La exministra de Sanidad y el dirigente del PP Ana Mato defendió este martes en el Congreso la honradez del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y dejó claro que "nadie" tiene que "rendir cuentas" o "asumir responsabilidad" por "lo que haya hecho otra persona", informó Europa Press.

"Mariano Rajoy es una persona honrada", subrayó Mato ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, donde deploró la tesis de que se puede "entrar en política para lucrarse" y señaló que Rajoy "ha hecho una magnífica labor" y ha "mejorado la vida de los ciudadanos".

Mato recordó que ella dimitió como ministra de Sanidad en 2014 para que nadie utilizara su nombre para dañar a su partido como, a su juicio, había empezado a ocurrir cuando el juez Pablo Ruz la señaló como posible beneficiaria a título lucrativo de las actividades de la trama Gürtel.

Los regalos de la 'Gürtel'

El pasado 24 de mayo la Audiencia Nacional condenó a su exmarido Jesús Sepúlveda a 14 años de cárcel y a ella le impuso una multa de 27.857 euros por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel.

Tal y como hizo ante el juzgado, Mato insistió en que, aunque estaban casados en régimen de gananciales, ella y su exmarido tenían cuentas separadas y cada uno se hacía cargo de una parte de los gastos familiares. Por eso y como tenían dinero suficiente para comprar lo que, según la sentencia, fueron regalos de la trama, ella nunca le preguntó por los mismos ni por cómo los había pagado.

Aunque contestó a algunas preguntas sobre su convivencia con Sepúlveda, en un momento dado Mato se negó a comentar sus "relaciones de pareja" por respeto a sus hijos y ella misma, remarcó que si su exmarido no pagó lo que le correspondía la responsable no es ella, sino él.

"A lo mejor tenía que haberlo sabido, pero no lo sé. Doy por hecho que tenía dinero suficiente para pagarlo, por eso no pregunté", argumentó.

La Audiencia Nacional ha acordado la libertad provisional del exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, después de que haya abonado la fianza de 100.000 euros que el tribunal de la trama Gürtel le impuso tras su condena de 14 años y 4 meses, informan fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes explican que dos personas han participado en este pago, que se produce poco antes de que se cumplan 48 horas de su entrada en la cárcel de Soto del Real. Ahora se le imponen las medidas cautelares de comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio español.

Los magistrados acordaron su ingreso en prisión provisional sujeta al pago de fianza de 100.000 euros por el "importe elenco de delitos relativos a la corrupción". Sin embargo, estimó que su situación es diferente a la de los también condenados por esta primera época de la trama Gürtel, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo y Guillermo Ortega (para los que se decretó prisión sin fianza) precisamente por la menor cantidad de pena, dado que estos tres suman penas superiores a los 30 años.

La sentencia de la primera temporada de la serie Gürtel (vendrán más y se juzgarán asuntos aún más vergonzantes) establece ya conclusiones suficientes para que dejen al menos de ofender a la inteligencia de los ciudadanos (incluso de los españoles):

1.- El tribunal considera probado que el PP y la trama dirigida por Francisco Correa crearon “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del partido”. Vamos, lo que viene a ser “un sistema de corrupción”. Nada de casos aislados.

2.- A lo largo de las 1.687 páginas de la sentencia, se describe “un auténtico sistema de defraudación del erario público” en el que Luis Bárcenas y Francisco Correa eran piezas fundamentales, ya que “tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas”. Vamos, lo que viene a ser robar dinero público de forma organizada. Nada de “manzanas podridas” ni “cuatro ranas”.

3.- Queda detalladamente acreditado que las comisiones exigidas a empresarios a cambio de adjudicaciones no sólo iban a parar a los bolsillos de Bárcenas, Correa y compañía “también otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular…”. Vamos, lo que viene a ser financiación ilegal. Nada de “diez o quince chorizos” que “se nos han colado” en el PP.

4.- Deja establecido la sentencia que no se trata de un latrocinio de carácter aislado en determinados municipios madrileños, porque otras cantidades del dinero exigido a las empresas “… fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘caja B’ del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”. Vamos, lo que viene a ser el manejo de dinero negro en cantidades industriales (asunto de gran calado que queda pendiente de juzgar en la siguiente temporada de esta serie). Nada de “unos cuantos sobres para gastos de representación”.

5.- Se describe también perfectamente en la sentencia el mecanismo de la corrupción, que arranca con la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones, pero que no acaba ahí: “Mediante el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas [los millonarios y constantes sobreprecios], la finalidad buscada era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público, o bien comisiones cuando la adjudicataria eran terceras empresas, que luego se repartían entre el Grupo Correa y las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos, que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también mediante otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama… de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares”. Vamos, lo que viene a ser recibir sobornos en metálico o todo tipo de prebendas que incluyen viajes de lujo, celebración de bautizos, bodas y comuniones, joyas o automóviles, del estilo de ese Jaguar del marido de Ana Mato que la exministra de la máxima confianza de Rajoy nunca vio en su garaje. Nada de “cuatro botellas de vino por Navidad”.

6.- Los magistrados firmantes del fallo no se creen el testimonio que en su día prestó Mariano Rajoy en sede judicial. Dudan que sea "verosímil" su versión y la de otros testigos que negaron la contabilidad paralela y el cobro de sobresueldos, que por cierto no sólo existían sino que eran "opacos" a Hacienda. Vamos, lo que viene a ser un varapalo mayúsculo a los ya escasos restos de credibilidad del presidente del PP y del Gobierno. 

Así que más allá de los titulares que hablan de las condenas penales y de las multas que tendrán que pagar los culpables (incluidos el PP y Ana Mato como partícipes a título lucrativo) la importancia medular de esta sentencia es que refleja un sistema organizado de corrupción política, financiación ilegal y enriquecimiento a costa de los recursos públicos que ha funcionado durante casi tres décadas a nivel nacional, autonómico y local en los dominios del Partido Popular. Podrán recurrir al Tribunal Supremo, acogiéndose a algunos argumentos del voto particular del magistrado que ya en su día se negaba a convocar a Mariano Rajoy siquiera como testigo. Pero el cúmulo de datos, documentos, testimonios, pruebas y confesiones ofrece una base firme para las altas penas de cárcel decididas y supone la confirmación del trabajo que hace casi diez años inició el juez Baltasar Garzón (y le costó la carrera) y del que de forma concienzuda y discreta desarrolló el juez Pablo Ruz antes de solicitar una plaza menos sometida a presiones políticas y a los focos mediáticos.

Mariano Rajoy tiene que asumir responsabilidades políticas sobre ese “sistema de corrupción institucional” de una vez por todas, porque además su papel y el de su partido sólo pueden empeorar en sucesivas temporadas de la serie GürtelGürtel. Luis Bárcenas ha demostrado ser el ‘tesorero-bomba’ que no sólo iba cargado de dinero negro y contabilidades paralelas, sino de suficiente información como para volar políticamente la sede de Génova. Ahora pueden entrarle más ganas de cantar que a su hijo en Taburete, al ver a su mujer condenada a 15 años de cárcel. La sentencia, en un párrafo que respira esa “formación de género” tan reclamada, rechaza el argumento de que Rosalía Iglesias no tenía conocimientos para ejecutar las acciones que se le imputan: sería relegarla “a poco más de un simple objeto, y esto no lo debe consentir el Tribunal”. (Este tribunal, porque el del caso Nóos, pese a estar formado por mujeres, no aplicó esa lógica a la infanta Cristina).

  Los efectos políticos

Rajoy prefiere seguir viendo “casos aislados”, y más aún teniendo ya aprobados unos Presupuestos que dilatan su calendario político hasta el mismo año 2020 en que acaba la legislatura. Si en el PP han sido capaces de dibujar al detenido Eduardo Zaplana como una especie de troyano de Ciudadanos, cabe esperar cualquier cosa a la hora de marcar distancias con un Bárcenas que conoce al milímetro las alcantarillas de Aznar (mudo) y las de Rajoy (en modo avión).

Salió de inmediato Albert Rivera diciendo cosas tan sonoras como raras: “Esto [la sentencia] marca un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición” y “trastoca todos los planes de la legislatura”. Daría hasta miedo, o provocaría una hecatombe en las bolsas y en la prima de riesgo si no fuera porque todos sabemos que se trata de puro postureo; que este ‘sorprendido’ Rivera ya le exigió a Rajoy en aquella investidura frustrada de Pedro Sánchez en marzo de 2016 que se fuera, que era “el presidente de la corrupción”. “España no se puede permitir un presidente como usted”, le espetó, incluso pidió al PP que cambiara de candidato porque “jamás” apoyaría Ciudadanos a Rajoy. ¿Por qué? Por “esto”, por la Gürtel, por la financiación ilegal, por la corrupción institucional… Por todo lo que todos sabíamos, incluido Rivera, que nunca vio “casos aislados” y que ahora se lleva las manos a la cabeza porque una sentencia dice que “¡en este casino se juega!”

Rivera pone el grito en el cielo contra Rajoy pocas horas después de haber puesto su voto (junto al PNV) para aprobar unos Presupuestos que garantizan al Gobierno exprimir la legislatura hasta 2020 si le place. El pasado domingo, en el acto con el que Ciudadanos presentaba su macroniana plataforma #EspañaCiudadana, Rivera hizo un discurso que ha provocado la hilaridad en las redes sociales durante días: “Recorriendo España yo no veo trabajadores o empresarios; veo españoles. No veo a jóvenes o mayores, veo españoles…” Sería para reírse si no fuera para llorar. En mi humilde opinión, el varapalo más contundente para Rajoy y el PP esta semana no es la sentencia de la Gürtel (políticamente ya amortizada por escandaloso que nos parezca), sino el informe del mismísimo Banco de España en el que, negro sobre blanco, puede comprobarse que los beneficios de las empresas crecen 16 veces más que los salarios desde 2014. Es el resumen más significativo e indignante de la cacareada ‘recuperación económica’: el dato que refleja en toda su magnitud la profunda desigualdad instalada en España por las políticas aplicadas. Rivera, claro, prefiere no ver “trabajadores o empresarios”, ni jóvenes o pensionistas, sino sólo “españoles” y, si es posible, españoles cegados, exaltados y enfebrecidos por una pulsión nacionalista tuneada de patriotismo. En realidad, si se le aplicara el suero de la verdad, uno imagina a Rivera clamando más bien: “sólo veo votos”.

Para que esta sentencia signifique de verdad “un antes y un después”, tendría que prosperar la moción de censura que el PSOE ha registrado el viernes por la mañana en el Congreso. Pablo Iglesias ya la propuso el mismo jueves y anunció su apoyo a Pedro Sánchez, confirmado por el líder de IU Alberto Garzón. Logre o no los números suficientes para hacer caer al Gobierno, desde luego la iniciativa obliga a Rivera a retratarse, a clarificar si finalmente está dispuesto a tumbar a Rajoy a los pocos días de darle aire hasta 2020. Lo cual explica la maniobra de Ciudadanos, que a los pocos minutos exige elecciones anticipadas o amenaza con apoyar, no la moción de censura socialista, sino una moción instrumental con el objetivo de convocar elecciones. una moción instrumental En Ciudadanos saben perfectamente que Rajoy no puede disolver las Cortes mientras esté en trámite una moción de censura, porque así lo precisa el artículo 115 de la Constituciónartículo 115 de la Constitución(lo cual explica que el PSOE registrara la moción con urgencia, incluso antes de reunirse su Ejecutiva). Vamos, que no se presta Rivera a facilitar la menor ventaja a Sánchez ni tampoco a sacar de inmediato al PP de la Moncloa, sino que simplemente intenta (está en su derecho) aprovechar al máximo la extrema debilidad del PP para seguir barriendo a su favor en las próximas citas electorales.

¿Y Rajoy qué opina de esto, como diría el abuelo de aquel exitoso spot? Pues ni se inmuta. Una vez más, recurre al discurso del miedo acusando a Pedro Sánchez (socio principal en la respuesta al independentismo) de actuar "contra la estabilidad de España y contra el interés de los españoles". Con la simplicidad que caracteriza sus (eficaces hasta ahora) discursos, Rajoy ha situado la iniciativa del PSOE entre la aprobación de los Presupuestos y un 155 en vigor, para responsabilizar Sánchez de pretender gobernar "con cualquiera" y "a cualquier precio". Como si él no hubiera pactado con el PNV a cualquier precio, incluyendo subidas de pensiones que hace sólo mes y medio eran "imposibles e inviables". Vamos, que Rajoy no da un paso atrás, ni siquiera a un lado, y mantiene su intención de agotar la legislatura. En estos tiempos en que cada "noticia-bomba" queda fagocitada por la siguiente, en pocas horas los focos ya se han trasladado al PSOE, a Ciudadanos o al PNV, en lugar de mantenerse en una sentencia que dibuja un agujero negro de la democracia española.

P.D. Además de compartir Presupuestos y pactos anticorrupción, Rajoy y Rivera también comparten un ojo de lince para elegir tesoreros y defenderlos. Si no fuera por la sentencia de la Gürtel, este artículo se habría centrado en los datos desvelados en infoLibre por Joana Oliveira y Manuel Rico sobre Carlos Cuadrado, responsable de las finanzas de Ciudadanos y empresario que parece tener la muy española y poco patriótica costumbre de mentir. Afronta varios procesos judiciales por sus negocios en Brasil, y sobre su existencia faltó a la verdad en sede parlamentaria, lo cual es un delito. Tiene toda la razón el PP al trasladar a la justicia los datos que hemos publicado y al reclamar que actúe la Fiscalía. ¿Qué dice Albert Rivera? Que se trata de una cuestión “privada” de su tesorero y un caso “resuelto en términos políticos”. Vamos, que sólo ve “españoles”. (Seguiremos informando). ----------------------------------------------------------------------(Este artículo ha sido actualizado al mediodía del viernes para recoger el registro de la moción de censura del PSOE, el anuncio de Ciudadanos y la respuesta de Rajoy).

El Partido Popular anunció este jueves en un comunicado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional en lo que respecta a su responsabilidad civil. "Manifiesta [el partido] una vez más su respeto a los tribunales y sus resoluciones judiciales, pero -en este caso- no comparte su contenido", puede leerse en el documento.

"En ningún momento, el Partido Popular ha estado imputado ni procesado. Estamos hablando de una responsabilidad civil, que jurídicamente se conoce como 'partícipe a título lucrativo' y que implica obligatoriamente, según el artículo 122 del Código Penal, al desconocimiento de los hechos", señalan.

Los conservadores subrayan que los hechos que se han juzgado se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, "dos localidades madrileñas de los más de 8.000 Ayuntamientos que hay en España". "A este respecto, el Partido Popular nacional no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual", defienden.

Asimismo, señala que "en ningún caso conocía los hechos". "La figura de 'partícipe a título lucrativo' en el proceso penal es de carácter civil y no penal, y obliga –en este caso- al Partido Popular a restituir los efectos del delito de terceras personas, en esta causa, los ex alcaldes de Pozuelo y Majadahonda", precisan.

"Falta de responsabilidad en los hechos juzgados"

Tirando de uno de los argumentos a los que más recurren los conservadores cuando estallan casos de corrupción, el comunicado intenta marcar una clara línea divisoria entre los condenados y las siglas de la formación: "El Partido Popular ha cumplido y cumple con su compromiso en la lucha contra la corrupción y ninguno de los condenados por este proceso está ya en el partido. Ningún miembro de la dirección actual o direcciones pasadas ha sido imputado en esta causa, y algunos acudieron al juicio como testigos, lo que acredita una absoluta falta de responsabilidad en los hechos juzgados", añaden

No por ser esperada la sentencia, la formación conservadora se libra del mazazo. Ni 24 horas le ha durado a Rajoy y los suyos el buen sabor de boca que les dejó, el miércoles, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso antes de su paso al Senado.

En una sentencia histórica conocida este jueves, la Audiencia Nacional dictamina que el PP se benefició económicamente como partido de los delitos de la trama Gürtel. Esto implica que tendrá que devolver 245.000 euros y pone a los conservadores liderando una situación inédita hasta la fecha en España. Es la primera vez que una formación política se convierte en partícipe a título lucrativo de un delito.

"También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989", puede leerse en el apartado de hechos probados sobre la caja B del PP 

La resolución impone la pena más alta, de 51 años y 11 meses de cárcel, al líder de la trama, Francisco Correa, mientras que a su considerado número dos, Pablo Crespo, le condena a 37 años y medio. El extesorero del PP Luis Bárcenas es condenado a 33 años y 4 meses de prisión y multas por más de 44 millones de euros. A su mujer, Rosalía Iglesias, la Audiencia le impone una pena de 15 años y 1 mes. Por su parte, la ex mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, resulta condenada a 14 años y 8 meses de cárcel.

La condena a la mujer del exresponsable de las finanzas del PP despierta el temor, en sectores conservadores, de que Bárcenas "tire de la manta" con nuevas acusaciones.

Otras de las condenas más elevadas son las del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, penado con 38 años y 3 meses de cárcel; la del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, con 31 años y 9 meses; la del contable del entramado, José Luis Izquierdo, de 17 años y 7 meses; o la del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, de 14 años y 4 meses, entre otras.

"No implica responsabilidad penal"

En el último año, los conservadores han venido preparando el terreno para esa condena a título lucrativo apuntando a que esto no implica responsabilidad penal. Se desconocían los supuestos delitos, han venido insistiendo.

La formación política deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución. Lo abonarán de modo directo y solidario con los condenados Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno, Mari Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa, Pablo Crespo (por los gastos de Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (por los de Pozuelo).

El tribunal explica que es el PP nacional y no su grupo municipal el que debe responder. "Por tanto, la persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal, grupo municipal que según declaró ante el Tribunal el testigo Pío García-Escudero en campaña electoral está vacío de contenido dado que hay una serie de candidatos que aspiran a ser alcaldes y concejales".

La Sala también condena a la exministra Ana Mato como partícipe a título lucrativo en la cuantía de 27.857,53 euros por los viajes y otros servicios que el Grupo Correa ofreció a su familia. El tribunal recuerda que en la época de aquellas dádivas la exdirigente conservadora estaba casada en régimen de gananciales con Jesús Sepúlveda y por tanto esos gastos abonados por los condenados debían correr a cargo de la sociedad de gananciales.

"Parece evidente -señala la sentencia- que si la señora Mato realiza unos viajes y recibe unos servicios que no abona, está obteniendo un beneficio en la parte o cuota que debiera corresponderle sufragar como miembro de la sociedad conyugal, por lo que, en la medida que supone un enriquecimiento sin causa, como decíamos arriba, viene obligada a restituir aquello en que se ha beneficiado”.

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión por su implicación en la trama Gürtel, decidió guardar silencio y no contestó a ninguna de las preguntas que se le formularon durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP.

En el arranque de la sesión, Sepúlveda tomó la palabra para, tras mostrar su "respeto" por la comisión y el Congreso, avisar de que no pensaba responder a las cuestiones que le plantearan los comisionados, en aras de su derecho de defensa, informó Europa Press.

"Estoy inmerso en un procedimiento judicial y, siguiendo la recomendación de mis abogados y para garantizar mi derecho de defensa, no voy a hacer ninguna declaración", comentó, añadiendo que, en todo caso, se remitiría a lo ya afirmado en el juzgado.

El presidente de la comisión, el canario Pedro Quevedo, reconoció que Sepúlveda tenía derecho a guardar silencio, pero dio la palabra a los grupos parlamentarios para que ejercieran el suyo a interrogarle. La socialista Soraya Rodríguez, y el diputado de Bildu, Óskar Matute, verbalizaron algunas de las cuestiones que querían plantear al compareciente, pero no le llegaron a preguntar directamente.

Sólo ha movido pestañas y cejas

Sí hizo su interrogatorio el representante de Ciudadanos, Toni Cantó, quien no obtuvo ni una sola respuesta porque Sepúlveda no rompió su silencio en ningún momento. Pese a que había anunciado que como mucho se remitiría a su declaración judicial para no perjudicar su derecho de defensa, Sepúlveda optó por no despegar sus labios, sólo respondió con pestañeos y con algún esporádico arqueo de cejas y mantuvo en todo momento cara de circunstancias.

También quiso que constaran en acta todas sus preguntas el secretario general del grupo de Unidos Podemos, Txema Guijarro, que tampoco logró arrancar ni una sola palabra al exalcalde de Pozuelo. Durante los interrogatorios, el compareciente ni siquiera cambió de postura: estuvo todo el rato con los brazos sobre la mesa y ligeramente inclinado hacia delante.

Sepúlveda, que fue responsable del Área Electoral del PP, estuvo casado con Ana MatoAna Mato, quien dimitió como ministra de Sanidad en 2014 cuando se vio salpicada por el caso Gürtel y que había sido citada por el Congreso también para este martes.

La también exdirigente conservadora avisó hace unas semanas a la Cámara de que no podrá acudir porque la comparecencia le coincidía con una pequeña intervención quirúrgica. La comisión tiene ahora que buscar una nueva fecha para recibirla.

El PP protesta por las preguntas sobre Mato

El nombre de Mato surgió varias veces en los interrogatorios, especialmente durante el turno del portavoz de Podemos, quien aseguró no tener interés en su relación sentimental con Sepúlveda, pero sí en su vinculación monetaria como matrimonio. Las menciones a la exministra llevaron a intervenir al diputado del PP Eloy Suárez, quien protestó por la formulación de preguntas, a su juicio, de índole "personal".

También hubo muchas alusiones a los regalos que el cabecilla de la Gürtel Francisco Correa hizo a Sepúlveda, como el ya famoso Jaguar. El año pasado, durante su declaración ante el tribunal que juzgó la primera etapa de la Gürtel (1999-2005) el exalcalde admitió haber recibido varios obsequios, pero los enmarcó en su relación de amistad con Correa.

En este sentido, negó la versión de la Fiscalía, que sostiene que los regalos se hicieron a cambio de que Sepúlveda intercediera para que las empresas de su amigo obtuvieran contratos públicos. El dinero procedente de estas operaciones ilegales en el Ayuntamiento de Pozuelo siendo él alcalde habría servido para financiar la campaña electoral del PP de 2003.

El Ministerio Público, que mantiene que Sepúlveda cobró de la trama tanto en efectivo como en especie, también señala a Ana Mato como partícipe a título lucrativo de las actividad de su exmarido en la Gürtel y le reclama por ello 28.467 euros, cantidad en la que están valorados los obsequios que habría recibido.

Entre ellos, una estola y un echarpe adquiridos por el propio Correa en Louis Vuitton por valor de 610 euros y la celebración de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos.

Despido en diferido

Tras su implicación en la trama en 2009, Sepúlveda dimitió como alcalde y pidió su reingreso como trabajador del PP donde tenía un contrato indefinido y una excedencia forzosa. Estuvo en nómina pero trabajando desde casa hasta febrero de 2013, cuando Génova cortó su relación laboral con él a raíz de la publicación de un informe policial que confirmaba los regalos que le había hecho la Gürtel. El diputado de Bildu, Óskar Matute, hizo referencia a este "despido en diferido" durante su turno de palabra.

Por su parte, el conservador Eloy Suárez utilizó su intervención para volver a denunciar que la comisión que investiga las finanzas de su partido no es otra cosa que una "comisión de hostigamiento" contra la formación que preside Mariano Rajoy. También volvió a acusar a Podemos de financiarse con dinero de Irán y puso sobre la mesa el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.

El abogado defensor del exsecretario de Organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha denunciado este lunes ante el tribunal que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que en este procedimiento se ha "perseguido" y "pateado" al PP, según ha informado Europa Press.

"Aquí se ha perseguido esencialmente al PP y se le ha dado patadas al PP todas las que la oposición ha querido y ha podido", ha asegurado el abogado Miguel Durán, que ha sido interrumpido por presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado: "Yo señor letrado le ruego que no continúe por ese camino porque si no le voy a tener que interrumpir".

El abogado de Crespo, que ha pedido la libre absolución para su cliente —que se enfrenta a 85 años y medio de prisión— ha hecho alusión a la formación política, acusada como partícipe a título lucrativo por las actividades delictivas presuntamente cometidas por los exalcaldes conservadores de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente.

Durante la exposición de las conclusiones finales, Durán ha recalcado que los acusados de la Gürtel, entre ellos su cliente, han soportado la "pena de banquillo". Asimismo, ha reprochado al magistrado Hurtado utilizar la palabra trama para denominar las actividades lideradas por Francisco Correa: "Tendría que haber cuidado mucho la utilización de este tipo de calificativos", ha afirmado el abogado.

También ha apuntado que fue la Justicia quién "filtró" que Crespo era "el segundo de a bordo de la trama Gürtel" y así se "ha mantenido". "Aquí vamos a tener juicio de Gürtel hasta el juicio final y no sabemos cuando va a ser esto", ha añadido el abogado, al mismo tiempo que ha opinado que hubiese sido más conveniente tanto para la Administración de Justicia como para el "erario" que este macroproceso "no se hubiese troceado en la forma que se ha hecho".

En cuanto a las grabaciones que destaparon la trama Gürtel, aportadas por el denunciante de la causa, el exconcejal de Majadahonda (Madrid), José Luis Peñas, ha insistido en que no son válidas ya que él mismo "ha reconocido que en el cúmulo de horas se le coló alguna de la que a él no le beneficiaba".

Actitud colaboradora

Por su parte, el abogado del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa —para el que Anticorrupción pide 125 años y un mes de cárcel—, ha coincidido con Crespo en que Peñas no ha confesado "ni un sólo hecho" y ha afirmado que los audios aportados están manipuladas porque "eliminó las partes que le pueden ser perjudiciales".

Así, ha recalcado su actitud colaboradora con la Justicia al haber reconocido los hechos, que "no los delitos", y ha asegurado que esta posición es la que va a mantener en el resto de piezas sobre la red corrupta que quedan aún por juzgar. El letrado Juan Carlos Navarro, durante la exposición de sus conclusiones finales, ha pedido que esta circunstancia se tenga en cuenta a la hora de imponer la pena, al igual que el hecho de que se esté juzgando unos hechos que tuvieron lugar alrededor de hace 15 años.

En este sentido, se ha acogido al informe "interesante" del abogado del Estado Edmundo Bal en el que sostiene que hay varias "figuras (delitos) que sancionan un mismo hecho", incluso en distintas "zonas geográficas", en referencia a que esta pieza analiza las actividades de las empresas de Correa en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León y en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y de la capital de España.

El defensor del líder de la Gürtel ha hecho hincapié en que era un gran empresario ya en los años 80 y que sus empresas, dedicadas a distintos ámbitos de la comunicación, estuvieron presentes en la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992; o que fue "pionero" en implantar las Oficinas de Atención al Ciudadano y que, por ello, no podía competir contra otras mercantiles en los procesos de adjudicación.

Es más, en cuanto al delito de asociación ilícita, ha defendido que de toda la actividad que se está juzgando su cliente sólo tenía la responsabilidad de un "0,5 o un uno por ciento de la que desarrollaba en el sector privado" y ha apuntado que es lógico que varias empresas del mismo grupo concursen en distintas adjudicaciones de la misma administración porque cada una de ellas está "especializada" en una materia.

Regalos a amigos "no significan influir"

Por otra parte, ha dicho que los regalos que hizo Correa a alguno de los acusados, como los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón o al exviceconsejero de Inmigración madrileño Carlos Clemente —de quién ha recordado que vivió en Colombia al trabajar en ALAS, "una fundación de Shakira"— se correspondían a sus relaciones de amistad. "Se están confundiendo los regalos" para poder "encajarlos en el tipo delictivos de cohecho", "no significa influir", ha añadido Navarro.

En esta línea, ha puesto como ejemplo que decoró con globos y amenizó con payasos las fiestas de cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y de la exministra de Sanidad Ana Mato porque tenía empresas dedicadas a ello: "Si hubiese tenido una empresa de catering, le hubiese regalado la comida; o de textil, le habría regalado un traje", ha indicado.

Esta jornada también ha sido el turno para el Álvaro Pérez El Bigotes, cuya abogado ha enfatizado que, pese a que está considerado como el número tres de la red corrupta, es "la única persona a la que no se le acusa de asociación ilícita" y ha acusado a la Fiscalía de "poner en boca" de los encausados "cosas que no han ocurrido" y que no han declarado.

Izquierdo "era un tarugo"

También, ha expuesto sus conclusiones finales la abogada del presunto contable, José Luis Izquierdo, que ha reiterado que su cliente era "un autómata, al que se le decían cosas y él las transcribía". "Me va a permitir el insulto, pero era un tarugo", ha concluido para justificar su último alegato de defensa.

Otras de las defensas que han informado de sus conclusiones han sido el cerebro financiero de la Gürtel, Luis de Miguel —que se defiende a sí mismo—; y la del hermano del exalcalde de Majadahonda, Jacobo Ortega.

Siempre nos quedará la maldita hemeroteca. "A mí nunca nadie me ha regalado nada", decía la extitular de Sanidad:

La Fiscalía Anticorrupción ha destacado este miércoles en el juicio por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que se está celebrando en la Audiencia Nacional que el PP también se lucró de las actividades de la red corrupta en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), así como la exministra de Sanidad y exmujer del exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, Ana Mato. "Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP", ha dicho la fiscal Concepción Sabadell.

El Ministerio Público lleva, por tercer día consecutivo, exponiendo su informe final de conclusiones, de la mano de la fiscal Concepción Sabadell. En los días previos, el Ministerio Público ha destacado que el PP, como partido político y no como grupo municipal, se benefició de más de 133.000 euros procedentes de las actividades de la Gürtel en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), rechazando así las alegaciones de la formación política, que desde el inicio del juicio se ha escudado en las corporaciones locales, según informa Europa Press.

Ahora, ha añadido que el PP, acusado como partícipe a título lucrativo, también se ha aprovechado de las actuaciones de la red liderada por Francisco Correa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón durante la etapa de Sepúlveda como alcalde. La fiscal ha insistido en que es el PP "en su conjunto", y no su grupo municipal, el que se "ha beneficiado" de la "actividad delictiva de Sepúlveda" que se cifra en un total de 111.864,32 euros en relación a actos de campaña en 2003, eventos del consistorio o la reforma del despacho del alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción reclama a la formación política 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón. Con respecto a Ana Mato, considerada en este juicio como el PP, ha afirmado que "ha quedado acreditado que se benefició de los fondos obtenidos por Sepúlveda".

Anticorrupción ha rebatido los argumentos defendidos por la exministra durante su declaración en la que manifestó que su exmarido y ella tenían cuentas corrientes individuales y que se repartieron los gastos domésticos y que tenían las facturas de todo aquello que pagaban. Entre muchas explicaciones, Mato constató que de los eventos familiares se encargaba de contratar las meriendas y que cada uno pagaba los coches que conducían.

Sin embargo, la fiscal ha señalado que estas alegaciones se contradicen porque, por ejemplo, un coche Range Rover de renting que adquirió Sepúlveda se pagó desde una cuenta en la que se perciben ingresos por el cargo institucional de Mato; y que la factura de la merienda de la comunión de su hija la poseía su exmarido. "No existe tal división de pagos", ha concluido la fiscal para mantener su acusación contra ella e interesar el pago de 28.467,53 euros, cantidad de la que supuesta se benefició.

La representante del Ministerio Público ha explicado que las entregas de dinero se hacían directamente a Sepúlveda –que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión– con el fin de que intermediase en la adjudicación de contratos públicos a las empresas de Correa y a Constructora Hispánica –cuya gerencia la llevó el acusado confeso Alfonso García-Pozuelo–, pues así aparece en la documentación manuscritos incautada durante la instrucción al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, que está firmada por 'JS' o 'J Sepúlveda". La fiscal ha recordado que los peritos calígrafos afirmaron que las iniciales y el otro apunte se correlacionan con el exalcalde de Pozuelo, que llegó a recibir "entregas periódicas a modo de sueldo".

Entre otros de los pagos o regalos que hizo Correa a Sepúlveda son la organización de los cumpleaños y una comunión de los hijos del entonces matrimonio Sepúlveda y Mato, viajes que "se pagaron con la caja b" de la Gürtel y vehículos de alta gama como un Jaguar. Tanto Correa como el exalcalde reconocieron estos agasajos enmarcándolos en una relación de amistad, una argumentación que Anticorrupción ha rebatido porque son "pagos a modo de sueldo, con paga extraordinaria" que tienen lugar "durante el periodo que se contrata con las empresas de Correa en Pozuelo".

Por otro lado, la Fiscalía ha dedicado parte de su exposición a continuar con la actividad supuestamente delictiva, que comenzó a relatar este martes, del extesorero 'popular' Luis Bárcenas. Ha apuntado que Bárcenas tenía un "abundadísimo patrimonio" que no declaró a la Agencia Tributaria hasta el año 2012 con la amnistía fiscal.

En este sentido, ha dicho que las Granda Global y Tesedul –constituidas en Panamá y Uruguay, respectivamente– fueron "sociedades instrumentales" que sirvieron para regularizar su dinero no declarado en España hasta en entonces. No obstante, ha subrayado que la regularización no fue "completa", sino que fue "ineficaz e inválida".

Ha apuntado que las actividades de estas empresas se hizo con la "actuación, complicidad, ayuda, colaboración" de los acusados Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales –extesorero de Alianza Popular (AP)– y Ángel Sanchís Herrero y con el fin de blanquear el dinero de Bárcenas en Suiza.

Empresas para ocultar las rentas de Bárcenas

Las actividades de Tesedul y Granda Global "empezó a producirse justo en 2009, cuando tuvieron conocimiento de la existencia de este procedimiento (el caso Gürtel) y pretendieron ocultar las rentas del señor Bárcenas en Suiza", ha apostillado la representante del Ministerio Público. Es más, ha indicado que ambas empresas están relacionadas porque "todos los fondos que se ingresan en Granda Global proceden de Tesedul" y que no correspondía a los pagos de honorarios.

También ha señalado que con estallido de la trama Gürtel, Bárcenas también escondió alguna cantidad ingresada en cuentas de Suiza y que no "ha sido localizada, incautada, ni intervenida judicialmente". Se trata de las transferencias que se hicieron de la cuenta en un banco helvética, a nombre de su mujer Rosalía, a la cuenta Obispado, cuyo titular era Yáñez.

Ha precisado que las versiones ofrecidas por el extesorero durante la instrucción y en la vista oral y las de su testaferro son contradictorias, porque aunque hayan dicho que esos traspasos tenían como objeto llegar al abogado Edmundo Patricio Bel y nunca sucedió. "El único fin es ocultar la titularidad del señor Bárcenas", ha añadido.

Además, ha aprovechado para indicar que la reunión que mantuvo Bárcenas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2010 cuando el primero abandonó la tesorería del PP no fue de ningún modo "humana", tal y como dijo el exministro Ángel Acebes durante su declaración como testigo en este juicio. "Fue meramente económica" en la que se trataron la cesión de un despacho y un coche al extesorero, ha dicho la fiscal.

Por último, la Fiscalía ha apuntado que Rosalía Iglesias es responsable de los hechos que se imputan y ha rechazado aceptar que ella no tenía conocimiento sobre los documentos que le daba su marido para firmar sobre la compraventa de obras de arte. "Tenía conocimiento de que eran falsos, tiene formación suficiente para saber que lo que estaba firmando", ha destacado.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás mantienen gran parte de su escrito provisional de conclusiones, pues continúa pidiendo las mismas penas de prisión para el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa; su número dos, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez "El Bigotes". Asimismo, pide que el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato paguen una fianza de 245.492 euros y 28.467 euros, respectivamente, al considerarlos partícipes a título lucrativo.

La jornada número 112 —en la que no han estado presentes los acusados, como en casi todo el juicio— se ha dedicado para que las acusaciones anuncien sus peticiones de prisión tras escuchar las declaraciones de los procesados, al igual que a los cerca de 300 testigos y a los peritos. La fiscal Concepción Sabadell ha recordado que inicialmente había otros cuatro acusados: los fallecidos Leopoldo Gómez y Mar Rodríguez y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta y el empresario Rafael Naranjo Anegón, cuyas actuaciones fueron archivadas por demencia sobrevenida.

Anticorrupción contempla la modificación de penas para los empresarios Jacobo Gordon, Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández por reconocer al inicio del juicio los hechos imputados. Finalmente, piden para Gordon cinco meses de prisión; una pena de dos años para García-Pozuelo; y para Fernández, once meses de cárcel.

Elimina delitos fiscales a Bárcenas y López Viejo

Por otro lado, tras atender las periciales, la Fiscalía ha retirado a Luis Bárcenas —para el que se solicitaba 42 años y medio— uno de los ocho delitos contra la Hacienda Pública, el correspondiente al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2009, por el que le pedían tres años. Así, su petición de pena queda en 39 años y medio de prisión.

En cuanto a su mujer, Rosalía Iglesias, la Fiscalía propone al tribunal la alternativa de considerarla como cooperadora necesaria de los delitos fiscales que comparte con su marido, atribuyendo la responsabilidad de los mismos al extesorero del PP. De acogerse esta alternativa, la pena de Bárcenas podría verse aumentada.

La fiscal Sabadell ha explicado al tribunal que en el apartado relativo a las actividades de la trama Gürtel en Castilla y León, en el que aparece Bárcenas, se incluyen cambios debido a la documentación intervenida en el domicilio exgerente del PP de Madrid Beltrán Guitérrez, en el marco del caso Púnica, con la que se ha descubierto "pagos de origen desconocido".

También, ha retirado todos los delitos contra la Hacienda Pública de los que se acusaba al exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid, Alberto López Viejo, y su mujer, Teresa Gabarra. De este modo, para el exconsejero madrileño le piden seis años y medio menos, es decir, 39 años y medio de prisión; y para su esposa, un total de cuatro años de cárcel.

El escrito de acusación provisional del Ministerio Público ya indicaba la posibilidad de aplicar a los dos exdirigentes conservadores la atenuante de reparación del daño por estos delitos. También se preveía esta condición para el denunciante de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas —que aportó 80 horas de grabaciones de conversaciones con Correa y otros acusados—, para el que se solicita 6 años y 5 meses de prisión.

Máximas penas de prisión para Correa y Crespo

Salvo estas leves modificaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su acusación para los 30 acusados restantes y no cambia su petición de 125 años y un mes de prisión para Correa por considerarlo líder de la trama, pese a que el propio tribunal subrayase que es "una de las pocas partes del proceso que no ha impugnado nada" y revelase datos que llevaron a reabrir la investigación de una presunta caja B del PP.

Pablo Crespo se enfrenta a la segunda mayor pena que pide el Ministerio Público es para Crespo, 85 años y 6 meses de cárcel; mientras que sólo se solicitan cinco años y dos meses para 'El Bigotes'. Estos tres acusados se encuentran en prisión desde el pasado mes de febrero cumpliendo la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por amañar los contratos del expositor institucional de la Generalitat Valenciana para Feria de Turismo (Fitur).

Por otro lado, las fiscales mantienen que el PP debe pagar una fianza de 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega —para el que se piden 50 años y 4 meses de prisión— y Jesús Sepúlveda —que se enfrenta 15 años y 4 meses—, respectivamente. Asimismo, reclama 28.467,53 euros para la exministra de Sanidad, y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, por beneficiarse de la financiación de fiestas familiares como cumpleaños y comuniones y viaje por parte de la trama.

El PP, "confeso"

La Fiscalía ya consideró "confeso" al PP cuando el abogado de la formación política Jesús Santos, se negó a declarar, como representante legal del partido, y se remitió a su escrito de defensa. La fiscal Concepción Sabadell calificó esta actitud de "evasiva" y "resistente".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal reanudará la vista oral este miércoles, 11 de octubre, para que las defensas anuncien su petición final y que previsiblemente será de absolución en la mayoría de los casos. Según el calendario previsto, los informes definitivos serán expuestos a partir del 23 de octubre, día en el que los acusados tendrán que acudir a la sede judicial.

El juicio se inició el 4 de octubre de 2016 y analiza las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo, etapa en la que organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

El actor que hizo de payaso en los cumpleaños de los hijos del exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda y la exministra de Sanidad Ana Mato, y el exgerente de la empresa de decoración de globos han reconocido este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que fueron las empresas del cabecilla de la red, Francisco Correa, quienes le contrataron y pagaron sus servicios en estas celebraciones.

Así lo han manifestado estas dos personas –que han comparecido como testigos– a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell y que han afirmado que ni Mato, ni el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, les han dado instrucciones.

El que fuera gerente de Interglobo, Pedro Miguel González, ha constatado que trabajó con Correa en eventos del PP para hacer "efectos de caída de globos y confeti" y que decoraba "muy pocos" eventos particulares. Así, ha reconocido que el líder de la Gürtel sí ha pedido alguna vez su participación para eventos de "un amigo o grandes clientes".

Entre ellos, se encontraba el exalcalde de Pozuelo para el que organizó tres eventos: dos cumpleaños –uno, cuya temática era el Jardín de las Maravillas de Alicia, y otro con dos columnas de globos– y una comunión. Sobre esta última celebración ha dicho que no lo recuerda con certeza, aunque así lo concretase en su declaración durante la instrucción de la causa.

"A mí me pagaba quien me contrataba", ha añadido, en referencia a que era Down Town Consulting la empresa que le requería los servicios y que trataba directamente la organización de los eventos con la administradora de algunas de las sociedades de la Gürtel, Isabel Jordán, a través de fax.

Además, ha recordado que una de las decoraciones con globos de una de estas celebraciones familiares de Sepúlveda no la facturó para agasajar a Correa, que le pidió que se "portase bien" después de llevar tantos años trabajando juntos. "Recuerdo que hubo un cumpleaños que coincidía con un evento grande en Getafe, era un presupuesto de 200 euros aproximadamente, una chorradilla y decidí no facturar este evento", ha contado.

Correa era "muy pesetero"

"Paco Correa era muy pesetero, era muy buen cliente y pagador pero ajustaba mucho", ha afirmado el dueño de Interglobo, al tiempo que ha asegurado que aceptó la sugerencia del cabecilla de la Gürtel porque esta "atención normal" era como "mandar una cesta de navidad o invitar a comer a un cliente".

Por su parte, el actor Luis Bermejo, cofundador de Producciones El Zurdo, ha precisado que Special Events contrató a su empresa para que hiciesen una actuación de payasos y títeres para dos cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y Mato. Ha afirmado que siempre la empresa de Correa siempre le pagó por sus servicios, pues, según ha dicho, emitían la factura a la oficina de la calle Serrano de Madrid de esta mercantil.

Este miércoles también han testificado dos comerciales de dos concesionarios quienes han explicado la forma de pago por parte de Correa y de Sepúlveda de los vehículos de alta gama que adquirieron. Uno de ellos, ha enfatizado que Correa contactó con él en una ocasión para arrendar un coche a través de leasing pero que no sabía a quién entregó después ese vehículo.

El otro testigo ha destacado que hizo un renting con Sepúlveda, con el cuál estaba "encantado" porque eso suponía hacer un negocio con "una persona pública" y ha asegurado que no sabe quien hacía los pagos de las cuotas mensuales del coche.

Un exconcejal afirma que con Ortega cambiaron los procedimiento

Por último, el exconcejal del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) Juan Carlos Díaz ha apuntado que con la llegada de Guillermo Ortega a la alcaldía del municipio madrileño "cambiaron los procedimientos" y que todo lo relacionado con la publicidad pasó a ser competencia del departamento de Gabinete.

"Había un grupo reducido de personas que eran los que se reunían y tomaban decisiones" que después indicaba al resto de concejales que "tenían que hacer", ha recalcado Díaz en referencia al equipo de Gabinete del alcalde, entre los que se encontraban la entonces jefa del departamento y exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y el exconcejal Juan José Moreno. No obstante, ha dicho que este departamento no daba instrucciones sobre las empresas con las que contratar.

El virus de la hepatitis C fue identificado por primera vez en el año 1989 por el investigador inglés Michael Houghton y su equipo. Cerca de 24 años después, en diciembre de 2013, la Agencia Estadounidense del Medicamento aprobó Sovaldi como el principal tratamiento para las personas portadoras. Fue, también, el inicio de una odisea para los afectados españoles que reclamaban ser tratados, y cuya lucha ha llevado a dos altos cargos de la sanidad gallega a comparecer ante el juez acusados de homicidio por imprudencia profesional grave.

En noviembre de 2014, Solvaldi comenzó a comercializarse en España, después de nueve meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y el laboratorio norteamericano. Lo hizo, sin embargo, a un precio considerablemente alto: la empresa farmacéutica Gilead fijó un importe 180 veces superior al de su producción.

El problema de precios vino ligado a las limitaciones en la dispensación de los fármacos, que únicamente eran cedidos a las personas con el virus en fase avanzada (F2, F3 y F4), pero no a aquellos que se encontraban en fase inicial (F0 y F1). Los afectados por la hepatitis C vieron, tras la aprobación de Sovaldi, cómo estos tratamientos tardaban meses en llegar o nunca llegaban.

Dos altos cargos acusados de homicidio

Las competencias del sistema sanitario español están transferidas a las comunidades autónomas, y por tanto en ellas recae la responsabilidad de dirimir la aplicación de los tratamientos. Para la toma de decisiones, las regiones emplearon unos comités de evaluación que decidían qué peticiones se atendían y cuáles se descartaban. Sin embargo, las restricciones y los retrasos en comunidades como Galicia provocaron la muerte de hasta seis personas. 

Ante esta situación, el colectivo gallego de médicos Batas Blancas decidió tomar cartas en el asunto y denunciar los fallecimientos de los pacientes desatendidos. Es ahí donde entró en juego la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, presidida por Quique Costas, quien señala en conversación con infoLibre que en ese momento el colectivo Batas Blancas puso sus casos, junto con otros documentados por la propia plataforma, en conocimiento de la Fiscalía de Santiago de Compostela.

Tras abrir diligencias, las conclusiones fueron claras: altos cargos de la Consellería de Sanidade fueron acusados de delitos de prevaricación y homicidio por imprudencia profesional grave. Se trata del ex director general de Asistencia Sanitaria y actual gerente del área sanitaria en Vigo, Félix Rubial, y de la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado. A finales de 2015 la denuncia llegó al juzgado de instrucción número tres de Compostela, que dictó un auto de incoación y abrió diligencias en las que, no obstante, sólo especificaba delito de prevaricación administrativa. Ni rastro de la acusación por homicidio.

En una primera declaración, los acusados únicamente comparecen por prevaricación y "el juez impide a la Fiscalía y a la representación legal realizar preguntas relacionadas con los presuntos delitos de homicidio", relata Costas. Es la Audiencia Provincial de A Coruña la que finalmente mueve ficha y en diciembre de 2016 pide investigar por homicidio a ambos cargos, desestimando el recurso de la Xunta que solicitaba el archivo de la causa. "Indica que hay que investigar la posible comisión de delitos de homicidio, y ordena al juez instructor que los cite para que declaren en calidad de investigados", señala Costas. Este miércoles ambos han comparecido en Santiago de Compostela.

Costas celebra los resultados de su lucha, pero reconoce un "sabor agridulce" porque las víctimas fueron rechazadas como acusación particular, y por tanto no han podido estar representadas "e interrogar a los dos comparecientes", algo que valora como carente de sentido.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo durante todo el proceso una actitud de amparo ante sus altos cargos, quienes no han sido cesados porque, en palabras del presidente gallego, "cumplieron con su trabajo". "El comportamiento de Feijóo en este asunto es el comportamiento de un psicópata", subraya Costas, quien censura que el conservador, "igual que otros cargos de la Consellería de Sanidade, manifiesta siempre su absoluta falta de empatía por las víctimas".

Feijóo, además, no titubeó al calificar de "indigna" la denuncia presentada en un inicio por el colectivo médico. "Parece que las víctimas se clasifican en víctimas políticamente rentables y víctimas políticamente molestas", lamenta Costas. "Las nuestras, junto a otras como las del Alvia, son molestas", concluye.

Además de la gallega, no existe en la actualidad ninguna otra causa judicial abierta respecto a la lucha de los afectados por la hepatitis C. En mayo de 2015, el Tribunal Supremo archivó la querella presentada por la plataforma estatal contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, al considerar que los hechos denunciados –omisión del deber de socorro–, no eran "constitutivos de ilícito penal".

Plan Estratégico Nacional

En febrero de 2015 el Ministerio de Sanidad presentó su Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, por el que se garantizaba el acceso prioritario a los pacientes que sufrieran una fibrosis hepática significativa, es decir, los que se encontraran entre los grados F2 y F4. Para pagar estos tratamientos, no obstante, el Gobierno no reservó un fondo específico, sino que se encargó al Ministerio de Hacienda poner a disposición de las comunidades préstamos a un bajo interés –de entre el 0% y el 1,2%– a devolver en 10 años.

El pasado 7 de febrero, la actual ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunció que un total de 66.777 personas recibieron un tratamiento antiviral de última generación entre los años 2015 y 2016. Días antes, el secretario General de Sanidad, Javier Castrodeza, señaló que la inversión requerida ha sido de 1.040 millones de euros en 2015 y "unos 600 millones" en 2016. Asimismo, se estima que alcanzará los 200 millones en el presente ejercicio.

Mario Cortés, expresidente de la plataforma estatal de Afectados por la Hepatitis C, aporta una visión optimista al valorar como un "logro muy grande" la puesta en marcha del plan nacional. "Es muy positivo" que exista una estrategia encaminada a solventar la situación, pero, recalca, "lo importante ahora es que se cumpla".

Esther Mate, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C en Salamanca, expone en declaraciones a este diario las tareas pendientes tras los dos primeros años del plan. Las principales exigencias reclaman la inclusión de las fases F0 y F1 en la estrategia, que se contemple un presupuesto adecuado y que se tenga en cuenta un cribado que analice la prevalencia del virus. "Cuando haces un plan nacional –señala Mate– lo primero que tienes que saber es la prevalencia, el número de personas enfermas de esa patología, y a partir de ahí desarrollas el plan y lo dotas del presupuesto adecuado". 

"Aquí se empezó la casa por el tejado", continúa la portavoz, quien sin embargo celebra que el Gobierno "se haya dado cuenta de que un estudio de prevalencia es fundamental". Sanidad anunció a finales de enero la elaboración de un estudio que se desarrollará sobre una muestra de 8.800 personas en el primer semestre del año, con el fin de conocer la prevalencia real en el país. Asimismo, relata Mate, los afectados "esperan que desde el ministerio doten al plan de un presupuesto realista" capaz de asumir los costes de "comprar tratamientos, hacer prevención y pagar los estudios en marcha".

Mate reclama, por otro lado, que se aborde la incidencia del virus en la población infantil, en la migrante – "muchos provienen del norte de África, con mayor incidencia que en Europa, y sin tarjeta sanitaria"–, y en las personas que se encuentran en prisión. Según los últimos datos ministeriales, la incidencia en cárceles es del 18,7%, mientras que el número de personas que han sido tratadas hasta enero de 2017 es de 12.015, y los presos con virencia sin tratar han ascendido hasta los 5.000 aproximadamente. La líder de la plataforma en Salamanca apunta que "el gran problema de las cárceles supone un coto cerrado del ministerio". En este sentido, el pasado viernes 17 de febrero el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, anunció que las competencias en materia de sanidad penitenciaria serán transferidas a las comunidades autónomas a lo largo de la legislatura. Mate celebra que "por fin" se vaya a realizar el traspaso, que fue aprobado por mayoría en el Senado en octubre de 2016, aunque matiza que la propuesta "tiene que volver al Congreso para ser ratificada y luego ponerla en marcha", de modo que puede "pasar un año o dos en la misma situación".

Tres casos de gran envergadura –Gurtel, Púnica y el del ático del expresidente madrileño Ignacio González– sumergieron al PP este lunes en una vorágine informativa y judicial sobre corrupción cuando aún no habían transcurrido 24 horas de la clausura de un congreso que considera cerrado ese capítulo. Si la sentencia del primer juicio del caso Gürtel –el de los contratos valencianos para Fitur– asestó el viernes un mazazo a la formación conservadora, lo sucedido en este lunes negro comenzó a caer en cascada apenas una hora después de que el presidente Rajoy remarcase en TVE que buena parte de los asuntos de corrupción que ahora se juzgan son de "hace 10 años" y declarase que a veces es "muy molesto" el retraso con que los tribunales dirimen esas causas.

En pocas horas se concatenaron tres episodios cuyo alcance pertenece todavía al campo de las incógnitas. Primero, y con el juicio que la Audiencia Nacional celebra sobre la llamada primera época de la trama Gürtel como escenario, el representante legal del PP –su abogado, apoderado notarialmente para la ocasión– se negó a responder a la Fiscalía sobre el presunto beneficio que habrían reportado las actividades de la red de Francisco Correa, lo que, con las leyes en la mano, Anticorrupción interpreta como una confesión implícita de que el partido se lucró.

Casi a renglón seguido y cuando la negativa del abogado del PP a responder a Anticorrupción todavía se solapaba con la declaración de ignorancia total alegada por Ana Mato –ni sabía cuánto ganaba su marido como alcalde, ni le llamó la atención que pudiera haber adquirido un Jaguar ni sabía que Correa le pagaba viajes y los globos de las fiestas de sus hijos– , otro juez de la Audiencia Nacional marcó con su firma el segundo hito de la jornada. Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, lanzaba a media mañana un auto donde atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, los delitos de fraude, soborno (cohecho) y revelación de información reservada y anuncia el primer paso para enviar esa parte de la causa al Tribunal Superior de esa comunidad, ante el que el político goza de aforamiento. 

Y a primera hora de la tarde, algunos medios, entre ellos infoLibre, accedían a un nuevo informe de la brigada de blanqueo de la Policía que agrava las sospechas sobre el origen del ático de lujo que el expresidente madrileño Ignacio González y su mujer poseen en Estepona al tiempo que urge medidas a fin de evitar que EEUU destruya a final de año documentos esenciales para esclarecer el caso.

Por la posición de su protagonista, presidente de una comunidad autónoma, Murcia, donde el PP depende del apoyo de Ciudadanos, el episodio que mayores y más inmediatos quebraderos de cabeza proporciona al PP es el que tiene a Pedro Antonio Sánchez como protagonista. En su auto, el juez Eloy Velasco sostiene que el jefe del Ejecutivo murciano se concertó con uno de los grandes conseguidores de Púnica, Alejandro de Pedro, para que su empresa "limpiara" su imagen en las redes sociales –la Fiscalía ya le investigaba, por ejempo en el llamado caso Auditorio– a cambio de cobrar dinero público de partidas para formación. La trama, escribe Velasco, no llegó a cobrar "al explotar la operación policial y judicial" de la Operación Púnica, a finales de octubre de 2014. Eso "abortó" los contratos.

Por la tarde y en una actuación para la que ninguna de las fuentes consultadas encuentra precedente, la Fiscalía anunciaba en un comunicado público que Anticorrupción había entregado este mismo lunes un informe contrario a la exposición razonada –una especie de auto explicativo dirigido a otro tribunal, en este caso el TSJ murciano– relativa a Pedro Antonio Sánchez; y que apoya, en cambio, la que Velasco pretende enviar al Supremo en relación a Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena. ¿Por qué se opone Anticorrupción a que la justicia investigue a Sánchez por la Operación Púnica? Porque –dice la Fiscalía–  es "ciertamente tenue" la frontera entre "los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos" y porque, como esos contratos no llegaron a formalizarse, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

"Según eso, nunca habría delitos en grado de tentativa", opina una fuente del caso al tiempo que expresa su convicción de que "está habiendo presiones políticas". Como publicó infoLibre a finales de enero, Velasco ha pedido su traslado y dejar la instrucción de Púnica. A comienzos de mes, el juez había urgido a las dos fiscales del caso a entregar su informe sobre las eventuales exposiciones razonadas concernientes a Murcia, pero el informe no llegó hasta ayer, una vez que la resolución judicial ya había visto la luz. El auto que incrimina a Pedro Antonio Sánchez –en el sentido coloquial, dado que jurídicamente no es posible por su condición de aforado– llega después también de un extraño suceso igualmente relacionado con Murcia: el segundo asalto que ha sufrido la vivienda de uno de los fiscales que investigan la corrupción en esa comunidad. 

El presidente murciano reaccionó al auto de Velasco Sánchez asegurando qeu "nunca se pagó, ni se firmó, ni se pagó" ningún contrato del tipo que describe el auto. "No se puede demostrar lo que no existe", remató. La recién revalidada secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dio su apoyo expreso a Sánchez. El contrato, repitió en línea con lo aducido por la Fiscalía, no se firmó. "Por el pensamiento no se castiga a nadie, se castiga por los hechos", agregó.

Lo que aduce Anticorrupción: quien calla otorga

La controversia sobre el futuro de Pedro Antonio Sánchez eclipsó la desencadenada por la mañana en el juicio de Gürtel por el silencio del abogado y ayer representante legal del PP, Jesús Santos. No está claro que el tribunal acepte de manera automática el argumento de la Fiscalía, que ante ese silencio invocó dos preceptos legales que, traducidos al lenguaje común, vienen a significar que quien calla otorga. No obstante, todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el silencio del PP le perjudica y sitúa más cerca una eventual condena como partícipe a título lucrativo. O, lo que es lo mismo, como responsable civil obligado a devolver dinero.

A través de su abogado, Jesús Santos, nombrado para la ocasión representante legal del partido vía acta notarial, el PP subrayó que se reiteraba en los argumentos que ya había esgrimido al inicio del juicio –sin precisar si se refería a la petición de nulidad de la causa o solo a su tesis de por qué no debe constar como partícipe a título lucrativo–. El partido sostiene que, en todo caso, la Fiscalía debería haber asignado ese papel a las agrupaciones locales de Pozuelo y Majadahonda, los dos municipios de Madrid cuyos contratos amañados tuvieron como contrapartida que, presuntamente, la red pagase actos del PP por 245.000 euros.

Según el PP, no le es posible responder a preguntas sobre una serie de delitos de los que de antemano se le considera exento penalmente. Si no conocía nada sobre esos delitos no les posible responder nada sobre ellos, viene a ser su tesis. Aunque todas las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que la negativa del PP a someterse al interrogatorio de, al menos, la fiscal Concepción Sabadell le hace más vulnerable, esas mismas fuentes admiten que no está garantizado que el tribunal dé por bueno el razonamiento de Anticorrupción.

SOS de la UDEF en el caso del ático

Pero, además del auto sobre el presidente de Murcia, además del silencio del PP y además de la desmemoria de Ana Mato, hubo más. Porque a primera hora de la tarde trascendía el nuevo informe remitido por la UDEF a la juez de Estepona que investiga al expresidente de Madrid, Ignacio González, por la compra de un ático de lujo que originalmente había adquirido una empresa pantalla con sede en Delaware –Coast Investors–. Y ese nuevo informe no solo ha venido a agravar las sospechas que ya existían sino que ha dado la voz de alerta: si no se envía de forma urgente una solicitud de ayuda –comisión rogatoria– a EEUU, los datos que permitirían resolver el caso pueden acabar destruidos.

Firmado –o antefirmado, dado que no figura la rúbrica– por dos jefes de grupo de la UDEF, el informe concluye lo siguiente: “Si bien en estos momentos de la investigación no se puede determinar el origen de los fondos mediante los cuales se adquirió la propiedad en el año 2008, y por tanto determinar en su caso su ilicitud, sí que se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble”.

El informe advierte de que si no se envía a Washington de forma “particularmente urgente” una comisión rogatoria para conocer los movimientos de una cuenta de Coast Investors, “a finales del presente año la información requerida pudiera no conservarse”.

El documento policial desbarata la versión ofrecida por el testaferro internacional Rudy Valner, artífice material de la compra del ático en 2008 y que fue quien luego plasmó la venta al matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero en diciembre de 2012. En teoría, el inmueble perteneció a Coast Investors Llc, empresa instrumental domiciliada en Delaware, un estado de EEUU cuya legislación mercantil le equipara en opacidad a los paraísos fiscales, entre 2008 y 2012. Y justo durante ese periodo permaneció oficialmente alquilado a los González-Cavero, que lo compraron en diciembre de 2012, cuando el caso ya había sido denunciado por el sindicato policial SUP.

El ático, cuenta asimismo la Policía, fue alquilado al político madrileño y su esposa a través de un supuesto anuncio de prensa del que –remacha el informe– “no hay constancia en el procedimiento”. El alquiler fijado fue de 6.000 euros por trimestre. Pero tampoco hay correspondencia entre las facturas emitidas y los pagos realizados por los arrendatarios. Y eso, avisa la UDEF, podría significar que en realidad estamos ante una “simulación”.

Pese a que ni siquiera está claro que los arrendatarios satisficieran todos los recibos de alquiler –prosigue el informe–, Coast Investors no solo prorrogó el contrato sino que aplicó una rebaja de 1.500 euros por trimestre.

Que dice Ana Mato que su marido era el encargado de pedirle a Correa los viajes y el confeti que ella solo se encargaba de tirarlo...

El abogado del PP Jesús Santos, en calidad de representante legal del partido ha optado este lunes por no declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). Se ha remitido a su escrito de defensa y las manifestaciones que ya realizó durante la fase de cuestiones previas, en la que se adhirió a la petición de nulidad de la causa.

"Nos remitimos a nuestro escrito de defensa, escrito de alegaciones, y las que realizamos en las cuestiones previas sobre el fondo de este procedimiento", ha destacado Santos que se sumó al inicio del juicio a la solicitud de anular el procedimiento al entender que las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, son "ilegales" y que las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción son "ilícitas y delictivas", según ha informado Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell ha calificado su actitud como "evasiva" y "resistente" y ha expuesto que, para el Ministerio Público, la negativa del partido a contestar preguntas equivale a una confesión. "Se le tiene como confeso", ha advertido durante su intervención.

El PP se ha sentado este lunes ante el tribunal para responder por los delitos cometidos presuntamente por los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y de Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, al beneficiar a las empresas de Correa con adjudicaciones públicas en los municipios que dirigían.

Anticorrupción fijó para la formación política el pago de un fianza de 245.492 euros que corresponde a los 111.864 euros que obtuvo Sepúlveda –que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión– de la Gürtel, relativos a los gastos de la campaña municipal de 2003; y a los 133.628 euros con los que Ortega –para el que Fiscalía solicita 50 años y cuatro meses de cárcel– benefició a la formación política municipal con 133.628 euros, según indica su escrito de acusación.

El abogado de la formación Jesús Santos también subrayó en la fase de cuestiones previas que por estos hechos deberían responder los grupos municipales y no el PP en sí. El PP tiene una condición en esta causa "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, dijo Santos, al tiempo que enfatizó que el PP no ha tenido "participación alguna" en los hechos que se le imputan, ni se conoce "el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni el dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad llevada a cabo por los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y las empresas de Francisco Correa.

La exministra de Sanidad y exdirigente del PP Ana Mato ha declarado en el juicio del caso Gürtel que no le llamó la atención que, en 1999, cuando Jesús Sepúlveda era aún su marido este pudiera comprarse un jaguar con su salario como alcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón y con lo que percibiese como coordinador electoral del PP, retribuciones –ha dicho- por cuya cuantía nunca le preguntó. La exministra remachó en múltiples ocasiones que "nunca" recibió ningún regalo de la trama.

La exministra, que ha declarado como supuesta partícipe a título lucrativo -es decir, como beneficiaria, y por tanto responsable civil pero no penal-, contestó con un escueto “no” al abogado que ejerce la acusación popular en nombre de los socialistas valencianos, quien le había inquirido si creía que la adquisición de vehículos como un Jaguar o un Range Rover o se acompasaba a los ingresos de Sepúlveda como alcalde o si le llamó la atención. Anticorrupción cifra en 28.400 euros el dinero de la Gürtel del que se benefició Mato.

El escrito de acusación de la Fiscalía sostiene que el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, pagó casi nueve millones de las pesetas de 1999 -52.069 euros- de un Jaguar S-Type adquirido por Sepúlveda en diciembre de aquel año. Y que asimismo le facilitó el renting de un Range Rover.

En su declaración ante el tribunal, Correa aseguró que no solo le regaló a Sepúlveda el jaguar y le facilitó el Range Rover aludido sino que le había regalado un tercer vehículo de esa última marca.

La exministra de Sanidad y exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, Ana Mato, ha asegurado este lunes que fue su marido Jesús Sepúlveda se encargó de abonar los gastos de decoración de los cumpleaños de una de sus hijas. "Doy por hecho que si él es el responsable de estos gastos es él quien los paga y no un tercero", ha dicho.

Mato ha explicado que todas las celebraciones se efectuaban en su casa y ella se encargaba de organizarlos. Encargó a Sepúlveda que se ocupara de contratar las decoraciones y animación como, por ejemplo, una inspirada en el Jardín de las maravillas de Alicia, ha informado Europa Press.

"Las celebraciones infantiles de las que estamos hablando aquí, lo que es la decoración se encargó el señor Sepúlveda y por tanto era el responsable", ha dicho y concretado que eran meriendas normales con globos.

Mato, que ha dicho que conoce al cabecilla de la trama Gürtel Francisco Correa porque trabajó durante mucho tiempo para el partido, ha explicado que el matrimonio tenía repartidos los gastos. "Uno se hacía cargo de unas cosas y otro de otras", ha dicho en referencia a las facturas de los colegios, compra, autobús, luz o gas.

La exministra ha declarado ante el tribunal de la Audiencia Nacional ante el que comparece en calidad de partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado presuntamente de los delitos cometidos por su exmarido dentro de la trama corrupta encabezada por Correa.

Mato ha llegado a las dependencias judiciales más de una hora antes del momento fijado para su declaración. Ha bajado de un coche que se ha detenido en las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, acompañada por su abogada y una persona de prensa del PP.

Se ha sentado en el banquillo reservado a los acusados portando una carpeta azul y un bolígrafo. Ha asegurado que ahora está separada de su marido. "Nos casamos en régimen de gananciales pero siempre hemos sido independientes económicamente, siempre he trabajado y ambos compartíamos los gastos familiares", ha dicho.

Mato está acusada de haberse beneficiado presuntamente de viajes, regalos –como una estola y un encharpe adquiridos en Louis Vuitton por el valor de 610 euros por parte de Francisco Correa– y celebraciones de tres cumpleaños y una comunión de uno de sus hijos por valor de 28.467,53 euros entre los años 2001 y 2005. Precisamente esta cantidad es la misma que Anticorrupción fijó como fianza.

En cuanto a Sepúlveda, Fiscalía indica que por beneficiar a las empresas de Correa con adjudicaciones públicas durante su etapa como alcalde obtuvo de la Gürtel más de 500.000 euros, además de los tres coches de alta gama que le regaló el 'cabecilla' de la trama y los obsequios que hizo llegar a su familia. El que fuera también secretario nacional de Acción Electoral del PP afirmó durante su declaración que está "convencido" de que Correa no hizo ningún regalo a su exmujer y puntualizó que el matrimonio tenía un régimen de bienes gananciales y "total independencia de gastos".

Este lunes es la primera vez que Mato se acerca hasta la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) donde se está celebrando el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) desde el pasado 4 de octubre. Hasta el momento, no ha comparecido ejerciendo su derecho a ausentarse debido a la condición en la que está acusada.

Sin embargo, el pasado jueves, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió "por mayoría, que no por unanimidad" citar a la exdirigente 'popular', junto a la mujer del exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, Gema Matamoros, y el representante legal del PP, al considerar que su comparecencia es oportuna en el momento de declaración de "sujetos pasivos", tras haber finalizado el interrogatorio de los 37 acusados en esta causa.

El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha subrayado este lunes que ni la exministra Ana Mato ni su partido afrontan responsabilidad penal en el juicio por la trama Gürtel, y que la figura por la que se sentarán en el banquillo, partícipes a título lucrativo, implica que no conocían la presunta comisión de delitos, según ha informado Europa Press.

"El caso de Ana y el del partido no tienen nada que ver con el caso de los demás que están sentados en el banquillo de los acusados. Es una distinción importante, así que el PP lo ve con mucha tranquilidad y esperando que la Justicia actúe", ha dicho.

Ana Mato se sienta hoy ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) para declarar como partícipe a título lucrativo por los delitos presuntamente cometidos por su exmarido, el ex alcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda –para quien el fiscal pide 15 años de cárcel, acusado de haber recibido dinero y regalos de la trama–.

Maillo ha hecho hincapié de que tanto el PP como la exministra están sentados en el banquillo "por temas civiles", "en la peor de las circunstancias serían partícipes a título lucrativo". Maillo ha remarcado que para que alguien se le dé esa calificación es "imprescindible" que desconociera el supuesto delito que se juzga –y que aún tiene que confirmarse, ha recordado también–.

El responsable 'popular' se ha expresado así, en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo organizado por Executive Forum con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este lunes que quiere que "se conozca toda la verdad" sobre el caso Gürtel y que ella pone "la mano en el fuego" por cómo funciona ahora su partido y por los "instrumentos de control de hoy".

La 'número dos' del partido se ha expresado así, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, preguntada por la jornada del juicio del caso Gürtel en la que tendrá que declarar la exministra Ana Mato como partícipe a título lucrativo de la trama y deberá comparecer también el representante legal del PP.

Según ha dicho, Cospedal quiere que la justicia dirima todas las responsabilidades. También ha afirmado que ella conoce el caso desde "una vertiente mucho más externa" que el juez, que tiene medios para investigarlo.

Preguntada si pone la mano en el fuego por la exministra, se ha limitado a señalar que "hay un procedimiento judicial en marcha" y que "respetar la independencia de los jueces es algo muy bueno".

En cuanto a si pone la mano en el fuego por su partido, ha afirmado que sí la pone "por cómo actúa hoy" el PP y, aunque ha reconocido que "todos los procedimientos pueden fallar, en todas las organizaciones", ha querido poner en valor que se hace "todo lo posible para que las cosas no pasen".

La también ministra de Defensa ha admitido que "ocurrieron cosas en el pasado que no tendrían que haber ocurrido" pero ha añadido que le da "mucha tranquilidad que la Justicia esté actuando y se pueda conocer toda la verdad". De otros casos, ha añadido sin precisar a qué se refería, no se podrá.

Además, ha apostado por hacer "de la necesidad virtud" y ha defendido la transparencia y los controles del PP, aunque ha admitido que "eso no quiere decir que un día aparezca alguien que haga cosas mal, como en cualquier sitio".

En todo caso, ha defendido que el PP actuó "con contundencia" ante los "escándalos" que se conocieron y que tuvieron que hacer "cosas muy complicadas y muy difíciles". "Supongo que ese tipo de cuestiones no van a volver a ocurrir pero existen buenos malos en todas partes porque somos parte de la sociedad", ha añadido.

También ha admitido que, al afrontar algunos casos, el PP "quizá fue menos ágil", pero "en otros se tomaron medidas antes de pasar 24 horas".