"Cuando llegué a Ifema vi mucho asfalto, pero el asfalto no da dinero". Es una frase que repite a menudo José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema e histórico directivo del sector automovilístico español. Llegó a la dirección de la Feria de Madrid en junio de 2020 y, tres años y medio después, ya tenía atado un contrato por diez años para volver a traer la Fórmula 1 a la capital. Pese a que Ifema es un consorcio público, no hay prácticamente ninguna información financiera del evento a dos semanas de celebrarse.

Se sabe que organizar la carrera ha tenido un coste de, al menos, 200 millones de euros y que cuenta con el apoyo incondicional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. También, que supuestamente "no cuesta dinero al contribuyente madrileño". "Al contrario, es todo inversión y beneficio", dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso en julio. Sin embargo, solo Ifema y el entorno de la presidenta y del alcalde saben cuál será la factura final del proyecto y cuánto costará realmente a las arcas públicas.

La opacidad es de tal magnitud que la oposición y las organizaciones sociales solo conocen dos cifras del presupuesto del Gran Premio. Una es la recogida en las memorias originales, que cuantifican el proyecto en 189,85 millones de euros, entre la construcción de la pista y el plan especial asociado, número que ha quedado obsoleto por los cambios que ha ido teniendo su diseño. La segunda es una breve explicación que dio De los Mozos en un desayuno informativo organizado el pasado 13 de julio, cuando reveló que ya tenía asegurados 137 millones de euros en patrocinios, cuantía que servirá para pagar una parte del coste total. 

"El objetivo es conseguir en patrocinios todo el capex [el coste de inversión] del evento. No ha habido aportación pública, se ha hecho con dinero de Ifema. Esto trata de ingresar lo máximo y gastar lo mínimo", fue el resumen que dio el número uno de la institución.

Pero ofreció algunas pistas más, aunque aparentemente contradictorias. Aseguró que su intención es que los patrocinios cubran el 100% de la infraestructura, pero no dijo cuál es la cifra final de su coste. Añadió que con ese dinero podrá pagar no solo la pista, sino la ampliación de los pabellones 1 y 2 de Ifema –que deben reformarse para albergar los boxes de los bólidos– y la construcción de tres nuevos pabellones en Valdebebas. Y terminó diciendo que la venta de entradas debería sobrar para pagar el canon de traer la F1 al circuito, una cifra que debería ascender a otras tantas decenas de millones, pero que tampoco es pública,

Sin embargo, al mismo tiempo que De los Mozos se mostró enormemente optimista con las cifras, no pudo asegurar que este año Ifema vaya a registrar un resultado positivo. "Quiero que este primer año los resultados, a pesar de todo, sean positivos (...) porque vamos al Tribunal de Cuentas y nos están auditando", reconoció el directivo en julio.

Más Madrid es el partido de la oposición que más ha combatido la falta de transparencia que ha rodeado al circuito desde el día uno, y sospechan que el coste real es mucho mayor que esos 189 millones.

Para empezar, porque desde la elaboración de esos planos se ha añadido una nueva vía pecuaria en forma de puente que cruza la carretera M-11 –una instalación que han introducido a última hora para evitar que el proyecto se caiga por cortar la Vereda de Los Leñeros– y se han sumado también unos paneles para reducir el ruido, una costosa solución que además los propios organizadores reconocen que es inútil para compensar los más de 100 decibelios que se esperan durante las carreras, pero que necesitan para justificar ante el Ayuntamiento que han tomado medidas para intentar proteger a los vecinos.

Dos nuevas paradas de metro en la puerta del circuito

"Nosotros ya estimábamos unos 300 millones de euros de coste, pero eso era antes de contar con la pasarela de la M-11", afirma Alicia Torija, portavoz de Turismo y Deporte de Más Madrid. Además, subraya que habría que añadir también el precio que tendrá para los madrileños la construcción de la nueva estación de Metro que anunció en julio la Comunidad de Madrid alrededor del circuito. "Si sumamos esto, el proyecto se irá a más de 800 millones. No es dinero directo para levantar el circuito, pero está ligado a la F1", señala la política.

La nueva línea 11 de Metro lleva años proyectada para llegar hasta Valdebebas Norte, pasando por el Aeropuerto de Barajas y haciendo parada en la Ciudad de la Justicia, pero hace dos meses el equipo de Ayuso presentó una ampliación para esa línea en su zona norte, con dos paradas que hasta ahora no estaban proyectadas: IFEMA-Cárcavas y Hospital Isabel Zendal. La primera, explica la propia Comunidad, "dará acceso a la ampliación del recinto ferial, al futuro circuito urbano Madring y al conjunto del área de actividad económica del entorno". La parada Ciudad de la Justicia –esa sí, proyectada desde el inicio de la planificación de la línea 11– también estará ubicada junto a otro de los accesos del circuito.

La diputada de Más Madrid explica que ya han exigido en numerosas ocasiones al Gobierno regional que aclare cuál será el coste final del megaproyecto y qué pasará si no se costea con los patrocinios.

"La respuesta sistemática es que, como es Ifema, no tienen que contestar. Pero se da la paradoja de que sí que es un proyecto lo suficientemente público como para que Ayuso vaya a hacerse la foto", critica Torija. La esperanza que tiene es que, durante la comparecencia que hizo Vicente de los Mozos en julio, el directivo se comprometió, tras la pregunta de Más Madrid, a comparecer en octubre en la Asamblea de Madrid para arrojar luz sobre todas estas cuestiones.

Otra de las preguntas que tienen es cuánto ha costado el dispositivo de seguridad y movilidad derivados de la Fórmula 1. A escasas dos semanas no se ha publicado el plan especial de movilidad ligado al evento, que probablemente cuente con docenas de agentes de policía dedicados a él y refuerzo de metro, bus y tren, ya que se espera que el 80% de los 350.000 asistentes acudan en transporte público.

Una evaluación ambiental simplificada

La Plataforma Ecologista Madrileña es una de las muchas agrupaciones regionales que también están batallando contra la opacidad del Gran Premio. María Ángeles Nieto, una de sus miembros, cuestiona la promesa de que el evento se autofinanciará con publicidad, ya que las obras se han enfrentado a inundaciones durante las tormentas, ha habido retrasos sustanciales y durante los primeros meses se recurrió a trabajar las 24 horas del día para llegar a tiempo, imprevistos que habrán engordado el coste de la infraestructura. 

"Hace unas semanas, Madrid pidió al Gobierno declarar las carreras como acontecimiento de excepcional interés público durante sus 10 años de duración. Imagino que será porque no encuentran financiación", opina la portavoz. Esta figura supone ahorros fiscales sustanciales, en IRPF e impuesto de sociedades, entre otros, para las empresas que publiciten el evento.

Nieto también denuncia que las asociaciones ecologistas y vecinales tampoco tuvieron oportunidad de presentar alegaciones cuando el evento dio sus primeros pasos en 2024. Las consultas previas del plan especial de ordenación y de la construcción del circuito salieron a la vez en pleno verano de 2024, una práctica habitual de las administraciones para reducir la capacidad de los afectados para participar en el proceso, y pilló desprevenidas a las organizaciones, que quedaron enterradas en documentación.

A esto se suma que, a continuación, el plan quedó exento de la evaluación ambiental ordinaria, y solo se sometió a una versión simplificada. "Un proyecto de esa envergadura no se ha sometido a consulta pública. Es todo lamentable", resume.

La oposición a este proyecto no ha llegado solo desde la izquierda, los ecologistas y un grupo de vecinos díscolos, como ha tratado de hacer ver Ifema, sino que en su propio seno ha tenido voces discordantes.

En julio de 2024, la Fundación privada Montemadrid, dedicada a la promoción de eventos sociales, culturales y ambientales, solicitó a Ifema la renuncia a su participación del 7,84% sobre el consorcio de la Feria de Madrid argumentando que "el objeto actual de Ifema, así como las actividades hacia las que se dirige su Plan Estratégico de Negocio, divergen de los fines fundacionales de la Fundación".

Esta ruptura coincide y se atribuye a sus discrepancias acerca de la Fórmula 1. Sin embargo, Montemadrid ha confirmado este viernes a infoLibre que todavía continúa formando parte de Ifema, de manera que el consorcio sigue estando integrado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Montemadrid.

Pasadas las diez de la mañana, Médicos del Mundo inicia su consulta diaria en el polígono ceutí de El Tarajal. Este conjunto de naves pegadas a la valla fronteriza languidece desde 2019, cuando Marruecos cerró las puertas al contrabando de fardos –"comercio informal o atípico", era el eufemismo de entonces– desde la ciudad autónoma a territorio alauí. Desde entonces, los empresarios del lado español de la frontera y los comerciantes marroquíes han visto marchitarse su forma de vida durante décadas. Hoy, solo una decena de establecimientos permanecen abiertos, como una zapatería, tiendas de ropa, bazares o colmados. Los comerciantes que aún quedan creen que ha sido la ausencia de actividad y visitantes lo que ha conducido allí a un millar de personas de las que llegaron a Ceuta a nado o a través del espigón de la frontera los pasados 30 y 31 de julio. Desde entonces familias enteras y jóvenes, entre ellos muchos menores, han montado sus chozas en este recinto.

Tres médicos de la ONG –Carmen, Marcos y Celia– atienden uno por uno a los migrantes que hacen cola junto a la ambulancia que han traído desde Málaga. Las patologías tienen que ver con la falta de higiene. Pequeñas heridas infectadas, infecciones dermatológicas, respiratorias, de los dientes... A Bilal, un joven marroquí de 17 años, una infección le ha provocado que su rodilla derecha se hinche como una pelota. Hasta el punto que los cooperantes, en algún momento, temieron que el problema pudiera derivar en una sepsis, una infección generalizada que a menudo conduce a la muerte. Pero Clara, una enfermera perteneciente a la orden religiosa de las Hijas de la Caridad (con un perfecto dominio del árabe tras haber desarrollado previamente su labor en Libia), aprieta con todas sus fuerzas la inflamación para drenarla ante las lágrimas y las muestras de dolor del joven. Tras ello, otra sanitaria de la misma orden, Mari Carmen, le venda la pierna del tobillo al muslo y se lo lleva en un taxi a la comisaría de policía para que lo filien y así intentar que lo ingresen en un centro en el que su infección no vaya a más.

Que la cantidad de personas que viven en este poblado improvisado, formado por chozas construidas con palés, neumáticos, neveras, sofas viejos, mantas o plásticos, ronda el millar de personas no es algo que se sepa porque las autoridades las hayan filiado o censado. A la cifra, como en toda Ceuta, se llega por el número de comidas repartidas. Cada uno de los que malviven en El Tarajal tiene garantizada una comida al día que proporciona la ONG Luna Blanca. Entre ese asentamiento, los construidos para mujeres por las asociaciones de vecinos de los barrios de Sidi Embarek y El Príncipe y la explanada de Loma Colmenar, un antiguo aparcamiento en el que los militares han levantado tiendas para acoger a irregulares, Luna Blanca reparte cada día 3.000 comidas, según su presidente Mustafa Abdelkader. Mari Carmen, la hija de la caridad que auxilia a Médicos del Mundo, también trabaja con Cruz Roja en el reparto diario de alimentos en la playa del El Trampolín. "Allí entregamos entre 4.000 y 5.000 bolsas con agua, zumo, leche, algo de proteína, que puede ser fiambre o atún, pan, una fruta y algo dulce", explica.

Las cifras que manejan las ONG contrastan con el dato dado en el Congreso este viernes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aseguró que, en Ceuta, tras la salida de la mayor parte de los 72.000 migrantes que entraron en julio, solo quedan 5.000. Porque la suma de las raciones que entregan Cruz Roja y Luna Blanca, el dato que los cooperantes consideran más fiable, alcanza a 8.000 personas viviendo de la caridad, sin contar los ya internados en centros. Existe un baile de cifras entre los datos facilitados por las administraciones y lo que perciben las asociaciones benéficas. El Gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas ofreció al Ejecutivo central espacio para alojar a 11.300 personas, un número que casa más o menos con el que aprecian los cooperantes sobre el terreno, si a él se suman los menores ya acogidos y las personas que pueden procurarse los alimentos por sí mismas.

En cualquier caso, todas las estimaciones de quienes trabajan a pie de calle, basadas en los alimentos distribuidos, supera el dato que Grande-Marlaska facilitó en el Parlamento. En la Cámara, los grupos también preguntaron al ministro por las comidas repartidas y él las cifró en 4.000. "Son los datos que a mí se me pasan y se me pasan por la ministra de Migraciones [Elma Saiz]. Son esos datos y no son otros" sostuvo el responsable de Interior.

Vuelta al Polígono de El Tarajal. Los cientos de porteadores que hasta 2019 entraban cada día aquí para adquirir mercancías y llevárselas a pie hasta Marruecos montaña arriba hace tiempo que desaparecieron. Quedan pocos comerciantes. Como Ibrahim, dueño de un bazar que ya ofrece todo el material de papelería para el inicio del curso y que asegura que, desde la entrada masiva de migrantes, a su solitaria tienda rodeada de chozas solo se acercan los valientes. Que sus clientes de siempre tienen miedo.

En las calles atestadas de barracas, junto a las paredes de las naves, el personal sanitario de Médicos del Mundo trabaja a destajo. No solo ofrecen atención médica y de enfermería, también psicológica. "Nos hemos encontrado con gente que deja de comer, con ataques de ansiedad y de pánico e incluso con trastornos por estrés postraumático que sufren hasta los niños", explica Patricia Ruiz, portavoz de la organización. "Hay que tener en cuenta que toda esta gente atravesó la frontera en un episodio masivo junto al centenar de personas que murieron", continúa. "Y muchos lo presenciaron".

Más allá de la salud mental, los problemas sanitarios que atienden sobrepasan, en ocasiones, lo que es desinfectar una herida, dar unos puntos de sutura o suministrar los medicamentos necesarios para cada patología que aparece. En los casos más graves, los médicos derivan a los migrantes al Hospital Universitario de Ceuta. Allí reciben un tratamiento de urgencias tras el cual, en la mayoría de los casos, vuelven al campamento. En medio de este poblado chabolista ver los documentos de la sanidad pública con sus latiguillos habituales provoca cierto sonrojo. "En caso de necesitar nueva atención deberá acudir a su médico de familia", dice el informe que muestra uno de ellos. Cuando los cooperantes aprecian que la vulnerabilidad médica de una persona obliga a que sea trasladada a un lugar más salubre, tiran de su agenda de contactos con la policía o los funcionarios de sanidad y servicios sociales de la ciudad. Así lo hicieron hace unos días, cuando consiguieron que un niño de 12 años que estaba a cargo de una mujer a punto de dar a luz fuera ingresado en un centro de menores. Lo lograron pidiendo favores.

Alrededor de este consultorio médico gestionado por médicos, psicólogos, enfermeros y las hijas de la caridad, en este polígono de infraviviendas en el que se alojan familias enteras, una cuadrilla de limpiadores vestidos íntegramente de azul suda el calor de finales de agosto barriendo la calle y recogiendo la ropa que algunos jóvenes han dejado fuera de sus chozas. Son los miembros de una subcontrata de Gobierno ceutí que pasa toda la jornada adecentando el terreno. "Estamos agotados, trabajamos todo el día y hacemos lo que podemos, pero tampoco tenemos los medios necesarios para limpiar en profundidad todo esto", explica Nabil Mohamed, uno de los barrenderos, que reclama equipos de protección y productos de limpieza mucho más eficaces que el material con el que cuentan. Poco antes de la hora de comer, la consulta médica de Médicos del Mundo y Cruz Roja en el polígono de El Tarajal se da por concluida. Las ambulancias volverán mañana, como han hecho cada día desde que empezó esta crisis migratoria que este domingo cumple un mes.

“Vengo del futuro, no caigan en la trampa”, dijo (no es literal) la actriz Dolores Fonzi al recoger su premio Goya. Se refería a que venía de un país en donde ya gobernaba la ultraderecha y ya era perceptible el desastre que estaba provocando, el destrozo de las condiciones de vida y de la misma democracia. La advertencia no surtirá efecto y es posible que no haya otro antídoto que tomarse la vacuna, es decir, beber del invento hasta vomitar. Ahora vemos por las redes a antiguos votantes de Milei quejándose de que este ha empeorado las condiciones de vida de los más vulnerables…(?).

El futuro ha llegado a Andalucía, a Valencia y a otros lugares en los que Vox ha entrado en los gobiernos. En un año en el que ya tenemos 30 asesinatos, y en la Comunidad con las cifras más altas de violencia machista, el PP nos muestra su cara más reaccionaria y también lo que nos espera. El futuro ha llegado a Andalucía de la mano de su moderado presidente de la perenne sonrisa, Moreno Bonilla, que ha cedido importantes competencias sobre violencia de género a Vox y, además, ha nombrado a un hombre como responsable del Instituto Andaluz de la Mujer.

El PP pone al frente de la valoración de la violencia machista a quienes la niegan y a quienes quieren derogar las medidas que ayudan a combatirla. Pero, en realidad, Vox lleva años diciendo eso, no engaña a nadie. Lo más reseñable de esta decisión (además de lo que significa para la vida de tantas mujeres) es la inmensa hipocresía del PP en este, como en otros temas, y el nivel de confianza que merecen sus declaraciones a favor de la democracia y los derechos humanos. Más o menos como cuando Milei decía que todo iba a ir mejor.

Resumamos: la violencia contra las mujeres les importa un bledo y siempre les ha importado un bledo, son unos farsantes. Son unos farsantes porque todo lo que ahora están dispuestos a derogar si Vox lo pide, se aprobó con su voto favorable, desde las leyes de Igualdad, a las leyes contra la violencia. También les ocurre lo mismo con las leyes trans o LGTB. Hace poco más de un año el PP estaba firmando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que ahora, como poco, tendría que ser expulsado. Tendría que ser expulsado, en realidad, de cualquier foro en el que se hable de esta violencia de la que ya han dejado claro que es para ellos un comodín que usar según les convenga. En esta lucha en la que todos los partidos hacen muchas cosas mal, en la que parece que nunca se está dispuesto a emplearse a fondo para combatirla, para al menos reducirla, no concibo nada más repugnante que otorgar poderes a Vox. No sólo porque pone directamente en riesgo real vidas humanas, sino porque es una burla a las víctimas. Una burla de una crueldad insoportable. Eso es el futuro. Y ya está aquí.

Este futuro infausto comenzó en EEUU con la victoria de un payaso delincuente como presidente y desde ahí se ha extendido al resto del mundo. Y ya tenemos payasos siniestros al frente de varios países, nadie se libra. Pero en el mismo lugar en el que se comenzó a escribir el peor de los futuros puede estar comenzando a escribirse uno mucho mejor con la victoria de Abdul El-Sayed, Angie Nixon, Peggy Flanagan o Aisha Wahab, un musulmán de origen egipcio, una mujer negra, una nativa americana, una afgana americana, todos jóvenes…

Aunque la situación tiene que ver con un momento concreto de crisis global del neoliberalismo, simbólicamente puede que todo comenzara cuando el mundo decidió mirar para otro lado ante el genocidio palestino. Pero otro futuro puede estar comenzando a escribirse cuando los candidatos dispuestos a llamar genocidio a un genocidio vencen a los candidatos untados de dinero por el lobby sionista; cuando candidatos que se llaman a sí mismos socialistas ya no dan miedo, sino que dicha denominación por el contrario les otorga votos; o cuando candidatos de distintos orígenes vencen en un país que ha hecho del odio al extranjero una marca para exportar a la ultraderecha mundial. La izquierda del partido demócrata, con sus victorias, nos demuestra que la gente corriente se está cansando de que nos cuenten que el genocidio en Palestina es algo que no nos incumbe o que hay que apoyar. La gente corriente se está cansando de machistas, de abusadores, de payasos enloquecidos, de miserables, de ultrarricos. La gente se está cansando de mentiras y comienza a exigir a sus políticos que hagan políticas que mejoren sus vidas, que no culpen a las minorías de lo que sólo tienen la culpa los ultrarricos y los mismos políticos con su inacción. Desde 2016, en EEUU han sido elegidas (o han ganado las primarias del partido demócrata) entre 150 y 200 personas que se pueden considerar cercanas al ala izquierdista de Bernie Sanders.

Estos políticos han cambiado la conversación política en su país y hay mucho que aprender de ellos. No entran en las conversaciones que propone la derecha, esto es: lucha contra el crimen, las personas trans son el diablo, hay que expulsar y tratar con dureza a todos los inmigrantes, las mujeres tienen que tener más hijos, la familia patriarcal es la columna vertebral de cualquier sociedad, Israel es un aliado indiscutible, etc. Por el contrario, prometen cosas como abrir supermercados baratos, escuelas infantiles, congelar los alquileres o sanidad pública. Prometen cosas grandes y pequeñas: más parques, espacios amables, pintar los desconchones del metro, medios de comunicación gratuitos en distintas lenguas… Y, por supuesto, impuestos a la riqueza. No son sólo políticos, son activistas que organizan o ayudan a organizarse a los vecinos y vecinas, a consumidores, a trabajadores. Y no aparecen solo cuando se trata de buscar el voto, sino que antes han tenido capacidad para crear un movimiento a su alrededor. Lo que está pasando en EEUU nos enseña que el futuro aun está en nuestras manos, en todas partes. Las victorias del partido de Mélenchon en algunas alcaldías francesas o el caso de Berlín, por ejemplo, donde una candidata de Die Linke, Elif Eralp, de origen turco, puede ser también la nueva alcaldesa, algo impensable hace muy poco.

Por ahora, y aquí, aprendamos del futuro que nos dibuja Moreno Bonilla con esa sonrisa que ya no tiene nada de amigable, sino que es tan despiadada como las bromas de Ayuso y su gracejo impostado. A Moreno Bonilla no le importan nada las vidas de las mujeres que están en riesgo, como nada le importaron las vidas de aquellas que se sometieron a su cribado de cáncer mal hecho, como no le importan a Ayuso los ancianos muertos en las residencias, ni la desgracia de quienes han sufrido los incendios de este verano. Mientras el fuego se expandía, ella ya estaba pensando en cómo decorar su nuevo ático y quién sabe si la gente se está cansando ya de tener como presidenta a una mentirosa que es un meme en sí misma pero que cada vez hace menos gracia. Quién sabe si el futuro nos enseñará que el Feijóo que firmó el Pacto de Estado contra la violencia de género en febrero de 2025 no puede ser presidente porque ha demostrado que venderá a quien sea y lo que sea con tal de ser presidente. Trabajemos por un futuro en el que los mentirosos paguen por sus mentiras y por sus crueldades, que no les salgan gratis.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Los continuos conflictos políticos que atraviesa este país están afectando a la ciudadanía de forma peligrosa y preocupante. Lo hemos sufrido con todos los graves desastres desde la pandemia del COVID, pasando por la lava destructora del volcán, riadas trágicas de Valencia, incendios que desertizan España... y ahora Ceuta. Se percibe un enfrentamiento, visceral más que racional, entre una oposición en el bloque conservador que se inclina peligrosamente hacia su extremo peligroso, VOX. Es una tendencia mundial que nos debería preocupar, porque el mal de muchos no solo puede ser consuelo de tontos, sino un verdadero desastre. Vuelven los causantes de la última guerra mundial –ahora con un fascismo camuflado en un sionismo que se extiende como nueva fuerza mundial–. Como una película macabra se repite en Gaza, en Ucrania… sin olvidar Iraq, Sudán, Siria, Libia, o más recientemente Irán, Venezuela o Colombia. Todo está interconectado. Las fuerzas del mal anidan con facilidad en las mentes populistas y mediocres que quieren otra vez llevarnos a otro desastre mundial.

Son momentos en los que parece que el subcórtex, el hipotálamo manda. España también sufre una contaminación de esta peste mundial. El miedo, la principal arma del franquismo, aún merodea en el ambiente en este país que teme a realizar verdaderos cambios y no tímidas reformas. Se respira cierto miedo a una oposición conservadora infectada por una ultraderecha envalentonada –otra vez la sombra del fascismo– que arrastra al PP al reino de las tinieblas y ancla de nuevo a España a un pasado oscuro. No hay oposición, ni debate, a un gobierno elegido democráticamente, por el contrario, solo existe el discurso del perdedor que pensaba ganar. Feijóo hizo suyo el cuento de la lechera; el cántaro se rompió y es incapaz de asumirlo. Escogió el mal camino, haciendo suya aquella aberración de que “cuanto peor, mejor”...

En una irresponsable táctica, jaleada por hooligans o súbditos, utiliza a instituciones sagradas en una democracia, como el Senado, los jueces o las autonomías no tanto para construir diálogos u oposición constructiva, sino para derribar al contrario. Las autonomías –proclaman– son de su propiedad, y no de los madrileños, gallegos, castellanos, valencianos, murcianos, extremeños, andaluces o ceutíes. Actúan irresponsablemente como gobiernos opositores al ejecutivo central y no como gestores de sus comunidades. Los volcanes, la gota fría, incendios, la mala gestión sanitaria, o la invasión reciente de Ceuta, es por culpa del gobierno central. Están dando la razón al principal crítico de la Autonomías, VOX, su hijo putativo, que defiende acabar con ellas. Su peligrosa política enfrenta nacionalidades históricas contra autonomías en vez de saber gestionar o prevenir desastres, quizás porque como mediocres gestores gastan más que producen. Predican la unidad de España, pero incitan a que España se separe y se polarice en una eterna situación que lastra a este país.

Enfrentan o desvirtúan instituciones tan importantes como el Senado, que no actúa como cámara de representación precisamente de las autonomías, para convertirlo en cámara de oposición al Gobierno central. En vez de apagar fuegos echan gasolina. Pero atención, son momentos en que los que tienen responsabilidades en la gobernación del país resuelvan problemas y no vayan a remolque de las crisis como está pasando en Ceuta. Estos tiempos exigen políticas audaces e inteligentes para taponar ese ambiente de desastre nacional que vocifera la otra España. Los que portan la bandera del progresismo deberán hacerse autocrítica.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre.

Este domingo 30 de agosto se cumplirá un mes desde que tuviera lugar la marcha sobre Ceuta, y el tema ha sido abordado desde todos los ángulos posibles. No existe información pública sobre qué originó ese ingente y repentino movimiento de personas. Ahora bien, sí sabemos que no fue el resultado de un "efecto llamada" creado por la regularización o por una sentencia del Tribunal Supremo, como intentaron hacernos creer en un principio. Todo apunta a una tensión entre los servicios secretos de España y Marruecos, aderezada con intereses geopolíticos diversos. La política internacional del Gobierno de Pedro Sánchez incomoda en un mundo escorado a la derecha. Esto hace que lo sucedido en Ceuta haya sido recibido con agrado por gobiernos como el de Estados Unidos o el de Israel, así como por algunos de nuestros socios de la Unión Europea. Italia, Finlandia y Dinamarca, en un ejercicio de pura propaganda electoralista para consumo interno, llegaron a exigir la suspensión de España del espacio Schengen, obviando deliberadamente que el enclave africano ni siquiera forma parte de dicha zona de libre circulación, ya que Ceuta cuenta con un régimen fronterizo especial –el control no está al entrar sino al salir hacia la Península, así que no hay libre circulación automática incluso siendo territorio Schengen–. Es la ocasión perfecta para intentar desestabilizar la narrativa inspiradora y esperanzadora que el Ejecutivo ha construido en los dos últimos años para aquellas personas que creen en el progresismo y en la lucha por los derechos universales.

Y en este mes, el Gobierno ha mostrado su peor cara; difícilmente se puede gestionar peor. Ha pasado de ser la punta de lanza del sentido común, liderando la que ha sido la mayor regularización extraordinaria de la historia de nuestro país, a permitir que se debata interna y externamente la devolución masiva de una población vulnerable de la que casi la mitad son menores de edad. Ha abandonado a los habitantes de Ceuta, quienes han dado muestra de un valor y una generosidad excepcionales. Y a su lado, con una falta de escrúpulos y de responsabilidad política indignantes, se sitúa la derecha de este país. Especialmente el PP, que está participando en un juego de extrema gravedad que vulnerabiliza a nuestro país y nos pone en peligro a todas las personas que vivimos en él. Todo esto ocurre ante la mirada confusa de una población que, en general, no sabe qué pensar, incluyendo a sectores progresistas que no dudan en ver cierta justificación en las devoluciones o en el maltrato institucional al que estamos sometiendo a quienes cruzaron la frontera.

Para dimensionar el problema, es fundamental partir de la base de que lo sucedido en Ceuta es una tragedia. Su origen directo no es sustancialmente relevante para hacer frente a la emergencia inmediata. El caso es que ha sucedido; a nadie le gusta lo que ha pasado ni nadie quería que algo así ocurriera, pero está aquí. No nos queda más que gestionar esta tragedia —insisto en el término— del mejor modo posible.

Esto ha dado lugar a una crisis humanitaria. Miles de personas vulnerables se encuentran ahora en una situación crítica dentro de nuestras fronteras. España cuenta con leyes, una estructura de derecho y una Constitución que recoge los valores sobre los que queremos ser gobernados y construir nuestra convivencia política. Aunque no deseábamos este escenario, la realidad nos obliga a gestionarlo de acuerdo con lo que somos: una democracia asentada en los derechos fundamentales.

Somos un país de casi 50 millones de habitantes. La crisis humanitaria de Ceuta implica, en el peor de los casos, a unas 10.000 personas. Podemos perfectamente asumir la acogida de este contingente. Lo que resulta inviable es que Ceuta se haga cargo en solitario, con una población de apenas 80.000 habitantes y una altísima densidad de población que supera los 4.100 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el mismo patrón que observamos con Canarias, a la que se abandonó a su suerte durante meses. Resulta sorprendente que la derecha sea fervientemente nacionalista hasta que llegan las dificultades. En ese punto, el PP es capaz de convertirse en el máximo defensor del regionalismo insolidario, cercando el apoyo a una ciudad gobernada por su propio partido con el único fin de alimentar narrativas antimigratorias, xenófobas y racistas.

Hacernos cargo de una emergencia de este tipo conforme a la ley y a los valores constitucionales es la única forma de responder a lo sucedido y defender nuestro Estado de derecho. Si respondemos a este desafío como lo haría Marruecos, acabaremos mimetizándonos con un régimen autocrático y desigual, donde unos pocos acumulan la riqueza mientras la mayoría social carece de plenas garantías. No nos equivoquemos: todo va de la mano. Sostener una estructura de bienestar colectivo exige esfuerzos, renuncias y firmeza, pero esa misma estructura es la que nos asegura una vida digna, la capacidad de seguir conquistando derechos y la legitimidad de nuestro sistema democrático.

La verdadera vulnerabilidad de España reside en la fractura social y la falta de cohesión. Contamos con recursos magníficos, tanto humanos como materiales, y con una sociedad solidaria que sostiene las mejores previsiones de crecimiento de la eurozona. Debemos sacudirnos el miedo y legislar con valentía, recordando qué valores nos hacen fuertes. Las emergencias y las tragedias seguirán ocurriendo; la diferencia radicará en si las afrontamos desde el repliegue egoísta o desde la dignidad de los derechos humanos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

En Ceuta se encuentran actualmente unos 1.500 menores migrantes que ya están filiados, de los cuales 700 son niñas y hay un claro predominio de los menores de 13 años, según los datos compartidos este jueves por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Son 1.500 menores que ya se encuentran inmersos en los primeros pasos del proceso que debe determinar si su futuro pasa por quedarse en España o volver a su país de origen con sus familias.

Desde el Gobierno indican que su prioridad es que estos menores puedan regresar con sus familias, pero esta no siempre es una posibilidad y para ello hay que estudiar primero si ese retorno es realmente seguro. Para ello se abre un proceso en el que participan la Fiscalía de Menores y diferentes servicios de protección del menor. Este proceso tiene que incluir un informe del país de origen para conocer la situación de su familia y finaliza con una audiencia con el propio menor en la que puede expresar sus preferencias.

“No es algo sencillo”, ha señalado la ministra Rego y, sobre todo, es un proceso largo. Al tener Ceuta tan solo 29 plazas ordinarias para acoger menores, surge la necesidad del traslado de estos niños y niñas a otros territorios, para poder mantenerlos en una situación segura y controlada mientras se llevan a cabo todos los trámites.

Aquí entra en juego el Real Decreto 2/2025, que establece que, en casos de “contingencia migratoria extraordinaria”, como la que está ocurriendo en Ceuta, los menores pueden ser trasladados a centros de otras comunidades autónomas para que asuman la tutela y se pueda reducir la presión sobre el territorio de origen. 

Aunque un poco más ágil, este proceso también requiere de una serie de pasos, como la elaboración de un informe individualizado y la decisión del Ministerio de Infancia sobre qué comunidad autónoma debe acoger al menor, por lo que, en situaciones de extrema gravedad como la actual crisis humanitaria, surge la necesidad de abrir nuevas vías.

La ministra de Infancia ha pedido a las comunidades autónomas “solidaridad” en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves para recurrir a estas nuevas vías que permitirían trasladar a los menores más rápidamente y sacarlos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en Ceuta, además de liberar a la ciudad autónoma de gran parte de la presión que se vive en sus calles. 

A la reunión no han acudido Aragón, Castilla y León y Extremadura. Los tres territorios, en los que las competencias sobre la infancia están en manos de Vox, enviaron una carta indicando que estaban en contra de los 25 millones de euros a Ceuta que se han aprobado y de “cualquier pretensión de reparto” de menores. Añadían que impugnarán judicialmente los traslados que no terminen en un retorno a Marruecos. 

Del resto de comunidades que han acudido, Galicia asegura estar dispuesta a acoger menores, pero reclama que el Estado asuma el coste y que exista una planificación previa. Euskadi también mantiene su disposición a colaborar, aunque reclama conocer antes la situación individual de los menores y recuerda que todavía no ha recibido una petición formal. Navarra se ha ofrecido directamente a acoger menores y ha planteado estudiar convenios bilaterales con Ceuta y acogimientos familiares. Baleares, por su parte, apoyó los fondos pero descarta acoger nuevos menores por falta de capacidad. Castilla-La Mancha advierte de que su sistema está ya sobreocupado y reclama más recursos.

Madrid anunció su participación a la reunión a última hora, pero lo ha hecho rechazando que se aborde el reparto y mantiene que los menores deben ser devueltos con sus familias. Por su parte, la Junta de Extremadura ha pedido celeridad a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para que inicie y resuelva de manera "inmediata" los expedientes individualizados de devolución de los menores migrantes que permanecen en Ceuta, con el fin de no "perjudicar" el interés superior del menor y el de sus padres.

La primera opción son los convenios que puede firmar Ceuta con entidades en defensa de los menores para que sean estas las que los acojan en sus centros por toda España. Esta propuesta lleva ya en el aire más de una semana, desde que el propio ministerio sugirió a Ceuta que podría llevarlo a cabo con un primer grupo de 500 niñas.

Este número lo determinó el ministerio tras hablar con las diferentes asociaciones de menores, que le indicaron que actualmente tienen 500 camas disponibles y se decidió que fueran mayoritariamente niñas, ya que son el grupo más vulnerable. Sin embargo, este es un proceso que solo puede ponerse en marcha desde la ciudad autónoma, ya que en este caso la ciudad autónoma seguiría manteniendo la tutela de estos menores, y por el momento no se ha hecho ningún avance.

En la misma línea, otra de las vías posibles consiste en la firma de acuerdos bilaterales entre Ceuta y otra comunidad para acoger a estos menores de forma solidaria.

En estos casos, es el territorio de origen el que lanza una petición de ayuda al resto de comunidades y estas responden con el número de plazas que pueden ofrecer. Es un proceso más rápido, pero tiene que seguir también una serie de pasos en los que ambos territorios tienen que ponerse de acuerdo en el número de menores que pueden ser trasladados, qué perfiles concretos tienen y siempre se debe contar con la opinión de los propios niños y niñas elegidos.

Por último, existe la posibilidad de que el menor sea acogido por una familia residente en España hasta que finalice todo el proceso. Esto no equivale a una adopción, ya que la familia no se convierte en tutora, sino que simplemente ejerce la guarda cotidiana mientras la Administración mantiene la responsabilidad protectora. El Código Civil obliga a la familia a cuidar, alimentar, educar e integrar al menor en su vida familiar.

Desde el Ministerio de Infancia indican que ya han recibido mensajes de familias que “de manera generosa y unilateral” se han puesto a disposición del Gobierno para acoger a niños y niñas desde distintos puntos de la península. Para que una familia pueda acoger a un menor, tiene que ofrecerse ante los servicios de protección de la comunidad en la que reside y a partir de ahí esta Administración debe comprobar que es una familia adecuada, mediante entrevistas, evaluaciones y la revisión de sus circunstancias personales y del hogar. 

Una vez identificada una posible familia, también hay que contar con la opinión del menor y con su consentimiento. Si la familia reside fuera de Ceuta, ambas administraciones tienen que ponerse de acuerdo para formalizar el acogimiento y organizar el traslado. En estos casos, Ceuta seguiría manteniendo la tutela del menor, pero es la comunidad donde vive la familia la que debe encargarse de su seguimiento. El acogimiento puede ser temporal o permanente y puede finalizar si cambian las circunstancias o si aparece otra solución que resulte más adecuada para el menor.

El Ministerio de Infancia ha estado explorando todas estas vías, pero, como ha explicado la propia ministra, aunque el Ejecutivo central puede prestar apoyo económico, las competencias recaen sobre Ceuta, que es quien tiene la tutela, y el resto de comunidades, por lo que ha pedido un “ejercicio de solidaridad que responda a las competencias que tenemos cada uno de los estamentos del Estado”.

Pasadas las ocho y media de la tarde del miércoles, la manifestación de protesta contra el Gobierno convocada por redes y grupos de WhatsApp por la situación en que la llegada masiva masiva de migrantes procedentes de Marruecos de finales de julio ha sumido a Ceuta comienza a perder el sentido. La segunda marcha espontánea, que ha congregado a centenares de personas, ha llegado a la Plaza de los Reyes, sede de la Delegación del Gobierno, pero la protesta, tras los insistentes gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta", los coros de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y las peticiones de dimisión del delegado del Ejecutivo en la ciudad, empiezan a apagarse. Salvo para un grupo de exaltados que, en ese momento, inicia el primer brote colectivo de carácter xenófobo que se ha vivido en la ciudad autónoma desde el pasado 31 de julio.

Tras chocar con un pequeño contingente de agentes que les impedían el descenso hacia el Paseo de la Marina por la calle Camoens, los cabecillas de esta marcha bajan por la calle Millán Astray al grito de "Sí, sí, sí, nos vamos al Trampolín", en referencia a la playa en la que se encuentra el principal campamento improvisado en el que se refugian cientos de migrantes alojados en chamizos construidos por ellos mismos. Momentos antes, se ha producido el primer incidente violento de la protesta, cuando los antidisturbios han tenido que sacar casi en volandas de la marcha a un equipo de TVE que hacía su trabajo. Tras llegar a la plaza de la Constitución, el coro de manifestantes enfila hacia el oeste increpando y agrediendo a cualquier joven de aspecto magrebí que no sepa hablar español.

El primer incidente se produce en céntrica plaza de África. Un hombre de pelo y barba pelirroja con una camiseta de color morado detiene a un adolescente en bermudas, y chanclas tirándole de la camiseta. "¿Eres español? A ver, enséñame tu DNI". Cuando ve que el chico no entiende nada de lo que le están diciendo le propina una patada en la espalda con todas sus fuerzas. El adolescente, musita algo en árabe y huye del lugar a toda prisa. Aterrorizado. La agresión pasa inadvertida para los policías que controlan, todavía con cierta laxitud, la protesta. Pero muchos manifestantes comienzan a retirarse tras contemplar la escena. El agresor se justifica: "Perdonadme, es que no aguanto más después de veintitantos días y no he podido controlarme".

Estamos en la N-354, la carretera que une Ceuta con la pedanía de Benzú por el noroeste de la ciudad artravesando toda la costa norte. Tras pasar las murallas reales, el baluarte situado en la parte más estrecha de la población, varias furgonetas antidisturbios comienzan a tomar posiciones al frente de la manifestación. Decenas de agentes encauzan la marcha –que ya ha pasado de varios miles de personas a unos cientos– mientras los vehículos policiales la encabezan cortando el tráfico a su paso. Durante el trayecto se producen varios intentos de ataque contra jóvenes migrantes que permanecen en los parques o salen de los supermercados. Los chicos corren a toda velocidad en dirección al Trampolín cuando comienzan a ser perseguidos o increpados. Despavoridos. Los agentes les animan a hacerlo advirtiéndoles del peligro que corren. A mitad de recorrido, un grupo de regulares –los soldados ceutíes tocados con el característico fez rojo– aplaude a los exaltados desde la acera.

El grupo ya ha llegado ya a la playa Benítez, la anterior a la del Trampolín, la que los extranjeros han elegido para instalarse. Mientras los agentes contienen a los violentos en el paseo marítimo, decenas de chavales corren muertos de miedo por el arenal con sus bolsas de comida. "¡Vete a tu país, guarro! ¡Vete a tu país, perro!", le grita un encapuchado a un adolescente con aspecto de tener unos 15 años. Otros les llaman "violadores" o les tiran latas, botellas o lo que tengan a mano mientras huyen a la carrera. "¡Invasores, hijos de puta!", grita el grupo, cada vez más desatado.

Cuando solo quedan unos centenares de metros del Trampolín, donde se encuentra la primera zona de chamizos construidos con telas y cartones por los migrantes para guarecerse, los antidisturbios deciden emplearse a fondo para acabar con la amenaza que supone esta marcha y cargan con disparos de pelotas de goma y con sus escudos y sus porras. Se desata el nerviosismo. Los agentes también apuntan hacia los chicos que ocupan las chabolas de la zona para provocar que escapen a toda prisa y se pongan a salvo de sus potenciales agresores. "Hacia este lado no, hacia ellos", reacciona uno de los integrantes de la protesta. "Tenéis cojones de disparar a un español pero a un inmigrante, no", les lanza una mujer. "Que los malos son ellos", añade.

El momento de mayor tensión se produce cuando varios exaltados consiguen saltarse el cordón policial, acceden a la playa y destruyen dos de los chambaos improvisados por los migrantes con sombrillas de playa. Intentan, incluso, destrozar una ducha de playa para que no la puedan usar. Desde el paseo, el resto les aplaude y les jalea envalentonado. "Pegadle fuego a todo", les reclaman unos. Otros les recomiendan a gritos que tengan precaución: "¡Mucho cuidado, a ver si os vais a pillar la sarna!". Al fondo, junto a la tapia de la desaladora que separa la playa Benítez de la del Trampolín, los cientos de los chavales que han huido hasta allí contemplan la escena.

Pasadas las diez de la noche, esta caza al marroquí, de la que ya solo forman parte varias decenas de alborotadores, está a punto de terminar. Los antidisturbios empiezan a empujar a los pocos manifestantes que quedan de vuelta hacia el centro de Ceuta. Uno, con un pasamontañas y una camiseta del equipo local, intenta seguir hacia el campamento de migrantes. Un policía mucho más alto que él lo frena en seco y le dice: "Mira chaval, puedo comprender tu rabia, pero deja de hacer el tonto, que si te dejo hacer lo que quieres te vas a joder la vida". Poco a poco, los pocos que quedan retroceden y la agresividad se diluye. Termina una protesta violenta que, sin el trabajo policial, con toda probabilidad, habría acabado en desgracia.

Hace 50 años, el 11 de agosto de 1976, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno desde el mes anterior, se reunió con Felipe González, secretario general del PSOE. Aquel encuentro (uno entre los muchos de aquel hervidero de relaciones entre contrarios) muestra la importancia de la iniciativa política para marcar el curso de los acontecimientos o ser arrastrados por la corriente. Sobre todo en las situaciones críticas, en los tiempos convulsos e inciertos, cuando el liderazgo se mide por la capacidad de dirigir las filas propias e influir en las ajenas.

Aquellos lo eran.

El régimen franquista había perdido la iniciativa desde 1973, cuando la crisis económica agudizó su descomposición política. El año 1975 evidenció que su pervivencia solo podría imponerse a través de la represión, el control de la calle y la violencia.

La sucesión en la jefatura del Estado —de un dictador a un rey, en una España que no se sentía monárquica— era un problema y también una oportunidad, no resolubles en un acto.

El primer Gobierno de Juan Carlos I (un intento de retomar la iniciativa perdida) había sido tumbado; pero el rey seguía siendo el único pivote sobre el que intentar agrupar a las diversas familias del régimen.

Juan Carlos I, esta vez a través de Suárez, tenía que intentar de nuevo tomar la iniciativa.

Era más difícil que en diciembre de 1975.

Ahora, enfrente, había una alternativa pacífica en ciernes: la lábil alianza plasmada en Coordinación Democrática (CD), resultante de la fusión a comienzos de abril entre la Junta (debida a la iniciativa del PCE en 1974) y la PCD (debida a la iniciativa del PSOE, en 1975).

Además, a Suárez, presidente desde el 3 de julio, no se le dio tregua alguna. La iniciativa cívica de movilizaciones en la “Semana por la Amnistía” (del 5 al 11 de julio) exigía una que fuera completa; cuya conquista conllevaría, de hecho, el ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y asociación.

Consecuencia de aquello fue el Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre Amnistía. Sus preceptos legales no contenían la exigida por las movilizaciones, aunque su preámbulo presentaba a la corona como símbolo de reconciliación; y las medidas de gracia como una muestra de que España se dirigía “a una plena normalidad democrática”.

Coordinación Democrática valoró ese real decreto-ley en su comunicado del 7 de agosto, destacando que “a pesar de sus limitaciones, algunas graves, es un hecho importante en el camino a la distensión política nacional”; después señalaba que el éxito cuantitativo de las movilizaciones, su actitud pacífica, el apoyo mayoritario de la prensa, de la Iglesia y de la opinión internacional habían sido los factores “determinantes para que este Gobierno, a diferencia del anterior, y a pesar de algunas resistencias internas, haya asumido la importancia política de esta reclamación popular, aunque sin llevarla a sus plenas consecuencias”. Finalmente, CD se atribuía “la autoridad que le confería ser la expresión de las fuerzas democráticas mayoritarias en el Estado”, anunciaba la continuidad de la movilización por la amnistía total y por la libertad para todos los partidos políticos sin exclusiones, e invitaba a los organismos unitarios de nacionalidades y regiones, a hacer efectiva su articulación.

Esa era la coyuntura en que se produjo el encuentro del 11 de agosto entre el presidente y el líder de un partido, tolerado en precario, pero aún ilegal.

Antes, a finales de julio, había habido otro, que no se dio a luz pública. Una entrevista, realizada en la sede oficial de la presidencia del Gobierno, que necesitaba tener un sentido justificado. El real decreto-ley y el comunicado citados se lo daban.

Suárez no era el líder de ninguna de las familias del Régimen. Era el hombre del Rey y de su preceptor, Torcuato Fernández Miranda, franquista desde la sublevación militar; este, en su toma de posesión de la presidencia de las Cortes, discurseó: “Me siento absolutamente responsable de todo mi pasado. Soy fiel a él. Pero no me ata, porque el servicio a la patria y al rey es una empresa de futuro. La clave de mi comportamiento será servir a España en la persona del rey”.

Servir al rey sin atarse al pasado: ese era el eje de la estrategia. Todo lo que hacen Suárez y su Gobierno solo cuenta, en principio, con la fuerza de ese origen y esa vocación. Ni siquiera dispone aún de la Ley para la Reforma Política que le dé la iniciativa legal y vis atractiva para reagrupar filas y marcar curso.

González es el secretario general de un PSOE que solo ha empezado a remontar el vuelo desde Suresnes, 1974. Allí se ha roto el veto a mantener relaciones con el PCE porque desde esa posición no puede disputarle la hegemonía, alcanzada por este en el largo movimiento general contra la dictadura; ni tampoco reagrupar a los socialistas dispersos en numerosos embriones de partido que aspiran a federarse al margen del PSOE. La iniciativa de formar la PCD, con demócratas-cristianos y liberales (base política plural que sustenta la CEE) incorpora a ORT y al MCE, que han roto el monopolio de representación política de la clase obrera movilizada, que se venía arrogando en exclusiva El Partido. Finalmente, ante la creciente movilización obrera y cívica, González se aviene a la fusión de JDE y PCD (donde se encuentra con el PCE) que surge como un factor de presión sobre el Gobierno y como un embrión de posible alternativa.

Suárez, para ganar iniciativa, tiene que empezar malogrando el desarrollo de ese embrión, consiguiendo que las evidentes diferencias políticas entre sus integrantes les lleven a una respuesta distinta ante las acciones de su Gobierno. También necesita mostrar que, aunque la monarquía se va a mantener, de todas todas habrá elecciones que no serán las de la “democracia orgánica" del Régimen sino las de una democracia liberal que dé cabida en su representatividad no solo a sus familias políticas y a su base sociológica. Unas elecciones tales pueden ser el espacio sobre el que proyectar la iniciativa de Suárez y la de González.

Porque el PSOE también necesita elecciones. Su partido lo fue de Gobierno en la II República y tiene que mostrar que va a serlo en la democracia por llegar. Pero aún no tiene la hegemonía en las izquierdas, en las bases sociales que las sustentan. Unas elecciones en que pueda contender es el camino más factible a su alcance para conseguirla; y a partir de ahí, pugnar por la hegemonía en España. Para ello necesita que esa hegemonía en la izquierda se la otorgue la voluntad de esas bases, expresada en votos libres, no la condescendencia, el “favor” del poder establecido en unas elecciones con resultados “prefabricados” como se hacía en la restauración canovista. Fraga antes —siendo vicepresidente y ministro de Gobernación— ya se lo ofreció a González —sin éxito— en la entrevista, si no secreta sí algo más que discreta.

De la reunión del 11 de agosto no consta ningún acuerdo concreto.

Nos queda el escueto y ambiguo comunicado de la secretaría de prensa del PSOE: discrepamos del método para llegar a la democracia, mantendremos el diálogo. El comportamiento que González tuvo a partir de aquel encuentro lo esclarecen mejor las palabras que mucho más tarde dijo en un acto conmemorativo de Suárez, 2024, décimo aniversario de su fallecimiento: “Esperaba encontrarme con un hombre del aparato franquista y descubrí un político decidido a cambiar el sistema. Me sorprendió”.

De aquella reunión se ha contado con verosimilitud que Suárez le preguntó sobre la actitud del PSOE ante unas elecciones sin legalización previa del PCE. Así que, en aquella entrevista, hubo un convidado de piedra, Santiago Carrillo, que desde febrero de 1976 había concentrado la actividad de su partido en conseguir su legalización, visto que la de los partidos a su derecha, incluido el PSOE, parecía prácticamente cantada, mientras la del suyo era una línea roja infranqueable, sin torcer antes la voluntad del generalato franco-juancarlista y todo lo más una promesa de futuro a la que, por corto que fuera el plazo, contestaba “para largo me lo fiáis”. Ese zorro no iba a retirarse del empeño diciéndose que las uvas de su legalización “no están maduras”.

Es verosímil que la respuesta de González, maestro de la ambigüedad calculada, hiciera depender su actitud de las circunstancias venideras.

En síntesis: ambos, Suárez y González, no tenían aún una capacidad de iniciativa propia que pudiera marcar decisivamente el curso de los acontecimientos, pero junto a la clara voluntad de desplegarla veían la oportunidad de aumentarla confluyendo progresivamente. Uno para lograr convocar unas elecciones que ganara el partido del gobierno, aún por formar. El otro para ganar la hegemonía en el seno de la izquierda en esas elecciones, requisito imprescindible para lograr después la hegemonía en España. Sus respectivas capacidades de iniciativa no eran contrarias; incluso puede decirse que se interaccionaban positivamente. El peso, la responsabilidad principal, la asumía el presidente del Gobierno y González la aceptaba, chupaba rueda, siempre que pudiera justificar que se avanzaba en la conquista de “parcelas de libertad”. Cuando llegaran las elecciones podría decirle a millones de votantes: "La libertad está en tus manos”. Sería su lema.

De casi todo hace 50 años. Fue el tiempo de la Transición política, referente histórico de nuestra actual democracia. Los líderes de hoy pueden sacar lecciones de ese pasado que tanto invocan; y que aunque es tan diferente al actual, cursaba también marcado por el signo de la confrontación, incluso con sangre en las calles y torturas en las comisarías.

Le planteo al lector: ¿Es necesaria (para la distensión política) y posible una entrevista en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y el líder del partido mayoritario en el Congreso y el Senado en el comienzo de este curso político —que será el último, y breve, de la presente legislatura—?

La necesidad me parece evidente. Se puede expresar con las dos palabras que han marcado este verano: incendios y Ceuta. Mientras el Senado (supuesta cámara territorial) se ha convertido en el flagelo de Sánchez con comisiones de investigación que no descubren ni el Mediterráneo, más de 290.000 hectáreas quemadas por fuegos que las Comunidades Autónomas tendrían que prevenir y extinguir, con la colaboración del Gobierno de España, dado que la crisis climática está agravando todas las dificultades para hacerles frente. En Ceuta, Trump y Netanyahu juegan sucio contra España contando con la colaboración de Marruecos, ¿socio fiable? En todo caso, vecino inevitable. Un verano más largo y tórrido volverá el próximo año y Marruecos y Ceuta seguirán también ahí tras las próximas elecciones.

Además, hay una creciente preocupación ciudadana —aunque sofocada en las redes— que demanda mayor colaboración entre el PP y el PSOE, entre el Gobierno y la oposición.

Sin embargo la posibilidad de ese eventual encuentro parece negada por algunas evidencias.

Feijóo llegó a la presidencia del PP con aires de moderación, pero se ha ido entrelazando cada vez más en la estrategia de deslegitimación de Sánchez, que nació de la iniciativa de Vox.

¿Va a renunciar a esa estrategia cuando tantas encuestas le dicen que junto a Vox contará con mayoría absoluta tras las ya próximas elecciones? ¿Ahora cuando los escándalos de corrupción que afectan al PSOE dan cobertura a esa estrategia radicalmente deslegitimadora? ¿Se atreverá siquiera a ir a Moncloa, temiendo perder votos ante Vox?

Sin embargo, hay un factor que debiera hacerle pensar. Su pérdida de iniciativa ante este partido es cada vez mayor. En su intento de investidura apeló a la Transición (“lo mejor que hicimos, fue porque lo hicimos juntos”), se mostró pactista con el PSOE (“no vengo como líder de ningún bloque “, "iniciemos un diálogo esta tarde... Lo haré desde el Gobierno o la oposición") y afirmó que por sus 33 votos Vox “no exige estar en el Gobierno”. Fallido su intento de investidura, en la de Sánchez dijo “nace de un fraude”, a cuenta de la Amnistía, una medida de distensión política en Cataluña convertida en causa de confrontación en toda España y de distorsión en las relaciones entre los poderes del Estado.

Ahora, ante el proceso electoral que se avecina, dirá lo que quiera pero sabe que Vox no solo le podrá exigir formar parte de ese gobierno, sino que, a instancias del amigo americano, le empujará en la escalada de tensión geopolítica en la que se degradan las democracias europeas.

¿Y Sánchez?

Su ya larga permanencia en el gobierno ha tenido que enfrentarse con situaciones gravísimas (pandemia, guerra en Ucrania y creciente dinámica belicista, Gaza, Irán...). Crisis que demandaban una estrategia de ampliar la gobernabilidad, implicando a la oposición en una colaboración sin incluirse en el Gobierno ni declinar su control al mismo.

Sánchez no quiso, no supo o no pudo. Por eso en las elecciones de julio de 2023 perdió la hegemonía electoral ante el PP. A pesar de lo cual desplegó una iniciativa para volver a formar gobierno mediante una amnistía que era posible y conveniente, aunque negada antes. El modo en que ganó la investidura creaba una base inestable que amenazaba desde su inicio con una progresiva pérdida de iniciativa transformadora, pues el “bloque de la investidura” ni existía ni se haría a lo largo de la investidura.

Así ha ocurrido: aunque un Gobierno y su presidente siempre conservan reductos de capacidad de iniciativa, creando circunstancias, episodios que puedan ser punto de inflexión en la posición de los otros en el curso de los acontecimientos.

¿Llamará Sánchez a La Moncloa a Feijóo para hablar en serio ya que tan difícil resulta hacerlo en el Congreso? Ahora podría interpretarse como un gesto de debilidad, pero también puede ser interpretado como gesto de responsabilidad.

La cuestión a la que ambos se enfrentan es la de si saben descubrir un espacio común para aumentar su capacidad de iniciativa.

No es imaginable ni necesario que de esa eventual reunión surgieran acuerdos concretos. Bastaría con que comenzara a cambiar dos diagnósticos: uno falso (vivimos bajo la dictadura sanchista); y otro erróneo (tenemos una democracia plena que funciona). Si se produjera en ella habría un convidado de piedra: Abascal.

Ayer la disyuntiva era si el curso de los acontecimientos llevaría a la conquista de la democracia o se descontrolaría hasta la violencia del ¡pártalo Dios! Hoy es si nos lleva a una degradación incontrolable de la democracia existente en un escenario geopolítico de guerras.

Quizá ante esa disyuntiva pudieran encontrar ambos un espacio común en el que cada cual podría recuperar su propia iniciativa. No parece posible ese hallazgo si no hablan en serio en la sede oficial de la presidencia.

Tantas veces se ha invocado, venga a cuento o no venga a cuento, "el pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”, que también podría acabar este artículo con esa tesis gramsiana.

Prefiero hoy la frase final del prólogo de urgencia del último libro, La vacuna contra la estupidez, de José Antonio Marina: “El pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece”.

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José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).

“Yo planteo que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública”. La última ocurrencia de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP que aspira a presidir España a partir de la próxima primavera con el apoyo de la ultraderecha de Vox, fue tan alarmista para la población de Ceuta que, a las pocas horas, se vio obligado a precisar que se refería a los migrantes enfermos.

A pesar de lo cual, a la vista de su confusión terminológica entre “confinamiento” y “aislamiento”, tuvo que ser corregido por los especialistas en salud pública, porque las directrices tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y del Ministerio de Sanidad no dejan lugar a dudas: la sarna, la tuberculosis o la gastroenteritis no suponen motivo para confinar a la población. Ni en Ceuta ni en Madrid. No es un tema que a Feijóo le sea del todo ajeno; fue presidente del antiguo Insalud durante cuatro años.

Lo ocurrido, no obstante, ha vuelto a alimentar las dudas sobre la competencia de Feijóo como aspirante a la Presidencia. Sus inconsistencias a la hora de interpretar estadísticas y leyes, tanto si son el producto de una preparación deficiente como de un intento deliberado de manipular la realidad y difundir bulos, se han hecho recurrentes. Y eso que su equipo lleva cuatro años, desde su llegada a la dirección del PP, protegiéndole de la exposición a entrevistas incómodas.

Hace pocos días, también con ocasión de la llegada irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos —la mayor parte de las cuales regresó apenas unas horas después—, Feijóo volvió a ponerse en evidencia al exigir al Gobierno el incumplimiento de la Ley de Protección del Menor. Proponía expulsar sin más trámite a todos los que habían cruzado la frontera, aunque careciesen de tutor legal y no alcanzasen los 18 años, algo contrario a la legislación española.

Para justificarse, llegó a argumentar que la citada ley no es de aplicación a lo que ha sucedido en Ceuta porque, según él, se trató de una “invasión”, no de una llegada masiva de migrantes irregulares, haciendo así suyo el término con el que la ultraderecha trata de retratar en toda Europa la llegada de extranjeros como una operación organizada. De nuevo, la terminología no es casual: invasión remite a una acción hostil, organizada y con un sentido político o bélico.

El líder del PP recurre a menudo a palabras que tratan de situar el debate en términos de excepcionalidad, ya se trate del confinamiento, que en el imaginario colectivo remite a la covid; de la invasión, que señala a los migrantes como enemigos; o del riesgo sanitario, que intenta instalar el miedo entre la población. No parece importarle que nada de eso se corresponda con la realidad.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Feijóo exhibe, deliberadamente o no, su desconocimiento de los hechos o una formación jurídica deficiente. En su primer cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado, poco después de dejar Galicia para sustituir a Pablo Casado, reveló sus lagunas en materia económica al confundir la prima de riesgo y los tipos de interés.

La cuestión es que, más allá de algunas sonadas meteduras de pata —como la que le llevó a decir que la obra maestra de Orwell se había publicado en 1984— o de su resistencia a aprender inglés —una herramienta imprescindible en política exterior—, se acumulan los ejemplos que cuestionan su preparación como candidato a la Presidencia del Gobierno.

El pasado mes de julio, el líder del PP declaró la guerra a las bajas laborales en un acto con empresarios en el que confundió esta situación, causada por una enfermedad y sometida a control médico, con el absentismo laboral, la decisión de un trabajador de no acudir a su puesto de forma injustificada. Todo ello para anunciar que, cuando sea presidente, se propone ponerle coto, con o sin acuerdo con los sindicatos.

Unos días antes, movilizó a su partido en contra de la llamada Ley de Nietos, que reconoce la nacionalidad a los descendientes de españoles, con el argumento de que suponía un ejercicio de “ingeniería electoral” con el que el Gobierno trataba de “fabricar nuevos votantes”. Enfrentado a la realidad, poco después se vio forzado a recular, a la vista de que él mismo había defendido la ley en el pasado.

Las elecciones son, en todo caso, una de sus obsesiones. En febrero llegó a decir que el proceso de regularización de inmigrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo “comprar votos en el futuro”, aunque la obtención de papeles no conlleve el derecho de sufragio. En 2023, justo antes de las elecciones en las que fracasó en su primer intento de llegar a la Moncloa, llegó a sugerir que el Gobierno pretendía llevar a cabo un pucherazo a través del voto por correo, asegurando que a Sánchez le gustaba “el fraude”.

El que fuera presidente de Galicia durante 13 años se presenta a menudo como experto en incendios. Lo hace para sostener afirmaciones sin pruebas, como que la mayor parte de los incendios son el resultado de lo que durante mucho tiempo llamó “terrorismo incendiario”, algo que contradicen los datos de la Fiscalía y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O para afirmar, en contra de toda evidencia, que el Gobierno llegó tarde a las tareas de vigilancia y prevención de los montes ante los incendios de 2025 en Galicia y Castilla y León, cuando él sabe —o tendría que saber— que se trata de una competencia autonómica. Y que, por tanto, si alguien llegó tarde, fueron los gobiernos autonómicos de su partido.

Las estadísticas tampoco se le dan bien. En un programa de Antena 3 llegó a decir, el pasado junio, que en España había 500.000 extranjeros cobrando el ingreso mínimo vital, cuando en realidad, esta prestación la recibían 862.959 personas, de las que apenas 150.679 procedían de otros países. En otra ocasión, unos días antes, proclamó ante empresarios catalanes que durante el mandato de Sánchez se habían incorporado cuatro millones de nuevos ciudadanos extranjeros, a los que el presidente del Gobierno pretendía sumar otros 1,3 millones mediante la regularización. En realidad, el censo de extranjeros ha crecido en 2,7 millones en total desde julio de 2018.

El pasado 30 de julio, unas 70.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos y entraron en Ceuta. Han pasado tres semanas y, aunque el número de migrantes ha disminuido —las últimas estimaciones hablan de 5.000 personas migrantes aún en la ciudad— todavía se está “muy lejos” de restablecer la normalidad, según ha descrito este mismo lunes el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

¿Se podría haber evitado esta crisis? ¿Se está trabajando lo suficiente para que la ciudad pueda volver a la normalidad? ¿Cuántos migrantes quedan realmente y cuál va a ser su futuro? Son algunas de las dudas que todavía quedan y que, a partir de este martes y hasta el lunes que viene, se espera que puedan ser respondidas por los ocho ministros que van a comparecer en sus respectivas comisiones en el Congreso de los Diputados.

La primera gran pregunta que queda por resolver es si esta entrada masiva se podría haber evitado, por lo que es importante conocer la información que manejaba el Gobierno antes del 30 de julio y qué acciones se llevaron a cabo. La primera ministra que tendrá que responder a esta cuestión es Margarita Robles, titular de Defensa, que este martes abre el turno de palabra.

En una comparecencia pública ante los medios, la ministra ya eludió la pregunta de si el CNI, dependiente de Defensa, había alertado al Ministerio del Interior. Se limitó a destacar el “trabajo excepcional” de sus profesionales, por lo que los diputados aprovecharán para pedir más explicaciones.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podrá arrojar más luz sobre esta cuestión en su comparecencia del viernes, concretamente sobre qué coordinación policial existió con las autoridades marroquíes antes, durante y después de la crisis, qué información recibió España y qué compromisos se han alcanzado para evitar una nueva entrada masiva.

Otro de los puntos en los que se centrarán los interrogatorios de ambos ministros, es en el papel que tuvo Marruecos. Desde el Gobierno no han querido hacer alusiones directas al país vecino, indicando que detrás de la llegada masiva estarían las mafias de migrantes y un llamamiento masivo en redes. Robles ha sido la única que se ha salido un poco de este molde y el pasado 3 de agosto reclamó a las autoridades marroquíes que “investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes” y consideró imperativo que “quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades”.

Otros ministros como Marlaska, Albares o Elma Saiz este mismo martes han defendido que Marruecos sigue siendo un “socio fiable y leal”, indicando que tuvo una “disposición de colaboración” desde el primer momento.

Sin embargo, quién más podrá responder sobre este tema, es el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha mantenido una comunicación constante con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. El Gobierno sostiene que Marruecos no actuó de forma hostil ni está detrás de la entrada masiva, por lo que la aclaración de en qué información se basa esa conclusión será una de las cuestiones centrales.

Otro punto relevante es lo ocurrido entre el 30 de julio y el 15 de agosto, día en el que se esperaba una segunda entrada masiva que nunca se llevó a cabo, principalmente porque Marruecos desplegó a sus fuerzas de seguridad y controló los accesos. Las preguntas estarán enfocadas en qué cambió entre ambas fechas en la relación con las autoridades marroquíes.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tendrá que responder el jueves sobre las gestiones y contactos con su homólogo marroquí. Será preguntado sobre si ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los muertos, si existe una relación de desaparecidos y quién coordina jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.

El titular de Justicia deberá responder también a la petición del Consejo General del Poder Judicial para reforzar el servicio de guardia y la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer de Ceuta, cuestión que ha abordado este lunes en una carta en la que indica que “tiene todo preparado” para cuando se le dé traslado de la solicitud del Tribunal de Instancia de Ceuta.

Otra de las grandes preocupaciones en Ceuta tiene que ver con la respuesta sanitaria que se ha dado a la crisis. En la Comisión de Sanidad del jueves, la ministra de Sanidad tendrá la oportunidad de confrontar su versión con la de la oposición, en la que el PP ya ha pedido la dimisión de la ministra por lo que describen como un “colapso sanitario”.

El PP ha reprochado que García no ha reforzado las plantillas pese a las advertencias de los médicos que se encuentran en Ceuta y Elías Bendodo llegó a cifrar el único refuerzo por parte del Ejecutivo en “dos médicos y dos enfermeros”.

El Ministerio respondió negando esta situación y explicando que los hospitales, tanto urgencias como atención primaria, han funcionado dentro de los niveles de “normalidad”. García añadió que se ha agilizado la contratación de hasta 60 nuevos sanitarios y reforzado las plantillas de urgencias en torno a un 17% más. Sin embargo, los sindicatos de médicos alegan que el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra al 125% respecto a la capacidad estival habitual y que solo el 25% lo ocupan migrantes.

El foco se pondrá también sobre la aparición de enfermedades contagiosas. El debate se ha agravado este fin de semana con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo reclamando al Gobierno que estudie confinar a las personas portadoras de enfermedades infectocontagiosas por el riesgo de tuberculosis, sarna, varicela o gastroenteritis. 

La propia ministra le respondió que un confinamiento “es injustificado y totalmente desmesurado” y que, por el momento, solo se han confirmado tres casos de tuberculosis, dos de ellos no contagiosos, tres sospechosos de varicela, de los cuales dos no tienen que ver con la población migrante, y 450 casos de gastroenteritis, ya controlados y relacionados con el consumo de agua contaminada.

Sin embargo, la gran duda tiene que ver con la situación actual de los migrantes en Ceuta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado cuatro espacios temporales con una capacidad inicial de 1.500 plazas y posteriormente ha elevado a 1.800 las plazas disponibles, con organizaciones como Accem y Cruz Roja encargándose de gran parte de la atención.

Incluso con estos cambios, sigue habiendo personas que duermen en playas y espacios públicos y se han conocido casos de migrantes que pagan hasta 500 euros semanales por dormir en trasteros. La ministra de Migraciones, Elma Saiz tendrá que explicar si la capacidad de acogida es suficiente y qué medidas se están tomando para garantizar unas condiciones dignas de alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria.

Otra de las grandes incógnitas que podrá resolver en su comparecencia del viernes es cuántas personas quedan realmente en Ceuta y cuál será el futuro de cada una: cuántos serán acogidos, cuántos podrán pedir asilo, qué ocurrirá con los menores y cuántos serán devueltos a Marruecos, así como los plazos y las condiciones para hacerlo.

Los menores son otro de los puntos calientes, ya que según los últimos datos del Gobierno, hay actualmente 2.500 en la ciudad autónoma, que no pueden ser deportados de forma masiva debido al artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece que cada caso se tiene que estudiar de forma individualizada.

Ante el desbordamiento, el Ministerio de Infancia anunció que está estudiando trasladar a 500 niñas a centros de asociaciones de infancia de la Península para aliviar la presión en Ceuta. Sin embargo, el plan sigue en el aire. Fuentes de esta cartera indican que su participación es únicamente de apoyo, por lo que tiene que ser Ceuta la que firme los convenios con las entidades y, por el momento, no hay ningún avance.

La cifra de 500 responde a la información recibida de las asociaciones sobre las plazas libres y se decidió que fueran niñas por ser el grupo más vulnerable. Pero es la propia ciudad autónoma la que debe decidir qué menores concretos se beneficiarían de estos traslados urgentes. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, deberá explicar el lunes los avances de este plan y qué se puede hacer con todos los menores que se encuentran en Ceuta.

Ese mismo día, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, podrá añadir una nueva capa a la situación de las mujeres y niñas que llegaron a Ceuta. Desde Igualdad indican que desde el 30 de julio no han recibido “ninguna” llamada al 016 relacionada con la crisis de Ceuta, pero desde los juzgados hablan de hasta 13 denuncias formalizadas por agresión sexual, por lo que Redondo tendrá que responder sobre esta realidad.

De esta manera, en una semana y tras el paso de ocho ministros del Gobierno por el Congreso, se espera poder tener información más amplía y concreta sobre la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta desde su origen y el futuro que espera a la ciudad autónoma y a las personas migrantes.

"No sé si perjudicará a la imagen y la reputación del CIS que yo sea presidente", esa duda expresaba José Félix Tezanos el 9 de julio de 2018, solo unos días después de haber sido nombrado presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por parte del primer Gobierno de Pedro Sánchez. E iba más allá contestando a quiénes habían sido críticos con su nombramiento: "No sé si es malo que un socialista sea presidente del CIS. ¿Que un comunista fuera presidente del CIS también sería malo? ¿Y un judío también sería malo? ¿O un gitano?".

Las declaraciones —cuanto menos, polémicas— coparon los medios, algo que posteriormente ha seguido sucediendo durante sus ya algo más de ocho años de mandato. El mismo día que pronunció esas palabras renunció al puesto que ocupaba en la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Que se nombrara como presidente del CIS a un miembro de la dirección del PSOE fue la principal crítica de quiénes no entendieron la designación de Tezanos para el puesto.

Tezanos, en su defensa, aseguró que "nadie puede ser juzgado por sus ideas, sino por su trabajo" y prometió que "lo que no va a cambiar en el CIS es su rigor y profesionalidad". "Mientras yo sea presidente, garantizo que nunca se va a falsificar ni manipular ningún dato", remachó.

Ocho años después de esas declaraciones se ha convertido en la persona que ha ocupado durante más tiempo la presidencia del CIS. Hasta ahora nadie había alcanzado ese número de ejercicios al frente de la institución. Aun así, durante su mandato se han seguido sucediendo las críticas de expertos y sociedad civil, ahora tanto por su vinculación política como por su trabajo en el organismo.

infoLibre publica ahora la investigación La despensa de Tezanos tras meses de ahondar en cómo está siendo el mandato y la gestión de Tezanos al frente del CIS. Antes de que esta serie viera la luz, infoLibre remitió múltiples cuestiones al CIS el pasado 31 de julio. En esas preguntas, se planteaban, entre otros aspectos, las críticas de expertos al respecto de la sobreestimación sistemática del organismo hacia el PSOE y la izquierda; la ruptura de multitud de series históricas eliminando o modificando preguntas; o algunas de las otras polémicas que han rodeado al centro y al propio Tezanos, ya sea por esos errores metodológicos o por declaraciones del presidente. La institución no ha contestado ninguna de ellas.

No obstante, las sombras sobre su gestión trascienden el debate técnico y las polémicas que haya podido protagonizar el propio Tezanos. La documentación analizada por infoLibre revela una transformación interna de la institución y un proceso de control de la estructura de poder por parte de un ecosistema cerrado forjado en las instituciones que marcan la trayectoria de Tezanos antes de su desembarco en el CIS: la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Fundación Sistema —que fundó y preside— y el aparato del PSOE.

Se trata de un trasvase de colaboradores afines que no solo ha copado la alta dirección y el gabinete de la Presidencia del CIS, sino que ha logrado consolidar plazas públicas vitalicias mediante tribunales formados y presididos por miembros del mismo entorno. Un entramado institucional que, además, retroalimenta el currículum y la producción editorial de los propios hijos del sociólogo.

En paralelo a esta toma de control, Tezanos también ha ido desactivando los contrapesos internos. El consejo asesor del CIS, concebido como un órgano técnico y plural, ha virado hacia un grupo poblado de ex altos cargos socialistas y perfiles afines, en un proceso que terminó en 2024 con la salida de las últimas voces académicas críticas y con un apagón documental en las actas oficiales de sus reuniones, que han pasado de ser resúmenes detallados de los debates del consejo a escuetas listas de acuerdos unánimes.

En el barómetro del CIS de enero de 2019 los españoles valoraron al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, con una media de 3,8 y al entonces presidente del PP, Pablo Casado, con un 2,9. Solo un mes después, en el barómetro de febrero, sus notas eran de 4,3 y 3,6, respectivamente. ¿Ambos mejoraron su valoración en tan solo un mes? No. La diferencia se produjo por un cambio en la escala de la pregunta.

El CIS siempre había preguntado por la valoración de líderes políticos y ministros pidiendo a los encuestados que los puntuaran del 0 al 10, "sabiendo que el 0 significa que lo/a valora 'muy mal' y el 10 que lo/a valora 'muy bien'". En febrero de 2019 Tezanos decide cambiar las reglas y pasa a pedir que se valoren del 1 al 10, "sabiendo que el 1 significa que lo valora 'muy mal' y el 10 que lo valora 'muy bien'". Así, las notas de los políticos subieron de un día para otro y la serie histórica se rompió impidiendo comparar los resultados actuales con datos antiguos. 

La escala del 0 al 10 se venía usando en esa pregunta al menos desde 1979, cuando el CIS pedía que se valorara a algunos líderes de la época. En el barómetro de septiembre de ese año, por ejemplo, se puntuó a Manuel Fraga, Enrique Tierno Galván, Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo.

Pablo Simón, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que la rotura de la serie en esa pregunta es una de las que ha hecho el CIS que tiene menos explicación. "De repente, a Tezanos se le ocurrió que, como la escala de ubicación ideológica es de 1 a 10, las valoraciones en puntos a los ministros tienen que ser también de 1 a 10. Pero cuando tú haces un examen te puntúan de 0 a 10, no te ponen directamente un punto por poner bien el nombre. Me imagino que en algún momento haría cálculos y diría: 'Si vamos a preguntar por los ministros y por el presidente, no se puede ver un suspenso con un 3. Entonces, partimos de 1 y están ya más cerca del aprobado'".

Pero se trata solo de un ejemplo. La presidencia de Tezanos se ha caracterizado por la modificación de preguntas, respuestas y categorías rompiendo series históricas sin demasiado miramiento. infoLibre ha contabilizado al menos una decena de casos de series rotas por el CIS de Tezanos que han sido criticadas por los expertos y que pueden causar perjuicio al análisis posterior e histórico de los datos de las encuestas del CIS.

En ocasiones es un cambio en las respuestas como con la escala para valorar a los políticos. Otras veces lo que se modifica son las preguntas o simplemente el orden de estas. Algo que también afecta a los resultados.

Esto último se produjo con una de las preguntas más míticas de los barómetros. El organismo lleva al menos desde 1979 preguntando a los españoles una serie de cuestiones encadenadas: "Refiriéndonos a la situación económica general del país, ¿ud. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?", ¿cree ud. que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?" y "¿cree ud., que dentro de un año esta situación será mejor, igual o peor que ahora?". Años más tarde —hay registro desde al menos 1992— el CIS incluyó tres preguntas adicionales: las mismas, pero sobre la situación económica personal del entrevistado.

De hecho, las tres preguntas sobre la situación económica de España solían abrir los barómetros del CIS y justo después se planteaban las otras tres cuestiones. Pero en abril de 2020 todo cambia. Para ese barómetro el CIS deja de hacer trabajo de campo presencial y las encuestas pasan a ser telefónicas con entrevistadores que rellenan un formulario digital asistidos por ordenador —un sistema conocido como entrevistas CATI, por sus siglas en inglés—. 

Tezanos ha justificado ese cambio asegurando que las encuestas presenciales eran difíciles y poco eficientes a nivel operativo mientras que con el sistema CATI el CIS puede hacer muchas más entrevistas, más deprisa y con muestras mayores. Todo ello a pesar de que algunos expertos apuntan a que las encuestas telefónicas amplían el sesgo de las muestras; más aún hoy con la desaparición de los teléfonos fijos en los hogares. Algunos académicos también han tachado de innecesario que el CIS ahora haga encuestas tan rápidas o con muestras tan grandes —más si se tiene en cuenta el sesgo muestral con el que suele contar el CIS hoy en día—.

En cualquier caso, Tezanos se ha mostrado orgulloso de su decisión y la ha vinculado a la mejora laboral de los encuestadores del organismo, que antes facturaban por su cuenta al CIS como simples colaboradores y ahora están subcontratados a través de la empresa pública Tragsatec, filial del grupo Tragsa. "Cuando llegué al CIS en el año 2018, lo primero que comprobé es que había situaciones enormemente precarias de salud laboral; es decir, la encuesta domiciliaria era una encuesta que daba lugar a un fenómeno tremendo pero muy frecuente: las personas que tenían que hacer encuestas en núcleos rurales tenían que abrir cancelas y entrar en sitios para poder llamar a las casas y eran muy frecuentes las mordeduras de perros; hay casos en los que eso derivaba en una infección. Había situaciones tremendas y no tenían seguros sociales ni tenían contrato laboral", aseguró el propio Tezanos en septiembre de 2024 en el Congreso.

Ese barómetro de abril de 2020, el primero hecho a partir de entrevistas CATI —el cambio ya estaba siendo planeado pero se desencadenó a raíz del confinamiento por la pandemia del covid-19—, el CIS lo aprovechó para introducir modificaciones en el cuestionario y, entre otras, se dejaron de incluir las preguntas sobre cómo ha cambiado la situación económica en un año y cómo podría cambiar a futuro. Además, se dejó de ofrecer al entrevistado la opción de "regular" como respuesta, tanto en las cuestiones sobre la situación económica como en otras.

Después, el cambio fue más allá: el aspecto más criticado por los expertos fue la modificación en el orden de las preguntas que se produjo ya en noviembre de 2022. Desde entonces, el barómetro plantea a los encuestados primero cómo valoran su situación económica personal y después cómo valoran la de España.

Los ciudadanos suelen ser más optimistas sobre su situación personal que sobre la del país. Por tanto, preguntar primero por la cuestión que suele tener mayores resultados positivos induce también a mejorar el grado de satisfacción en las respuestas de la siguiente. 

"Jugar con el orden de las preguntas es algo que hace mucho Tezanos. Está entre las múltiples trampas que utiliza. Por ejemplo, coloca preguntas al principio de las encuestas para guiar el sentido en el que él quiere que evolucione. La manipulación no solo tiene que ver con el tema de la cocina, que es sobre lo que más se ha discutido. Al final, termina adulterando el propio contenido de las encuestas y estas tienen menos valor. El descrédito del CIS, la mala calidad de las encuestas y el hecho de que se hayan roto series históricas ha hecho que los académicos nos vayamos a utilizar encuestas privadas", explica Pablo Simón.

El CIS, además, no solo ha dejado de hacer preguntas, ha cambiado el orden de estas o ha modificado las respuestas que ofrece para determinadas cuestiones que plantea. Con la presidencia de Tezanos también ha variado la forma en la que se categorizan algunas de las respuestas de los encuestados.

Es lo que ha pasado con la famosa pregunta sobre los principales problemas de España. Una de las opciones en las que se englobaban las respuestas de los encuestados era "Los políticos en general, los partidos políticos y la política". Esa categoría se recogía desde que se empezó a preguntar por los problemas del país en 1985 y con el paso de los años llegó a convertirse en una de las más contestadas.

"Si todas esas respuestas se juntaran como debería hacerse, porque responden a una misma problemática, serían el principal problema, obviamente. El principal problema de los españoles hoy es la política y los políticos. Pero el CIS trocea esas respuestas para que no aparezca ese resultado. Se hace porque a Tezanos no le gusta ese titular, prefiere que el principal problema sea la vivienda o lo que sea", explica Emilio de Lamo, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense que fue miembro del consejo asesor del CIS hasta que alzó la voz dentro de ese organismo contra la gestión de Tezanos y acabó fuera del mismo hace algo más de dos años.

Lamo también destaca en conversación con infoLibre que uno de los problemas que le parece más grave del mandato del sociólogo cántabro es el de "las preguntas que no hace". "Es quizás lo más importante porque el CIS es el banco de datos que tiene que medir y acreditar las preocupaciones de la opinión pública española a lo largo del tiempo. No se ha preguntado nada, por ejemplo, sobre la ley del solo sí es sí. No se pregunta sobre temas fundamentales que afectan a la opinión pública porque Tezanos no quiere abordarlos y, en cambio, se pregunta por cosas exóticas. Esa es una muestra clara del sesgo", explica Lamo, quien fue amigo personal de Tezanos hasta que ambos discutieron tras las críticas, primero privadas y después también públicas, del primero a su gestión.

Simón coincide en que el CIS no está preguntando sobre temas que debería tratar. "Antes se preguntaba 'en qué medida usted confía en todas las instituciones' y se incluía a la corona. Pero Tezanos dice que la monarquía no preocupa a los españoles porque en los barómetros sale que entre los principales problemas están un montón de cosas, pero no la corona. Sin embargo, por la agenda 2030 o por Begoña Gómez se ha preguntado. ¿Y por qué por eso sí y por lo otro no? ¿Qué pasa? ¿Que Begoña Gómez aparece entre los principales problemas de los españoles? Lo dudo. Lo que hace Tezanos es colocar las preguntas en función de su propio interés. Y el resultado de esto son un montón de encuestas de mala calidad".

Francisco José Llera, catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y fundador y director del Euskobarómetro, también ha sido muy crítico con el mandato de Tezanos. "Ha supuesto un claro deterioro desde el punto de vista académico-científico y ha tenido un sesgo, innecesariamente, partidista. La crisis de reputación del CIS es bastante evidente y, además, Tezanos ha sido incapaz de respetar y asumir las críticas actuando con una actitud autoritaria y sectaria", asegura en respuesta a infoLibre. Llera también formaba parte del consejo asesor de la institución pero salió del mismo en abril de 2024, a la vez que Lamo.

Una de las ocasiones en las que levantó más polémica la dirección en los cuestionarios del CIS fue ese mes, cuando Pedro Sánchez, el miércoles 24 de abril de 2024, publicó una carta a la ciudadanía después de que se abrieran diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez. El mismo viernes 26 el CIS realizó una encuesta flash para preguntar sobre el tema a la ciudadanía. Los expertos aseguraron que la misma estaba llena de preguntas con juicios de valor y falsas dicotomías y que el formulario estaba dirigido a obtener unas respuestas determinadas.

Esas encuestas flash —nombre con el que el CIS ha bautizado esos estudios rápidos que ahora realiza— han sido también una novedad de Tezanos y son por las que muchos expertos han criticado que se hagan sondeos con tanta celeridad. "Son encuestas de mala calidad y que se queman en un titular. Te pregunta por Begoña Gómez y ya no te vuelve a preguntar nunca más. Entonces, ¿para qué nos sirve? Si preguntas por Begoña Gómez cada seis meses, podremos comparar en el tiempo si a los españoles les preocupa más o menos el tema de Begoña Gómez. Pero con una encuesta flash puntual eso no sucede. Además, se trata de un tema, obviamente, que no es relevante", detalla Simón.

Esa dirección en las cuestiones que se plantean y en la forma de preguntar también se ve en los barómetros. El CIS antes acostumbraba a empezar esas encuestas preguntando a los entrevistados por la situación económica y política del país de forma genérica, ahora Tezanos y su equipo suelen arrancar con las preguntas de actualidad que consideren pertinentes.

Se vio claro, por ejemplo, en septiembre de 2024, cuando la inmigración afloró como principal problema de los españoles. Ese dato copó los titulares de todos los medios. Pero antes de llegar a la cuestión sobre los principales problemas del país, el CIS había planteado preguntas sobre las "desigualdades que existen entre los países pobres y los países ricos" o el "aumento de la población inmigrante". "Es evidente que eso condiciona las preguntas posteriores", aseguraba entonces el politólogo Alejandro Solís.

Para entender la ideosincrasia del CIS es necesario comprender que se trata de una figura anómala. La mayor parte de países europeos u occidentales no tienen organismos similares. "En la mayoría, las encuestas o análisis demoscópicos los hacen casas privadas o se hacen concursos públicos que terminan en manos de universidades. El CIS, en cambio, es una institución propia que depende de Presidencia y eso tiene una cara positiva y otra negativa. El elemento positivo, evidentemente, es que dispone de unas atribuciones y unas capacidades presupuestarias que ninguna otra institución tendría si no dependiera de ellos. El negativo es, evidentemente, el riesgo de politización", detalla Pablo Simón. 

A pesar de que no hay muchos ejemplos en Europa como el CIS, existen algunas instituciones que sí guardan cierta similitud. La que más, podría ser, probablemente, el Centro de Investigación de la Opinión Pública de Polonia, financiado con fondos públicos y constituido por ley como fundación independiente. Realiza encuestas representativas sobre política, instituciones, intención de voto, economía y asuntos sociales, tanto para la Administración como para la sociedad polaca en general.

A diferencia del presidente del CIS, que es elegido directamente por el Gobierno, el centro polaco realiza un concurso para designar el puesto de dirección. Actualmente lo ocupa Ewa Marciniak, reputada académica, politóloga y profesora universitaria a la que no se le conoce afiliación política, al menos públicamente. Marciniak ganó el concurso convocado en 2023. Las condiciones del mismo las plantea el propio Consejo del Centro de Investigación de la Opinión Pública de Polonia, que sí está formado por distintos representantes políticos, pero incluso entrevistan a los candidatos antes de votar y optar por uno de ellos. Además, se les designa por un mandato de cinco años. Tezanos, en cambio, es presidente del CIS hasta que decida dimitir o el Gobierno de España —este o uno futuro— opte por cesarle.

Otros organismos públicos que guardan cierta similitud con el CIS se pueden encontrar en Países Bajos o Grecia. En ambos casos se elige al director tras un proceso de selección mediante convocatoria pública y centran su actividad en la investigación sociológica, no tanto en las encuestas electorales. El CIS, en cambio, ha reforzado su variante demoscópica desde que Tezanos es presidente. Antes el organismo solo preguntaba por intención de voto en uno de cada tres barómetros mensuales. Ahora lo hace en todos.

"Tenía sentido preguntar cada tres meses porque el voto es lo de menos. Pero hemos llegado a un momento en el que el CIS parece que es el instituto público para hacer encuestas, para contrapesar a Michavila [Narciso Michavila, presidente de GAD3] y nada más. Eso es terrible, porque al final la institución está secuestrada. Es una institución que es de todos los españoles. Y debería, precisamente, hacer buena sociología, buena opinión pública, funcionar con calidad, dar información a los medios de comunicación, dar información a la oposición, dar información al Gobierno y a las instituciones académicas", explica Simón.

Jordi Muñoz, doctor en Ciencia Política, profesor en la Universidad de Barcelona y hasta hace poco director del CEO —el CIS catalán—, coincide con la necesidad de que el CIS se centre más en su faceta de investigación sociológica.

"Debería transformarse en un auténtico centro de investigación científica independiente, adoptando la fórmula jurídica que se considerara más adecuada. Debería desvincularse del Ministerio de la Presidencia, reducir la influencia de los nombramientos políticos y abandonar la elaboración de estimaciones electorales. En cambio, sí tendría sentido que continuara realizando estudios de fondo, investigaciones comparadas y análisis sobre la evolución de la sociedad española", detalla Muñoz, quien en sus tiempos como presidente del CEO ya mostró decisiones contrarias a las de Tezanos en el CIS.

Lo que no tienen tan claro los expertos consultados por infoLibre es cuál sería la mejor fórmula para escoger la presidencia del CIS. Marina Subirats, catedrática emérita de Sociología y parte del consejo asesor del CIS, elogia el mandato de Tezanos en declaraciones a este medio. "Se ha hecho un trabajo importante y admirable. La cantidad de trabajo que está realizando CIS y la cantidad de cosas que se han puesto en marcha en esta etapa es asombrosa". Preguntada por la posibilidad de que con un nuevo Gobierno del PP se optara por un perfil similar al de Tezanos pero de derechas, asegura lo siguiente: "Lo entendería. A menos que fuera alguien tan directamente vinculado a los intereses de un partido, que entonces pensaras que lo iba a utilizar".

Tezanos fue muy criticado nada más llegar a la institución precisamente por su vinculación a los intereses del PSOE y por su cercanía a Pedro Sánchez. Formaba parte de la dirección del partido y había sido uno de los miembros del pequeño equipo de Sánchez durante las primarias a la secretaría general del PSOE. El propio Tezanos narra esa aventura en un libro que publicó en 2022 —ya siendo presidente del CIS—: Pedro Sánchez: Había partido: de las primarias a la Moncloa.

"Aunque su legitimidad en origen pudiera estar un poco manchada por haber estado en la Ejecutiva del PSOE, no lo habíamos visto trabajar. Luego cuando trabajas te ganas la legitimidad en ejercicio. Si con Tezanos el CIS se convierte en verdaderamente independiente y funciona, aunque tú hayas tenido ese origen, te puedes ganar la legitimidad. Pero no. Lo que demostró es que quería que fuera una correa de transmisión para el Gobierno", asegura Pablo Simón.

Gabriel Colomé, que también dirigió el CEO, es senador del PSC y fue miembro del consejo asesor del CIS durante el mandato de Tezanos, asegura, en cambio, que el presidente de la institución "ha hecho cosas muy importantes" durante su mandato. "Como arreglar la irregularidad de que, siendo una institución pública, el CIS tenía gente en precario", explica a infoLibre.

Al ser preguntado por la conveniencia de la afiliación y participación política del presidente del organismo lo resume de la siguiente forma: "Tiene todo el derecho a haber participado en las primarias [en el equipo de Sánchez]. Y, en la lógica política, los asesores que han participado en un proyecto tienen premio al final. Su premio fue este. Si tienes en tu equipo a un Harry Potter con su bola de cristal, cuando ganas le das el CIS, que es la gran bola de cristal".

En la historia de las guerras, la información objetiva brilla por su ausencia. Se ganan o se pierden con dos tipos de armas: las que matan y la desinformación que ayuda a matar. Siempre fue así, desde que un poder se quiere imponer a otro. No se admiten campos neutrales. Uno de los contendientes intentará trasmitir sus noticias —que no información—, pagará por ello, impondrá sus normas y se terminó la cuestión. O conmigo o contra mí.

Pero esta lógica no se limita a los campos de batalla, sino que infiltra en el día a día de la política con la que convivimos y complica la res pública. La lucha por el poder sin ética ni principios puede arruinar a todo un país. Lo estamos viendo en el conflicto de Ucrania o en Palestina. La información es contradictoria dependiendo de las fuentes. Las noticias bailan al son del más fuerte.

En la política mundial, y también en nuestra política diaria, pasa algo similar. Hay un conflicto abierto. Se palpa ese afán del Ejecutivo por gobernar, con unas alianzas que le otorga la mayoría —es su obligación—, frente a una oposición que, peligrosamente, no quiere aceptar la derrota. Es aquí cuando surge el problema: cuando no se aceptan las reglas de juego y las mentiras, los insultos, las medias verdades o, lo que es peor, la ausencia de ética sustituyen a la dialéctica política.

La consecuencia más grave es que falla el ejemplo que la buena política tiene la obligación de trasmitir a la ciudadanía. Sin duda alguna, ese fue el gran fallo de la Transición: no hubo suficiente pedagogía política sobre lo que significa la democracia, que está muy lejos de consistir simplemente en cambiar de chaqueta.

La amnistía catalana, los pactos con el nacionalismo vasco, la gestión de la pandemia, la tragedia ferroviaria en Adamuz o, más recientemente, la entrada masiva de migrantes a Ceuta son utilizados por la oposición al Ejecutivo como armas arrojadizas para dividir a la población, recurriendo con frecuencia a sentimientos patrioteros que enrarecen la política y enfrentan a los ciudadanos.

Pero lo que está ocurriendo en el mundo con falsos líderes populistas alejados de toda ética, que se extienden como una peste y contaminan incluso nuestro país, encuentra también reflejo en la alianza de Feijóo y Vox. Es la actitud del mal deportista que no acepta la derrota, reclama faltas inexistentes o culpa al arbitro.

Es aquí cuando el papel del árbitro, la Justicia, es fundamental. Pero, si hay sospechas de que el árbitro está comprado o, lo que es más grave, el perdedor no acepta las reglas del juego, se crea un campo abonado para que empiece la violencia. El ciudadano es sustituido por el hooligan y hay peligro de trasformar un debate político lógico en una tragedia. Grave irresponsabilidad.

Se denuncia la utilización de la Justicia para bloquear al Ejecutivo y, al mismo tiempo, voces conservadoras estimuladas por la ultraderecha, ponen en duda órganos institucionales que no aprueban sus consignas. Una mala encrucijada que obliga a las fuerzas democráticas a estar atentas.

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Eduardo Vázquez Martul es socio de infoLibre

Hay un mercado político construido sobre el odio al otro que aprovecha cualquier ‘Ceuta’ para hacer su agosto. Una industria basada en la propaganda contra el inmigrante como mercancía electoral que ha calado en Europa, con segundas y terceras fuerzas políticas. Ya no es solo contra quien llega. En su voracidad propagandística, lo extienden al blanco y al cristiano. Lo hicieron Giorgia Meloni y la primera ministra danesa hace una semana, con escaso éxito. La pulsión ultra abre las costuras de Europa y, donde falla la respuesta rápida del Estado del bienestar, los conservadores encuentran una oportunidad. No hay un solo ultraderechista que haya puesto recetas reales. Ni en la Italia de Meloni ni en la España de Santiago Abascal.

Las amenazas de seguridad en Europa no vienen de quienes saltan una valla o llegan en patera. La crisis inflacionaria que desgasta las economías familiares no la provocan los menores marroquíes varados por las calles ceutíes. Ni las niñas víctimas de trata. Ni los 3.000 ahogados intentando llegar a España, según Caminando Fronteras, porque tampoco existe una cifra oficial de muertos.

La profundidad de la crisis de Ceuta, de una excepcionalidad casi sin precedentes, no se puede resolver con visitas sucesivas de ministros y un acuerdo alcanzado el día 18 de la llegada masiva. Los ceutíes y las decenas de voluntarios han protegido Ceuta de los brotes xenófobos. En esta ciudad, más pequeña que los barrios de Moratalaz o Gràcia, no ha habido un Torrepacheco y la llamada de Vox a “cazar” inmigrantes —como dijo José María Figaredo— no consiguió prender ninguna mecha. Pero en la lentitud de la respuesta está la semilla del hartazgo y sus derivadas.    

¿A qué ha ido Feijóo a Ceuta? Si el viaje sirviera para exigir una respuesta más rápida al Gobierno, reclamar recursos y defender a los ceutíes y los derechos de los recién llegados, forma parte del trabajo de oposición. Lo inútil de la visita es la competición estéril con Vox en el terreno del miedo. Al quedarse en “la ciudad ha sido invadida” no está hablando de gestión y sí de explotar el malestar, la deshumanización, la xenofobia low cost. Saben que quien invade es un enemigo. Ese es el marco elegido por el PP. 

La izquierda tampoco ha sido inmune en Ceuta al relato y el Gobierno se ha deslizado en ocasiones por la lógica del mensaje simplista. Del "Ceuta es españolísima" de Margarita Robles al "hasta la última persona que ha entrado irregularmente volverá a Marruecos" de José Manuel Albares. No se puede prometer una devolución indiscriminada porque la ley no lo permite. Los valores de un Gobierno progresista tampoco. Ni responder al maximalismo de la ultraderecha con su lenguaje, prometiendo aquello que el propio marco jurídico impide ejecutar de manera automática. Cuando se dice en público ‘todos serán devueltos’, se legitima indirectamente a quien ve menores deambulando por Ceuta y quiere echarlos. El racismo de Vox es una metralleta verbal de agresión directa. Pero hay otra lluvia fina que conviene detectar y no alimentar. 

La estrategia de la oposición pasa por debilitar al Gobierno en cualquier crisis de la que también es responsable. Feijóo haría bien en exigir soluciones urgentes a la crisis humanitaria. Pero en su competencia legal está abrir la puerta al reparto de menores en sus comunidades autónomas. Ofrecer soluciones para la acogida antes de pedir devoluciones inmediatas que no están en manos del PP ni del propio Ejecutivo.  

Por la tracción ultra que sufren las democracias liberales, es muy probable que la inmigración sea el tema central de las futuras campañas electorales. Le interesa a la derecha porque ahí es donde PP y Vox se encuentran cómodos. Porque en esa abstracción de convertir al marroquí o al africano —al negro y al pobre— en enemigo les permite no poner soluciones sobre la mesa. 

La extrema derecha no necesita recetas. Necesita un conflicto permanente y un culpable disponible. Necesita que la política discuta sobre quién entra y no por qué una parte de la población siente que el Estado no responde eficazmente a sus problemas. El PP ha metido a Vox en cuatro gobiernos y, desde ahí, toda la culpa es de Pedro Sánchez. Cuando los meta en el Gobierno, la culpa de todo será de Europa. Es el mercadeo del miedo. La irresponsabilidad de no hacer política. Y Ceuta, su nuevo escaparate.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue evitando dar declaraciones acerca de la compraventa del polémico ático de Chamberí. La mandataria madrileña ha esquivado las preguntas sobre este tema en los últimos días, desviando la atención hacia Ceuta y poniendo en el foco de la crítica –tal y como vienen haciendo las derechas desde el inicio de la crisis migratoria– al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este lunes, preguntada de nuevo por el ático, Ayuso ha evitado ofrecer nuevos detalles sobre la operación y se ha limitado a señalar que “poco más se puede decir” y que, “a las mismas preguntas, las mismas respuestas”. 

Sobre la posibilidad de que el inmueble estuviera destinado a convertirse en una residencia oficial, la presidenta madrileña ha recordado que lleva ocho años al frente de la Comunidad sin disponer de una y ha asegurado que ni la ha necesitado ni la ha pedido y que tampoco piensa hacerlo a diez meses de las elecciones. También ha criticado que numerosos ministros sí dispongan de residencia oficial y ha denunciado una distinta “vara de medir” que, según ha dicho, le produce “sonrojo”. 

Tras estas declaraciones, Ayuso ha vuelto a desplazar el foco hacia Sánchez y la crisis migratoria. Ha exigido conocer “cuánto están costando las vacaciones” del jefe del Ejecutivo y ha criticado que esté “con sus chanclas en La Mareta, allí tranquilo” mientras Ceuta está “al borde del colapso” tras 16 días de una “invasión tolerada” por el Gobierno de España. 

Ha agregado que Sánchez es el político “con menor credibilidad de toda Europa”, pero también “el que tiene las vacaciones más largas y las mayores crisis, mientras está al borde del banquillo, desnortado y, eso sí, de vacaciones”.

Estas declaraciones han tenido lugar precisamente en el mismo día en el que el presidente del Gobierno se ha reunido telemáticamente con siete de sus ministros para abordar la situación en la ciudad autónoma.

Tras este encuentro, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que este lunes se van a desplegar en Ceuta varios dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, que supondrán la habilitación "inmediata" de 1.500 nuevas plazas para migrantes. 

La estrategia de Ayuso de responder a las preguntas sobre el ático desviando el foco hacia Sánchez y la crisis migratoria ya se había repetido durante el fin de semana. Preguntada el pasado sábado, durante las fiestas de La Paloma, por la adjudicación de la reforma integral de la sede de la Puerta del Sol y la compra del ático, respondió que “España está siendo literalmente invadida por Marruecos” y que el presidente del Gobierno “no está, no soluciona nada”. 

Así se refirió a las “miles de personas” que, en sus palabras, “vagan de forma ilegal” por el país y a los “compatriotas” que “están aterrados”, antes de añadir que “Sánchez no solo es un irresponsable, sino también es un traidor”.

Imagino a las comentaristas de derechas diciendo: “¡Ahora resulta que hasta el eclipse es woke!” O bien: “¡La atención al eclipse es cosa de Sánchez para que no hablemos de Ceuta!” En realidad, han dicho las dos cosas, así que si alguien va a criticarme por este atrevido artículo, que sepa que ellos empezaron antes y que pienso que, en realidad, tienen razón, que también el eclipse puede leerse en clave política.

Lo cierto es que después del eclipse me lancé a las redes para leer las impresiones de unos y otros sobre el fenómeno del que toda España hablaba, porque tenía una intuición. Una intuición que se reveló cierta según nos alejábamos del momento concreto en que se produjo, y es que pasadas las horas, pasados ya algunos días y según nos alejábamos del momento concreto, iba percibiendo que a muchas personas de extrema derecha con voz pública (comentaristas, influencers, pseudoperiodistas…) aquello no les había gustado nada y que estaban ya construyendo un contrarrelato que afirmaba que el fenómeno en sí no había tenido nada de especial y que, en todo caso, el espectáculo de cientos de miles de personas mirando al cielo al mismo tiempo “con cara de bobos” les había parecido una exageración, ridículo y patético.

Es muy evidente el clasismo de muchas de estas personas. Cuando muchos influencers de derechas se vieron participando de la misma ilusión que prácticamente todo el mundo, dieron un paso atrás. Cuando se percataron de que tener un yate, una finca o un jardín no otorgaba ningún privilegio sobre la masa que lo veía y disfrutaba sentada en un secarral… la ilusión se matizó. No se sentían cómodos compartiendo el entusiasmo con quienes habían buscado una buena ubicación a la que poder llegar en autobús y allí que se fueron cargados con las sillas de playa, la fiambrera y la familia.

Porque un espectáculo que nos permite disfrutar a todos con la misma intensidad nos demuestra que somos mucho más iguales de lo que parece; y eso se permite, o se fomenta, con el fútbol, pero con pocas cosas más. Porque el fútbol, los deportes, todas aquellas cosas que el capitalismo procura que nos unan son siempre estrechamente identitarias, relacionadas con la competición, la victoria o la fuerza y siempre, siempre, se pueden usar contra alguien. No se fomenta aquello que nos pueda unir como humanidad, pero mucho menos si esto que nos une está relacionado con la belleza. Sentir en común una emoción profunda y que esta tenga que ver con lo bello, lo profundo, con lo que nos hace iguales, es subversivo. Mucho más si la cosa en sí no cuesta dinero, ni esfuerzo, ni requiere capacidad personal alguna, sino sólo de dejarse estar y de, en parte, abandonarse.

Además, y en esto coincidimos casi todos los que nos maravillamos esa noche, el eclipse nos produjo un cierto estremecimiento interior que no tuvo el mismo significado para todos, pero que se relacionaba con emociones que no son aquellas que la derecha fomenta precisamente. La gratuidad de la belleza que nos ofrece la naturaleza, la conciencia de nuestra pequeñez y, por eso mismo, quizá, la conciencia de lo común y del cuidado necesario. Somos la misma humanidad vagando por el cosmos en un planeta frágil que estamos arrasando. Esta es nuestra casa y no tenemos otra. Y ese conocimiento fue un chispazo, quizá no del todo consciente, pero estaba ahí.

Me sorprendió que sin que fuera especialmente premeditado ni fuera un asunto del que se hablara mucho en los días previos, casi todo el mundo quisiera ver el eclipse con la gente que ama: familia, amigos, parejas. Y me sorprendió que cuando se llegó al sitio elegido, con las personas elegidas, se extendió entre todos los que estaban por allí, con sus personas queridas, una sorprendente sensación de comunidad. Como escribí en un post, yo tuve enfrente la terraza de un edificio impersonal de esos de vecinos de paso. Vecinos que no se conocían seguramente, pero que cuando se vieron en la terraza esperando el momento terminaron hablando, bailando y riéndose todos con todas. Las amigas con las que he hablado me han dicho que lo mismo sucedía en todas partes: hermandad. Toda la política de la derecha se dirige a romper esos vínculos, a separarnos, a procurar que odiemos o que desconfiemos del vecino.

Y cuando de repente se hizo un silencio hondo y cayó una noche inesperada, es verdad que todos los corazones se encogieron un poco y, en ese momento tan sumamente breve, todos buscamos el refugio de otros. Yo vi a los amantes comerse a besos, vi a las madres abrazar a sus hijos y yo misma busqué el contacto cercano de mi pareja. Y esos vínculos que buscamos con los otros más queridos nos proporcionaron, por un instante, una pequeña y humilde felicidad que nos expandió un poquito el alma y la alejó de la miseria cotidiana. Y para eso no hizo falta gastar dinero, ni gastar tiempo, ni esfuerzo, bastó un cierto recogimiento y abandono.

Así pues: la belleza por la belleza, sin más compensación ni precio. La contemplación de la naturaleza y la comprensión de lo que ésta significa en nuestras vidas: todo. El sentimiento de hermandad y conexión con otros: que lo vimos en común, que nos situó también ante un destino común, nos salvaremos juntos o nos perderemos juntos; que por un instante nos hicimos conscientes de que estamos inevitablemente unidos en este pequeño barco a la deriva que es la Tierra, que no tenemos otra cosa ni otro sitio a donde ir pero que, por otra parte, esta casa nuestra es suficiente y hermosa. También la percepción sobrecogedora de la muerte, de nuestra finitud inevitable, que quizá nos hizo darnos cuenta de que en este minúsculo instante de tiempo que es nuestra vida no hay otro sentido, ni otra cosa a la que aspirar, si no es a una cierta felicidad que será siempre con los otros.

Así pues, en esencia el eclipse consistió en gente sintiéndose vinculada a los demás; gente descansando por un rato del Yo individual, neoliberal y agotador; gente buscando la presencia de los amigos, apreciando y emocionándose con la belleza natural sin más pretensiones; gente disfrutando de lo más simple y sintiendo cierta felicidad por todo ello.

¿No pasaba nada más en el mundo que eso?, preguntaban los agonías. Sí, seguía pasando lo de siempre, pero lo mejor es que, por una vez, por un instante muy breve, lo único que parecía que pasaba en el mundo era algo bueno, hermoso, sencillo, natural y gratuito. Por si fuera poco, la ciencia nos ha permitido vivirlo sin el miedo con el que durante siglos los humanos se acercaban a un fenómeno como este. Resumiendo: ¿cómo iba a gustarle esto a la derecha?

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Hasta las próximas elecciones autonómicas y locales —y por supuesto generales—, los directores del circo y sus diferentes jefes de pista están llevando el espectáculo a exhibiciones que podrían ser mortales para los espectadores, si estos no reaccionan. La función presenta todo tipo de animales, pese a que la ley prohíbe su exposición. Hay plumíferos y charlatanes cuyas palabras favoritas son comunista, bolivariano y sanchista. Exiguo repertorio.

La dirección principal —EEUU en noviembre, con las elecciones de medio mandato— tendrá como maestro de ceremonias a Trump; aquí tendremos jefecillos de pista secundarios, seguidistas y aduladores de los americanos. A unos y otros les encanta el arte de la reverencia, genuflexión y el "sí, señor". Y a ambos, la fijación obsesiva sobre Sánchez les impide dedicarse a la POLÍTICA.

La manía obsesiva hacia alguien suele ser por causas subjetivas y dirigidas desde arriba, por quien manda. El sanchismo concita más odios de los que nunca haya tenido un presidente español, tanto dentro como fuera de las fronteras; si ha sido capaz de sacar de sus casillas al mismísimo Trump, es que está acertado. Puede que el futuro reconozca esta como la postura acertada en tiempos convulsos. Algo tendrá el agua cuando la bendicen.

Se recordará a esos personajes que, mano en pecho y bisagra bien engrasada, como diría mi juez favorito, Ramírez Sineiro, conocedor del mundo melillense y ceutí, darían un testarazo contra el suelo muestra de subordinación y de una humillación despreciable.

Tenemos a los líderes de la derecha, PP y Vox, fuertes con el débil y cobardes ante el fuerte, incapaces de denunciar el genocidio que cometen dictadores como Netanyahu (64.000 niños y niñas muertos o mutilados en Gaza, según UNICEF); políticos que ahora alientan la cacería y la persecución del emigrante llegado masivamente a Ceuta.

No olvidamos a los corifeos de la Unión Europea, que, en una acción contra el socio español, promovieron una carta. Dos fueron los impulsores y 22 los firmantes. La italiana Meloni, conocida por empaquetar migrantes hacia no se sabe dónde, y la danesa Frederiksen. El señalado no dudó en apoyar a Meloni cuando fue despreciada por el norteamericano, ni a los daneses ante la amenaza trumpista sobre Groenlandia. Su memoria, como sus principios, son flácidos.

No ha faltado en el circo el bufón y lagotero Infantino, postulando la final del próximo mundial para Rabat. Esto nos hace recordar al dictador Mohamed VI, arropado por otros sátrapas en sus maniobras sobre el Sáhara, el estadounidense y el israelí. El marroquí ignora a su pueblo que se malogra en la miseria y ni ve ni oye la avalancha de ciudadanos que tratan de llegar a España. Él, mientras, disfruta de sus residencias en Marruecos, Gabón y Francia; y seguirá desviando sus problemas hacia el exterior.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

James Cox ‘Fergie’ Chambers Jr. lleva más de un mes encarcelado en España mientras se decide si debe ser entregado a Estados Unidos. El multimillonario y activista estadounidense fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza en virtud de una reclamación de las autoridades de su país y posteriormente ingresó en prisión provisional en la cárcel de Aranjuez, en Madrid, por decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Más de un mes después de su arresto, su defensa asegura a infoLibre que todavía no ha recibido “ningún tipo de documentación” procedente de Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición. “Tampoco podemos asegurar que la misma nos sea remitida en el plazo correspondiente que contempla el proceso”, señala el equipo jurídico de Chambers.

Según explica la defensa, la reclamación estadounidense atribuye al activista tres cargos: blanqueo de capitales, disturbios y conspiración para cometer disturbios. Sus abogados sostienen, sin embargo, que Washington “no ha presentado ninguna prueba de los delitos de los que se le acusa”.

Al frente de su defensa se encuentra ILOCAD, el despacho dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, que asumió a principios de agosto la estrategia jurídica de Chambers y pretende demostrar ante los tribunales españoles que las actividades cuestionadas estaban vinculadas a sus negocios o tenían fines filantrópicos y humanitarios.

Una parte de las acusaciones estaría relacionada con unos disturbios ocurridos en las instalaciones de la empresa israelí de tecnología militar Elbit Systems en New Hampshire. La defensa asegura que Chambers “no estaba presente” y cuestiona la proporcionalidad de la pena que, según afirma, reclama Estados Unidos.

“A las otras personas partícipes en los hechos se les condenó únicamente a 60 días deprisión, mientras que para Fergie Chambers solicitan cinco años, lo cual es injusto y desproporcionado”, sostiene su equipo jurídico. Los abogados consideran además que el cargo de conspiración para cometer disturbios plantea problemas de encaje en el ordenamiento español, donde, según su interpretación, no constituye un delito adicional autónomo, sino “una parte del íter criminis”.

Respecto al supuesto blanqueo de capitales, la defensa niega cualquier actividad ilícita y sostiene que no existió lucro por parte de Chambers y que toda su actividad económica se encuentra “correctamente auditada y justificada”.

Uno de los elementos sobre los que pivota la reclamación estadounidense es una transferencia de dinero realizada a Túnez, país en el que Chambers residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.

La defensa sostiene que los fondos fueron destinados a proporcionar ayuda económica al Club Africain, que atravesaba importantes dificultades económicas. Según los abogados, el apoyo de Chambers pretendía evitar la desaparición del club y puede ser acreditado tanto por la propia entidad como por la FIFA.

El equipo jurídico rechaza además que la orden de detención acuse específicamente al multimillonario de haber transferido dinero a Hamás. “La orden alega que esta transferencia de fondos al extranjero se realizó con la intención de prestar apoyo a grupos terroristas, no habla específicamente de Hamás”, explican.

A juicio de sus abogados, las autoridades estadounidenses habrían recurrido a las inversiones empresariales de Chambers como punto de partida para construir una acusación de blanqueo que consideran “de base endeble”. La defensa sostiene que no ha existido delito y vincula el procedimiento con el activismo político de su cliente: “Este proceso tiene una finalidad de persecución política”.

El equipo jurídico asegura además que Chambers ha destinado cerca de un millón de dólares a proyectos y acciones humanitarias en Gaza y que todas las donaciones pueden verificarse. Entre sus destinatarios cita la Alianza para los Niños de Oriente Medio (MECA), el Proyecto Sameer, el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM), el Fondo para la Infancia Ghassan Abu Sittah y el Proyecto Zaynab, dedicados a proporcionar alimentos, medicinas, asistencia sanitaria, apoyo económico y atención psicológica a la población gazatí.

La ausencia de documentación estadounidense adquiere especial importancia por los plazos del procedimiento. Chambers fue detenido provisionalmente a la espera de que Estados Unidos formalice la reclamación y aporte la documentación que la fundamente.

El tratado de extradición entre ambos países establece que la persona detenida provisionalmente debe ser puesta en libertad si transcurren 45 días desde la notificación diplomática de su arresto sin que se haya recibido la petición formal acompañada de la documentación exigida. No obstante, esa puesta en libertad no impediría que el procedimiento pudiera iniciarse más adelante si la solicitud llegara posteriormente. Chambers fue detenido el 10 de julio y su defensa asegura que, a fecha de este viernes, sigue sin haber recibido la documentación estadounidense.

Si finalmente llega, la Audiencia Nacional deberá decidir si la extradición es jurídicamente procedente. Entre las cuestiones que tendrá que valorar figura el principio de doble incriminación, que exige que los hechos puedan ser considerados delito tanto en España como en Estados Unidos, aunque no necesariamente tengan la misma denominación en ambos ordenamientos.

Más allá de discutir los cargos y las operaciones económicas, el equipo jurídico de Chambers enmarca la reclamación estadounidense en una “persecución política” vinculada a su apoyo a Palestina.

Para sustentar esta tesis, la defensa señala lo que considera una “ofensiva sin precedentes” contra instituciones y personas vinculadas a la defensa del derecho internacional y de Palestina. Cita las sanciones impuestas por la Administración Trump a miembros de la Corte Penal Internacional relacionados con las investigaciones sobre Israel y a la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

También alude a investigaciones, restricciones financieras y campañas contra organizaciones de derechos humanos, universidades, periodistas, estudiantes, investigadores y activistas relacionados con el movimiento internacional de solidaridad con Palestina.

“Es objetivamente evidente que existe un contexto de uso creciente de instrumentos jurídicos y administrativos contra quienes denuncian posibles violaciones del derecho internacional en Palestina o apoyan iniciativas humanitarias relacionadas con ese territorio”, sostiene el equipo jurídico.

Por ello, la defensa considera que España debe someter la reclamación estadounidense a un escrutinio especialmente riguroso. “Las autoridades españolas no pueden permanecer indiferentes ante este contexto”, advierte, y pide evitar que la extradición pueda contribuir “directa o indirectamente a una estrategia de persecución política”.

El argumento puede adquirir relevancia durante el procedimiento. La legislación española permite rechazar una extradición cuando existan razones fundadas para considerar que una petición formulada por un delito común persigue en realidad castigar a una persona por sus opiniones políticas, aunque excluye los actos de terrorismo de la consideración de delito político. El tratado bilateral con Estados Unidos contempla igualmente la posibilidad de denegar la entrega cuando concurran motivos políticos.

Por el momento, el equipo jurídico de Chambers evita adelantar qué estrategia concreta desplegará ante la Audiencia Nacional. Preguntado por infoLibre sobre los argumentos que utilizará para tratar de impedir la entrega y sobre una eventual intervención posterior del Gobierno español, responde que “no podemos adelantar nada hasta que llegue toda la documentación desde EEUU”.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido cuatro denuncias al juzgado que ha abierto diligencias por la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid para su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto esas diligencias a raíz de la denuncia que presentó la pasada semana el partido Iustitia Europa, con lo que, la Fiscalía no puede emprender un procedimiento paralelo.

Por esa razón, ha remitido a ese juzgado las cuatro denuncias que había recibido, tres de particulares y una del PSOE.

La investigación judicial se abrió por la denuncia de Iustitia Europa —una acusación habitual en procedimientos por corrupción—, en la que apunta la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en la compra de ese ático por un importe de 6,3 millones de euros.

Ese partido político quiere conocer el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos que justificarían la compra de ese ático como oficina temporal o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones.

El PSOE, por su parte, optó por presentar la denuncia ante la Fiscalía al entender que se ha podido incurrir en delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación.

Para los socialistas, o hay "una gravísima irresponsabilidad negligente" en una adquisición con una finalidad imposible de cumplir o "toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial".

Según su denuncia, la venta "precipitada" del inmueble que acaba de emprender Planifica Madrid es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal".

En los reinos de la demagogia hay muy poca distancia entre la medalla y la metralla, es decir, que los que lanzan sapos y culebras por la boca y dejan huellas de lobo en la arena política, luego se presentan como campeones de la democracia y del patriotismo. O sea que lanzan la piedra y esconden la mano, bailan la danza de la lluvia y luego venden paraguas. Se van a Ceuta, por ejemplo, le echan gasolina al fuego del racismo, le lustran de rodillas los zapatos al rey de Marruecos y cuando tienen la suerte —si es que esta falsa crisis migratoria de laboratorio les ha caído del cielo y no están en el ajo— de que se monte la marimorena en la frontera, se ponen el disfraz de Cid Campeador, se rodean de banderas y se ofrecen a resolver el problema que ellos, como mínimo, han ayudado a crear. Alguien mal pensado hasta llegaría a sospechar que el ruido de trifulca y reyerta es ideal para que no se oigan los escándalos de la Comunidad de Madrid, de los que los jefes de PP y Vox no dicen ni pío. 

Si tirar por elevación fuese deporte olímpico, los aspirantes de la derecha y ultraderecha a presidente y vicepresidente del Gobierno se llevarían el oro y la plata de calle, jugando al despiste de hacerle creer al público que compiten entre ellos, cuando, en realidad, son un equipo y se dan el relevo. Lo demás, es puro teatro: sus continuos aspavientos acaparan titulares; sus exageraciones siembran el pánico; su lenguaje va casi siempre de lo histriónico a lo hiperbólico, a menudo cruzando la frontera del insulto, que esa sí que debería de estar cerrada, y haciendo sonar tambores de guerra para dar la impresión de que estamos en una batalla del bien, que representan ellos, y el mal que encarnan la izquierda y Pedro Sánchez. Así que salen a esos escenarios de dios con la guitarra en llamas y arengan a las masas con muletillas ideológicas y mensajes apocalípticos, llevando las cosas tan lejos que hasta allí sólo les puedan seguir los más radicales, los más sugestionables o los más asustados. A veces, quien avisa de que viene el lobo es él.

Que viene Vox, repican las encuestas, y ya hay gente que maniobra para ponerse a su servicio. Su líder ahora vuelve a invocar la Constitución, que estos personajes usan como el Kama Sutra de las imposturas, para pedir que se aplique el artículo 102 y se eche a sartenazos de La Moncloa a Sánchez, por traidor. La verdad es que quien se parece más a un traidor es el propio Abascal, obediente correveidile y eco de Washington y Rabat y siempre dispuesto a hablar mal de España en cualquier sitio donde le pongan un micrófono delante. Este hombre y su socio Feijóo, sin embargo, no son buenos oradores, y cuando quieren pintar un panorama sombrío les sale el eccehomo de Borja. Y tampoco se dan maña con las matemáticas, porque proponen cosas para las que no tienen escaños, de manera que no es que se acerque el enemigo, sino que ellos tiran fuegos artificiales.

Qué parecidas suenan también las palabras “salvadores” y “salteadores”.

Las imágenes de la llegada de más de 70.000 personas a Ceuta en los últimos días han dado la vuelta al mundo, situando a la Ciudad Autónoma en el mapa y generando un gran impacto en la actualidad política nacional e internacional.

Para cualquier persona resulta impactante contemplar a miles de personas concentradas en distintos puntos de Ceuta, agolpándose en las playas, buscando agua y comida, esperando conocer cuál será su futuro. Estas escenas han sido utilizadas por la derecha y la extrema derecha para reforzar su discurso antiinmigración. 

Los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, han aprovechado la situación para sembrar el miedo y la desconfianza, valiéndose sobre todo de las redes sociales para difundir vídeos y fotografías de la llegada y concentración de miles de personas en Ceuta. Por su parte, grupos neonazis como Núcleo Nacional también han utilizado esos contenidos para avivar un discurso xenófobo. 

Pero estos discursos podrían verse indirectamente reforzados por un fenómeno que afecta a la sociedad en este tipo de situaciones –y con el que los partidos políticos pueden jugar a su favor–: el efecto de la víctima identificable.

La primera vez que se puso nombre a este fenómeno fue en el ensayo del economista y premio Nobel Thomas Schelling, La vida que salvas puede ser la tuya, publicado en 1968. 

A grandes rasgos, el efecto de la víctima identificable describe una mayor probabilidad de que una persona sienta más empatía por un único individuo en situación de vulnerabilidad que por un amplio grupo de personas afectadas.

Schelling sostiene en su ensayo que respondemos de forma muy diferente cuando se trata de salvar la vida de víctimas concretas, a las que se puede poner rostro y nombre, que cuando hablamos de salvar la vida de un pueblo en general.

Desde entonces, diferentes investigaciones han respaldado empíricamente este fenómeno. Entre ellas figura el estudio Desensibilización a la violencia en los medios de comunicación: vínculos con la exposición habitual a la violencia en los medios, las cogniciones agresivas y el comportamiento agresivo (Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L. R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A.; 2011) u otro más reciente, de 2021, mencionado por la corresponsal jefe de CNN Clarisa Ward en un vídeo en el que explica la crisis en Ceuta.

En el artículo Cuando la lente es demasiado amplia, las consecuencias políticas de la deshumanización visual de los refugiados, Ruben T. Azevedo, Sophie De Beukelaer, Isla L. Jones, Lou Safra y Manos Tsakiris parten del denominado efecto de la víctima identificable para analizar cómo la representación visual de las personas refugiadas en los medios de comunicación influye en la percepción que la ciudadanía tiene de ellas y en su deshumanización visual. Para ello, tomaron como caso de estudio la crisis de los refugiados sirios. 

A través de diez estudios realizados con 3.951 ciudadanos europeos, comprobaron que quienes veían imágenes de refugiados sirios en grandes grupos, en vez de imágenes individuales, mostraban una menor capacidad para sentir culpa, ternura o compasión por esas personas.

“Las imágenes de grupos grandes también fueron percibidas como más deshumanizantes y, cuando se combinan con elementos como titulares de prensa, siguen desempeñando un papel significativo e independiente en la percepción de la deshumanización de dicha cobertura informativa”, subraya el artículo. 

Los autores sostienen que estos hallazgos ayudan a entender cómo la forma en que se representan las crisis migratorias puede influir en la opinión pública. Aunque la investigación no analiza estrategias de partidos políticos concretos, sí concluye que la exposición a este tipo de imágenes puede modificar la percepción de la ciudadanía y su actitud hacia las personas refugiadas. 

De hecho, encontraron otro dato relevante: “Además, después de ver imágenes de grupos grandes, los participantes mostraron una mayor preferencia por líderes políticos de apariencia más dominante y menos confiable, y apoyaron menos políticas favorables a los refugiados y más políticas contrarias a ellos”. En el caso de Ceuta, dirigentes del PP y Vox han difundido de forma reiterada imágenes de la crisis migratoria en Ceuta para reforzar sus mensajes sobre inmigración. Declaraciones como las de Juan Bravo alertando sobre intentos de asalto a viviendas, o las de Ester Muñoz, vinculando la regularización de migrantes con el derecho al voto, son algunos ejemplos de relatos construidos en torno al miedo y la inseguridad.

“Lo que vemos en los medios de comunicación y cómo se muestra no solo tiene consecuencias para la forma en que nos relacionamos con otros seres humanos y nuestro comportamiento hacia ellos, sino que, en última instancia, afecta al funcionamiento de nuestros sistemas políticos”, concluyen los investigadores.