El panorama energético de Cataluña es una verdadera anomalía en España. Es la región que más electricidad produce del país y, sin embargo, tiene un desarrollo mínimo de las energías renovables. Pese a ser una comunidad costera y soleada, la energía fotovoltaica solo produce al año el 1% de la electricidad, mientras que la sequía recurrente provoca que la hidráulica represente el 6%. El trofeo a mayor productor energético del país se debe a sus tres reactores nucleares de Tarragona, que tienen fecha de cierre entre 2029 y 2035, por lo que el Govern debe acometer una profunda trasformación en apenas un lustro.

Cataluña ha llegado a esta situación por las disputas políticas de última década. Junts per Catalunya y después Esquerra Republicana paralizaron la instalación de placas solares y eólica desde 2009 hasta 2021 por la oposición de las zonas rurales. España, en general, también sufrió un parón renovable tras la crisis de 2008, pero en 2019 comenzó a despegar de nuevo. En 2023 la eólica apenas representó el 8% de la generación en Cataluña y las renovables en su conjunto abarcaron el 15,7% del mix eléctrico, frente al 58,5% de la nuclear y el 15,2% de los ciclos combinados de gas. En comparación, las energías limpias representaron el año pasado el 50,3% de la generación eléctrica total de España. La Comunitat Valenciana es la única región con una estructura similar a Cataluña, con una gran dependencia de la nuclear.

Los expertos afirman que la situación ha cambiado radicalmente en los últimos tres años. Hasta 2019 hubo una fuerte moratoria que impedía construir parques fotovoltaicos de más de tres hectáreas, un tamaño que hacía inviable el negocio. Entre 2019 y 2021 se corrigió la ley y proliferaron cientos de proyectos, pero la mayoría fueron bloqueados por la Generalitat, que tenía la última palabra sobre cada instalación. Finalmente, en 2021 se llegó a un consenso definitivo para impulsar las renovables, pero ya era demasiado tarde porque el Gobierno había cambiado la normativa de concesión de puntos de conexión a los nudos de capacidad.

Desde entonces, los proyectos de más de 5 MW (la media en España es de 20 MW) tienen que ir a un concurso para conectarse a la red y competir con otros proyectos, y el Ministerio de Transición Ecológica todavía no ha convocado ninguno en Cataluña, según los empresarios de renovables, por lo que por ahora solo pueden construir parques pequeños. “La administración catalana tiene voluntad, pero ha llegado tarde y ahora el problema lo tenemos con Transición Ecológica, que todavía no ha convocado los concursos”, opina Salvador Salat, delegado de UNEF en Cataluña, la patronal fotovoltaica. 

El retraso acumulado en el pasado tendrá que compensarse durante la próxima legislatura porque el Govern tiene el compromiso de alcanzar el 50% de la producción eléctrica con fuentes renovables en 2030, según la Ley catalana de Cambio Climático, aprobada en 2017, y en 2050 debe alcanzar el 100%. Si eso se traduce en cifras, ahora mismo hay solo 300 MW de potencia solar en funcionamiento en proyectos de suelo Cataluña y otros 1.000 MW de autoconsumo en los tejados, y la marca es alcanzar 7.150 MW en total en 2030. Salvador Salat cree que no se logrará cumplir con el objetivo si no salen concursos de capacidad, porque llegar a esa cifra con pequeñas instalaciones de 5 MW es una odisea. Donde sí cree que cumplirán de sobra es en el objetivo de alcanzar 2.200 MW de autoconsumo solar en los tejados en 2030, ya que Cataluña es la Comunidad más desarrollada en esta tecnología. La Generalitat también tendrá que multiplicar por cuatro su potencia eólica de aquí a 2030 para cumplir con la ley de Cambio Climático.

La presión política y social sobre los promotores renovables durante la última década ha servido para acotar enormemente su construcción, mientras que en otras comunidades es ahora cuando sufren los choques con la población local. En Cataluña solo es posible instalar eólica y paneles solares en el 10% del territorio y las tierras de cultivo valiosas están protegidas para evitar compras masivas de tierras agrícolas para producir energía. Los proyectos renovables también deben permitir que los vecinos entren en el capital de los proyectos hasta un máximo del 20%, aunque la acogida es mínima, según UNEF, y apenas suponen entre el 1% y el 3% de la inversión.

Además de la cuestión ambiental, Cataluña debe repensar su sistema energético porque en 2029, 2030 y 2035 tiene la obligación de cerrar sus tres reactores nucleares, Ascó I y II, y Vandellós II, que se construyeron en los años ochenta. Este vacío no puede cubrirlo por completo importando electricidad de otras comunidades, como hace Madrid, porque está situada en una esquina de la península y la capacidad de la red es limitada, aunque Red Eléctrica tiene planificada la ampliación de sus interconexiones. A esto se suma que Cataluña tiene de lejos la mayor demanda eléctrica de España y la mejor manera de abastecer a la industria es mediante plantas ubicadas junto a las fábricas que garanticen electricidad barata.

Una de las evidencias de que el Govern ha cambiado su visión sobre la energía es la creación a finales de 2022 de l'Energética, una empresa pública de energía financiada por la Generalitat e impulsada por Esquerra. Su principal objetivo es implementar paneles solares en todos los edificios autonómicos para que la energía de la Administración sea 100% renovable. No es la única empresa pública de energía, también hay otras como el Institut Balear de l'Energia, el Ente Vasco de la Energía o la nueva Recursos de Galicia.

Daniel Pérez, director de l'Energética, explica que la descarbonización de la administración es también importante porque “si juntamos el consumo de los edificios, los vehículos, las desaladoras o de los ferrocarriles estamos hablando de una cantidad enorme de energía”. Otra pata de la empresa pública es entrar en el capital de proyectos privados para “dar apoyo local a las empresas” y que tengan una mayor legitimidad cuando intenten instalar molinos o paneles en zonas rurales para evitar la conflictividad social del pasado.

En los últimos minutos de la noche del jueves se anunciaba una comparecencia del todavía presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, para las 12.30 horas de la madrugada del viernes, seis y media de la tarde en Washington. Al borde de la una, aparecía el presidente y espetaba: “Si contamos los votos legales, ganamos fácilmente. Si cuentas los ilegales, nos van a tratar de robar”. Se trataba de un ataque frontal e inédito al sistema electoral del país realizado desde la sede de su máximo mandatario, la Casa Blanca, y sin ofrecer a continuación prueba alguna de sus afirmaciones. Mientras Trump reiteraba, una y otra vez, sus afirmaciones, ABC, CBS y NBC y Univisión cortaban la conexión. Una interrupción que el presentador de NBC explicaba así: “Aquí estamos nuevamente en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de los Estados Unidos, sino de corregir al presidente de los Estados Unidos ...”; mientras el de Univisión (cadena que emite en español) iba un paso más allá: “Parte de lo que dijo el presidente Trump son mentiras. No es cierto lo que dijo el presidente Trump sobre los votos ilegales que impiden su victoria. No ha mostrado ningún tipo de evidencia”.

CNN no cortó el discurso pero, inmediatamente después afirmaba: "Acusar falsamente a la gente de intentar robar las elecciones, intentar atacar así la democracia con su festín de mentiras. Mentira tras mentira, tras mentira... "; incluso Fox, habitualmente alineada con el Presidente, insistía en "no haber visto ninguna prueba de que haya habido fraude".

En conjunto, la actitud de las televisiones privadas norteamericanas sentaron un precedente: nunca en su historia habían interrumpido una declaración de un presidente. Se trata, nada más y nada menos, de censurar el contenido de una declaración solemne de la máxima autoridad de la nación, al entender que estaba diciendo mentiras y atacando sin pruebas la legislación electoral del país. Un precedente lleno de riesgos, como significaba en su cuenta de Twitter Víctor García Guerrero, miembro del Consejo de Informativos de TVE: "Televisiones deciden lo que es mentira. Empresas de tecnología censuran contenidos "no verdaderos". Con Trump todo vale. Pero el precedente vale para cualquiera. Estamos regalando la gestión de la verdad a corporaciones que sólo responden ante sus accionistas".

A esa hora, las cadenas españolas, que habían dedicado tantas horas a la madrugada electoral del miércoles, proseguían con la programación habitual; tan solo el canal 24 horas de TVE, consagrado a la información continua, ofrecía la comparecencia completa de Trump, mientras relataba las últimas novedades del conteo de votos en los estados que están por completar los resultados y decidir quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.

Los partidos catalanes se gastaron conjuntamente 11,7 millones de euros en las campañas electorales de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, según un informe de la Sindicatura de Comptes. El informe señala que todas las formaciones cumplieron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establece el límite general máximo de gasto electoral y de publicidad para las campañas. Informa Europa Press.

Así, el partido que gastó más dinero fue Ciudadanos, con 2,9 millones de euros, seguidos por el PSC-Units con 2,4 millones y JxCat, con 1,8 millones. La cuarta formación con más gasto de campaña fue el PP con 1,6 millones, mientras que ERC lo sigue con la misma cifra, y los comuns (886.000 euros) y la CUP (429.000 euros) son los únicos que no alcanzaron el millón de euros.

Además, si se divide el gasto del partido por el resultado electoral obtenido, el PP es la formación que más le ha costado cada escaño: 415.674 euros por cada uno de los cuatro diputados que tiene; le sigue el PSC con 141.966 euros por cada escaño -tiene 17-. Los ocho diputados de los comuns costaron 110.752 euros cada uno; los cuatro de la CUP 107.379; los 36 de Cs 82.493; los de JxCat 53.701, y los de ERC fueron los menos costosos, con 49.972.

Financiación de las campañas de 2017

La mayoría del dinero gastado en la campaña de Cs proviene de aportaciones del propio partido, que fueron 2,5 millones de euros, y también recibió 89.595 euros de aportaciones de personas físicas o jurídicas. Por parte de JxCat, destaca que recibió 128.463 euros en aportaciones de personas físicas o jurídicas, mientras que el PSC (804.194 euros) y el PP (433.423 euros) son los únicos partidos que se endeudaron para la campaña.

Ciudadanos gastó 939.906 euros en mailingmailing o correspondencia masiva de publicidad. Los socialistas son el segundo partido que más se gastó en mailing, con 852.020 euros, y los comuns y la CUP son los que menos gastaron en este apartado, con 401.980 y 202.950 euros respectivamente.

Sugerencias de la sindicatura

Pese a que la sindicatura no detecta irregularidades en la financiación de las campañas, sí que formula varias recomendaciones para mejorar el gasto electoral y las normativas que lo regulan. Una de ellas sugiere a los legisladores regular "el vacío legal" que existe respecto a las nuevas formas de financiación privada al que tienen acceso los partidos a través de la concesión de microcréditos realizados mediante plataformas digitales de financiación colectiva.

Sobre mailing, la sindicatura identifica el elevado coste que supuso para los partidos el envío a los domicilios de la gente de propaganda electoral y pide "estudiar la conveniencia de reducir" este gasto de cara el futuro. Los partidos catalanes se han comprometido varias veces a hacer un mailing conjunto en el que pudieran enviar una única publicidad sobre con todas las respectivas campañas de partido para reducir el gasto en este aspecto, pero no se ha llevado a cabo.

Menos de 24 horas después de la jornada electoral en Andalucía, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, reunió este lunes al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para analizar los resultados y para fijar las prioridades para los próximos meses. El jefe de los conservadores, que se jugaba mucho en esta cita ante las urnas habiéndose implicado prácticamente toda la campaña, compareció en rueda de prensa junto al candidato, Juanma Moreno. Ambos insistieron en la idea de que es el momento del cambio y en que, pensando sobre todo en Ciudadanos, quien lo bloquee, será castigado en las elecciones que están por venir.

La imagen estaba cargada de simbolismo puertas adentro del partido: el candidato no apoyó a Casado, sino a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario de sucesión de Mariano Rajoy. Y en el PP, que no esperaba el resultado de la noche del 1D, se había extendido de la idea de que Moreno tenía los días contados como líder del partido en Andalucía una vez transcurridas las elecciones.

"El resto de los españoles castigarían a cualquier formación que actuara con ombliguismo o cálculos electorales respecto a esa posibilidad de cambio en Andalucía", dijo Moreno Bonilla. "El partido que entre en ombliguismos lo pagará caro no sólo en Andalucía, sino en el conjunto de España", insistiría después.

Casado también arrancó su intervención con este mensaje en un momento en el que el partido de Rivera mantiene que su candidato, Juan Marín, también se presentará a la investidura. "Sería difícil de explicar que aquellos que llevan toda la campaña pidiendo un cambio ahora intenten algún tipo de geometría variable. Tendría también su repercusión electoral", subrayó Casado.

Para desacreditar la postura del partido naranja, en el PP recurren a la comparación con el caso catalán. No entienden, dicen, cómo Inés Arrimadas no intentó ser investida presidenta de la Generalitat de Catalunya habiendo sido la fuerza más votada y cómo ahora Cs avala la presentación a la investidura del candidato a la Junta de Andalucía que ha quedado en tercera posición.

Los ciudadanos penalizan a quien se opone al cambio, cree el PP

En Génova 13 confían en que el partido de Albert Rivera acabe dando su brazo a torcer. Consideran que en este momento Cs está en la "sobreactuación" y asumiendo que su resultado en Andalucía no ha sido todo lo bueno que esperaban al no haber logrado superar al PP. Pero, señalan, "todo volverá a su cauce". "Si no se suman a la posibilidad de cambio los grandes beneficiados seríamos nosotros", señala un dirigente nacional en conversación con este diario. La misma fuente subraya que, en situaciones en las que la apuesta por un giro político "es tan clara", los ciudadanos tienden a penalizar a quienes se oponen a ese giro.

El Partido Popular tiene ante sí la posibilidad de presidir la Junta de Andalucía tras casi 40 años de monopolio del Partido Socialista. Pese a haber obtenido 26 escaños en el Parlamento andaluz, siete asientos menos que en 2015, los conservadores acarician la posibilidad de llegar al Palacio de San Telmo.

A día de hoy, en el cuartel general de los conservadores no contemplan un escenario distinto a que Ciudadanos (21 escaños) y Vox (12 escaños) voten a favor de la investidura de Juanma Moreno. Las tres fuerzas suman 59 escaños, cuatro por encima de la mayoría absoluta.

La "línea roja" con Vox

En el PP defienden que la "línea roja" para pactar con Vox, formación de extrema derecha, es la Constitución. "La supresión de las comunidades autónomas es algo por lo que el PP no va a pasar", aseguró Casado preguntado por su postura ante el pacto con la formación liderada por el exmilitante del PP Santiago Abascal.

En el PP consideran que llegar a un acuerdo com Vox para echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía no va a jugar en contra del partido para las próximas citas electorales. Es más, defienden que la campaña de Casado, criticada en sectores de la formación por haber girado "más a la derecha", ha servido para evitar una entrada todavía más fuerte del equipo de Abascal en el Parlamento andaluz.

Además de la supresión de las comunidades autónomas, Vox es también partidario de la derogación de la Ley de Violencia de Género.

Cuestionado por el necesario acercamiento a la extrema derecha para conformar un gobierno en la Junta de Andalucía, Casado acusó a la izquierda de "cinismo" al erigirse en el actor "que cree que puede decir qué es radical y democrático". El PP, dijo, "no va a tolerar eso". "Ningún partido como Podemos nos va a dar lecciones de democracia. Al contrario, mientras no censuren a ETA, a independentistas y a dictadores como Maduro", añadió.

Asimismo, consideró que la movilización que pretende hacer Podemos tiene como fin polarizar aún más a la sociedad y acabará beneficiando a su partido: "Conduce al PP como la fuerza moderada en el centro-derecha liberal conservador", resumió. "Al PP, ningún partido como Podemos le va a dar lecciones de democracia", añadiría después.

Casado cierra la puerta a tocar el estado autonómico en la dimensión que demanda Vox. No obstante, admitió que si el partido de Abascal quiere "reforzar las competencias en algunas cuestiones" sí pueden estar de acuerdo.

Además, dijo, podrán encontrarse en materias como la "defensa de la unidad nacional", la "defensa de los servicios sociales" o la "regeneración" y la "lucha contra la corrupción" en Andalucía.

"Un proyecto común"

“Queremos un cambio en Andalucía y los partidos que estén dispuestos a hacerlo, en base a nuestros principios y valores, podrán encontrar un proyecto común", afirmó.

Moreno señaló que, a día de hoy, no ha ofrecido nada a los partidos que necesita para ser investido presidente de la Junta de Andalucía. "Tenemos de límite el 27 de diciembre, que es cuando se constituye el Parlamento de Andalucía", dijo.

"Para bailar hace falta un poquito de calentamiento. Hay que dar un poquito de tiempo", dijo a la vez que insistía en que "nadie entendería que la tercera fuerza política [Ciudadanos] quiera liderar" el cambio en Andalucía.

"Dijeron que pactarían [con el PP] siempre que tuvieran un voto más que Ciudadanos", señaló.

Las fuentes consultadas aseguran que las posibilidades de Moreno de desalojar a Susana Díaz de su despacho de la Junta de Andalucía son muy altas. Pero cuentan con que, al menos esta primera semana, van a tener que saber jugar "muy bien" sus cartas para que en la opinión pública no cale la posibilidad de otras opciones de gobierno. Uno de estos escenarios que quieren ahuyentar es el de un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE.

Clave nacional: elecciones anticipadas

En clave nacional, Casado exigió la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. "Pedro Sánchez tiene que asumir su responsabilidad, convocar elecciones, dar la voz a los españoles, el Partido Popular ya ha dicho que está listo para enfrentarse a estas elecciones generales", dijo.

"Este Gobierno no está a la altura de la responsabilidad que le encomendaron los independentistas, batasunos y podemitas", añadió.

La economía española creció un 3,1% en 2017, dos décimas menos que en 2016, tras moderar su avance al 0,7% en el cuarto trimestre, según el avance de datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 3,1% coincide con las estimaciones del Banco de Españaestimaciones del Banco de España y con las previsiones oficiales del Gobierno. En todo caso, los datos son aún provisionales y se conocerán a nivel desagregado el próximo 1 de marzo.

El crecimiento del 0,7% registrado en el cuarto trimestre, inferior al 0,8% esperado por el Banco de España y otros organismos de previsiones, se ha desacelerado una décima respecto al experimentado en el tercer trimestre de 2017.

Pese a ello, con este avance trimestral del PIB se acumulan ya 17 trimestres consecutivos de alzas. En el primer y tercer trimestre de 2017 la economía avanzó a un ritmo del 0,8%, mientras que en el segundo trimestre lo hizo a un ritmo del 0,9%.

Por su parte, la tasa interanual del PIB se mantuvo en el 3,1% en el cuarto trimestre de 2017 y ya acumula once trimestres consecutivos creciendo a tasas del 3% o superiores.

La demanda nacional tira del PIB

Según el último informe trimestral de la economía española realizado por el Banco de España, la demanda nacional aportó 2,6 puntos al PIB en 2017, mientras que la demanda exterior contribuyó con medio punto.

Respecto al cuarto trimestre de 2017, el Banco de España estimaba en dicho informe que el crecimiento sería del 0,8% gracias al fortalecimiento de los mercados de exportación, lo que habría contrarrestado los efectos adversos derivados del aumento de la incertidumbre por la situación política en Cataluña.

Estos efectos adversos, según el supervisor, se habrían concentrado especialmente en esta comunidad autónoma. Desde el punto de vista de los componentes de demanda, el impacto negativo de la incertidumbre se habría manifestado sobre todo en el gasto privado interno y en las exportaciones turísticas.

Por el lado de la oferta, el Banco de España señalaba que los indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, referidos a la industria manufacturera mostraron en la última parte del año pasado una trayectoria más favorable que los relativos a los servicios.

En concreto, tanto el consumo privado como la inversión en bienes de equipo habrían reducido sus ritmos de avance en los últimos meses de 2017, mientras que, por el contrario, se habría fortalecido la inversión en construcción.

El informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la cobertura de las elecciones autonómicas en Cataluña del pasado 21 de diciembre constata que TV3 y Catalunya Ràdio fueron las cadenas que más igualaron el tiempo de noticia de los diferentes partidos en las informaciones sobre la campaña electoral.

En el informe, el Consell analizó el seguimiento de la campaña del 21D en programas informativos diarios de TV3, Catalunya Ràdio, 8tv, RAC1, TVE Catalunya, La 1, Telecinco, Antena 3 TV y laSexta. Igualmente, examinó los actores políticos que participaron en debates, entrevistas, magazines informativos y otros espacios informativos emitidos por las televisiones y las radios mencionadas, el 324 y el Canal 24H.

Así, en su informe refleja que, considerando en exclusiva los siete partidos que obtuvieron representación parlamentaria, la distancia entre el primer partido (JuntsxCat) y el último (CUP) en el caso de TV3 fue de 3,6 puntos porcentuales, mientras que en el caso de Catalunya Ràdio, la distancia fue aún menor, de sólo 3,2 puntos.

En relación a las televisiones privadas estatales, el Consell concluye que, a pesar de que, a diferencia de anteriores convocatorias electorales, Telecinco y Antena 3 TV dieron voz a todas las formaciones políticas, en su tratamiento aparecen diferencias de hasta 20 puntos porcentuales entre el partido con más presencia y el que menos. 

En este sentido, Telecinco dio el 22,7% del tiempo de noticia de campaña a ERC-CatSí y el 2,5% a la CUP, al tiempo que Antena 3 TV presentó un desequilibrio similar al otorgar al PP el 21,4% del total de tiempo de campaña y a la CUP solo el 1,3%. 

LaSexta, aunque no siguió la ordinalidad de los resultados de 2015, fue de todas las cadenas privadas analizadas la que presentó menos distancia entre los extremos al dar un 20,8% a ERC-CatSí y un 5,1% a la CUP.

Acerca de las dos cadenas de la Corporación RTVE analizadas (La1 y TVE Catalunya), el Consell sostiene que ambas mantuvieron la tónica de otras convocatorias electorales y tendieron a "una proporcionalidad estricta" con los resultados electorales de 2015. Además, también señala su tendencia a respetar el principio de ordinalidad en relación con los resultados de los anteriores comicios.

Por su parte, los dos medios del Grupo Godó analizados (8tv y RAC1) se caracterizaron, en ambos casos, porque el tiempo de información de la campaña electoral y el orden que se deriva guarda "cierta relación" con los resultados obtenidos por cada candidatura en las últimas elecciones al Parlamento.

Otras informaciones relacionadas

En relación a otras informaciones relacionadas con las elecciones del 21D, pero no estrictamente sobre la campaña, el Consell destaca la ausencia "casi total" de voces del Govern, resultado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mientras que en los informativos de la corporación RTVE, el Gobierno del Estado supuso más de la mitad del tiempo de palabra del conjunto de actores políticos: TVE Catalunya (57,6%) y La1 (56,1%).

El Ejecutivo central también fue la voz con más tiempo en el resto de medios, aunque con proporciones inferiores, excepto en laSexta, donde lo fue JxCAT.

Igualmente, el Consell señala que TV3 y Catalunya Ràdio fueron los medios con una mayor diversidad de voces (20 y 17 agrupaciones de actores políticos, respectivamente). La 1, Telecinco y laSexta dieron voz a 14; Antena 3 TV a 11 y 8tv, a 10.

En relación con las fuerzas políticas, todos los medios dieron voz a las formaciones con presencia en el Parlament salvo TVE Catalunya, donde aparició la CUP, si bien la cadena dio voz a los cupaires en las informaciones de seguimiento de la campaña electoral.

En cuanto a las entrevistas, todos los medios de la muestra dieron voz, al menos una vez, a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con la excepción de Telecinco, que emitió entrevistas de las candidaturas de ERC-CatSí, Cs y PSC, aunque fuera del periodo de campaña, pero dentro del mes diciembre, hizo dos entrevistas más a Cat-Común-Podem y al PP.

El medio que emitió más entrevistas fue laSexta, con 60; seguido de Catalunya Ràdio y Antena 3 TV, ambos con 24; y TV3, con 23.

En una comparecencia desde la Cámara, ha explicado que es consciente de las dificultades de esta investidura por la situación personal y judicial de Puigdemont, pero ha defendido que tiene "absoluta legitimidad" para volver a ser president.

Torrent ha recordado que en su primer discurso ante la Cámara, el miércoles pasado, ya defendió que la situación en Cataluña debe afrontarse desde la política y la negociación: "La política tiene que ser el centro de todo. Por encima de todas las cosas, diálogo".

Ha pedido esta reunión a Rajoy a través de una carta que ha firmado este mismo lunes, y ha añadido: "Hablaré con todos, me reuniré con quien haga falta y, sobre todo, protegeré a los 135 diputados del Parlament".

Tras el anuncio del presidente del Parlament, el Gobierno ha insistido en que las cuestiones judiciales no son competencia del presidente del Gobierno, según fuentes de Moncloa, que señalan que hasta el momento no se ha recibido en el Palacio de la Moncloa ninguna carta del Parlament de Cataluña.

El único candidato posible

Torrent ha defendido que la semana pasada se reunió con los líderes de todos los grupos, y que de esas reuniones se desprende que Puigdemont es el "único candidato" que podría tener los apoyos necesarios.

Ha dicho que es consciente de "la situación personal y judicial de Puigdemont y la advertencia que pesa sobre él", pero ha constatado que es el candidato con más legitimidad para ser el cargo.

Se verá con los encausados

Torrent ha expuesto que su misión es defender a todos los diputados, por lo que uno de los temas que transmitirá al presidente del Gobierno es que se están "vulnerando los derechos de representación" de los ochos diputados soberanistas encausados.

Ha explicado que, además, tiene previsto verse en los próximos días con estos ocho diputados: tres están en la cárcel --Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez-- y cinco en Bélgica: el propio Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Serret.

"Mi deber es proteger los derechos de participación política de todos los diputados", ha zanjado, y ha advertido de que luchará para que la institución esté libre de injerencias y también para que no sucumba ante un escenario de paralización.

No revela la fecha del pleno

Pendiente de que Rajoy diga si acepta esta reunión y si quiere entablar un diálogo, Torrent no ha revelado la fecha para la que fija el pleno de investidura, aunque por ley no puede celebrarse más allá del miércoles 31 de enero.

Tampoco ha revelado cómo se puede investir a Puigdemont a distancia, teniendo en cuenta que hay un informe de los letrados de la Cámara que lo desaconseja.

El expresident de la Generalitat y candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, cree que es posible gobernar y ser investido desde Bruselas, porque "no se puede hacer de president si uno es presidiario, en la prisión no podría hacer nada": "En la prisión no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago. La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el expresident ha insistido en la idea de que es posible gobernar desde Bruselas gracias a las "nuevas tecnologías", y reitera que "los grandes proyectos empresariales" se dirigen con el uso de esas nuevas tecnologías.

"No hay nada en el reglamento del Parlament que prohíba las fórmulas de investidura que estamos ensayando", insite Puigdemont, que se considera "perfectamente 'investible'". "¿Qué es mejor? ¿70 diputados de una mayoría contra cuatro, gobernar desde Madrid o desde Europa?", pregunta. 

Si el rey no firmara

Sin desvelar las fórmulas que negocian con ERC para poder ser investido en el Parlament, ha reivindicado que los catalanes votaron en las elecciones del 21 de diciembre por la restitución del Govern, y que si su posible nombramiento como presidente de la Generalitat no lo reconoce el rey, "el problema lo tiene el rey".

"Si el Parlament me ratifica como presidente, el jefe del Estado no tiene ningún derecho a subvertir el mandato legal y constitucional", ha dicho Puigdemont, que se ha apoyado en las nuevas tecnologías para argumentar que podrá gobernar desde Bélgica y reunirse con el Consell Executiu, pese a admitir que no son las condiciones de normalidad que querría.

Al preguntársele si descarta cruzar la frontera, ha asegurado que no puede descartar nada, pero que, en caso de ser investido estando en Bruselas, la fórmula que se utilizará estará dentro del reglamento del Parlament.

Tras cuestionar el informe de los letrados del Parlament, que se oponen a una investidura telemática, ha confiado en que se respeten los "derechos" de todos los diputados, también los suyos, y también ha señalado que es la Mesa la que debe tomar las decisiones.

"No hay plan B. Sólo hay plan A. La gente ha votado por la restitución", ha recalcado Puigdemont, que espera reunirse lo antes posible con el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent.

Aunque no ha podido hablar directamente con el líder de ERC, Oriol Junqueras, al estar encarcelado, confía en que pueda repetir como vicepresident de la Generalitat salvo que no quiera, y pide no acostumbrarse a que esté en prisión ni aceptar que la "coalición del 155" —PP, Cs y PSC— gobierne en Cataluña.

Reunión con Rajoy

"Si España quiere ser un Estado de Derecho debe comportarse como un Estado de Derecho, y esto significa respetar la decisión de los ciudadanos", ha replicado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por afirmar que tomarán todas las medidas para impedir que sea investido.

Según Puigdemont, si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se reúne con él es porque no quiere, y ha explicado que en su mandato quiere trabajar para la "restauración democrática de lo que la coalición del 155 ha infringido".

"Si el Estado no levanta el 155 y no hay dinero, incumple la ley", ha sostenido Puigdemont, que ha llamado a no rendirse pese a las dificultades que habrá.

Preguntado por si renunciará a la vía unilateral, ha opinado que la única unilateralidad es la del 155 y que él no renuncia "a lo que ha votado la gente", y sobre si la legislatura acabará con una Constitución catalana, ha pedido no marcarse objetivos ni calendarios cerrados.

1.- Se ha evitado un primer choque frontal y legal. Sea por conveniencia política, por táctica jurídica o por ambas razones, han ejercido el derecho a voto por delegación los tres diputados electos encarcelados, mientras Carles Puigdemont y los otros cuatro parlamentarios huidos a Bruselas han optado por no solicitar ese voto delegado. De haberlo hecho, y si la Mesa de Edad presidida por Ernest Maragall lo hubiera concedido, el Gobierno central habría recurrido inmediatamente al Tribunal Constitucional esa decisión y la votación subsiguiente. En realidad, el Gobierno (o los partidos del 155) podrían recurrir también el voto delegado de los diputados presos, porque el informe de los letrados es contundente al afirmar que el Reglamento solo permite delegar el voto por causas físicas muy concretas. El derecho de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn venía respaldado por el auto dictado el pasado día 12 por el juez Pablo Llarena, que en ese mismo escrito, sin mencionarlos, apuntaba que no gozaban de ese mismo derecho político los huidos a Bélgica. Sin embargo, ningún juez ni tribunal son nadie para interferir en una función propia de un órgano legislativo, en este caso la Mesa del Parlament, que es quien tiene potestad para decidir sobre la votación. (Otra cuestión sería si se cometiera una ilegalidad desde el Parlament, que a posteriori resolvería el órgano judicial competente). Ciudadanos simplemente ha protestado, y el Gobierno ha renunciado a recurrir el voto delegado de los encarcelados.

2.- La elección de la Mesa y del nuevo presidente del Parlament responden al acuerdo entre las fuerzas independentistas después de que varios nombres barajados se autoexcluyeran en previsión de tener que afrontar nuevos problemas judiciales. Roger Torrent, de ERC, sucesor de Carme Forcadell y ex número dos del grupo parlamentario de Junts pel Sí, había situado en alguna entrevista como objetivo de la legislatura “desarrollar” la república catalana “proclamada el 27 de octubre”. Pero no lo ha mencionado en su discurso ante el Parlament, donde ha apostado por “la democracia, la convivencia” y la vuelta a “la normalidad”. Nadie ha dado esta vez un paso que contradiga el criterio de los letrados del Parlament. Tampoco nadie ha lanzado el mensaje de que se vaya a mantener a toda costa la vía unilateral hacia la independencia que defiende (coherentemente) la CUP y que permitiría a Rajoy prorrogar indefinidamente el 155. Una vía unilateral a la que ya han renunciado expresamente los dirigentes encarcelados, aunque el juez Llarena decida que no les cree y los mantenga (de forma discutible y discutida) en prisión provisional.

3.- Se mantiene el principal enigma en el corto plazo: ¿qué hará Puigdemont?. O expresado de otra forma, ¿qué aceptarán que haga el audaz e imprevisible expresident de la Generalitat su propio partido, el PDeCat, y su socio de gobierno, ERC? En el acuerdo para la constitución de los órganos del Parlament, ERC se compromete a apoyar la investidura de Puigdemont, pero no se aclara cómo podría celebrarse. Si los republicanos cumplen su compromiso de respetar esta vez el criterio de los letrados de la Cámara, quedaría descartada la elección telemática en la que insiste el candidato huido y también la investidura delegada en otro parlamentario, que en cualquier caso conllevaría la impugnación ante el Tribunal Constitucional y la casi segura anulación de sus efectos. La otra posibilidad (la que más teme el Gobierno central), sería la de un regreso sorpresivo de Puigdemont antes del 31 de enero, fecha de la primera sesión de investidura. Aunque fuera detenido en la frontera o en el garaje del Parlament, el juez Llarena se vería en la tesitura de decidir si concede o no permiso al candidato para asistir al debate de su propia investidura. Tanto el precedente del caso Yoldi en Navarra como el criterio asentado por el propio Llarena de que un juez no debe alterar la correlación de fuerzas o “la aritmética parlamentaria” arropan la hipótesis de que Puigdemont podría acudir, ser investido, nombrar un conseller o consellera en cap que conduciría la gestión del Govern y él defendería desde la cárcel su discurso legitimista, que es el que le permitió desde el autoexilio superar contra todo pronóstico a ERC en las elecciones del 21-D.

4.- La disyuntiva para Puigdemont es complicada, aunque a estas alturas el concepto que pueda tener el líder de Junts per Catalunya sobre la complejidad en política es otro enigma. Si opta por seguir en Bruselas se arriesga a perder la presidencia de la Generalitat, caer en el olvido en pocas semanas y no poder volver a Cataluña en veinte años. Si decidiera venir entre hoy y el 31 de enero, garantizaría un nuevo eco internacional a  la confrontación entre el independentismo catalán y el Estado, entre el legitimismo institucional y la acción represora del aparato estatal. Podría convertir, desde la cárcel, esa confrontación en el eje de una legislatura en la que las fuerzas soberanistas se volcarían en aumentar los apoyos hasta superar el 50% que nunca han logrado y que les permitiría recuperar la máxima aspiración independentista. Eso sí, se arriesgaría a pasar en prisión unos cuantos años, y desde su propio entorno personal y jurídico descartan que Puigdemont se plantee asumir tal riesgo y añaden que “el titular de la máxima institución del autogobierno no puede estar en prisión”.

5.- Un Puigdemont encarcelado y president de la Generalitat sería la peor pesadilla para el Gobierno de Rajoy y para sus apoyos en la aplicación del 155, confiados en que cualquier otra candidatura desde las filas independentistas facilitaría una relajación de la tensión institucional y un compás de espera pendiente del desarrollo de las acciones judiciales en curso. El improbable paso de Puigdemont no dejaría de provocar tampoco pesadillas en ERC, cuyos máximos dirigentes no han podido disimular la fractura y la desconfianza mutua tras el abrupto final de la última legislatura.

6.- Lo que resulta innegable, una vez más, es la habilidad de Puigdemont para mantener la iniciativa política incluso en el manejo de las incertidumbres. Con los citados escenarios abiertos, consigue tener al Gobierno en guardia permanente para llevar ante el Constitucional cualquier movimiento que pueda llevar al huido a recuperar la presidencia de la Generalitat. Si se convocara finalmente una investidura telemática, el recurso ante el TC, incluso antes de celebrarse la sesión, podría conducir inexorablemente a una repetición de elecciones.

El nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, ha hablado en su discurso de la necesidad de “coser la sociedad catalana”. El tiempo dirá si se dan pasos concretos en ese camino, desde el independentismo (que no es monolítico) y desde el llamado “constitucionalismo” (que también es diverso). Una encuesta de MyWord realizada pocos días antes del 21-D preguntaba a los catalanes qué debería hacer el nuevo Govern si ganaba de nuevo una coalición independentista. El 68,7% de los encuestados respondía: “Acordar con los partidos de la oposición una salida al conflicto”. Con diferente grado, era la tesis defendida mayoritariamente por votantes de todas las formaciones. A día de hoy, se observan indicios de que los principales actores políticos evitan volver a la tensión máxima, pero cada cual continúa actuando en competencia directa con sus socios-adversarios. Nada apunta de momento a la construcción de esos puentes imprescindibles entre los bloques para buscar soluciones a un problema político que no resolverán los tribunales, ni los letrados del Parlament ni los abogados del Estado.

Entre los participantes en el debate ha habido un comentario recurrente que a mí me ha llamado la atención y que no puedo compartir. Para muchos, la comparación entre Cataluña y País Vasco es imposible o confusa, pues hay demasiadas diferencias entre ambas regiones. Entre las diferencias más citadas se encuentra, evidentemente, la presencia del terrorismo en el País Vasco y su ausencia en Cataluña.

Sin duda, Cataluña y País Vasco no son idénticos. Si lo fueran, la comparación no tendría sentido, pues no habría nada que aprender. La comparación resulta valiosa cuando podemos sacar enseñanzas de los parecidos y las diferencias entre los casos. En este sentido, hay grandes parecidos entre ambas regiones (las dos cuentan con lengua propia, tienen una fuerte tradición nacionalista, una industrialización temprana, son comunidades divididas, ambas pertenecen al mismo Estado, etc.). Por eso mismo, no es disparatado preguntarnos si, a pesar de las diferencias, el independentismo evolucionará en Cataluña de la misma manera que ocurrió en el País Vasco.

Las opiniones de los participantes han estado muy divididas. En términos numéricos, la mayoría ha argumentado que el independentismo no va a remitir en Cataluña. Entre las razones ofrecidas, son muchos los comentaristas que piensan que la represión y judicialización de la crisis constitucional catalana ha ido demasiado lejos. Las heridas que deja la crisis tardarán mucho tiempo en sanar. Los líderes de los partidos independentistas usarán las emociones que esas heridas despiertan para mantener activo el movimiento. Los sucesos del 1-O no se borrarán tan fácilmente de la memoria. Además, a favor de esta tesis son varios los comentarios en los que se recuerda que el conflicto catalán es muy antiguo y no podrá solventarse definitivamente salvo mediante una negociación ambiciosa en la que se alcance un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Por último, también se alega que la autonomía de Cataluña no está tan desarrollada como la vasca, tanto por lo que toca al nivel de transferencias como por las diferencias fiscales: en ese sentido, Cataluña tiene todavía un trecho que recorrer y eso servirá de combustible para que el movimiento continúe su lucha.

En esta ocasión, yo me sitúo con el bando minoritario que piensa que, pese a la victoria de los partidos nacionalistas el 21D, el independentismo va a ir desinflándose a lo largo de la legislatura. Las razones son las siguientes (algunas han sido expuestas ya por los participantes, otras las añado ahora). En primer lugar, se ha demostrado que con el grado de apoyo popular con el que cuenta el independentismo (muy importante, pero limitado) la estrategia unilateral no puede funcionar. Esto, en algún momento, generará frustración ente las bases y forzará un replanteamiento de la estrategia. El nuevo Gobierno catalán no podrá seguir con el procés como había hecho hasta ahora. Ya hay indicios múltiples entre los líderes independentistas de reconocimiento de que la vía unilateral está agotada.

En segundo lugar, las filas del independentismo se nutrían (al menos en parte) de una ilusión política, el anhelo de una República catalana. En esa República se depositaban esperanzas muy distintas, que iban de un proyecto muy izquierdista de Estado social a un proyecto abiertamente neoliberal de crecimiento económico, de los cupaires a los conservadores de la antigua Convergencia. Lo que unificaba una coalición tan heterogénea era el sueño de un Estado propio. En la medida en que esa ilusión se irá desvaneciendo a lo largo de la legislatura, el apoyo a la independencia se resentirá inevitablemente.

En tercer lugar, es bastante probable que los excesos represivos del Estado no se repitan. Quedarán pendientes los asuntos judiciales, que al ritmo que llevan en España pueden alargarse mucho en el tiempo, pero incluso siendo así, lo lógico es que su influencia en la opinión pública catalana vaya remitiendo.

Esto no quiere decir que los partidos nacionalistas catalanes vayan a ser desalojados del poder en las siguientes elecciones. Podrían seguir teniendo una posición dominante, como ha sucedido con el PNV en el País Vasco, organización que continúa gobernando con cierta comodidad a pesar de haber renunciado (al menos temporalmente) al soberanismo unilateral.

A mi juicio, la derecha española utilizará el debilitamiento progresivo del independentismo para considerar que su estrategia ha funcionado, es decir, que se podía resolver el problema sin necesidad de negociar. Como entenderá el lector que siga esta sección habitualmente, esto no es algo que a mí me agrade especialmente. Solo lo consigno aquí en forma de análisis político de lo que está por venir. Seguiremos.

El actor y director teatral Albert Boadella se ha presentado este martes como presidente imaginario en el exilio del gobierno de TabarniaTabarnia, un imaginario territorio de Barcelona y parte de Tarragona separado del resto de Cataluña.

Sus promotores han publicado un discurso de Boadella en catalán, en un vídeo recogido por Europa Press en que empieza parafraseando al expresidente Josep Tarradellas pero diciendo "No sóc aquí", y lo atribuye a que "los usurpadores de sentimientos, dinero, instituciones, clubs y banderas han hecho este territorio irrespirable".

Les ha acusado además de dividir Cataluña, pero también de pretender dividir toda España y toda Europa, aunque Boadella anuncia irónicamente "unos anticuerpos capaces de reaccionar ante la epidemia: los ciudadanos de Tabarnia", que llevan al renacimiento del sentido común, dice.

Boadella —que aparece con las banderas europea, española y de Tabarnia, y un atril con la leyenda "Govern de Tabàrnia"— afirma que en este territorio imaginario caben todos los que quieran.

Modesto aprendiz de payaso

"Soy un payaso, pero a su lado soy un modesto aprendiz", añade como réplica a quienes le critican, y ha acusado a los independentistas de hacer del Parlament el auténtico Teatre Nacional de Cataluña.

"Sus bufonadas en nuestras calles se han acabado", les advierte, y avisa también de que rechazarán que siga el independentismo, y acaba con un "Visca Tabàrnia", que iguala al "Visca Espanya".

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha acusado a Ciudadanos de "poca generosidad" y "mucha arrogancia" por no prestar un diputado al PP catalán para que tenga grupo propio en el Parlament. A su entender, el partido de Albert Rivera gestiona "mal" su victoria en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confirmó este lunes que no cederán al PP un diputado argumentando que esa es una práctica de la "vieja política" y que los catalanes no tienen por qué pagar a ese partido "algo que no ganó en las urnas".

Es más, Villegas dijo a los conservadores que "no cuenten con Ciudadanos" si la motivación que les mueve es "cobrar" el mailing electoralmailing. "Si solamente es un objetivo económico para que los catalanes tengamos que pagar algo que no se ha ganado en las urnas", señaló.

Desde el PP, Maillo ha cargado duramente este martes contra Ciudadanos, un partido que, a su entender, "perjudica al constitucionalismo" porque "perderá más capacidad en la lucha contra el independentismo".

"Poca generosidad y mucha arrogancia. Qué mal gestionan su victoria", ha manifestado Maillo en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press. Es más, ha recordado que en la actual Mesa del Congreso, el partido de Albert Rivera tienen "dos miembros y tres presidencias de comisión gracias al PP".

Cs apuesta por un subgrupo del PP

Ciudadanos no se plantea ceder diputados al PP en el Parlament y es partidario de que los cuatro diputados de ese partido se acojan a la figura del subgrupo que contempla el Reglamento del Parlament y que, a su juicio, le garantizaría "presencia política" porque contaría con tiempo de intervención en los debates y también recursos económicos.

Eso sí, estando en el Grupo Mixto, aún como subgrupo, el Partido Popular no podría cobrar la subvención por el envío postal de propaganda electoral (mailing) ya que sólo tienen derecho a ella las formaciones con grupo parlamentario propio.

Desde Ciudadanos recuerdan que ellos mismos utilizaron esta figura del subgrupo hace unos años cuando se vieron abocados a compartir el Grupo Mixto con Solidaridad para la Independencia (SI), el partido del expresidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta.

El Consejo de Informativos de TVE, tras analizar los reportajes sobre Cataluña emitidos en los últimos meses por el programa Informe Semanal, llega a la conclusión de que en ellos se ha producido "mezcla de opinión e información, falta de pluralismo político, social e ideológico, difusión de especulaciones y datos inexactos, y ausencia de veracidad". Por todo ello ello considera que "el director de Informe Semanal y director de Informativos No Diarios no está capacitado para el ejercicio de estas responsabilidades y debería ser cesado de las mismas". El organismo de representación de la redacción ha insertado en el Inews de trabajo y comunicación un informe de 71 páginas en el que analiza cada uno de los espacios emitidos y formula preguntas a los periodistas implicados y al director de ese espacio, Jenaro Castro, sobre diversos aspectos de contenido y forma.

La respuesta más significativa y amplia a la petición de explicaciones por el tratamiento informativo de la crisis catalana es la del propio responsable de Informe Semanal, de la que destacamos aquí, de manera textual, algunas de sus afirmaciones:

"Protegéis a los que consideráis 'de vuestra cuerda' sin comprender que todos somos TVE, que esta televisión pública es de todos y no pertenece sólo a unos pocos que os habéis erigido en guardianes gratuitos del periodismo, estirando más allá de lo razonable la legitimidad que os otorga la Ley. Lo hacéis porque algunos de vosotros estáis más próximos al tribunal destructivo del acoso y derribo que al juicio objetivo, transparente y limpio..."

"Demostráis, perdonadme que os lo diga, una vocación inequívocamente depredadora y selectiva, muy alejada de la neutralidad a la que os debéis. Es decir, primero disparáis y después preguntáis a sabiendas de quien es el muerto. No os dais cuenta de que a los enemigos de RTVE, entre los que os parecéis situar algunos de vosotros, no les basta con repartirse la publicidad que nos quitaron para apuntalar a alguna televisión privada, sino que también quieren el monopolio informativo. Y algunos de vosotros, precisamente, colaboráis de forma consciente con esa tarea de destrucción de la televisión pública. Dejadme

que añada, porque así lo siento, que RTVE es, con mucho, el grupo mediático más plural, riguroso y objetivo de todos los que hay en España. Por convicción estamos a favor de la verdad, de la pluralidad, del rigor y de la calidad. Y también estamos en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la Democracia. Somos intermediarios de la realidad en todas sus manifestaciones, pero siempre desde la legalidad y con respeto a los principios y valores del periodismo libre recogidos en el Estatuto de la Información, en el Mandato marco y en la Ley de 2006 de titularidad de la radio y la televisión públicas. RTVE no puede amparar, porque sería inconstitucional, la ruptura territorial, la desigualdad, la fractura social y el fomento de actos ilegales contrarios a la convivencia en paz y en libertad".

Jenaro Castro termina su respuesta insertando distintos artículos de la Constitución que, a su modo de ver, están relaciones con las disparidades que mantiene con el Consejo de Informativos.

Las conclusiones del Consejo

En su escrito, el Consejo concluye que "los reportajes analizados en el presente informe contienen una serie de características comunes que los hacen impropios de la televisión pública. Las vulneraciones deontológicas e incumplimientos legales que contienen siguen un mismo patrón que puede resumirse en:

"La responsabilidad fundamental y general de estas vulneraciones e incumplimientos legales –afirma el informe– corresponde al director del programa, Jenaro Castro. El Consejo de Informativos de TVE lamenta y rechaza rotundamente una vez más que muestre una absoluta falta de respeto por este órgano institucional de la Corporación, elegido democráticamente por sus profesionales de la información... Una vez más, dedica la práctica totalidad de su mensaje a criticar la labor del Consejo de Informativos de TVE e incluso a realizar valoraciones insidiosas sobre sus componentes, antes que a contestar a las preguntas que se le remiten. Su opinión raya en la calumnia cuando acusa al Consejo de Informativos de 'desprestigiar a TVE y a sus Servicio Informativos en cadenas de la competencia, prensa escrita, radios y periódicos digitales' y añade 'afines a vuestras creencias'; o cuando atribuye a sus miembros 'vocación inequívocamente depredadora y selectiva' o 'enfermiza insolencia', por hacer lo que exige el mandato legal, que es preguntar".

Por último, el informe puntualiza que "el desprestigio de TVE y sus Servicios Informativos, cuando ocurre, no lo producen ni las palabras ni los informes y dictámenes del Consejo, sino las malas prácticas reiteradas, especialmente cuando alcanzan los grados de manipulación y censura. Estamos de acuerdo con el director de Informativos No Diarios en que RTVE no puede 'amparar la ruptura territorial, la desigualdad, la fractura social y el fomento de actos ilegales contrarios a la convivencia en paz y en libertad'. Pero informar con rigor y profesionalidad sobre algo no supone en absoluto ampararlo. Por eso informar correctamente desde TVE sobre casos de corrupción, actos terroristas, desahucios, rebeliones o asesinatos, no supone amparar la comisión de estos delitos o atentados a los valores constitucionales. Afortunadamente en nuestra Constitución tienen cabida todo tipo de pensamientos e ideas, incluso las separatistas siempre que sean expresadas de manera democrática. Así lo dice el artículo 20 de la Constitución que tan gentilmente Jenaro Castro incluye en su respuesta. Además, por imperativo deontológico, en el relato periodístico es imprescindible recoger todos los puntos de vista, incluso aquellos que no nos gustan o con los que no estamos de acuerdo, para informar con honestidad a nuestros conciudadanos y cumplir así con el Estatuto de la Información de RTVE y la Ley de la Radiotelevisión de titularidad estatal". Y termina: "Por todo lo dicho anteriormente, el Consejo de Informativos de TVE considera que el director de Informe Semanal y director de Informativos No Diarios, no está capacitado para el ejercicio de estas responsabilidades y debería ser cesado de las mismas".

El coordinador federal de Izquierda Unida y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha celebrado este lunes la "autocrítica" del partido morado y su líder, Pablo Iglesias, por los "malos" resultados de las coalición Catalunya En Comú-Podem en las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Asimismo, ha abogado por que los distintos actores del espacio de la izquierda política "dejen de hablar" de cuestiones internas y aborden "las soluciones" a los problemas "cotidianos" de la gente.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Garzón ha apuntado que Podemos, al igual que IU, ha hecho un "ejercicio de autocrítica" y ha planteado la necesidad de "mejorar" tras los resultados cosechados en los comicios autonómicos del 21-D. Este sábado, en la reunión del Consejo Ciudadanos Estatal, el líder de Podemos reconoció que los resultados los comunes fueron malos en comparación a los de 2015, y señaló que "deberían haber hecho las cosas mejor".

Asimismo, pidió a IU buscar la unidad de la izquierda hablando de propuestas que "cambien la vida de la gente" y no de cuestiones internas. Iglesias se pronunció así después de que Garzón reclamase a Podemos cerrar este trimestre un acuerdo-marco para renovar su alianza con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de 2019.

"Muchas cosas se pueden corregir dentro del espacio político de la izquierda", sostiene Garzón, que considera que los distintos actores políticos de la izquierda ahora tienen que "trabajar por mejorar" y construir un espacio político más "abierto y plural", lo que a su juicio implica "negociar más" con los aliados de la coalición.

Debate de la izquierda "cuanto antes"

La construcción de ese espacio político, ha manifestado, debe "apuntalarse lo antes posible". Según ha recalcado, "cuanto antes" se aborde ese debate "mejor": "Hay que hablar en positivo capaces de demostrar a la gente que tenemos un proyecto de país", ha remarcado, insistiendo en la necesidad de ofrecer un modelo basado en derechos sociales.

Para Garzón, "algo sucede" cuando en las últimas elecciones catalanas los partidos más votados de los dos bloques políticos —constitucionalistas e independentistas— son de derechas, en referencia a Ciudadanos y al PDeCAT. Para el diputado de Unidos Podemos, tanto el PDeCAT como Ciudadanos "quieren una España sin derechos", a pesar de que han ganados las elecciones. En este sentido, ha lamentado que el 21-D hayan tenido más éxito las  opciones políticas que "han simplificado más" y que el espacio de la izquierda "no haya sido capaz de explicar y comunicar bien" sus propuestas.

"El resultado del PSC tampoco es bueno", ha afirmado, y ha rechazado que la debacle de los comuns pueda deberse a la postura o "ambigüedad" de Unidos Podemos en el debate territorial.

No se pueden descartar nuevas elecciones

Por otro lado, Garzón no ve posible una investidura telemática del candidato de JunstxCat, Carles Puigdemont, desde Bruselas. "Creo que el president debe ser una persona con presencia en Cataluña", sostiene. Asimismo, ve "tan irracional" querer declarar la independencia de Cataluña como decir que en la Comunidad Autónoma "no pasa nada" y ha abogado por "dialogar y negociar". "Con Puigdemont en Bruselas no se normaliza", ha apostillado, para después añadir que tampoco ayuda la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Garzón cree que, una vez haya Govern en Cataluña, sería una "anomalía" continuar con la aplicación del 155. Eso sí, ha dicho que no tiene "claro" que vaya a formarse Ejecutivo y que "no se pueden descartar" nuevas elecciones en Cataluña dada la "compleja" aritmética parlamentaria, pese a que sostiene no es "deseable" que esto ocurra.

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, advirtió este sábado de que "en ningún caso se puede subvertir" el mandato democrático que han dado los ciudadanos en las elecciones del 21 de diciembre con debates reglamentarios y sobre procedimientos parlamentarios, informa Europa Press.

Lo dijo durante una intervención por videoconferencia en el Consell Nacional del PDeCATPDeCAT, en referencia al debate sobre si puede ser investido telemáticamente como presidente de la Generalitat, ya que considera que el mandato del 21D es que él sea investido.

"Los diputados tenemos derechos, se deben respetar, pero sobre todo quien tiene derechos son los ciudadanos. A nosotros nos toca proteger y reivindicar por encima de todo los derechos de los ciudadanos. Que el árbol no nos tape el bosque", pidió.

Tres amenazas

Puigdemont aseguró que el PDeCAT se debe a los electores y no al IBEX 35, por lo que cree que debe mantenerse "firme en la exigencia democrática", y alertó de que hay tres amenazas que pueden evitar que se aplique el mandato de las urnas.

Una de ellas es, según él, que los partidos independentistas confundan lo que votaron los ciudadanos, pero que "no pasará" si materializa la mayoría parlamentaria independentista que forman JuntsxCat, ERC y la CUP.

Por ello, señaló que el pleno de constitución del Parlament del miércoles y el pleno para investir al presidente de la Generalitat se deben abordar como un mismo "paquete" y que deben reflejar la voluntad de los ciudadanos en las urnas.

"Si este paquete lo resolvemos tal y como los ciudadanos nos han encargado, habremos conjurado uno de los riesgos", avisó a los partidos soberanistas.

También advirtió de que Cs, PSC y PP pueden intentar "subvertir un resultado que no admite ningún tipo de discusión", y reclamó a los grupos independentistas que hagan estrategias parlamentarias para evitarlo.

Puigdemont afirmó que la tercera amenaza es que "el Estado protagonice un fraude democrático" buscando la confrontación y la fractura social en Cataluña.

Por eso, llamó a defender las políticas universales que ha hecho el catalanismo en las últimas décadas, como el modelo de escuela catalana, que cree que reflejan el lema Un solo pueblo que utiliza el soberanismo, ya que están dirigidas a todos los ciudadanos por igual, y expresó su preocupación por que el Estado intente revocarlas: "Si nos rompen estas políticas universales, nos habrán roto el país".

La Junta Electoral Central (JEC) aceptó la denuncia del PP y abrió un expediente sancionador al diario AbcAbc por dedicar su portada a Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, el día de reflexión de las pasadas elecciones catalanas del 21 de diciembre.

En una resolución adoptada esta semana, el máximo organismo arbitral interpreta que publicar en portada la entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión podría "conculcar la prohibición de difundir propaganda electoral o realizar acto alguno de campaña electoral". "Tales hechos podrían constituir una infracción electoral susceptible de ser sancionada con multa de 100 a 1.000 euros", añade la resolución, recogida por Europa Press.

El expediente sancionador hace responsable de la portada al director del periódico, Bieito Rubido, y será instruido por la magistrada Ana María Ferrer García, vocal de la JEC, que tendrá como secretario a Carlos Gutiérrez Vicén, secretario general del Congreso.

La JEC recuerda también que el expedientado tiene la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad, lo que permitiría reducir la sanción a 800 euros, si bien su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

De no reconocerse voluntariamente la responsabilidad, la instructora dará 10 días al expedientado para aportar las alegaciones o documentos que estime convenientes en su defensa y, en su caso, para proponer la práctica de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse. Eso sí, no se considera necesario dar traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal, como también reclamaba el PP.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha acatado expresamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía en un escrito dirigido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que solicita salir de prisión y ha rechazado la unilateralidad de la declaración de independencia de Cataluña.

En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado un día después de declarar ante el magistrado que investiga los hechos relacionados con el denominado procés, expone que su situación personal ha cambiado, al haber sido elegido diputado en las elecciones del 21D, y que es similar a la de otros investigados en la causa que se encuentran en libertad.

En este sentido, explica que una vez que se presentó a las elecciones del pasado 21 de diciembre ya hizo una "aceptación del vigente marco constitucional, sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas". Esto no quita que discrepe de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni que se haya "inalterado sus postulados ideológicos", añade.

"Esta circunstancia ha sido claramente ratificada en su declaración manifestando por un lado el juramento o promesa a acatar la Constitución española y el Estatuto de autonomía que ya ha dejado presentado por escrito en el Parlament", subraya el escrito. Durante su comparecencia ante el juez Llarena, fuentes presenciales en la declaración apuntaron que Sànchez no fue tan contundente, pues mencionó que cualquier vía tiene que ser de respeto a la institucionalidad del Estado.

Asimismo, el expresidente de ANC hace hincapié en que nunca "ha defendido la unilateralidad", sino que "siempre" ha apostado por "la vía pacífica y democrática". En esta línea, asegura que si Junts per Catalunya, formación política con la que concurrió a los comicios catalanes, "alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia no seguirá ninguna decisión en ese sentido".

Por otro lado, el abogado de Sànchez hace referencia en el escrito a la supuesta pertenencia de su cliente en el Comité Estratégico previsto en la hoja de ruta del Govern de Puigdemont para conseguir la independencia e insiste en que no tenía conocimiento de ello. Por último, señala que la asociación que lideró, la ANC, "jamás ha convocado, organizado ni financiado" el referéndum ilegal y asegura que se limitó "a instar a los ciudadanos a su pacífica participación".

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha mantenido este viernes la apuesta de su partido por investir president a Carles Puigdemont (JuntsxCat) pero, ante los obstáculos que se plantean, ha avisado de que nadie es "imprescindible" en el proyecto soberanista.

"Lo que es imprescindible es que haya Govern porque las personas son muy necesarias, algunas mucho, pero nadie es imprescindible", ha afirmado el republicano en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Tardà ha expresado que "ojalá" el nuevo Govern esté presidido por Puigdemont y vicepresidido por Oriol Junqueras, pero no ha descartado otro escenario porque, según ha alegado, lo prioritario es que haya un Govern independentista y no tanto quién lo encabece.

El republicano ha asegurado en nombre de su partido que las negociaciones entre las listas independentistas tendrán un final positivo y que no se demorarán: "Afirmo y doy la palabra de Esquerra que habrá Parlament la semana que viene y que habrá Govern independentista".

Por ahora JuntsxCat y ERC están de acuerdo en constituir la semana que viene el Parlament y unir sus votos para formar una Mesa de mayoría soberanista, pero sigue en el aire si investirán a Puigdemont a distancia: JuntsxCat lo ve factible y los republicanos quieren consultar primero a sus servicios jurídicos.

Tardà ha pedido que el Govern priorice políticas sociales progresistas y ha descartado que haya nuevas declaraciones unilaterales desde el Parlament: "La independencia ya la hemos declarado y solo la declaramos. Declaraciones ya no haremos más".

Ha apostado por reconquistar un escenario de diálogo como paso previo a la negociación y con el objetivo de "no descarrilar", y ha defendido que la República no se implementó para evitar un escenario de mayor represión hacia Cataluña.

Presidencia del Parlament

Preguntado por si el diputado electo de ERC, Ernest Maragall, sería un buen candidato a presidir el Parlament tras la renuncia a hacerlo de Carme Forcadell, Tardà ha expresado que el exconseller tiene toda la confianza de ERC: "Para mí sería una persona magnífica".

También ha defendido la trayectoria de Forcadell al frente de la Cámara, al considerar que para ERC la presidenta es "una joya, un ejemplo de abnegación e inteligencia y comportamiento digno", y ha pronosticado que el tiempo le dará la razón.

Carles Puigdemont pretendería ser investido president de Cataluña por delegación, no de forma telemática tal y como se ha venido especulando. Es lo que sostiene la cadena de radio Rac1, que informa este viernes de que el discurso de investidura que, según un informe del Gobierno central y los letrados del Parlament, debería tener lugar de forma presencial en el hemiciclo, pueda ser leído por algún miembro de la Mesa o por algún diputado en quien Puigdemont delegue.

La fórmula que baraja Junts per Catalunya para hacer posible una investidura a distancia sería la delegación previa presentación por escrito del discurso en el Parlament el mismo día de la investidura. De esta forma,  se evitaría la acción previa del Tribunal Constitucional impidiéndola. 

Según informa Rac1, el objetivo es llegar al debate sin hacer ruido para después registrar en el Parlament el texto del discurso de Puigdemont para que sea leído en el Pleno de investidura por otro diputado. A continuación, intervedrían los portavoces de los grupos en el turno réplica a ese discurso, si bien no habría contrarréplica por parte de Puigdemont ni del diputado designado para leer su discurso.

Ciudadanos, PSC y PP se han mostrado opuestos a una investidura a distancia, pero en JxCat consideran que “una determinada interpretación del reglamento” del Parlament haría posible esta investidura. 

Hay un elemento diferencial que caracteriza el momento político que vivimos. Hasta ahora, los populares han hecho frente a las sucesivas crisis que han encarado con el clásico recurso de tocar a rebato a sus seguidores y movilizarlos en la batalla contra la izquierda. Ahora, por vez primera, esa estrategia no sirve. El principal rival de Rajoy no es el Partido Socialista, ni mucho menos Podemos. Su socio más cercano ha pasado a convertirse en la mayor amenaza que el PP haya tenido en las últimas dos décadas, desde su aparición surgida de la suma de los restos de la antediluviana Alianza Popular y la disolución de UCD.

El éxito electoral de Inés Arrimadas en Cataluña ha relanzado la imagen de Ciudadanos en toda España. El partido liderado por Albert Rivera parece dispararse coyunturalmente en los sondeos electorales y ahora aparece como una formación con posibilidades de luchar por dirigir el próximo gobierno. La inmensa mayoría de sus nuevos votantes proceden de las filas populares, aunque también parece recibir una parte de ex votantes socialistas y hasta algunos defensores de la llamada nueva política que dejan de lado el mundo de Podemos. Ciudadanos se visualiza para un buen número de tradicionales votantes del PP como una alternativa perfecta para forzar a los populares a cambiar seriamente su configuración actual, sin tener que dejar el gobierno en manos de la izquierda.

La gravedad del fenómeno político gravita en que las principales amenazas que persiguen a Mariano Rajoy, que reflejan el CIS, son fortalezas evidentes desde la perspectiva de Ciudadanos. Da la sensación de que no estamos simplemente ante un momento puntual derivado del conflicto catalán. Las perspectivas del año que empieza dibujan un negro panorama para el PP y abren el territorio para un posible asentamiento del crecimiento de Ciudadanos.

Hace ahora casi un año, el PP celebraba su 18º congreso. En él aparecían serenos y claramente dominadores del tablero político. Nadie en la oposición parecía tener capacidad de hacerle sombra. La economía empezaba a aportar datos macro de sensible recuperación. Frente a la corrupción, el discurso oficial era claro: se trataba de casos del pasado alejados de la realidad del momento del partido. Era una etapa superada que quedaba en manos de los jueces, pero que en nada afectaba a la estructura del partido presidido por Rajoy. Los responsables de los casos de corrupción ya no estaban en el PP. Asunto cerrado. Cataluña apenas estaba en la agenda mediática.

Todo el discurso se vino abajo en muy poco tiempo. En primer lugar, enseguida se comprobó que el triunfalismo económico no cuajó como percepción social. Hoy en día, sólo el 7% de los españoles cree que la situación económica es buena. Sólo el 22% piensa que la situación actual es mejor que hace un año. Apenas un 23% cree que dentro de un año la situación será mejor. Entre los votantes del PP, únicamente un 17% de ellos califica como buena la situación económica actual. El elevado índice de desempleo es sólo una parte de la negra visión general. Unos niveles salariales indignantes, unas fórmulas de contratación abusivas, la pérdida de calidad de los servicios de asistencia social, la amenaza de insostenibilidad de las pensiones, el aumento escandaloso de la desigualdad, la falta de sensibilidad ante fenómenos como la inmigración o la política energética son algunos de los elementos condicionantes de una opinión pública manifiestamente descontenta con nuestro modelo económico. Para muchos votantes del PP, Ciudadanos representa una derecha más sensible con la realidad social existente. Muchos de ellos ven un estilo más actual, menos retrógrado y más alineado con las políticas económicas liberales que mejor funcionan en su opinión más allá de nuestras fronteras. El hecho de que desde la izquierda se insista en calificar al partido de Rivera como derecha pura siempre le fortalece en ese importante sector del electorado. Le certifica como una alternativa creíble ante Rajoy.

En el caso de la corrupción, este año puede ser un auténtico infierno para el PP. Su argumento de que se trata de casos del pasado alejados de la realidad actual ha estallado por los aires en los últimos meses. La caída del presidente de Murcia abrió un periodo de sucesivas reapariciones de diferentes escándalos que tuvieron en la detención de Ignacio González su punto culminante. Este año se van a producir distintos procesos y sentencias que van a colocar a Rajoy y a su partido en el foco de la atención nacional. De nuevo, Ciudadanos tiene una gran ventaja en este terreno. El hecho de no gobernar en ninguna administración le permite mantener un discurso virginal y combativo que de cara a los votantes populares dolidos con la extendida corrupción vivida tiene especial fuerza.

Por último, lo ocurrido en Cataluña tiene pocas interpretaciones. Arrimadas se comió ella sola al Partido Popular. Ciudadanos ha monopolizado y liderado el discurso constitucionalista españolista. La arrasadora ventaja obtenida sobre García Albiol ha convertido al PP en una fuerza irrelevante en el territorio catalán. La dificultad es que todo parece indicar que el conflicto y la confrontación van a seguir protagonizando la actualidad entre Bruselas, Barcelona y Madrid. Y en ese espacio, da la sensación de que nos espera vivir más de lo mismo. En términos del combate político, nada hace pensar que la posición dominante de Ciudadanos respecto al PP vaya a amortiguarse.

Rajoy no es que tenga la espada de Damocles ante él. Tiene un puntiagudo y afilado tridente formado por la desigualdad económica, la corrupción y el desafío catalán. Si la imagen no resulta de por sí suficientemente gráfica, aún se agudiza más si abrimos el plano y contemplamos que el que controla el arma es Albert Rivera.