea es una ciudad única en Europa por ser el último municipio europeo que linda con un "territorio pendiente de descolonización", según la Organización de las Naciones Unidas. Además, es el único municipio lindante con el territorio sobre el cual existe una reclamación territorial activa por parte de España. Es el único lugar de la Europa continental que desde el primer día sufre las consecuencias del Brexit, ya que la devaluación de la libra con respecto al euro provocó tras el referéndum británico en 2016 una depreciación de entre un 8% y un 10% de los salarios, lo que afectó a los alrededor de 10.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la verja, la inmensa mayoría linenses. Así que –razonaba Franco– si La Línea era especial, necesitaba algo especial. Y esa promesa era la autonomía.

El compromiso figuraba, aunque sin detalle, exahustivo en el programa. "Conseguir el estatus de ciudad autónoma", decía. Y añadía: "Constituirnos como tal nos permitiría, como sucede en el caso de Ceuta o Melilla, acceder a importantes inversiones de las que ahora no disfrutamos. Y es que tendríamos hilo directo con el Estado sin necesidad de depender de Cádiz o Sevilla. Esto no significa que en La Línea 100x100 no nos sintamos orgullosos de pertenecer a la provincia gaditana o a la comunidad autónoma de Andalucía, pero entendemos que ésta sería la única vía legal con cabida jurídica en la Constitución que nos permitiría lograr la tan ansiada singularidad". Con esta promesa por bandera, La Línea 100x100 arrasó. Franco pasó de 6.850 a 15.640 votos, del 30,96% al 67,51%. El alcalde no sólo logró dejar al PSOE y al PP, históricos dominadores de la política local, en 3 y 1 concejales, respectivamente, sino que consiguió frenar a Vox, que había sido tercera fuerza política en las generales de abril de 2019 con su discurso pro-cierre de la verja, lo cual da idea del hartazgo de la población, ya que esta medida sería tanto como dificultar el tránsito a la que es, de facto, la principal empresa empleadora de La Línea: Gibraltar.

Del dicho al hecho

Una vez logrado el triunfo, ahora toca ponerlo en marcha. Cosa difícil, como suele ocurrir con las promesas de éxito cuyo cumplimiento no depende de uno mismo. La Línea no escapa a un gran fenómeno global: los electorados son permeables a las promesas de soluciones sencillas a problemas multifactoriales. Desde la formación del nuevo Gobierno local, no se ha dado ningún paso relevante. Las mieles que se prometían con la autonomía –interlocución privilegiada con todos los agentes políticos, competencias fiscales y sobre pensiones, un tema que preocupa mucho a los trabajadores transfronterizos– contrastan con la aridez del camino por delante. La menguada oposición, que siempre ha criticado por falaz el proyecto de Franco, ahora pasa factura. No obstante, el Ayuntamiento asegura a infoLibre que el proyecto no se ha abandonado, aunque –a través de un portavoz– se muestra consciente de la dificultad de su materialización.

El partido La Línea100x100 prevé celebrar el próximo lunes una asamblea en la que organizar el calendario, que incluirá la solicitud al Gobierno de la celebración de una consulta popular. El alcalde, que ha situado públicamente el Linexit como una prioridad para 2020, tiene ya en sus manos un dictamen legal firmado por dos constitucionalistas que avalan la viabilidad jurídica de su pretensión, incluso sin modificar la Constitución. "No existe impedimento o prohibición constitucional, estatutaria, legal o de derecho europeo para la conversión del municipio de la Línea de la Concepción en autonomía, bajo la fórmula de ciudad autónoma, con independencia de que tal proceso sea más o menos complejo, costoso, conveniente u oportuno", señala el dictamen de Antonio Cabo de la Vega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, ayudado por el investigador Gabriel Moreno, de la Universidad de Extremadura. La vía óptima, según el dictamen, sería el artículo 144 de la Constitución, que prevé que las Cortes Generales pueden autorizar "una comunidad autónoma" si concurren "motivos de interés general". En "comunidad autónoma" entraría la "ciudad autónoma". El dictamen incluso recoge una posible pregunta en la consulta que debería autorizar el Gobierno: "¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 144 a) de la Constitución española?".

Frustración y hartazgo

"Nunca hemos respaldado esa medida. Somos conscientes de la frustración que hay, porque ha habido una retirada del Estado de Gibraltar a todos los niveles. Pero esto sólo traerá más frustración. No hay soluciones mágicas. Pero se le dice a la gente que pulse un botón, una tecla, y todo se arreglará, aunque luego no sea tan fácil, lógicamente. El problema es que la gente está preocupada por el Brexit, que puede tener consecuencias muy importantes", explica Manuel Triano, secretario de CCOO en el Campo de Gibraltar, un área de 250.000 habitantes cuyo PIB depende en un 25% de la irradiación económica del Peñón.

En efecto, el Brexit se percibe como un negro nubarrón. Sobre todo en La Línea, donde pesa como una losa el recuerdo del cierre de la verja entre 1969 y 1982, de desastrosas consecuencias, que ha dejado un profundo trauma en la zona. Su impacto en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones, en función de un Brexit blando o duro, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía. El golpe será especialmente fuerte en La Línea. Las medidas previstas por el Gobierno andaluz, hasta 112, así lo indican. Pero el recetario para remediarlo habla por sí mismo: "Potenciación de la Formación Profesional para el Empleo en materia de hostelería en La Línea de la Concepción", dice una de la previsiones. Suena mucho mejor montárselo por su cuenta, empezar de cero, sin depender de nadie... Esa fue la baza de Franco. Eso y que la gente está harta de planes. Algo que el GIL ya aprovechó en los 90, cuando el partido del presidente del Atlético de Madrid llegó a hacerse con el poder.

Hay algo de lo que La Línea, y en general el Campo de Gibraltar, anda sobrada: previsiones, planes, anuncios, compromisos, programas... Tochos enteros con membrete oficial explicando cómo la comarca va a salir adelante. Pero no ocurre. No se cumple. La historia viene de atrás. El franquismo barajó en los 60 convertir al Campo de Gibraltar en la novena provincia andaluza para darle impulso, pero no llegó a materializarse. El Campo de Gibraltar nunca ha sido un elemento homogéneo dentro de la provincia de Cádiz. Con personalidad y problemas propios, ha sufrido la falta de capitalidad a la hora de atraer inversiones y obtener capacidad de presión política. Ya en 1965 se aprobó el "Plan Especial del Campo de Gibraltar", el primero de muchos. Más de 50 años después, aún se siguen aprobando planes con el mismo nombre. Sin embargo, el atraso continúa. Escuece especialmente en toda la comarca el subdesarrollo ferroviario, que lastra las potencialidades del potente puerto de Algeciras, puerta del sur de Europa donde suelen elevarse las voces que denuncian agravios con respecto al Levante español.

El 'Brexit' y el narco

Pero no es sólo que las condiciones objetivas de la Comarca de Gibraltar, y especialmente de La Línea, sean precarias. Hay algo más. Claves históricas, culturales, hasta psicológicas: una ciudad harta de aparecer estigmatizada en los telediarios, siempre en noticias sobre el narcotráfico; la humillación de vivir del vecino pudiente, con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. El que fuera ministro de Exteriores Alfonso Dastis (PP) lo dijo gráficamente una vez: “Uno puede comprender a Gibraltar. Mire al otro lado de la verja. ¿Cree que quieren ser como esa otra gente?”. Quizás certero, pero hiriente. Los linenses no sólo tienen que soportar una economía dependiente, sino además ver sus intereses contantes y sonantes –tránsito, pensiones, fiscalidad, medio ambiente, atraque de submarinos nucleares, contrabando– subordinados a las lógicas diplomáticas de altos vuelos, que durante la etapa del PP han antepuesto la pretensión de soberanía sobre el Peñón a la solución de las cuestiones urgentes que afectan a uno de los municipios de más de 50.000 habitantes más pobres de España. Lo peor es que el futuro no promete mejoras, sino al revés. Todo puede ir a peor con el Brexit, ya que la Roca es el motor económico de La Línea.

Otros episodios concretos han contribuido a reforzar la sensación de agravio. Todos los actores relevantes de la sociedad civil han denunciado lentitud y tibieza del Estado en la respuesta al auge del tráfico de hachís hacia Europa, un negocio en el que una nueva generación más agresiva y ambiciosa ha tomado el control. La Policía Nacional tiene problemas para imponer su autoridad. No obstante, aquí al menos sí ha habido avances. El refuerzo de la seguridad impulsado por el el Ministerio del Interior con Fernando Grande Marlaska ha dado resultados, según coinciden los colectivos anti-droga y las organizaciones de agentes de la ley. La Policía Nacional presume de mejores datos en decomisos y detenciones. La prohibición de las narcolanchas da sus frutos, al rebajar las cantidades que es posible transportar y reducir el incentivo para enfrentarse con la Policía en caso de que esta aparezca. Ello se deriva en menos violencia.

Ahora bien, como recalca Manuel Triano (CCOO), el problema no desaparecerá hasta que no se ataquen las causas. Y estas siguen intactas. El plan social de 1.000 millones anunciado en noviembre de 2018 está mermado por la falta de presupuesto. Es además foco de malestar que la escasez de medios judiciales lastre los logros policiales contra el narco, como publicó este periódico. Y sigue escociendo el descrédito de la ciudad, de las que los medios trasladan una imagen que a veces roza la del México de los cárteles. Hasta en esto hay clases, porque se habla mucho más del chocolate de La Línea que de la coca de la Costa del Sol, aunque es en la provincia malagueña donde hay más delitos de sangre. Así lo expresa Francisco Mena, histórico líder del movimiento antidroga en la comarca: "Hay una hipocresía importante. ¡No le vayamos a dar mala fama a la Costa del Sol, que allí están los jeques árabes! Pero no olvidemos que allí es donde se blanquea buena parte del dinero de la droga de aquí".

150 años

La Línea nació en 1870. Este año cumple siglo y medio. Nació a partir de la "línea" desde la que España se pasó desde el Tratado de Utrecht (1713) asediando a Gibraltar durante más de un siglo. Es fronteriza por naturaleza. Y, por tal naturaleza, ha vivido una existencia azarosa. Al calor de la soldadesca, fueron llegando negociantes y artesanos. No es extraño que el contrabando haya sido clave histórica de la economía local. La tradición contrabandista de la zona arranca en el siglo XVIII, cuando se repuebla Algeciras y llegan los corsarios, que actúan con patente de corso para asaltar navíos enemigos en el Estrecho, como ha detallado Juan José Téllez en su libro Yanitos. Viaje al corazón de Gibraltar (2013, Centro de Estudios Andaluces). En La Línea se ha traficado con azúcar, con café, con gasolina, con tabaco y hasta con penicilina, cuando tras la Guerra Civil era difícil de encontrarla en España. Está en el ADN de la ciudad.

"De todos es sabido que el Campo de Gibraltar ha sido una zona en la que el contrabando era una estrategia de vida para familias [...]. En las últimas décadas este comercio ha cambiado su significado orientándose al paso de estupefacientes a través de la frontera. No es de extrañar que cuando se preguntó a los escolares del colegio de El Lentiscal por las actividades de sus familiares, incluyeran el narcotráfico como una más de las actividades de la zona", señala un informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Otro informe del propio ayuntamiento completa el relato: "La posición de La Línea y su cercanía tanto a Gibraltar como al norte de África ha supuesto que este enclave [...] haya sido históricamente un lugar estratégico para el contrabando de productos exentos de impuestos". Y añade: "Este contrabando ilícito se debe a varias circunstancias que se dan en el municipio: cercanía física por tierra y mar con Gibraltar, que posee regímenes fiscales especiales en productos como el tabaco; cercanía física por mar con Marruecos, de donde proviene el mayor porcentaje de drogas como el hachís; tasa de población en paro superior al 35%, sobre todo en jóvenes; pérdida de puestos de trabajo por la crisis de la burbuja inmobiliaria; trabajadores con un nivel de vida medio que se encuentran en situación de paro; un alto porcentaje de la población en comparación con otros municipios de nivel educativo bajo; estructura urbanística del municipio, donde los dos grandes núcleos de viviendas sociales viven a pie de playa".

Todo ello conforma una receta explosiva, que tenía al menos un elemento positivo: la posibilidad de trabajar en Gibraltar, ganar más, cobrar en libras... En el caso de los negociantes y trabajadores locales, tienen además al suculento cliente yanito. El Brexit amenaza con dificultar el tránsito entre un lado y otro de la frontera, complicar las relaciones económicas y hundir aún más a La Línea. Durante décadas, la respuesta del Estado han sido planes y más planes. No ha habido intervenciones efectivas para que la economía rebaje sus dependencias de Gibraltar y el hachís. A falta de respuesta del Estado, el alcalde Franco quiere romper la baraja.

Ha participado en riñas dialécticas de carácter electoral, en broncas desde la bancada gubernamental o de la oposición, esgrimas polemistas con propios y ajenos, siempre saldadas con bien y manteniendo su imagen aplomada de señor culto y civilizado, que es más de lo que se puede decir de la mayoría de sus compañeros de trabajo.

Su última aventura política se saldó con un descomunal fracaso político al pugnar en las primarias de su partido y no cosechar más allá de 700 apoyos sobre un universo de 800.000, según fuentes autorizadas del propio partido.

Claro que después de rodar el mecanismo de las primeras primarias dicho partido no pudo acreditar más allá de 60.000 militantes. Los otros 740.000, por lo que dejan entrever propios y extraños, eran sólo coartada pecuniaria, para supuestamente lavar dinero con las ficticias cuotas mensuales de tanto fantasma militante de pago, que rendía al mes con su espectro extracontable la friolera de 740.000 carnés por un promedio de 5-10 euros, entre 3,7 millones y 7,4 millones de euros mensuales. Estos extremos, lo habrán de verificar fiscales y jueces.

El señor Margallo consiguió reunir con todo su esfuerzo, el de todo un licenciado en derecho y economía por la Universidad de Deusto, doctorado por la de Elche y experiencia docente, unos pocos cientos de votos, lejos del millar.

Su contrincante mejor parado en la liza resultó ser, a lo que parece, un conocido petimetre oculto tras las bambalinas de un currículo inflado o supuestamente inventado,a tenor de la información fehaciente que nos proporcionan los medios independientes.

Un partido, como el que aspira a presidir y dirigir el diputado por Ávila, chamuscado en los tribunales se compadece con un charlatán desmesurado que afirma, contra las pruebas que la Universidad de Georgetown de Washigton DC y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy (Univeridad de Harvard) le han tenido como alumno y calificado, lamentablemente para la rotundidad del embuste, sin poder probar que dichas titulaciones se hayan expedido, si se han expedido, más allá de Las Rozas o Aravaca, pueblos próximos al área metropolitana de Madrid, tan dignos y honorables como el que más, pero eso sí carentes del oropel universitario con el que maquillar el provincianismo del aspirante a manejar la banda de gánsteres que describen los más recientes autos judiciales que han investigado al partido.

El señor Margallo con su currículo, en el que no falta el desempeño del Ministerio de Asuntos Exteriores, tuvo un lapsus desabrido en declaraciones en televisión, declarando cubrido donde quiso cubierto, que todos entendimos como una errata, un lapsus linguae sin más importancia ni trascendencia. Pero quién nos librará de los gazapos de ese señor, pendiente de investigación judicial, acreditado por la Universidad de las rebajas de mercadillo, capaz de acreditar a una muñeca chochona como máster en qué sé yo qué, y ahora el perrito piloto… _____________

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

Dos días antes de que voten en las primarias del PP menos de 67.000 de los 860.000 afiliados que el partido proclamaba tener, surgen nuevos interrogantes sobre el censo interno de la formación conservadora. Una hoja de cálculo con más de 287.000 casillas o registros,  incorporada al sumario de los papeles de Bárcenas y a la que ha tenido acceso infoLibre, constata que al menos entre 2008 y 2011 el PP adjudicó a miles de afiliados el pago de cuotas anuales tan insólitas como 0,20, 3,61, 9,97 o 37,14 euros. Esas son solo algunos de la larguísima serie de números decimales que se integran en la tabla.

¿Resulta verosímil que un afiliado abone en concepto de cuota anual cuantías como las enumeradas o son producto de la aplicación de algún programa informático que aleatoriamente hubiera repartido los importes hasta alcanzar una determinada suma? Es una incógnita.

El PP no ha ofrecido ninguna explicación más allá de la que sostiene que este lunes por la tarde fue imposible contactar con nadie de la tesorería o la gerencia. La semana pasada, el partido tampoco accedió a ofrecer explicaciones detalladas cuando este periódico preguntó a sus portavoces por el desplome de las denominadas "aportaciones de cargos públicos" tras la salida a la luz de los papeles de Bárcenas en 2013. Como constatan los informes del Tribunal de Cuentas, esas "aportaciones" fueron en ascenso desde 2009 hasta alcanzar su cénit en 2013 con 9,4 millones. Al año siguiente, cayeron a 2,3 millones. Desde entonces se han mantenido en ese nivel. El PP se ha limitado a decir, sin más datos, que todo obedece a "un cambio de criterio contable". 

En ausencia de explicaciones detalladas –el PP se ha negado a ofrecerlas-–, precedentes como el del pitufeo de 2011 destapado en Valencia –blanqueo de donaciones opacas mediante la transferencia de pequeñas cantidades que luego regresaban en negro al bolsillo de quienes las habían efectuado- o el realizado desde la sede central de Génova en 2009, y que reveló hace dos años elespanol.com, alimentan las dudas sobre el abultado peso de esas "aportaciones" y su posterior e inmediato colapso.

Ni naturales ni redondos

La existencia de la referida hoja excel ya era conocida y, de hecho, fue la que en el verano de 2013 destapó que el juez Francisco Pérez de los Cobos, entonces presidente del Tribunal Constitucional, había pagado hasta 2011 cuotas de militante al PP.

Pero había pasado inadvertido que en esa tabla se suceden de continuo dígitos que no solo no se encuadran en la categoría de números naturales sino que ni siquiera son decimales redondos. Por ejemplo, y según la contabilidad oficial del PP, Pérez de los Cobos pagó entre 2008 y 2011 una cantidad idéntica por año: 37,14 euros. Y su caso no constituye una excepción: ese inopinado importe –37,14 euros– aparece 636 veces en la hoja de cálculo.

Más sorprendente si cabe resulta la entrada en escena de minicuotas anuales como la de 3,61 euros, que se repite 78 veces. O la de 1,08 euros, que figura una sola vez, asignada a un afiliado en 2008. Idéntica circunstancia concurre en la más reducida de todas: 0,20 euros, que figura en 2008 como la contribución de un único militante. Otra no menos estrafalaria, 9,97 euros, hace acto de presencia cuatro veces, una por año. Y siempre teóricamente satisfecha por el mismo afiliado.

En ese extensísimo excel figuran, con nombre, apellidos y DNI quienes, supuesta y oficialmente, entregaron durante el cuatrienio 2008-2011 contribuciones para el sostenimiento de su partido.

En 2007, entró en vigor una nueva ley de Financiación de Partidos que permaneció vigente hasta la que le sustituyó en 2015. Aprobada sin el apoyo del PP, aquella ley de julio de 2007 prohibió que las organizaciones políticas recibieran donaciones anónimas.

¿Optó el PP, cuya tesorería estaba entonces en manos de Álvaro Lapuerta –recientemente fallecido– y de Luis Bárcenas, por inflar el censo de afiliados para camuflar como cuotas o "aportaciones de cargos públicos" lo que en realidad eran donaciones externas? Algunas fuentes jurídicas conocedoras de la pieza separada de Gürtel que analiza la contabilidad paralela del PP creen que es a eso a lo que apuntan los datos.

La sentencia de la pieza troncal del caso, cuyo recurso ante el Supremo ya ha anunciado el PP, ya ha declarado acreditada la existencia de la caja B. Según la Audiencia Nacional, el partido recibía donaciones opacas que no se hacían "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".

Han pasado casi 14 años desde que José María Aznar cedió la Presidencia del Partido Popular pero este lunes, a tres días de que los militantes del PP se pronuncien sobre el candidato que prefieren para suceder a Mariano Rajoy, su influencia y su ideario político se colaron en la campaña. Y no sólo eso: este martes Aznar, que no se prodiga mucho en sus declaraciones públicas, amenaza con convertirse en el protagonista absoluto del tramo final de las primarias del PP: a las nueve de la mañana será entrevistado por Carlos Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero.

Quizá anticipando ese movimiento, fue María Dolores de Cospedal, hasta ahora secretaria general del PP, la que lo puso en el centro del debate. Lo hizo a primera hora del lunes, en una entrevista emitida por la Cadena SER en la que reservó el grueso de sus dardos para Pablo Casado, que junto a Soraya Saénz de Santamaría y la propia Cospedal pertenece a la terna de aspirantes a la Presidencia conservadora con más posibilidades de pasar a la segunda fase congresual, en la que 3.134 delegados tendrán la última palabra.

Cospedal se refirió abiertamente a Casado como “próximo” a Aznar y no descartó que el antecesor de Rajoy esté intentando hacer valer su influencia para favorecerle. Durante la entrevista, la aspirante a la Presidencia del PP se mostró en contra de la convergencia entre el PP y Ciudadanos que Aznar propuso el pasado mes de junio —“yo creo que el PP tiene entidad suficiente como para ser referente del centro derecha; tenemos que ser nosotros mismos” subrayó Cospedal— y recordó que, aunque Casado es el más joven de los aspirantes, “la edad por sí sola no supone regeneración” y sí en cambio “menos experiencia y menos conocimiento de cómo funciona un partido político y de cómo se ganan elecciones”. Y añadió, esta vez sin citar a nadie en concreto: “Sólo con marketing, superficialidad y cambios de imagen vistosos marketingque no tengan que ver con los contenidos“ no se puede “renovar el partido”.

Al pimpampum se apuntó enseguida el exministro José Manuel García-Margallo, que no tiene dudas ni sobre la falta de preparación de Casado ni de sus vínculos con Aznar: “Es un hecho evidente”. Casado, indicó, está “rescatando” las “ideas” de Aznar.

Al aludido le faltó tiempo para responder. Y por si alguien no lo tenia claro, se reivindicó orgulloso del pasado de su partido, no sólo de Aznar, sino también de Manuel Fraga, el ministro franquista que lo fundó en plena transición con el nombre de Alianza Popular. “Fraga, Aznar y Rajoy han sido grandes presidentes del PP; hay que estar orgullosos de nuestro pasado para mirar al futuro”, añadió antes de lanzar una advertencia a sus competidores: “Difícilmente“ puede aspirar a liderar un partido político alguien que “reniega” del pasado de ese partido y “de su propio pasado al haber pertenecido a los gobiernos de los que está hablando”. “Me extraña que personas que llevan 30 años haciendo política con Aznar digan que soy el candidato de Aznar”, afirmó Casado en una entrevista emitida por Antena 3.

Aún así, el hasta ahora vicesecretario de Comunicación del PP, aseguró que detrás de su candidatura no hay ningún alto cargo, ningún expresidente, ni ningún barón autonómico o provincial porque es, dijo, “el candidato de las bases”.

Ahijado político de Aznar

Su condición de ahijado político de Aznar, latente desde que comenzó la campaña de las primarias, ha terminado por estallar a tres días de la votación de los militantes. El expresidente del PP nunca ha ocultado su simpatía por Casado. Y este, que colaboró con él en la fundación FAES, ha abrazado durante la campaña el discurso más derechista del PP, ese que defiende recortar la ley del aborto, impedir la legalización de la eutanasia, mantener la prisión permanente revisable e incluso retirar a Cataluña sus competencias en materia educativa haciendo que los profesores dependan del Estado. Los tres pilares de su propuesta, explica estos días en su gira en busca del apoyo de los militantes, son la libertad individual, la unidad de España y la familia.

La irrupción de Aznar en la campaña no sólo tiene que ver con sus preferencias sobre el ganador sino con la estrategia orgánica y las propuestas políticas que debe llevar a cabo. Pocos días después de la moción de censura que sacó a Rajoy de la Moncloa, el expresidente responsabilizó a su sucesor de haber liderado la deriva que ha llevado a la fractura de un "centroderecha" que, a su juicio, ha perdido "sus señas de identidad" y "su conexión con el electorado". Y fue más allá al ofrecerse para favorecer una reunificación de ese espacio actuando como mediador entre el PP y Ciudadanos.

Aznar señaló recientemente en una entrevista concedida al diario El Mundo que las elecciones en el PP son una oportunidad para “reconstruir” el centroderecha y “renovar” y “refundar” el partido. “Si se hace, podrá volver a ser un partido de Gobierno. Si no se hace, el PP corre el grave riesgo de dejar de ser un partido con posibilidades de Gobierno”, proclamó.

Sobre la mesa está el debate de cómo recuperar el terreno cedido a Ciudadanos, pero también a Vox, según Casado, que echa de menos también los votos que según él han buscado refugio en la formación de extrema derecha.

El problema de la segunda vuelta

Ya en la recta final de la campaña ante los afiliados, cargos del PP asumen que el candidato que gane la votación de los afiliados debe ser el presidente de la formación, salvo que haya un resultado muy ajustado entre dos aspirantes y deban decidir los 3.134 compromisarios en el congreso nacional fijado para los días 20 y 21 de julio, según fuentes del partido citadas por Europa Press.

Las mismas fuentes subrayan que los presidentes provinciales del PP tienen un papel clave en este proceso e intentarán influir hasta el último minuto en el voto de los afiliados inscritos en su territorio. Eso sí, también admiten que el voto “suelto” o no controlado puede situarse en el 30 o 40%, lo que abre un escenario incierto y hace difícil prever cuál será el resultado este jueves.

En principio, los analistas atribuyen a Cospedal un apoyo mayoritario en Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, así como buena parte de Aragón, La Rioja y Madrid. También tiene apoyos en Cataluña y Andalucía. En el caso de la exvicepresidenta del Gobierno, aseguran su principal bastión es Andalucía, donde cuenta con respaldos en varias provincias, así como en Cantabria, Canarias y Comunitat Valenciana. También cuenta con apoyos en parte de Aragón, Melilla y Castilla y León. Galicia no ha tomado posición por ningún candidato hasta el momento.

El PP confía en dar “resultados provisionales” la misma noche del 5 de julio y calculan que la participación se situará en torno al 70% de los inscritos.

La bajísima participación en las primarias del PP -66.384 inscritos de los 869.535 afiliados oficialmente registrados- y la constatación de que los ingresos declarados como aportaciones de la militancia se desplomaron tras salir a la luz los papeles de Bárcenas abren ahora un interrogante: el de si existe algún nexo entre un censo con visos de hiperinflación y la forma en que se financiaba el partido.

Los informes del Tribunal de Cuentas analizados por infoLibre no solo certifican la caída en picado de las llamadas "aportaciones de cargos públicos" -contribuciones adicionales a las cuotas- tras haber alcanzado su cénit en 2013 sino que ofrecen para esas ayudas unas cifras astronómicas en el quinquenio que finalizó ese año, el mismo en que la justicia colocó el foco sobre las cuentas del PP tras las revelaciones de su antiguo tesorero. Entre 2009 y 2013, el PP declaró haber recibido casi 40 millones por "aportaciones de cargos públicos": 39.085.466 euros en cifras exactas.

En ausencia de explicaciones detalladas -el PP se ha negado a ofrecerlas-, precedentes como el del pitufeo de 2011 destapado en Valencia –blanqueo de donaciones opacas mediante la transferencia de pequeñas cantidades que luego regresaban en negro al bolsillo de quienes las habían efectuado- o el realizado desde la sede central de Génova en 2009, y que reveló hace dos años elespanol.com, alimentan las dudas sobre el abultado peso de esas "aportaciones" y su posterior e inmediato colapso.

Y afianza también esas dudas la ausencia de explicaciones para un hecho insólito: el desfase de nada menos que siete millones de euros entre las “aportaciones de cargos públicos” que el Tribunal de Cuentas dictamina como recibidas por el PP en 2013 -9,4 millones- y las anotadas por el partido en la cuenta de resultados publicada en su web: 2,3 millones.

Ante las preguntas de este periódico, el PP se ha limitado a aducir que esa discrepancia multimillonaria obedece a que hubo "un cambio de criterio contable". En realidad, fue en 2014 y en 2013 cuando el Tribunal de Cuentas concluyó que el PP había contabilizado erróneamente ese ejercicio como ingresos procedentes de afiliados siete millones cuyo verdadero origen eran subvenciones públicas a grupos municipales y al del Parlamento de Navarra. En el informe de 2013 el órgano fiscalizador desglosa en cambio con tal detalle los ingresos de origen privado que resulta imposible atribuir nada menos que siete millones a una fuente de financiación distinta de la que señala el texto.

Fue en 2013 cuando el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz sostuvo que el PP contaba con "más de 700.000 militantes" que confiaban "en el honor del partido" frente a las acusaciones de Luis Bárcenas sobre la caja B, la contabilidad paralela cuya existencia terminó por certificar la Audiencia Nacional en la sentencia de la pieza troncal del caso Gürtel.

Más peso que las donaciones legales

Pero si la cifra de 40 millones en un quinquenio como fruto de las aportaciones de cargos públicos resulta en sí misma formidable, la mayor sorpresa radica en que fueron esas aportaciones y no las cuotas de afiliación ni las donaciones las que, oficialmente, mayores ingresos  privados procuraron al PP. De hecho, a lo largo de ese mismo lustro las cuotas de afiliación se limitaron a 21,3 millones: es decir, casi exactamente la mitad de lo que representaron las “aportaciones de cargos públicos”. Las donaciones declaradas solo sumaron 7,6 millones.

¿Por qué precisamente en el momento álgido de la crisis se dispararon esas "aportaciones de cargos públicos" -25,3 millones entre 2009 y 2011- y cayeron ya en 2014, justo cuando, según el propio Gobierno de quien entonces dirigía el PP, Mariano Rajoy, la recesión había quedado por fin atrás?  ¿Tenía menos electos el PP en 2014 que en 2013? No. O, al menos, no sustancialmente dado que en 2014 solo había perdido ocho escaños -en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ese año- de los más de 27.000 cargos que atesoraba desde la triple cita electoral de 2011: generales, autonómicas en la mayoría de las comunidades y municipales. 

¿Y había variado entre 2013 y 2014 el tratamiento fiscal de las cuotas y aportaciones a los partidos políticos? No. ¿Por qué entonces pasaron de 9,4 millones en 2013 a 2,3 en 2014 esas aportaciones de cargos públicos, en ascenso desde al menos 2009, el primer ejercicio en que el Tribunal de Cuentas ofrece datos desagregados que permiten diferenciar las cuotas ordinarias de esas contribuciones especiales? Sigue sin haber explicación oficial.

A día de hoy, el PP posee alrededor de 23.500 cargos electos. Es decir, unos cuatro mil menos que en 2013. ¿Explica ese retroceso que las aportaciones de cargos públicos cayeran desde los 25,4 millones contabilizados en el trienio 2011-2013 a los 6,7 que el PP declaró entre 2014 y 2016? En principio, las reglas de proporcionalidad tampoco apuntan aquí a una respuesta afirmativa.

El plazo de presentación de precandidaturas para el XIX Congreso Nacional del PP, una cita extraordinaria convocada tras la marcha de Mariano Rajoy, se cerró este miércoles a las 14.00 horas. Este jueves se proclamará de forma oficial a los precandidatos una vez comprobados sus avales. Y desde el viernes hasta las 24 horas del 4 de julio se extenderá la campaña electoral interna. La primera meta de todo este proceso culmina el 5 de julio, cuando los militantes podrán elegir. La segunda, en el congreso que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de julio, cuando los compromisarios dirán la última palabra en el caso de que pase más de un candidato. Ahora, las miradas de los siete aspirantes a suceder a Mariano Rajoy están puestas en movilizar a las bases del Partido Popular, una formación que estrena nuevo sistema de elección en un congreso nacional y poco acostumbrada a elegir. Disponen de cinco días. El reglamento del congreso estableció la semana pasada que los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP hasta las 14.00 horas del lunes 25 de junio.

Este miércoles, a la salida de la sede del PP tras la entrega de avales –sólo eran necesarios 100, pero los siete candidatos entregaron bastantes más–, miembros de todas las candidaturas coincidían en que su principal reto de los próximos días es que los militantes entiendan el proceso, sepan que para votar el 5 de julio necesitan estar previamente inscritos y se movilicen. 

¿Cuál sería una buena cifra de participación para el PP en este sistema de votación de doble vuelta? Las fuentes consultadas evitan dar una cifra. Pero el precedente dejó el listón bastante bajo: el número de votantes en los congresos regionales celebrados a lo largo de 2017 no llegó al 9% del censo. Concretamente fue del 8,6%, según datos publicados por este diario a partir de las cifras facilitadas por la dirección del PP. ¿Sería este un buen punto de partida? Las fuentes consultadas prefieren no mojarse. Pero señalan que lo que han percibido los últimos días entre las bases les lleva a ser optimistas.

848.542 militantes

Los estatutos del PP fueron modificados en materia de elección de líderes en el XVIII Congreso Nacional, celebrado en Madrid en febrero de 2017. Se trata de un sistema de doble vuelta asimétrico si se tiene en cuenta que en la primera de las fases votan los militantes. En la segunda, ya en el congreso, votan los compromisarios.

Excluyendo a Galicia, donde el congreso fue celebrado en mayo de 2016 con los estatutos antiguos como base, fueron 64.289 los afiliados que votaron en los congresos regionales (en las 16 autonomías restantes, Ceuta y Melilla). En esos territorios, el PP aseguraba contar en aquellas fechas con 747.518 militantes. Una cifra que aumentaba hasta 848.542 si se incluían los datos de Galicia.

A día de hoy, el censo oficial de afiliados del PP es de 869.535 personas. Una participación idéntica a la media de los congresos regionales –el 9%– supondría que votarían 78.258 militantes. La comunidad autónoma con más afiliados es Andalucía (169.602), seguida de la Comunidad Valenciana (149.177) y Galicia (101.100). Las tres regiones acogen a casi la mitad de la totalidad de los afiliados del principal partido de la oposición.

Para votar, los afiliados tienen que estar al corriente del pago de la cuota, una situación que pueden regularizar en el momento de la inscripción.

Siete candidatos

La baja cifra de avales exigida para participar en el proceso ha hecho posible que junto a rostros del partido muy conocidos como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, o el exministro José Manuel García-Margallo se hayan sumado el diputado por Ávila José Ramón García-Hernández; el exidirigente de Nuevas Generaciones del PP de la Comunitat Valenciana José Luis Bayo y el concejal del PP valenciano Elio Cabanes. Ahora es necesario que ellos y sus equipos animen a las bases del partido a votar. Es clave porque a la segunda fase sólo pueden pasar, como máximo, dos de ellos.

La tardanza de los grandes espadas a la hora de aclarar su futuro –Casado dio el paso el lunes, Feijóo rechazó competir también el lunes y Santamaría y Cospedal no deshojaron la margarita hasta el martes– ha hecho que hasta los últimos días no se haya visto mucho movimiento en las sedes para inscribirse para participar en la votación del 5 de julio. "La gente quería ver las opciones para ver si había batalla, es lógico", defiende un dirigente provincial, que añade: "Ha quedado claro que hay partido y mi impresión es que la militancia va a estar a la altura".

Situación inédita

En todo caso, el PP pondrá a prueba el grado de movilización de su militancia en una situación inédita. "Un sector muy numeroso del partido llevaba años reclamando más democracia interna, se han introducido cambios. A ver qué respuesta hay. Porque también hay un sector muy numeroso de los afiliados que no quiere votar, que te dicen: 'Mejor que nos lo deis hecho", reflexiona un diputado. "Estamos entrando en una nueva etapa con unos nuevos métodos. Lo importante es que desde el día 21 de julio –fecha del fin del congreso– todos nos pongamos detrás del equipo ganador", añade.

También servirá este congreso al PP para hacerse una idea de la dimensión real de su censo. Diferentes líderes regionales y provinciales admiten que puede servir para actualizar las bases de datos y depurarlas. Depurado el censo, el porcentaje de participación será lógicamente mayor.

Una de las primeras dirigentes en reconocerlo en público fue la expresidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, que dimitió en el marco del escándalo del máster. La también expresidenta madrileña admitió en pleno proceso para su elección que la formación a la que aspiraba liderar no tenía los más de 94.000 militantes de los que presumía. Para participar en su congreso se inscribieron 10.888 afiliados del PP de Madrid de pleno derecho, es decir, al corriente del pago.

El número de candidatos y el hecho de que hayan concurrido dirigentes que primera línea hace pensar en círculos del partido que, si no hay alianzas previas, va a ser complicado que al cónclave llegue sólo un candidato. Los estatutos prevén una prima de mayoría para algunos casos: "Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos. De lo contrario, van al congreso los dos precandidatos con más votos.

El presidente gallego dijo que "no". El presidente de la Xunta habló por fin este lunes despejando todo tipo de rumores y especulaciones sobre sus planes de futuro ahora que el Partido Popular ha abierto de forma oficial el plazo para la presentación de candidatos para al XIX Congreso Extraordinario, el que elegirá al sustituto de Mariano Rajoy. Ante la Junta Directiva Regional del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo anunció que no se presentará al cónclave. "No voy a ocultaros que lo he reflexionado", dijo. "Me he dedicado muchos lustros de mi vida a la defensa de los intereses generales, presido el PPdeG en los últimos 13 años [...] Tenemos el respaldo de la única mayoría absoluta", defendió al tiempo que agradecía todas las opiniones y muestras de afecto recibidas en los últimos días.

"Para mi ser presidente de Galicia es la mayor de mis ambiciones políticas", dijo visiblemente emocionado y arropado por los aplausos de los suyos. "En 2016 a los gallegos les pedí la confianza, les pedí su apoyo para cuatro años más. Los gallegos nos han respondido con su voto, con una mayoría electoral", dijo justificando su "no" en su compromiso con quienes le votaron hasta 2020. Se puede, dijo, hacer política nacional desde Galicia.

"No puedo fallar a los gallegos"

"No puedo fallar a los gallegos porque sería también además fallarme a mí mismo", dijo.

Feijóo arrancó la intervención agradeciendo la asistencia de sus compañeros a este acto convocado en los jardines del hotel Palacio del Carmen. Y señalando que en los últimos días su futuro ha sido uno de los temas estrella de los medios de comunicación.

El congreso del PP nacional se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.

En los últimos días, el presidente gallego había jugado al despiste aplazando cualquier manifestación a esta semana, cuando se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas de forma oficial. Un silencio que en el partido interpretaron en clave de "miedo". El miedo a dejar la Presidencia de la Xunta para ponerse al frente del PP, un PP en la oposición y que tiene que abordar unas elecciones municipales, autonómicas y europeas en menos de un año.

Feijóo comparecía en Santiago ante la plana mayor de su partido horas después de que Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, diera la sorpresa. Desde su cuenta de Twitter, el también diputado por Ávila convocaba a los medios de comunicación a las 11.30 de la mañana a las puertas de sede nacional del partido para anunciar que él sí competiría por el liderazgo. A la hora de justificar sus razones, lamentó que nadie hubiese dado el paso hasta la fecha.

Con el presidente de la Xunta habiendo despejado las dudas, los focos se dirigen ahora a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

Casado "sí" quiere presidir el PP

"Yo sí quiero presidir el Partido Popular", arrancó en una clara alusión a que ninguno de los nombres que suenan en las quinielas se hubiese pronunciado todavía. "No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana", recalcó.

Casado se presentó como el candidato de la "renovación" y se fijó como objetivo recuperar a los votantes que se han ido a Ciudadanos y a Vox. Pese a estar muy presente la idea de "renovación" en su discurso, Casado no renegó del partido. Así, presumió de haber trabajado junto a José María Aznar y también junto a Mariano Rajoy. Y de estar orgulloso de ello.

"No es un proyecto personal, es un proyecto de todos. No es un proyecto para ahora, sino que sobre todo es un proyecto para el futuro", dijo.

La idea de Pablo Casado es presentar el martes a su "equipo renovado" y el miércoles llevar a la sede del partido las 100 firmas que necesita para presentar como precandidato.

"Lo quiero hacer con los principios de siempre que tantas veces me habéis escuchado defender", añadió. Se trata, dijo, de "la libertad", "la unidad de España", "la defensa de la familia, la educación, la sanidad, las pensiones", "la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la defensa de las víctimas". Por último dijo que el PP tiene "que recuperar la honestidad y la eficacia en la gestión como seña de identidad para todos los administrados". Un "proyecto ambicioso" para recuperar el Gobierno "cuanto antes".

Casado dio a entender que no piensa integrarse en ninguna otra candidatura de las que puedan llegar. Él, dijo, quiere dar la cara. Y la quiere "dar solo". Como ya ha hecho, añadió, en los últimos años en las ruedas de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del PP en su función de responsable de Comunicación, donde, subrayó, ha dado la cara "en las peores noches electorales" y también defendiendo "la honorabilidad del partido frente a traidores" a los que él ni siquiera conoce, en alusión a los escándalos de corrupción que han afectado a las siglas conservadoras.

No obstante, en sectores del PP creen que tendría mejor encaje en una candidatura liderada por Santamaría que en una liderada por Feijóo. "Por afinidades", justifica un diputado. 

Poco después de que Casado hiciera público el anuncia, el programa Al Rojo Vivo de laSexta avanzaba que la juez Carmen Rodríguez-Medel dictó el pasado viernes una providencia, notificada a las partes ese mismo día, solicitando al Congreso de los Diputados que acredite la condición de parlamentario del vicesecretario de Comunicación del PP después de recibir información de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) sobre el máster en Derecho Autonómico que curso en 2008, el mismo de las presuntas irregularidades cursado por Cifuentes.

La noticia sorprendió en círculos del PP que se preguntaban si ya ha comenzado "la guerra sucia" para debilitar a los candidatos. La jueza Rodríguez-Medel fue asesora del exministro de Justicia, Rafael Catalá, sostienen. Y, en este sentido, destacan que no pasa inadvertido que Catalá es uno de los fieles a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Hasta la fecha, la exministra de Defensa mantiene en misterio sobre sus planes. Pero a quienes la ven alineada con Feijóo. 

Muy al estilo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez antes de lograr el liderazgo del PSOE, Casado dijo que a partir de ahora se echa "a la carretera" para buscar apoyos.

Un diputado por Ávila, el primero en dar el paso

Casado se convirtió en el segundo dirigente conservador que dio un paso al frente. El sábado,José Ramón García-Hernández, secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, anunció, también en Twitter, que quiere liderar el partido.

Como Casado, García-Hernández es diputado por Ávila.

También el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo dejó claro este lunes, como ya había sugerido, que tiene intención presentar los avales que la semana pasada aseguró estar recogiendo. Y a las 18.00 de la tarde, el exdirigente de Nuevas Generaciones de la Comunitat Valenciana, José Luis Bayo, acudió a Génova para presentar sus avales. "No traigo mochila de nada. Venimos con las manos limpias", dijo a su llegada a la sede nacional del PP. Una de las bases de su programa es la exigencia de primarias en todo el proceso de elección de los líderes del PP.

Con Feijóo habiendo despejado las dudas, las miradas se dirigen hacia la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que está siendo animada por su círculo de confianza para que dé el paso.

Mientras, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también guarda silencio. La idea más extendida en el partido es que no se iba a presentar si Feijóo plantaba cara a Santamaría. Pero que sí lo haría si la exvicepresidenta es la única candidata. La rivalidad entre ambas no es ningún secreto. Este martes desvelará sus planes ante la Junta Directiva del PP de Castilla-La Mancha, que se celebra en un hotel de Toledo.

Dar el primer paso es sencillo y está al alcance del grueso de los afiliados del PP. Sólo se requieren 100 avales.

Los pasos siguientes

El plazo de presentación de precandidaturas queda abierto desde este lunes a las 12:00 horas hasta las 14.00 horas del 20 de junio. La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, y convocará la campaña electoral interna desde las 10.00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio. Esto, en el supuesto de que haya más de un candidato.

Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 el 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas. En una, a los precandidatos; en otra, a los compromisarios.

"Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos. De lo contrario, van al congreso los dos precandidatos con más votos.

José Ramón García-Hernández, secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, anunció este sábado que presentará su candidatura al XIX Congreso Nacional de su partido, una cita de carácter extraordinaria para buscar un sucesor a Mariano Rajoy. La cita tendrá lugar en Madrid los días 20 y 21 de julio.

Con este gesto, anunciado a través de su perfil de la red social Twitter, el también diputado por Ávila y portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular, se convierte en el primer dirigente conservador que da el paso de forma firme. Reclama un rearme de principios y valores.

Hasta la fecha, el ex ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha admitido estar recogiendo avales y el expresidente de Baleares José Ramón Bauzá no ha tomado todavía una decisión de forma definitiva.

A día de hoy, ninguno de los dos candidatos con más posibilidades de hacerse con las riendas del partido se ha pronunciado. La exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, está siendo animada por su círculo de confianza para que dé el paso. Y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, despista a sus compañeros al señalar que lo que más le pesaría en su decisión es su responsabilidad como líder autonómico.

Mientras, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, también guarda silencio. La idea más extendida en el partido es que no se presentará si Feijóo planta cara a Santamaría. Pero que sí lo hará si la exvicepresidenta es la única candidata. La rivalidad entre ambas no es ningún secreto.

Dar el primer paso es sencillo y está al alcance del grueso de los afiliados del PP. Sólo se requieren 100 avales.

Los pasos siguientes

El plazo de presentación de precandidaturas queda abierto desde el 18 de junio a las 12:00 horas hasta las 14.00 horas del 20 de junio. La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, y convocará la campaña electoral interna desde las 10.00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio. Esto, en el supuesto de que haya más de un candidato.

Los afiliados podrán inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 el 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas. En una, a los precandidatos; en otra, a los compromisarios.

"Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos. De lo contrario, van al congreso los dos precandidatos con más votos.

El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha sido uno de los más madrugadores del Partido Popular en lo que se refiere a la recogida de avales para el XIX Congreso Extraordinario en el que se escogerá al sustituto de Mariano Rajoy. 

Fuentes conservadoras confirman a infoLibre que el también diputado por Alicante ya ha empezado a captar firmas con la intención de presentar una posible candidatura. El plazo oficial para la entrega de los avales comienza el lunes y finaliza el miércoles de la próxima semana.

Conseguirlo está al alcance de casi cualquier militante del partido puesto que se requiere un número muy reducido de firmas: 100.

En la dirección regional del PP de la Comunidad Valenciana no niegan estos movimientos y destacan que lo está haciendo de forma personal sin ningún tipo de respaldo o implicación de la organización.

Hace unos días, el propio exministro aseguró que "hará todo lo posible" para cerrar el paso a Soraya Sáenz de Santamaría, uno de los nombres que suena con más fuerza para suceder a Rajoy junto al del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

La idea más extendida en las filas conservadoras es que hasta la semana que viene, hasta el lunes, ninguno de los dos candidatos con más posibilidades se pronunciará.

Otro de los movimientos también parte de la Comunidad Valenciana, concretamente de Valencia. José Luis Bayo, que intentó rivalizar con Isabel Bonig en el congreso regional, también está en la operación de búsqueda de apoyos, según aseguran a infoLibre desde varios municipios de la provincia.

En el PP creen que las posibilidades de que prosperen candidatos como García-Margallo, o la del expresidente de Baleares José Ramón Bauzá, que no descarta dar el paso, son prácticamente nulas. ¿Qué pretenden pues? "Con un sistema diferente a lo mejor podrían negociar cuotas de poder con el ganador. Pero no creo que sea el caso. Quedarán como una mera anécdota", valora un destacado dirigente conservador.

La Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados el día 22 de junio, y convocará la campaña electoral interna desde las 10.00 horas del día siguiente, 23 de junio, hasta las 24 horas del 4 de julio. Esto, en el supuesto de que haya más de un candidato.

Los afiliados ya pueden inscribirse para participar en la elección del presidente del PP desde este mismo lunes hasta las 14.00 del 25 de junio y para participar como compromisario en el Congreso hasta el 29 de junio a la misma hora. Todas las asambleas se celebrarán el jueves 5 de julio, desde las 09:30 hasta las 20:30 horas. En estas asambleas se votará en dos urnas. En una, a los precandidatos; en otra, a los compromisarios.

"Si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la presidencia del partido", figura en los estatutos. De lo contrario, van al congreso los dos precandidatos con más votos.

El Congreso se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de julio.

Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura con Mariano Rajoy y desde 2014 eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, acaba de obtener las bendiciones oficiales de la Comisión Europea para seguir percibiendo simultáneamente dos ingresos de origen público: su sueldo como responsable comunitario en activo –unos 20.000 euros al mes– y una pensión de jubilación del Parlamento Europeo por haber ocupado un escaño en la Cámara de Estrasburgo.

El importe de esa pensión, financiada con dinero público y gestionada por una "asociación sin ánimo de lucro" a través de una sicav con sede en Luxemburgo, seguirá siendo secreto. Según el Ejecutivo comunitario, el exministro y dirigente del PP no tiene por qué incluir su paga de jubilación en la declaración de intereses que todos los comisarios vienen obligados a difundir en la web de la UE.  "Los pagos del Parlamento Europeo" –dice la respuesta del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker a una pregunta formulada por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito– no solo son compatibles con el holgadísimo sueldo asignado a los miembros del Gobierno comunitario sino que tampoco generan ningún "conflicto de interés". Y quedan, por tanto, excluidos de la declaración de intereses.

Benito reaccionó este lunes con enfado tras conocer la posición oficial de la UE: "Este es el triángulo de la vergüenza que ha permitido a Cañete cobrar hasta 117.000 euros de pensión europea a la vez que 20.000 euros mensuales de sueldo". Tras las consultas efectuadas al servicio de pensiones de la Eurocámara, Podemos calculó a comienzos de marzo que Cañete había obtenido vía pensión esa cifra desde que en noviembre de 2014 tomó posesión como comisario europeo.

A diferencia de lo que hace un mes arguyeron el Congreso y el Senado para justificar por qué permiten a parlamentarios en activo –el exministro y hoy diputado José Manuel García Margallo y la expresidenta de Aragón y ahora senadora Luisa Fernanda Rudi– sumar a su sueldo la pensión de exeurodiputado, la UE ni siquiera se molesta en refutar el carácter público de esa retribución. Mientras que las dos Cámaras españolas sostienen que se trata de un fondo "privado", el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker aduce esto: que el Reglamento del Consejo que establece "el régimen pecuaniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE no prevé ninguna incompatibilidad entre el salario abonado a los titulares por el ejercicio de sus funciones y el pago de una pensión derivada de los derechos adquiridos por el ejercicio de funciones anteriores". El Gobierno ni siquiera ha accedido a explicar por qué autorizó a Margallo esa doble percepción de ingresos. 

La ética de los comisarios

El entrecomillado sobre el "régimen pecuaniario" se corresponde con la respuesta a la primera de las tres preguntas que el eurodiputado de Podemos Xabier Benito remitió a la Comisión Europea en cuanto el digital comunitario euobserver.com desveló en febrero que Cañete estaba haciendo doblete. Lo que Benito preguntó en primer término fue si la Comisión considera que cobrar el sueldo de comisario y recibir al mismo tiempo le pensión de exeurodiputado encaja "con las reglas de ética e integridad de los comisarios europeos". Pero lo que, en nombre de la Comisión, le ha contestado a Podemos el eurocomisario de Presupuestos, Günther Oettinger, obvia cualquier mención al aspecto ético del asunto.

El eurodiputado de Podemos pretendía averiguar cuánto recibe exactamente Miguel Arias Cañete como parlamentario jubilado de la Cámara de Estrasburgo y por su condición de miembro del llamado "fondo voluntario" de Luxemburgo. Pero Oettinger se zafa así del asunto: "La Comisión no desempeña papel alguno en lo que respecta al plan de pensiones mencionado por su señoría. Cualquier pregunta en este sentido se deberá plantear al Parlamento Europeo".

El importe de la pensión de Luxemburgo, de la que se benefician los exeurodiputados adscritos a ese fondo que hayan sobrepasado la edad de 63 años, depende del número de años cotizados. Por ejemplo, Margallo ingresa por esa vía 53.000 euros al año. En línea con la versión del Congreso, el exministro de Exteriores argumenta que esa pensión es fruto de su "sacrificio" porque durante años "renunció" a parte de su salario como eurodiputado.

La realidad es otra: hasta que en 2009 entró en vigor el estatuto que garantiza una paga de jubilación a todos sus antiguos miembros, el Parlamento Europeo nutrió las arcas del fondo de Luxemburgo con dos euros por cada uno que aportaba cada parlamentario afiliado a ese mismo fondo. Pero ese tercio de teórico origen privado procedía hasta 2007, y así lo acreditan las actas oficiales, de las dietas libradas por la Cámara para gastos de funcionamiento. Eso significa que, en la práctica, todo el dinero salía hasta ese año de las arcas comunitarias. Sin contar ese tercio de dietas, el Parlamento inyectó al "fondo voluntario" de pensiones 95 millones entre 2000 y 2009.

Fechada el 2 de mayo, la respuesta oficial del Ejecutivo europeo llega en un momento de efervescencia por la política del Gobierno en materia de pensiones. La exigua subida del 0,25%, cuyo impacto busca ahora amortiguar el Gobierno con su compromiso de ajustarlas al crecimiento del IPC, fue en febrero el catalizador de una oleada de protestas todavía vivas. En medio de un clima de indignación y agravio, han elevado aún más la temperatura del conflicto episodios como el de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, pillada in fraganti el sábado cuando expresaba su deseo de "hacerles un corte de mangas de cojones" y decirles "¡Pues os jodéis!" a los pensionistas que recibieron a Rajoy con una pitada en Alicante. Martínez de Castro se disculpó este lunes. 

José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016 y ahora diputado al Congreso por el PP, ha justificado este martes el hecho de que, como desveló infoLibre este lunes,  durante al menos dos años sumara a su sueldo como ministro la pensión para exeurodiputados del conocido como fondo voluntario de Luxemburgo. Según Margallo, se trata de una pensión "privada". Y es fruto del "sacrificio" que en sus 17 años como eurodiputado hizo para "constituir unos ahorros". 

Durante una intervención en Las Mañanas de CuatroLas Mañanas de Cuatro, y ante la pregunta del conductor del programa, Javier Ruiz, sobre si la doble percepción de ingresos públicos le genera incomodidad, el exministro se ha pronunciado en los siguientes términos: "A mí, ninguna. He renunciado durante 17 años a cobrar mi sueldo íntegro para constituir unos ahorros que me ayudasen cuando llegase a una edad más difícil, eso me parece que es perfectamente legítimo". "Hice un sacrificio –agregó tras defender el carácter "insustituible" de las pensiones "públicas"– entonces que compenso ahora; si no, hubiese cobrado mucho más".

Creado por el Parlamento Europeo tras un acuerdo adoptado por la Mesa en 1990, el fondo voluntario de pensiones para exeurodiputados se nutrió desde sus inicios del dinero público aportado por la institución. Solo entre 2000 y 2009  recibió 95 millones de euros del presupuesto comunitario.

En teoría, por cada dos euros que aportaba el Europarlamento los suscriptores del fondo desembolsaban uno de su bolsillo. En la práctica, y así lo confirman distintos documentos oficiales, ese tercio de aportación "privada" también salía de las arcas de la Cámara comunitaria. ¿Cómo? Su importe se deducía directamente de la cantidad que, de manera adicional al sueldo y para cubrir gastos de funcionamiento, le era asignada a cada diputado en concepto de dietas. En 2007, el sistema cambió y ese tercio pasó a ser realmente de origen privado.

El cambio se produjo después de que, el 24 de abril de ese año, la Cámara aprobase una resolución sobre el "Régimen de pensiones voluntarios" que contenía párrafos como el siguiente. El Parlamento, dice el texto, "pide a los miembros del fondo de pensiones voluntario que demuestren, antes de finales del mes de noviembre de 2007, que se han reembolsado a partir de una fuente privada de ingresos las cotizaciones deducidas de la dieta de gastos generales; en otro caso, los miembros del fondo se expondrán a que se les acuse de intentar asegurarse una renta complementaria disimulada". En otras palabras, los miembros del fondo no habían estado "renunciando" a parte de su salario sino, muy al contrario, capitalizando las dietas que abonaba la Cámara para gastos generales. El documento puede leerse pinchando aquí.

En 2009, tras la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados, que garantiza una pensión a todos los antiguos parlamentarios con independencia de que hayan pertenecido o no al fondo voluntario, el Parlamento interrumpió las transferencias a la "asociación sin ánimo de lucro" que lo gestiona en Luxemburgo. Integrada por eurodiputados en activo o ya retirados, esa asociación está a su vez bajo control de una sicav encargada de controlar su cartera de inversiones también desde Luxemburgo, cuyas características en materia de opacidad y tributación lo convierten en una suerte de paraíso fiscal en el corazón de la UE.

En Las Mañanas de Cuatro, Margallo ha puesto el acento no en el origen público de los ingresos acumulados por el fondo de Luxemburgo ni en el hecho de que el Parlamento Europeo viene obligado a abonar las pensiones garantizadas a sus miembros en caso de quiebra sino en que se trata de "un fondo privado". "Para ser exactos –ha dicho– eso es un fondo privado constituido por el Parlamento Europeo y sujeto a la legislación europea. A todos los eurodiputados se nos daba la opción de cobrar el sueldo íntegro o renunciar a parte de nuestro sueldo para ir constituyendo un fondo que se pudiese cobrar al llegar al 63 años perfectamente compatible con cualquier retribución pública o privada nacional o europea, no así con la pensión pública del Parlamento Europeo que yo no cobro”.

Al inicio de su intervención, el exministro reconoció que sabía que iba a publicarse la información sobre cómo había simultaneado el cobro de un sueldo de ministro con el de la pensión de exeurodiputado. Durante 10 días, infoLibre había intentado en efecto recabar la versión de Margallo, que en ningún momento atendió las llamadas ni devolvió los mensajes. El extitular de Exteriores insinuó en la entrevista televisiva que la noticia tenía su origen en una "filtración". "Quien ha filtrado esta noticia no ha tenido que esforzarse mucho". ¿Quién?, le preguntó el presentador. "Es obvio quién tiene acceso a estos datos", replicó aquí. ¿Se refiere a Hacienda, al ministro Cristóbal Montoro?, repreguntó el periodista. Margallo no respondió.

Los datos que acreditan cómo Margallo cobró a un tiempo del Gobierno –como ministro– y del Parlamento Europeo –como beneficiario del fondo de pensiones de Luxemburgo– aparecen reflejados en las dos declaraciones de bienes que él mismo presentó en el Congreso al tomar posesión de su escaño. La primera vez, en diciembre de 2015 y la segunda, en julio de 2016. En el formulario de diciembre de 2015, Margallo anotó 53.122 euros junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". En el formulario del año siguiente, optó por un cambio nominal. Y la fuente de los 53.127 euros consignados en esa segunda ocasión -cinco euros más que el ejercicio anterior- quedó reflejada como "Plan Pensiones Parlamento Europeo".

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón por el PP hasta julio de 2015, también cobra como parlamentaria en activo y como pensionista del Parlamento Europeo al igual que el exministro José Manuel García-Margallo. Fuentes del equipo de Rudi confirmaron este martes a infoLibre que la paga del fondo de pensiones para exeurodiputados le reporta 1.100 euros mensuales. Esa cifra se suma a la que percibe de la Cámara Alta desde que en septiembre de 2015 tomó posesión del escaño: 6.100 euros al mes, de los que 1.840 corresponden a dietas exentas de tributación.

Pero, a diferencia de Margallo, que durante al menos dos años y sin ocultarlo al Gobierno simultaneó su sueldo como ministro de Exteriores con la paga para exeurodiputados del llamado fondo de pensiones de Luxemburgo (en su caso, 53.000 euros al año), Rudi no activó el mecanismo de cobro hasta que cesó como presidenta de Aragón en julio de 2015. Es decir, un año y medio después de que en diciembre de 2013 alcanzase la edad exigida (63 años) para acceder a esa paga. ¿Demoró el inicio de los cobros porque entendía que la paga del fondo de pensiones de los diputados europeos resultaba incompatible con su cargo al frente al Gobierno aragonés? Ante esa pregunta, las fuentes pulsadas en su entorno se limitaron a remachar que Rudi "ni se planteó" reclamar la pensión hasta que "cerró su etapa" como presidenta de Aragón.

Una vez designada senadora por las Cortes de Aragón en representación de la Comunidad Autónoma, consultó con el Senado y solicitó a renglón seguido la pensión, prosiguen sus portavoces. Su declaración de bienes en el Senado, presentada en julio de 2016, refleja que en el ejercicio anterior obtuvo 25.819 euros del "Fondo de Pensiones de los Diputados Europeos". ¿Por qué los pagos de un solo semestre, el segundo de 2015, alcanzaron ese importe si la pensión mensual se cifra en 1.100 euros netos? Porque –aducen sus portavoces– Rudi cobró también los atrasos correspondientes a 2014 y al primer semestre de 2015. 

Tanto el Congreso como el Senado sostienen que esa pensión, creada, financiada y garantizada por el Parlamento de Estrasburgo tras un acuerdo de la Mesa adoptado en 1990 y consagrada en 2009 a través del Estatuto de los Eurodiputados, procede de un fondo  "voluntario" de carácter "privado" y no público. Domiciliado en Luxemburgo, gestionado por una "asociación sin ánimo de lucro" cuyos integrantes son o han sido eurodiputados y con una cartera de inversiones gobernada por una sicav igualmente con sede en ese país, el fondo obtuvo  95 millones del presupuesto del Parlamento Europeo entre 2000 y 2009. Eso representa el 68,5 de las aportaciones totales que ingresó durante el periodo.

Hasta 2007, el Parlamento corría a cargo de las cotizaciones al fondo voluntario de Luxemburgo a razón de dos tercios. El tercio restante debía ser desembolsado por los suscriptores de este "fondo voluntario". Pero, en la práctica, y así lo atestiguan las actas oficiales de la Cámara, ese tercio de aportación supuestamente "privada" procedía de las dietas procedía de las dietas que el mismo Parlamento abona a los eurodiputados junto con su sueldo. 

La aportación "privada" salía también del Parlamento

A partir de 2007 y tras varias severas reconvenciones, el Parlamento logró que los eurodiputados pertenecientes al fondo de Luxemburgo pagasen realmente de su bolsillo el tercio al que venían obligados.  El acta de la sesión celebrada el 23 de abril de 2009, que aprobó la ejecución presupuestaria de 2007, expone a las claras cuál había sido la situación hasta entonces. El Parlamento, dice el documento, "se felicita por la información según la cual, como se preconizaba en las anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, los diputados afiliados al fondo pagan ahora su contribución, que equivale a una tercera parte de la cotización, a partir de cuentas externas privadas y no mediante una deducción automática aplicada por la administración del Parlamento a las dietas para gastos generales".

En 2009, con la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados –el 14 de julio–, la Cámara cerró el fondo a la incorporación de nuevos socios. Pero año tras año, la institución que legisla en la Unión deja constancia de que garantizará con cargo a su presupuesto el pago de las pensiones del fondo de Luxemburgo si este entra en quiebra. A 31 de diciembre de 2015, el déficit actuarial (la diferencia entre las obligaciones contraídas para el futuro y los ingresos asegurados en el presente) estimado del fondo de Luxemburgo se elevaba ya a 276,8 millones de euros, según los datos oficiales de la Cámara.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha negado a explicar qué norma permitió que durante al menos dos años Margallo cobrase mientras era ministro la pensión que el fondo del Parlamento Europeo asigna a los exparlamentarios europeos.

El caso de Margallo, y ahora también el de Rudi, salen a la luz después de que el portal de noticias europeas euobserver.com desvelase en febrero que el hoy eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, el también exministro Miguel Arias Cañete, suma a su sueldo (20.000 euros al mes) la pensión del fondo de Luxemburgo. ¿La cobró Cañete mientras fue ministro de Agricultura, cargo en el que cesó en abril de 2014 para emprender la carrera hacia el Ejecutivo comunitario que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker? No se sabe. 

Un tercer ministro de Rajoy, Cristóbal Montoro, titular de Hacienda, figura entre los suscriptores del fondo de Luxemburgo. Pero Montoro, y así lo transmitieron fuentes de su equipo a este diario, renunció a reclamar la pensión porque "entendía que no debía cobrarla". 

Dos adjetivos insertados en un artículo de la Ley de Régimen Electoral (Loreg) se han convertido en la coartada legal del Congreso y el Senado para autorizar que parlamentarios en activo cobren la paga de jubilación que el Parlamento Europeo garantiza a los antiguos eurodiputados vinculados al fondo de pensiones de Luxemburgo.

El artículo 158.2 de la Loreg prohíbe a diputados y senadores percibir "pensiones de derechos pasivos [la jubilación de los funcionarios] o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio". Y es en esas tres últimas palabras –"público y obligatorio"- donde, a tenor de los argumentos facilitados a infoLibre por ambas Cámaras, radica la clave. Porque, pese a que fue creado, regulado y financiado por el Parlamento Europeo, que garantiza en el Estatuto de los Eurodiputados el pago de esas pensiones, tanto el Congreso como el Senado consideran que se trata de un fondo "privado".

Ambas instituciones remarcan asimismo que el fondo de Luxemburgo siempre tuvo carácter "voluntario" y que se trata –esa es la versión oficial del Congreso y el Senado–de un "fondo privado". Pero tanto el Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, como las actas oficiales del Parlamento Europeo desmienten esa segunda afirmación al remarcar la condición de garante de esas pensiones que asume la institución como el origen público del dinero ingresado por el fondo. Un ejemplo: el acta de la sesión donde la Eurocámara aprobó el 22 de abril de 2008 la ejecución del presupuesto de 2006 ofrece cifras exactas de esa aportación pública:  “Constata [el Parlamento] que la cotización mensual al fondo por diputado ascendía [en 2006] a 3.354,21 euros repartidos de la siguiente forma: un tercio, es decir 1.118,07 euros, pagado por el diputado y actualmente deducido de su dieta para gastos, y dos tercios, es decir 2.236,14 euros, pagados por el Parlamento”.

En realidad, el hecho de que ese supuesto tercio de origen privado saliese del capítulo dedicado a dietas indica que el Parlamento sufragó la existencia del fondo al completo hasta que en 2007 consiguió que los eurodiputados pagasen –ahora sí– esa parte de su bolsillo.  El Europarlamento cerró el grifo del fondo en 2009 tras la entrada en vigor del Estatuto de los Eurodiputados. Pero garantizó, a través de ese mismo estatuto, los derechos adquiridos por sus miembros. Es decir, el pago de las pensiones, cuyo desembolso de asumir la Cámara si el fondo -que cada año registra un déficit multimillonario- entra en quiebra.

Dadas las circunstancias, el marco legal aplicado por las dos Cámaras españolas a diputados y senadores se sitúa así, a efectos prácticos, en el polo opuesto del que establece la ley de Seguridad Social. Con carácter general, esa ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año).

¿Es Margallo un caso único?

Mientras que el Congreso y el Senado se escudan tras la letra de la Ley Electoral para justificar su posición, el Gobierno permanece atrincherado en el silencio. Pese a las reiteradas peticiones de infoLibre, el Ejecutivo no ha accedido a desvelar qué criterio legal y político le llevó a permitir que al menos uno de sus ministros –José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016– y al menos durante dos años, sumara a su sueldo como alto cargo (51.000 euros netos en 2015) la pensión del fondo de Luxemburgo para exeurodiputados (53.000 euros) que hayan cumplido los 63 años.

Este diario no ha logrado averiguar si también Miguel Arias Cañete, que simultanea su sueldo como eurocomisario de Energía con su pensión como jubilado del Parlamento Europeo, ya cobró esa paga durante el año transcurrido entre febrero de 2013 –cuando cumplió 63 años– y abril de 2014, fecha en que cesó en el Gobierno de Rajoy para optar a la comisaría que ahora dirige. Un tercer miembro del Gabinete que también fue eurodiputado, Cristóbal Montoro, renunció voluntariamente al cobró de la pensión porque "entendía que no debía cobrarla".

infoLibre ignora si algún otro diputado percibe en la actualidad esa pensión además de Margallo, que tomó posesión de su escaño al Congreso en diciembre de 2015. Algunos datos apuntan a que, como mínimo, también algún miembro del Senado cobra como parlamentario activo y como pensionista jubilado del Parlamento de Estrasburgo. No ha sido posible verificar aún ese extremo, pero fuentes oficiales del Senado ya precisaron este lunes que la doble percepción de ingresos -el sueldo de senador en activo y la paralela pensión del Parlamento Europeo para sus antiguos miembros– se ajusta a la ley. El Senado considera –expusieron fuentes oficiales de la institución– que "el fondo de pensiones del Parlamento Europeo no es un sistema de pensión pública sino un fondo privado y las aportaciones son voluntarias y no obligatorias".

A la pregunta de si la Cámara entiende que un fondo de pensiones financiado en al menos dos tercios por el Parlamento Europeo con cargo a su presupuesto y cuyas pensiones de jubilación garantiza la Eurocámara en su Estatuto de los Eurodiputados debe conceptuarse como fondo privado, las mismas fuentes respondieron invocando el ya citado artículo 158.2 de la Loreg. 

Se trata del mismo argumento que días atrás esgrimieron los interlocutores del Congreso consultados por este diario. En referencia expresa al caso del exministro Margallo, las fuentes se pronunciaron en los siguientes términos: "En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg".

Los planes para retirar los residuos radiactivos de Palomares han entrado en punto muerto. No hay plan definitivo, ni plazos, ni cauce político activo. Y sí un amplio catálogo de argumentos de Estado para no acometer la limpieza. El principal es que sin Estados Unidos es imposible. Pero no el único: falta planificación económica, detalles sobre los puntos de partida y llegada durante el hipotético traslado y programa para la gestión de los residuos. Lo único que hay –admite ahora la Abogacía del Estado– es un mero estudio preliminar. La euforia en 2015 del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), que dio por encarrilada la solución tras dar continuidad a las negociaciones pilotadas con anterioridad con por el Gobierno socialista, se ha apagado por completo. El plan para limpiar de plutonio Palomares ha entrado en noche cerrada.

La Abogacía del Estado, en su respuesta a una demanda presentada por Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional para forzar la limpieza de la zona, admite la "imposibilidad" de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos, dado que el plan del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de 2010, tiene sólo un carácter "preliminar". Dicha "imposibilidad" se extiende incluso a la reclamación de "fijar un plazo para la ejecución del mismo. El taponamiento de esta vía se agrava con el enfriamiento diplomático, tras quedar en suspenso el protocolo acordado en 2015 por los Gobiernos de Mariano Rajoy y Barack Obama para la descontaminación de Palomares, en Cuevas de Almanzora (Almería). Donad Trump no ha dado la menor continuidad a la declaración solemnizada por el entonces ministro de Exteriores Margallo y su homólogo estadounidense, el demócrata John Kerry. El día de la firma con Kerry, Margallo dijo que ambos países venían a "reparar un error histórico cometido hace 50 años". Margallo empezó en 2012 a afirmar que España tenía "garantías" por parte de Estados Unidos.

Lo cierto es que no sólo la parte diplomática está parada. La planificación española también es insuficiente para iniciar los trabajos, según la Abogacía del Estado. "No existe un plan definitivo aprobado por el órgano competente, el Consejo de Ministros [...], y menos aún un plazo en el que deba ser cumplido un plan definitivo inexistente", señala la Abogacía del Estado en su escrito, de 5 de marzo. El plan de limpieza de 2010 elaborado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) es una mera "propuesta preliminar informada favorablemente por el CSN en 2010", que define sólo los conceptos básicos y los elementos conceptuales de las actuaciones previstas, "dejando para una fase posterior el desarrollo de la ingeniería de detalle del proyecto y los aspectos específicos de tipo operacional y administrativo". Al plan, que tiene por objetivo "retirar las tierras afectadas por el accidente con la mayor cantidad de radiactividad", le falta por desarrollar lo relativo a "impacto radiológico al público, protección radiológica de los trabajadores, gestión de residuos radiactivos y vigilancia radiológica ambiental", según la Abogacía del Estado.

El escrito insiste en la "imposibilidad de fijar un plazo para la ejecución del plan", que "no da pleno cumplimiento" a todos los requisitos del reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y "sólo regula una mínima parte de los aspectos que exige un plan de rehabilitación". La ayuda de Estados Unidos, sin la que España no se plantea acometer la limpieza, "requeriría [...] la suscripción de un tratado internacional en toda regla, y no una mera declaración de intenciones [...]". Dicho tratado debería abarcar cómo se hacen los traslados de material radiactivo, su paso por aguas internacionales, los puertos de salida y llegada, el coste económico... Las acciones previstas en el plan de rehabilitación tendrían un coste de 30 millones de euros, según un informe técnico de la Comisión Europea.

Falta de instalaciones

La Abogacía del Estado se apoya también para apuntalar la "imposibilidad" de retirar los residuos en que España carece de instalaciones para el almacenamiento definitivo de materiales contaminados con plutonio, lo que obligaría a cambiar el tipo de licencia del centro de almacenamiento de El Cabril. El almacén previsto en la provincia de Cuenca, que además también sería temporal, se está topando con problemas judiciales.

La Abogacía del Estado señala además que no existe una "exposición inaceptable [al plutonio] para la población" Palomares. Lo que se da en la zona contaminada, según el escrito, es una "exposición perdurable", que según el escrito no incumple los requisitos legales. Transcurridos más de 52 años desde el accidente, España carece de un estudio epidemológico de Palomares, como publicó infoLibre. La zona de peligro se encuentra actualmente vallada.

"Absolutamente nada"

"La conclusión está clara: no van a hacer absolutamente nada. Dicen que el problema es que no hay almacenamiento, cuando bastaría una modificación del reglamento. El plan del Ciemat está elaboradísimo, listo para ponerse en marcha. Pero no hay voluntad. Es un tema problemático en un pueblo lejano, en el que no piensa nadie", afirma José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción.

A su juicio de Domínguez, Palomares es de facto una instalación nuclear, y en la zona contaminada el plutonio se expande vía fauna y vía viento. Domínguez afirma que las autoridades están interesadas en difundir mediante filtraciones que el coste de la reparación sería inaceptable. "Pero no es cierto. Está cifrado en 30 millones", afirma.

17 de enero de 1966

El 17 de enero de 1966 colisionaron durante una operación rutinaria de reportaje en vuelo sobre Palomares un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fallecieron siete tripulantes. Los restos de las naves se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar. Cayeron cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Una se halló la misma noche del 17 de enero en el lecho seco del río Almanzora, al este de Palomares y a 300 metros de la costa. No había sufrido daños. Otra cayó al Mediterráneo. Un pescador de Águilas (Murcia), Francisco Simó, con el tiempo "Paco el de la bomba", la localizó. Fue recuperada intacta el 7 de abril, 80 días después de la colisión, a 8 kilómetros de la costa. El paracaídas había funcionado.

Los problemas vinieron con las otras dos bombas, las que el CSN llama W-2 y W-3 en su informe Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica. La W-2 cayó en un valle a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo una detonación que ocasionó un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. Hubo "dispersión material en forma de aerosol", según el CSN. La bomba W-3 cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio. Nunca ha habido compensación.

La situación resultante fue ésta, según el informe del CSN: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico y se diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas desde Puerto Blanco (donde se encontró la bomba 2) hasta las laderas de sierra Almagrera situadas junto al río Almanzora, donde cesó la búsqueda "ya que era una zona de difícil acceso, deshabitada y sin uso en esas fechas", según el CSN.

Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación. Se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos. Fue retirada la tierra contaminada de 25.000 metros cuadrados de suelo junto con restos vegetales. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados por mar al país norteamericano en 4.810 bidones para su depósito en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur). The New York Times publicó en 2016 una información que desvelaba que de 40 veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.

Colapso de la hoja de ruta

Desde 1966 hasta ahora los sucesivos gobiernos de España y Estados Unidos han mantenido una línea de colaboración para la supervisión de las consecuencias. A pesar de los empeños de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Este último acuerdo menciona que, en caso de que se considerase la necesidad de proceder a una limpieza, el Ciemat prepararía las recomendaciones para alcanzar una limpieza final de la zona, tanto en superficie como subterránea.

Dichas recomendaciones están el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010, que prevé instalar in situ unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil acceso y que hayan permanecido inalteradas desde 1996 mediante aspiración con mangueras, expedición y transporte de los residuos radiactivos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final. El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Medio kilo de plutonio. Ese plan del Ciemat no es más que un documento de carácter preliminar, según señala la Abogacía del Estado.

"Puramente cosmética"

Ecologistas en Acción siempre ha considerado que la limpieza fue "puramente cosmética", como le trasladó el pasado año en un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear. Ahí le solicitaba que empezase a retirar los residuos. Ecologistas aludía en dicha comunicación a una carta de agosto de 1968 enviada por el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, en la que exponía que en Palomares “no se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Ante el fracaso de su solicitud, Ecologistas presentó en octubre del pasado año una demanda ante la Audiencia Nacional para que obligue al CSN "a limpiar 50.000 metros cúbicos y a que los almacene temporalmente a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar en Estados Unidos", en vista de la poca voluntad de colaboración de la Administración Trump.

Las autoridades españolas afirman que no hay riesgo para la salud. "El riesgo que se podría dar en Palomares", señala en un informe el CSN, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, señala el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja". El informe añade que el seguimiento desde 1966 del estado de salud en más de mil habitantes de Palomares no ha observado "ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite [...]". Ecologistas en Acción denuncia en cambio que sí hay riesgos y que se oculta información mediante la declaración de documentación como secreto oficial.

La asociación ecologista acusa además al CSN de "plegarse a las presiones" de Estados Unidos y aceptar la limpieza de sólo 28.000 metros cúbicos, que en cualquier caso la nueva Administración norteamericana no tiene la menor intención de llevarse".

Consultado por este medio, el Ministerio de Exteriores España asegura a través de un portavoz que el departamento que ahora dirige Alfonso Dastis "mantiene su compromiso con una solución definitiva con el traslado fuera de nuestras fronteras" de los residuos y recuerda que "hubo un acuerdo político con la anterior Administración de Estados Unidos", si bien no fue vinculante. Exteriores recalca que el Ciemat mantiene activo su programa de vigilancia radiológica.

El Gobierno ha permitido en esta legislatura que al menos un ministro, José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores hasta noviembre de 2016, sumase a su sueldo como alto cargo una pensión de jubilación financiada por el Parlamento Europeo y de la que se benefician aquellos antiguos eurodiputados que, englobados en el denominado fondo voluntario de Luxemburgo, hayan alcanzado la edad de 63 años. Los portavoces oficiales del Ejecutivo han declinado explicar a infoLibre qué criterio legal y político sustenta la decisión de dar vía libre a esa doble entrada de ingresos públicos en un país cuya Ley General de Seguridad Social veta a los cargos públicos en activo el cobro de toda pensión.

Con carácter general, la ley prohíbe a cualquier jubilado desarrollar una actividad laboral por cuenta propia si con ella obtiene rentas anuales superiores al salario mínimo (10.302,6 euros por año). Pero el fenómeno de la doble paga de origen público no es exclusiva del Gobierno: también el Congreso considera compatible compaginar el sueldo asignado a cada parlamentario –un mínimo de 3.700 euros brutos al mes– y el cobro de la pensión europea, cuyo importe difiere según los años de mandato como eurodiputado y el tiempo de cotización al fondo voluntario de Luxemburgo.

Las declaraciones de intereses de José Manuel García-Margallo de los años 2015 y 2016.

De hecho, Margallo la sigue cobrando con los parabienes de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, pese a que los ingresos del fondo de pensiones de Luxemburgo procedían en al menos dos tercios del presupuesto del Parlamento Europeo hasta 2009 y a que su regulación quedó plasmada en un reglamento aprobado por la Mesa de la Eurocámara el 12 de junio de 1990. El artículo 3 de ese reglamento, reproducido en distintos autos y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea [puedes leer una de ellas pinchando aquí], dice lo siguiente: "Los antiguos miembros o los miembros que hayan renunciado a su mandato [como eurodiputado] antes de cumplir los 60 años [63 a partir de 2009] podrán solicitar el abono inmediato de su pensión de jubilación, o en cualquier momento entre la renuncia a su mandato y la edad de 60 años, a condición de haber cumplido la edad de 50 años".

El exministro Margallo no ha atendido en las dos últimas semanas ninguna de las llamadas ni mensajes de infolibre para conocer su versión.

El Estatuto de los Eurodiputados, en vigor desde 2009, pasó a garantizar una pensión de jubilación para todos los antiguos parlamentarios con independencia de su país de origen o de que hubiesen pertenecido o no al fondo de Luxemburgo. Y simultáneamente consagró los derechos adquiridos por aquellos exeurodiputados que sí eran suscriptores del fondo voluntario de pensiones de Luxemburgo.

  Un simple cambio nominal

Como acreditan las dos declaraciones de bienes presentadas en el Congreso por José Manuel García Margallo –una, el 30 de diciembre de 2015; otra, el 6 de julio de 2016–, esa pensión representó más de 53.000 euros cada uno de los dos ejercicios a que se refieren las rentas anotadas en el formulario oficial: 2014 y 2015. En el formulario de 2015, la cantidad percibida del fondo de Luxemburgo en el ejercicio anterior (53.122,92 euros para 2014) quedó anotada junto al epígrafe "Pensión Jubilación Parlamento Europeo". Debajo, el entonces ministro Margallo consignó para ese mismo periodo el cobro de una segunda pensión del Parlamento Europeo, esta por importe de 8.104,80 euros.

En la siguiente declaración de bienes, fechada el 11 de julio de 2016, Margallo reflejó una cantidad casi idéntica (53.127,96 euros) como percibida en 2015. Pero esta vez modificó el nombre de la fuente que le había proporcionado esos ingresos. Donde el año anterior aparecía la leyenda "Pensión Jubilación Parlamento Europeo" ahora constaba esta otra: "Plan Pensiones Parlamento Europeo". El exministro sí hizo hueco a la segunda pensión de jubilación europea de la que ya había dejado constancia en el ejercicio precedente. Pero la casilla reservada para la cantidad quedó vacía. 

¿Por qué el Congreso se dio por satisfecho con un simple cambio nominal? La respuesta de los servicios oficiales del Congreso, a los que infoLibre preguntó por el asunto, marcha en una línea radicalmente distinta a la trazada por la Mesa del Parlamento Europeo cuando en 1990 dio carta de naturaleza al fondo voluntario de pensiones como mecanismo para asegurar una pensión de jubilación a todos los exeurodiputados, parte de los cuales habían sido elegidos para el cargo en países sin paga de retiro con cargo al presupuesto nacional.

Lo que los portavoces de la Cámara Baja respondieron a este diario es que en la primera legislatura en la que el entonces ministro José Manuel García Margallo ocupó un escaño, la brevísima que comenzó el 13 de enero de 2016 y finalizó el 2 de mayo de ese mismo año, "se toma conocimiento de que la pensión de jubilación del Parlamento Europeo [la de los 8.104,80 euros] se encuentra en suspensión". 

La respuesta escrita del Congreso prosigue así: "En la declaración de actividades de la XII Legislatura [la actual] ya no se declara cobro de pensión pública alguna. En la declaración de bienes, en el apartado “Otras rentas o percepciones de cualquier clase”, figura la cantidad percibida del Plan de Pensiones del Parlamento Europeo, en tanto que renta y no pensión, procedente de un fondo de pensiones, en el que los partícipes han ido aportando cantidades voluntariamente y luego las recuperan a partir de determinada edad, y que no contradice el artículo 158.2 de la Loreg". En resumen, lo que según el Congreso cobra Margallo del Parlamento Europeo por haber sido eurodiputado y haber alcanzado la edad de jubilación establecida por Estrasburgo no es una pensión financiada con fondos públicos sino una "renta" de carácter privado.

En realidad, las principales aportaciones al fondo de Luxemburgo nunca han provenido de sus "partícipes" sino del presupuesto público comunitario. Entre 2000 y 2009, el Parlamento de Estrasburgo inyectó al fondo 95 millones de euros, lo que significa el 68,5% de sus ingresos totales durante esa década. El otro tercio sí procedía del bolsillo de los eurodiputados agrupados en la "asociación sin ánimo de lucro" propietaria del fondo, cuyas inversiones están a su vez gestionadas por una sicav de Luxemburgo, el país más opaco y cuya política de dumping fiscal –una tributación bajísima imposible de igualar por los otros socios comunitarios– revelaron hace tres años los papeles del llamado Luxleaks. En ciertos casos y como reveló en su día infoLibre, ese tercio aportado por los suscriptores tenía como origen las dietas de libre disposición asignadas por el Europarlamento a cada parlamentario.

  ¿Y qué hizo Cañete mientras era ministro?

El Estatuto que se aplica desde 2009 y cuyo articulado considera compatible no solo el cobro de dos pagas de jubilación –la estatutaria y la del fondo voluntario de Luxemburgo– sino de tres. La tercera sería aquella que eventualmente pudiera recibir el exeurodiputado del sistema nacional de su país de origen si allí hubiera alcanzado la edad de jubilación. Es más, el Estatuto de los eurodiputados considera compatible que cobre pensión de jubilación un antiguo parlamentario que en la actualidad perciba también un salario por ostentar un cargo público en las instituciones comunitarias. Como publicó este diario, así lo ha destapado el caso del exministro español de Agricultura y actual eurocomisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

¿Cabe la posibilidad de que Margallo haya renunciado a simultanear su sueldo de diputado con la jubilación del fondo de pensiones de Luxemburgo? No hay forma de saberlo con exactitud dado que la única declaración de bienes relativa a esta legislatura es la que presentó en julio de 2016. En teoría sí es posible. Pero es también más que improbable: el reglamento de la Cámara preceptúa que los diputados han de modificar su declaración de bienes si se produce un cambio en su estatus económico. Y las fuentes parlamentarias consultadas por infoLibre no albergan la menor duda: 53.000 euros arriba o abajo constituyen un cambio importante. En cualquier caso, lo que confirman sus declaraciones de bienes es que cobró del Parlamento Europeo mientras era ministro. El formulario del Congreso señala que las rentas que deben quedar anotadas son "las percibidas en el ejercicio económico anterior a la fecha de la declaración".

Margallo es uno de los tres exeurodiputados que han formado parte de los Ejecutivos de Rajoy. El segundo, el ahora eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, añade a su salario de 20.000 euros mensuales esa misma paga del fondo de pensiones del Parlamento Europeo con las bendiciones legales de la Cámara de Estrasburgo y del Ejecutivo que preside el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Pero hay dos datos cuya averiguación no ha resultado factible hasta ahora: cuánto percibe Cañete del fondo de pensiones de eurodiputados cuyas inversiones gestiona una sicav de Luxemburgo y si ya cobraba esa paga entre febrero de 2013 –cuando cumplió los 63– y abril de 2014, fecha hasta la que dirigió el Ministerio de Agricultura.  Ahora embarcado en una subida de pensiones que busca amortiguar el golpe de la formidable movilización de los jubilados, el Gobierno se ha negado a contestar cualquier pregunta de este periódico sobre la materia. De momento, no hay por tanto forma de conocer qué hizo Cañete en tanto perteneció al Ejecutivo.

El tercer exeurodiputado integrado en la lista de ministros de Rajoy es Cristóbal Montoro, titular de Hacienda desde 2011. Hace dos semanas, su equipo confirmó a este diario que Montoro renunció voluntariamente a la pensión de europarlamentario porque "entendía que no debía cobrarla".

Los portavoces de Montoro no facilitaron ningún detalle y cuando se les requirió más información remitieron al Ministerio de Empleo. Pero el equipo de la ministra Fátima Báñez considera que no tiene por qué pronunciarse sobre la materia por cuanto la paga de jubilación derivada del fondo de pensiones del Parlamento Europeo no se inscribe en el sistema público español.

Tampoco los portavoces de la Secretaría de Estado de Comunicación, a los que infoLibre acudió en última instancia la semana pasada, han accedido a dar explicaciones. La pregunta para Moncloa fue esta: ¿qué criterio legal y político sustenta la decisión del Gobierno de permitir que un ministro en activo perciba la pensión de jubilación que el Parlamento Europeo financia y asigna a aquellos exeurodiputados que hayan cumplido ya 63 años? La respuesta, sostenida en dos ocasiones a lo largo de dos días consecutivas, fue la siguiente: "Sin comentarios".