El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este jueves que el "partido" de la amnistía sigue en marcha, aunque "ahora ya no se jugará en Europa, sino en el Bernabéu": "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño", ha advertido.

En un mensaje en la red social X, Puigdemont se ha posicionado así después de que esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya determinado que la amnistía es conforme al derecho comunitario, lo que allana su regreso a Cataluña, a la espera de que el Constitucional decida si rectifica al Supremo y le aplica la ley.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, ha afirmado que recurrirá la pena de nueve años de inhabilitación establecida por la Audiencia de Badajoz, al expresar que la sentencia "no aporta pruebas de cargo que justifiquen esta condena".

En declaraciones a EFE, el abogado ha expresado que "está totalmente en desacuerdo con que haya existido cualquier tipo de prueba" que justifique que David Sánchez contribuyó a la modificación de la plaza en la que trabajaba inicialmente en la Diputación (coordinador de conservatorios) a la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Emilio Cortés ha recordado en este sentido que David Sánchez “solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, no por la creación de ésta ni por la contratación de Luis Carrero”, aunque pese a ello y a la inexistencia de pena de cárcel “se está en desacuerdo con la sentencia, pues no hay ninguna prueba” que avale esa modificación de la plaza.

El letrado, quien ha lamentado por tanto que se acuse a David Sánchez de influenciar en la Diputación, tal y como expresan las acusaciones, ha afirmado en este marco que “hay gente que no dará su brazo a torcer” a la hora de “minar un sistema de gobierno, como buscan las acusaciones populares”.

Cortés se ha mostrado convencido de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “estudiará y resolverá conforme a derecho” el recurso, sobre el cual aún desconoce la fecha de presentación. 

En muchas ocasiones, la sociedad va por delante de sus gobernantes. Ciudadanos y ciudadanas que se unen y organizan para defender ideas y construir proyectos que consideran necesarios para vivir en sociedades justas y dignas.

Y es esta conciencia social la que está detrás de la iniciativa popular lanzada en 2024 por el colectivo Regularización Ya! con el objetivo de acabar con la discriminación que sufren miles de personas que viven y trabajan en España.

Pero para que esa y otras iniciativas se hagan realidad, es necesario que al otro lado haya un Gobierno dispuesto a sacarlas adelante con un plan de políticas públicas. Y eso es lo que ha pasado este año en España. A pesar de la oposición de la extrema derecha y el bloqueo durante algo más de un año, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso adelante, y el proceso extraordinario de regularización de migrantes en situación irregular ya está en marcha.

Se trata ni más ni menos que de reconocer los derechos y las obligaciones de las personas que ya forman parte de nuestra sociedad, tratarlas con la dignidad que merecen. Porque la gestión ordenada no cae del cielo, y no es sostenible para un país —ni humano— mantener a cientos de miles de personas en el limbo jurídico, laboral y social.

Si entendemos que nadie decide dónde nacer, nos sentiremos tremendamente afortunados por haber visto la luz en la Unión Europea. ¿Usted ha pensado que podría haber nacido mujer en Kabul?

Pero no se trata simplemente de un gesto humanitario del Ejecutivo, sino de una gestión proporcionada e inteligente que persigue el crecimiento económico, la riqueza y el progreso para nuestro país, que, por cierto, se encuentra entre los más envejecidos del mundo, en el continente más envejecido.

La cifra prevista de solicitudes se ha duplicado, señal de que la necesidad y la injusticia era mayor de lo que pensábamos, porque los trámites han sido exigentes y rigurosos.

Pero el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dado un paso inédito ni mucho menos. Desde la vuelta a la democracia ha habido seis procesos de regularización. En 1986 se registraron más de 35.000 solicitudes, mientras que en 1991 se llegó a más de 110.000 personas. Entre 2000 y 2001 se aprobó un proceso sin precedentes regularizando a más de 500.000 personas.

Esto demuestra que los procesos regularizadores extraordinarios son elementos esenciales de la política migratoria y lo llevan a cabo tanto gobiernos progresistas como conservadores, contando con un amplio respaldo social. En esta ocasión, se han posicionado a favor prácticamente todos los sectores de la población: sindicatos, patronal, agricultores, la Conferencia episcopal, ONGs…

Los únicos que se han opuesto frontalmente con argumentos falaces y xenófobos han sido dos partidos políticos: Vox y el PP a la saga. Cabe preguntarse si es por cálculo electoral, hipocresía o crueldad, pero en cualquier caso es radicalmente contrario a los valores católicos de los que tanto presumen.

Muchas de estas personas que se oponen fieramente desde las pancartas, los micrófonos o las redes sociales saben —estoy seguro— que sin inmigrantes, España deja de ser España. Y lo saben porque sus padres, madres o hijos están siendo cuidados por inmigrantes sin papeles que trabajan en sus casas, y también en sus explotaciones agrícolas, en sus fábricas, en sus restaurantes...

Otros Estados miembros de la UE han llevado a cabo procesos de regularización, no solo España, como quieren hacernos creer algunos. En el informe REGINE de la International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) realizado en 2009 encontramos 43 iniciativas entre 1996 y 2007, como la llevada a cabo por Alemania en 2002 regularizando a más de 75.000 personas; la regularización de Grecia entre 2001 y 2005 de más de 520.000 personas o la Italia de Berlusconi, que regularizó a 650.000 personas en 2002, y la de Conte a 200.000 en 2020 durante la pandemia.

La migración es riqueza. El primer paso es la regularización, pero el siguiente debe ser el de la integración; que además es la manera más inteligente de luchar contra las mafias que se lucran con la migración irregular.

La pregunta no es si migración sí o no, sino cómo. Cada vez hay más herramientas para abordar la gestión de la migración de una manera eficiente, más humanitaria y abriendo vías legales.

Algunas de estas herramientas han sido aprobadas en las instituciones comunitarias, como el permiso único para la obtención de un permiso de trabajo en toda la EU o la tarjeta azul, que establece el marco legal y las condiciones de entrada y permanencia de trabajadores cualificados provenientes de terceros países. También contamos con el Talent Pool, una plataforma en línea que conecta a trabajadores de terceros países con ofertas de empleo de empresas europeas. Esto facilita la contratación de mano de obra en sectores con escasez de personal.

El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con una política migratoria coordinada y humanitaria quedó patente durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea de 2023, con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Queremos para el resto de Europa lo mismo que para España, donde la población extranjera está integrada laboral, cultural, social y económicamente.

La aspiración y el derecho a mejorar nuestra vida es intrínseco al ser humano y nadie puede arrebatárnoslo.

Quiero acabar poniéndome en la piel de los inmigrantes que llegaron a Canadá el siglo pasado. Cuando entraban al país por el puerto de Halifax lo primero que veían era un cartel que decía en varios idiomas: Bienvenidos a Canadá.

Hagamos lo mismo y démosles la bienvenida a España.

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Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo.

“Durante los próximos 30 segundos, no piensen en un elefante. Ni tampoco en la desinformación”. Con esta referencia clásica del lingüista George Lakoff, Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, ha inaugurado el taller La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa, en el marco del Curso de Verano de infoLibre. El ejercicio mental ha servido para ilustrar a los asistentes cómo el lenguaje enmarca la realidad, y que quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva.

La desinformación, tal y como se ha expuesto en la sesión, ha dejado de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un riesgo estructural a nivel global. Basándose en los datos del Democracy Index de la revista The Economist, Magallón ha trazado una radiografía preocupante en la que el mundo asiste a un declive sostenido de la calidad democrática desde hace casi dos décadas. “Hoy solo existen 26 democracias plenas en el mundo; España se encuentra entre ellas, frente a 61 autocracias”, ha señalado Magallón. En este contexto geopolítico, el profesor ha afirmado que “Europa está sirviendo como un escudo social y democrático”, y ha advertido de que “las autocracias han aprendido a trabajar en red de una forma mucho más eficaz que las propias democracias”.

La mirada hacia la desinformación ha mutado radicalmente en la última década. Durante su intervención, Magallón ha dibujado una línea temporal que arranca en la Primavera Árabe, cuando las redes sociales se percibían como un motor de movilización ciudadana, y desemboca en el referéndum del Brexit. Fue entonces cuando quedó claro que “Facebook era un contenedor publicitario, probablemente el más perfeccionado que se había hecho hasta la época”. Este sistema cambió las reglas del juego al permitir una hipersegmentación del mensaje para apelar a miedos específicos. Ya no se trataba solo de atraer al votante indeciso, sino de desmovilizar al rival: “La idea no era tanto convencer a ese perfil que tradicionalmente había votado demócrata para que votara republicano. La idea era que se quedaran en casa”.

La pandemia consolidó el uso de canales opacos como Telegram, al que el experto se ha referido como “el gran pozo negro de la desinformación en España”, mientras que conflictos como la guerra de Ucrania han evidenciado el uso de las noticias falsas como una efectiva arma geoestratégica. A esta manipulación electoral, donde narrativas como el fraude en las urnas son hoy una estrategia global recurrente, se añade la irrupción masiva de la inteligencia artificial, que plantea dilemas para el periodismo. Aunque herramientas como ChatGPT o los resúmenes generados por Google aciertan en la mayoría de los casos, su margen de error es crítico cuando responden a millones de consultas diarias. “Nueve de cada diez respuestas son precisas, pero una de cada diez no lo son”, ha detallado el profesor. “Vamos hacia un desafío fundamental, y es si existe la posibilidad de establecer un derecho de rectificación frente a las fabulaciones de la IA”.

Esta tecnología impacta directamente en las nuevas generaciones. “Nuestra primera puerta de entrada a la política era la televisión”, ha comparado Magallón. “Ahora, en muchas ocasiones, la primera puerta de entrada al mundo de los adultos es a través de las redes sociales con unos algoritmos que están politizados”. Ante este escenario, el taller ha ofrecido estrategias concretas para la prensa, pero también para cualquier ciudadano. La principal es evitar legitimar los bulos desde los titulares. Para ello, el experto propone la técnica del “sándwich de la verdad”, que consiste en arrancar siempre con los hechos reales. “Hay que indicar la mentira, pero no amplificarla”, ha explicado, para después “volver a la verdad y repetirla siempre muchas más veces que la mentira”.

La sesión ha finalizado con una explicación práctica sobre herramientas de verificación, recordando que cualquier usuario tiene a su alcance competencias básicas de alfabetización mediática. “Cuando nos llega un pantallazo de un tuit por WhatsApp, lo primero que tenemos que hacer, antes de darlo por bueno, es verificarlo”, ha instado Magallón. Para ello, ha recomendado utilizar la búsqueda avanzada de las propias plataformas, que permite comprobar si un mensaje supuestamente polémico sigue publicado o si se trata de un montaje. Para contenidos eliminados, ha sugerido herramientas de certificación como eGarante, capaces de acreditar que una publicación existió con una fecha y hora determinadas antes de ser borrada. Finalmente, ha mencionado extensiones que permiten analizar cuentas, descargar historiales y destapar campañas coordinadas, mostrando que detrás de perfiles aparentemente anónimos a menudo quedan rastros identificables. En definitiva, un arsenal práctico para que, en caso de duda, la primera reacción sea comprobar antes de compartir.

En más de una ocasión hemos reclamado la atención parlamentaria hacia las dificultades que debe soportar la vida natural. Nos tememos que con escaso éxito. O sus señorías no leen este diario o no acaban de hacerse idea de la gran misión que es preservar el medioambiente. Tampoco la mayor parte de los medios de información ayudan en la buena gobernanza. No cuentan nada de lo que sucede en los parlamentos sobre estos temas; más bien se dedican a recoger solamente los combates entre Gobierno y oposición. Además, las tertulias en los medios de comunicación —una cierta gobernanza emocional— giran más en torno a exabruptos incendiarios que a política general. Así pues, sirva el presente artículo como reflexiva petición de ayuda para la educación medioambiental.

Recordemos que está en vigor el Reglamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024. Se extiende en establecer objetivos específicos para el cuidado de distintos tipos de ecosistemas —agrarios, forestales, urbanos, ríos y mares—. No es una declaración de intenciones, pues requiere a los Estados miembros la adopción de un Plan Nacional de Restauración en aras de la buena gobernanza. Si atendemos a lo que #RestoreNature expresa en su evaluación intermedia —otoño de 2025—, hay motivos para reflexionar. Por cierto, #RestoreNature es una agrupación de la que forman parte organizaciones conservacionistas y ambientales de toda Europa, entre ellas BirdLife. Lo que comunica es interesante, pero lo dejamos aquí porque se puede consultar detalladamente en su web.

Como la naturaleza quemada exigirá una restauración, no siempre acometida, vamos a hablar de los incendios crecientes que se extienden por España cuando el verano apenas ha comenzado. Insistimos en que hablar de los incendios en las Cortes de España y los distintos parlamentos autonómicos, también en los ayuntamientos, es tan necesario como preocuparse del abastecimiento con agua de calidad a todos los habitantes. Por eso los naturalistas insistimos.

Imaginamos que unos y otros políticos conocen y usan el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), integrado en el Programa Copernicus de la UE. Recoge que entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2026 los incendios forestales han quemado 50.384 hectáreas en España, el país de la UE con mayor superficie afectada en lo que va de año.

Tal situación merecería plenos monográficos, además de comisiones de investigación más creativas y resilientes que esas de las que nos informan los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los numerosos tertulianos televisivos y radiofónicos —no digamos los tiktokers— hablan la mayoría de las veces desde un desconocimiento considerable; rara vez esclarecen cualidades intrínsecas de la correcta gobernanza.

El ambiente político en los distintos parlamentos es irrespirable, como si un incendio de sexta generación se hubiese desatado. Lo peor es que, a lo que parece, va a continuar. ¿Cómo van a debatir sobre el Reglamento de Protección de la Naturaleza de la UE?

Pero lo más lamentable es que, tanto en los parlamentos como en los medios de comunicación, se quedan en la anécdota —triste situación— de desplazados o hectáreas quemadas —desastre ambiental—. Rara vez hacen pedagogía del evento, con un análisis, siquiera somero, del antes y el después, del horizonte próximo y futuro, del seguimiento de unos protocolos y de la gobernanza comprometida. La educación ciudadana debería primar en las palabras de unos y otros; se supone que esa es su función principal. Les rogamos que atiendan esta llamada. Lo sucedido en Andalucía lo exige todavía más.

Un sentido pésame hacia los familiares y amigos de los fallecidos en el incendio de Almería. Por lo que se conoce hasta ahora, parece que no funcionó ES-Alert o quizás no se emitió. Esas señales se lanzan en el idioma del país de la UE afectado y en inglés. Quedará siempre la duda de cuántas desgracias se podrían haber evitado.

Cabe suponer, o no, que todos los ayuntamientos de Andalucía —por extensión, España— disponen de un protocolo ante incendios, que programan simulacros de entrenamiento, que entregan casa por casa ejemplares con consejos y caminos de evacuación —en varios idiomas— para pegarlos en las puertas de salida, como en los hoteles, y seguirlos en caso de un evento como este. Además, promueven cursos de formación para los ediles en los que animan a la gobernanza comprometida de los bosques.

Los gobiernos autonómicos y algunos parlamentos olvidan que su cuidado y gestión están transferidos a las comunidades autónomas. Se puede aventurar que no fueron conscientes de los riesgos de «la no prevención en la no estrategia de anticipación», que protegería bastante a las personas que viven dentro de un bosque o en lugares limítrofes.

Si no existe toda esa estrategia de gobernanza, debería ser la primera encomienda del nuevo Gobierno y el Parlamento salidos de las elecciones andaluzas. Esa sí que sería una verdadera y constructiva «prioridad nacional». Imagino que algunos políticos de los partidos de la oposición culparán al Gobierno de España del actual desastre ecológico y humano.

Nos da la impresión de que bastantes políticos y tertulianos —amén de los tiktokers— no andan muy versados en el asunto de la gobernanza compartida contra los incendios. En nuestra intención de favorecer la información educativa, les facilitamos la puesta al día. Les animamos a que entren en https://xn--incendiosespaa-2nb.es/, donde se accede a cumplida información, además de una serie de datos por días. RTVE —Radiotelevisión Española— dispone de una muy buena página: https://www.rtve.es/noticias/20260701/mapa-incendios-espana-ultima-hora/17101895.shtml. Proporciona una visión de la gravedad de los fuegos localizados en el mapa de la península, un listado de grandes incendios hasta la fecha, cuánto tiempo llevan activos y una diferenciación de la superficie quemada —agraria o bosque— en cada uno de los sucesos graves.

Vaya todo lo anterior en aras de que bastantes incendios se apaguen en invierno en los parlamentos y de que los medios de comunicación nos hablen más de política de prevención y menos de soflamas incendiarias. Repetimos: la buena gestión del territorio y las masas boscosas sí es una prioridad nacional. «¡Cuando un monte se quema, algo se muere en el alma!», diría la sevillana del adiós. En esta ocasión, también varias personas.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El pensador camerunés Achille Mbembé define en su libro Necropolítica (Melusina, 2011) este concepto como la capacidad de los gobernantes para exponer a poblaciones enteras a la muerte. Para ellos el sentido de la política ya no sería proteger la vida, sino seleccionar quién o quiénes se exponen a la muerte. La soberanía y el poder, según Mbembé, vendrían a ser, de esta manera, la capacidad de decidir quién se expone a la muerte, quién muere.

La pasada semana un incendio de sexta generación en Almería acabó con 13 fallecidos y 23 desaparecidos (la cifra incluye personas con las que no se ha podido contactar y que podrían estar entre los evacuados). No son ni los primeros ni los últimos cuerpos calcinados o asfixiados por un incendio. Sumen a ellos los 237 muertos por la dana de Valencia y añadan también las muertes provocadas por las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas. Los datos provisionales de junio hablan de 900, pero sabemos que serán más cuando todos los casos se reporten y analicen. Todos estos ejemplos —y otros muchos más que no caben en esta columna— tienen su raíz en el cambio climático. Ese que todo lo cambia y que nos obliga a cambiarlo todo para poder hacerle frente.

Y mientras esto pasa, los acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas cuestionan las políticas ambientales y reducen las medidas de adaptación y de protección. Cojamos como ejemplo el último, en Andalucía: “Rechazo a la reforma de la PAC y la condicionalidad climática”, “Andalucía, libre de cargas climáticas derivadas del Pacto Verde Europeo”, etc. Y, como colofón: “La Junta de Andalucía se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación, o endurecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces”. Si no han ido más lejos es porque es contrario a los planes de la Unión Europea, y acciones más rotundas podrían acabar provocando multas y sanciones. Todo esto en una comunidad en que el presidente Moreno Bonilla anunciaba en 2019 toda una “revolución verde” y la dotaba con 350 millones de euros (para ver más sobre las referencias ambientales en el resto de acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas, consulten este artículo de Daniel Lara en infoLibre).

Cuando desde las instituciones no se protege la vida, sino que se van limitando o anulando aquellas medidas destinadas a ello, están poniendo en peligro la salud y, por tanto, a las personas. Los que entendemos que el fin último de la política es proteger y mejorar la vida, podemos pensar que esto es un ejercicio de antipolítica, pero Mbembé lo definió de forma más precisa cuando habló de “necropolítica”. En efecto, en la medida en que hay no un descuido ni una desatención, sino una actitud activa, se trata de una política. Mbembé se refirió a esta necropolítica pensando fundamentalmente en las “máquinas de guerra” en que se han convertido algunos Estados y grupos de mercenarios en países donde la violencia campa a sus anchas. Pero la ausencia premeditada —ya no cabe alegar ignorancia— de medidas eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, o lo que es peor, el retroceso y la reducción de lo que ya existe, ¿no es también un ejercicio de necropolítica?

Ojalá me equivoque, pero temo que las consecuencias derivadas del cambio climático como incendios de sexta generación, inundaciones, olas de calor o aquellas enfermedades que provocan la contaminación atmosférica van a seguir creciendo, y este verano es más que probable que tengamos muchos más casos. Es difícil paralizar el cambio climático, pero por cada 0,1ºC de incremento medio de temperatura que se consiga evitar y por cada medida de adaptación que se pueda implementar se estarán salvando millones de vidas humanas. Recuerden esto cuando voten.

No sé si os habéis enterado de que estamos en pleno Mundial de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, es una de las pocas ocasiones en la vida en las que podemos ver a a multimillonarios sentados en un banquillo.

Hoy quiero poner en valor otros pelotazos que me han llamado la atención estos días y que igual quedan injustamente opacados por las hazañas de los dioses del balompié: los Mbappé, Messi, Haaland, Lamine Yamal…

Empezamos por Madrid, el kilómetro cero de la especulación en nuestro país.

El alcalde y la presidenta de la Comunidad, dos expertos en pelotazos –incluso vía transmisión sexual–, han acordado la cesión de 19 parcelas públicas para residencias de mayores con explotación “público-privada” que, os traduzco, significa que los recursos públicos van a parar a manos privadas.

Cuando estas parcelas vuelvan a la titularidad pública no es que se nos haya olvidado su existencia, es que habrá acabado la nuestra, porque su explotación –nunca mejor dicho en el caso de residencias de mayores– la van a disfrutar durante 75 años de nada.

Unas cesiones que se unen a las que se vienen haciendo en la capital para favorecer los negocios de la Iglesia, de los colegios privados y concertados o de ese nuevo modelo de negocio que consiste en vender terreno público para construir viviendas de cooperativas dedicadas al alquiler durante 15 años, pero que pueden alquilarse ¡a sí mismos! Economía circular.

Hakuna Matata, el círculo de la vida cañón para los especuladores.

Pero no sólo de Madrid viven los pelotazos urbanísticos. Pasa también, por ejemplo, en Navarra, donde más de 500 viviendas financiadas con un tercio de dinero público y social siguen estando en manos privadas y cobrando alquileres abusivos.

O en Alicante, aunque lo de allí más que un pelotazo es una goleada:

Viviendas públicas cuyos beneficiarios son exconcejales de Urbanismo, exjefas de contratación el Ayuntamiento, un arquitecto municipal, policías locales o, en el mismo rellano, la exmujer y la excuñada del alcalde.

La guinda al pastel es que se dieron las concesiones de estas viviendas a personas que falsearon sus datos, incluso a algunas que se empadronaron allí aunque vivieran en el extranjero, o que hay nada menos que cinco miembros de una misma familia viviendo en ellas.

Pero no os preocupéis, porque hay un control estatal; la única pega es que a la mujer del funcionario encargado de ese control también le adjudicaron uno de los pisos.

En Asturias, en la playa de la Isla, en Colunga, se están proyectando 28 chalets unifamiliares a sólo 20 metros del mar, gracias a una modificación “puntual” de las normas que prohiben construir a menos de 200 metros de la playa.

Total, ¿qué son unos cuantos chalets que impedirían bajar a la playa por ese lado de la costa o que están en medio de una zona de tránsito? Detalles sin importancia. Pelillos a la mar, nunca mejor dicho.

Pero si hablamos de pelotazos no podemos dejar de hablar de la nobleza, expertos desde hace siglos en el noble arte de hacerse Robin Hood inversos, robar a los pobres para repartírselo entre los ricos.

La penúltima es de la ilustrísima Casa de Alba, que construyó unos pozos ilegales de agua, nada menos que en Doñana, para regar sus abundantes posesiones, previamente subvencionadas también por Europa y por nuestro país.

Un beneficio “ilícito” durante más de una década calculado en más de 5 millones de euros, sin contar los daños medioambientales en un entorno protegido que ahora, ¡sorpresa!, el Parlamento andaluz de PP y Vox quieren legalizar.

¿El truco para conseguir tanta impunidad? Fácil, rápido y para toda la familia, como diría Arguiñano: al ser los nueve pozos ilegales, no tenían contadores de agua y a la Guardia Civil que investiga el caso le es imposible calcular el volumen del agua que se ha extraído.

Ya sabemos que lo nuestro es suyo y lo suyo es suyo.

A seguir disfrutando del Mundial de fútbol ,pero sabiendo que, en el caso de estos pelotazos, nosotros no somos la corrupta FIFA, somos los árbitros y con nuestro voto podemos sacarles tarjetas roja y del partido. Que no se nos olvide.

Xabier Fortes (Pontevedra, 1966) dirige y presenta en el Canal 24 horas La noche en 24 horas, que celebra su tercer año consecutivo de crecimiento en audiencia. Licenciado en Periodismo, Fortes ha desarrollado toda su carrera en RTVE, en radio y en televisión, en el ámbito gallego y en el nacional. A alguien como él, que se declara no solo aficionado sino “enfermo del fútbol”, el servilismo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ante Donald Trump, presidente de uno de los países anfitriones del Mundial, le “fastidia y repatea”.

“La temporada pasada subimos una décima y este año hemos llegado a 2,5% de share (el porcentaje total de audiencia televisiva). Hemos subido casi medio punto. Son tres años seguidos superando el registro histórico de audiencia del que veníamos el año anterior. Estamos algo sorprendidos. Nos medimos como un canal temático no generalista, competimos con la Champions, el cine, las grandes cadenas. ¿Las razones? Imagino que tenemos una buena dosis de pluralidad en el programa, tanto de temas como de voces que intervienen, y que le damos un tono sosegado y tratamos incluso de favorecer cierta ironía. No ser ni tan dogmáticos ni tan mayestáticos. Buscamos tertulianos progresistas, conservadores, pero que tengan un tono en el que nos entendamos todos. Desde las diferencias, discrepancias e incluso momentos de tensión, lo que no nos gusta ni al equipo ni a mí, ni es la seña de identidad de la televisión pública, es convertir el plató en una carnicería. Se puede hacer televisión sacándole punta a los temas, pero creo que la gente también agradece por la noche un tono más sereno dentro de la discrepancia”.

“Que Vox quiera entrar [en RTVE] con lanzallamas o motosierra, incluso no sé si han utilizado en alguna ocasión la expresión bomba atómica, no me sorprende porque va mucho en el tono que utiliza esta formación. Allá ellos. Yo no voy a entrar a decirle a cada partido cómo tienen que comunicarse ni el lenguaje que tienen que utilizar. Entiendo que puedan tener una visión distinta de la televisión pública y están en su derecho, pero a mí no me parece, desde luego, que si quieres construir empieces con un lanzallamas ni con una bomba atómica. Ahora que tienen, además, gobiernos de coalición o van a tener responsabilidades en gobiernos, que miren un poco para adentro a otras televisiones públicas. Parece que desde algunos púlpitos se dan clases de deontología profesional y yo creo que convendría que mirasen un poquito dentro, la pluralidad de sus tertulias, de sus minutados y la experiencia que han tenido en gestión o control sus nuevos socios de otras televisiones públicas”.

“Son bien conocidas las etapas que vivimos en otras épocas anteriores, donde, por ejemplo, el presidente que se nombró salía en los papeles de la Gürtel. Donde se repartían, en ese caso, los argumentarios del partido que estaba en el poder para hacer las noticias, donde se imponía un modo de hacer información basado en la censura, en la manipulación, se hacían listas negras, se llegaba a censurar hasta Mortadelo y Filemón porque el número 200 se lo dedicaban a Gürtel. Antes de dar clases o dar lecciones, que miren un poco lo que tienen dentro. He salido en defensa de mis compañeros y lo voy a seguir haciendo más allá de que podamos coincidir o no en algunas cuestiones”.

“Yo ya confundo la OTAN con la FIFA. Ya no sé si Infantino es el secretario general de la OTAN y Mark Rutte el presidente de la FIFA. Me parecen el ejemplo de dos perfectos vasallos, de dos siervos de la gleba que no tienen ni la dignidad necesaria no para ocupar su cargo, sino para ir con la cabeza alta. El papel de Mak Rutte me parece lamentable, el de Infantino aún más vomitivo. En el 86 yo tenía 20 años y voté "no" a la OTAN. Hoy posiblemente hubiera votado de otra manera o votaría por esta OTAN de otra manera. La OTAN tiene que ser el escudo defensivo de la Unión Europea más allá de los Estados Unidos. Trump, queriendo hacernos el mayor de los daños y contando para ello con Rutte como fiel escudero, vasallo o mamporrero, nos puede hacer un favor. Y es que tenemos conciencia de nuestra necesidad de autodefensa. Llegar a un 5% de inversión es una barbaridad, salvo que no queramos pagar pensiones, ni hospitales, ni becas escolares. Nuestro gasto en defensa es más que sobrado si está bien coordinado para tener una política de defensa no dependiente de Estados Unidos. A mí no me gustaría que se rompiese el vínculo transatlántico. Espero que después de Trump venga otro presidente que lo recupere y fortalezca. Pero no se puede estar a expensas de lo que pase cada cuatro años al otro lado del Atlántico. Hay que aprovechar ese momento para redefinir la política estratégica de Europa. Por ejemplo, los desajustes entre Alemania y Francia para el cazabombardero que habían programado en los últimos años es una muy mala noticia. En los Balcanes en los 90 tuvieron que venir los americanos. Nosotros no éramos capaces. Lo que hicieron los cascos azules holandeses en Srebrenica es una mancha absoluta en nuestra historia. Ahora hay que hacer una reflexión sobre qué gasto y qué política de defensa coordinada debemos tener”.

“Además de sus vaivenes, utiliza siempre un lenguaje muy de parvulario, muy básico. “España es horrible”, maneja cuatro o cinco palabras, con lo cual da un poco idea de su forma de pensar y de elaborar sus discursos. No soy quién, y menos trabajando en la televisión pública, para decir si Sánchez lo hace bien o lo hace mal. Que decidan los que nos ven si prefieren el modelo de Pedro Sánchez, que cuando un socio impone algo y no está de acuerdo, dice que no, o si prefieren el modelo de Mark Rutte, que es el del vasallaje. Yo tengo claro cuál de los dos modelos me gusta, pero prefiero que lo piense y diga cualquiera de los que nos ven”.

“Entre un 65% y un 70% de la gente, mucha, casi siete de cada diez personas, creen en España que la justicia no lo hace todo lo bien que debiera. La justicia debería hacer una reflexión. Parece que el Poder Judicial va por sí solo, sin que tenga ningún contrapeso, y da la impresión de que es un poder excesivamente endogámico en la medida en que el supuesto órgano que tiene que fiscalizar a los jueces parece ausente de la mayoría de los debates y solo cuando se monta un escándalo de proporciones bíblicas actúa, y de una manera muy leve. Me refiero por ejemplo a las singulares –voy a dejarlo ahí– actuaciones del juez Peinado, llegando hasta esto último de impedir a la mujer del presidente ir al extranjero porque piensa que se puede fugar. Eso no hace falta ni que lo califique yo porque se califica solo. Da la sensación de que el Poder Judicial necesita una pensada y una reforma, y sobre todo si casi siete de cada diez ciudadanos piensan que la justicia a veces se orienta por criterios políticos. Si lo de Peinado es lawfare, si lo de la instrucción del hermano de presidente es lawfare, si lo de la instrucción y condena del fiscal general del Estado es lawfare, como sostienen muchos analistas, que se debata. Pero algo está pasando en la justicia. Yo creo que el actual Gobierno de coalición ha sentado mal en amplias capas del Poder Judicial. La ley de amnistía originó manifestaciones de los jueces, huelgas, algunas protestas de asociaciones de fiscales pidiendo a la oposición derribar este Gobierno. Yo no voy a decir si hay o no lawfare, pero recuerdo mucho aquel dicho gallego de "yo en las meigas no creo, pero haberlas haylas"”.

“Lo de los embriones y posibles futuras vidas humanas me supera. Pero sí entiendo que cuando se abre este debate desde la derecha se está preparando el terreno ideológico para dar el siguiente paso, un recorte de las leyes o de los derechos de las mujeres sobre el aborto. No se puede entender de otra manera, más que pensar que el embrión ya es una vida en sí mismo, ya es un nasciturus, y que va a ser, por lo tanto, una vida que hay que proteger desde el momento en que sea embrión. Estamos hablando de un recorte en cuanto a un derecho básico inalienable de la mujer, que es decidir si quiere tener esa vida antes de que sea vida, si quiere tenerla más adelante porque este no sea el momento, o si no quiere tenerla nunca; es su derecho. Todo ese abono ideológico por organizaciones y asociaciones de carácter ultraderechista y ultraconservador está preparando el camino para una regresión en los derechos de la mujer”.

“El ascenso de la extrema derecha lo encajaría en los habituales vaivenes que ha habido y habrá. La política no siempre es lineal. Si analizamos los últimos 50 o 60 años de nuestro entorno europeo, a los años 60, progresistas –mayo del 68, las revueltas contra Vietnam, etcétera–, les siguieron unos finales de los 70 y principios de los 80 claramente conservadores, con Juan Pablo II, Margaret Thatcher y, sobre todo, Ronald Reagan. A eso seguirían después, en los 90, momentos de libertad, y luego vendría 2008, la regresión, la crisis. Luego, de nuevo, políticas expansivas sociales, y ahora estamos asistiendo a una regresión o involución, a algunos postulados más ultras. Hay algo de natural en el péndulo. Incluso creo que el péndulo, si está dentro de unos márgenes, no es malo del todo. Es normal que a una generación progresista le suceda una conservadora y viceversa. Pero cuando ya el péndulo se mueve tanto y en tantos países, hay que sospechar algunas cosas. ¿Por qué sucede este movimiento ultra? Desde la caída del muro [de Berlín] el sistema económico se ha transformado de liberal a neoliberal. Cuando había rival, aunque fuera uno ilusorio y engañoso como era la tramoya del muro, tras el que las dictaduras del bloque soviético eran miserables y brutales, al bloque occidental le obligaba a tener unas buenas condiciones para sus trabajadores. Cuando cae en los 90 el muro, el sistema económico ya no tiene que estar preocupado por que haya una alternativa. Empiezan a surgir las empresas de trabajo temporal, a precarizarse el empleo, el capitalismo cada vez es más egoísta. Eso aumenta exponencialmente ahora con el auge de las tecnológicas. Es un terreno brutal para que cale todo tipo de lenguaje populista”.

“Estoy asombrado de que ahora el debate sea bajar cuantos más impuestos mejor. Bajar impuestos solo beneficia a los ricos. Cuando un obrero dice que quiere pagar menos impuestos no doy crédito. Puedo entender que el que tiene su propio helipuerto, su propio hospital y su propio avión no quiera pagarlos, pero los trabajadores necesitan que los que más tienen paguen más para que ellos puedan tener hospital, carreteras, médicos, etcétera. Esa frase brutal de "solo el pueblo salva al pueblo" me parece la mayor estupidez que oído en muchísimo tiempo. El pueblo solo salva al pueblo pagando impuestos y exigiendo a sus gobernantes que los empleen bien. El egoísmo suicida del capitalismo salvaje que estamos viviendo con el neoliberalismo y esa pelea por no pagar impuestos me parece que han creado las condiciones para que calen los mensajes de odio de la ultraderecha. Pero claro, a un chaval de 18 o 19 años que ve asombrado lo que está pasando en el mundo y que no puede ni con su sueldo alquilar una habitación para tener una vida en pareja, las proclamas mágicas y fantásticas ultras le pueden sonar a música celestial, pero conducen a que solo se van a salvar los que tienen pasta”.

“Sobre esos escándalos que hacen referencia a Nigel Farage, a Le Pen, el presunto desvío de fondos a una fundación de Vox... que les exija su propia clientela. Si consideran que está bien, nada más que hacer. La izquierda siempre ha sido más autocrítica. Eso tiene sus desventajas, pero también sus ventajas. Yo sí diría a los que en teoría piensan como yo que tuvieran otro tipo de comportamiento. Pero a los otros no tengo que darles ningún consejo”.

“Que Infantino cree el premio FIFA de la Paz para contentar a Trump porque estaba cabreado, porque no le dieron el Nobel, es de tenerlos cuadrados. Y después, en el Mundial, Infantino está bajando la cabeza cuando Trump dice que Irán no puede entrar en su territorio más que para jugar el partido, quitándoles la igualdad de condiciones. A un árbitro somalí, el mejor de África, le impidieron pitar en Estados Unidos. Se anula una sanción al delantero centro de Estados Unidos saltándose todas las normativas porque así se lo pide Trump. Es una vergüenza. A mí el fútbol me apasiona. Yo siempre digo de broma que, junto a la rueda, la imprenta y la penicilina, el fútbol es uno de los grandes inventos de la humanidad. No me gusta el fútbol, soy un enfermo del fútbol y, por trabajo, desde hace ya bastantes años no puedo dedicarle el tiempo que yo creo que el fútbol se merece. Me apasiona el fútbol desde antes de nacer. Entonces me fastidia mucho que eso que a tanta gente y a mí nos provoca tanta pasión caiga en manos de estos sátrapas del dinero y del poder. Lo han desvirtuado bastante, incluso con esas pausas publicitarias que le ponen, con esas normas específicas que han cambiado las reglas habituales del fútbol. Con sus sucias manos están machacando el fútbol, convirtiéndolo en un elemento de poder, cuando siempre fue un juego popular. Y este Mundial es una metáfora de lo que yo quisiera que no fuera el fútbol. Las entradas no pueden tener el precio desorbitado que tienen ahora, donde solo gente o con mucha pasta o muy loca como para hipotecar su casa si quiere una entrada va al fútbol; donde es casi imposible llevar a tu chaval a ver un partido. Me fastidia y repatea en lo que lo ha convertido Infantino, sometiéndose a Trump como un vulgar vasallo. Espero que el fútbol tenga la vitalidad necesaria en todo el planeta para seguir siendo fútbol y lo rescatemos de las sucias manos en las que ha caído”.

“Según algunas tesis xenófobas Lamine Yamal no podría estar en España. Tampoco podría Nico Williams. Tenemos una selección muy coral, de norte a sur, desde Euskadi a Extremadura y a Cataluña. Estoy contento porque va un poco con la idea que tengo yo de España. Siempre digo que si España no existiera, habría que inventarla. Pero tampoco me gusta la idea de una España supuestamente una y grande, que nunca fue una y grande, y menos, libre. Me gusta más la España plural, y en ese sentido yo me siento muy identificado con la selección española. Soy muy fanático de la selección y me gusta una España abierta, inclusiva, como la que tenemos, diversa. A España le hace falta sentidiño y cuanto más queramos hacer a España uniforme y cerrada, menos España será. Me gusta un país como el que tenemos, digamos, plural, diverso, que acepte la diversidad y que sea muy heterodoxo. Siempre que hemos tenido una concepción ortodoxa y cerrada de nuestra historia nos ha ido peor”.

“Incluso la España autonómica no tiene por qué ser uniforme. Puede ser absolutamente asimétrica, porque a lo mejor hay comunidades que no quieren tener todas las competencias que tienen otras comunidades. Aquí no se obliga a todo el mundo a tomar café, por utilizar aquella expresión famosa del café para todos. El que quiera se toma un colacao. Soy gallego y tengo un concepto de Galicia como un país que forma parte de España, pero para mí Galicia también es mi país y quiero formar parte de la nación española. Quiero que entiendan que yo, o muchos, a Galicia la entendemos con un alto sentido identitario y de reclamar sus derechos, sus competencias, para gobernarse a sí misma. En ese sentido es donde encaja mejor el concepto de España que tengo”.

“Como soy muy periférico entiendo España de una manera vertebrada desde la disparidad, la pluralidad y la distancia. Galicia está muy en la periferia de la península. Ahora un poco menos por las nuevas comunicaciones, pero hace décadas ni te cuento. Y está bien salirse de ese núcleo que es la M-30, que a veces hay demasiado CO2 o demasiada contaminación ambiental. Es innegable que en Madrid se cuece todo lo que afecta a España, hasta sus relaciones con Europa. Las relaciones con las comunidades autónomas se cuecen en Madrid, con lo cual el foco tiene que estar aquí, pero eso no impide que podamos salirnos a menudo. Deberíamos salir más de lo que hacemos. Televisión Española tiene una muy costosa pero necesaria red territorial. Ninguna televisión en España tiene nada parecido. Damos informativos con las noticias de cada comunidad. Utilizamos las lenguas propias de cada comunidad. Y yo mismo, por ejemplo, intento acudir a todas las invitaciones que puedo que me hacen desde fuera de Madrid”.

Mientras todos los ojos están puestos en Almería, donde 12 personas han fallecido y al menos 23 permanecen desaparecidas a causa del grave incendio que se ha originado en Los Gallardos, el PP no ha desaprovechado la oportunidad de usar esta tragedia como arma arrojadiza contra el Gobierno central.

En la clausura de un curso de verano de la Universidad Complutense organizado por el propio partido, su secretario general, Miguel Tellado, ha señalado que España necesita “urgentemente un Gobierno central centrado únicamente en la gestión –porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos–” que prevenga y dé respuesta a “tragedias” como la que se está viviendo en Andalucía.

Tellado ha añadido, además, que “pocas veces fue tan urgente llevar al Gobierno un proyecto nacional como el que representa Alberto Núñez Feijóo, pensado para abordar las grandes reformas pendientes que tenemos como país, ideado para restaurar la convivencia en España después de ocho años de conflictividad política, elaborado para reconstruir los pilares de la democracia de nuestro país, tan socavados en esta etapa política que, evidentemente, agoniza”.

El presidente de los populares ha suspendido este viernes su agenda para seguir desde Madrid la evolución del incendio y permanecer en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

No es nada nuevo que el PP se ponga en contra del Gobierno de turno cuando este tipo de sucesos sacuden al país. Tampoco que cambie el discurso cuando quienes gobiernan durante una tragedia son ellos.

Hay que remontarse 20 años atrás y viajar a Galicia para encontrar esta ‘cara B’ del PP. Por aquel entonces, la comunidad gobernada por Emilio Pérez Touriño, vivió un ‘agosto negro’ que pocos olvidan. Galicia ardió durante 12 días, con Pontevedra como la provincia más afectada. 

El desastre se saldó con la muerte de cuatro personas, una tragedia de la que se sirvió Alberto Núñez Feijóo –entonces líder de la oposición– para desgastar al bipartito formado por el PSOE y el BNG al frente de la Xunta.

A día de hoy se desconoce la cifra exacta de hectáreas arrasadas, puesto que el número varía según se pregunte a la Xunta, al CSIC o al Ministerio de Medio Ambiente. ¿La más elevada? La aportada por el Partido Popular: 175.000 hectáreas, muy lejos de las 77.000 contabilizadas por el Gobierno autonómico. Para justificar esa cifra, el PP se basó en unas imágenes por satélite de la NASA obtenidas de la página web mapasnet.com y recogidas en un informe al que respondió el entonces consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez: “Es curioso que lo diga el señor Feijóo porque cuando gobernaba el PP no se facilitaban datos”. 

Superada la crisis, Feijóo cargó con dureza contra Touriño, al que acusó de haber estado “desaparecido”, y aseguró que “aquí hubo descontrol, improvisación, incompetencia y soberbia”. “Con nosotros no moría gente en los incendios y, con ellos, cuatro personas”, sentenció. 

El dirigente gallego –célebre por protagonizar fotos que han quedado grabadas en las hemerotecas– conserva de aquel episodio una imagen que dio mucho de qué hablar, en la que aparece sujetando una manguera, vestido con camisa y vaqueros, junto a uno de los focos activos del incendio en Cabeza de Boi. 

Pero el relato cambia cuando los incendios asolan Galicia durante los gobiernos del PP. Entonces volvió a resonar el eco de aquella frase que Feijóo pronunció en 2006 cuando, ya siendo presidente de la Xunta, otras cuatro personas perdieron la vida a causa del fuego en 2017.

"Puedo cometer errores, sin duda. Pero nunca diré que la culpa es de un partido político por estar detrás de los fuegos forestales", afirmó en el Parlamento gallego, repitiendo en varias ocasiones que “nunca” haría una acusación semejante. 

Y si la culpa no era de ningún partido, ¿de quién era entonces? Según Feijóo, de los pirómanos. Acuñó el término “terrorismo incendiario” y anunció una batería de 30 medidas para acabar con los incendios “y con los incendiarios”. 

Llama la atención que entonces España estuviera gobernada por el PP, con Mariano Rajoy al frente. De hecho, en 2018 Feijóo admitía ante Jordi Évole, en Salvados, que “las responsabilidades no se pueden eludir” y asumía todo el peso de la gestión de los incendios. “Somos el Gobierno y tenemos que dar la cara. Llevamos diez años gestionando en Galicia y son diez temporadas de incendios”, afirmó.

Nada que ver con su discurso que mantuvo el pasado verano, cuando volvió a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de “fallar en la prevención” y de estar “paralizado” y “ausente”. Unas palabras que este viernes ha vuelto a reproducir Miguel Tellado a pesar de que, igual que en 2006, 2017 y en 2025, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios corresponden fundamentalmente a las comunidades autónomas.

Con la entrada de la extrema derecha en el gobierno de Andalucía, uno de cada cuatro españoles vive hoy bajo gobiernos que han hecho del racismo institucional y del desmontaje del Estado social su "prioridad nacional". No se trata de un accidente coyuntural, estamos ante un ensayo general, una etapa más del camino que Feijóo y Abascal han querido recorrer juntos hacia La Moncloa.

El problema de fondo no es la aritmética parlamentaria, ni el juego de mayorías y minorías. Es algo mucho más profundo: el supuesto cordón sanitario español frente a la ultraderecha ha saltado definitivamente por los aires. Hoy, bajo la tutela ideológica de Aznar y su "mayoría nacional", la derecha extrema y la extrema derecha caminan de la mano, a través de una meticulosa y estratégica coordinación electoral, hacia una fusión fría de programas cuyo propósito resuena en nuestra memoria: volver a trazar la frontera entre buenos y malos españoles. Su horizonte no se agota en ganar las próximas elecciones. Aspiran a algo más ambicioso: desarticular por completo el campo progresista y construir una hegemonía —cultural, política, institucional— que les permita, con los artificios electorales necesarios (a la manera de Orbán), refundar el régimen democrático español con vocación de permanencia. Una revolución pasiva en toda regla, que blinde el centralismo frente a cualquier demanda plurinacional y que revierta, pieza a pieza, las conquistas sociales, democráticas, feministas y LGTBIAQ+ de las últimas décadas.

Ha llegado el momento de decirlo todo: ningún o ninguna progresista puede fiar la defensa de esas conquistas al marco constitucional de 1978. No es suficiente y puede que no haya barreras. Como en 1936, con todos los matices que se quieran poner, hoy también se ven con fuerzas para ir a por todo.

No escribimos esto para alimentar el desaliento. Lo escribimos porque, aunque la reacción avanza, no es imparable. Avanza por nuestra propia debilidad política y organizativa. Y eso sí depende de nosotros y nosotras. En este país sigue existiendo una mayoría social que espera un proyecto que le hable de su vida: del alquiler imposible, de los salarios que no llegan, de una sanidad pública que se deteriora, de la Educación Pública como único baluarte real de futuro para nuestros hijos e hijas. Para ganarla hay que abandonar de una vez la cómoda superioridad moral de la izquierda y bajar a disputar la realidad social a la ultraderecha.

Pero para disputar no basta con legislar. La acción institucional en los Ministerios o en el Congreso es imprescindible, claro que sí, pero ante una ofensiva de tan largo recorrido se queda corta. Hace falta un movimiento social y político con anclaje territorial, con militancia, capaz de plantar cara cada día en el cuerpo a cuerpo.

Es lo que nos toca construir: una alternativa de disputa. Precisamente por ello, Movimiento Sumar llega a su Asamblea Estatal del 11 de julio con una candidatura de unidad que incorpora valiosos cuadros anclados en el territorio, junto a otros compañeros y compañeras que repiten y que han demostrado una inmensa capacidad política, empezando por las personas que encabezan la candidatura Sumar para Gobernar. Y esto es relevante por muchos motivos.

En primer lugar, porque reivindicamos el papel de la militancia, tal y como recogen los textos. Esa militancia que se parte la cara por los proyectos políticos en luchas más cotidianas y menos mediáticas, pero indispensables para hacer de Movimiento Sumar una organización mucho más capilar.

En segundo lugar, porque no queremos una organización pequeña y controlada, sino grande y popular. De hecho, hemos puesto las bases para crecer, y para hacerlo desde los territorios.

Y, en tercer lugar, porque se establece un nuevo método de diálogo interno, en el que las decisiones estratégicas son acordadas y, por ello, adquieren más fuerza. Esto, nada más y nada menos, es aplicar el federalismo plurinacional también hacia dentro. Es retomar las grandes ideas del Proyecto de País. No hablamos de un matiz técnico, sino de una evolución de nuestra cultura política, producto del proceso de maduración que hemos vivido como organización, fruto también del contexto y de las circunstancias.

La acción institucional debe acompañarse de más barrio, más pueblos y más comunidad política. Significa asumir que, al mismo tiempo que gobernamos, organizamos la lucha diaria y formamos a la militancia para que la izquierda siga ganando elecciones. Significa generar vínculos y crear conciencia compartida para actuar. Que organización e iniciativa política vayan de la mano.

En esta Asamblea de Movimiento Sumar se demuestran prioridades claras. Les da protagonismo real a las bases, a los territorios, dotando a las federaciones de capacidad efectiva para fijar prioridades y orientar la acción política, porque ningún proyecto transformador y con vocación de permanencia se construye obviando esta realidad. 

También la juventud tendrá un inmenso protagonismo, el terreno donde nos jugamos el futuro: la extrema derecha conecta con jóvenes golpeados por la precariedad y la falta de expectativas mientras nosotros (la izquierda, en general) hemos abandonado los espacios donde se forman hoy las identidades políticas —las redes, los institutos, las universidades, los nuevos espacios culturales—. Vamos a volver a estar ahí. Nosotras y lo que representamos. El 15-M ha politizado en los valores de izquierda a una generación. No estamos dispuestas a consentir que la Generación Z y la Generación Alfa se socialicen en valores reaccionarios. Y serán nuestras propias jóvenes, las de Movimiento Sumar, las que liderarán esta ofensiva.

El horizonte es 2027, el ciclo electoral más importante de la década. Municipales, autonómicas y generales que decidirán no sólo la continuidad de un gobierno progresista, sino si España consolida una nueva cultura democrática para el siglo XXI o retrocede hacia los periodos más oscuros de nuestra historia. No prometemos certezas, en política no existen. La victoria no está garantizada; pero tampoco la derrota. A lo que sí podemos comprometernos es a trabajar por articular una organización más fuerte, más grande, más democrática, más joven y arraigada, capaz de disputar cada barrio, cada instituto y cada institución. Porque para volver a gobernar España hay que dejar a un lado la melancolía y poner sobre la mesa un plan de trabajo. Un terreno de disputa. Un horizonte. Una expectativa. Una ilusión. Una esperanza.

En julio de 2026, la derecha y la ultraderecha han ratificado en Sevilla su hoja de ruta hacia 2027. Este mismo julio de 2026, nosotras empezamos a escribir la nuestra. Todo empieza ahora. Y lo que queremos es sumar con más fuerza.

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Óscar Urralburu Arza es profesor de Historia de Secundaria, asociado a la Universidad de Murcia. Miembro del GC de Movimiento Sumar

Paulo Carlos López es profesor Titular de Ciencia Política de la USC y Secretario Xeral de Movemento Sumar Galicia

Esperanza Gómez Corona es diputada de Por Andalucía en el Parlamento de Andalucía y Co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía.

Durante demasiado tiempo se ha repetido una idea que empieza a demostrar ser profundamente equivocada: que los jóvenes viven alejados de la política y que la desafección constituye el principal problema de las nuevas generaciones. Sin embargo, los datos disponibles dibujan un panorama muy distinto.

El reciente informe Desconexión y futuro: una juventud atrapada, elaborado por Ayuda en Acción, pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los jóvenes no rechaza participar en los asuntos públicos. Muy al contrario. Reclama más espacios de participación, mayor capacidad de influencia sobre las decisiones y mejores instrumentos para intervenir en la construcción de las políticas que afectan directamente a su presente y a su futuro. Entre sus principales preocupaciones aparecen el acceso a la vivienda, el empleo digno, la salud mental, la educación y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Paralelamente, las recientes encuestas del CIS sobre la calidad de la democracia reflejan una preocupación creciente por el funcionamiento de nuestras instituciones, la transparencia, la corrupción y la necesidad de mejorar los mecanismos de participación ciudadana.

Quizá, por tanto, estemos formulando mal el diagnóstico. El problema no parece ser que la juventud haya abandonado la política. El problema es que buena parte de la política todavía no ha sabido abrir espacios reales para que la juventud pueda participar de forma efectiva.

Con demasiada frecuencia confundimos democracia con elecciones, pero la democracia comienza mucho antes de introducir una papeleta en una urna.

Empieza cuando la información circula con transparencia; cuando cualquier persona puede presentar propuestas; cuando existen espacios permanentes de deliberación; cuando los responsables públicos y orgánicos rinden cuentas periódicamente; cuando el pensamiento crítico deja de ser percibido como una amenaza y pasa a convertirse en un patrimonio colectivo de la organización.

La participación no consiste únicamente en ser escuchado; consiste en poder influir. Esa es la gran diferencia. Una democracia de calidad no se limita a consultar a la ciudadanía; la incorpora a la construcción de las soluciones.

A veces se presenta la participación como un ideal filosófico. Es un error. La participación constituye, sobre todo, un extraordinario sistema de inteligencia colectiva. Cuantas más personas participan desde el conocimiento, la experiencia y el diálogo cívico, mayores posibilidades existen de encontrar mejores soluciones para problemas complejos: vivienda, sanidad, educación, inmigración, transición ecológica, economía, la igualdad de oportunidades...

Ninguno de estos desafíos puede resolverse únicamente desde los despachos o desde pequeños círculos de decisión. Las mejores respuestas nacen del contraste de ideas, del conocimiento compartido y de la deliberación abierta. Por eso la democracia participativa no constituye un lujo. Constituye un instrumento para gobernar mejor.

Movimiento Sumar nació precisamente con la voluntad de impulsar una forma diferente de hacer política. Sus Estatutos, su Documento Organizativo y su Código Ético incorporan principios extraordinariamente avanzados: Proyecto País, comunidades temáticas, implantación territorial, pensamiento crítico, publicidad activa, transparencia, rendición de cuentas y participación democrática.

No estamos hablando de propuestas nuevas; ya forman parte de la identidad del proyecto. El verdadero desafío consiste en convertir esos principios en una práctica cotidiana. Porque una organización no se mide únicamente por los valores que proclama, también por su capacidad para hacerlos realidad.

Durante las dos últimas décadas, numerosos movimientos ciudadanos y fuerzas progresistas despertaron enormes expectativas de regeneración democrática. Muchos de ellos consiguieron trasladar importantes reivindicaciones sociales a las instituciones.

Pero también surgieron dinámicas internas que, con el paso del tiempo, fueron concentrando cada vez más las decisiones en ámbitos reducidos, debilitando los espacios de deliberación abierta y alejando progresivamente a muchas personas que habían participado con ilusión en aquellos proyectos.

Una parte de quienes vivimos intensamente el 15M contemplamos con preocupación esa evolución. No porque cuestionemos la necesidad de que existan partidos políticos, sino porque el gran valor del 15M residía precisamente en su capacidad para actuar como un movimiento ciudadano abierto, transversal e independiente, capaz de fiscalizar democráticamente cualquier organización política.

La mejor manera de honrar aquel legado no consiste en mirar hacia atrás con nostalgia. Consiste en evitar que vuelvan a reproducirse dinámicas organizativas que terminen alejando a los miembros, a los amigos y a la ciudadanía de los espacios donde realmente se toman las decisiones.

Movimiento Sumar aún está a tiempo de demostrar que otra forma de hacer política sigue siendo posible, pero para ello será necesario dar un paso más.

Abrir de manera permanente la organización a la participación de sus miembros, de sus amigos y de la ciudadanía; desarrollar plenamente las comunidades temáticas; impulsar el Proyecto País; reforzar la implantación territorial; establecer mecanismos periódicos de rendición de cuentas; crear espacios estables de control democrático sobre la actuación de los cargos públicos y orgánicos; y favorecer procesos internos transparentes, abiertos y con igualdad efectiva de oportunidades.

La regeneración democrática no puede limitarse a un conjunto de principios escritos en unos documentos. Debe convertirse en una forma cotidiana de construir las decisiones colectivas.

La juventud no reclama únicamente empleo o vivienda, reclama formar parte de las soluciones. Y probablemente ésa sea también la demanda de una parte creciente de nuestra sociedad.

La democracia del siglo XXI no necesita únicamente mejores representantes. Necesita mejores mecanismos para que la ciudadanía participe, proponga, controle y contribuya de forma permanente a mejorar las decisiones públicas.

Ésa fue una de las grandes enseñanzas del 15M y ésa puede seguir siendo hoy la mayor oportunidad de Movimiento Sumar. No para convertirse en un partido más, sino para demostrar que la regeneración democrática empieza por abrir de verdad las puertas de la participación.

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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.

Es la gente quien con su voto otorga la autoridad al presidente del Gobierno y no hay nada que objetar al respecto. Con todas sus debilidades, no existe en este momento un sistema mejor (más pacífico, más funcional) que la democracia electoral para la atribución del poder político. De modo que, cuando toque, las españolas y los españoles juzgarán si Alberto Núñez Feijóo está capacitado para dirigir el país. Es probable que el “mensaje” de la ciudadanía no sea tan evidente y haya que interpretar más bien qué nos han querido decir “los españoles”. Pero es mi tesis que Feijóo, más allá de sus posiciones ideológicas, en lo que tiene que ver con sus cualidades de liderazgo, no es apto para el mando.

El problema no viene de su poca legitimidad de origen. Recordemos que aterriza en Madrid desde la Presidencia de Galicia (a la que llegó tras una campaña muy marrullera asentada en la gran mentira del “Audi de Touriño”), y lo hace por aclamación, sin elección: le aúpan los suyos –singularmente Isabel Díaz Ayuso– tras la fulminante defenestración de Pablo Casado, que había osado denunciar a su compañera de Juventudes por los tejemanejes del hermano. A pesar de ese poco edificante origen, el liderazgo de Feijóo se ha ido consolidando gracias al aura de supuesta moderación de su gestión en la Xunta y también a los buenos resultados electorales de su partido en España y sus regiones y ciudades.

Nadie discute que Feijóo está ahí, pues, porque los afiliados y los votantes del PP le aprecian. En este momento lidera el partido más votado de España, que controla buena parte del poder territorial y que a corto plazo podría estar presidiendo el Gobierno central.

Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo ofrece rasgos personales que a uno le inquietan. El primero de ellos es su frivolidad, su banalidad, su inconsistencia. No se recuerda ni un solo discurso de Feijóo, ni siquiera un gesto, con cierta altura de miras. No hay una visión del país en su oferta: nada que no sea la destrucción del “sanchismo”. En el Aznar de la oposición había una propuesta de liberalización y de ortodoxia económicas (aunque su “milagro económico” luego terminara entre rejas). Zapatero ofreció pactos de Estado en la lucha contra el terrorismo y por la justicia o contra la violencia de género y prometía un país pacífico, de buen talante y derechos. Rajoy nos llamó al rigor presupuestario y a una suerte de “sentido común” como prevención frente al “lío”. No era poco en medio de una crisis que nos puso en casi un 20% de desempleo. Sánchez llegó por sorpresa con una mayoría parlamentaria que quiso echar al PP por corrupto y ha mantenido al país en cotas económicas, sociales e internacionales que son la envidia del mundo. ¿Y Feijóo qué ofrece al país? ¿Qué visión propia? ¿Qué inspiración? ¿En qué rumbo pondría a España?

El segundo rasgo de la personalidad que merma su capacidad para gobernar es la falta de preparación intelectual y, si acaso, profesional. No se exige a los líderes democráticos que sean ingenieros aeroespaciales, pero en la España de 2026 sería de desear que al menos hablaran inglés, mostraran alguna inquietud cultural que no fuera solo ir a los toros, que hubieran escrito alguna página memorable o, no sé, que cantaran o tocaran el piano. Al menos que no confundieran el Atlántico con el Mediterráneo, el título de una obra maestra con el año de su edición, o el lugar de nacimiento de Picasso.

La frivolidad y una preparación intelectual más bien mediocre llevan a Feijóo no solo a cometer errores pintorescos, sino a derrapar con graves consecuencias estratégicas, como esta misma semana, cuando sin encomendarse a nadie, de forma completamente gratuita y espuria, suscita el supuesto problema del “absentismo” laboral y propone que los trabajadores de baja por enfermedad cobren menos. En pleno comienzo del verano, con un país en calma, desde la Pamplona de San Fermín y, lo que es peor, con un Gobierno y un PSOE en momento de bajón, el candidato a presidir el Gobierno saca a la paestra con falsedades un asunto que para nada está entre las prioridades, utilizando además la metáfora del cáncer, que ya hemos quedado –incluso con resolución parlamentaria– que está muy feo. Habla Feijóo sin guion, se le calienta la boca ante los empresarios vascos y tienen inmediatamente que salir a corregirle no solo los sindicatos, los médicos, los expertos en la materia y el Gobierno, sino también el mismísimo presidente de la patronal y su propio partido que, por boca de Juan Bravo, concluye que “a lo mejor no hemos sido capaces de explicarlo muy bien”.

Feijóo parece sustituir esa carencia intelectual y de criterio propio con una cierta campechanía muy agradable a la vista y al tacto. Sonríe, saluda como un rapero, mano derecha arriba a la altura del corazón. Es muy amable y cercano. Ideal para las relaciones sociales. Pero entonces surge, en el contraste de ese comportamiento más íntimo con su desempeño político, un tercer rasgo de carácter que es acaso el más preocupante. Feijóo ha demostrado ser extraordinariamente cruel en el trato de su adversario político. Sin la más mínima prudencia ha pedido cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y para su hermano, sabiendo, porque lo sabe, que ni por lo más remoto esas dos personas merecen tal castigo. Ha roto por completo la comunicación con el presidente desde el momento en que tolera que se celebre el insulto con gracietas sobre la fruta. Ha entrado en asuntos familiares de extraordinaria sensibilidad. Hace una década, España entera se rasgó las vestiduras porque Sánchez se atrevió a decirle a Rajoy: “Usted no es una persona decente”. Rajoy le contestó que Sánchez era “ruin”. Y aquel intercambio, que se produjo en el muy épico contexto de un debate electoral televisado, nos pareció el summum del ataque político. Feijóo ha hecho saltar por los aires aquella marca, que hoy nos parece de parvulitos.

El PP no va a cambiar de caballo ahora. Feijóo promete mucho más que Pablo Casado cuando le echaron. Pero sus seguidores y su verdadera tutora, Isabel Díaz Ayuso, empiezan a torcer el gesto al observar la poca pericia con que se maneja. La crueldad no parece importarles. Más bien la animan y celebran. Pero sí se extiende la idea de que a Feijóo, en realidad, le da igual ocho que ochenta. Que no se prepara. Que no se coordina. Que no es previsible. Cada día que pasa, Alberto Núñez Feijóo parece menos apto para dirigir España. Somos muchos quienes, con nuestros filtros y prejuicios, lo vimos antes. En el PP empiezan a verlo.

La dependencia sigue siendo una de las tareas pendientes de España. En lo que va de año 13.053 personas han fallecido estando en lista de espera para ser reconocidas como dependientes. Unas listas que en la media nacional superan los 300 días. Pero este jueves se ha dado un paso que puede ser decisivo para revertir esta situación. Se ha puesto la penúltima piedra de la nueva ley que va a permitir al Ejecutivo central asumir el 50% de la financiación para dependencia y así evitar recortes en el futuro.

Esto se ha conseguido con la aprobación en la Comisión de Derechos Sociales –formada por 37 diputados del Congreso: 14 del PP, 12 del PSOE, tres de Vox y de Sumar y uno del resto de grupos parlamentarios– del dictamen del proyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, según indican fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto deberá someterse ahora a la votación definitiva del Pleno del Congreso de los Diputados.

Hasta el momento actual, la ley de dependencia no fijaba expresamente ese porcentaje. El principio de cofinanciación entre el Estado y las autonomías estaba recogido en la norma de 2006, pero el reparto efectivo ha dependido durante años de las decisiones presupuestarias de cada Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asumió el compromiso de recuperar el equilibrio financiero y, tras anunciar una aportación total de 7.239 millones a las comunidades en 2027 para alcanzar ese 50%, pretende ahora blindarlo para que no pueda revertirse con un simple cambio de mayoría parlamentaria.

El Gobierno justifica esta reforma recordando que durante los años de Mariano Rajoy el sistema perdió más de 5.000 millones de euros de financiación estatal, en el marco de las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera. Aquellos recortes supusieron la supresión de uno de los niveles de financiación previstos en la ley y coincidieron con el incremento de las listas de espera y la ralentización del despliegue del sistema.

Según las mismas fuentes, el Partido Popular ha votado este jueves en contra de la enmienda, pese a que las comunidades autónomas que gobiernan llevan años reclamando precisamente que el Estado asuma la mitad del coste de la dependencia. Para el Ejecutivo, esa contradicción evidencia una vez más la distancia entre el discurso territorial del PP y su posición en el Congreso.

Actualmente, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se financia mediante tres niveles previstos en la Ley 39/2006. El denominado "nivel mínimo" corre íntegramente a cargo del Estado y se calcula en función del número de personas atendidas y de su grado de dependencia. A él se suma el "nivel acordado", financiado conjuntamente por el Gobierno central y las comunidades autónomas mediante convenios que tienen en cuenta variables como la población potencialmente dependiente, el número de personas atendidas, la inversión realizada por cada territorio o la reducción de las listas de espera. Finalmente, las autonomías pueden establecer un tercer nivel adicional financiado exclusivamente con recursos propios.

Pese al incremento de recursos aprobado en los últimos años, la distribución del gasto sigue muy alejada del objetivo del 50% que ahora pretende blindar el Gobierno. Los datos correspondientes a 2025 muestran que la inversión pública total alcanzó los 13.734 millones de euros. De esa cantidad, las comunidades autónomas asumieron 9.976 millones, el 72,6% del gasto, mientras que la Administración General del Estado aportó 3.758 millones, el 27,4% restante.

Esta medida podría suponer un alivio en un sistema que desde años muestra importantes signos de saturación. Según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante los cinco primeros meses de 2026 el tiempo medio transcurrido entre la solicitud de una prestación y la resolución del expediente asciende a 320 días en el conjunto del país, muy por encima del plazo máximo de seis meses (180 días) que fija la normativa.

Murcia encabeza la clasificación con una demora media de 552 días, seguida de Andalucía (446), Asturias (411) y Madrid (346), todas ellas muy por encima de la media nacional. Solo seis comunidades —Castilla y León, Aragón, País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria—, además de Ceuta, consiguen situarse por debajo del límite legal.

Acompañando estas cifras está el dato de que entre enero y mayo de este año 13.503 personas han fallecido mientras se encontraban en las listas de espera del sistema de dependencia. Son 90 personas al día, una cada 16 minutos. De ellas, 6.940 todavía esperaban ser valoradas y otras 6.563 ya tenían reconocido el derecho, pero seguían aguardando la prestación o el servicio correspondiente. El dato sigue la estela del de 2025, año en el que 32.704 personas fallecieron antes de recibir la atención a la que ya tenían derecho.

En el 'Esto no es opinión, es contexto' de esta semana Elena Reinés habla sobre el 'framing'. "El concepto empezó a desarrollarlo el sociólogo Erving Goffman en 1974. Decía que las personas interpretamos la realidad a través de marcos o esquemas de interpretación. Es decir, no vemos los hechos sin más, siempre lo hacemos a través del marco desde el que se nos presentan".

Reinés explica cómo funciona esto aplicado a la política y que "los partidos no solo compiten por aprobar leyes, también lo hacen por conseguir que todos utilicemos sus palabras, porque saben una cosa: quien consigue imponer el marco empieza el debate con ventaja".

Y ojo con la reflexión con la que acaba: "la batalla política no empieza cuando discutimos las ideas, empieza mucho antes, cuando alguien decide cómo vamos a llamarlas".

Antonio Gramsci no hablaba de cultura como un adorno, sino como un campo de poder. Quien controla el sentido común controla, en gran medida, la realidad política. La hegemonía cultural no consiste en prohibir ideas, sino en algo más eficaz: hacer que ciertas ideas ni siquiera se cuestionen.

Ese es el núcleo del problema. No se trata de que la ciudadanía acepte un sistema bajo amenaza, sino de que lo perciba como lógico, inevitable o incluso deseable. Cuando eso ocurre, el conflicto desaparece de la superficie, pero no porque haya sido resuelto, sino porque ha sido neutralizado.

Hoy, esa hegemonía ya no se construye únicamente desde las instituciones clásicas. Ha mutado. Se infiltra en los algoritmos, en los formatos virales, en la estética dominante, en los marcos emocionales con los que interpretamos el mundo. No hace falta un gran relato único: basta con imponer los límites de lo pensable.

En el siglo XXI, la batalla cultural no se libra solo en editoriales o parlamentos, sino en timelines, tendencias y métricas. La supuesta democratización digital ha ampliado las voces, pero no ha redistribuido el poder. Las grandes plataformas organizan la visibilidad, jerarquizan discursos y premian determinadas formas de expresión —rápidas, polarizadas, simplificadas— que favorecen ciertos marcos ideológicos frente a otros.

La hegemonía contemporánea no necesita convencer a todos. Le basta con saturar, fragmentar y desgastar. En ese ruido constante, el pensamiento crítico pierde terreno y el sentido común se reconfigura sin apenas resistencia.

En este escenario, la extrema derecha ha entendido muy bien la importancia de la batalla cultural, y en España Vox es un ejemplo paradigmático de ese proyecto. Cuando sus dirigentes se presentan como el partido del “sentido común” y repiten la fórmula en mítines, debates televisivos y campañas en redes, no están apelando a una neutralidad razonable, sino intentando blindar su propia hegemonía cultural: un proyecto que convierte el nacionalismo español centralista y los valores tradicionales conservadores en la única norma legítima.

Esa operación se acompaña de una inversión deliberada del relato: a través de la insistencia en la “Agenda España”, el “marxismo cultural” o la “ideología de género”, Vox intenta hacer pasar a las minorías por dominantes y a los sectores privilegiados por víctimas. Lo que se cuestiona ya no es el poder real que se ejerce, sino la mera existencia de discursos feministas, antifascistas, plurinacionales o ecologistas, presentados como una ofensiva contra la “gente normal”.

La política cultural de Vox no busca ampliar libertades ni diversidad, sino homogeneizar. Allí donde ha tenido influencia institucional, ha priorizado la tauromaquia como seña identitaria excluyente, ha promovido actos y símbolos ligados a una lectura nostálgica del Imperio español y ha apoyado iniciativas que recortan apoyo a proyectos culturales críticos, feministas o de memoria democrática.

La educación y la cultura se conciben como trincheras: se cuestionan contenidos escolares sobre violencia machista o memoria histórica, se estigmatiza a artistas y programaciones con discurso crítico, se denuncia cualquier avance en políticas de igualdad como “adoctrinamiento”. La cultura se utiliza así como arma de guerra cultural para imponer un imaginario único de nación, género y tradición, en línea con las estrategias de otras fuerzas de extrema derecha europeas y con los movimientos reaccionarios surgidos en Estados Unidos.

Su retórica contra la “corrección política” y el “marxismo cultural” no es una defensa genuina de la libertad de expresión, sino un intento de legitimar mensajes de odio mientras se empuja hacia la censura o la deslegitimación social de expresiones artísticas y pedagógicas que incomodan su proyecto de sociedad. Se busca que lo reaccionario parezca sentido común y que lo igualitario parezca radicalismo.

Frente a este proyecto, la respuesta no puede ser ingenua ni puramente defensiva. Combatir la hegemonía cultural exige asumir que estamos ante un conflicto político de largo alcance.

En primer lugar, hay que disputar el lenguaje. Las palabras no son neutrales: delimitan lo que se puede pensar. Cuando Vox consigue que “libertad” signifique desregulación ilimitada, que “seguridad” signifique endurecimiento punitivo sin abordar causas estructurales, o que “sentido común” signifique negar derechos a migrantes, mujeres o personas LGTBI, ha movido el marco entero de la discusión. Ceder esos significados es ceder el terreno antes de empezar.

En segundo lugar, es imprescindible ocupar los espacios donde hoy se produce el sentido. No basta con tener razón en análisis que circulan sólo entre convencidos. La batalla se libra también en vídeos breves, en hilos de redes, en formatos muy accesibles. Si la extrema derecha ha aprendido a convertir memes, clips y consignas en dispositivos de hegemonía cultural, la respuesta democrática necesita apostar por narrativas igual de eficaces en lo formal, pero radicalmente diferentes en lo ético y político.

En tercer lugar, hay que construir alternativa, no sólo crítica. Desmontar los marcos de Vox es necesario, pero insuficiente. Sin un horizonte propio —sin un relato que articule otra forma de vivir, de relacionarse, de entender lo común y de cuidar la diversidad— toda oposición queda atrapada en la reacción permanente. La cultura progresista necesita ofrecer imágenes deseables de futuro, no sólo advertencias sobre los riesgos del presente.

Conviene recordar algo que Gramsci tenía claro: la hegemonía no es un evento, es un proceso. Se construye día a día, en lo visible y en lo invisible. En las instituciones, sí, pero también en las conversaciones, en los patios de colegio, en los programas de entretenimiento, en las prácticas editoriales y en las decisiones de programación cultural local.

La gran ilusión de nuestro tiempo es creer que la neutralidad existe. No existe. Siempre hay una visión del mundo imponiéndose, aunque no se nombre como tal. La pregunta no es si hay hegemonía cultural, sino quién la ejerce y con qué proyecto de sociedad. La extrema derecha lo ha entendido y actúa en consecuencia, desde los eslóganes hasta las leyes. Si quienes defienden una sociedad más justa, plural y democrática renuncian a disputar ese terreno, no se sitúan fuera de la batalla: simplemente aceptan que el “sentido común” lo definan otros.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, han conseguido el apoyo de la militancia en el proceso de primarias, por lo que serán las candidatas en las elecciones de 2027 a la presidencia de la Comunidad de Madrid y del consistorio, respectivamente.

Con una participación del 90,04% de militantes del censo autonómico, en el proceso interno celebrado entre el 4 y el 6 de julio se ha elegido también las candidaturas municipales para otros 21 ayuntamientos de la región, ha explicado el partido en un comunicado.

En el ámbito autonómico, la candidatura encabezada por García junto a Manuela Bergerot, con el lema 'En Madrid hay partido' ha obtenido el 80% de los votos a las cabezas de lista frente al 20% de apoyos conseguidos por la otra candidatura que se presentaba a las primarias, 'Más Madrid Abierto'.

De los 44 puestos elegibles que conformaban la relación final de candidatos, 42 serán ocupados por integrantes de la candidatura ganadora y 2 por la otra, de acuerdo al sistema de listas abiertas y desbloqueadas bajo el método aritmético Dowdall.

La lista definitiva a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales queda conformada en sus primeros puestos por Mónica García (1), Manuela Bergerot (2), Emilio Delgado (3), Marta Carmona (4) y Gabriel Ortega Sanz (5).

En el ámbito municipal, la candidatura 'Barrio a Barrio' liderada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso ha obtenido el 81,2% de los votos emitidos a las cabezas de lista, frente a 8,8% cosechados por 'Más Madrid Abierto'.

De los 28 puestos en liza en la votación, 26 corresponden al equipo presentado por Maestre y 2 a la candidatura 'Más Madrid Abierto', en aplicación del mismo sistema electora.

La lista estará encabezada por Rita Maestre (1) seguida de Daniel Ayuso (2), Lucía Lois (3), Pablo Padilla (4) y Olga Martínez López (5).

Más Madrid ha adelantado que estas candidaturas se irán completando y creciendo con nuevos perfiles de la sociedad civil y voces independientes en los próximos meses.

El aumento de las denuncias por violencia sexual en la Comunidad de Madrid ha llevado al Gobierno a impulsar un plan específico para la región. La Delegación del Gobierno ha presentado el Plan de Acción contra la Violencia Sexual 2026-2027 en la región, una estrategia con 20 medidas para reforzar la prevención, mejorar la atención a las víctimas y ordenar la respuesta institucional.

La iniciativa nace tras 53 reuniones con entidades sociales, fuerzas de seguridad, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, expertas e instituciones. Pero en ese amplio listado hay una ausencia política relevante: la Comunidad de Madrid no participó en la fase previa. 

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha enviado una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que solicita una reunión para poder presentarle el plan este mes de julio, “trasladarle sus objetivos y medidas, escuchar sus propuestas y, en definitiva, explorar posibles vías de colaboración entre la Delegación del Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid específicamente en este ámbito”.

Este será, precisamente, uno de los puntos clave, ya que varias de las medidas previstas necesitan coordinación con administraciones autonómicas y municipales para no quedarse en una declaración de intenciones. 

“No puedo dejar de lamentar y denunciar que ni el Gobierno de Comunidad de Madrid que usted preside, ni el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, formación que también usted preside, hayan querido participar en este proceso preparatorio”, comenta Martín en la misiva.

Añade que este Plan busca “reforzar la prevención, facilitar la detección temprana, proteger mejor a las víctimas y garantizar una respuesta más eficaz, especializada y cercana”, subrayando que “no pretende sustituir competencias ni invadir ámbitos de actuación de otras administraciones, sino compartir objetivos, sumar esfuerzos, ordenar recursos, mejorar circuitos de actuación y contribuir a que ninguna mujer quede desprotegida ante una situación de violencia sexual”.

“Presidenta, las mujeres de la Comunidad de Madrid, su libertad y su seguridad están por encima de cualquier discrepancia política, partidista o personal. La lucha contra la violencia sexual nos exige altura institucional, con responsabilidad compartida y una voluntad de acuerdo firme. Desde la Delegación del Gobierno mantengo intacta mi disposición al diálogo, a la colaboración y al trabajo conjunto, porque ninguna administración debería situarse al margen de una causa que nos interpela al conjunto de la sociedad”, recuerda el delegado a Ayuso. 

La Delegación impulsará una mesa técnica de seguimiento y evaluaciones semestrales hasta 2028. Madrid tiene ya el diagnóstico, las cifras y la propuesta sobre la mesa; solo falta comprobar si todas las instituciones deciden sentarse.

En 2025, la capital registró 3.149 delitos contra la libertad sexual, un 5,6% más que el año anterior, en un contexto en el que el conjunto de infracciones penales descendió un 1,7%. Las agresiones sexuales con penetración también crecieron, pasando de 368 denuncias en 2017 a 685 en 2025, un incremento del 86% en tan solo ocho años. El dato puede reflejar un aumento de las denuncias por parte de mujeres víctimas de violencia sexual, pero también evidencia que la respuesta institucional aún necesita más recursos, más prevención y mejor coordinación.

El plan se articula en tres ejes —prevención, protección y atención— e incluye campañas sobre consentimiento, medidas contra la misoginia digital, formación afectivo-sexual en centros educativos y puntos violeta en espacios de ocio. También pone el foco en los entornos digitales, donde la ciberdelincuencia sexual creció un 12,3% en 2024 y afectó especialmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 20 años.

Recientemente he leído Visto para sentencia, del exmagistrado José Antonio Martín Pallín. En el libro plantea una pregunta que afecta de lleno a nuestra democracia: ¿qué ocurre cuando la ideología del juez deja de ser una convicción personal y comienza a orientar sus resoluciones? Su respuesta desmonta la idea de una justicia automática. Juzgar exige valorar pruebas, interpretar normas y reconstruir hechos. Cuanto mayor es ese margen de interpretación, mayores deben ser la prudencia, la motivación y el respeto a las garantías.

Pallín no escribe contra la judicatura, sino contra su degradación. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía de la ciudadanía. Un juez independiente está sometido a la Constitución, a la ley, a las pruebas y a los derechos fundamentales. Cuando una resolución intenta sustituir el debate parlamentario o corregir por la vía penal lo que corresponde decidir en las urnas, la justicia abandona su función y entra en un terreno que no le pertenece.

Los casos de Juan María Atutxa, Bateragune, los ERE de Andalucía, el procés, Alberto Rodríguez, Podemos o Ada Colau le sirven para señalar un patrón: interpretaciones expansivas de los delitos, investigaciones prolongadas sobre indicios débiles, acusaciones populares con intereses partidistas y procedimientos cuyo daño político se produce mucho antes de que llegue una sentencia. Algunos terminaron archivados; otros fueron corregidos por tribunales superiores o europeos. Entretanto, el proceso ya había actuado como castigo y la presunción de inocencia había quedado enterrada bajo filtraciones, titulares y tertulias.

Sus artículos más recientes trasladan ese análisis a causas todavía abiertas y a sentencias ya dictadas. No todos los casos son iguales ni deben confundirse. En unos puede haber conductas delictivas suficientemente acreditadas; en otros, Pallín considera que faltan indicios concretos. El punto común no es declarar inocente a nadie por afinidad política, sino exigir que la persecución de un delito respete las mismas reglas para todos. La gravedad de una acusación no autoriza a rebajar las garantías.

La causa contra Begoña Gómez es el ejemplo al que ha dedicado más atención. En Peinado dejó su fusil y Begoña camina hacia el jurado sostiene que la instrucción se convirtió en una búsqueda sucesiva de posibles delitos, a partir de una denuncia apoyada inicialmente en recortes de prensa y con una acción popular ejercida por organizaciones de orientación política definida. Critica, además, la acumulación de hechos distintos, la escasa concreción de algunas imputaciones y la dificultad para encajar determinadas conductas en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida o malversación.

El procedimiento ha avanzado desde entonces. El 20 de junio de 2026 el juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio ante un jurado, retiró el pasaporte a Begoña Gómez, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias quincenales. La referencia incluida en el auto a la posibilidad de que sus escoltas facilitaran una fuga provocó que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial remitiera la resolución al promotor de la acción disciplinaria para que valore si procede actuar. Sin anticipar el resultado del juicio ni del examen disciplinario, el episodio confirma la preocupación central de Pallín: una instrucción puede adquirir efectos políticos desproporcionados antes de que un tribunal determine si existen hechos probados.

El juicio y la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, constituyen otro caso decisivo en sus escritos. En El fiscal general no ha cometido ningún delito y Radiografía de una sentencia, Pallín cuestiona la aplicación del artículo 417 del Código Penal, la imparcialidad objetiva de magistrados que habían intervenido en decisiones previas, el respeto al principio acusatorio y la suficiencia de la prueba sobre la autoría de la filtración. No presenta estas objeciones como diferencias menores, sino como posibles vulneraciones del derecho al juez predeterminado por la ley, de la presunción de inocencia y del derecho de defensa. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo en 2025 y ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. La resolución de ese recurso permitirá comprobar si esas objeciones tienen recorrido jurídico más allá del debate público.

En el caso de las mascarillas, relativo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, Pallín adopta una posición distinta y más matizada. Reconoce la existencia de conductas delictivas acreditadas, pero considera que el juicio presenta problemas procesales graves. En Una moción de censura celebrada en el Tribunal Supremo y, después, en Caso mascarillas: una sentencia con demasiados flecos, sostiene que la pérdida de la condición de diputado de Ábalos antes del juicio debía haber llevado la causa al tribunal ordinario. A su juicio, mantener la competencia del Supremo privó a los acusados del derecho a una segunda instancia. También critica que la vista y la sentencia incorporasen acusaciones o referencias políticas ajenas al objeto concreto del proceso. La corrupción debe perseguirse, pero no utilizarse como pasarela para extender sospechas hacia personas que no estaban siendo juzgadas.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero amplía este mismo debate. En Caso Zapatero: así es, si así os parece, Pallín reprocha que el auto judicial asumiera informes policiales sin una valoración crítica suficiente y que situara al expresidente en una supuesta organización criminal sin concretar con claridad el reparto de funciones ni los actos que integrarían el tráfico de influencias. Desde la publicación de aquel artículo, la investigación ha continuado y se han abierto nuevas líneas. Precisamente por ello conviene mantener la distinción elemental entre investigar y probar. Los informes policiales pueden justificar diligencias, pero no sustituyen la valoración judicial ni convierten una hipótesis en un hecho acreditado.

De estos casos se desprende otra preocupación constante: el uso de la acción popular. La Constitución permite que la ciudadanía participe en la justicia, pero Pallín considera que esa figura se desnaturaliza cuando partidos u organizaciones creadas para intervenir en conflictos políticos emplean el proceso penal como prolongación de su estrategia. No propone eliminarla, sino exigir un interés legítimo, limitar las investigaciones prospectivas y evitar que una acusación pueda mantener durante años un procedimiento sin una base probatoria suficiente. La acción popular debe servir al interés público, no a la campaña electoral permanente.

El deterioro de la confianza no se explica únicamente por la ideología. España sigue padeciendo una falta estructural de jueces: alrededor de doce por cada 100.000 habitantes, frente a unos diecisiete en el entorno europeo comparable. La sobrecarga, las vacantes y las dilaciones dañan el derecho a una justicia eficaz. A ello se suma la percepción de que determinados nombramientos responden a cuotas políticas. Una resolución puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, llegar demasiado tarde o aparecer rodeada de una sospecha que las instituciones no han sabido disipar.

Pallín reclama una justicia mejor formada, socialmente más plural y transparente en sus nombramientos. Pide sentencias comprensibles y rigurosamente motivadas, controles eficaces sobre las filtraciones, límites claros para las investigaciones sin objeto definido y un derecho penal que conserve su condición de último recurso. Criticar una resolución no equivale a atacar a todos los jueces; del mismo modo, invocar la independencia judicial no puede convertir cualquier actuación en inmune al examen público o a los recursos previstos por la ley.

La advertencia final es sencilla. La democracia se debilita cuando el Gobierno pretende controlar a los jueces, pero también cuando un juez utiliza el proceso para ocupar el espacio de la política. La justicia debe poder incomodar a cualquier poder y perseguir la corrupción sin mirar siglas. Para hacerlo necesita pruebas, competencia, imparcialidad y respeto estricto a los derechos fundamentales. Si una causa parece depender más del magistrado que la instruye o de la acusación que la impulsa que de los hechos acreditados, la balanza deja de pesar razones y empieza a pesar ideologías.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.