Los 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal de ERC, Jordi Coronas, ya han aterrizado en España. Para obtener su liberación, han debido firmar un documento en el que aceptan que su entrada en el país fue ilegal, condición que han rechazado los miembros de la CUP Pilar Castillejo y Adrià Plazas, así como las activistas mallorquinas de Podemos, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, y el exdiputado en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé. Los voluntarios internacionales permanecen detenidos en Israel, a la espera de que un juez autorice su deportación forzosa. Informa EFE.

El avión con los primeros repatriados aterrizó en el aeropuerto de Barajas de Madrid. En el vuelo, además de Colau, Coronas y los cupaires también viajaba el diputado de Compromís en Les Corts, Juan Bordera. Los activistas españoles expulsados de Israel han denunciado a su llegada a Madrid que han sido "vejados" y "humillados" en la prisión en la que han permanecido detenidos, donde han sufrido malos tratos físicos y psicológicos

"Los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días: nos han golpeado, nos han arrastrado por los suelos, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado", ha denunciado Rafael Borrego, uno de los activistas, ante las numerosas cámaras de televisión que les esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

Un primer grupo de 21 españoles ha llegado este domingo a Madrid, mientras que en la prisión israelí de Saharonim, en el desierto del Neguev, siguen detenidos otros 28 españoles junto a activistas de otras nacionalidades que viajaban en la flotilla y que han rechazado firmar el citado documento reconociendo que su entrada en el país fue ilegal.

Tras los abrazos y saltos con los amigos y familiares que les esperaban en la terminal del aeropuerto, han relatado las jornadas pasadas desde que el pasado miércoles la flotilla fue interceptada por la armada israelí.

Según han señalado, estuvieron horas maniatados en el puerto antes de ser trasladados a la prisión en el desierto, en un "proceso constante de deshumanización"; han sido deportados sin juicio y se les ha mostrado papeles en hebreo, sin traductor

No tuvieron acceso a abogados ni han podido contactar con las familias, no han recibido asistencia médica y se les privó de agua potable y de medicamentos necesarios a algunos de ellos, como la insulina que requerían dos personas diabéticas y que no recibieron hasta tres días después de la detención.

De acuerdo con su relato, personas armadas entraban con perros en las celdas y les apuntaban a la cabeza, les privaban del sueño, les cambiaban de celda para impedir que durmieran y fueron tratados "peor que animales".

Los miembros de la flotilla han agradecido la presión popular, han pedido a los gobiernos que actúen para que lo ocurrido no quede impune y han querido llamar la atención sobre la situación de miles de presos palestinos que están en poder de las autoridades israelíes. A su juicio, Israel ha querido tener una actitud ejemplarizante con los activistas, pero ellos han tenido la fortuna de que el foco internacional estaba sobre la flotilla.

A pesar de lo ocurrido, han asegurado que volverían a embarcarse y han confiado en que pronto haya otra flotilla hacia la Franja de Gaza.Todos han aparecido en la terminal vestidos con camisetas blancas, ya que no les permitieron cambiarse al salir de la prisión y, han denunciado, les robaron la mayoría de los objetos personales cuando desembarcaron en el puerto.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, por su parte, ha denunciado los "abusos y maltratos" a los activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos en Israel, por los que emprenderá "acciones", y ha hecho un llamamiento a la movilización para parar los pies a este "Estado terrorista neofascista" israelí.

Así lo ha dicho en sus primeras declaraciones al llegar al Aeropuerto de Barcelona-El Prat, junto al concejal barcelonés de ERC Jordi Coronas, tras ser liberados hoy por Israel.

Rodeada de dirigentes de Comuns como Jéssica Albiach o David Cid, que han acudido a arroparla, Colau ha narrado "una experiencia muy dura" a partir de "la detención ilegal" de los activistas –que ha definido como un "secuestro en aguas internacionales"–, tras el cual fueron llevados a un puerto donde les esperaban "centenares de policías muy agresivos, muy violentos", que los maltrataron.

Los mantuvieron durante horas "arrodillados en el suelo o con la cabeza contra el suelo", entre "gritos, insultos, humillaciones", y les arrancaron prendas de ropa y collares, antes de llevarlos a una "horrible" prisión de alta seguridad en el desierto, donde continuó el "trato denigrante".

El trayecto del puerto a la prisión en furgonetas policiales, según Colau, también "fue durísimo", porque los activistas llevaban muchas horas sin beber agua, sin comer y sin dormir y porque les habían quitado ropa y encendieron el aire acondicionado para que pasaran frío durante el viaje.

Ya de madrugada llegaron a la prisión, donde siguieron sufriendo "cosas terribles", les despojaron de la ropa que les quedaba y les dieron unas camisas blancas, con las que han regresado a Barcelona.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que a lo largo del lunes los 28 activistas restantes llegarán a España "si no hay cambios de última hora".

"Hasta que no estén todos sentados en el avión y el avión esté en el aire, no lo podremos confirmar al 100%, pero hoy debería llegar ya el grupo de 28 miembros de la flotilla que todavía siguen retenidos en Israel", ha explicado Albares, que no ha querido dar más detalles de la operación de retorno.

La presidenta del grupo de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Pilar Castillejo, así como Adrià Plazas, miembro de la dirección de la CUP, no viajaron con el grupo de 21 activistas. Así lo indicó la CUP en un comunicado, después de que la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, informase de que el grupo de 21 activistas salía de Tel Aviv.

Tanto Castillejo como Plazas, se han negado a firmar la deportación inmediata, para "continuar ejerciendo presión internacional desde la cárcel de Ketziot", señala la formación anticapitalista en su comunicado.

La firma del documento al que obliga Israel, puntualizan los cupaires, "implicaba asumir que habían intentado entrar de forma ilegal en el Estado sionista de Israel, lo cual es del todo incorrecto, ya que fueron las fuerzas de ocupación israelíes quienes los secuestraron y forzaron a ir, en contra de su voluntad, a tierras ocupadas", cuando su intención era "llegar a Gaza para abrir un corredor humanitario".

La CUP exige la "liberación inmediata de todos los activistas secuestrados" y denuncia el "trato degradante y agresivo que han recibido", la falta de acceso a agua y alimentación suficientes y la "falta de información de las autoridades españolas y catalanas hacia los familiares de los activistas"

Las activistas mallorquinas Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, que también integraban la Flotilla Global Sumud, han rechazado firmar el documento de deportación voluntaria y permanecerán detenidas en Israel, a la espera de comparecer ante un juez que deberá autorizar su deportación forzosa.

Podem Illes Balears, formación a la que pertenecen, ha informado de la decisión de sus dos militantes. Muñoz y Martínez, que viajaban a bordo de la embarcación junto a otros voluntarios internacionales, han decidido no aceptar la deportación voluntaria porque se niegan a firmar cualquier documento que implique reconocer que entraron ilegalmente en Israel, como en el caso de los 'cupaires'.

Ambas defienden que su acción se enmarca en una misión pacífica y humanitaria en apoyo al pueblo palestino, subraya el partido morado en un comunicado.

El abogado y representante de la flotilla, Jaume Asens, ha explicado que “las familias de los detenidos lamentan la falta de comunicación con los servicios consulares y aseguran que están recibiendo la información a través de los medios de comunicación”.

Según las fuentes del entorno de la flotilla, Alejandra Martínez se encuentra en huelga de hambre desde el momento de su detención, después de declarar que “no iba a aceptar comida de quien mata de hambre al pueblo palestino”.

Ambas activistas habían anticipado antes de ser interceptadas que no firmarían ningún documento que implicara admitir una entrada ilegal al país, por lo que deberán someterse al proceso judicial que precede a la deportación forzosa.

Las autoridades israelíes mantienen detenidos a los miembros de la flotilla en distintos centros de internamiento desde el pasado jueves, mientras continúan las gestiones diplomáticas para su repatriación.

Entre los españoles que se quedan en Israel, también

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 29 personas detenidas de la Flotilla Global Sumud de España, Portugal y Países Bajos fueron deportadas este domingo rumbo a España.

"Israel desea que todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible, pero algunos de ellos optaron deliberadamente por prolongar el proceso legal de deportación, prefiriendo permanecer en Israel", indicó en un mensaje en X.

Añadió que "todos los derechos legales" de los participantes en la Flotilla, que tilda de "maniobra publicitaria", están "plenamente garantizados".

Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP han pedido al presidente del Parlament, Josep Rull, que active los protocolos contra la violencia machista ante una denuncia pública por parte de la periodista Marta Roqueta en la que apunta al diputado de Junts Francesc de Dalmases por hacerle "maltrato psicológico", según informa EFE.

En un comunicado conjunto, las tres formaciones han instado asimismo a Junts a que ponga en marcha sus mecanismos internos para esclarecer los hechos, una demanda que también suscribe el PSC.

Esta petición llega después de que Roqueta acusara esta semana a Dalmases de "maltrato psicológico", aunque sin mencionar explícitamente su nombre, y a Junts de "encubrirlo": "Me propuso escribir en su revista. Luego me dijo que estaba enamoradísimo de mí, y a partir de entonces empezó el maltrato psicológico".

"Lo tenemos en el Parlament, es público que ha abucheado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve ningún dedo", indica en X la comunicadora, en alusión a Dalmases, que en 2022 ya fue amonestado por la Mesa del Parlament, que le impuso una multa de 600 euros por incumplir el código de conducta de la cámara, después de que intimidase a una periodista del programa FAQS de TV3.

ERC, Comuns y CUP se han solidarizado con las mujeres periodistas que esta semana han denunciado en redes sociales casos de acoso, abusos de poder y agresiones machistas en medios de comunicación.

"Queremos poner de relieve la especial indefensión que generan el acoso, los abusos de poder y las violencias sexuales en el marco de relaciones laborales o de dependencia económica por el chantaje con la posibilidad de perder el trabajo o ver dañada la carrera profesional", han indicado.

Asimismo, han reiterado la importancia de los protocolos ante el acoso "como herramientas internas preventivas y de gestión de denuncias concretas para garantizar que las formaciones políticas no se desresponsabilicen de las acciones cometidas por sus representantes".

También el PSC ha mostrado su solidaridad y apoyo a las comunicadoras que han denunciado estos casos y ha reclamado a Junts que dé explicaciones.

El 28 de diciembre de 2015, los informativos españoles se llenaron de imágenes de la asamblea nacional de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), que en ese momento tenía la llave de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y la utilizaron, exigiendo la retirada de Artur Mas para dar su apoyo a la coalición independentista Junts pel Sí. Fue la época de máxima influencia de la CUP, que también tuvo un papel central en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la huelga general del día 3. Una situación opuesta a la actual: el partido solo tiene 4 diputados en el Parlament y se ha quedado sin representación en el Congreso. Revertir esta debacle ha sido el objetivo del Proceso de Garbí, un año de debates y reflexiones que ha concluido con una Asamblea Nacional de refundación.

El “batacazo” electoral precipitó el inicio del proceso, explica Mireia Vehí, diputada de la CUP en el Congreso durante la última legislatura. Tanto ella como Joan Miró, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra y antiguo dirigente del partido, relacionan la caída electoral con la derrota del procés. “La crisis social [post-2008] y el movimiento independentista favorecían a la CUP”, explica el politólogo, “la CUP ha entrado en crisis pero el resto de partidos independentistas también”. Vehí apunta otro factor: “No estamos acertando en politizar los malestares, la extrema derecha sí”. Finalmente, Miró argumenta que la CUP cometió dos errores después del referéndum y la represión del movimiento independentista: “se alargó demasiado el discurso de la independencia unilateral y, cuando [el partido] tenía capacidad de condicionar presupuestos y gobiernos, se autoexcluyó”.

El Proceso de Garbí —llamado así por un viento suroeste, que viene “desde abajo y la izquierda”— ha buscado “afilar la herramienta” política que quiere ser la CUP, en palabras de uno de sus portavoces, Non Casadevall, que celebra el consenso alcanzado en un partido acostumbrado a las divisiones internas: la ponencia propuesta por el grupo motor del proceso fue aprobada con más del 80 por ciento de los votos en la asamblea nacional celebrada en Sabadell el 21 de septiembre. Uno de los participantes en los debates considera que esta aparente unanimidad oculta inmovilismo: “La ponencia refleja equilibrios, intenta contentar a todas las partes, pero no hay cambios sustanciales”.

Uno de los objetivos era abrir los debates a personas y organizaciones que no formasen parte de la CUP. Miró no cree que se haya conseguido “ampliar el espacio político” pero sí piensa que militantes que habían marchado se han “reenganchado” gracias al proceso. Laure Vega, diputada de la CUP en el Parlament, celebra que se haya “abierto el espacio de debate a cualquiera que no es militante”. Según la organización, han participado en el ‘Garbí’ 1000 personas, de las cuales 400 no eran miembros del partido.

Todas las voces consultadas coinciden en que los resultados más tangibles del debate son los cambios organizativos. “Una dirección política más fuerte y un poco más de verticalidad”, resume Miró, que considera positivas las modificaciones para poder “competir con partidos como ERC”. “Se ha mantenido la limitación de dos mandatos porque forma parte de nuestra identidad”, explica Casadevall, pero se han alargado los mandatos de cargos internos y se ha creado una mesa nacional con más poder de decisión.

Las conclusiones sobre la estrategia política de la CUP han sido menos concretas.  “No hay grandes novedades”, afirma Miró. Uno de los participantes es más duro: “Nadie en el grupo motor es capaz de explicar en qué consiste esta nueva estrategia, más allá de generalidades”. Un sector de la organización defendió extender la experiencia de Girona, donde la CUP consiguió en 2023 la alcaldía al frente de una alianza con otros partidos, pero su enmienda fue rechazada. “La estrategia de Girona es muy válida en Girona pero en otros lugares puede funcionar o no”, justifica Vehí, que defiende la “apertura a alianzas de izquierdas pero con objetivos concretos”. Por su parte, Casadevall lamenta que es “muy complicado” pactar con ERC, Junts o los ‘comunes’, aunque no se cierra a acuerdos. Se llegó a plantear cambiar el nombre del partido y transformar la estrategia comunicativa en profundidad, pero estas propuestas fueron rechazadas.

“Quizá hay gente que siente que no se han hecho los cambios que querían”, reconoce Vega, que destaca la importancia que tiene para la CUP la relación con los movimientos sociales: “Yo creo que la CUP es una expresión de los movimientos en la calle. Eso es bueno pero no puede ser tan dependiente, también tiene que poder ayudar en momentos de frustración política como puede ser ahora”. El pesimismo sobre el momento impregna las respuestas de todas las personas entrevistadas. Miró destaca que “la CUP está muy aislada en el Parlament”, debido a la mayoría formada por PSC, ERC y los ‘comunes’, mientras que Vega advierte de que “hay una abstención y una desafección política muy grande”. “La crisis que está viviendo la CUP la está viviendo toda la izquierda, institucional o no”, concluye Vehí.

“Dice la ministra de Hacienda que lo que dise es lo que dise…” La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se pone a reír delante de una decena de micrófonos. Trataba de imitar el acento sevillano de la vicepresidenta, María Jesús Montero, como arma política. Buscaba ridiculizarla, sin argumentos, sólo por su forma de hablar. Cayendo en la más absoluta andalufobia, con la idea de menospreciar a los ciudadanos del sur por su manera de hablar vinculándolos con la incultura y la pobreza.

Aguirre no es nueva en esto. Hace años ya con otro tono imitador acusó al Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero de usar el dinero de los contribuyentes para “dar pitas, pitas, pitas”. Puso a los andaluces con su metáfora a la altura de las gallinas. Pero el acento también ha sido utilizado durante años, por ejemplo, para criticar a Magdalena Álvarez en su etapa como ministra de Fomento. 

La exdiputada del PP catalán Montserrat Nebrera llegó a decir de ella que tenía un “acento de chiste”. Tono también utilizado por el exparlamentario de la CUP Antonio Baños, que desencadenó una fuerte polémica en X por su imitación del andaluz. Unas actitudes que no suelen tener gran repercusión, pero que provocan un enorme enfado entre los ciudadanos del sur: a dos de cada tres andaluces les irritan estas burlas, según un estudio del Centra (el CIS andaluz).

El politólogo, sociólogo y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Daniel Valdivia hace esta reflexión: “Aún sigue vigente en determinadas élites españolas la vieja idea de que el habla andaluza no debe salir del bar, la dependienta o la limpiadora, por lo que les molesta encontrarlo en un lugar reservado a ellos como La Moncloa”. “Esta creencia es lo que hace que Aguirre haga burlas así, sin sonrojarse siquiera, de María Jesús Montero, mediante un discurso descalificativo que va mucho más allá de una mera crítica política al interpelar a toda una comunidad”.

“Este prejuicio viene determinado de manera clara por la aporofobia. No es otra cosa que el odio al pobre y a su forma de estar en el mundo. En España esa pobreza está asociada al andaluz. Como veíamos antes, el habla andaluza se vincula con la gente trabajadora y humilde, no se asocia al poder”, continúa el sociólogo, quien apostilla: “Esta andalufobia permite a estas élites seguir reproduciendo el rol de subordinación que Andalucía debe tener en España. Tenemos que tomar conciencia de que el habla y la lengua representan mucho más que una forma de expresarse. Por eso es tan importante que María Jesús Montero siga orgullosa de su andaluz, porque ser andaluz y hablar andaluz es la manera que tenemos de estar en el mundo, como decía Carlos Cano. Su ejemplo va a ayudar a muchos otros andaluces a poder ser andaluz sin miedo al rechazo o la sorna”, recalca.

Además, incide en que la burla se acrecenta si la política es mujer: “Son víctimas de ataques en muchas ocasiones por el mero hecho de ser mujeres y estar en lugares donde aún hay quien piensa que no son para ellas. Entonces se utiliza cualquier cosa que se considere que puede hacerles daño para insultarlas. Es otra muestra de la visión peyorativa que se conserva del habla andaluza”.

¿Se sigue en pleno 2024 asociando el acento andaluz con la pereza y la incultura? Responde el profesor: “Por desgracia, sí. Contribuyen también los prejuicios y estereotipos que aún se reproducen en medios y tertulias como discursos como los de Aguirre. Aún hay andaluces que sienten que su habla es inculta, sobre todo generaciones más mayores, pero eso está cambiando desde la educación”. Explica que en los proyectos de investigación de la universidad se ve cómo ya se está enseñando a los jóvenes “el valor de expresarse en andaluz, construyendo la identidad andaluza en base a ganar en autoestima y orgullo por cómo somos y estamos en el mundo”.

Las palabras de Aguirre removieron a Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso. En la pasada sesión plenaria, subió a la tribuna con una camiseta con la frase “Cateto tú, que no entiendes el andaluz”. Al escuchar a Aguirre, confiesa la parlamentaria, sintió “vergüenza ajena”: “Este discurso de la derecha viene de largo. Nos han estereotipado como catetos y graciosos, como gente que no es de alta cuna como ellos. Es deleznable, un mensaje clasista. Y Juanma Moreno no ha salido a defender a la gente de su tierra”.

“Siguen todos los estereotipos y seguimos luchando. Los andaluces hemos demostrado suficientemente nuestra valía en todos los sectores, desde la innovación hasta la creatividad. Pero continúa ese tira y afloja. Parece que sólo hay turismo y fiesta”, reflexiona la vicepresidenta tercera del Congreso. Y pone el foco también en la “doble discriminación”: mujer y del sur. Ella quiso explicitar con su camiseta ese sentimiento “porque las palabras se las lleva el viento”.

“Había que dar con mucha elegancia, con mucha mano izquierda y con mucho arte esa vuelta de tuerca”, resume. Miguel Tellado hizo referencia a su camiseta y ella le contestó: “Es para que aprendas idiomas”. Él se rio. “No voy al insulto ni la confrontación, sino a defender los derechos y la dignidad de los andaluces. Es una forma de comunicarse, es identidad, es arte, es tradición. Hay que dignificar nuestra lengua”, remacha. Para indicar: “Somos un Estado plurinacional. Vamos al federalismo, no hay marcha atrás. Hay que defender el catalán, el euskera, el gallego y el andaluz”.

Sobre la cuestión también se pronuncia la politóloga Ana Salazar: “Lo que hace Aguirre es burlarse. ¿Dónde está el argumento político? Utiliza el acento como un instrumento para el menosprecio. Aunque la inculta es ella. Es el acento de un pueblo que respeta, que convive, que tiene una cultura propia”. “Andalucía está asociada a la pobreza”, contesta cuando se le pregunta por qué sólo pasa esto con la forma de hablar de los andaluces en política.

Para ella, también se acrecentan estas burlas cuando se trata de mujeres. “No se entiende que se hagan críticas sin estar basadas en argumentos políticos. Es un ataque personal, se cae en la falacia. Degrada mucho el debate. Sólo es hacer daño. ¿Hay que aceptarlo todo? No”, reflexiona Salazar, a la vez que subraya que esta imagen de Andalucía se ha construido también en las series: “Hay que recordar a la Juani de Médico de familia. Hay muchos prototipos, empezando porque todos somos graciosos y juerguistas. Y se presupone una capacidad intelectual inferior”. “Se tiene que abrir un debate y se tienen que escuchar más las voces andaluzas en Madrid”, concluye Salazar. 

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha comprometido este sábado a "cumplir íntegramente" los acuerdos de investidura firmados por su partido con ERC y los Comuns, los cuales, ha dicho, "no son contra nadie, son a favor de los catalanes". El líder socialista ha garantizado que el acuerdo, el cual incluye el concierto económico para Cataluña y la salida de la comunidad del régimen común de financiación, preservará la solidaridad con el resto de España a la vez que garantizará una "financiación singular" para Cataluña.

Illa ha intervenido tras la celebración de la reunión de la Ejecutiva del PSC en la sede del partido en Barcelona, que se ha reunido de manera extraordinaria tras el 'sí' de la militancia de ERC este viernes en consulta interna al preacuerdo con los socialistas, y tras el aval de los Comuns del miércoles. La Comisión Ejecutiva también ha servido para formalizar el aval de los socialistas a los dos pactos de investidura acordados con ERC y los Comuns.

Después de la intervención de Illa, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reiterado que volverá a España para asistir al pleno de investidura del Parlament, pero advierte que su regreso a España podría resultar en su detención y encarcelamiento. De hecho, el líder de Junts considera que el pacto para investir a Illa hace que su "detención sea una posibilidad real en muy pocos días".

"Estos acuerdos no son contra nadie, son a favor de los catalanes. Son para mejorar financiación de Cataluña sin perjudicar a nadie. Nadie nunca nos ha pedido en las negociaciones prescindir del concepto de la solidaridad porque somos formaciones de izquierdas y sabemos de su importancia", ha señalado Illa, que a su vez ha reivindicado el derecho de Cataluña a una financiación singular para acometer proyectos que "generen prosperidad" para la región.

Por su parte, también ha confirmado que cumplirá "íntegramente" los acuerdos de investidura pese a que puedan venir "dificultades" y "circunstancias sobrevenidas", ya que el acuerdo le "vincula" a él y al PSC para cumplir esos compromisos. Unas declaraciones que llegan después de que el pasado martes, ERC expresara que estarían "vigilantes" ante el cumplimiento del acuerdo por parte de los socialistas, ya que sabían que una parte de su militancia no se fiaba del PSC.

El primer secretario del PSC ha agradecido a su vez a los equipos negociadores de todos los partidos involucrados, que han llevado a cabo unas negociaciones "complejas" en las que se han tenido que llegar, a pesar de las diferencias, a puntos de acuerdo. "Somos 3 formaciones diferentes, pero compartimos valores progresistas, en particular el valor de la solidaridad. Me siento satisfecho y esperanzado porque hemos conseguido dos acuerdos que configuran un proyecto progresista, solvente y transparente", ha explicado el candidato a president de los socialistas. 

Illa, además, ha confirmado que ha comunicado al president del Parlament, Josep Rull, que tiene los apoyos suficientes para presentarse al debate de investidura. El primer secretario del PSC ha pedido que el proceso para ser investido se haga de acuerdo a la legislación, pero que sea lo "más rápido posible" para que Catalunya tenga un nuevo gobierno cuanto antes: "Ha ganado la buena política". En relación con esto, Rull ha comunicado que el lunes comenzará la ronda de contactos previa a la convocatoria del debate de investidura.

La investidura de Illa estará previsiblemente apoyada por ERC y por los Comuns, según han decidido ambos partidos, tras el último aval de la militancia republicana. La suma de PSC, ERC y los Comuns alcanza una mayoría absoluta por la mínima, con 68 de los 135 diputados en el Parlament, y aún está pendiente del voto de la única diputada de las juventudes de ERC, Mar Besses.

Después de conocerse el aval de las bases de ERC al pacto con los socialistas y la intervención de Illa asegurando que se presentará al debate de investidura, Puigdemont ha confirmado que volverá a España, pese a que le han recomendado en repetidas veces no asistir al Parlament para una investidura que no fuera la suya.

Así lo ha señalado en una carta abierta en X firmada este sábado desde Waterloo (Bélgica), recogida por Europa Press, en la que ha defendido que "así como ir al exilio fue una decisión política, volver del exilio también lo es" casi siete años después.

"Hacía falta poder mantener la posición política y defenderse de la represión española en mejores condiciones de lo que no se puede hacer desde una prisión", sobre todo una cárcel española, ha dicho, y ha calificado de extraordinario el resultado del trabajo hecho desde el extranjero, sumado al trabajo del independentismo desde Cataluña.

Aun así, constata un "desgaste muy grande, sobre todo porque la represión del Estado se ha ido incrementando", si bien, a su juicio, ha servido para conseguir una ley de amnistía, entre otros logros.

En cuanto al PP, va vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Ester Muñoz, ha cargado este sábado contra Sánchez, por dejar, a su juicio, la ruptura de la "caja común" en manos de 500 independentistas que "odian a España", refiriéndose a los 550 votos de diferencia con los que las bases de ERC suscribieron el pacto para investir a Illa.

"Pedro Sánchez ha conseguido que 500 independentistas que odian a España rompan la caja común de todos los españoles", ha denunciado la vicesecretaria 'popular' en declaraciones en la localidad leonesa de Val de San Lorenzo.

Según Muñoz, "la ambición de un solo hombre" por "mantenerse en el poder a toda costa" puede hacer que la "igualdad y la solidaridad de los españoles lleguen a su fin". Y es que, a su juicio, lo que está haciendo Sánchez es "dar la llave de la financiación de todos los españoles a los que querían romper el país".

Por otra parte, la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada, también ha hablado del pacto entre los socialistas y ERC, señalando que dicho acuerdo "certifica la muerte del procés y ha advertido de que la consecución de ese pacto estará sujeto a los equilibrios políticos en el Estado.

En una rueda de prensa para valorar el acuerdo de investidura cerrado entre PSC y ERC, Estrada ha criticado a ERC y a Junts de seguir una estrategia de pactos con el Estado que "suena a los viejos tiempos del "pujolismo".

Estrada ha asegurado que ERC, con su pacto con los socialistas, ha abandonado el "horizonte independentista" a cambio de una financiación singular y una política social que, a su juicio, no aborda ninguno de los problemas sociales de fondo de Catalunya.

Menos de siete años después del fallido intento de declaración unilateral de independencia de 2017, el independentismo catalán ha perdido por primera vez el control del Parlamento de Cataluña. Junts, con Carles Puigdemont a la cabeza, ha ganado la batalla interna a Esquerra, pero el hundimiento de los republicanos hace imposible una alianza de ambas fuerzas con la CUP. Las cuentas no dan aún en la hipótesis de incluir en la ecuación a la ultraderechista Aliança Catalana.

Con el escrutinio al 99%, Junts sube tres escaños (35), ERC pierde 13 (20) y a CUP cinco (4). En total suman 49 diputados, una cifra nunca vista en la historia del Parlament de Cataluña, a 9 escaños de la mayoría absoluta.

El fracaso del independentismo sigue a una etapa de división y enfrentamiento entre las dos grandes formaciones que se ha saldado con un refuerzo de las posiciones de Junts y una derrota sin paliativos de los republicanos.

Pero el resultado lo han leído de manera muy diferente en Esquerra y en Junts. El candidato republicano, Pere Aragonès, reconoció su fracaso, renunció a negociar una alianza con el PSC y los Comuns y anunció que su partido pasa a la oposición, Según él, corresponde los dos partidos que lideraron la oposición a su gobierno, PSC y Junts, buscar una solución a la gobernabilidad de Cataluña. Ahora es el turno de PSC y de Junts de “liderar una nueva etapa” en Cataluña tras unos resultados republicanos afectados por la “polarización”, declaró.

En sus primeras declaraciones tras las elecciones, Puigdemont rechazó la posibilidad de un tripartito de izquierdas PSC-ERC-Comuns y se manifestó en contra de que Illa sea elegido president. Y, poniendo como ejemplo la investidura de Sánchez, elegido a pesar de que el PSOE fue la segunda fuerza, planteó su intención de explorar un acuerdo, se supone que con el PSC, para asumir él la presidencia de la Generalitat y evitar así una repetición electoral.

El candidato de Junts dejó clara su disposición a construir “un Govern sólido de obediencia netamente catalana. A eso dedicaremos las próximas horas con el objetivo de que haya un Govern coherente, con un buen liderazgo en el Parlament y evitar la repetición electoral, que sería una mala noticia para el país”, declaró en una breve comparecencia junto a la plana mayor del partido y de la candidatura en Argelès-sur-Mer (Francia).

Según Puigdemont, la distancia entre PSC y Junts en términos parlamentarios “no es diferente de la que existe entre PP y PSOE” en el Congreso. Quedan muchos días, subrayó, para ahondar en los resultados electorales, pero un tripartito "con la mayoría tan justa que tiene, aún pendiente de todo el escrutinio y del voto exterior, sigue siendo una mala opción para el país". "Es una mala opción para el Govern, y menos liderado por un partido que hoy, con este caso inexplicable de Rodalies que ha tenido afectación en los derechos electorales, ya ha demostrado su incapacidad de buen gobierno", remarcó.

"Ha habido una movilización del electorado unionista como consecuencia de la estrategia de la españolización, que hemos denunciado que ha sido promovida por el PSC, mientras una parte significativa del electorado independentista sigue sin movilizarse y en la abstención", lamentó en su primer análisis de lo ocurrido. Todo ello, según Puigdemont, obliga a los independentistas a una reflexión que, a su juicio, han pospuesto demasiado tiempo, “sobre los efectos de la desunión y la falta de estrategia compartida”.

A su vez, la candidatura de la CUP liderada por Laia Estrada obtuvo en estas elecciones 4 diputados y perdió 5 diputados de los 9 que logró en las últimas elecciones al Parlament en 2021. Los anticapitalistas lograron un 4,09% de los votos y se sitúan como séptima fuerza, por debajo de Comuns Sumar, aunque ligeramente por encima de Aliança Catalana, la candidatura de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que se estrena en el Parlament con dos diputados.

Cataluña decide su futuro en las urnas. 5.754.840 ciudadanos están llamados a las urnas para introducir una papeleta. En el aire está un Parlament con una gobernabilidad muy complicada a tenor de lo que han apuntado las últimas encuestas. Pero lo que pase en el Parc de la Ciutadella tendrá reverberaciones directas en toda España, empezando por las propias alianzas de la coalición en las Cortes Generales. Máximo impacto.

La política española contiene el aliento a la espera de que se conozcan los resultados. Con el gran interrogante de si el independentismo volverá a superar los 68 escaños que garantizan la mayoría absoluta sobre la que se han cimentado los últimos Ejecutivos autonómicos o si queda por debajo de esa cifra y se abre una nueva pantalla en la política.

El gran favorito para este 12 de mayo es Salvador Illa (PSC), cuya victoria tiene ya efectos mismos en la política nacional con un PSOE necesitado de un soplo de aire fresco tras el periodo de reflexión de Pedro Sánchez que tensionó al partido y al país y a las puertas de una crucial cita en las europeas del próximo 9 de junio (donde el PP parte con ventaja sobre el socialismo). Por lo tanto, como reconocen en Ferraz y en La Moncloa, la victoria del partido hermano supondrá todo un “chute de moral” y serviría también para compensar la arriesgada hoja de ruta puesta en marcha por el presidente del Gobierno en Cataluña con medidas como los indultos y la ley de amnistía.

Los socialistas tienen como gran objetivo además que esa victoria supere los simbólicos 40 escaños para dejarles un escenario mucho más fácil de gestionar, además de para refrendar el resultado que sacaron en Cataluña el 23 de julio (cuando sumaron más diputados que todo el independentismo junto). Pero también son conscientes de que es casi imposible la pantalla soñada de poder formar un Govern en solitario con apoyos puntuales. Illa ha puesto sus líneas rojas de pactos en los extremos de Vox y de Aliança Catalana. Y el gran debate es si tiene que elegir entre ERC y Junts, dos actores imprescindibles para que Pedro Sánchez pueda sacar leyes en el Congreso.

El pacto más lejano en este caso, no obstante, es con los de Carles Puigdemont. En una entrevista con infoLibre en el último día de campaña Salvador Illa confesaba: “Francamente no me veo gobernando con Junts”. Esto puede dificultar mucho el apoyo posconvergente en la Cámara Baja ante la falta de atractivo de ese partido para respaldar a Pedro Sánchez si no tiene plaza en mando en la Generalitat. Pero hay un factor que también puede afectar: Junts necesita todavía del PSOE para sacar adelante la ley de amnistía, que tiene que pasar todavía el trámite final en la Cámara Baja a finales de este mes. Sin esta norma, el expresidente no podría volver a España sin pasar por la cárcel.

Una de las opciones más plausibles si dieran los números sería la posibilidad de un tripartito entre el PSC, ERC y los comunes, que han sido la única opción que ha estado al frente de la Generalitat cuando no ha gobernado el soberanismo puro y duro. Esto supondría cuajar más la relación entre socialistas y republicanos, que tienen un vínculo muy consolidado en Madrid. El principal problema de Esquerra sería la imagen de subordinación que podrían tener potenciada por los de Puigdemont. En La Moncloa hay sospechas de que los de Pere Aragonès no aguantarán la presión del espacio posconvergente y se aliarían con la antigua CDC si el independentismo suma. En en el PSC intentan durante estas horas también mandar el mensaje de que sería un “error”, como señaló Illa en la entrevista con infoLibre, “mezclar ámbitos institucionales” y hacer caer el Gobierno de coalición si no se consigue el Palau de la Generalitat. 

En estos vasos comunicantes la entrada en el Govern de los comunes sería todo un revulsivo para Sumar, que ha visto cómo han fracasado sus apuestas en Galicia y en Euskadi. Por lo tanto, para Yolanda Díaz sería vital que Jéssica Albiach estuviera dentro del Govern, ya que los comunes además son también el partido territorial que más fuerza tiene dentro de esta coalición junto a Más Madrid y a Compromís.

El otro gran escenario que se abre es el de un Govern independentista si dan los números. Por primera vez en mucho tiempo los sondeos ponen en peligro esa cifra superior a los 68 escaños y, además, aparece un elemento disruptivo en el soberanismo: la extrema derecha de Aliança Catalana, que roba votos a Puigdemont. Junts, ERC y la CUP se han comprometido a no pactar con la formación de Silvia Ripoll, por lo que achican ese espacio para conseguir los diputados necesarios.

Si emerge un Govern independentista, primero se enfrentará a una nueva correlación de fuerzas porque Junts volvería a ser predominante por encima de Esquerra a tenor de los sondeos. Además, uno de los principales retos sería la unidad de ese propio Ejecutivo después de la traumática experiencia de esta legislatura en la que los posconvergentes abandonaron unilateralmente la Generalitat por la mala relación con Aragonès. 

Esta opción haría que Sánchez no tuviera que elegir entre sus socios, pero supondría un chasco para el socialismo y, sobre todo, conformaría un gran reto a la hora de gestionar la relación. El independentismo no ha marcado una nueva hoja de ruta sobre el procés, pero esa unidad podría reactivar los pasos de las instituciones. Y una de las primeras peticiones que pondrían sobre la mesa sería la celebración de un referéndum pactado con el Estado, algo que rechazan tajantemente el PSOE y el PSC.

En las derechas también se vive una particular batalla en Cataluña con ecos nacionales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, partía hace unos meses con la idea de vender un gran subidón, especialmente nutrido por la práctica desaparición de Ciudadanos y la fagocitación también de parte de Vox. Pero conforme ha ido pasando el tiempo esa idea se desvanece con los sondeos dando casi empatados a los dos partidos. Esto da al traste con su plan de ir acabando con Santiago Abascal elección tras elección (en Euskadi la ultraderecha consiguió mantener su escaño). Otra repercusión que ya tiene el 12M en este ámbito es que Génova 13 ha elevado el tono en su discurso contra la inmigración para no perder ripio con Vox, una tendencia que se puede mantener en la próxima campaña de las elecciones europeas.

Un escenario que también se abre y que tendría también impacto nacional sería el de que no se consiga formar Govern y haya que ir a una repetición electoral, lo que llevaría el suspense y la lucha entre socios otra vez hasta otoño. El Parlament se debe constituir como máximo veinte días después de las elecciones, por lo que el tope es el 7 de junio. En los siguientes diez días el nuevo presidente del Parlament propondrá, tras una ronda de consultas, a un aspirante para la Generalitat. Se necesita mayoría absoluta en primera votación para ser elegido o simple en segunda. En caso de no lograrse, hay un periodo de dos meses para que cualquier aspirante lo intente. 

Cataluña va a las urnas este domingo. Y por primera vez desde hace quince años la independencia no se ha convertido en el monotema de la campaña. Ni siquiera es la principal preocupación en estos momentos. Una situación en la que el PSC aparece como gran favorito y pretende pilotar un cambio de etapa en la comunidad tras una página marcada por la división política y social.

La gran pregunta es qué fuerza tiene el independentismo en estos momentos tanto política como socialmente. De ello dependerá la gobernabilidad del Palau de la Generalitat. En el Parlament saliente el soberanismo tenía una amplia mayoría absoluta con 74 escaños, gracias a los 33 de ERC, los 32 de Junts y los 9 de la CUP. Pero esa abrumadora suma frente a los 61 no diputados no rupturistas no logró forjar una unidad política y el Govern sufrió una traumática separación con Junts dejando en soledad a Pere Aragonès.

Una mayoría, además, que incluso era superior en número de escaños a la que habían dominado las legislaturas con el procés al alza: en las elecciones de 2015 sumaban 72 y en las de diciembre de 2017 (al calor de la aplicación del artículo 155) tenían 70 asientos en el Parc de la Ciutadella. Las opciones soberanistas siempre han aunado la mayoría absoluta (más de 68 diputados) en la Cámara, aunque hasta el procés no habían marcado una hoja de ruta para la independencia. No obstante, esa suma no se materializó en algunas legislaturas y ERC apoyó a los socialistas en la época de Pasqual Maragall y de José Montilla.

Esa barrera del 68 está hoy en peligro para el independentismo (la única vez que las fuerzas soberanistas no lograron esa marca fue en las primeras elecciones de 1980). Además, ahora son cuatro actores los que pueden estar en el Parlamento con esta idea secesionista, ya que se suma la Aliança Catalana, de corte de extrema derecha. Según la última encuesta de 40dB para El País y la Cadena Ser, Junts, ERC, CUP y AC se quedarían en 67 frente a los 68 de opciones no independentistas. Esto también puede pasar según las horquillas de los sondeos de El Periódico y de Ara. Y lo que se ve muy alejado es llegar a los 74 asientos actuales, por lo que se dibuja un Parlament con menos representantes del soberanismo. Este mismo miércoles representantes de los posconvergentes, de los republicanos y de los cupaires firmaron un manifiesto rechazando los votos de Aliança.

Además, las encuestas vaticinan un cambio dentro del soberanismo a partir del próximo domingo. Junts está dando la sorpresa y funcionando mucho mejor de lo que se espera apareciendo por delante en todo momento de Esquerra. Por lo que en ese bloque se puede imponer precisamente la pulsión más fuerte de Carles Puigdemont hacia la independencia que la vía pragmática por la que ha apostado de manera clara la Esquerra de Pere Aragonès. Lo que no hace ninguna de las dos opciones es fijar una fecha como sí hicieron en pasadas legislaturas sobre cuándo podría plasmarse un referéndum.

¿Y la sociedad quiere la independencia? ¿Es su principal preocupación? Para este 12M, según la encuesta preelectoral del CEO (el CiS catalán), los temas que los electores tienes más en cuenta para escoger su papeleta son la gestión de los servicios públicos, la situación económica, el cambio climático y la sequía. Luego aparecen la financiación de Cataluña y la gestión de la migración, situándose más bajos las amnistía y el debate sobre la independencia de Cataluña.

La sociedad catalana además está ahora mismo en contra de la independencia, con un 50% rechazando la separación, según este mismo barómetro de este centro de estudios sociológicos de la Generalitat. En cambio, está a favor un 42% y un 8% no sabe o no contesta. De los grupos de votantes, los que están más a favor de una Cataluña independiente son los que apoyan a Junts (88%) y luego están los de la CUP (83%), ERC (82%) y Aliança Catalana (79%). En el otro extremo, están a favor de quedarse mayoritariamente en España los electores de Vox (98%), PP (94%), PSC (86%) y los comunes (72%). Además, la preferencia predominante en la sociedad es que Cataluña siga siendo una comunidad autónoma de España, algo que señala el 31%, en tanto que el 30% opta por un Estado independiente. El 22% señala la casilla de un Estado dentro de una España federal y un 8% rebajaría la situación a región de España.

Toni Aira, director del Máster de Comunicación Política de la BSM-UPF, se acerca a la cuestión de la situación del independentismo poniendo el contexto de que la política “son ciclos” como le ha pasado también al PSOE, sobre el que se llegó a vaticinar que acabaría como el PASOK griego, o al PP ante la irrupción de Ciudadanos. “Con el soberanismo diría que pasa igual. Fue ascendiendo en los últimos años a medida que lo abrazaban capas de la sociedad que antes estaban alejadas, pero que se unieron a ese sentimiento de la frustración y de incomprensión de una parte de la política española de no avanzar en temas como la financiación. Esto hizo mucha mella durante la crisis económica y financiera. Fue una vía de manifestación como pasó con los indignados”, relata.

“¿Esto ha desaparecido? No”, indica Aira, que añade: “Ese sentimiento está ahí, aunque no está en su momento álgido. Lo que vive es el postrauma del 2017, el shock de la reacción del Estado ante el referéndum del 1-O, la laminación de la autonomía con el 155 y la fragmentación posterior del independentismo en la política institucional”. Con la consideración: “A pesar de esta situación, no desaparece. Lo que pasa es que está desmovilizado por constantes choques y luchas dentro del espacio y no ve un horizonte ni un objetivo común”.

Para Aira, es fundamental para el soberanismo que “alguien asuma con fuerza y credibilidad la idea de recomposición del espacio político para que también se reconstruya socialmente”. “Esta carta es la que ha querido jugar Carles Puigdemont, que había sido una persona clásicamente escéptica con los partidos, incluso lo había manifestado sobre el suyo. Además, es el presidente más icónico y trata de ir más allá de las luchas partidistas. Veremos si lo puede proyectar con fuerza para lograr la mayoría independentista”. En este punto, ve clave la movilización del votante soberanista: “Si hay una cierta reacción, se puede reactivar la vía política en las instituciones”.

Aborda la cuestión asimismo Ana Sofía Cardenal, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, que indica: “Que el independentismo esté desmovilizado no quiere decir necesariamente que esté a la baja”. “Diría que sigue vivo como aspiración en una parte muy importante de la sociedad catalana, que ya no cree posible ni quiere una solución federal para España. Pero también entre ellos se impone el pragmatismo porque saben que no es un objetivo alcanzable en el corto plazo. Esto explica que una parte se haya desmovilizado y la otra opte sin ningún entusiasmo por la opción que más le convence para gestionar el mientras tanto”.

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido formar un Govern "transversal" tras las elecciones del 12 de mayo, mientras que el número 3 de Junts+, Josep Rull, ha descartado pactar con los socialistas y hacer presidente a Illa. En el debate de RTVE para las elecciones catalanas este jueves recogido por Europa Press, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha asegurado que pactará en base a contenidos, al igual que la candidata de la CUP, Laia Estrada, y la de los Comuns, Jéssica Albiach, ha descartado pactos con la derecha.

Por su parte, el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha sostenido que no hablarán "con nadie que pretenda seguir rompiendo el pacto constitucional", mientras que el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado que haya un "pacto antifascista" contra su formación, y Cs ha acusado a PSOE y PP de pactar con el independentismo.

Illa ha sostenido que presentará su candidatura a la investidura y ha preguntado al resto de fuerzas si la bloquearán, ha abogado por hacer pactos que generen estabilidad, y ha acusado al PP de haber "ocultado reuniones con Junts" tras las elecciones generales.

El número 3 de Junts+ se ha negado a pactar con el PSC e investir a Illa, ya que asegura que su formación no puede "pasar página del 1-O", y ha asegurado que las dos opciones que habrá tras el 12M será un Govern de Illa o uno de Puigdemont, ya que considera que son dos modelos antagónicos, en sus palabras.

Aragonès ha asegurado que pactarán en base a un referéndum acordado, a la financiación singular y a una mejora del bienestar y la protección de la lengua, y ha añadido que la posición del PSC en estos ámbitos es "evidente", tras lo que ha pedido a Junts y la CUP no separar la independencia y la justicia social. La candidata cupaire ha sostenido que llegarán a acuerdos en función de lo que quieren hacer, y ha instado a Aragonès a decir si no pactará con Illa, y ha preguntado a Rull cómo va a impulsar la autodeterminación "si comparte el modelo económico de la patronal".

Albiach ha acusado a Illa de hacer "piruetas" para no decir si acordará o no con Junts, y ha añadido que pactar con los de Puigdemont es ponerse de acuerdo "con los grandes campeones de los recortes de los servicios públicos".

El candidato de los populares ha acusado a Illa de tener una relación de "genuflexión pura" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que en su partido se puede discrepar en público, tras lo que se ha negado a pactar a quienes rompan con el pacto constitucional, como asegura que han hecho PSC y los independentistas.

Desde Vox, Garriga ha lamentado que los pactos entre PSC y los independentistas han "condenado a la inseguridad" a Cataluña, y ha criticado que en el Congreso se haya aprobado la regularización de inmigrantes a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Por último, Carrizosa se ha negado a pactar con Illa porque "dice que no han robado los que han robado", en alusión a los independentistas, y ha acusado a PP y PSOE de no haber firmado un compromiso impulsado por Cs de no pactar con los independentistas.

Más allá de los pactos, los ocho candidatos a los comicios han contrapuesto sus posiciones sobre la amnistía y el modelo territorial en el tercer bloque del debate electoral de este jueves de RTVE, en el que PP, Cs y Vox han acusado a Illa de "mentir" al haber rechazado la amnistía. El número 3 de Junts+ a las elecciones catalanas del 12M y el candidato de ERC han pedido un referéndum para lograr una normalidad en Cataluña que el candidato del PSC ya ve lograda con la ley de amnistía.

Para Illa, la amnistía es el "camino correcto" para abrir una nueva etapa con la que Catalunya se normalice política, institucional y socialmente -ha dicho-, y ha reconocido que no ha sido cómodo defenderlo en el resto de España. Aragonès le ha replicado que esta situación se ha generado "gracias al liderazgo de ERC", momento en el que también ha recordado al candidato socialista haber cambiado de opinión respecto a la amnistía, así como con el traspaso de Rodalies y el Ingreso Mínimo Vital.

"Y dirá sí al referéndum", ha afirmado el republicano sobre la posibilidad de votar sobre la independencia de Cataluña, una cuestión que también ha defendido Rull, que ha reivindicado la negociación de Junts para conseguir la amnistía. Sobre dicha negociación, ha interpelado a Illa y le ha preguntado: "¿En negociaciones en Madrid usted donde estará? ¿Estará en la mesa del Gobierno o en el de Cataluña? ¿Del PSOE o de los que pedimos más autogobierno para poder avanzar?".

La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha abogado por "recuperar el proceso de independencia", algo que cree que no debe estar en manos del PSOE; en ese sentido, ha preguntado a Rull si eso se hace pidiendo permiso a Madrid, por las alusiones del de Junts a las negociaciones con los socialistas por la amnistía.

Por su parte, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha recordado que la amnistía "no es una victoria de unos pocos o una conquista de los independentistas", sino de todos los que defienden las políticas desde la fraternidad.

El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusado a Illa de engañar a los catalanes, ha augurado que él será "el primer socialista en decir sí al referéndum", y ha criticado que Junts y ERC no renuncien al referéndum y a la independencia.

Por parte del PP, Alejandro Fernández cree que la amnistía ha dividido a la sociedad catalana y ha preguntado a Illa: "¿Acaso ha visto reconciliación? Yo lo que he visto es que le están vacilando (ERC y Junts), del mismo modo que le ha acusado de mentir respecto a la amnistía para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Para el candidato de Vox, Ignacio Garriga, la palabra de Illa "no vale nada" porque considera que se ha convertido en el socio de Junts y ERC al apoyar la amnistía, y por eso ha asegurado que Vox es coherente al mantenerse en una única posición.

En el minuto de oro al final del debate, Illa ha confrontado dos modelos posibles, uno para "más de lo mismo", y otro para avanzar, mientras que Aragonès se ha erigido como defensor de la mejora de los servicios públicos, y Rull ha apelado a los votantes del 1 de octubre de 2017 para gobernar, dice, con la aspiración de los catalanes de prosperar.

Por su parte, Ignacio Garriga ha prometido atajar la inseguridad y rebajar impuestos, Laia Estrada se ha dirigido al votante que quiere reforzar las redes públicas en educación, sanidad y residencias, mientras que Jéssica Albiach ha pedido un cambio para un gobierno fuerte, estable y de izquierdas con "prioridades claras".

Por último, Carlos Carrizosa ha asegurado que Cs es el partido que "nunca traicionará" a sus votantes ante su negativa a pactar con partidos independentistas, y Alejandro Fernández, desde el PP, ha defendido abrir una nueva etapa para reforzar el liderazgo de Catalunya ante la decadencia, dice, del proceso independentista.

Los agricultores, ecologistas y movimientos sociales que cortan desde este domingo la AP-7 en Cambrils (Tarragona) han avisado de que su lucha "seguirá durante muchos más días", recoge Europa Press.

En declaraciones a los periodistas desde el lugar del corte, el portavoz de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha definido la movilización de este domingo como una "demostración de fuerza". "La lucha seguirá durante muchos más días", ha avisado Redón, y ha asegurado que están organizados para cortar la AP-7 o, textualmente, lo que ellos quieran.

Bajo el lema "Defendamos el campo, labremos el futuro", una decena de entidades critican medidas como el complejo turístico del Hard Rock, cuya construcción se prevé cerca del punto de la autopista cortada. Esta es la primera movilización del sector primario tras el pleno monográfico sobre agricultura celebrado esta semana en el Parlament.

También ha ido la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada, que ha criticado que la legislatura se ha tirado por la borda al continuar apostando por políticas de "negacionismo climático" y ha defendido cambiar el modelo de desarrollo económico. Estrada se ha preguntado qué futuro les espera después de 60 años de "política desarrollista que se impuso en el franquismo, pero que se ha perpetuado con el autonomismo".

La Audiencia de Barcelona ha archivado la causa en la que la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, estaba procesada por un presunto delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

En un auto consultado por Europa Press este viernes, el tribunal decide archivar la causa porque tanto Gabriel como la Fiscalía pidieron a hacerlo y la otra acusación, Vox, no se ha pronunciado en el plazo que tenía para hacerlo.

Por eso, el tribunal ha acordado el sobreseimiento libre de la causa y el archivo definitivo, una decisión que llega un año después de que las diligencias llegaran a la Audiencia de Barcelona desde el Tribunal Supremo (TS).

La causa se instruyó en el Supremo de la mano del instructor del procés, Pablo Llarena, y se trasladó a Barcelona después de que tanto la Fiscalía como la defensa de Gabriel lo reclamaron porque ya no era aforada.

El instructor concluyó el sumario después de tomar declaración a Gabriel, que compareció voluntariamente en el Supremo tras volver de Suiza, donde había estado desde que fue procesada en 2018 y donde vive actualmente.

En ese momento, la Fiscalía pidió trasladar la causa a la Audiencia de Barcelona con la intención de que este tribunal la juzgara acusada de desobediencia, pero finalmente ha desistido de su acusación, considera que no cometió ningún delito y ha reclamado el archivo que ya han acordado los jueces.

Durante la instrucción de la causa, Gabriel declaró en el Supremo y negó haber cometido un delito de desobediencia por su supuesta implicación en la DUI.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma Tsunami Democràtic autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un "software remoto" en el móvil del exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández y de al menos otros 40 dispositivos pertenecientes a otros investigados, según ha publicado El País y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

La decisión del magistrado Manuel García Castellón se enmarca en el procedimiento que dirige en el Juzgado Central de Instrucción Número 6, en el que investiga quiénes son los promotores de Tsunami Democràtic para determinar cómo se orquestaron las protestas que en 2019 -tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés - provocaron disturbios callejeros, cortes de carreteras y hasta el bloqueo del aeropuerto de El Prat.

De acuerdo al sumario que recoge EFE, las intervenciones telefónicas en remoto fueron autorizadas por el juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Manuel García Castellón en enero de 2020, y afectaron a otras cuatro personas, incluido Joan Matamala, hermano del empresario cercano a Puigdemont Josep María Matamala.

En el caso de Fernández, que no figura como investigado en la causa, la intervención duró tres meses, hasta el 17 de marzo, cuando el juez rechazó una nueva prórroga, y, según constata la Guardia Civil en un informe, el acceso resultó "imposible" debido a problemas técnicos. Algo parecido ocurrió con Joan Matamala, respecto al que tampoco pudo materializarse el acceso "por cuestiones técnicas", según consta en el informe, de mayo de 2020, en el que el instituto armado pedía prorrogar la medida.

Unos meses antes, en diciembre de 2019, el juzgado ya había autorizado en otro auto la intervención de "los datos asociados a la intervención de las comunicaciones telefónicas" de ocho personas, incluidos David Fernández, el también exdiputado de la CUP Quim Arrufat; y el exdirigente de Podem y exdiputado Albano Dante Fachín.

Este software permite acceder, entre otros, a la agenda de contactos, al registro de video-llamadas, a la cuenta de correo asociada al móvil, al historial de navegación web y a las comunicaciones en redes sociales. También permite activar el micrófono del dispositivo para "captar y grabar las comunicaciones orales", según detalla el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Las citadas fuentes aseguran que, al igual que con Fernández Ramos, la misma medida se acordó para otros 40 móviles. Según la documentación de la causa, en la lista figuran Jordi Baylina y Miguel Montero de Quadras, ambos informáticos presuntamente vinculados a Tsunami Democràtic.

El juez de la Audiencia Nacional dio el visto bueno a estas intervenciones después de que los investigadores señalaran al exdiputado de la CUP como "la primera persona que utilizó públicamente el concepto de Tsunami Democràtic en noviembre de 2014, a propósito de la primera consulta ilegal de autodeterminación".

En el auto en el que se adoptó la medida, el juez explicó que autorizaba las intervenciones "ante la excepcional gravedad de los delitos ingeridos", en referencia a los indicios de un presunto delito de terrorismo.

En uno de los autos consta que los investigadores tuvieron conocimiento, a raíz de la instalación del "software remoto" en el móvil de Montero de Quadras, de las "vinculaciones de Martí Olivella" -a quien se refieren como "uno de los referentes del movimiento independentista catalán, miembro del Equipo Técnico del NOVACT (Instituto Internacional para la Acción No Violenta)"- con la organización 'Tsunami Democràtic'.

Asimismo, los investigadores lograron recabar datos "de un grupo denominado THINK CAT: ESTAT 4.0, compartido con los miembros del autodenominado Think Cat79", entre los que figura Joan Canadell Brugera, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona entre 2019 y 2021, según la documentación que obra en el procedimiento.

Además, según la información extraída del terminal móvil de Baylina, "se ha podido identificar un entramado de siete sociedades digitales establecidas en Estonia, cuyos administradores únicos o miembros del consejo de administración son los mismos que participan en el desarrollo del proyecto VOCDONI", una aplicación para teléfonos móviles que permite realizar "votaciones masivas", como parte de la 'hoja de ruta' para avanzar en "la consecución de la denominada república digital".

A raíz de la instalación del "software remoto" en los móviles de los investigados también "se pudo advertir la participación de Joan Matamala" en los hechos. Los agentes llegaron a esta conclusión gracias a una conversación que el empresario mantuvo con el también investigado Jordi Milla "en la que tratan aspectos logísticos y organizativos de la implementación de lo que denominan segunda onada en el ámbito del Consell per la República, concluyendo que se deben instaurar consejos locales, concentrándolos por municipios o comarcas".

No se lanzan las campanas al vuelo. No será una Diada histórica, como reconocen en las distintas facciones del independentismo. Este 11-S tampoco supondrá la reconciliación de los partidos y las entidades. Intereses cruzados, no van a una. Pero el soberanismo celebra este día sabiendo que la investidura de Pedro Sánchez en las Cortes depende de estas formaciones, especialmente de la decisión que tome Carles Puigdemont (Junts), por lo que hay una rendija para la activación de ese electorado.

Cataluña llega a la celebración de su día en plena incertidumbre política en España, Y tras haber votado el pasado 23 de julio dejando un panorama de absoluto dominio en las urnas del PSC, que logró más de 1,2 millones de votos y 19 escaños en el Congreso (más que todo el independentismo junto). Sumar fue la segunda opción más respaldada en esta comunidad, por encima de Esquerra y Junts. 

Pero la aritmética endiablada que dejaron las urnas hace, en cambio, que tengan mucho poder Esquerra y Junts, dos partidos que siguen enfrentados en Cataluña y que no han logrado recomponer el Govern en coalición que rompieron. Los de Oriol Junqueras ya han recalcado su intención de repetir su apoyo externo al PSOE y a Sumar durante esta legislatura, por lo que ahora todos miran a la futura decisión de Junts.

Precisamente la Diada también está marcada por la brecha abierta entre los partidos y la ANC, la asociación independentista con más ascendente. Y es que esta ha apostado claramente por el bloqueo de las instituciones españolas para presionar y por volver a la vía unilateral de manera inmediata. En Junts, según fuentes del partido, creen que esta organización está marcando su propio perfil, sabiendo que no se puede hacer un referéndum ya. “No va a ser un día histórico”, reconocen los de Puigdemont porque no “hay un clima de expectación, sino más bien de división”. Por lo tanto, vaticinan que será de tintes parecidos a la de 2022 (que congregó a 150.000 personas según la Guardia Urbana, aunque los organizadores elevaron la cifra a 700.000).

Y es que se trata de una Diada totalmente diferente a las que se vivieron, especialmente entre 2012 y 2017, durante el procés y a las puertas del referéndum ilegal del 1-O. Toni Aira, profesor de la UPF-BSM y analista político, lo explica así: “Ahora todo es muy diferente. Pero hay un nexo sobre la expectativa de que pasen cosas. Paradójicamente ahora es porque el factor Puigdemont puede ser decisivo, mientras que antes era por la desconexión con la política nacional. Esto puede movilizar o revitalizar a una parte de este electorado. Con precauciones, podría haber una cierta reactivación de la Diada. El hecho de que el Govern vaya ya apunta por dónde va la ola”.

ERC dejó de lado precisamente la manifestación el año pasado después de las duras críticas de la ANC por su vía pragmática con el PSOE en Madrid. Pero este año sí irá a la manifestación con su máxima representación. Estarán en las calles tanto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como Oriol Junqueras, el líder ideológico de Esquerra. De hecho, los republicanos celebran estos días que Carles Puigdemont (Junts), con el que tienen una relación muy complicada, se haya abierto a negociar la investidura de Pedro Sánchez, lo que supone ir por el mismo sendero. Fuentes del Govern comentan que "hay que salir a la calle" para mandar el mensaje al PSOE de que tiene que moverse si quiere el voto y, aunque no prevén un día histórico, sí creen que habrá más optimismo que hace un año.

Pero en ese sendero no van de la mano Esquerra y Junts, que han decidido negociar por separado con los socialistas y Sumar la investidura. De hecho, hay una competición por capitalizar los posibles acuerdos que se vayan logrando, como se comprobó en la escenificación de los pactos para controlar la Mesa del Congreso y arrancar el compromiso del uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja y en la Unión Europea.

La manifestación de este año por la Diada estará dividida en cuatro columnas, que confluirán al final en la plaza de España en Barcelona. Cada una tendrá una reivindicación definida: la libertad, la lengua, el país y la soberanía. Como es costumbre, arranca a las 17.14 horas (por la caída de Barcelona en la guerra de Sucesión). El lema escogido es “vía fuera” y se ha optado por los colores azul y amarillo como un claro guiño a la bandera europea. Los CDR han convocado además una quinta columna alternativa pero que se desarrollará una hora antes de la concentración oficial.

Esta Diada, en el marco de los actos oficiales y no en la manifestación, tiene otra gran novedad: la asistencia de la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSIB-PSOE). La política ha decidido acudir a todos los días oficiales de las comunidades autónomas con el objetivo de reforzar el compromiso de la Cámara Baja con el Estado autonómico. Ella, además, tiene que articular la reforma del reglamento para que se puedan hablar las lenguas cooficiales, una posibilidad que se espera ya poner en práctica en la futura investidura de Alberto Núñez Feijóo (26 y 27 de septiembre).

Fuera del Congreso ha quedado en esta legislatura la CUP, que no logró retener los dos diputados de los últimos cuatro años. Por eso quieren utilizar esta Diada también para recuperar fuerza y los ‘cuperos’ están intentando desgastar a Junts, su competidor en el lado más soberanista. Han llamado a movilizarse este año y se han quejado, en palabras de Xavier Pellicer, de que los de Carles Puigdemont se están metiendo “en el mismo callejón sin salida” de Esquerra. 

El viernes, en cambio, las principales asociaciones por la independencia llegaron a un pacto de carácter civil para impulsar el movimiento independentista, reclamando unidad a los partidos. El acuerdo fue firmado por la ANC, Òmnium, la Associació de Municipis per la Independència, el Consell per la República y la Intersindical. La idea es crear sinergias, aunque por el momento no está previsto intentar extender este acuerdo con las formaciones y el Govern.

Y la palabra que recorrerá principalmente este 11-S será amnistía, ante las exigencias del independentismo de una ley en este sentido para encauzar la investidura de Pedro Sánchez. Carles Puigdemont la ha puesto como condición previa al PSOE si quiere negociar y conservar La Moncloa, Por el momento los principales dirigentes de Ferraz guardan silencio y se limitan a apelar a la Constitución como marco y al diálogo como método. En Sumar son mucho más proactivos y han reiterado en varias ocasiones que una medida así tendría encaje en la Constitución, además de que Yolanda Díaz se desplazó hasta Bruselas para reunirse con el expresident.

En el Parlament, además, se miran todos de reojo sabiendo que cualquier paso puede ser determinante de cara a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2025 pero siempre en el alambre por un posible adelanto por la debilidad aritmética de Esquerra, que depende del PSC principalmente para sacar los presupuestos del siguiente año.

Se ha viralizado por Twitter un mensaje que afirma que "la CUP ha denunciado la estelada del Ayuntamiento de Ripoll a la Junta Electoral" para "hacer caer a Sílvia Orriols en la trampa de Torra y que la inhabilitaran". 

Es FALSO. La denuncia por la que la Junta Electoral obligó al Ayuntamiento de Ripoll a descolgar la estelada del consistorio no la puso la CUP, sino Impulso Ciudadano, una asociación que se autodefine como "constitucionalista" y que denuncia la inmersión lingüística. Así consta en la resolución de la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà, a la que ha tenido acceso Verificat, y según asegura la propia organización a través de un tuit. 

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, retiró la estelada que colgaba del Ayuntamiento tras la resolución de la Junta Electoral de Zona del 4 de julio, que la obligaba a hacerlo. Así lo han informado varios medios y ha confirmado Orriols. La Junta Electoral considera que "banderas, lazos, pancartas" u otros símbolos "que permitan la identificación" de los poderes públicos "con alguna de las candidaturas concurrentes a las elecciones" deben ser retirados de los edificios públicos.

Impulso Ciudadano ya puso "más de 200 denuncias ante las Juntas Electorales" por "simbología partidista en periodo electoral en edificios y espacios públicos" durante la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo, según informa su página web. Concretamente, denunciaron esteladas, lazos amarillos y otras pancartas independentistas.

Aunque la Junta Electoral de Zona no ha hecho pública la resolución contra el Ayuntamiento de Ripoll, el departamento de prensa de la CUP e Impulso Ciudadano la han facilitado a Verificat. Hemos podido comprobar su veracidad a través de la firma electrónica, que indica que el documento no se ha modificado desde que fue firmado por la secretaría de la Junta Electoral.

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

Tras la experiencia de estos cuatro años, la CUP vuelve a concurrir a las elecciones generales. El 61% de la militancia decidió en una consulta luchar por escaños este 23J, con Mireia Vehí como número uno en la papeleta por Girona. Dice que es hora de apostar con más fuerza por un referéndum en un momento en el que aparece una ola ultraconservadora. Vehí confiesa que le ha impactado durante esta legislatura conocer qué es la Corte, con “tres barrios” en Madrid donde están los que mandan. Y tiene la impresión de que la derecha y la ultraderecha han copado las estructuras del Estado. Asimismo, la diputada de la CUP se muestra muy orgullosa de haber apoyados dos leyes: la trans y la de eutanasia.

¿Qué va a pasar la noche del 23J?

No soy un oráculo ni buena en las predicciones. De momento, por las encuestas, todo apunta a que va a haber una mayoría ultraconservadora.

¿Pero es posible que la izquierda conserve el poder?

Siempre queda margen. Las encuestas son aproximaciones que no son exactas nunca. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo se puede plantar un dique de contención al ruido de fondo ultraconservador. Esto tiene que ver con los hechos concretos. Pienso que determinados hechos del Gobierno de coalición no han ayudado. Por ejemplo, la política migratoria y lo que pasó en Melilla es propio de un Ejecutivo conservador. Se le está enviando un mensaje a la ciudadanía no de proyecto alternativo. O los fondos europeos: cada vez es más evidente que no llegan a la pequeña y mediana empresa, se van a las grandes corporaciones del Ibex. Y no derogar la ley mordaza ha sido un regalo a la derecha.

No votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Pero si depende de usted tras el 23J, ¿apoyará para que haya un Gobierno progresista?

En el caso de que hubiera una mayoría conservadora y ultraconservadora, obviamente no la apoyaríamos y votaríamos no porque hay que parar el fascismo. En el caso de que Sánchez pudiera gobernar, queremos construir un punto común con el independentismo que tenga que ver con el referéndum de autodeterminación. Las negociaciones entre el PSOE y ERC han sido un fracaso. Y es un fracaso la lectura de que el régimen se puede democratizar con gobiernos progresistas de turno. La única forma de parar el ciclo conservador es hacer reformas profundas y la autodeterminación es una especie de kriptonita para los ultraconservadores. Si Sánchez pudiera gobernar y siguiera sin tocar nada de las estructuras fundamentales (aquello que el 15M llamó régimen del 78), lo único que estaría haciendo es alargando la agonía.

Cita al 15M. Tras el 28M, ¿se ha pasado ya ese ciclo?

Escribí un artículo a mitad de la legislatura el día que el PSOE y Podemos votaron a los magistrados ultraconservadores en el Constitucional certificando esto: aquí acaban de matar el ciclo del 15M, del que Podemos era heredero. Una cosa es que el ciclo haya terminado, y la otra es cuál es el papel de los partidos de izquierdas. Debe ser en un momento de ciclo ultraconservador aguantar y proteger aquellas propuestas que los movimientos populares han puesto en el centro del debate político hasta que el ciclo vuelva a ser progresista y la marea nos permita avanzar. 

¿Qué le parece que Irene Montero no vaya en las listas de Sumar?

No nos vamos a poner en los líos de otras organizaciones. Pero nos sorprende que Yolanda Díaz haya prescindido de Irene Montero pero no haya dado ninguna explicación política al respecto. Esperaríamos que explicara que es por un debate feminista. Es decir, nosotras fuimos muy críticas con la ministra de Igualdad por la ley del sólo sí es sí porque el feminismo del Código Penal no es el nuestro. Pero si no explica nada, está dándole la razón a la derecha y la extrema derecha y esquilma un debate fundamental en el movimiento feminista: cómo se aborda la violencia machista.

¿Qué le parece el fenómeno de Yolanda Díaz? ¿Tendrá el tirón augurado?

Pues en un primer momento nosotros nos alegramos mucho porque es importante que haya una izquierda española fuerte. Lo que pasa es que no nos convence la vereda por la que va Yolanda Díaz. Entre otras cosas, por la negativa a hablar de autodeterminación. Los comuns dijeron que estaría el referéndum en el programa de Sumar y Yolanda tardó menos de seis horas en decir que ni hablar y que esto se decidirá en Madrid. Pero en El Objetivo hablaba de la autodeterminación del pueblo del Sáhara. Está construyendo una operación muy madrileña. En Cataluña, por ejemplo, Jaume Asens desaparece de las listas en un movimiento extraño y Lilith Verstrynge, una persona directamente puesta de Madrid, va de cuatro por Barcelona. Es raro. 

¿El independentismo ha servido para que crezca Vox?

Creo que no. Es como decir que el feminismo es responsable de las agresiones machistas. Absurdo. Lo que pasa es que el Reino de España desde 1978 no ha hecho los deberes. Hay un poder judicial que sigue con las mismas dinámicas y estructura. Además, con un plan clarísimo de los sectores ultraconservadores españoles de dar la batalla dentro del Estado. Si ves los perfiles de la alta magistratura, de los letrados de las Cortes, de la Fiscalía y de los altos funcionarios, la derecha y la ultraderecha tienen copadas las estructuras del Estado. Y esto es porque no se ha democratizado el Reino de España y el PSOE ha perdido la guerra interna del Estado. Si depende de la CUP, vamos a plantear la autodeterminación y el referéndum. Es una forma de desmontar el edificio en el que está gente vive y se alimenta.

Sánchez ha reiterado que no cabe espacio a un referéndum en la Constitución.

La traducción de este mensaje no es que el independentismo tiene un problema, sino que Sánchez está dispuesto a regalar su país a la derecha y la ultraderecha antes de remangarse y hablar de derechos. Esto es gravísimo.

¿No reconoce que Sánchez ha apaciguado Cataluña con decisiones como los indultos?

Sánchez se encuentra en una encrucijada. A los suyos, cualquier gesto hacia Cataluña les parece romper España. Pero alguien va a tener que remangarse. Nosotros estamos dispuestos a decirle que ponga fecha y pregunta para un referéndum. El PSOE y Sumar deberán pensar si están dispuestos a hacer una jugada de país, que no de partido. ¿Se acuerda cuando el Tribunal Constitucional se atrevió a parar un debate en el Congreso para que no legislara sobre sus propios mandatos? 

Se paró al final en el Senado.

En el Congreso estuvimos doce horas en ascuas. Esta situación es loquísima desde el punto de vista democrático. Sánchez va a tener que decidir si continúa haciéndole un favor a su partido o si trabaja en términos de país, que es hacer una reforma del Poder Judicial, abrir la Constitución e ir a Cataluña a poner las urnas.

Decía que no vale lo que ha hecho Pedro Sánchez en Cataluña. Pero este 28M la primera fuerza en esa autonomía fue el PSC, ¿los ciudadanos sí han reconocido ese trabajo?

Según el GESOP, casi la mitad de los votantes del PSC piensa que un referéndum es la buena forma de resolver el conflicto en Cataluña. La cosa es que ya sabemos cómo vota la gente, no siempre con la máxima ilusión y convencimiento. Una cosa es que la gente vote al PSC, pero otra es que hablando en términos nacionales sus votantes compartan la gestión que se hace desde Madrid.

¿Será el PSC la primera fuerza en Cataluña en las generales?

Es una de las opciones, no lo sé. 

¿Se está pasando también el ciclo independentista en Cataluña?

Creo que no. El independentismo en Cataluña es una expresión histórica concreta. Por mucho que Sánchez quiera pacificar, en términos de Patxi López, esto no se pasa de moda porque tiene que ver con una reivindicación nacional vinculada a una identidad nacional que todo el mundo reconoce. Por mucho que la gente vote al PSC la gente en Cataluña es catalana y catalanista. Esto desde Madrid no se entiende.

¿Está a la baja Esquerra? ¿Cómo interpreta los resultados de este partido el 28M?

Leemos que ERC ha desarrollado una estrategia que ha sido un fracaso. Es la de pactar con el PSOE en Madrid y también los presupuestos de la Generalitat. Tiene que ver con entender que la fuerza política que le dio al país el Tsunami Democràtic y las sentencias servía para que el PSOE cediera. Eso ha sido un fracaso y por eso la gente no vota a Esquerra. Hay un cambio de fase en Cataluña, el independentismo está generalmente enfadado con el ciclo de fracaso de intentar pactar con una fuerza que no quiere pactar. Una de las lecturas del 28M es que hay que radicalizar las propuestas independentistas porque mucho voto independentista se ha quedado en casa.

¿ERC ha hecho esa lectura y tendrá un mensaje más independentista este 23J?

Espero que sí. ERC ha cometido un error: querer negociar como partido una cuestión que era de país. Eso no puede volver a ocurrir. Y espero que ERC no esté solo haciendo una enmienda a su estrategia, sino que además sea generosa.

Si hubiera sido concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿su voto hubiera sido para Xavier Trias o para Jaume Collboni?

Pero es que la CUP no entró.

Pero si hubiera estado...

Barcelona En Comú se ha prestado a una operación de Estado desde Madrid.

Interpreto que hubiera votado a Trias, ¿no?

Nosotros hicimos la campaña en Barcelona que ni Trias ni Collboni. No hubiera votado a nadie, a nosotros mismos. Creo que es lo que tenían que haber hechos los comuns.

Por lo tanto, hubiera facilitado a Trias el Ayuntamiento.

No, no. Trias, en términos de ciudad, es lo mismo que Collboni. Lo único que les diferencia es el tipo de operación de Estado que querían hacer uno y otro. En Madrid no se entiende mucho, pero nosotros somos genéticamente antiderecha catalana. Nosotros fuimos los que nos cargamos a Artur Mas. Nuestra política, nuestros discursos y nuestra práctica son genuinamente antiestablishment, anti élites y anti derecha catalana.

¿Le ha decepcionado Pere Aragonès como president?

Sí, Aragonès y ERC tenían la oportunidad de desplegar el acuerdo de investidura que se firmó con la CUP, que era de consenso. Esquerra ha querido, en el marco de su estrategia fracasada, mirar al PSOE y aprobar unos presupuestos basados en el negacionismo climático, los Juegos de Invierno, el Hard Rock y el cuarto cinturón. 

La CUP tiene en sus manos ahora el Ayuntamiento de Girona, ¿qué podemos esperar?

Una Alcaldía atenta a las cuestiones climáticas, de género, de redistribución de la riqueza. También tiene que ver con la apertura de puertas, levantar las alfombras. Y puede ser un ejemplo para el resto de municipios y una esperanza para el futuro. La izquierda independentista es capaz de gestionar, no le da miedo el poder y trabaja para su gente.

¿Qué opina de los pactos que se están conociendo entre el PP y Vox?

Terribles. Unos pactos que tienen apellidos como la persecución del catalán, de las mujeres, de las personas LGTBI y de los migrantes. Detrás van a venir políticas para que sólo y exclusivamente disfruten de las ciudades, los pueblos y las comunidades que gobiernan la gente rica.

Ha sido diputada esta legislatura, ¿cómo ha sido su relación con Vox?

Mala. Cada vez que bajaba al atril, me insultaban, me gritaban y Ortega-Smith me hacía gestos. Nos ridiculizaban. Es gente no deseable en un Parlamento democrático. Reivindican valores que van en contra de la vida y de cualquier mirada abierta.

La CUP no reconocía la legitimidad de las instituciones del Estado y ahora se vuelven a presentar al Congreso.

En cada contienda electoral analizamos si la participación en determinadas instituciones es favorable a nuestros objetivos. Históricamente se había pensado que las instituciones españolas no nos servían para nuestros objetivos. A partir de 2017, con un giro represivo increíble y con la recentralización, pensamos que era importante que la CUP tuviera presencia y voz para defender los intereses de nuestro pueblo.

¿Y qué se plantea para esta legislatura?

Pinta que va a ser ultraconservadora. Por lo tanto, la defensa acérrima de esas propuestas que los movimientos contestatarios como el 15M, el feminismo y el procés ponen sobre la mesa. Volverá una oleada progresista, hay que aguantar hasta que vuelva el péndulo. Además, si se diera la posibilidad, forzar todo lo que se pueda como país para un referéndum de autodeterminación porque es uno de los valores fundamentales del derecho democrático. 

¿Qué le ha sorprendido más de su paso por el Congreso de los Diputados?

Que un Gobierno progresista legisle sistemáticamente recentralizando competencias. Esto me tiene alucinada, de igual que sea una ley de sanidad o sobre los bomberos. 

¿Cuál ha sido la ley que ha votado de la que se siente más orgullosa? 

Hay dos leyes preciosas: la trans y la de eutanasia.

Una de las lecciones que extrajeron los partidos progresistas el 28M fue el castigo al ruido dentro de la coalición y entre los socios de investidura. ¿La izquierda se centra demasiado en la crítica con la propia izquierda y es un déficit para competir con las derechas?

El ruido es distinto del conflicto. La política es conflicto y debe ser conflicto. Y que en el Congreso se den debates políticos en condiciones como el que tuvimos, por ejemplo, con el Ministerio de Igualdad sobre la ley del ‘sólo sí es sí’ o con Marlaska criticándole Pegasus y la política migratoria aportan. El ruido es otra cosa, el ruido son los insultos, las fake news y las acusaciones por sillas y poder. Eso es de lo que está harta la gente. Pero el debate entre las izquierdas es fundamental. Uno de los problemas que hay con el esquema de Sänchez de “Vox o yo” es que contribuye a la delgadez intelectual. 

Haga autocrítica, ¿qué cambiaría del comportamiento de la CUP en estos cuatro años?

Haber trabajado mucho más en todos los Països Catalans: estar menos en Madrid y muchos más en el País Valencià y en las Illes.

Por cierto, mayoría absoluta de PP y Vox tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares.

Si se cumple la profecía de la mayoría ultraconservadora, es más necesario que nunca trabajar para que el movimiento popular esté cada vez más fuerte. Si la CUP está en el Congreso, va a ser uno de los trabajos principales.

¿Le ha cambiado vitalmente haber pasado por el Congreso de los Diputados?

Obviamente. Estás fuera de casa. Y he tenido la oportunidad de descubrir qué es la Corte, cómo el poder del Estado se concreta no sólo en el Congreso y en el Senado, sino en este Madrid de los tres barrios donde están los que mandan: los tribunales, los medios de comunicación, los bancos. Esto me ha sorprendido mucho, en Cataluña nunca hemos tenido Estado y esto hace que no tengamos élites como la española. Verlo de cerca es impactante e interesante. Me ha convencido muchísimo más de que la independencia y la autodeterminación son la única vía de poder contribuir a un país democrático.

Pedro Sánchez se ha quejado en las últimas entrevistas sobre la actuación de la derecha mediática, ¿usted lo denuncia también?

Sin duda. Sánchez acierta en el análisis, pero lleva cuatro años en el Gobierno y ha tenido responsabilidad su partido en la gestión, por ejemplo, de RTVE. También la acreditación en el Congreso de los Diputados de periodistas de extrema derecha, que utilizan la Cámara y los vídeos para activar la maquinaria de señalamiento en redes de la derecha mediática y de las organizaciones de ultraderecha. La derecha mediática es un problema, pero se ataja con hechos.

Las nuevas corporaciones municipales han echado ya a andar. Desde este sábado los alcaldes tienen la vara de mando en un mapa con dominio del azul conservador. Y el nacimiento de los equipos de gobierno dejan también otra realidad: el Partido Popular es la formación que más alcaldes ha conseguido sin ser la lista más votada entre las cincuenta ciudades más pobladas de España y las capitales de provincia.

El Partido Popular ha llevado como uno de sus grandes reclamos durante estos meses la máxima de que gobierne la lista más votada, una petición que hizo Alberto Núñez Feijóo durante varias ocasiones. Además, siempre ha criticado duramente al presidente del Gobierno por sus socios y por su búsqueda de apoyos para sacar adelante leyes principalmente en el Congreso.

Si se analiza lo que pasó el 28M y la posterior elección de alcaldes en las capitales de provincia y las cincuenta ciudades más pobladas del país, el Partido Popular es el que ha logrado más despachos sin ser la fuerza más votada gracias a pactos posteriores. De esta manera se ha llevado los ayuntamientos de Valladolid, Elche, Alcalá de Henares, Burgos, Jaén, Guadalajara y Toledo (siete en total).

Los socialistas se han hecho en este grupo de grandes ciudades con cinco sin haber obtenido el máximo de papeletas el 28M: Barcelona, Vitoria, A Coruña, Alcorcón y Lugo. También se han llevado las plazas sin ser la lista más votada en ese grupo de urbes Foro (Gijón), CC (Santa Cruz de Tenerife), CUP (Girona) y BNG (Pontevedra). Precisamente, aunque no se llevaran la Alcaldía, los populares han participado para quitar a la lista más votada en Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Barcelona y Vitoria (estas dos últimas favoreciendo a los socialistas).

De esta manera, el PP aparece como el principal beneficiado de no aplicar la regla que deseaba imponer y lo ha hecho principalmente de la mano de Vox. No sólo con sus votos, sino también introduciendo a los de Santiago Abascal en los gobiernos. Este es el caso, por ejemplo, de Valladolid, donde la lista más votada fue la encabezada por el socialista Óscar Puentes (en el poder durante dos legislaturas). El nuevo alcalde Jesús Julio Carnero ha otorgado tres concejalías a la ultraderecha (Educación y Cultura, Comercio, Mercados y Consumo y Salud Pública y Seguridad Ciudadana).

También le han arrebatado al PSOE con pactos con la ultraderecha Guadalajara, Toledo y Burgos, donde habrá gobiernos de coalición con Vox. Así han conseguido llegar al poder, por parte de los populares en estas urbes Ana Guarinós, Carlos Velázquez y Cristina Ayala. La primera durante su elección defendió los pactos ante el Pleno municipal: “No siento vergüenza de pactar con Vox”. En Elche también se sentarán juntos los dos partidos en el equipo de gobierno, con el popular Pablo Ruz al frente y con la creación de la Concejalía de Familia que llevará Vox. Los de Núñez Feijóo y Abascal también se han aliado en Alcalá de Henares para desplazar al PSOE. En Jaén el PP se ha hecho con la Alcaldía pese a que el PSOE fue la fuerza más votada gracias a un pacto con Jaén Merece Más.

Hasta el mismo pasado miércoles, apenas tres días antes de la constitución de los ayuntamientos, Alberto Núñez Feijóo decía en Santander: “Hemos planteado desde hace meses, sin trampa ni cartón, que gobierne la lista más votada. Se lo volvemos a plantear (al PSOE) porque los ayuntamientos no se constituyen hasta el domingo”. Esta máxima tampoco la está aplicando en las autonomías Feijóo, ya que en Canarias, donde el PSOE fue la lista más votada, gobernará CC junto al Partido Popular. También están negociando en Extremadura, donde María Guardiola quiere superar al socialista Guillermo Fernández Vara con los votos de la ultraderecha.

Estos acuerdos y negociaciones van en contra del propio Plan de Calidad Institucional que presentó Alberto Núñez Feijóo el 23 de enero de este año en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, donde se promulgó la Constitución de 1812. En el texto con el que se comprometió el líder del PP se decía de forma taxativa en su punto 22: “A fin de respetar mejor la voluntad popular y evitar la fragmentación que pone en riesgo la gobernabilidad en los ayuntamientos, se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada”.

“Esta reforma garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local”, concluía el compromiso hecho por escrito por el presidente del Partido Popular.

El gran perjudicado de los movimientos del Partido Popular de no cumplir su propia promesa es el PSOE, que ha visto perder de esa manera Valladolid, Gijón, Elche, Santa Cruz de Tenerife, Alcalá de Henares, Burgos, Jaén, Guadalajara y Toledo. Aunque sí le ha beneficiado, en cambio, para lograr Barcelona (en detrimento de Junts) y Vitoria (donde EH BIldu se quedó sin la Alcaldía).

Feijóo mira también a las generales y ha lanzado un órdago al PSOE. En una entrevista en Onda Cero tras el 28M. el líder de los populares indicó: “Aprovecho para hacerle una propuesta al señor Sánchez. Yo no gobernaré si no gano las elecciones. ¿El señor Sánchez acepta que no se presentará a la investidura si no es la fuerza más votada? Yo sí lo acepto”, "Me siento capaz de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario, si no gano, no merezco ser presidente del Gobierno", añadió durante su intervención ante los micrófonos.

Preguntado al respecto sobre esta propuesta en Onda Cero también, Pedro Sánchez lamentó el “cinismo” del Partido Popular sobre la lista más votada y señaló que el PSOE sale a “ganar” en las elecciones generales del 23 de junio. Dijo que Santiago Abascal será vicepresidente de Alberto Núñez Feijóo si le dan los números y cree que ya se ha revelado la “alianza estratégica” entre las dos formaciones de derecha y ultraderecha.

Las encuestas reflejan mayoritariamente que el PP será la primera fuerza política en esos comicios, pero ninguna le da mayoría absoluta. Para lograr la investidura, por tanto, necesitaría a los de Santiago Abascal. El sondeo de 40DB para El País y la Cadena Ser publicado este lunes refleja que los dos partidos sumarían 174 escaños en el Congreso de los Diputados (a dos de lograr la mayoría absoluta).

Los socialistas quieren poner en el centro de la campaña también las alianzas del Partido Popular con Vox. Especialmente después del pacto alcanzado en la Comunitat Valenciana por los populares y la ultraderecha, que incluye el término de violencia intrafamiliar, en vez de violencia de género, e ignora el cambio climático.

Los candidatos de ERC, PSC y CUP a la alcaldía de Ripoll (Girona) han tendido este martes la mano a Junts y han urgido a la formación a aclarar si les prestará su apoyo para garantizar "la máxima estabilidad y gobernabilidad" del municipio y para desbancar así a Aliança Catalana, partido ganador de las municipales del 28M, según informa Europa Press.

"Le pedimos que nos hagan confianza y hagan confianza a lo que salió de las urnas, esta voluntad de cambio", ha apuntado en rueda de prensa la candidata de ERC a la alcaldía, Chantal Pérez, que ha asegurado que Junts se comprometió a prestarles su apoyo para la investidura y durante los cuatro años de gobierno, sin entrar en el gobierno municipal.

Tras apuntar que se han seguido los tempos previstos, ha explicado que primero debían ponerse de acuerdo su formación con los socialistas y la CUP, y luego abordar con Junts el acuerdo de investidura y de gobernabilidad: "Esto sigue en pie. Mano tendida para seguir pactando si lo creen conveniente".

"Tenemos ganas de gobernar Ripoll, de ofrecer este proyecto alternativo y representamos el 42% de los votos emitidos en las urnas", ha añadido.

Desde el PSC, su candidato a la alcaldía, Enric Pérez, ha manifestado que están a la espera del posicionamiento de Junts porque necesitan sus votos para poder gobernar, por ello les ha emplazado a aclarar lo antes posible su decisión.

También ha reivindicado el acuerdo de su formación con ERC y CUP frente a Aliança Catalana, asegurando que el partido de Sílvia Orriols no ha hecho ningún movimiento para ponerse en contactos ni ha buscado "los apoyos para garantizar una cierta estabilidad de un gobierno".

El candidato de Alternativa-CUP a la alcaldía, Dani Vilaseca, ha destacado el alcance del acuerdo que pretenden hacer y de los retos que deberán afrontar durante los próximos cuatro años si gobiernan porque "habrá que construir algo nuevo que en las elecciones del 28 de mayo se trastocó".

Este acuerdo, según él, quiere construir de nuevo un Ripoll que permita a sus ciudadanos recuperar la confianza perdida con los partidos que les habían representado hasta ahora: "Ofrecemos este gobierno a los 1.400 votantes de Aliança Catalana. Recogemos sus posibles reivindicaciones, su malestar y sus preocupaciones. Los acogemos y planteamos un gobierno para todo el mundo".

Con este objetivo, ha explicado, han establecido cinco ejes que son coincidencias programáticas: mejorar las condiciones de vida de la gente en ámbito como la vivienda y la transición energética: trabajar en todo lo relacionado con la acogida, la cohesión social, la convivencia y feminismos; en salud, educación e inclusión; empleo y justicia social, y en aspectos vinculados con la cultura y la participación.

En caso de que gobiernen, Chantal Pérez será la alcaldesa, Enric Pérez, el primer teniente de alcalde; Dani Vilaseca, el segundo teniente de alcalde, y Roger Bosch (ERC), el tercer teniente de alcalde.

Pérez también ha negado que el acuerdo a tres sea un "cordón sanitario" a Aliança Catalana, a cuya líder sí ha acusado de hacerlo al resto de concejales del consistorio.

"No nos hablaba y no llegaba a ningún entendimiento. Todos los que estamos aquí sentados entramos a debatir con ella en algunos plenos, y no se le aprobaron cosas porque no tenían nada que ver con Ripoll o porque cuando las exponía vulneraba los derechos humanos o insultaba", ha zanjado.

Sube a la tribuna con sus discursos en letra 16. Es un ritual. Y los guarda todos luego en una carpeta. Bromea: los encuadernará cuando termine su época de diputado y se los regalará a su equipo, que está harto de escucharlos. Albert Botran es uno de los dos diputados de la CUP en la Carrera de San Jerónimo. "Gente normal", se defiende frente a los adjetivos que le dedican sus rivales. Y de pijo nada, indica. "Intento que la ropa me dure mucho tiempo", campanea.

1- ¿Qué hace un chico de la CUP en el Congreso?

Cumplir una misión especial que nos encargaron.

2- ¿Es punki el Congreso?

Es más carca que punki.

3- En sus redes tiene una foto con una camiseta de Castelao, ¿cómo lo interpretamos?

Tengo mucho cariño por Galicia. Siempre que he ido me han tratado muy bien. Castelao me parece una persona bastante extraordinaria. Venía de una esperanza federalista con los republicanos y se convenció de que sólo la soberanía y la independencia nos podían permitir ser nosotros mismos.

4- ¿Qué día lo ha pasado peor aquí?

El día que estalló la guerra de Rusia contra Ucrania, fueron los días más difíciles.

1- ¿Cómo disfruta la libertad de Isabel Díaz Ayuso?

Tenemos una vida bastante modesta aquí. De vez en cuando vamos a cenar fuera, pero como de monje oficinista. De casa al trabajo y de trabajo a casa. El equipo está muy unido. 

2- ¿Qué le ha sorprendido más de la vida política madrileña?

El volumen. Es más grande que el Parlament, hay mogollón de actividades al mismo tiempo. Es inalcanzable para un grupo de dos diputados.

3- ¿Por quién siente debilidad dentro del Gobierno?

Me gusta cuando le preguntan a José Luis Escrivá porque se acostumbra a salir del guion. Siempre da juego, da buenos momentos. Ves a ministros que llevan muy bien escrita la respuesta para no meter la pata y a otros les puede la pasión y son más auténticos.

4-  ¿Cómo definiría  a la presidenta Meritxell Batet?

Es una persona de buen trato, pero demasiado asustada. Siente presión de la derecha y de la extrema derecha. Le lleva a no protegernos a otros grupos. Lo hemos visto con el tema de la lengua y con Pegasus. Podía haber liderado una solución distinta si de verdad se creyese que un diputado electo es inviolable. 

5- ¿Qué le han dicho en el Congreso que no hayamos llegado a escuchar los periodistas?

Imitan tu acento. Y usan y repiten alguna palabra en catalán para ridiculizarte. Con acento forzado.

6- ¿Cómo escribe sus discursos?

Los hago yo. Me intento documentar mucho antes y luego hago un esquema en el ordenador. Los paso a letra 16 para que se puedan leer bien y los subrayo. Los imprimo para leerlos y los guardo todos en una carpeta. 

7- Es portavoz en la Comisión de RTVE. Si fuera el presidente de la corporación, ¿a quién pondría a presentar el telediario?

No sé. Creo que Jesús Cintora hizo un buen programa y se lo cargaron porque tenía pluralidad. 

8- Todo el mundo habla de la cancelación de Sálvame, ¿y usted qué opina?

No es un programa que me guste, aunque Jorge Javier Vázquez ha tenido algún posicionamiento político bueno. Pero, en general, hurgar tantísimo en la vida íntima no me parece un modelo de televisión. Ahora, el de Ana Rosa es peor todavía. Es cambiar una cosa para ir a peor. Los programas del corazón me parecen muy alienantes, aunque todos somos curiosos. Como programa no me gusta.

9- Es licenciado en Historia, ¿cómo pasará a los libros la España de hoy?

Como una España que ha tenido la oportunidad de reformarse y no lo ha querido hacer. El Gobierno que hay ahora es el más progresista, se lo recordamos con sorna. No ha tocado los pilares fundamentales. La gestión ha sido en cosas buena y en otras no tan buena, pero muy superficial. En cuestiones como la plurinacionalidad se ve clarísimo. Se han preocupado de maquillar el conflicto con Cataluña, no de cambiar las bases de la relación.

10- Usted fue uno de los espiados con Pegasus, ¿tiene miedo de su móvil ahora?

No demasiado, porque también pienso que lo que ven es lo que hay. No tengo demasiadas cosas que esconder. Me jodería mucho que cosas íntimas trascendieran, porque la intimidad es la intimidad. Pero no tengo ni negocios raros ni dobles discursos. Lo llevo con resignación. 

11- Muchos de sus rivales dicen que al final los de la CUP son los más pijos, ¿qué les contesta?

Ja, ja, ja. Somos gente bastante normal. Piensan que vendrá algo muy raro y al ver que eres normal lo disfrazan diciendo que somos pijos. Pijo no soy, intento que la ropa me dure mucho tiempo. 

12 -¿Con qué diputado le gustaría tomarse un café sin cámaras delante?

No lo había pensado nunca. Con la propia Batet para hablar de todo los que tenemos que hablar.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves las cinco enmiendas de totalidad con texto alternativo registradas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP a la proposición de ley del PSOE y Podemos que pone fin al delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del procés independentista catalán, según informa Europa Press.

Durante la defensa de la enmienda a la totalidad del PP —que ha encontrado apoyo en Vox, Cs, Foro Asturias, Navarra Suma, el Partido Regionalista de Cantabria y Coalición Canaria—, el secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha indicado que el Ejecutivo socialista se ha visto retratado porque el delito de sedición solo genera problemas para los condenados, "los socios parlamentarios de este Gobierno", en alusión a ERC. Y ha advertido de que cuando el PP vuelva a gobernar, "el delito de sedición volverá al Código Penal".

Rojas afea al Gobierno que tenga prisa para derogar el delito de sedición, pero no para rectificar la conocida como ley del sólo sí es sí, y ha apuntado que realmente esta derogación es "el pago al independentismo" porque, beneficiando a los separatistas, logran su apoyo. "Su crédito con los españoles ya ha finalizado", ha advertido.

También ha aprovechado para criticar que el Gobierno designe para el Tribunal Constitucional a quien firmó los indultos de los independentistas cuando era ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. "Es inaceptable, ¿qué garantía de imparcialidad tendrán los recursos que lleguen?", se ha preguntado. En ese sentido, se ha preguntado si el siguiente paso será que Sánchez se postule como presidente del TC.

La propuesta del PP era dejar igual las penas previstas actualmente por sedición; añadir como delito la convocatoria ilegal de referendos —algo que Rojas ha recordado que defendía el PSOE en la última campaña electoral—; y castigar con prisión permanente revisable a los condenados por asesinato que además oculten el cadáver.

El texto alternativo de Ciudadanos ha sido respaldado por Vox, Navarra Suma, Foro Asturias y Coalición Canaria, pero ha recabado la abstención del PP, que ha hecho lo mismo ante la propuesta de Vox, rechazada por Ciudadanos.

La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha calificado de infamia la derogación y ha asegurado que, con esta reforma, el Ejecutivo se "arrodilla" ante los independentistas que en 2017 llevaron a cabo "un golpe de estado".

Al hilo, ha acusado a Pedro Sánchez de "deslegitimar a los jueces para que los separatistas cuando vayan a Europa tengan un poco mas de comprensión". "Sánchez es el mejor conseller de Acción Exterior", ha llegado a decir, añadiendo que el Gobierno "ataca" a los catalanes y se sitúa en el lado equivocado de la historia.

Además, Arrimadas ha acusado al Ejecutivo de blanquear a sus socios y tras mencionar que una diputada de Bildu ha sido condenada por enaltecimiento del terrorismo y que Arnaldo Otegi fue condenado por secuestro, ha apuntado que más correcto que llamar a los socios de Sánchez "filoetarras" es calificarlos como "claramente etarras".

Ciudadanos buscaba con su texto elevar las penas para el caso de que se repitieran los sucesos de 2017, pues su idea es que aquellos episodios puedan encajar ahora en el delito de rebelión, que está más agravado. Y añadía también la imposibilidad de que corra la prescripción cuando uno se evade de la Justicia española, en referencia a Carles Puigdemont y el resto de exconsellers huidos.

En la defensa del texto de Vox, su portavoz de Justicia e Interior, Javier Ortega Smith, ha señalado que el Gobierno quiere derogar la sedición para sacar adelante los Presupuestos, y ha lamentado que esto favorece "a los fugados" y a los condenados del procés porque ven reducida su inhabilitación.

Asimismo, considera que tendrá "un efecto llamada al golpe de estado", por lo que ha abogado por "echar cuanto antes de la Moncloa a quien quiere entregar a España abiertamente a quienes buscan su destrucción".

En cuanto a las otras dos enmiendas presentadas, la de Junts y la de la CUP, tampoco han recabado apoyos suficientes. La de Junts, de hecho sólo ha recibido el apoyo de la CUP, mientras que ERC, PDeCAT, PNV y el BNG han optado por la abstención, y el resto ha votado en contra. De su lado, la alternativa de la CUP ha sido avalada por Junts, Más País, Compromís y el BNG, mientras que ERC y Bildu se han abstenido.

El diputado de Junts (ubicado en el Grupo Plural) Josep Pagès ha defendido su enmienda porque la reforma de los grupos del Gobierno "es un fraude" que amplía la criminalización de conductas democráticas y no supone acabar con la distancia que existe con los estándares europeos en esta materia.

Advierte asimismo que con la reforma "se le da un nuevo juguete a los jueces, y vía libre a a su contrastada voluntad represora", por lo que proponía "la derogación pura y simple del delito de sedición", revisar las condenas, cancelar los antecedentes penales, sobreseer procedimientos y restringir la rebelión a alzamiento con armas.

La diputada de la CUP Mireia Vehi ha apuntado que la reforma "amenaza el derecho a la protesta" y ha puesto el foco sobre que el Gobierno responde así a lo conseguido por tsunami democratic porque el PSOE teme que la desobediencia civil sea motor de cambio. "Se busca desdemocratizar la sociedad, quitar poder a la gente", ha sentenciado.

En su turno de intervención el diputado socialista Felipe Sicilia ha contestado fundamentalmente al PP acusándoles de hablar catalán en la intimidad cuando están el Gobierno —en referencia a unas declaraciones del expresidente Aznar— mientras que cuando están en la oposición "utilizan la lengua para enfrentar a los catalanes y enfrentar al país".

A su juicio, siempre ha habido tensiones territoriales, y la diferencia entre la acción del Gobierno de Sánchez y al derecha es que ésta "jamás ha entendido que el país es plural, diverso y diferente" por lo que son "incapaces de gestionar cualquier cuestión territorial". "Ustedes quieren conseguir en los tribunales lo que no consiguen en urnas o en esta cámara, por eso no quieren cambiar el CGPJ, porque siempre lo tienen como último recurso", ha dicho.

Además, ha apuntado que tiene la certeza de que el PP prefiere "la Cataluña de 2017" porque eso les permite moverse "en la crispación y el enfrentamiento". "Han renunciado a hacer política en Cataluña y por eso los catalanes han renunciado a ustedes", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha cargado en su intervención contra Vox, al que ha acusado de mantener posiciones propias a las que defendían los nazis, y contra el PP, al que ha culpado a los de Feijóo del bloqueo del CGPJ, órgano en el que "se atrincheran" porque creen que el poder es suyo.

Por su parte, Carolina Telechea, de Esquerra, ha celebrado que el PSOE haya apostado por la derogación de la sedición, con lo que se protege la libertad de expresión y el derecho de reunión: "Se ha posicionado al final del lado de los estándares europeos", destaca.

Eso sí, sobre el nuevo delito de desordenes públicos agravados, ha apuntado que lucharán por que esté bien tipificado y que por tanto se exija violencia, y ha añadido que tipificar significa que los tribunales tengan menos margen para interpretar la norma.

Rechazadas las enmiendas de totalidad, el siguiente paso de la tramitación exprés de esta reforma del Código Penal será la presentación de las enmiendas al articulado el próximo 9 de diciembre, y ahí se verá si algún grupo parlamentario apuesta por aprovechar para modificar también el delito de malversación como apuntó ERC.

Ya se va viendo el final de la legislatura. Probablemente Mireia Vehí no repita como diputada, apuesta por el relevo. Y, además, la CUP tiene que decidir todavía si concurrirá otra vez en las elecciones generales. Ella está contenta del trabajo que se ha hecho en la Cámara Baja.

Vehí entra de lleno en el debate que estos días domina el tablero político: el delito de sedición. Incluso ha determinado las fallidas conversaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Su apuesta es eliminar este tipo en el Código Penal, porque lo considera decimonónico y propio de las dictaduras. 

A pesar de que hasta Jordi Sànchez da por muerto el procés, la diputada insiste: “Queda mambo”. Se muestra muy crítica con la mesa de diálogo (“humo”) y ve débil al Govern en solitario de Pere Aragonès, quien le ha decepcionado. Vehí (Vilafant, Girona, 1985) reflexiona que con el marco actual no van a apoyar los presupuestos catalanes para el año que viene y advierte que ese Ejecutivo puede que no aguante toda la legislatura. Y recalca, además, durante la entrevista con infoLibre en el Congreso, su apoyo a la ley trans, con críticas a los sectores feministas clásicos del PSOE. Una brecha que se ahonda más cuando se aborda la prostitución, al apoyar ella la regulación frente a los postulados abolicionistas.

¿Ha muerto el procés con la separación? ¿Por qué?

¿Junts y ERC?

Sí, exactamente.

No ha muerto el procés. Lo que está pasando entre Junts y ERC no es una novedad. Son dos espacios políticos con batalla y también en la lucha por la hegemonía del independentismo. Estamos en otra fase porque la constatación material de que se necesita más fuerza para la autodeterminación es evidente. Además, se está esperando a ver qué pasa en Europa. Ha llegado un informe del Consejo de Europa diciendo que trabajar por la independencia y ejercitar acciones pacíficas, como un referéndum, no puede ser nunca un delito. Y, por lo tanto, se cambia de fase. En la de ahora el Estado deja de ser un camino para la interlocución. Esto lo está intentando agotar ERC con esta relación disruptiva con el PSOE. La fase que se abre es la de mirar a la comunidad internacional para volver a empezar el camino del ejercicio colectivo de derechos. Eso no muere, llevamos muchísimos años. Queda mambo.

Pero en esta nueva fase ya se ha demostrado que la autodeterminación por parte del Parlament no sirve, ¿no?

Lo que se ha demostrado es que el Parlament de Cataluña tiene cada vez menos competencias porque hay un acecho permanente del Constitucional, en cuanto a resoluciones por ejemplo. Se ha convertido en una especie de cuarta Cámara, en la que se decide si lo que vota el Parlament está bien o mal. Es una anomalía democrática increíble. Y también creo que hay una práctica política sistemática de usurpar competencias a Cataluña y al resto de autonomías.

A Andalucía, por ejemplo, le recortaron su Estatuto también.

Claro. Y, por ejemplo, el Gobierno con la ley de Sanidad tiene todo un apartado que va a reventar las competencias de muchas comunidades. O la ley de Ciencia, otra vez con la misma matraca. O la de Vivienda, que no está resuelta y uno de sus conflictos es competencial. Por lo tanto, lo que está claro es que hay una ofensiva judicial y también recentralizadora que hace que el Parlamento de Cataluña haya perdido mucho poder. Es una mala noticia para Cataluña y también democrática. Si Madrid es una centrifugadora de recursos en detrimento del resto de regiones, ahora lo está siendo también políticamente. Y lo digo porque aquí está la sede de las Cortes, de la Moncloa y de los grandes tribunales. Es una anomalía para el futuro que viene de crisis económica, ecológica y social.

Pero la situación hoy en Cataluña es diferente, por ejemplo, a la de octubre de 2017, en referencia a la relación entre La Moncloa y la Generalitat. ¿Pedro Sánchez no es lo mismo que Mariano Rajoy, no?

Pedro Sánchez no es lo mismo que Rajoy pero está siendo una especie de decepción constante. Es decir, no llega a nada. Ni cuando hay presupuestos y ERC firma llegan los dineros pactados, ni cuando ERC pacta que con la ley audiovisual va a haber cuotas de catalán y luego no se traduce. O cuando ERC apoya los presupuestos para que se puedan gestionar fondos europeos, pues tampoco llegan los fondos. Es una decepción constante. Y hay otro elemento que no se está calculando suficiente, o al menos hasta ahora, y se empiezan a ver las orejas al lobo. Se trata de la crisis económica, que es sin precedentes. En Cataluña, el País Valencià y en las Illes el problema de la vivienda es acuciante, hay muchísimos desahucios. La situación de baremos de pobreza también es un desmadre. Esto hace que se rompa el vínculo de la legitimidad. Es decir, si lo público no está a la altura, por mucho que Sánchez prometa millones que luego no llegan, a la ciudadanía no se le convence. Hay un descontento, también una herida abierta para con el Gobierno español por el 1-O que tampoco se ha solucionado. Parecía que se iba a desjudicializar con los indultos y ahora está el debate de la sedición, pero peta Pegasus. Ahora está el debate de la sedición, que es un debate decimonónico. Es decir los países europeos no lo tienen en el Código Penal. Es propio de las dictaduras.

Algunos países tienen figuras parecidas a la sedición, con penas menores, que es lo que pretende el Gobierno.

Tienen tipos de rebelión. La mayoría de los códigos penales, no digo todos, tiene rebelión y tipo de rebelión. Y eso es con violencia, con un hecho probado de violencia. La sedición no la tiene nadie, porque tiene que ver con el control del espacio público. Y esto tiene que ver con una concepción muy poco democrática de la protesta, como el 15-M. Es fundamental para la regeneración democrática. ¿Cómo puede ser que Sánchez, en este contexto en el que dice acercarse a Cataluña y gestionar el problema, se niegue a cargarse un artículo que es propio de una dictadura? ¿Qué mensaje da a los catalanes?

Hay figuras parecidas en los códigos penales.

Rebelión, pero no sedición. Aquí en la ley franquista de orden público estaba ligada a las huelgas obreras. La huelga sediciosa, se llamaba. Cuando pasamos a la transición, obviamente hay una reforma, pero se mantiene el delito. Obviamente un Estado tiene que tener herramientas para defenderse en caso de que haya un alzamiento a mano armada, pero lo que no puede tener es un instrumento de represión de la disidencia. Otro ejemplo: la ley mordaza. Es otra de las grandes promesas del Gobierno de Sánchez. Y lo digo porque en Cataluña tenemos a más de cuatro mil personas con cuestiones judiciales pendientes por el procés. En la ley mordaza no se está llegando a un acuerdo y los problemas principales son la prohibición de pelotas de goma y la veracidad de la versión policial. El mensaje a Cataluña es de decepción. Y no se está calculando el contexto de crisis económica. Lo que tiene claro la gente es que cada vez que el Parlament legisla en clave para la gente algo pasa en España que lo tumba, como la ley de regulación de alquileres.

¿Su postura es la eliminación total del delito?

Sí. Pensamos que es un delito decimonónico y propio de las dictaduras. La piedra angular del orden público como forma represiva a la protesta y a la disidencia. No es verdad que se va a homologar a los países europeos, porque si es esto, se va a derogar. La otra cuestión: si Sánchez y ERC van a pactar esto como forma de desjudicialización, lo que se necesita en Cataluña es una amnistía.

¿No les valdría una reducción a unos seis años?

No, porque sedición tienen algunas de las personas exiliadas y los nueve presos, pero es que tenemos a cuatro mil personas en causas judiciales relativas a ley mordaza, desobediencia o la reforma del Código Penal que hizo el PP. Gente a punto de entrar en la cárcel. Es que ni desde una perspectiva práctica tiene sentido para nosotros. 

Ese mensaje de decepción del que hablaba no se ve en las encuestas y en las urnas. El PSC fue la primera fuerza en las últimas elecciones catalanas y en el último CEO se sitúa como el primer partido en Cataluña, superando el número de escaños que tuvo. Además, sería la opción ganadora en unas generales allí.

Esto tiene dos apuntes. El primero: que el independentismo va separado. Todos sus votos superan al PSC. Este partido aglutina ahora todos los votos del unionismo. Es decir, el PSC en Cataluña no se debe leer como al PSOE en España o en determinadas regiones. El PSC es el partido del ‘no’, del unionismo, de España. El PP no tiene nada, Vox baja.

Vox surgió en el último Parlament, no existía.

Pero en el CEO ya se ve que va a la baja. Cs desaparece. Por lo tanto el PSC acumula los votos históricos de la derecha en Cataluña, de la gente que no es independentista. Hay un poco de trampa. Creo que tampoco nos podemos engañar. Que el PSC sea la fuerza del unionismo no quiere decir que no tenga muchos votos. El tema es cuando se vota mirando al conflicto no solo nacional sino a la vinculación de la realidad de la gente (regulación de alquileres, falta de control de precios) vamos a ver cómo se traduce. No sólo electoralmente, sino también en el conflicto en la calle.

Una reflexión al hilo. El PSC y ERC fueron las dos fuerzas más votadas y las favoritas si hoy hubiera elecciones. Las dos son las que han apostado más públicamente por el diálogo, por sentarse a hablar. ¿No cree que el mensaje que han dado los catalanes es que quieren ese diálogo?

Vamos a ver cómo termina esto. Primero, tenía que ser una mesa de diálogo entre gobiernos y hasta ahora no lo ha sido. En Cataluña hay una música y en la mesa de diálogo y aquí hay otra. Es decir, una mesa donde no se puede hablar de autodeterminación ni de amnistía ni de transformación profunda que la sociedad catalana está deseando… Un apunte, una cosa es que la gente no sea independentista y otra que no piense que se tenga que votar. Es distinto. De hecho, muchos votantes del PSC piensan que el referéndum es una buena solución. Por lo tanto, esta mesa no es tanto que esté montada, sino cómo termina y qué réditos se sacan. Parece que la cosa no va muy bien. La concreción no sólo de lo político, sino también de lo más técnico, es humo. Por lo tanto, a ver cómo se sale y qué pista de aterrizaje se construye, porque ERC le va a tener que explicar al país. 

Hablaba de la situación económica. Ahora se están tramitando los presupuestos con mayor gasto social de la historia de España. ¿Ya tienen su no a estas cuentas o están dispuestos a negociarlas?

Planteamos una enmienda a la totalidad por razones muy claras. Una es que la ejecución nunca llega ni a Cataluña ni al País Valencià ni a las Illes. Es un desmadre. Hay un maltrato histórico.

Las dos comunidades con mayor inversión territorializada son Andalucía y Cataluña.

Pero no llega. Los datos de Andalucía no los sé. Una cosa es lo que se pone en el papel y otra es el dinero que llega. No llega. Es un problema endémico. Lo analizamos como el palo y la zanahoria constante. Otra cuestión: el centralismo. El Gobierno es especialmente centralista, es un problema. Es necesaria la soberanía no sólo para cambiar la bandera del Palau de la Generalitat, sino para hacer políticas para la gente. El tercer elemento: el desmadre del gasto en defensa. No procede.

¿Le ha sorprendido que UP aprobara el presupuesto con ese aumento en defensa en el Consejo de Ministros?

La verdad es que sí. Nos pareció bastante acertada la defensa de la paz, pero luego te plantea que aumentes casi un 30% el presupuesto en defensa y no dices nada. Me ha sorprendido, pero venimos de varias de estas. Y el cuarto argumento: es un sinsentido que no se regulen los alquileres y no se incorporen dentro de los PGE los acuerdos que parecía que el Gobierno había tomado con la ley de Vivienda. A pesar de que sean expansivos, no son los presupuestos que necesita la gente. Y el gasto excesivo de fondos europeos comporta una serie de condiciones de retorno, pero no acaban de estar claras. 

Citaba a "exiliados", ¿ha hablado con Anna Gabriel? ¿Cómo está la situación?

Está contenta porque, por fin, puede volver a casa. Estamos pendientes de que el proceso judicial continúe. Esto no se acaba nunca.

Habla de represaliados, ¿incluye, como se autodefine, a Laura Borràs por el caso de los contratos menores?

No. Pensamos que si no hubiera habido el procés es posible que ella no estuviera delante de un juez, porque es verdad que hay más presión a los políticos independentistas, pero lo que hizo con el fraccionamiento de contratos nada tiene que ver con el procés.

¿Qué le parece su actitud de aferrarse al sillón de la Presidencia del Parlament?

Nos parece que no tiene sentido. No contribuye al independentismo ni a Cataluña ni a su propio partido.

Sobre la ley trans, ¿la van a apoyar?

Claro.

¿Qué está sucediendo? ¿Cree que el PSOE la va limar mucho?

La vamos a apoyar sin duda. Me parece imprescindible que las personas trans tengan un marco legislativo que les permita vivir en paz y tranquilidad. Esta ley va a ayudar, pero va a quedar camino. Lo que está pasando en el PSOE es algo que ya también pasó con la cuestión del trabajo sexual: el feminismo conservador que patrulla las fronteras del feminismo para ver quién entra o no está dando una batalla feroz para que no se apruebe una ley. Confío en que la va a ganar el movimiento trans. El feminismo no sólo son determinados sectores vinculados al PSOE, sino que es amplio y el movimiento social que más agrega en todo el Estado español y en parte del mundo. Por lo tanto, Sánchez va a tener que explicar al movimiento feminista por qué determinado sector con poder y muchos vínculos con las instituciones del PSOE gana la batalla contra miles de voces que piden los derechos trans. Creo que esta batalla se va a ganar, pero con el trabajo sexual no. Igual me equivoco.

¿Por qué la CUP no es abolicionista?

Me parece que el planteamiento que está teniendo el PSOE, que está liderando el abolicionismo, no es honesto ni material ni sincero. No es abolicionista, es una especie de planteamiento mágico que considera que persiguiendo a las mujeres y prohibiendo la prostitución va a acabar con la prostitución. No es verdad. Si el PSOE planteara la derogación de extranjería de las personas que están en situación de prostitución, el aumento de recursos en materia de trata, la renta básica para las personas en prostitución que quieren salir… me creería que están practicando un abolicionismo honesto y nosotras estaríamos a favor.

Hay un nudo gordiano en el debate: si se puede considerar la prostitución un trabajo. ¿Para usted lo es?

Creo que el papel del movimiento feminista no es entrar en un debate de si es un trabajo o no. Pienso que el papel es asegurar que todas las mujeres y todas las personas LGTBi tengan derechos estén en la situación en la que estén. Porque si entramos en si es un trabajo o no, es un debate muy tramposo que tiene que ver con la teoría marxista, con la economía política, cómo entiende cada cual su cuerpo y el deseo. Tiene que ver también con la mezcla forzada que hace el PSOE entre trata y prostitución.

La mayoría es trata.

No es verdad.

¿No?

Lo que pasa en este país es que nadie sabe decir qué datos son los verdaderos. Pero si lo haces cruzando con los de Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y de Naciones Unidas, te sale que el porcentaje de personas que se dedican a la prostitución en situación de trata es mucho menor del que dice el PSOE. Lo que pasa es que es muy difícil establecer si es un trabajo o no porque hay una serie de condicionantes como la ley de extranjería, la pobreza, la trata, la violencia o la precariedad laboral hacen que el debate esté lleno de grises. 

Pero al final el debate lleva a tener que decidir si se considera un trabajo sí o no.

Al final el debate lleva a tener que decidir si tú vas a dar derechos a las personas que ejercen el trabajo sexual o si las vas a perseguir. La perspectiva es otra, y más desde el Congreso de los Diputados. Las señoras diputadas del PSOE que plantean este debate se equivocan de perspectiva porque tu trabajo como parlamentaria es hacer leyes. Y tienen que ver con qué bien jurídico se protege. Tú tienes que decidir: si proteges a la mujer, el cliente, al empresario o a la ley de extranjería. Con la ley del PSOE no se está protegiendo a las mujeres. Porque lo que sí que se sabe es que el 90% de trabajadores sexuales están en situación de irregularidad.

Pero es que no está regularizada la prostitución.

Porque la gente que no tiene papeles, que es mucha, acaba ejerciendo la prostitución porque es la forma más fácil de ganar dinero a veces. Por eso te decía que no me parece honesto. Si tú dices que quieres acabar con la prostitución y vas a las raices de la cuestión, todo el movimiento feminista estaría de acuerdo. La realidad es otra.

Ahora hay en Cataluña un Govern de Pere Aragonès en solitario, con incorporaciones que vienen de CDC, los comunes y PSC. ¿Le gusta más este Ejecutivo que el que había de ERC con Junts?

Nos parecía mucho mejor el planteamiento de la investidura, que era un acuerdo formal con el Gobierno de ERC y Junts. Con apellidos: energética pública, sanidad, educación, cuestiones de renta básica… Lo que tenemos ahora es un Govern sin este compromiso. De aquel acuerdo no queda nada, es humo. Sólo una cosa: la oficina de renta básica, de acuerdo con la CUP y es lo único que funciona. Lo más preocupante es que a pesar de que Aragonès hace una operación de maquillaje, esto no se traduce en alianzas parlamentarias. Vamos a ver si aprueba los presupuestos.

¿Qué relación va a tener la CUP con el nuevo Govern?

Vamos a ver qué nos ponen encima de la mesa. Pero es que parece que nada va a volver al marco de la investidura y van a seguir con el marco de la candidatura de los Juegos Olímpicos y del Hard Rock, con políticas para que la patronal y el PSOE no se enfaden. Si la cosa sigue así, la CUP no los va a apoyar. No es la primera vez. Vamos a ver números. No soy muy optimista. No sé si tendrá mucho recorrido este Gobierno.

¿Cree que no aguantará la legislatura?

Es una pregunta que se hace mucha gente: qué recorrido va a tener esto. Si el PSC se ha separado un poco, los ‘Comuns’ no lo ven con buenos ojos, nosotros tampoco vemos nada claro qué planteamiento van a hacer de presupuestos… Me vas a explicar tú cómo van a gobernar.

Decía antes que Sánchez era una decepción, ¿le ha decepcionado también Aragonès?

Sí, para nosotros sí. Porque cuando se hace el pacto de investidura sabíamos que había muchos límites (la política es como es, el Parlament tiene menos competencias, la Generalitat se encuentra muchas veces ahogada), pero sí teníamos esperanza en que se podía abrir un camino en el que se hiciera todo lo que se pudiera dentro de los límites, por ejemplo con la modificación impositiva, y que, además, el Govern escogiera al menos un par de batallas para explicarle al país que el independentismo gobierna para la gente. Por ejemplo, la ley de regulación de alquileres. 

¿Cómo ve el fenómeno de Yolanda Díaz y de Sumar?

No quiero opinar mucho sobre líos ajenos. Lo primero que te viene a la cabeza con esto es la situación con Podemos. 

Ya ha opinado de la ley trans, que es un lío ajeno. 

Creo que con la entrada de Podemos en el Gobierno español el ciclo del 15-M se cierra. Esto empezó en la plaza y terminó en el Ejecutivo del Estado. Esto es como un caramelo envenenado. Esto es muy potente porque tienes mucho poder. Pero a la vez el poder conlleva mucha responsabilidad. Se corre el riesgo de lanzar un mensaje a la ciudadanía de que se ha acabado el ciclo y después de esto no hay nada ahí. Hay ideas y una serie de gente que entró con mucha ilusión y no ha sido capaz de materializar cambios concretos. En el caso de Díaz, su bandera es la reforma laboral. A nosotros nos parece que le falta ambición. Ella hizo un papel como si estuviera en el sindicato todavía, vamos a hacer que la patronal y los sindicatos se sienten y lleguen a un acuerdo. Pensamos que una ministra de Trabajo debe hacer más. Esto va de defender con uñas y dientes los derechos de los trabajadores. No sé cómo va a acabar la legislatura y qué forma va a tomar esto, pero creo que Díaz, el espacio de UP y la izquierda española en general deberían ser muy cuidadosos con qué mensajes se da a la gente. Porque si es que no hay nada después del 15-M, esto es tierra quemada para muchos años.

¿Se ha entrado en un ciclo reaccionario en España y en diciembre del año que viene surgirá un Gobierno liderado por el PP, en el que incluso haya ministros de Vox?

Separo las preguntas. No sé qué va a pasar en las elecciones porque el otro día parecía que el PSOE empezaba a ganar puntos. Queda un año, mucho tiempo. De lo que sí estoy convencida es de que se ha entrado en un ciclo reaccionario. Plenamente convencida. Debates sobre el Código Penal o medidas como la ley de vivienda que no regula alquileres lo demuestran. Si se continúa lanzando el mensaje de que no hay alternativa y que lo que hay que hacer es surfear este neoliberalismo como se pueda, se va a reforzar la oleada conservadora. Esto es fundamentalmente una batalla cultural.

¿La CUP se presentará el año que viene?

La militancia tiene que valorar el impacto que ha tenido la intervención. Estamos contentas, se está haciendo un buen trabajo. Pero nosotros tratamos de valorar cada intervención electoral en función del contexto. Nos tenemos que poner a ello ya. 

¿A usted personalmente le gustaría repetir?

Uno de los valores más importantes de nuestra candidatura es el relevo, la sensación de ser mucha gente, de portavoces corales. Es el momento del relevo. Entré en 2015 en el Parlament de Cataluña, estamos en 2022. Es interesante que haya relevo, esto no quiere decir que me vaya a casa. Tiene que haber renovación.

Dice que no se va a casa, hay una oportunidad que son las elecciones municipales. ¿La veremos en alguna lista?

No. Bastante problemas tengo yo para aguantar la legislatura.

¿Y no la han tentado?

No. Somos gente en realidad. Intentamos que haya relevo y que cada cual pueda trabajar en su contexto. No tiene sentido que me fuera a un pueblo si estoy casi toda la semana en Madrid.

Eso lo va a hacer el señor Rufián.

Cada cual con sus decisiones.