Desde hace una semana, José Luis Rodríguez Zapatero es un político radiactivo. Las derechas plurinacionales que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 están consultando los bajos fondos de Madrid para saber hasta dónde llega la cota de profundidad de la corrupción. El levantamiento del sumario del juez Calama confirma que tan importante es elegir a los ministros como a los amigos. Los dos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez han enfriado la moción de censura, pero en la Corte de los Leones, el auto de Calama ha inaugurado una nueva era glaciar.

La corrupción de Venezuela está alimentando la industria de la actualidad que se ha instalado en el joyero de José Luis Rodríguez Zapatero, mientras pasa desapercibida la trama: organización criminal internacional. Felipe González, Page, Barbón y los del PSOE caoba esperan al presidente Sánchez a la vuelta de la esquina. Se equivocan: el pestazo a cadaverina se ha extendido sobre la calle Génova antes que sobre los adoquines de Ferraz. Es Feijóo el que huele a muerto cada vez que Aznar afirma que “el que pueda hacer que haga”, son Aznar y sus satélites de El Mundo los que piden la moción de censura o la cuestión de confianza. Feijóo ni tiene ni le alcanza.

Hay que encapsular a Zapatero. Que cada palo aguante su vela. Rufián, que no se entera, ha convertido en santo al expresidente. Ignora que la base moral que legitima al gobierno de Sánchez no es el hombre que reformó el 135 por la puerta de atrás. Ignora que la única verdad de este gobierno está en los votos y en la fuerza del Parlamento que sostienen al presidente. Desde el 2024, todos estamos más resabiados, somos más perros y sabemos cómo se hace frente a este tipo de crisis. Sánchez volverá a mudar de piel. Así que conviene que algunos ministros tomen nota de esto y preparen las maletas. Este viernes, el presidente del Gobierno hablará. Vuelven los cinco días de abril de 2024. Volveremos a preguntarnos cuántos corchos flotan. Para cuando el secretario general del PSOE le hable a su Comité Federal, a finales de junio, el Consejo de Ministros será otro.   

Aitor Esteban, el último sumotori del PNV, le ha pedido responsabilidad a Sánchez y que anticipe elecciones. Las mociones de censura, a veces, las carga el diablo y, lo que es peor, se ganan. En realidad, Esteban ya no es el mismo desde que dejó el Congreso. No es el mismo desde que dirige el Euzkadi Buru Batzar. Esteban triangula, especula con los votos de la derecha y de la izquierda. Como en 2024, todos los partidos se han vuelto a resituar ante la posibilidad de adelantar elecciones. Pero las palabras del último sumotori vasco deben ser analizadas en clave interna. Tanto PNV como Junts están planteando su estrategia en las próximas elecciones municipales del año que viene y, sobre todo, tratando de evitar que coincidan con unas generales en un «superdomingo» de 2027 que arrastre toda la política territorial hacia el choque de trenes entre PP y PSOE. O sea, el Armagedón.

¿Continuará siendo Esteban el presidente del PNV después de las próximas municipales? No. Su posición en las Juntas Generales es complicada. Puede perder un juntero a favor de Bildu en Álava y en Guipúzcoa el estropicio será aún mayor. En el círculo vasco, Ortuza, el otro luchador de sumo, observa con calma. El matriarcado no perdona.

Mientras tanto, las izquierdas plurinacionales, incluso a pesar de Rufián, siguen haciendo muy bien su trabajo. Otegui ha apostado por concluir en fecha la legislatura y PSC y ERC acaban de sellar los presupuestos de Catalunya. Las naciones históricas del norte vuelven a dar estabilidad al sistema España. De manera que la legislatura va, continúa. Ni siquiera Zapatero podría liquidar esta legislatura si fuera declarado culpable. Sánchez tiene el condensador de fluzo de este país alimentado con los plurinacionales de la izquierda. Es el piloto preparado para subirse al Delorean, ese coche fantástico capaz de ajustar el pasado, el presente y el futuro. Por eso decimos que las elecciones serán el 18 de julio de 2027.

Cuando en la política se ha usado el nombre de la Virgen del Rocío y el capote que nos puede echar para llevarse a la gente de calle hacia las mesas electorales, marcando tendencia, o el de otra virgen cualquiera, como en las últimas elecciones, o se habla con una vaca blanca y negra para mover los sentimientos, precisamente humanos, haciendo dejación de propuestas, de proyectos, de programas y de verdaderos compromisos, amparándose sólo en la fuerza, como una sospechosa vis cómica que puede caracterizar a nuestra gente, nos huele peor que aquel tinao de nuestra niñez, que el boyero tenía que limpiar a diario, para aumentar el abono ecológico que se iba transformando en un poderoso fertilizante con el paso de los días y días, cara al sol, sin reparar en el paso del tiempo, en la corraleta de al lado.

La gente de nuestra tierra quiere vivir en paz y hacer el camino del Rocío sin problemas, porque es la fiesta y la tradición quien la mueve y la promueve.

Todos y todas se tiran a las inclemencias del camino, sin más pretensiones que sentirse unidos y, en llegando, sentirse reunidos.

No importa ni cómo ni cuándo comenzó todo, porque sabemos desde hace algún tiempo que “se hace camino al andar”.

No importa saber que en los antiguos tiempos, con todo el Imperio Romano a su favor, la religión se contagiara de supremacismo y considerara a la gente de los pagos como paganos, ya que seguían con sus devociones antiguas, con preferentes fervores hacia deidades femeninas, que seguían alimentando la religiosidad del pueblo llano.

Tampoco importa si las vírgenes eran blancas y patrias o de color y prestadas, ya que la reunión y el encuentro con todos eran lo que producía y regeneraba ese bienestar sin tacha, que no se contamina de dicotomías ni maniqueismos barriobajeros, como puede verse en las competiciones deportivas, preferentemente hijas de la pérfida Albión, que nos hipotecan tiempos nuestros de los días de descanso.

Tampoco importa si es verdad que “la Virgen lleva en el hombro una salamanquesa de plata y oro”, porque viene de muy lejos la función de ese animalito totémico de civilizaciones antiguas, como podría ser la tartésica, que sentaron plaza en estas latitudes y que los tiempos se han negado a ocultar y olvidar.

Tampoco importa si la festividad de la Virgen oscurece totalmente la fiesta del mismísimo Espíritu Santo, porque la preferencia popular haya abierto el baúl de los recuerdos y no la caja de los truenos de aquellas palabras del profeta, poco irénicas, que nos aclaraban que “fuego he venido a traer a la Tierra y no quiero otra cosa sino que arda”.

Quizás lo que importa es que el decálogo se encierra en dos propuestas tan populares, que hemos escuchado hasta la saciedad, porque el Rocío es amistad y vida. Así se resume en dos consideraciones del pueblo, ya demasiado añejas, que de siempre hemos escuchado y que nos decían así: “Yo ni robo ni mato”.

La honradez y el respeto a la vida de los demás, aunque sigan siendo otros, y que nos parecen casi ancestrales, tan antiguos y remotos, pero que pueden seguir moviendo conciencias, son joyas de la convivencia humana que la complejidad política de este mundo tan moderno está tirando por la borda con los prejuicios modernos cifrados en posverdades y crímenes de los desaprensivos, tan modernos y tan ricos y tan poderosos ellos.

Sin embargo, el tanto hacer un camino más que trillado no nos vale si no se ve con claridad que no se puede repetir el paradigma de seguir confiando en aquellos que nos engañan y siguen robando y matando, porque así “de nada nos sirve rezar”.

Una vez más el camino nos recalca la voluntad de seguir adelante y de mejorar cada vez la tierra donde pisamos. Al regreso podemos no tenerlo en cuenta, porque, de todos modos, no nos enseña nada.

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José María Barrionuevo es socio de infoLibre.

Durante esta primavera se socarran los bosques. No es el titular de un diario catastrofista. Lo saben bien en los Países Bajos, donde están soportando una inusual ola de incendios. Tanto es así que han tenido que pedir ayuda al Centro Europeo de Coordinación de la Ayuda de Emergencia (ERCC, por sus siglas en inglés). Lo ocurrido podría situase en las orillas del Mediterráneo, o en California. Pero no en un país que antes llamábamos Holanda. ¿Será casualidad? Parece que no, pues los meteorólogos advierten de que los fuegos cada vez serán más frecuentes debido al cambio del clima. 

A pesar de los anuncios, los gobiernos y la ciudadanía padecen una sordera creciente, incentivada por creencias propias y desafortunadas ocurrencias mediáticas. La falta de escucha voluntaria se extiende en el caso de las grandes energéticas fósiles, que ganan miles de millones de euros por contaminar el aire y la vida cada día más. Bueno, en realidad les venden los combustibles a otros; se dice que así no se puede perseguir a quien se limita a satisfacer las necesidades del mundo entero. La verdad es que provocan incendios descontrolados en los bolsillos y los pulmones. Este caos (energético) es un orden (de algunos) sin descifrar; hubiera dicho más o menos José Saramago. ¿O es que nadie se atreve, quiere, desenmascararlo?

Situémonos en España, verano de 2026. El Roto (Andrés Rábago), una enciclopedia que sabe plasmar la sensatez perdida, nos legó aquella imagen que representaba un bosque incendiado. Clamaba ese lamento en “solo nos veis cuando ardemos”. Esta sociedad sin sentido colectivo ensalza a los bosques, solo así se entiende la invasión desordenada de los fines de semana y los veranos; sin embargo los tiene en el olvido. Antonio Machado ya expresó la desidia boscosa en Por tierras de España: El hombre de estos campos que incendia los pinares/ y su despojo aguarda como botín de guerra,/ antaño hubo raído los negros encinares,/talado los robustos robledos de la sierra. 

Dado que el verano viene enseguida, imagino que las Cortes españolas y los Parlamentos de las CC.AA. habrán programado ya sesiones monográficas para el Diseño de una política de prevención y tratamientos de los incendios en el medio rural. Acciones de dimensión colectiva, sin partidismos políticos; para que no nos pase como siempre. Parte I. Desconozco si la citada iniciativa debiera materializarse en forma de decreto, de proyecto de ley o la figura que sea. He buscado en varias web de los parlamentos y poco se dice. 

¡Qué tiempos aquellos, junio de 2024, en los que la UE aprobaba la Ley de Restauración de la Naturaleza! Por cierto, el Parlamento europeo la confirmó en julio de aquel año. Los y las eurodiputados apoyaron la propuesta de la Comisión de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubriesen al menos el 20% de todas las áreas terrestres (supongo que las quemadas entre ellas) y marítimas de la UE. Es más, rezaba que “en la totalidad de los hábitats que lo necesiten para 2050”. Hay que decir que desde entonces la composición del Parlamento se ha escorado sustancialmente hacia la derecha, precisamente esa que a menudo solo ve los bosques cuando se incendian.

Hagamos un inciso. Me dicen mis informantes algo que me atrevo a calificar como esperpéntico, con el debido respeto. Los incendios y la restauración de la naturaleza no consiguieron hacerse oír en las campañas previas a las elecciones en Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía. Tampoco en los debates televisivos, que no vi para evitar socarrados cerebrales. Claro, nuestros representantes están más ocupados en lanzarse soflamas incendiarias que en pensar en la indefensa masa boscosa que debe soportar fuertes calores veraniegos, cada vez más y más largos. Total, el año 2025 solamente ardieron 354.793 hectáreas de superficie forestal en España (1,3% del total) según el INE. Además, este año la primavera lluviosa en buena parte de España ha añadido vegetación herbácea que será combustible pirotécnico cuando se seque. 

Es más, la forma en la que NO están recogidas prevenciones de salvaguarda de los bosques en los pactos firmados entre PP-Vox en las diferentes comunidades autónomas da que pensar a los mismos bosques y sus defensores. Porque los ecosistemas boscosos tienen su ánima, como en El bosque animado (1943) de Wenceslao Fernández Flores; aquel que José Luis Cuerda elevó a los altares cinematográficos en la película del mismo título (1987). 

En España, “cuando un bosque se quema algo se muere en el alma”, podría haber dicho Antonio Machado. Quedaría bien recogerlo en el estribillo de una cantata sevillana para lamentar que algún amigo se va. Acaso valdría aquello que fue motivo de campaña proteccionista, me parece que en el año 1962, que proclamaba: Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. Así añadía el matiz de la pérdida individual de una riqueza no soñada.

 Unos años después se difundía lo que cambiaba la segunda parte por “algo suyo se quema, señor conde”. Se rumorea que un tal Jaume Perich Escala lanzó la nueva versión en una novela Autopista (1971). Los mal pensados aseguran que quiso parodiar Camino, de Escrivá de Balaguer. Sea como fuere, nos dejó una crónica de la España franquista y el mundo de esa época; también una serie de pensamientos humorísticos y sarcásticos (¿incendiarios?) perfectamente válidos hoy. No solo para la clase política antes aludida, sino también para buena parte de la ciudadanía en general.

A nuestro pesar, los bosques eran, y siguen siendo, propiedad de todos para disfrutarlos; mientras que no tienen dueño para protegerlos, como nos ilustraba El Roto. ¡Claro!, como decía J. Perich, “estamos viviendo en un futuro imperfecto”. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El diablo está en los detalles. Por ejemplo, en el terreno de la Justicia, que se supone que es el reino de la ecuanimidad: la ley es igual para todos, se suele repetir, el Código Penal no admite banderas ni ideologías. En España, sin embargo, son muchos los que dudan de esa imparcialidad, se dice que el resultado de un proceso tiene más que ver con lo que te hayan costado los abogados que con lo que hayas hecho y, sobre todo, con las relaciones que la persona investigada tenga con el poder: a unos se les condena sin pruebas sólidas y en base a conjeturas, como al fiscal general del Estado, y otros se libran porque el magistrado de turno se vea incapaz de hallar evidencias de que M. Rajoy y Mariano Rajoy sean la misma persona. Aquí un día se creen que las vacas vuelan y al siguiente no saben ir de Pepe a José.

Nos piden respeto, hacen bien; pero, ¿se puede respetar lo que no se entiende? Por ejemplo, lo de las dos velocidades: ¿cómo es que para sentar en el banquillo a la esposa del presidente Sánchez o para bloquearle las cuentas a Zapatero se vaya tan deprisa y, a cambio, el empresario Aldama siga haciendo negocios con los hidrocarburos, aunque se le acuse de defraudar con esos mismos negocios casi doscientos millones de euros? ¿Cómo es posible que todo lo que tiene que ver con el PSOE vaya a mil por hora y lo que tiene que ver con el novio de Ayuso sea más lento que el caballo del malo? Y de Cristóbal Montoro, ¿qué fue? ¿No decíamos que de confirmarse las sospechas que recaen en el antiguo ministro todopoderoso de Hacienda estaríamos ante el mayor escándalo de nuestra democracia? El que pueda hacer, que haga. O como dijo el otro día Feijóo, tratando de glosar a Aznar: “El que pueda hablar, que habla.” Mira que lo tenía fácil, se lo había dejado hecho su antecesor, no era más que darle un calentón… Pero nada, ni por esas.

Con Zapatero también han corrido mucho, como si estuviesen entrenando para la Fórmula 1 que va a montar el PP en Madrid. Ya tiene las cuentas bloqueadas y cita ante el tribunal. El informe de la UDEF ha ido a misa, como suele ocurrir, porque los jueces se suelen limitar, en esa primera fase de su instrucción, a seguirle el paso a la policía, en este caso ha sido también así, aunque resulte raro que este se haya editado, se le hayan quitado algunas contradicciones y algunos errores; se le haya hecho un apaño, vaya. Aun así, quedan en él cabos sueltos extraños, por ejemplo que se permita deducir del hecho de que Zapatero amortizase una hipoteca de medio millón de euros que tuvo que hacerlo con dinero de procedencia dudosa y se calle que, en realidad, acababa de vender su antigua casa para comprarse una nueva y de ahí procedía ese ingreso. Si eso es así, y en ese caso será fácil de demostrar, sólo cabrían dos conclusiones: o no saben hacer su trabajo o están prevaricando. Otro detalle inquietante es que se atribuya un presunto pago de la trama Plus Ultra al entonces director del fondo de la SEPI, cuando lo cierto es que este aún no había sido nombrado para ese puesto. ¿Torpeza o mala intención?

A la luz del escrito del juez contra Zapatero, es evidente que aquí hay sobre la mesa preguntas que contestar, empresas pantalla, sociedades instrumentales, pagos que parecen excesivos y cuentas en paraísos fiscales. La pregunta es si en ese escrito se dice la verdad. Y la duda grande, si en nuestro país la Justicia es de fiar o está al servicio de otros intereses políticos y económicos. A ver si, igual que los corruptos encabezan las manifestaciones contra la corrupción, va a resultar que aquí los que se saltan la ley son los mismos que deben aplicarla. Será que para ese deporte no hay mejor chándal que una toga y que algunos llevan bajo la suya la camiseta de su equipo.

En 14 años, desde 2012, ha hecho 168 viajes internacionales. Todos por invitación: 61 a América, 26 a Asia, 55 a Europa y 26 a África. Conferencias, presentaciones, reuniones, mediaciones…. Muchas gratuitas. Otras remuneradas. Gertru y sus hijas trabajaban con él, y es triste tener que ponerlo en pasado. Se podrá discutir si cobraban mucho o poco, pero Zapatero siempre quiso que su actividad pasara por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, y por eso no montó –derecho tendría– ninguna empresa ni con ellas ni con nadie.

Entre los viajes internacionales no he contado los que ha hecho a Venezuela, país con cuya democracia se ha implicado hasta las cejas. Yo, que fui a visitar a Felipe González con Lilian Tintori mientras Leopoldo López estaba en prisión y que he trabajado para el valiente opositor venezolano al que Zapatero ayudó a liberar, he discrepado tanto con un presidente como con el otro en los matices, pero no puedo poner en duda la buena voluntad de nuestros expresidentes, incluido Aznar, en esa causa de un país hermano. Lo he comprobado de primera mano.

Resulta que por una investigación que se desarrolla principalmente desde 2023, cuando Zapatero sube a los escenarios en la campaña electoral a favor de Pedro Sánchez y del PSOE, se generan informes de la UDEF repletos de conjeturas y suposiciones, bajo las órdenes últimas del fiscal Luzón de lucha contra la corrupción, que han provocado la inevitable imputación por parte del juez.

A la relación de Zapatero con su secretaria, con sus hijas, con Thinking Heads (una empresa que tiene entre sus clientes también a Aznar y González) con el think tank Gate Center –creado por el propio Zapatero con luz y taquígrafos–, con la multinacional sueca Kreab, se la denomina “trama delictiva” con una “estructura jerárquica”, de la que Zapatero era el “líder” que fijaba la “estrategia”, generando “flujos financieros”. Si Gertru preguntaba el concepto de una factura o si dividirla en dos, los agentes de la UDEF interpretan que es una factura falsa. O si no hay constancia documental por un servicio facturado, eso es que el servicio es ficticio. Las conversaciones telefónicas, los informes orales, los viajes para desatascar asuntos, para resolver conflictos o para influir en decisiones, o generan un memorando escrito y una firma, o son falsos…. Eso parece interpretar la UDEF.

Y luego está Julio Martínez, al que no tengo el gusto de conocer, pero el presidente sí. ¿De verdad vamos a imputar al presidente Zapatero las sociedades mercantiles o las veces que usa su nombre el compañero de deporte del presidente? Zapatero ha negado y sigue negando taxativamente haber presionado a nadie para rescatar a Plus Ultra. Diré que, a mí, que lo intentara me parece legal e incluso pueril. Porque Zapatero no tiene evidentemente ningún poder para influir en una decisión que ha de tomar primero la SEPI y luego el Consejo de Ministros y que según todos los antecedentes fue legal y justificada. Pero es que, además, él niega ninguna acción de “influencia” en funcionario alguno. Y no hay ni un solo indicio razonable, por mucho que se empeñen en sugerir lo contrario los agentes de la UDEF.

Si la esposa del presidente cancela una hipoteca, los agentes creen que han encontrado un indicio más para detectar dinero ilegal saliente. Pero obvian, teniendo acceso a las cuentas, que esa hipoteca quedó cancelada por la propia venta de una casa. Si las hijas cobran cada una una cifra mensual por su trabajo (hagan la división entre las dos trabajadoras y entre los cuatro años de trabajo y verán que las cifras son dignas, pero no escandalosas), entonces han sido testaferros de su padre. Las hijas, testaferro del padre: eso es más o menos lo que se sugiere.

Pues bien, aun así, el presidente Zapatero, el presidente que abogó de manera inusitada por el matrimonio homosexual, que plantó cara a Bush hijo en la infame Guerra de Irak, que logró culminar con diálogo el final de ETA… ante esta pornográfica disección de su vida laboral y personal, no pierde la fuerza, ni la sonrisa, ni la esperanza en nuestro Estado de derecho. Cuando le recuerdo lo que le sucedió al fiscal general, condenado sin la más mínima prueba, a duras penas esboza una confirmación: "Fácil no es, pero hay que confiar en las instituciones", dice. Ese es el líder político que yo recuerdo y que está ahora preparándose para el día 2, precisamente por respeto al juez: el hombre del talante y del optimismo. Esa es la persona que las derechas están tratando de desprestigiar. No deberíamos permitirlo.

La imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra —más allá de las dudas que suscita entre quienes ven en el auto de la Audiencia Nacional evidencias suficientes para condenar al único expresidente del Gobierno cuya integridad no había sido puesta en duda y quienes creen que, al menos de momento, no hay más que un hábil documento judicial preñado de conjeturas— ha hecho que todos vuelvan la mirada hacia la regulación de los lobbies (los grupos de presión) como la fórmula mágica capaz de poner coto al tráfico de influencias en España.

Lo cierto es que la aprobación de una normativa sobre este asunto, que es desde hace décadas una asignatura pendiente tanto del PP como del PSOE, lleva tiempo bloqueada en el Congreso, adonde llegó a comienzos de 2025 como parte del Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en septiembre de 2024.

Los ensayos de regulación impulsados en los últimos años han resultado ser desalentadores. El Código de Conducta de las Cortes, aprobado en 2020 para reforzar la integridad y la transparencia, ha tenido un cumplimiento muy limitado en su apartado clave: la obligación de que diputados y senadores publiquen sus reuniones con grupos de presión. Su Oficina de Conflictos de Intereses constata año tras año que la mayoría de parlamentarios solo hace pública la agenda orgánica (plenos, comisiones, juntas…) y “rara vez” registran encuentros con lobbies, pese a que el código prohíbe en la práctica las reuniones opacas y equipara como “grupo de interés” a cualquier actor que busque influir en el contenido de las leyes, desde grandes empresas del Ibex hasta ONG o consultoras.

En 2024, por citar las últimas cifras conocidas, apenas un 17,85% de los parlamentarios llegó a publicar alguna actividad no puramente orgánica y, dentro de ese porcentaje, las reuniones con lobistas fueron minoritarias, un resultado que la propia oficina considera “altamente improbable” que refleje la realidad.

El balance es, por tanto, el de una norma que existe sobre el papel, pero cuya aplicación efectiva está bloqueada tanto por la resistencia de los propios parlamentarios como por la ausencia de un desarrollo sancionador que haga valer su artículo 9. La oficina lleva cuatro años recordando por escrito la obligación de transparencia sin que se haya producido ninguna consecuencia para quienes incumplen.

Para corregirlo, el Gobierno aprobó en enero de 2025 el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que superó el debate de totalidad en el Congreso en marzo de ese año. Desde entonces, la iniciativa permanece paralizada en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

El proyecto de ley que se tramita ahora en la Cámara baja pretende, al menos sobre el papel, ordenar la situación mediante la creación de un registro obligatorio de grupos de interés —desde grandes empresas hasta despachos o consultoras— y la obligación de hacer públicas sus reuniones con cargos públicos y diputados. La idea central es que cada norma incorpore una “huella legislativa”, esto es, un rastro documentado de qué actores han participado en su elaboración y cómo sus aportaciones han modificado el texto, de forma que la cocina parlamentaria deje de ser una caja negra.

Si fracasa no será la primera vez. Una iniciativa similar impulsada en la anterior legislatura quedó varada en el trámite de enmiendas y se evaporó con la convocatoria anticipada de elecciones, algo que perfectamente puede volver a ocurrir ahora, cuando falta apenas un año para que termine la legislatura. 

La versión actual superó la votación de toma en consideración con el apoyo del bloque de investidura, aunque varios socios del Gobierno la consideran tímida y reclamaron blindajes más estrictos frente a las puertas giratorias. La derecha, por su parte, y como es habitual, rehúye el consenso: PP y UPN optaron por la abstención y Vox se posicionó en contra, lo que permitió avanzar la tramitación, pero confirma la ausencia de un acuerdo amplio sobre el alcance de una norma que debería ser asumida por todos.

El texto que propuso el Gobierno plantea restricciones, que a muchos les parecen limitadas, para ex altos cargos —que no podrían dedicarse al lobby durante los dos años siguientes a abandonar el puesto— y establece sanciones tanto para quienes ejerzan presión sin inscribirse como para los responsables públicos que oculten sus contactos. No criminaliza la intermediación ni la influencia en sí mismas, sino que se limita a exigir transparencia y trazabilidad, desplazando el foco del terreno penal al de la rendición de cuentas pública.

El problema es que ahí hay muchas áreas de sombra. La Fundación Civio, una organización especializada en la vigilancia de los poderes públicos, asegura que el proyecto de ley solo será útil si se refuerza en varios puntos clave. Entre otros cambios imprescindibles, considera crítico modificar el modelo de control para que la supervisión y el régimen sancionador no dependan de un órgano vinculado al Ejecutivo. La entidad reclama un supervisor independiente, con autonomía funcional, mandato claro, nombramientos garantistas y recursos suficientes, para evitar que la norma se quede en papel mojado.

En segundo lugar, Civio defiende que la transparencia no puede limitarse a publicar que “hubo una reunión”. Reclama que se detallen, para cada contacto, la norma concreta sobre la que se influye, qué se pide, qué documentos se entregan y qué huella queda, con requisitos fijados ya en la ley y no delegados a desarrollos reglamentarios que rebajen el estándar de supervisión.

Otro eje central de sus propuestas es que la regla sea funcional: “Quien influya, entra”. Civio rechaza excluir por diseño a actores como partidos, sindicatos, patronales, colegios profesionales u organizaciones sociales cuando realizan actividades de influencia, porque eso generaría un sistema desigual y dejaría fuera influencias decisivas. Esta organización sostiene que la obligación de registrarse y dejar rastro debería aplicarse a cualquier actor que intente condicionar decisiones públicas, precisamente para reforzar su legitimidad y evitar “puertas traseras”.

Civio recuerda además que la influencia es bidireccional y que, por tanto, no basta con regular a los grupos de interés si no se imponen deberes claros al personal público. Pide obligaciones explícitas sobre qué registrar y publicar, qué no aceptar y cómo documentar las reuniones, de forma que no dependa de la discrecionalidad de cada cargo. Además, reclama un régimen sancionador robusto, sin lagunas y realmente disuasorio, recordando que la experiencia con el Consejo de Transparencia demuestra que, cuando las resoluciones pueden ignorarse sin consecuencias, el incumplimiento se dispara.

Por último, Civio considera imprescindible que toda la información del registro sea permanente, con historial y en formatos reutilizables que permitan analizar patrones a lo largo del tiempo. Advierte de que, si los datos caducan, se fragmentan, se borran o se publican de forma poco explotable, el control social se vuelve puramente simbólico. En paralelo, recuerda que otros países europeos, entre ellos Portugal muy recientemente, ya se han dotado de regulaciones más avanzadas, por lo que prolongar el limbo de la ley española supondría perder una oportunidad difícil de recuperar.

En la misma línea, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, (Gestha) tiene claro también que con el proyecto de ley en trámite no basta y plantea un paquete amplio de reformas para someter la actividad de los lobbies a reglas estrictas de transparencia y ética.

Reclama la prohibición expresa de que ex altos cargos y altos funcionarios puedan dedicarse al lobby, la creación de una Agencia independiente de Integridad Pública y el endurecimiento del marco penal y antifraude —con más años de prescripción para los delitos de corrupción, devolución obligatoria de lo robado y planes antifraude obligatorios—, así como el uso intensivo de inteligencia artificial para detectar conflictos de intereses en contratación y subvenciones. La ley, dicen, no basta: hace falta una política de integridad institucional mucho más ambiciosa, que alcance a las puertas giratorias, la responsabilidad de los gestores públicos y la arquitectura de control del conjunto de las administraciones.

Mientras el Congreso permanece paralizado, algunas comunidades han intentado regular esta actividad. La más reciente, Navarra, que acaba de aprobar un modelo más garantista que el que tramita el Congreso al colocar el registro de lobbies bajo una autoridad anticorrupción independiente (la OANA) y no bajo un órgano del propio Gobierno.

También han dado al Consejo de Transparencia foral capacidad real para dictar resoluciones ejecutivas y obligar a agendas de reuniones muy detalladas, con identificación de asistentes, entidades y asuntos tratados, algo más ambicioso que lo que hoy asegura el proyecto que se tramita en el Congreso.

Mejorar el entramado legal y la supervisión independiente parte de que el lobby se considera una actividad legítima de representación de intereses ante los poderes públicos. Que una empresa farmacéutica, un sindicato o una ONG intenten influir en una ley presentando argumentos y documentación forma parte de la normalidad en cualquier democracia. La clave es que esa influencia quede identificada, trazada y sometida a reglas.

Los grupos de interés actúan —o deberían actuar— a la luz del día, como una actividad que nada tiene que ver con la presión política, una categoría que incluye campañas públicas, movilización social, entrevistas, manifiestos o iniciativas de opinión. Y que también puede ser perfectamente legítima como actividad orientada a cambiar una decisión, aunque puede volverse abusiva si cruza la línea de la amenaza o el chantaje reputacional.

El tráfico de influencias, en cambio, es otra cosa. Está tipificado en los artículos 428 y 429 del Código Penal español como la utilización indebida de una posición de poder, una afinidad política o un vínculo personal con un cargo público para conseguir una resolución o trato de favor que genere un beneficio ilícito. Es una práctica opaca, así que, por definición, nadie que la practique se va a inscribir en un registro de lobbies ni a dejar constancia de sus gestiones. El tráfico de influencias no se gestiona mediante reuniones formales solicitadas en sedes ministeriales. Se produce en entornos de informalidad que escapan por completo a cualquier registro administrativo.

En la Unión Europea opera desde 2021 un Registro de Transparencia obligatorio de facto para quienes quieren interactuar de forma sistemática con el Parlamento, el Consejo y la Comisión. El personal directivo de la Comisión solo puede reunirse con grupos inscritos y, en 2024, se procesaron aproximadamente 7.000 solicitudes de acceso a documentos de trabajo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo y organizaciones como Corporate Europe Observatory han documentado fallos sistémicos: el registro no controla las reuniones informales fuera de sedes oficiales, ampara la infradeclaración del gasto real en lobby y tiene lagunas en la influencia indirecta ejercida a través de fundaciones y consultorías.

Francia tiene uno de los sistemas más exigentes del continente, gestionado con independencia por la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Desde octubre de 2025, además, opera el registro Argos para actividades de influencia extranjera: cualquier persona que actúe por cuenta de un mandante extranjero para influir en políticas públicas francesas debe inscribirse en 15 días laborables desde su primera actuación, declarar sus acciones de forma trimestral y remitir un informe anual. Las sanciones por incumplimiento son penales: hasta tres años de prisión y multas de 45.000 euros para personas físicas.

Alemania reformó en profundidad su ley de registro de lobbies en marzo de 2024, ampliando los objetivos de influencia regulados —incorporó a los jefes de división ministeriales, unos 600 funcionarios con capacidad decisoria—, eliminó la opción de ocultar datos financieros y obligó a declarar la huella legislativa en cada proyecto normativo concreto.

El de Canadá es el modelo que los informes comparados de la OCDE, el Parlamento Europeo y Transparency International señalan como la referencia técnica más avanzada. El sistema federal canadiense combina la Lobbying Act de 1989 —revisada sustancialmente en 2008— con el Lobbyists’ Code of Conduct, y su fortaleza no está en el registro en sí, sino en quién lo controla. El Comisionado de Lobbying es un alto cargo independiente que responde directamente ante el Parlamento —no ante el Ejecutivo— y tiene atribuciones exclusivas para auditar de oficio, requerir pruebas bajo apercibimiento legal e investigar infracciones civiles y penales.

Las obligaciones de reporte son inmediatas. Los lobistas inscritos deben declarar cada contacto verbal o escrito con un “cargo público designado” —primer ministro, ministros, parlamentarios, asesores de gabinete y directores generales de la administración federal— dentro de los 15 días posteriores al cierre de cada mes natural. No existe equivalente en ningún sistema europeo.

El aspecto más diferencial es el régimen de puertas giratorias. Canadá prohíbe de forma absoluta a los antiguos altos cargos designados ejercer lobby remunerado durante un período de enfriamiento de cinco años tras abandonar el servicio público. En España, la ley de incompatibilidades establece restricciones de dos años, con controles débiles y un historial de sanciones prácticamente inexistente. En la UE, los comisarios tienen un período de espera de dos años; los presidentes, tres.

Las violaciones de la ley canadiense constituyen delito y pueden acarrear penas de multa, inhabilitación temporal o prisión efectiva.

Aun así, grupos de la sociedad civil como Democracy Watch documentan lagunas: están exentas de registro las gestiones de lobby realizadas de forma gratuita por antiguos directivos que siguen percibiendo pensiones de la empresa, y los contactos con agencias encargadas de inspecciones sectoriales tienen menor cobertura de la deseable. 

No hay un sistema perfecto. Ninguna ley ha eliminado el homicidio ni el robo. La regulación del tráfico de influencias funciona con la misma lógica: no puede erradicar la conducta, pero sí subir su coste, dejar más rastro y reducir las zonas donde opera sin consecuencias.

Los estándares de la OCDE son explícitos: la regulación del lobby es solo una pieza de un sistema más amplio de integridad pública. Transparency International llega a la misma conclusión: incluso en países con registros avanzados, la combinación de definiciones demasiado estrechas, ausencia de datos financieros detallados, falta de sanciones aplicadas y opacidad en las puertas giratorias deja zonas de sombra donde pueden darse relaciones indebidas.

En todo caso, la arquitectura que mejor funciona combina, al menos, cinco elementos que ningún registro aislado puede sustituir. El primero es un órgano de supervisión independiente del Ejecutivo, con recursos para investigar de oficio y aplicar sanciones. El segundo es la huella legislativa obligatoria, que obliga a dejar constancia en cada norma de qué grupos la influyeron y cómo.

El tercero son períodos de enfriamiento reales para quienes abandonan cargos públicos, no declaraciones de intención. El cuarto son reglas estrictas sobre conflictos de interés, incompatibilidades y regalos. El quinto son canales de denuncia protegidos: en casos de tráfico de influencias, la prueba no suele aparecer en el documento formal, sino en la alerta interna o la filtración responsable.

Sin ese sistema integrado, la regulación del lobby puede cumplir las formas sin alterar el fondo. Y el fondo remite siempre a las mismas preguntas: quién influye realmente, sobre qué y por qué.

Quiero pensar que fue por la intensidad informativa de estos últimos días, y no por esa manía de fijarnos sólo en lo que no funciona y dejar de valorar los logros, que el pasado jueves pasó por debajo del radar de buena parte de los medios una noticia de alcance, de esas que desmienten los mantras instalados de la polarización, la imposibilidad de acuerdos y el “España se rompe”: todas las comunidades autónomas, todas, acordaron de forma unánime con el Ministerio de Vivienda el reparto de los 7.000 millones del nuevo Plan de Vivienda Estatal.¿Qué ocurrió para que obrara el milagro?

Como es habitual, no encontraremos un solo motivo, sino varios: la habilidad negociadora del ministerio, el correcto planteamiento del propio plan que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible —especialmente la vivienda pública y protegida—, movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades… Pero más allá de todo esto, hay algo incuestionable: el papel que ha tenido la sociedad civil poniendo en el top de sus preocupaciones y sus movilizaciones la cuestión de la vivienda.

No es la primera vez que ocurre. De hecho, un recorrido que estudie la preocupación por la vivienda en los últimos años nos dice que ya en 1995 se encontraba —según el CIS— en el tercer puesto (por delante estaba el terrorismo de ETA y la crisis económica que golpeó con fuerza en 1992). Ya entrados en el siglo XXI, la vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008. De hecho, aunque ha desaparecido de la memoria colectiva, fue uno de los asuntos que hizo estallar la indignación el 15M, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos similares. A partir de 2013 va bajando en el listado de prioridades y en la primavera de 2023 empieza a repuntar.

Hoy, es un clamor: Oxfam analiza cómo la condición de inquilino es una brecha de desigualdad que atrapa en la “trampa del alquiler”, haciendo que, aun con mayores ingresos que los propietarios, los inquilinos tengan menor capacidad de ahorro; el Observatorio de la Emancipación acaba de publicar un informe en el que dice que la edad media de emancipación se ha elevado a los 30,2 años debido, fundamentalmente, al problema de poder hacer frente a un alquiler…. Los informes se suceden y las cifras no dejan lugar a dudas.

El clamor ha llegado a la calle en forma de una gran movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas, a la que se han sumado los sindicatos CCOO y UGT, además de otros colectivos sociales. Sin duda, el consenso político en torno al plan de vivienda no es ajeno a este clamor social. Luego podrán discutirse modelos de políticas de vivienda; habrá quien pondrá más el acento en la construcción de nuevos pisos y quién en el hecho de que sean públicos y/o asequibles, etc. Pero nadie puede negar que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social. Quien consiga dar con la tecla de cómo solucionarlo a corto —si es que eso es posible—, medio y largo plazo, contará con la confianza de la ciudadanía. 

Mientras tanto, extraigamos la lección y apliquémosla a otras cosas: cuando la sociedad civil se moviliza, la política no puede permanecer quieta.

Lluís Orriols (Barcelona, 1977) es politólogo, licenciado en la Pompeu Fabra de Barcelona, doctorado en Oxford y profesor y vicedecano en la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha convertido en una voz habitual entre los analistas de la actualidad, en su caso especializado en opinión pública y en comportamiento político y electoral.

“Ya tenemos cuatro elecciones autonómicas y ya podemos hacer una lectura no solo a nivel autonómico sino a nivel nacional, de cómo está la política española. Yo creo que hay tres grandes conclusiones. La primera es que el Partido Popular necesita de Vox para conformar mayorías parlamentarias, porque incluso en contextos donde tenían mayorías sólidas han visto cómo retrocedían y necesitaban el apoyo de Vox, como en Andalucía. Por tanto, el PP gana, pero necesita de Vox. La segunda es que el Gobierno genera efectos negativos o genera un contagio negativo a las arenas inferiores. Siempre hay un efecto de contagio de las dinámicas nacionales a las autonómicas y locales, positivo o negativo. Se constata que el Gobierno es corrosivo. El partido que lidera el Gobierno, el PSOE, pero también quienes le rodean, obtienen malos resultados por el mero hecho de formar parte de las mismas siglas. Es una lección de la que debe tomar nota el Gobierno. Y la tercera es el auge de los nacionalismos de la izquierda nacionalista. Si algo parece que está en auge en España también es esa izquierda alternativa de corte nacionalista que no está en el Gobierno, porque además conecta mucho con esa idea que está tan en boga de la identidad nacional”. 

“El bipartidismo forma parte del pasado, sí, respecto al de hace 15 años. Es verdad que tenemos el Partido Socialista, que es claramente hegemónico en el espacio de la izquierda. De hecho, si no se hunde es porque consigue absorber votos de sus principales competidores y socios de Gobierno. Donde está más en duda ahora, no es tanto en el espacio de la izquierda que ahí se queda una hegemonía del Partido Socialista más sólida, sino en el espacio de la derecha. Ahí sí que hay una competición entre Partido Popular y Vox. El Partido Popular sigue siendo el primer partido, sin duda, pero ahí sí que se mueven muchas cosas. Ahí sí que tenemos que estar pendientes de lo que puede pasar”.

“Lo único que te diría que genera diferente Andalucía del resto es que Andalucía tenía una apuesta muy fuerte: era el principal baluarte de un Partido Popular clásico, conservador, más moderado, con menos complicidad con el discurso de la extrema derecha. Y en esa pugna interna que hay en el Partido Popular ahora mismo, que aún no está definido qué va a ser el PP dentro de unos años —si un PP que asimila el discurso de Vox o que lo confronta—, el hecho de que Juanma Moreno no haya conseguido esa mayoría absoluta y también dependa de Vox debilita las tesis de partido conservador clásico y da aliento a aquellos que quieran incorporar las tesis más radicales”.

“Es la gran pregunta que probablemente hace que algunos de la izquierda quieran mantener el Gobierno y no adelantar elecciones porque pueden pensar que ahora mismo el Partido Socialista está a tres o cuatro puntos del Partido Popular. No es una distancia muy grande. Si Vox aumenta y el Partido Popular se desgasta podrían acabar a la par. Ese es el diagnóstico que tienen muchos analistas y algunos de la izquierda. Yo soy algo más escéptico sobre este diagnóstico. Yo creo que lo que estamos viendo, un PSOE no hundido, es porque aún hay muchos votantes que se sienten que son leales a la formación por la situación económica, por el miedo a Vox y aguantan. Aguantan una legislatura sin presupuestos. Aguantan los escándalos de corrupción, pero que, en fin, toda lealtad tiene un umbral de tolerancia. Y ese umbral podría ser lo de Zapatero. Podría ser el siguiente escándalo. Si yo fuera el Partido Socialista pensaría que esos tres o cuatro puntos de distancia es un resultado bueno, propiciaría adelantar elecciones para quedarnos con esos resultados susceptibles a empeorar, no a mejorar”.

“Pedro Sánchez tuvo una primera legislatura exitosa de altísima productividad, de altísima producción legislativa, con grandes hitos. Pero no es esta legislatura. Esta última legislatura es una legislatura gripada, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria ni de izquierdas, que depende de Junts, que es un socio muy incómodo tanto en lo ideológico como en ser garante de estabilidad. Incluso habiéndole ofrecido la amnistía, no ha sido capaz de aprobarle ningún presupuesto. Por tanto, estamos en un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria de izquierdas. Además, tiene en su debe escándalos importantísimos de corrupción que afectan a este Gobierno. Ya no hablemos de Zapatero, sino hablemos de exministros o secretarios de organización de esta época. ¿Sigue habiendo algunos activos? Sí, muy particularmente la situación económica, que ayuda al Gobierno, sin duda, a que no esté peor de lo que de lo que está”.

“Núñez Feijóo llegó en un momento en el que el Partido Popular estaba en una encrucijada, en una situación de indefinición ante qué hacer con el embiste de Vox. Y Feijóo no se ha pronunciado. Núñez Feijóo, por tanto, tiene un liderazgo errático en un momento donde es fundamental un liderazgo. Actualmente el Partido Popular está probablemente en una de las grandes batallas que tienen los partidos conservadores, no solo en España. Esta película ya la hemos visto en otros países. Partidos conservadores que, ante el embiste de la extrema derecha, tienen que tomar decisiones de cómo afrontar esta competición. Cómo hacerlo es también cómo definirse como partido. El Partido Popular es errático, no está definido y no está definido porque en realidad Núñez Feijóo no tiene un plan. Seguramente tener un plan es muy difícil en estas circunstancias, pero el hecho es el que es. Y es un partido en el que ahora mismo reina la indefinición y la falta de liderazgo. Cuando llegó Feijóo introdujo una idea muy revolucionaria, por decirlo así, dentro del Partido Popular, que era la descentralización, en una formación que era altamente centralizada o muy jerarquizada. Pero hemos visto también que está siendo errático en esto, primero descentralizado, pero luego intentó centralizar para coordinar el mensaje o las relaciones con Vox. Yo diría que el liderazgo de Feijóo es escaso en momentos donde este partido sí que necesitaría tener líderes con ideas y rumbos claros”.

“Yo te diría que Abascal es un mal líder para Vox. Es un líder que Vox no necesitaba, nunca necesitó. Evoca más al ala dura y conservadora ultra del Partido Popular, pero no es el perfil, digamos, de líder de extrema derecha que es capaz de movilizar masas más allá de los más conservadores. No ha sido un buen líder desde el principio. Contradictoriamente Abascal ha entendido que había que renovar los liderazgos. ¿Y qué ha hecho? Renovar el resto. Ha renovado todos los liderazgos. Yo creo que esas luchas internas, esas purgas no responden a un capricho de un hiperliderazgo de Abascal, responden a una idea clara de que esos liderazgos no servían para el Vox que puede crecer. El último eslabón que faltaría para que Vox fuera plenamente operativo es un líder distinto al de Abascal. Es posible que eso sea difícil, que un líder se inmole. Tiene por tanto, luces y sombras. El partido va por un buen camino en términos de definición ideológica y de renovación de liderazgos. Eso sí que lo está haciendo bien”.

“Una de las paradojas del debate público es que decíamos que Vox estaba creciendo porque se ha salido de los Gobiernos del Partido Popular y eso le permitió dar aliento. Y creo que en parte es así, pero es solo una piececita del puzzle. Vox se salió de los Gobiernos y además cambió sus postulados teóricos y sus liderazgos. Por lo tanto, eso es todo en conjunto. Ahora Vox vuelve a entrar en el Gobierno. Lo que pasa es que ahora Vox entran en los gobiernos autonómicos con una agenda mejor definida de cómo conectar con ese sentir populista. La extrema derecha basada en ese nacionalismo xenófobo, con el chovinismo de bienestar, el rechazo al inmigrante como corazón de todo el argumentario, que eso se había olvidado antes. Y eso es lo que realmente yo creo que conecta muchísimo más con emociones de muchos votantes. Si eso lo consiguen hacer no solo desde fuera, sino también desde las instituciones, a lo mejor entrar en el Gobierno les compensa. Ahora bien, a largo plazo sabemos que en términos demoscópicos entrar de socio minoritario en los Gobiernos es algo arriesgado, que de media sales más perjudicado que beneficiado en términos de réditos electorales. Pero los partidos quieren hacer políticas para cambiar el mundo, para cambiar el entorno en el que viven, no solo para ganar más votos en el futuro, sino para tocar poder. Aquí tenemos a Vox tocando poder”.

“De las tareas más complicadas que hay hoy en día es dar consejos a la izquierda. Pero no a la izquierda de este país, a la izquierda en general. Probablemente el consejo —y será un consejo muy light, a lo mejor decepcionante—, el principal consejo que le daría a la izquierda de este país es que no sea parroquial. Que no se mire a sí misma, que vea que la crisis de la izquierda no es una crisis española, que vea que hay crisis más sistémicas que ocurren en España y también en otras partes. Por lo tanto, la respuesta no puede ser que los líderes de turno son malos o que tienen que ir separados o juntos. Esos son cuestiones operativas menores como el Plan Rufián, de cómo ir, cómo presentarse. Esos son elementos muy menores que hay que abordar, sin duda, pero que hay elementos de discurso mucho más estructural. De cómo la izquierda conecta con estos tiempos que han cambiado, en los que la izquierda desde hace más de una década y media se siente insegura y se ha convertido en el partido conservador que quiere mantener lo que había antes sin buscar proyectos de ampliación o de nuevas conquistas, sino de mantener las conquistas ya realizadas. Por tanto, sintonizar con los nuevos tiempos, buscar nuevos proyectos para pasar a la ofensiva en lugar de a la defensiva. Ahora, la pregunta es: ¿y qué proyectos en concreto? ¿Cómo conectar? No tengo ni idea. Seguramente si tuviera yo idea, tendrían idea los demás y seguramente no estarían en crisis. Estamos en una situación complicadísima en la que probablemente no es tan fácil entender qué posición tiene que tener la izquierda”.

“Yo me pregunto si este escándalo de Zapatero –que por mucho que pueda ser inocente no deja de ser un escándalo que genera una enorme conmoción entre los votantes de izquierda– puede ser para muchos esa gota que colma el vaso; con el que acabas llegando a ese umbral de tolerancia y que hace que dejes ya de apoyar al Partido Socialista. Rodríguez Zapatero era un referente en la izquierda, un enorme activo para el Partido Socialista. Si analizamos la política española hoy los grandes vectores de la izquierda son los que ya plasmó Rodríguez Zapatero en su doble legislatura. Ampliación de derechos sociales y atención a la cuestión nacionalista. Es decir, no esquivarla, sino afrontarla directamente. Esos elementos que eran tan Zapatero son los vectores que conducen la acción de Gobierno del actual presidente Pedro Sánchez. Por tanto, no es solo algo que afecte a un expresidente, afecta a un referente crucial para este Gobierno”.

El auto del juez Calama que imputa a Zapatero ha causado estupor entre los juristas alarmados por la proliferación de autos policiales en vez de judiciales, en los que el juez de turno se dedica a copiar y pegar los informes de la UDEF o de la UCO, la unidad de la Guardia Civil, que tan contundentes se muestran en sus conjeturas. “Nos hemos acostumbrado a que los jueces, cuando les viene bien, se larguen una resolución chusca, que es un auto policial con una visión aviesa en la que se sacan conclusiones que no respetan la presunción de inocencia. Antes, los jueces instruían, pero ahora parecen haber dejado esa función en manos de la policía”, dice un relevante fiscal, que observa horrorizado el actual modus operandi. 

La sombra de la sentencia del Supremo condenando a Álvaro García Ortiz sin pruebas con el fatídico "fue él o alguien de su entorno" emerge en este asunto como una posibilidad realista de que se repita la jugada. La Audiencia ha cogido un hueso que no piensa soltar, como anticipa un auto en el que se percibe claramente una intencionalidad incriminatoria, cargando las tintas en la supuesta organización criminal de la que Zapatero es el máximo responsable. Quienes pensaban que Calama era un juez ‘normal’, ahora observan con estupor el lenguaje policial que recorre la resolución en la que se pinta al expresidente como un capo internacional. “Hay una reconstrucción magnificada de los indicios para que el retrato resulte demoledor”, sentencia un jurista. Lo que hay por ahora son indicios, pero aún no hay pruebas. 

“Estamos regresando al procedimiento inquisitivo cuando los derechos del investigado no se respetaban. El auto judicial parece fundado en las pesquisas de una agencia de seguridad privada de Estados Unidos. La falta de garantías que hay en los procedimientos en Estados Unidos es algo sabido de siempre y ahora todavía más. Habrá que ver dónde están las fuentes de prueba que sustentan el relato, porque por ahora no las hay”, opina un juez retirado, que considera que el abogado defensor de Zapatero es un profesional con experiencia en casos de este tipo. La actividad que ha desarrollado el expresidente es muy frecuente en los que han dejado la política. Habrá que ver las pruebas que han provocado su imputación para entender el delito. El mundo del lobby está difuso en España, en un limbo.

En los entornos del PP y del PSOE se habla estos días de cómo Aznar y Felipe han manejado su capacidad de influencia con más inteligencia que Zapatero. Ambos expresidentes colaboran con millonarios con diversos intereses económicos en medio mundo, a los que los contactos y sabios consejos de los que fueron máximos dignatarios españoles se ve que les vienen muy bien por la longevidad de la relación.

Aznar renovó hace seis meses como consejero de Rupert Murdoch en News Corp, su potente holding de medios, en donde desde hace 20 años cuenta con el aval del magnate dueño del Wall Street Journal, The Sun o The Times, entre otras famosas cabeceras. La serie Succession está inspirada en las intrigas de esta familia con importantes tentáculos. A pesar de la oposición del resto de socios de Murdoch y de contar con el doble de votos en contra para su reelección, ahí sigue, habiendo cobrado alrededor de cuatro millones de euros en estos años. Todo legal, por supuesto. 

Igual de legal que la estrecha relación de amistad y negocios de Felipe González con Carlos Slim, al que el expresidente asesora en sus lucrativos negocios. Fin. ¿Qué incluyen las asesorías? No es algo que ninguno de los dos haya detallado, más allá del buen criterio del expresidente y su acceso a personajes como el rey Mohamed VI de Marruecos, entre otros conocidos dignatarios, a los que pone en contacto con el millonario debido a la amistad que les une. Tiene derecho a ganarse el pan. Hay que reconocer que se lo han montado con más estilo que Zapatero, dotando de una pátina de transparencia su actividad. Pueden estar tranquilos porque ningún juez dudaría de dos señores tan de derechas. Hay que reconocer que ZP se lo ha buscado, al convertirse en faro del sanchismo.

El poeta Rubén Darío definió el cuello del cisne como un signo de interrogación en un poema dedicado a otro poeta, Juan Ramón Jiménez. Los poetas se preguntan por la vida y las palabras para comprender el valor de los matices que marcan la realidad. Cuando el imperialismo norteamericano amenazaba la cultura en español de América Latina, el cuello del cisne supo utilizar su belleza para preguntar: “¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?”. Y no es que Rubén, formado en la poesía de otros idiomas, temiese las posibilidades del bilingüismo, ce n´est pas posible, sino que se negaba a que la cultura de su comunidad fuese invadida y arrasada por una potencia extranjera. Rubén, que se reconocía como hijo de América y nieto de España, heredero de Garcilaso y Quevedo, se negaba a que su lengua acabase por ser extraña en su propia tierra, y convertía las preguntas del cisne en advertencias: “¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?” o ”¿Callaremos ahora para llorar después?”.

Rubén Darío escribió su poema en una situación difícil para decirnos que no puede confundirse una agrupación de naciones con una verdadera comunidad. Hispanoamérica, o también Iberoamérica, no es una agrupación de naciones, una estructura de acuerdos internacionales o una corporación económica, sino una comunidad con vínculos culturales y humanos, de sangre y de poesía, nacidos a lo largo de los siglos. Las apuestas políticas, incluso ante los procesos de independencia, se traicionaban a sí mismas si olvidaban los vínculos profundos de la palabra comunidad. Lo entendió muy bien el profesor Rafael Altamira, formado en la Institución Libre de Enseñanza, cuando empezó a reivindicar en los inicios del siglo XX, ya ocurrida la pérdida de las últimas colonias en 1898, una psicología de la civilización española no confundida con el viejo imperialismo, pero inseparable de la fraternidad latinoamericana. El intelectual cubano Fernando Ortiz, maestro y amigo de poetas, temió al principio la vuelta a un viejo imperialismo, pero tardó poco en comprender que el peligro para Cuba estaba en una nueva ambición protagonizada por los EE.UU. y afianzó su hermandad con la cultura española como respuesta a los intereses económicos de los bárbaros que querían convertir la isla en el patio trasero de las grandes compañías norteamericanas. Y esa hermandad cultural latina fue la que sostuvo una comunidad representada por García Lorca, Alberti, Nicolás Guillén o Fernández Retamar.

Hacer memoria no significa irse por los cerros de Úbeda, sino tomar conciencia de los significados reales de las situaciones históricas. Y no podemos callarnos para llorar después cuando los bárbaros fieros atacan de nuevo a Cuba con un bloqueo que maltrata sobre todo a la población cubana, dejándola sin electricidad, sin combustibles y sin unas condiciones dignas de supervivencia. A golpes sobre la piel cubana, la estrategia se ha preparado para castigar a las empresas españolas, europeas y canadienses, en beneficio de los intereses comerciales norteamericanos. Y la agresión se convierte en una amenaza esperpéntica cuando, después de violar día a día la justicia internacional y el derecho de las naciones, se denuncia de manera absurda a Raúl Castro por un acontecimiento que sucedió hace 30 años. Bajo las furias, el mensaje es claro: no nos interesa ningún tipo de negociación interior, porque queremos apoderarnos económicamente de la isla, aunque eso suponga maltratar a la población y cortar cualquier salida propia para sus crisis social y política.

Es difícil entender que una defensa seria de Cuba no pase por analizar las situaciones actuales de la Revolución. Pero resulta más difícil entender a los que dicen apostar por la democracia y la libertad cubana, por la dignidad cubana, cuando apoyan un sometimiento inhumano a los bárbaros fieros del Norte y justifican una agresión que acabe con su independencia nacional y con los vínculos históricos de su sentido de pertenencia y su identidad. Cuba necesita hoy solidaridad activa, apoyo, mucho apoyo económico y cultural contra el bloqueo de los bárbaros, fraternidad europea, iberoamericana, y la esperanza de que el pueblo cubano encuentre por sí mismo una salida digna a esta situación. Las preguntas del Cisne de Rubén Darío navegan una vez más por las venas abiertas de España y América latina. Somos comunidad, que no se olvide.

Si yo supiera que Zapatero paga sin factura al fontanero, yo sería el primero en reprobar su conducta. No digamos si el juez o quien sea constata que tiene dinero oculto o cualquier otra fechoría.

Pero sucede que no hay nada constatado, que no sea “indiciario” o “embrionario” en ese auto judicial, el best seller de la semana. A diferencia de los adefesios del juez Peinado, que ni siquiera sabe escribir, este juez ha cortado y ha pegado con elegancia los detalles que le proporciona la UDEF y respeta los interlineados, la gramática y la sintáctica. Pero no hay nada. El auto es un rosario de supuestos indicios sin un solo documento (el gran hallazgo es una carta de Plus Ultra al Santander “siguiendo instrucciones del Presidente”), grabación o testigo que demuestre que Zapatero ayudó a Plus Ultra a conseguir ayudas que, por cierto, obtuvo de manera estrictamente legal y está devolviendo en los plazos establecidos.

¿Cómo es posible que, sin pruebas concretas que no sean conversaciones de terceros y movimientos de facturas entre tres o cuatro sociedades perfectamente numeradas y codificadas, la Fiscalía Anticorrupción (Luzón, siempre Luzón), la UDEF (que depende de ella) y el juez Calama se atrevan a poner al presidente en “la cúspide”, en el “núcleo decisor y estratégico” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, de una red criminal? ¿A qué funcionario, a qué “instancia pública”, presionó Zapatero para que se rescatara Plus Ultra? ¿A la SEPI? Se ha investigado cada papel de aquella operación de rescate, realizada al albur de las normas europeas y nacionales y no se detectó ninguna irregularidad. Al contrario. ¿Se plantó allí Zapatero quizá, en plena reunión del Consejo de Ministros, para obligar al Gobierno a romper las normas para salvar a la compañía aérea –que, por cierto, a día de hoy sigue operando con normalidad– y embolsarse medio millón de euros? ¿A quién presionó Zapatero? Y si no hay pruebas de tal “tráfico de influencias”, ¿de qué se le acusa?

¿Será que su señoría ha descubierto que en los toros se fuma? No es delito que un ciudadano privado, que ya no es funcionario del Estado, por mucha autoridad moral que tenga e incluso aunque haya sido presidente del Gobierno, interceda en nombre de una compañía, o que contrate conferencias y consejos y servicios de consultoría. Aznar, González y Zapatero lo practican y tienen derecho a hacerlo. Aznar desde su posición en uno de los despachos más grandes del mundo, Latham&Atkins, desde News Corp, desde FAES o desde Famaztella (Familia Aznar Botella), la sociedad familiar. Felipe González también tiene una empresa con sus tres hijos, Ialcon Consultoría, y un fondo de inversión y su propia Fundación. El menos audaz, y quizá el más próspero de los cuatro, es Mariano Rajoy, que se volvió al Registro de la Propiedad de Santa Pola en cuanto dejó la Presidencia del Gobierno. Por lo que sea, a los cuatro meses ya le habían concedido uno de los más lucrativos registros de España, el Registro Mercantil número 5 en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Nada que objetar. Podrá gustarnos más o menos que los cuatro hayan renunciado a su puesto en el Consejo de Estado, o que cobren la asignación estatal vitalicia. Quizá nos repateen las puertas giratorias. Pero todos ellos tienen derecho a hacer con su vida lo que quieran dentro de la ley. Zapatero tiene derecho a defender los intereses de quien quiera mientras no fuerce la voluntad de un funcionario público, cosa que es dudoso que pueda hacer en absoluto. Puede trabajar para Repsol, por ejemplo, ayudando en sus relaciones comerciales con Venezuela, y es solo un suponer, igual que puede hablar con las autoridades de ese país para facilitar la liberación de presos políticos. Puede hacerlo gratis o cobrar por ello. Es práctica normal en los exmandatarios del mundo ejercer su influencia y percibir por ello honorarios –incluso aunque se denominen “comisiones”–. 

Como lo de Plus Ultra no puede demostrarse –al menos en lo que se ve en el auto, si hay más me coseré la boca–, la UDEF y la Fiscalía y el juez describen –y dibujan, literalmente– una pirámide criminal en la que sitúan a Gertru, la secretaria del presidente, a Thinking Heads, una empresa de representación que también tiene como clientes a Aznar y a Felipe, al Gate Center, un think tank con tres decenas de papers y diversos eventos, y a las hijas de Zapatero, que trabajan con su padre en la preparación de los materiales, la promoción, la comunicación online, etc. Se nos rasgan las vestiduras la UDEF, y la fiscal anticorrupción y el juez, porque una empresa propiedad de dos hermanos de una familia del Opus Dei, muy conocida en Venezuela, vinculada al viejo ADECO, el partido de centro izquierda histórico, haya pagado a las hijas de Zapatero por servicios profesionales. Que le corten la cabeza a Zapatero por tamaño atrevimiento. Para tratarse de una organización criminal, de la que en el auto, por cierto, se dan espuria y vergonzosamente direcciones y números de cuenta privados, el presidente Zapatero no se ha ocupado mucho de esconderse.

Claro que, como todo, está muy bien explicadito. Que si Gertru le pide a uno que le diga qué pone en el concepto de una factura, lo cual vendría a ser prueba de delito; que si un venezolano llama “pana” a Zapatero; que el presidente tuvo una comida en restaurante que reservó el empresario; que Julito prefería no salir en los listados de la zona VIP de Barajas… Decía que como todos esos detalles, supuestamente delatores, se mezclan con movimientos bancarios y palabras malsonantes –tráfico de influencias, crimen, comisiones, delito, red delictiva, offshore, Dubái…–, el auto ha atemorizado incluso a la izquierda que más confía en el presidente.

Le ha partido el corazón a Rufián y hace llorar a los más grupies. Prudencia, se nos pide, mientras el PP y Vox, liderados por Ayuso, condenan a Zapatero –y a Sánchez, claro– por mafiosos. No es casual que los ataques a Zapatero empezaran justo cuando el expresidente empezó a hacer campaña con más énfasis en defensa de Sánchez y su proyecto.

Prudencia, dicen, y respeto a la justicia. Pues yo creo que ya hemos oído demasiado. Ya digo que rectificaré si hay la más mínima certeza de falta alguna. Pero mientras se produce este golpe difuso no podemos quedarnos quietos. Hay un juez que en un auto imputa a Zapatero por ser el jefe de una estructura criminal por la que debería, si se confirman sus “sospechas”, ser severamente condenado. Ni la UDEF, ni la fiscal, ni su señoría han sido prudentes en la atribución de responsabilidades, por muchas veces que se escriba a lo largo del auto que la investigación está en “fase embrionaria” o que todo es “presunto” o “indiciario”. Fuimos prudentes, asumimos la presunción de inocencia y confiamos en la justicia, y el Supremo se llevó por delante al fiscal general con resultado de cinco magistrados a dos y sin ninguna prueba. Paciencia y prudencia se nos pide, y ya hemos tenido demasiada.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones generales si eso "ayudara a que haya colaboración o un espacio de unión" en la izquierda, pero ha aclarado que no depende de él y que hay "muy buenos" candidatos para liderar dicha candidatura.

En un coloquio en el Club Siglo XXI ha defendido que lideraría una candidatura entre la izquierda soberanista y española si contribuyera a "maximizar los resultados electorales" y ha exclamado que, en ese caso, "¡pa'lante!".

"Si al final puedo ayudar a que eso pase, yo estoy dispuesto", ha zanjado Rufián, que ha insistido en que en la izquierda también hay un "activo electoral innegable" como la exministra y eurodiputada de Podemos Irene Montero o el actual ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de Sumar, entre otros.

Ha remarcado que actualmente las izquierdas españolas "son un problema" y que "ahora es la izquierda arraigada al territorio la que tiene que liderar el momento político".

Preguntado por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha asegurado que no reclamará elecciones generales al PSOE aunque finalmente Zapatero acabe condenado por la Audiencia Nacional porque, entre otros motivos, la alternativa de PP y Vox es "infinitamente peor".

Pero sí lo haría, ha destacado Rufián, "por coherencia" si se demostrara que en el PSOE ha habido financiación ilegal, por lo que en este caso el Gobierno tendría que caer como cayó el PP por casos de corrupción como la trama Gürtel, ha añadido.

En cuanto a una hipotética moción de censura al Gobierno impulsada por la derecha, ha descartado que el PNV pudiera apoyarla porque "es un partido serio" que sabe "muy bien medir y sabe por dónde viene el viento" y "lo que piensa la calle".

El portavoz de ERC en el Congreso ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera "ser siempre el candidato a la izquierda del PSOE" porque "eso es un desastre" y ha abogado por una legislatura más con un partido socialista "sometido" a las izquierdas soberanistas e independentistas.

Ha considerado Rufián que actualmente "la victoria" de Vox radica en que PP y Junts imiten a la ultraderecha y ha asegurado que mientras sea portavoz de ERC hará "todo lo posible" para que PP y Vox "no entren en el poder" por muy difícil —ha ironizado— que se lo ponga el PSOE con sus coyunturas, desaciertos o casos.

No soy jurista, ni fiscal ni abogado defensor. Así que leo y releo las 85 páginas del auto firmado por el juez José Luis Calama Teixeira como periodista y como ciudadano, haciendo el esfuerzo (obligado) de no dejarme llevar por una previa consideración positiva hacia el afectado. No es fácil. Se trata de que el único presidente del Gobierno en democracia bajo cuyos mandatos no se produjo un solo caso de corrupción política es ahora el primer expresidente citado como investigado, y nada menos que por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. De modo que expongo simplemente mis impresiones sobre un auto judicial muy detallado y a la vez repleto de lagunas. ¿Serán rellenadas a lo largo de la investigación pendiente después de los registros efectuados este martes? Puede ser, pero ya anticipo que me sorprende la contundencia y reiteración con la que el instructor ya condena a Zapatero, y lo hace sin aportar los indicios concretos que sostengan la acusación.

Me explico (o al menos lo intento).

1.- A lo largo del escrito se repite con una frecuencia impropia la afirmación de que José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Es decir, se va reiterando constantemente la conclusión de una investigación en marcha. El carro antes que los bueyes.

2.- Toda la trama parece girar en torno al préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra para sacarla del borde de la ruina en plena pandemia. Ese rescate pasó ya por un juzgado y también superó la auditoría de Bruselas y del Tribunal de Cuentas. Es posible, por supuesto, que esos tres filtros no contaran con la suficiente información sobre el estado de la compañía, pero el caso es que nadie encontró irregularidades, y el préstamo está en proceso de devolución, aunque por el momento sólo en la parte de los intereses y aún no del capital. Conviene vigilar –y esto sí es responsabilidad del Gobierno– que se devuelva hasta el último euro, como con cualquier otra operación de ayudas públicas. No vaya a ser que ocurra como, por ejemplo, con el caso Avalmadrid y los préstamos a la familia Ayuso (ver aquí).

3.- El auto recoge la acusación –también reiterada con sorprendente frecuencia– de que Zapatero era quien daba “las órdenes” o “instrucciones” en la actividad de la trama. Pero lo cierto es que en ninguna de las 85 páginas aparece una “orden” o una “instrucción” concreta dictada por el investigado. Ni tampoco un testimonio o un mensaje de ninguno de los implicados que diga “Zapatero ha ordenado” o “Zapatero ha enviado la instrucción de…” o al menos “Zapatero quiere que…”. 

4.- El propio juez parece asumir esa ausencia de elementos indiciarios directos contra el imputado al escribir en la página 56: “José Luis Rodríguez Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas”. Es decir, que Bambi resulta ser tan listo y habilidoso que es capaz de “ejercer un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas (…) y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios…” (pág. 59) sin mancharse las manos, o sin mover una ceja (si me permiten una gracieta en este turbio asunto).

5.- Lo escribo como lo pienso: el cúmulo de “evidencias analizadas” creo que justificaría citar a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero para aclarar su vinculación o relación con esa supuesta trama de tráfico de influencias. Pero el auto no busca ese objetivo, sino que ya da por demostrado el “liderazgo” del imputado en la organización criminal sin aportar –insisto– indicio alguno, sino deducciones o suposiciones sin respaldo documental.

6.- Una de las acusaciones más graves es la de que Zapatero “ordenó” crear una sociedad off shore en Dubái denominada Landside a la que sería desviado el importe de la supuesta comisión cobrada por las gestiones para el “rescate” de Plus Ultra. La sociedad existe. Lo que hasta el momento no existe es la comprobación de que esa entidad es de Zapatero o su familia. El expresidente ha negado con absoluta rotundidad que tenga ninguna sociedad “ni en España ni fuera de España”. Sostiene que todos sus ingresos los declara a Hacienda como autónomo y pagando el IRPF correspondiente. Entiendo que en algún momento se aclarará si miente Zapatero o se equivoca el juez, y la cuenta es de un tercero (o cuarto).

7.- La causa investigada por la Fiscalía Anticorrupción, a raíz también de investigaciones en Francia y en Suiza sobre blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela, procura como es lógico seguir “el rastro del dinero”. Es la forma habitual de llegar a localizar a los beneficiarios de una trama de este tipo. Sobre Zapatero, el auto mezcla en la coctelera de sus ingresos los que presuntamente procederían de “vender” su capacidad de influencia en altos responsables políticos “españoles y extranjeros” y también los que percibe por sus conferencias y participaciones en distintos foros de ámbito internacional. Esos ingresos son tan lícitos como los que vienen cobrando otros expresidentes como Felipe González o Aznar, que por cierto han compartido la misma empresa de representación, Thinking Heads. (Fuentes fiables han comentado a infoLibre que las tarifas de González y Aznar oscilan entre los 35.000 y los 50.000 euros por conferencia). No se entiende bien qué pintan en el auto esos ingresos, sobre los que la única comprobación que interesa es si cumplen sus obligaciones con Hacienda. 

8.- Aparece como una especie de guinda de este podrido pastel la presunta actuación de Zapatero como intermediario incluso en operaciones de venta de petróleo de Venezuela a terceros. No se dan muchos más datos, y se cita a China como “cliente” de esa intermediación. No tengo ni puñetera idea de cómo funciona el mercado del petróleo, pero dada la dependencia que Venezuela y el régimen de Maduro han tenido respecto a China, cuesta mucho imaginar que el Gobierno chino necesite pagar a ningún Zapatero por el petróleo venezolano.

9.- Yo no me atrevo, al menos por el momento, a incluir esta causa judicial entre los ejemplos (a mi juicio meridianos) de lawfare que se han producido en la justicia española, y que venimos denunciando en infoLibre desde hace años (García Castellón contra Podemos o Peinado contra Begoña Gómez, entre otros). Pero sí me provoca una legítima preocupación leer en el auto expresiones como “Zapatero o su entorno…” o “Zapatero o personas próximas…”. Porque esta bomba judicial (y política) estalla después de una condena a quien era fiscal general del Estado por la filtración de un correo sobre la que la sentencia llega a expresar que solo pudo ejecutarla “el acusado o alguien de su entorno”. O sea, una barbaridad jurídica se mire como se mire, un atropello mayúsculo a la presunción de inocencia. (Claro, que hay quien interpreta este tipo de quiebros en la senda de “creatividad jurídica” iniciada por el juez Manuel Marchena cuando descubrió que podía condenarse a alguien por malversación de fondos públicos aunque ese alguien no percibiera un euro de los mismos).

y 10.- A lo que sí me atrevo es a denunciar la capacidad adivinatoria que dirigentes del Partido Popular, empezando por el propio Núñez Feijóo, siguen demostrando acerca de los procesos judiciales que afectan al PSOE. Es clamorosa la precisión con la que desde hace ya años, la derecha anticipa los pasos que algunos tribunales van a dar contra miembros del partido de Gobierno. Feijóo se refirió en un mitin el pasado 12 de mayo a lo que ha ocurrido este martes con Zapatero. Le faltó dar la hora de comunicación del auto y práctica de registros. No he visto una sola denuncia por parte de las asociaciones judiciales tan preocupadas por filtraciones con intencionalidad política y por supuestas injerencias del Gobierno en la independencia judicial. Estamos a la espera de que alguna vez el Consejo General del Poder Judicial investigue las vías por las que el PP parece tener hilo directo con la UCO, con la UDEF, con la Fiscalía Anticorrupción y con determinados juzgados. 

El terremoto causado por la imputación a Zapatero es tremendo. Su efecto político inmediato es obvio: queda enterrado el golpe que para el PP supuso el resultado de las elecciones andaluzas del domingo: otra vez en manos de Vox y del discurso de la “prioridad nacional”. Feijóo ya no tiene que afrontar la pregunta de cuál es exactamente su proyecto de país más allá del antisanchismo. Esta causa judicial, llegue hasta donde llegue, logra quemar uno de los resortes que más contribuyeron en julio de 2023 a frenar una victoria de las derechas que se daba ya por descontada. Y en las filas de unas izquierdas ya sumidas en sus tradicionales vicios del derrotismo y la melancolía es sin duda un golpe muy duro. Zapatero representa los mayores avances sociales logrados en España en las últimas décadas e imitados en otras democracias occidentales. Y algo que las derechas también se niegan aún a reconocer: acertó en la vía dialogada para derrotar a ETA mientras el PP ponía palos en las ruedas. 

La hoja de servicios de Zapatero a este país y la lealtad a su partido y a dirigentes como Pedro Sánchez (a quien no apoyó para liderar el PSOE) son indiscutibles. Pero no impiden que ahora haya que exigirle explicaciones detalladas de cada imputación que se le hace en esta causa. Transparencia absoluta sobre su patrimonio y el de su familia. Pero también conviene reclamar un poquito de calma a quienes ya le dan por culpable y condenado. Y esto incluye al juez instructor, que no puede ni debe ejercer como tribunal sentenciador.

Lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía. Lo afirmamos la semana pasada. Que nadie busque extrapolar resultados de unas autonómicas a unas generales. Nadie conduce por carreteras secundarias a la misma velocidad que en una autopista sin salirse de la curva. En cualquier caso, las elecciones del domingo, primera vuelta de las generales (Vol.1), dibujaron un resultado previsible para el PSOE, que se desplomó hasta los 28 diputados; confirmaron la pájara de Vox, que sólo ha crecido cuatro décimas respeto de 2022; anticiparon el error de estrategia de Antonio Maíllo; y nos anuncian —esto sí es interesante— el peor escenario de Feijóo.

El barrigazo de María Jesús Montero el pasado 17 de mayo nos cuenta más cosas del temple de Juan Manuel Moreno Bonilla, que de la debilidad de Pedro Sánchez en Andalucía. La inmolación de Montero es el colofón a una crisis de gobierno en diferido que comenzó hace dos años con los llamados cinco días de abril, cuando el presidente del Gobierno vivió sus días más solitarios, cuando nadie a su alrededor (cuántos corchos flotan) se sintió capaz de contener el asedio judicial que sufría el inquilino de La Moncloa, cuando el PSOE caoba daba por muerto a Young Sánchez y amenazaba con la llegada del futuro terror.

La cadena de demandas e imputaciones que saeteaban su entorno familiar propició que el Secretario General mudara de piel. No sería la primera ni tampoco la última vez que lo haría. Cuanto más ha pedido Feijóo la convocatoria anticipada de elecciones, más fuerte se hacía el presidente desde su trinchera, convertido en adalid de la democracia liberal. Entonces, como ahora, desde esta guillotina afirmamos que habría legislatura larga, con presupuestos o sin ellos. El gallego y su cuadrilla siguen sin tener votos suficientes para parir una moción de censura. El futuro terror tendrá que esperar, así que apunten fecha electoral en el calendario: julio de 2027.

El resultado de María Jesús Montero ha despertado al PSOE caoba, que trata desesperadamente de articularse a través de algunos ayuntamientos (A Coruña, Palencia) y otros tantos gobiernos autonómicos (Asturias y Castilla La Mancha). Barbón se distancia de Sánchez mientras Page alimenta el antisanchismo, el mejor alpiste del que dispone en su comunidad para garantizarse otra mayoría absoluta. Unos y otros saben que lo que se vota en locales y autonómicas nada tiene que ver con lo que pase en unas generales. Que cada palo aguante su vela.

El 17 de mayo también ofrece una lectura interesante, a este lado del Mississipi. Parece ser que el país se ha derechizado, dicen algunos diarios. ¿Es la sociedad o es la industria de la actualidad la que se ha deslizado elegantemente hacia la derecha? Ser o no ser, esa es la cuestión. O no. Querido y desocupado lector, la única certeza que tenemos es que hay un millón de votos dispuestos a ser movilizados si se les ofrece un propósito que los empuje a entregar su papeleta a una candidatura de izquierdas. Ese millón de españoles descansa hoy en la abstención. No se ha ido al PP. A todos ellos sumen también otros 400.000 que sí se fueron al partido de Feijóo y que pueden regresar otra vez al PSOE. Y por cerrar este asunto: en Catalunya habrá presupuestos.

Llegados a este punto, vamos a dejar las cosas claras. PP y Vox no van a sumar el 55% de los votos dentro de 14 meses. El partido está abierto y la izquierda puede volver a gobernar. Dicho de otra manera. La pájara de Abascal persiste desde las elecciones de Castilla y León. Tras la celebración de los últimos caucus de la derecha, el vector autoritario sólo ha crecido cuatro décimas en Andalucía, incluso con la bandera vacía de la prioridad nacional, y el peor resultado del PSOE andaluz con María Jesús Montero está por encima del 22% que logró Moreno Bonilla en las elecciones de 2018, cuando se hizo por primera vez con el gobierno de San Telmo merced al apoyo de Vox y Ciudadanos. Y apunten otro dato importante: si hace cuatro meses no había medio de comunicación que no alertara del 20% de Vox, hoy apenas llega al 17%. En Bambú han pedido tiempo.

Ganar es perseverar y para ganar se necesita tiempo. Lo ha entendido muy bien Adelante Andalucía. Cuatriplica su representación parlamentaria con ocho escaños en la Junta de Andalucía. La gran lección del partido que fundó Teresa Rodríguez y hoy encabeza José Ignacio García nos habla de la importancia del tiempo para que arraiguen las ideas y crezcan los propósitos entre los electores. Lo comprobamos también en Extremadura, donde el tiempo dio sus frutos y los votantes respaldaron un sólido resultado para la candidatura de Irene de Miguel. Los andaluces como los extremeños valoran los proyectos consolidados, que crecen sobre bases y alianzas fuertes y esa es la gran lección que debe aprender Antonio Maíllo. La izquierda también necesita dirigentes que irradien firmeza. No se puede cambiar de estrategia electoral a golpe de resultado. El disparo en el pie de Magariños corre el serio riesgo de volver a repetirse catorce meses después. En Vallecas, no obstante, late una esperanza. Atentos.

La fortaleza de Pedro Sánchez está en la debilidad de Feijóo. Los 53 diputados de Juan Manuel Moreno Bonilla ofrecen el peor de los escenarios para el presidente del PP. El Madrid D.F. vive un momento de decadencia. Ayuso, por primera vez desde que es presidenta, vive desenchufada de la industria de la actualidad tras su regreso de Cancún. El Real Madrid de Florentino Pérez parece haber entrado en pánico y Vox parece sufrir una severa astenia primaveral con alguna crisis alérgica sin que haya puesto fin a su intento de reemplazar al PP. Vox también busca tiempo, minutos muertos, en el partido electoral para reordenar sus cartas y rehacer su estrategia.

Recuerden: lo que pasa en Andalucía se queda en Andalucía, pero también es cierto que tras unas elecciones andaluzas, siempre suceden cosas. Sucede que Ayuso no tiene garantizada una mayoría absoluta, sucede que Feijóo continúa capturado por Vox, sucede que el resultado de Moreno Bonilla asimila al guardián de San Telmo al resto de barones que se han visto obligados a pactar con los ultras. ¿Acaso el presidente de Andalucía no va a seguir la disciplina marcada por Santiago Abascal? Y sucede que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado.

Vive y deja morir. Esa ha sido la mejor estrategia de Pedro Sánchez desde los cinco días de abril, mientras Aznar alentaba a mover y a hacer a los jueces y a los periodistas contra el presidente del gobierno. El último tiro al agua, dos días después de las elecciones andaluzas, lo ha disparado el juez Calama contra Bambi. Mientras Víctor de Aldama se pasea impunemente por el Madrid D.F. se produce la imputación de Zapatero. Si los peones negros logran encarcelar al alma del PSOE, es posible que Feijóo se sienta presionado a ir a una moción de censura. Caballo de Troya. Si no la activa, veremos a Sol y a FAES exigirla. Y si va a la moción, es muy  posible que la pierda y que Pedro Sánchez se lo lleve por delante. El último caso contra Zapatero ¿es una estrategia de la caterva antipolítica o una trampa de Marchena, Miguel Ángel Rodríguez y Aznar para rematar a Feijóo? Pronto lo sabremos. 

Quince años después, muchos ciudadanos siguen preguntándose qué ocurrió realmente con aquella esperanza democrática nacida en las plazas en mayo de 2011. El 15M surgió como un movimiento abierto, transversal y participativo contra la partitocracia, las listas cerradas y la corrupción endogámica de un sistema político cada vez más alejado de la ciudadanía. También contra una Ley de Partidos que ha convertido la representación política en un espacio cerrado y blindado frente a la participación real.

Sin embargo, buena parte de aquella energía ciudadana terminó siendo absorbida y capitalizada por nuevos liderazgos que comprendieron rápidamente su enorme potencial electoral y mediático. Tanto Podemos como Ciudadanos vieron en el movimiento una oportunidad para construir proyectos políticos propios, presentados como regeneradores, pero que acabaron reproduciendo muchas de las dinámicas que el 15M denunciaba.

La frase pronunciada por Pablo Iglesias en Vistalegre I simbolizó mejor que ninguna otra aquella mutación:

“El cielo no se toma por consenso, sino por asalto.”

A partir de ahí, la horizontalidad de las plazas fue sustituida por estructuras verticales, equipos cerrados, votaciones plebiscitarias digitales y una creciente concentración de poder interno alrededor de liderazgos mediáticos. Muchos participantes del 15M contemplaron con frustración cómo los espacios abiertos de deliberación eran reemplazados por dinámicas de aparato donde los documentos llegaban diseñados desde arriba y las bases solo podían refrendarlos en consultas binarias.

Mientras tanto, plataformas impulsoras como Democracia Real Ya y numerosos activistas independientes fueron progresivamente desplazados o invisibilizados.

Quizá ahí reside la mayor tragedia política del 15M: haber convertido una esperanza colectiva de democracia abierta y participación real en una nueva estructura de poder integrada en las mismas dinámicas institucionales que prometía combatir.

El 15M nació para abrir la democracia; terminó absorbido por quienes hicieron de aquella esperanza una herramienta de poder.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Sigue la última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero

Sigue el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía

I – Un buen Gobierno republicano y una oposición monárquica encomiable

De Raimundo López Pol (1877-1958), tan destacable es el hecho de haber sido el primer alcalde de Santiago de Compostela en la II República como su talante humano y su pundonor ético. Fue uno de los mejores y más queridos alcaldes de la ciudad de Compostela, y gozó del aprecio no solo de sus correligionarios, sino también de la ciudadanía en general y de sus oponentes políticos en el Ayuntamiento. Artista imaginero en su juventud, fue becado por la Escuela de Artes y Oficios, junto a otros cinco trabajadores, para un viaje y una estancia en París en julio de 1900.

Mi intención es poner de relieve tanto la figura de López Pol y sus compañeros republicanos como el comportamiento encomiable de la oposición monárquico-conservadora compostelana durante su mandato, que bien podría ser objeto de reflexión en nuestras actuales circunstancias políticas.

Al respecto, interesa aclarar dos cuestiones: 1) ¿Por qué, pese a contar con la explícita manifestación incondicionada de apoyo por parte de la oposición monárquico-conservadora, el alcalde López Pol decidió dimitir? 2) ¿Hasta qué punto la actuación del Gobierno republicano y, más en concreto, del gobernador de la provincia de A Coruña propició la crisis de gobernabilidad en el Consistorio compostelano en 1934, al haber sancionado, mediante un discutible cese no temporal, al grupo de 13 concejales que se interpretó que podrían ser remisos a homenajear al Ejército que había participado en sofocar la huelga general revolucionaria de octubre de 1934?

II – La proclamación de la II República en Santiago

Recordemos que, tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el día 14 se proclamó la II República en España. En Santiago, ese mismo día, tras conocerse la noticia, los concejales electos acompañaron a una manifestación que salió del Centro Republicano portando banderas y que, tras recorrer algunas calles, llegó al Ayuntamiento, con López Pol al frente, tomando pacíficamente posesión de la institución.

Sustentaba su proceder el comunicado emitido ese mismo día por el Comité Republicano de Santiago, que decía:

 “(…) Sostenidos por esa suprema autoridad que nos concede la voluntad popular los concejales republicanos de toda España comenzamos desde este momento a ejercitar nuestros derechos pues el régimen monárquico, que vive al margen de la ley, desde hace ocho años, no es el llamado a darnos posesión, a su arbitrio y conveniencia, de los cargos para los que nos designó la soberanía nacional. (…)” 

Se retiró el retrato del rey del salón de sesiones y se sustituyó por un cuadro simbólico de la República; también se izaron las banderas republicana y gallega. Tras esto, Raimundo López Pol, desde uno de los balcones del edificio consistorial, dirigió la palabra a los asistentes, pidiendo cordura y no violencia. Se procedió a enviar mensajeros a otros ayuntamientos limítrofes para que, si no lo habían hecho ya, proclamasen la República. También se establecieron otras medidas dirigidas al mantenimiento del orden público.

López Pol se ocupó desde el primer momento de garantizar el orden, incluso personalmente. El Eco de Santiago, el 19 de noviembre de 1934, al dar cuenta de la sesión municipal del día 17 anterior, celebrada para la elección de un nuevo alcalde, recogió el testimonio al respecto del concejal monárquico Jesús López de Rego en estos términos:

“El significado derechista Sr, López de rego pronuncia un discurso lleno de emoción y sinceridad. Declara que el Sr. López Pol, primer Alcalde de la República, fue votado por todos para este cargo que desempeñó con singular acierto. Al cesar en su desempeño, él que está muy lejos de la ideología del Sr. López Pol, tiene que proclamarlo así. (…) Recuerda los primeros días de advenimiento del nuevo régimen, cuando se desbordaban las pasiones y se cometían actos reprobables en muchas ciudades españolas, y de qué manera aquí, por el encauzamiento que a esos movimientos supieron dar López Pol y los elementos de la izquierda que con él gobernaban no pasó nada pudiendo contar intacto como contamos, con todo nuestro patrimonio artístico, monumental e histórico.” López de Rego concluyó pidiendo para López Pol  “todo el reconocimiento, todo el rendido homenaje de un hijo de Santiago amante de sus glorias”.

III – Elección formal de López Pol el 19 de abril

En 1931 no era la primera vez que López Pol accedía al Consistorio; ya en las elecciones municipales de 1911 y en las de 1917 había obtenido el acta de concejal. En las municipales de 1931 correspondía elegir 32 concejales en Santiago. Resultaron elegidos 18 republicanos, 13 monárquicos y un agrario.

El domingo 19 de abril, siguiendo instrucciones del Gobierno, se constituyó formalmente el Consistorio y se eligió alcalde a Raimundo López Pol por 29 votos y una papeleta en blanco, la suya, sin que hubieran asistido al acto dos de los concejales electos. Tras ser elegido, López Pol tomó la palabra, saludó a la nueva corporación e hizo una breve relación de algunos de los problemas existentes en la ciudad, así como de su voluntad de resolverlos, pendiente de la elaboración de un programa completo.

Le contestó, “en nombre de los que se sientan a la derecha”, el concejal monárquico Enrique Rajoy Leloup, felicitando al nuevo alcalde y ofreciéndole su colaboración. Afirmó que “nadie con mejores condiciones que el señor López Pol para ocupar el puesto, pues, aparte de su competencia y su cariño por la ciudad, tiene dotes de ecuanimidad y comprensión bien patentes que le hacen insustituible”. Similares elogios se reiteraron por parte de la oposición en el momento en que López Pol presentó su renuncia voluntaria a la alcaldía, el 7 de noviembre de 1934.

IV - Nuevo gobierno de la República y huelga general

El 4 de octubre de 1934 se constituyó el nuevo Gobierno de la República, formado por Alejandro Lerroux con participación de la CEDA. Al día siguiente, el 5 de octubre, se inició la huelga general revolucionaria, que afectó a todo el país y de modo significativo a Asturias, región íntimamente ligada a Galicia. El día 6, el Gobierno proclamó el estado de guerra. Durante la huelga revolucionaria, las zonas mineras asturianas fueron sometidas a una durísima represión militar.

La huelga se dio por terminada el 19 de octubre, pero ya antes de esa fecha se impulsó, desde diversas instituciones y corporaciones, la realización de felicitaciones y homenajes a las fuerzas armadas. El 17 de octubre, el Ayuntamiento de Santiago celebró sesión y en ella se sometió a deliberación y se acordó felicitar al Ejército y demás fuerzas armadas por la lealtad y disciplina con que habían contribuido a mantener y restablecer el orden social en los “tristes sucesos que se han desarrollado en España”. La propuesta se aprobó por unanimidad de los presentes, que eran, además del alcalde, 13 concejales.

Faltaron a la sesión 16 concejales, pero se concluyó que fueron 13 los ausentes sin causa justificada, de los que once eran republicanos, uno agrario y otro monárquico. El 19 de octubre, el comandante militar de Santiago ofició al gobernador civil, considerando la ausencia no justificada de 13 concejales como una “falta de cooperación con los poderes constituidos”, pues en dicha sesión se iba a tratar una moción “en la que se proponía felicitar al ministro de la Guerra por la acertada y eficaz intervención de las fuerzas armadas de la Nación con motivo de los últimos sucesos revolucionarios”.

Visto dicho oficio, el gobernador civil de A Coruña acordó, el 3 de noviembre, la suspensión de los 13 concejales. El 16 del mismo mes, el gobernador civil hizo pública la cobertura de las 13 vacantes de los suspendidos, más otras dos previamente existentes, lo que dio lugar a la incorporación de 15 nuevos concejales al grupo de 17 ediles subsistentes en la corporación fruto de las elecciones de abril de 1931.

V – Dimisión de López Pol

Ante esta circunstancia, en la sesión del Ayuntamiento del 7 de noviembre de 1934, el alcalde López Pol presentó su dimisión diciendo:

“(…) Para nadie es un secreto que casi todos los concejales suspensos me habían votado para el cargo de Alcalde. También entre los que quedan me honraron algunos con sus votos; pero es indiscutible que la mayoría la tengo entre los suspendidos. Por consiguiente estimo que no debo continuar desempeñando la alcaldía. (…) El agradecimiento a todos mis compañeros, por el apoyo que me prestaron, lo llevo en el alma y a todo y a cada uno les ruego dispensen si alguna vez les pude ofender en el desempeño de mi cargo, ya que ello sería siempre sin propósito de hacerlo”.

Seguidamente tomaron la palabra los concejales Jesús López de Rego y Enrique Rajoy Leloup, del grupo monárquico. Ambos elogiaron la labor del alcalde, lamentaron su decisión de dejar la Alcaldía, le ofrecieron “su fervoroso apoyo que nunca le han negado” e insistieron, con diversa argumentación, en pedirle que no dimitiera. Finalmente, la dimisión a la alcaldía no le fue aceptada a Raimundo López Pol, pero la Corporación le reconoció el derecho al descanso, autorizándole a que se tomase el tiempo necesario y se alejase temporalmente de los asuntos públicos.

Pero el caso es que, tras haberse incorporado los concejales nombrados para sustituir a los cesados, el gobernador dispuso que deberían renovarse los cargos de la Corporación y elegirse nuevo alcalde. A tal efecto, se reunió el Concejo en sesión extraordinaria el sábado 17 de noviembre de 1934. La sesión se inició presidida por Fontán y Fontán, que, confirmando lo dicho por López de Rego, afirmó, respecto a la actuación de López Pol en los primeros días de la proclamación de la República, que “en efecto, en aquellos días de trastornos públicos en España, el Sr. López Pol había pasado muchas noches sin acostarse vigilando, él y sus amigos, para que Santiago no pudiese ser tildado de inculto”.

Estaban presentes 28 concejales. Uno de los ausentes era López Pol. Resultó elegido por 24 votos Francisco Vázquez Enríquez, que cesó el 23 de febrero de 1936. Fue nombrado nuevo alcalde Ánxel Casal Gosende, que presentó su dimisión por escrito, leída en la sesión del 9 de julio de 1936. Fue asesinado por el régimen franquista en agosto de ese año. José Germán Fernández ejerció las funciones provisionales de alcalde del 9 al 26 de julio de 1936. Fue fusilado en las inmediaciones del cementerio de Boisaca, en Santiago, el 3 de diciembre de 1936, junto con otros nueve compañeros de cárcel.

VI- Exilio, regreso y fallecimiento de López Pol.

En 1936, Raimundo se exilió en Cuba (1936-1939) y, posteriormente, volvió a residir en Compostela. A su regreso de Cuba fue acusado ante el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas y condenado a seis años de inhabilitación absoluta (Baldomero Cores T., Enciclopedia Gallega).

Raimundo y su familia eran vecinos y amigos de la mía; vivíamos enfrente de su casa, en la calle Calderería, en Santiago. Raimundo hacía tertulia en el comercio de mi abuelo Eloy Artime, junto con otros amigos, entre ellos Ramón del Valle-Inclán.

Raimundo López Pol falleció en Santiago en la tarde del 19 de septiembre de 1958. Recuerdo —tenía yo 16 años— que asistí, con algunos miembros de mi familia, a su funeral en la iglesia de San Francisco de dicha ciudad.

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Eloy Isorna Artime es socio de infoLibre.

Una persona que posee una vivienda vacacional no valora al turismo en su comunidad de la misma manera que otra que trabaja como empleada en el sector turístico (agente de viajes, recepción de hotel) y a la que le cuesta llegar a fin de mes por el aumento de los precios de alquiler.

Sentirse al margen de las decisiones políticas también puede hacer a las personas más pesimistas a la hora de valorar un nuevo plan de desarrollo turístico. En cambio, si han podido contribuir de alguna manera a ese plan, eso podría hacerlas cambiar de actitud.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la satisfacción con la vida personal. Estar satisfecho con la vida privada, laboral y familiar hace a las personas más optimistas en general, y también a la hora de valorar los impactos del turismo en su comunidad.

Estos son algunos ejemplos que explican por qué algunas personas desarrollan sentimientos negativos hacia el turismo mientras otras se mantienen neutrales o favorables, a pesar de residir en el mismo lugar. Los residentes con opiniones más negativas sobre el turismo tienden a experimentar incomodidad, ira o enfado.

Estas emociones negativas no tienen por qué surgir en todo aquel que opina que el turismo genera impactos negativos. Igualmente, las emociones negativas no siempre se canalizan en protestas, mensajes de odio o grafitis, sino que pueden servir como estímulo para implicarse en propuestas de mejoras y contribuciones significativas desde el conocimiento local.

Un estudio reciente realizado en las Islas Canarias, analiza cómo la ideología política y el tiempo de residencia (o el hecho de ser nativo) también influyen de manera decisiva en las opiniones y sentimientos hacia el turismo.

Entre las conclusiones del estudio está que las personas nacidas en un destino turístico, o que han vivido durante largo tiempo en él, tienden a percibir menos beneficios del turismo que el resto de residentes.

Con el paso del tiempo, los beneficios del turismo —infraestructuras, empleo o servicios— dejan de verse como logros. Sin embargo, el estudio aclara que ser nativo no hace a las personas más pesimistas ni más intolerantes.

En realidad, lo que existe es una erosión del entusiasmo por los grandes avances que favoreció el turismo en los inicios, unida a sensaciones de nostalgia por los cambios acumulados en el estilo de vida y el entorno.

La ideología política define valores y creencias sobre cómo debe organizarse la sociedad, el papel del Estado, el mercado y los individuos. Ser de derechas o de izquierdas también indica en qué tipo de organizaciones se tiene más confianza.

Los resultados de este estudio revelan que la ideología política actúa como un filtro interpretativo de los impactos del turismo. Las personas con una orientación política más conservadora, o de derechas, tienden a percibir más beneficios del turismo. Por el contrario, quienes se sitúan más a la izquierda suelen ser más críticos.

Esto no significa que todos los afiliados a un partido de izquierdas sientan molestia o inconformidad con el turismo. Lo que dice el estudio es que ser de izquierdas podría predecir cómo hacen las personas el balance de costes y beneficios del turismo.

En definitiva, dos residentes pueden llegar a conclusiones distintas sobre la contribución del turismo a su comunidad según su ideología política, su situación personal y sus condiciones como residentes, entre otros factores. Esto implica que no existen mensajes ni políticas universales: las estrategias para mejorar la convivencia entre residentes y turismo deben adaptarse a distintos perfiles sociales, reconociendo que el conflicto no es solo económico o territorial, sino también político y cultural.

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Yen E. Lam González es investigadora postdoctoral en Economía Aplicada, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.