La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este jueves que retrasará la presentación de los presupuestos de 2026 "unas semanas" más allá de marzo, que era la fecha a la que se había comprometido.

Montero ha participado en la primera edición del evento 'Los desayunos' organizado por RTVE y EFE, donde también ha avanzado que España cumplió con el objetivo de déficit en 2025, ha anunciado que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) será considerado accidente laboral y ha advertido de que la crisis derivada de la guerra en Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

La vicepresidenta ha insistido en que la actualidad está marcada por el conflicto en Irán y el paquete de medidas que el Gobierno aprobará el viernes para paliar sus efectos, cuyo contenido no ha detallado más allá de que serán políticas de "consenso" porque todavía lo está negociando con sus socios parlamentarios.

Precisamente la negociación de este paquete es lo que ha obligado a "retrasar" los presupuestos de 2026, previstos para este trimestre, aunque la ministra ha insistido en que presentará un proyecto de cuentas cuando "haya una ventana de oportunidad" porque un presupuesto actualizado "es un bien muy valioso".

"No contemplo que podamos entrar en el año 2027 sin presupuesto", ha señalado, sin aclarar si serían las cuentas prorrogadas de 2026 o un nuevo presupuesto ya para 2027 las que sustituirían a los actualmente vigentes, que son los de 2023.

En su intervención en este nuevo formato, la vicepresidenta ha avanzado que España cumplió el objetivo de déficit público pactado con la Comisión Europea para 2025, que era de no superar el 2,5% del PIB, una meta que se ha cumplido "sin aplicar ningún recorte".

A falta de conocer el dato de déficit el próximo 31 de marzo, Montero ha defendido que el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo, ya que las medidas de alivio tienen que ser compatibles con el cumplimiento de los objetivos fiscales porque Bruselas no los ha flexibilizado.

En su análisis del contexto internacional, ha advertido de que la actual "crisis" abierta tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán es "mucho más profunda en términos políticos" que otras anteriores.

Ha defendido la posición de España que, según ha dicho, "tiene voz propia y reconocida" por la comunidad internacional, donde aporta "soluciones a desafíos globales", y ha recriminado al PP su "preocupante seguidismo" hacia la administración estadounidense.

Ha negado, por otra parte, que el movimiento del presidente catalán, Salvador Illa, al retirar el proyecto de presupuestos haya sido para facilitarle su campaña como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Preguntada por si Illa ha dado este paso para que la posibles medidas acordadas con ERC no generen recelos en Andalucía y afecten a su candidatura ha contestado con un no rotundo.

Se ha mostrado además convencida de que se acabará firmando el nuevo modelo de financiación autonómica y ha tildado de "postureo" las críticas al mismo y a la condonación de la deuda del presidente andaluz, Juanma Moreno, comunidad que será la más beneficiada en ambos casos, ha recordado.

Fuentes de su departamento han señalado a este respecto que el objetivo es que el modelo de financiación entre en el Congreso para su tramitación antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

También ha negado que el nuevo modelo de financiación autonómica vaya a tener un impacto negativo en su electorado en Andalucía ya que, según ha recordado, de aprobarse, esa comunidad recibiría 5.700 millones de euros anuales.

Otro de los anuncios de la vicepresidenta está relacionado con las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), ya que se va a aprobar una modificación legal para que tenga consideración de accidente laboral, lo que implicará prestaciones más elevadas para los afectados, desde heridos a pensiones, viudedad u orfandad.

También ha avanzado que desde este jueves se han empezado a pagar las ayudas autónomos y a empresas afectados por las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura.

El Congreso ha rechazado este jueves la senda de estabilidad 2026-2028, un paso previo fundamental para la elaboración de los presupuestos del próximo año, lo que obligará al Gobierno a aprobar unos nuevos objetivos de déficit y deuda en el plazo de un mes.

La senda de estabilidad ha sido rechazada con 178 votos en contra -PP, Vox, Junts y UPN-, 164 a favor y 5 abstenciones -Podemos y la diputada de Compromís Àgueda Micó-, a pesar de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había pedido el apoyo de la Cámara por "sensatez y sentido común".

La senda de estabilidad define los objetivos de déficit y deuda que las distintas administraciones tienen que respetar en sus presupuestos y va acompañada del techo de gasto para el próximo año, que no se somete a votación.

Tras su rechazo, el Gobierno tiene un plazo de un mes para presentar una nueva -con los mismos objetivos o unos diferentes- y, si también es rechazada, se aplicarán las metas del plan fiscal estructural, que tiene la misma cifra global de déficit (2,1 % del PIB para 2026), pero obligará a las comunidades autónomas a cerrar en equilibrio en lugar de con una décima del PIB de déficit.

El diputado popular Juan Bravo ha reprochado a Montero que plantee unos objetivos de estabilidad que "no van a servir para nada" y haga "perder el tiempo a los españoles".

"Usted no puede presentar objetivos de estabilidad porque no es un Gobierno estable, porque usted solo incumple", ha criticado Bravo, que ha dejado claro el rechazo del PP evitar "un gasto descontrolado" que se va a pagar "con más impuestos y más deuda".

"Más impuestos y más deuda (...) no hace usted más que mentir y engañar", ha reprochado también el diputado de Vox José María Figaredo, que ha llegado a calificar de "mierdas" las partidas de gasto que aprueba el Gobierno.

"Cada martes ustedes reparten el dinero de los españoles en infinitas mierdas", ha zanjado tras leer algunas subvenciones aprobadas en el Consejo de Ministros.

Por su parte, el diputado de Junts Josep María Cruset ha defendido la negativa de su formación porque es "exactamente la misma (senda) que le tumbamos el año pasado" y se encuentra lejos de su exigencia de que las comunidades autónomas asuman un tercio del déficit total.

"Todo el mundo sabe que no tendrá presupuestos", ha advertido, al tiempo que ha apuntado que la "intención" de la ministra es "que el PP le tumbe los presupuestos para poder hacer su campaña en Andalucía".

"Estos presupuestos no son otra cosa que la campaña electoral del PSOE", ha coincidido la diputada de Podemos Ione Belarra, que ha defendido la abstención de su formación porque el Gobierno "planea gastarse el dinero de la vivienda pública", de la sanidad y la dependencia "en armas y tanques".

En cambio, ERC ha apoyado la senda "para permitir negociar los presupuestos", aunque, ha advertido la diputada Teresa Jordà, "primero" tienen que cumplir con todo lo pactado.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha incidido en que su grupo seguirá actuando "con responsabilidad y con ánimo constructivo para ser útiles", en línea con la diputada del PNV Idoia Sagastizábal, que ha señalado la necesidad de contar con una senda "adaptada a la coyuntura económica".

También han mostrado su apoyo el BNG y Coalición Canaria, que aunque han criticado los objetivos de déficit, han defendido la necesidad de avanzar hacia los presupuestos.

La OCDE percibe los primeros signos de que la economía española también se va a ver afectada por los efectos de la guerra comercial desatada por Donald Trump y, aunque seguirá comportándose mucho mejor que las de los grandes países de su entorno, ha recortado ligeramente sus expectativas para 2025 y 2026.

En su informe semestral de Perspectivas publicado este martes y recogido por EFE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé que su crecimiento se quede en el 2,4% este año, y el 1,9% el próximo, lo que en principio significa casi lo mismo que el 2,3% y el 2% que había anticipado en diciembre, pero si se compara con el 2,6% para 2025 y el 2,1% para 2026 que calculó en su informe interino de mediados de marzo, se puede ver una inflexión con respecto a la tendencia desde hacía más de un año.

Además, estas nuevas proyecciones de la OCDE son menos optimistas que las que también han hecho el Gobierno español en abril (2,6% para 2025 y 2,2% para 2026) y la Comisión Europea en mayo (2,6% para 2025 y 2% para 2026). Uno de los elementos que pesan es que los indicadores de actividad elaborados a partir de las encuestas a los directores de compras de las empresas se han deteriorado recientemente en España, como también ha ocurrido con Canadá, México o Estados Unidos, dentro de los miembros de este club de países desarrollados.

Una razón de carácter general es que las exportaciones españolas también se van a ver afectadas por una menor demanda de sus principales socios comerciales por el efecto de las subidas de aranceles impuestas por Estados Unidos, y eso aunque las ventas a ese país representaron en 2024 alrededor del 1% del producto interior bruto (PIB) español, un porcentaje relativamente bajo. Pero en cualquier caso, la progresión de las exportaciones se va a ralentizar (del 3,1% en 2024 al 2,2% en 2025 y en 2026). Y como al mismo tiempo las importaciones se van a acelerar (su ritmo de subida pasará del 2,4% en 2024 al 3,3% en 2025), se espera que el comercio exterior reste este año tres décimas al PIB.

En cualquier caso, la expansión de la economía española seguirá siendo muy superior a la de la zona euro (1% en 2025 y 1,2% en 2026) y también a la de Estados Unidos (1,6% en 2025 y 1,5% en 2026), que va a estar seriamente lastrada por la escalada arancelaria de Trump. Una expansión que se asienta en la demanda interna, gracias al dinamismo del consumo (cuya progresión se va a ralentizar), a un mercado laboral "robusto" (la tasa de paro va a seguir descendiendo del 11,3% en 2024 al 10,7 % en 2025 y al 10,1% en 2026) y al aumento del poder adquisitivo con una menor inflación (del 2,9% en 2024 debería pasar al 2,4% en 2025 y al 1,9% en 2026).

Como en ocasiones anteriores, la OCDE persiste en el mensaje de que sigue siendo "esencial" un ajuste fiscal para poner en regla la economía española con las reglas europeas y para poder hacer frente a las crecientes presiones derivadas del envejecimiento de la población y de la transición ecológica. Y eso aunque admite que el déficit público debe mejorar y disminuir del 3,2% del PIB en 2024 al 2,8% en 2025 y al 2,3% en 2026, gracias a los mayores ingresos por la creación de empleo y a medidas fiscales que permitirán absorber además el gradual aumento del gasto en defensa y el paquete de 14.000 millones de euros de ayudas para los sectores afectados por la guerra comercial.

La mejora de las cuentas públicas también debería traducirse en que la deuda pública pasará por debajo del listón simbólico del 100% del PIB en 2026, algo que no ocurría desde antes de la crisis de la covid en 2019.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado sus previsiones de déficit y deuda pública para España hasta 2030 y calcula que el desfase de las cuentas públicas cerrará 2025 en el 2,7% del PIB, una décima menos respecto al anterior pronóstico, mientras que el endeudamiento bajará al 100,6% del PIB, también una décima menos.

De acuerdo con la base de datos por países actualizada por el fondo tras publicar sus previsiones macroeconómicas, consultada por EFE, España reducirá el déficit público al 2,4% del PIB en 2026 y partir de ahí lo recortará una décima cada año hasta terminar 2030 en un 2%. Esta estimación es superior a la del Gobierno de España, que calcula que el déficit se situará en el 2,5% del PIB en 2025 y en el 2,1% en 2026.

En cuanto a la deuda pública, el FMI pronostica una senda decreciente con una disminución al 99% del PIB en 2026, que llegará al 93% en 2030. En este caso, mejora la senda del Gobierno, que prevé recortar la deuda al 101,4% del PIB en 2025 y al 100,1% en 2026.

El FMI considera que estos niveles de deuda son aún muy elevados y ha sugerido a España anticipar el ajuste fiscal previsto para los próximos años, según señalaba el organismo en su declaración de hace dos semanas al término de la evaluación económica anual del país (Artículo IV).

En opinión del fondo, las autoridades españolas deberían aprovechar el fuerte impulso económico para recomponer más rápidamente el espacio fiscal y reducir los riesgos de deuda soberana. Para ello, recomendaba fortalecer el marco fiscal nacional para garantizar que las regiones contribuyan al esfuerzo de consolidación y adoptar medidas favorables al empleo para solventar la creciente brecha proyectada entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la Seguridad Social consecuencia del envejecimiento de la población.

La deuda pública española bajó hasta el 104,4% del PIB en el tercer trimestre del año, tres puntos menos que en el mismo periodo de 2023, pero sigue batiendo récords si se mide su volumen en términos absolutos, 1,63 billones de euros. El repunte ha sido de 57.304 millones, un 3,6%. Hace unos días, la Comisión Europea ha validado el plan fiscal que el Gobierno español le había enviado en octubre, porque considera que establece una senda “creíble” para garantizar que la deuda pública bajará o se situará en niveles “prudentes”. Y es que, tras la entrada en vigor el pasado abril de las nuevas reglas fiscales de la UE y teniendo en cuenta el débil crecimiento económico europeo –lastrado por la mala salud de sus dos principales motores: Alemania y Francia–, la consolidación fiscal, como la llaman los economistas, y la austeridad, como se bautizó en la penúltima crisis, vuelve al centro de atención de expertos y políticos, y ocupa titulares.

La época en que los gobiernos pusieron en marcha grandes planes de gasto para luchar contra la parálisis económica causada por el covid y para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania ha quedado atrás. Entonces Bruselas suspendió las reglas fiscales europeas, fijadas en un 3% de déficit y un 60% del PIB para la deuda pública. Ahora, los vientos soplan del lado contrario. Según calcula Bruselas, de 2025 a 2028 la eurozona deberá aplicar un ajuste fiscal de 1,9 puntos porcentuales de PIB. El país que más tendrá que apretarse el cinturón es Finlandia, 4,8 puntos porcentuales, mientras que a Alemania sólo le sobran 0,4 puntos y a Irlanda, ninguno. El ajuste español debe ser de 3,6 puntos porcentuales de PIB, sólo una décima menos que el francés.

Para hacerse una idea de la profundidad del recorte, se puede comparar con los casi siete puntos porcentuales del ajuste sufrido por la economía española entre 2011 y 2013, los años de la gran crisis financiera y de la austeridad impuesta por Bruselas tras el rescate a la banca. Es decir, el esfuerzo fiscal que se le pide a España es la mitad del que tuvo que hacer una década atrás. Además, esta vez “la senda que ha mandado el Gobierno a Bruselas está bien dosificada en el tiempo”, por lo que el ajuste debería ser mucho menos doloroso, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea. La incógnita, añade, es que el Gobierno aún no ha concretado cómo va a llevarlo a cabo.

Para reducir la deuda sólo hay dos caminos: recortar el gasto público y subir los impuestos. Tras la crisis financiera, la mayor parte del ajuste fiscal se llevó a cabo mediante recortes del gasto público, un 56%; el resto fueron subidas de impuestos. El FMI, en su más reciente Monitor Fiscal, apremia a los gobiernos a “reconstruir los colchones fiscales” y a contener la deuda pública “ahora y no más tarde”. Dice que retrasarlo sólo aumentará la necesidad de hacer “una corrección mayor” más adelante. Justifica la oportunidad del momento en el hecho de que la inflación se está moderando y los bancos centrales han bajado los tipos de interés, por lo que las economías se hallan “en mejores condiciones para absorber el efecto económico del endurecimiento de la política fiscal”.

Porque de lo que no hay duda es de que esos ajustes tienen un inevitable impacto en la economía y en los hogares, como el mismo FMI reconoce. Los recortes en las transferencias de dinero público afectan a los ciudadanos, en especial a los de rentas más bajas. Habrá menos subsidios y prestaciones o éstos serán de menor cuantía, por ejemplo, si se recorta el gasto social. El resultado inmediato es una reducción del consumo de los hogares. Y un aumento de la desigualdad. Otro tanto ocurre si se bajan los salarios de los funcionarios. Finalmente, si se recorta la inversión pública, inevitablemente caerá la actividad económica.

Como recuerda Philipp Heimberger, economista del Vienna Institute for International Economic Studies, en Consolidación fiscal y sus efectos sobre el crecimiento en la eurozona, los ajustes fiscales siempre frenan la actividad económica en el corto plazo. Así, un recorte del 1% del PIB se traduce en una pérdida de crecimiento del 1% los dos primeros años y del 3,5% en cinco años. De hecho, explica, entre 2011 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, las ratios de deuda pública respecto al PIB de los países del sur de Europa empeoraron con la austeridad porque sus economías entraron en recesión y se redujo el denominador de la fórmula.

El Banco de España ya ha cuantificado el impacto que el ajuste previsto puede tener en la economía. En las proyecciones económicas que publicó la semana pasada, cifra en un 3,9% lo que crecerá el gasto de promedio entre 2025 y 2027, cuatro décimas porcentuales más de lo que prevé el Gobierno en el Plan Fiscal enviado a Bruselas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, también cree que el gasto se desviará sólo un poco menos: tres décimas. Tras señalar que el Gobierno no ha concretado suficientemente cómo va a llevar a cabo el ajuste fiscal al que se ha comprometido, el Banco de España plantea dos posibles escenarios, dependiendo de cómo se dibuje ese recorte. El primero, reduciendo la inversión pública, frenará el crecimiento del PIB en un un 0,5%. El segundo, rebajando el resto de las partidas de gasto pero protegiendo la inversión pública, rebajará un 0,3% el PIB en 2027.

De ahí que el FMI pida un “diseño cuidadoso” del ajuste fiscal, para evitar que los países terminen en lo que denomina como “crecimiento anémico”. Pero también recomienda como medida paliativa un aumento de los impuestos progresivos que, a su juicio, afectará menos a la actividad económica que el recorte del gasto público, considerando que las rentas más altas –las que más impuestos pagarán– reducen menos su consumo porque cuentan con un mayor colchón patrimonial. “El problema que tienen las subidas de impuestos en los tramos superiores es que genera un aumento de la recaudación poco relevante”, precisa Diego Martínez. Lo mismo ocurre con los impuestos a las energéticas o la banca, por cuyo mantenimiento lucha el Gobierno en el Congreso.

Para Carlos Martín Urriza, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares y portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Sumar, la austeridad no es el camino. En su lugar, aboga por “encauzar el capital hacia inversiones más productivas”. Se refiere tanto a los Fondos Next Generation de la UE para la transición digital y la ecológica, como al capital humano, consiguiendo “un mercado de trabajo lo más amplio posible”. Martín Urriza cree que es la receta adecuada para un país que tiene infrautilizados sus recursos laborales, con una tasa de paro elevadísima, un alto porcentaje de contratos a tiempo parcial indeseados o demasiados trabajadores subempleados. Por lo que propone “elevar los estándares laborales”, subiendo el Salario Mínimo Interprofesional o mejorando el cumplimiento de la jornada de trabajo, para que prevalezcan las empresas más productivas.

Bajando al detalle, el FMI recomienda eliminar las subvenciones a los combustibles, que en los países en desarrollo “favorecen desproporcionadamente” a los más ricos, mientras que en los países más avanzados sus beneficios recaen en gran medida en las rentas medias. A España, en concreto, le sugiere que “mejore la eficiencia” de los beneficios fiscales; es decir, de las deducciones, exenciones y bonificaciones de las que disfrutan determinados contribuyentes, actividades o inversiones. En los últimos Presupuestos del Estado, su cuantía ascendía a 45.268 millones de euros. “Es una gran fuente de ingresos a los que se está renunciando”, admite Diego Martínez. Carlos Martín coincide en que hay que “redefenir” el catálogo de exenciones y deducciones, sobre todo en el impuesto de sociedades, pues sus deficiencias de diseño permiten a la empresas el “escaqueo fiscal”.

A Estados Unidos, el FMI le recomienda en cambio que suba los impuestos indirectos y aumente de forma progresiva el impuesto sobre la renta, mientras que a Reino Unido le pide que elimine exenciones al IVA. Con Francia es más expeditivo y le aconseja que redefina sus prioridades de gasto “dentro de un recorte general del gasto público”.

La razón de tanta dureza estriba en que la deuda pública francesa ha escalado hasta el 112% del PIB, y está casi ocho puntos por encima de la española. Tal es así que la prima de riesgo gala ha igualado a la griega y superado a la española. Algo impensable en los peores años de la crisis financiera cuando el diferencial de la deuda española con la alemana se disparó hasta casi los 500 puntos básicos y la griega superó los 1.000. Ahora la prima de riesgo de España se sitúa por debajo de los 70 puntos básicos. La de Francia ha llegado a exceder los 90. Merece la pena recordar también que el déficit público francés superará este año el 6%, mientras que el español se quedará en el 3%.

La alarma es de tal envergadura que el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard urgió la semana pasada a abordar en Francia un recorte del gasto público y un aumento de los ingresos que sume 150.000 millones de euros “a largo plazo”. A su juicio, la mayor parte del ajuste debería realizarse en el lado del gasto, pero sin comprometer la inversión pública. “A menos que le pidamos a Elon Musk que haga el trabajo, no podemos solucionar el problema reduciendo los gastos operativos [de la Administración]”, advierte Blanchard en referencia a los recortes masivos de funcionarios que ha anunciado el multimillonario elegido por Donald Trump para encabezar el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

No obstante, en un artículo publicado en el periódico Le Point y firmado junto con François Ecalle, asesor honorario del Tribunal de Cuentas francés, Blanchard no duda en proponer recortes en las prestaciones sociales. Y no le bastan las pensiones, también plantea pasar la tijera a las prestaciones de desempleo y familiares, al reembolso de los medicamentos o incluso al equivalente francés del Ingreso Mínimo Vital, allí llamado Ingreso de Solidaridad Activa (RSA). También aboga por aumentar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad. En resumen, un programa de recortes sociales que no satisfará precisamente a la izquierda gala, movilizada en pleno contra la reforma de las pensiones propulsada por Emmanuel Macron.

Por lo que a España se refiere, el plan fiscal recién validado por Bruselas prevé que la ratio de deuda pública respecto al PIB siga bajando hasta el 102,5% este año e incluso llegue al 98,4% en 2027 y al 90,6% en 2031. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, fía esa senda al crecimiento español –Bruselas lo ha elevado al 3% este año–, que permitirá “proteger el Estado del bienestar de cara al futuro” al tiempo que sostener las inversiones, según aseguró en su cuenta de X.

“El crecimiento económico, en efecto, amortigua el ajuste fiscal, pero ese esfuerzo lo pide Bruselas en términos estructurales, es decir, descontando el efecto del ciclo económico sobre los ingresos”, detalla Diego Martínez. De forma que eso le permite al Gobierno “comportarse un poco como el doctor Jeckyll y Míster Hyde”, añade, “y eso es bueno: puede meter mejor el cuchillo en decisiones estructurales si tiene un ciclo económico que le ayuda a generar ingresos de forma automática, con el viento a favor”.  

Sin embargo, Philipp Heimberger advierte de que la Comisión Europea subestima los efectos negativos sobre el crecimiento económico del ajuste fiscal que exige. “Las ratios de deuda pública de la zona euro probablemente no se reducirán a medio plazo tanto como se espera”, explica, “de hecho, la consolidación fiscal durante el periodo de ajuste bien puede desacelerar la economía o al menos conducir a un estancamiento”. De hecho, calcula que la Comisión Europea ha infravalorado en 3,1 puntos porcentuales la previsión para 2033 del peso de la deuda pública sobre el PIB español y aún más, 3,9 puntos porcentuales, la de Francia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el déficit público de España cerró en una tasa del 3,7% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Ha sido en su primera intervención en la sesión de control en el Congreso este miércoles y en respuesta al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, donde Sánchez ha deslizado este dato, recogido todo por Europa Press.

"Gracias al buen desempeño económico del país ya le puedo garantizar que este año vamos a cerrar, o mejor dicho, el año 2023, vamos a cerrar con un déficit público del 3,7%", ha dicho en concreto Sánchez. Una tasa que, según Sánchez, supone cumplir con los objetivos fiscales que el Gobierno se había marcado previamente, en línea con un proyecto de país marcado por el "diálogo, la convivencia, la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico, la creación de empleo y derechos". "Eso es gobernar, y por cierto, gobernar bien", ha remachado el presidente.

En esta línea, Sánchez ha recordado que ha sido el propio comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien ha dicho que España "está en mejor forma que la Unión Europea", de modo que el país crece "cinco veces más que la media de la zona de Euro", cuenta con uno de los datos de inflación más bajos, con casi 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y una tasa de temporalidad del 16%.

Los europeos aún no se han dado cuenta, pero podrían tener un duro despertar, como ya ilustran en Alemania las manifestaciones masivas de agricultores contra la supresión de una parte de sus subvenciones: el paréntesis abierto en la época de la crisis del Covid, prolongado con la guerra de Ucrania y los choques energético e inflacionista, que había dejado aparcadas todas las reglas fiscales y presupuestarias, está cerrado desde el 1 de enero. La norma en toda la Unión vuelve a ser la vuelta a la disciplina financiera de los Estados miembros, que salen de este periodo fuertemente endeudados. 

Pero los dirigentes europeos insisten en que han aprendido de los errores de los programas de austeridad impuestos en la eurozona durante la crisis. Errores que condujeron a una década perdida para Europa y a que la economía europea quedara muy por detrás de la de Estados Unidos. Prometen que la vuelta a la disciplina presupuestaria no será igual que el "corsé presupuestario" anterior, con su 3% de déficit presupuestario y su 60% de deuda. 

Al final de un maratón del que Europa guarda secreto, los ministros europeos de Economía aprobaron el 20 de diciembre un pacto de estabilidad transformado. Se trata de "un nuevo marco de gobernanza económica", insistió Nadia Calviño, entonces ministra española de Economía y Hacienda, responsable de llevar a buen puerto el acuerdo en el marco de la presidencia de su país, que concluyó a finales de diciembre. El acuerdo debe basarse en "normas equilibradas, realistas y apropiadas" para todos los países.

Aliviados por haber encontrado un compromiso que muchos creían imposible, los ministros europeos se autofelicitaron y declararon que el pacto evitaría todos los escollos de las normas del pasado. Bruno Le Maire fue uno de los más efusivos, alabando el regreso de la entente franco-alemana, estancada desde hace meses. El ministro francés de Finanzas celebró "un acuerdo histórico". Según él, el pacto dará a los Estados miembros el margen de maniobra que necesitan para seguir invirtiendo al tiempo que aplican una política fiscal "disciplinada".  

Los ministros son los únicos que acogen con satisfacción este Pacto de Estabilidad reformado. De todos los frentes llegan críticas: economistas, políticos y sindicatos denuncian el "software inalterado" europeo de normas presupuestarias "absurdas" que sólo pueden conducir a la austeridad.  

Las nuevas normas supondrán recortes presupuestarios de "más de 100.000 millones de euros a partir del año que viene", advierte la Confederación Europea de Sindicatos, que agrupa a los sindicatos de los Estados miembros. En su opinión, la austeridad presupuestaria se traducirá probablemente en nuevas medidas contra los trabajadores y las clases medias. 

"Es el regreso del talibanismo presupuestario", afirma Philippe Lamberts, copresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo. Para él, este nuevo pacto constituye "un suicidio económico y político para la Unión Europea". "En un momento en que Europa necesita invertir en la transición ecológica, en defensa, investigación, tecnología digital e reindustrialización, nos estamos negando a nosotros mismos el arma de la inversión", señala, apuntando a "la creciente distancia entre las palabras y los hechos" en una Europa que no para de hablar de soberanía. 

"Pueden hablarnos todo lo que quieran de la soberanía europea, pero eso hay que financiarlo", añade la eurodiputada de la Izquierda Social y Ecológica Aurore Lalucq. Este proyecto de reforma es un "error histórico" que corre el riesgo de "proporcionar un caldo de cultivo a la extrema derecha en Europa". 

A pesar de todas esas advertencias, el Parlamento Europeo aprobó el miércoles 17 de enero el proyecto de reforma del Pacto de Estabilidad por 431 votos a favor y 172 en contra, con el apoyo masivo de la derecha, el centro y los socialdemócratas. "Si los socialdemócratas hubieran votado en contra, la relación de fuerzas habría sido diferente", comentó Philippe Lamberts tras la votación en la Comisión de Asuntos Económicos, presagiando el resultado de la sesión plenaria.  

Ahora comenzarán las negociaciones entre la Comisión Europea y el Parlamento para armonizar el texto, pero las líneas maestras ya están marcadas: Europa se embarca en una senda de austeridad y recesión. 

Oficialmente, los criterios grabados a fuego del Tratado de Maastricht (3% de déficit presupuestario, 60% de deuda) ya no son las referencias insuperables de la política europea. Sin embargo, siguen siendo un subtexto omnipresente, incluso en los métodos de cálculo y las nuevas normas destinadas a dar a los países europeos una mayor flexibilidad en sus políticas presupuestarias. 

En resumen, los Estados miembros con déficits y deudas excesivos dispondrán de un periodo de ajuste de cuatro años para reconducir sus cuentas públicas a una senda presupuestaria considerada "sostenible". El periodo de ajuste podrá ampliarse a siete años si los Estados miembros adoptan "reformas estructurales" consideradas susceptibles de mejorar la "resiliencia" financiera. 

¿Es necesario aclarar qué entiende la Comisión Europea por "reformas estructurales"? Desde la crisis de la eurozona, estas reformas siempre han adoptado la misma forma: la destrucción y el empobrecimiento del Estado del bienestar, el trabajo, las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios públicos en general. 

Una concesión importante a los ojos de algunos gobiernos es que el gasto público se evaluará según el concepto de gasto primario, es decir, excluyendo los tipos de interés o los efectos fiscales. Fue este cambio el que llevó a Bruno Le Maire a felicitarse por la flexibilización de las normas, que dará al Gobierno cierto margen de maniobra: el aumento de la deuda en Francia, provocado por la rápida subida de los tipos de interés, quedará parcialmente neutralizado, lo que permitirá mostrar una recuperación de las cuentas públicas, que podría ser en parte virtual. 

Por otra parte, no se hace ninguna distinción en los gastos: se utilicen para financiar la transición ecológica, la investigación o para compensar las ventajas fiscales concedidas a unos pocos, la Comisión Europea no ve ninguna diferencia. 

La nueva flexibilidad presupuestaria propuesta por los dirigentes europeos corre el riesgo de ser muy ilusoria. A cambio de este periodo de transición, Alemania, que no ha renunciado en absoluto a sus reglas del ordoliberalismo (corriente de pensamiento económico que defiende la economía social de mercado, ndt), ha impuesto, con el apoyo de los demás países llamados frugales (Países Bajos, Austria y Estados bálticos), cláusulas de salvaguardia acompañadas de sanciones para los países más endeudados, con el fin de garantizar que sigan la senda de la disciplina financiera y el respeto de las reglas europeas. 

Aunque el déficit presupuestario se fije en el 3%, los países deberán obligarse a no superar el 1,5%, según el deseo alemán, para disponer de un colchón de seguridad en caso de crisis o choque imprevisto, y poder aportar un apoyo presupuestario a la economía sin sobrepasar el 3%.  

La Comisión establecerá programas presupuestarios para cada país cuya deuda supere el 90% del PIB. Estos países tendrán que reducir su deuda en un punto del PIB cada año mientras dure su plan nacional de gastos. Este objetivo se reducirá a la mitad para los países cuya deuda se sitúe entre el 60% y el 90% del PIB. 

Se impondrán normas adicionales a los países con déficits presupuestarios superiores al 3% y niveles de deuda superiores al 60%. A los países que no cumplan sus objetivos presupuestarios se les reforzarán las sanciones, exigiéndoles que reduzcan su gasto en un 0,5% adicional del PIB al año.

Las líneas generales de este Pacto de Estabilidad reformado no reflejan toda su complejidad y vaguedad. Todo se basa en conceptos mal definidos y fluctuantes. Aurore Lalucq dice que es “una fábrica de gas", lo que significa que ni los políticos ni el público en general pueden entender los mecanismos, negociarlos o cuestionarlos. “Ni siquiera los técnicos llegan a entenderlos", afirma. “Mi única esperanza es que estas normas sean tan complicadas que no puedan aplicarse".  

Un informe del instituto Bruegel, elaborado a finales de diciembre sobre la base de los términos del acuerdo de los ministros de Finanzas, da una idea de la complejidad de las normas previstas: hay numerosas medidas casi incomprensibles. 

La única certeza es que darán un poder exorbitante a la Comisión, mermando un poco más la esencia de los procedimientos democráticos nacionales. La Comisión se encargará de comprobar los planes presupuestarios de cada país, tendrá poder para imponer determinadas medidas y condiciones, y controlará la aplicación de los programas acordados. "Todo esto plantea un problema de credibilidad", afirma Éric Dor, director de investigación de Ia escuela de negocios IESEG de París. "El objetivo era que el sistema fuera más claro. Ahora es aún más opaco: cada país negociará sus programas presupuestarios con la Comisión. Y no todos tienen el mismo poder de negociación.” 

"Los detalles no importan realmente", insiste Philippe Lamberts. "Lo que tenemos que entender es que los halcones del presupuesto han ganado. Los recortes presupuestarios van a ser obligatorios para todos". 

Mientras Europa vuelve a la senda de la austeridad, el déficit presupuestario medio de los países de la eurozona es del 3,6%. Según las previsiones de la Comisión Europea, diez de los veinte países que comparten el euro como moneda, entre ellos Francia, Italia, Bélgica y Finlandia, superarán el fatídico umbral del 3% en 2024, Además, doce países han superado el 60% de deuda. Siete de ellos, incluidos Grecia, Bélgica, Italia y Francia, tienen niveles de deuda superiores al 100%. Sin más dilación, se espera que la Comisión inicie esta primavera procedimientos por "déficit excesivo" contra algunos Estados miembros, entre ellos Francia e Italia. 

Las primeras medidas de austeridad anunciadas por Macron en conferencia de prensa, son los impuestos sobre la electricidad en febrero y la duplicación de los gastos de franquicia para los medicamentos, que sube a 1 euro. El Gobierno francés, diga lo que diga, está decidido a hacer pagar el pasado "cueste lo que cueste" aumentando sustancialmente los impuestos, los más desiguales, y recortando los gastos sociales, en detrimento de las familias más pobres y de las clases medias. 

Bruno Le Maire ya ha anunciado la necesidad de alcanzar 12.000 millones de euros de ahorro este año. Sin embargo, según cifras citadas por la Confederación Europea de Sindicatos, Francia tendrá que hacer recortes presupuestarios de más de 26.000 millones de euros al año a partir de la entrada en vigor del nuevo Pacto de Estabilidad, si el ajuste se hace en cuatro años, y de 14.000 millones si se hace en siete años.  

Los esfuerzos exigidos a los demás Estados miembros son también descomunales. Italia deberá reducir su gasto entre 13.500 y 25.400 millones de euros, dependiendo de si sus planes son a siete o a cuatro años. España tendrá que ahorrar entre 8.900 y 13.900 millones de euros, y Alemania entre 5.800 y 11.000 millones. 

En un momento en que la subida de los tipos de interés provocada por el resurgimiento de la inflación y el choque energético vinculado en parte a la guerra de Ucrania han llevado a la zona euro al borde de la recesión desde hace seis meses, esta política deliberada de restricción presupuestaria impuesta al mismo tiempo en los mayores países europeos corre el riesgo de provocar un choque recesivo sin precedentes y marginar a Europa. 

Ante tales exigencias, cualquier opción presupuestaria se hace prácticamente imposible, y cualquier política pública se verá condenada de antemano. "Esta es la base sobre la que se construyó Europa. Niega cualquier política pública ambiciosa que pueda reforzar el poder de los Estados", señala Anton Brender, profesor emérito de la Universidad París-Dauphine. 

La influencia alemana es predominante en estas opciones. Mientras Alemania ve desmoronarse ante sus ojos todo su modelo económico industrial y exportador, el gobierno, y en particular su ministro de Finanzas, el centrista Christian Lindner, sigue defendiendo la más estricta ortodoxia presupuestaria. 

El gasto público es sospechoso de entrada. A pesar de las numerosas demostraciones en los últimos años, sin olvidar el colapso de Grecia, cualquier política de apoyo presupuestario anticíclico se considera un grave error, cuando no una herejía. El déficit se considera una falta y la deuda abre las puertas del infierno. 

Y la posición de Berlín se endureció aún más tras la sentencia del Tribunal de Karlsruhe (su tribunal constitucional, ndt) que prohibía al gobierno apartarse de la regla de oro del déficit cero: la austeridad impuesta constitucionalmente a Alemania debía extenderse a toda Europa.

"La deuda es consustancial a la actividad económica. Fijar la deuda en el 60% del PIB significa organizar la regresión económica. Tenemos que aceptar que hay que endeudarse", afirma Anton Brender. Continuando con sus reflexiones paralelas, Éric Dor comparó las trayectorias presupuestarias y de endeudamiento de Europa y Estados Unidos. A pesar de su profesada postura liberal, el gobierno federal americano proporciona un apoyo continuo a la economía, aceptando mucha más deuda que Europa. Y sigue haciéndolo hoy en día, aunque puede que demasiado, con su política de reindustrialización. 

¿Casualidad? Aunque las economías europea y americana habían seguido el mismo camino desde la década de 2000, se separaron a partir de 2013, cuando se introdujeron las políticas de austeridad en Europa. Desde entonces, la brecha no ha dejado de aumentar: la diferencia de PIB entre Europa y Estados Unidos es ahora del 80%. 

Lejos de tranquilizar a los mercados, como desearían los dirigentes europeos, el camino que está tomando la Unión puede llegar a preocuparlos. Porque las opciones de la UE están aniquilando una serie de opciones para su futuro y el desarrollo futuro de su economía. 

Según los cálculos del Instituto Rousseau, citados por el grupo de los Verdes, cada país europeo tendría que invertir cada año alrededor del 2,3% de su PIB para apoyar la transición ecológica y el desarrollo de su defensa. No se puede contar con las instituciones europeas para ello. Tras aceptar el plan europeo de recuperación en el momento de la pandemia, Alemania dejó claro que ése sería el único desvío de sus principios. Por tanto, los Estados miembros sólo pueden contar con sus propias fuerzas y capacidades. 

En un momento en que las ambiciones de Europa en materia de transición ecológica no dejan de reducirse, a medida que se revisa a la baja el Plan Verde, la orientación austeritaria de este nuevo Pacto de Estabilidad puede llegar a asestar un golpe mortal a la aplicación de las políticas de lucha contra el cambio climático. 

Como ya es su costumbre, Europa confía en el capital privado para aplicar esta política. Aparte de los problemas de control democrático, lo sucedido en los últimos cinco años plantea muchos interrogantes. Mientras abogaba por la "financiación verde", el capital privado sólo ha invertido en los proyectos más rentables, exigiendo además que los gobiernos ofrecieran garantías y asumieran todos los riesgos. En los últimos dieciocho meses, este capital se ha alejado incluso de los proyectos "verdes", volviendo sobre todo a la industria de los combustibles fósiles, mucho más rentable. 

"No debemos olvidar tampoco los proyectos medioambientales no rentables. Proteger el agua, las costas, la biodiversidad, determinadas zonas... todo eso que forma parte del bien común. Necesitamos políticas públicas para financiarlos y protegerlos. ¿Cómo hacerlo con políticas de austeridad?", se pregunta Aurore Lalucq. Del mismo modo, todas las medidas para apoyar a los hogares más pobres y ayudarles a compensar los costes de la transición ecológica parecen condenadas a quedarse a dos velas, a lo que hay que añadir el riesgo de alimentar la oposición de la extrema derecha a todas las políticas ecológicas. 

Lo que vale para la transición ecológica vale también para la defensa, la investigación, la reindustrialización, el desarrollo de la economía digital... temas todos ellos destacados por la Comisión Europea en su apuesta por recuperar la soberanía del continente. "Vamos a la competencia mundial mancos y cojos, y luego se nos pide que corramos el maratón contra Estados Unidos y China", se queja Philippe Lamberts. "Con esta política, nos convertiremos en el juguete de esas dos potencias. Todo esto sólo puede hacerle el juego a la extrema derecha y conducir a la desintegración de la Unión", vaticina el eurodiputado.

Traducción de Miguel López

La economía española evolucionó en 2022 y 2023 mucho mejor que la de la mayoría de los países de nuestro entorno, pero, igual que el resto de Europa, ha empezado a dar muestras de enfriamiento. Un balance positivo, pero una tendencia cada vez más moderada. Un cóctel perfecto para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya terminado el año satisfecho por lo conseguido y para que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya repetido el análisis catastrofista que lleva haciendo desde que se hizo con las riendas del Partido Popular.

La comparación de lo que dicen sobre el mismo asunto muestra cómo Feijóo retuerce los datos positivos en busca de ángulos negativos. “De nuevo, afortunadamente, la economía española ha desmentido a todos los profetas del caos, mostrando solidez y fortaleza, a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo en todo el contexto internacional”, sostiene el presidente. “Si de lo que más presume el Gobierno es de la marcha económica de nuestro país, basta con que cada familia eche cuentas y le responda cómo se vive en España y las dificultades para llegar a fin de mes”, responde el líder de la derecha española.

Los principales organismos internacionales y nacionales pronosticaban que el crecimiento económico del Producto Interior Bruto (PIB) en España fuera en el año 2023 del 1,2%, recordó Sánchez a finales de año. “Hoy sabemos que España va a crecer el doble, es decir, cerca del 2,5%, cuatro veces más que la media de la eurozona.

Feijóo hace tiempo que no habla de las cifras de crecimiento. Su equipo, cuando hace referencia al PIB, se limita a constatar una “desaceleración”, pero ya no habla de inflamiento de previsiones ni compara con otros países en los que la situación es notablemente peor. Con todo, el líder del PP no evitó en su balance de 2023 una referencia sin soporte documental alguno: “Nuestra economía es una de las peores economías de la Unión Europea”.

La Comisión Europea preveía un crecimiento del 0,8% del empleo para el año 2023 en España. Ha sido de más del doble, alrededor del 2%. Así que no es de extrañar que el Gobierno saque pecho con las cifras de 2023: más de 20.800.000 afiliados a la Seguridad Social, 700.000 personas más que en 2022 con un contrato indefinido gracias a la reforma laboral, 300.000 mujeres y 100.000 jóvenes más trabajando que hace un año y 150.000 desempleados menos que hace un año. “España creó dos de cada tres nuevos empleos en la eurozona en el tercer trimestre del año 2023”, se felicitó Sánchez en su balance anual. Sin olvidar la subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional a lo largo de los últimos años.

Los datos son tan positivos que Feijóo, en su comparecencia de diciembre, ni siquiera habló de empleo. Lo cual no significa que el PP no encuentre ángulos desde los que criticar la evolución del mercado de trabajo, como poner en duda la estadística afirmando que los fijos discontinuos son parados encubiertos.

El coordinador del área económica del PP, Juan Bravo, lo repitió esta semana, en una comparecencia en la que habló de “maquillaje” y criticó que “la bajada del desempleo” haya “sido la mitad de la que se produjo el año anterior”. “Eso hace ver una cierta ralentización, una cierta desaceleración de la economía”, lamentó.

La evolución de la inflación, disparada en toda Europa como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, ha ido sensiblemente mejor que en otros países. Sánchez recordó a finales de año que hace doce meses “era del 6,8%” y ahora está “en el 3,2%”.

La mejor prueba de que las cosas han mejorado en este capítulo es que las cifras de inflación han desaparecido del argumentario del PP, cuando hace apenas unos meses eran una de sus prioridades. Ahora Feijóo se limita a hablar de la “subida de precios”, sin mencionar cifras, ni por supuesto comparar con otros países.

Para no hablar de los datos positivos, el líder del PP destaca que “la inflación en España sigue por encima de la media de la Unión Europea” (cuando está por debajo no hace referencia a este dato). Y cita los precios de los alimentos de los dos últimos años (un aumento del 33,8%) para criticar la política del ejecutivo.

Feijóo se refiere siempre a “las dificultades económicas y sociales que están pasando la mayoría de los ciudadanos y, por supuesto, las rentas más modestas y las rentas medias”. Las familias españolas, asegura, tienen ahora “el mismo poder adquisitivo que hace 15 años y pagamos más impuestos que nunca”.

Sánchez sostiene, en cambio, que “las políticas de protección de rentas” del Gobierno han contribuido a que los trabajadores “no pierdan tanto poder adquisitivo”. A falta de cifras definitivas, las provisionales de inflación y subidas salariales de 2023 apuntan a que no habrá pérdida.

En materia de déficit público —la diferencia anual entre ingresos y gastos del sector público— el Gobierno de España mantiene su compromiso de bajar el porcentaje al 3% del PIB durante el año 2024. “Hemos consolidado nuestras cuentas”, destacó Sánchez hace unos días. “Recordemos que en el año 2021 partíamos de un déficit público del 10% y vamos a acabar este año por debajo del 4%”.

Feijóo ni siquiera menciona cifras en este apartado. Sin respaldo contable alguno, asegura sin más que “tenemos un déficit descontrolado y muy lejos de los objetivos que fija la Unión Europea”, cuando en realidad los objetivos del Gobierno han sido pactados con Bruselas.

La deuda de las administraciones públicas continúa descendiendo en relación con el PIB y se situó en el 109,9% en el tercer trimestre de 2023, aunque todavía está por encima de los niveles prepandemia. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, se situará en el cuarto trimestre del año que acaba de terminar en el 108,1% y caerá en 2024 al 106,3%. Antes de la crisis, Sánchez había logrado reducirla por primera vez en muchos años por debajo del 100%, hasta el 98,2% del PIB.

Para no reconocer esa evolución positiva, Feijóo prefiere hablar de cifras absolutas. Porque así puede acusar a Sánchez de que la administración debe más dinero, aunque la cifra —en proporción al PIB— sea menor. “El Gobierno ha endeudado a los españoles a razón de 200 millones de euros de deuda pública cada día en los últimos cinco años”, repite una y otra vez cuando se refiere a la situación de la economía.

Para oscurecer el balance económico, Feijóo se sale de las variables al uso para incorporar otras como la pobreza, el fracaso escolar o las listas de espera. ”Uno de cada cuatro españoles vive en el umbral de pobreza. Y, de acuerdo con Unicef, somos el primer país en tasa de pobreza infantil. Hay 3,2 millones de hogares que sufren pobreza energética, es decir, ocho millones de españoles viven en hogares con pobreza energética”, y “padecemos la tercera peor tasa de abandono escolar de los 34 países de la OCDE”.

Lo cierto es que la tasa de pobreza llegó a ser peor con Mariano Rajoy (un tercio). Con el último Gobierno del PP, había 2.800.000 niños en situación de pobreza o riesgo de exclusión, 100.000 más que cinco años antes.

La referencia a Unicef es correcta, pero lo que Feijóo no dice es que ese mismo informe refleja que mientras algunos de los países más ricos del mundo experimentaron fuertes aumentos de pobreza infantil entre 2014 y 2021, la tasa de España mejoró, con una reducción del 4%. España está “entre los países que partían de unas altas tasas de pobreza infantil” y no ha logrado “una mejoría significativa, aunque se mantienen relativamente estables”, según Unicef.

Por lo que se refiere al abandono escolar, en realidad la tasa baja de forma sostenida desde 2008. Ha pasado del 17,9% con Rajoy en 2018 al 13,3% en 2021, último año disponible, como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), por lo que ha bajado 4,6 puntos porcentuales.

Que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con las reglas fiscales de la Unión Europea, suspendidas desde que estalló la pandemia de la covid-19, es una de las fijaciones del discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que aterrizó en la escena política nacional. El líder de la oposición defiende desde entonces la necesidad de aplicar ajustes que permitan reducir deuda y déficit nacional y renunciar en la práctica a la suspensión excepcional de los límites decretada por Bruselas para facilitar a los países miembros la financiación de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.

No es algo que haya hecho sólo España. En realidad, en 2020, salvo Suecia y Dinamarca, ningún país cumplió con el déficit fiscal europeo y, en 2021, fueron 15 los que no lo hicieron. 

Volver a las reglas de gasto anteriores, que marcan un déficit anual por debajo del 3% y un objetivo de deuda inferior al 60% del PIB, lo defienden en la Unión Europea los halcones, los gobiernos que en su día más se opusieron a iniciativas como la creación de los fondos extraordinarios Next Generation, liderados estos días por Alemania. Aunque este pasado martes los ministros de finanzas de los 27 llegaron a un preacuerdo para que el regreso a la estabilidad se aplique de manera mucho más flexible que en el pasado. La letra pequeña deberá fijarse antes de que termine 2023, coincidiendo con la presidencia española de la Unión y la campaña de las elecciones generales.

El pasado 8 de marzo, mientras en España la atención se dirigía a las controversias provocadas por la ley del sólo sí es sí y la ley trans, Bruselas dio el primer paso para poner fin a una excepcionalidad que comenzó en 2019. La Comisión Europea quiere que los presupuestos para 2024 vuelvan a incluir una senda creíble para alcanzar el objetivo de reducir el déficit público, aunque de momento no hay previsión de incluir procedimientos sancionadores para los países que no lo hagan.

La idea es, en palabras del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, que “la economía europea ya no está en grave recesión. Se ha recuperado más allá de su nivel prepandémico“ y “hemos superado la intensa primera fase de la crisis energética”, por lo que es necesario volver a embridar la deuda, que en algunos países, entre ellos España, ha vuelto a crecer.

No obstante, los detalles acerca del modo en que Europa volverá a tener un plan de estabilidad están todavía en discusión. Y es ahí donde la posición de Núñez Feijóo parece estar alineada con la de los halcones, los países que defienden el regreso a un modelo de control estricto de deuda y déficit. 

El Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, no está entre ellos. El equipo liderado por la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende la contención de ambos indicadores, pero también su modulación en función de la situación de cada país. Entre otras cosas porque alcanzar el 60% de deuda está lejos de las posibilidades de cualquier gobierno, a menos que acometa una drástica reducción del gasto.

En el PP se apoyan en criterios como el expresado recientemente por la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero: “Llevamos tiempo diciendo que nos iba a pillar el toro y que tarde o temprano iban a volver las reglas fiscales”. Según ella, es “razonable” pensar que España pueda cumplir y alcanzar en poco tiempo un déficit por debajo del 3%, pero no rebajar sustancialmente la deuda pública, a menos que se pongan en marcha “medidas estructurales”, que es una manera de señalar que hará falta reducir sustancialmente el gasto. 

En Génova se fijan también en la opinión de Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, partidario de que nuestro país inicie cuanto antes, este mismo año, “un proceso de consolidación fiscal”. 

En esa línea, Feijóo evita hablar de ajustes, especialmente con unas elecciones generales a las puertas. Porque reducir la deuda por la vía de la contención del gasto significa tocar las grandes partidas del presupuesto (pensiones, educación, sanidad y servicios públicos en general) y echar mano de la gestión privada.

No es algo que tenga buena acogida, así que el líder del PP nunca concreta sus planes. Pero a veces da pistas. Desde hace un año defiende una reducción de lo que el PP llama el “gasto superfluo” de la administración, pero sin señalar a nadie. De hecho, para curarse en salud, lo que Feijóo propone es pasar la patata caliente a la Airef para que sea este organismo el que identifique a través de una auditoría dónde se puede meter la tijera. Es su manera de presentar la política económica que está cocinando como si fuera una conclusión técnica, no una elección política, uno de sus argumentos favoritos desde que se dedica a gestionar fondos públicos.

En el PP han hecho de la deuda y del déficit dos piezas esenciales de su campaña electoral y defienden un plan económico para reducir ambas cifras. “Necesitamos modificar nuestra política económica para volver a la credibilidad de las instituciones europeas”, ha declarado Feijóo sin explicar, como es habitual en él, cómo planea hacerlo más allá de repetir la máxima de que bajar impuestos estimulará la economía y aumentará la recaudación, algo que no ha ocurrido en ninguna de las comunidades gobernadas por el PP.

En realidad, y aunque Feijóo dice, un día sí y otro también, que la deuda se incrementa mes a mes, los datos oficiales señalan que se redujo en 2022 hasta el 113,1% del PIB, lo que supone una caída de 5,2 puntos sobre el cierre de 2021, la mayor en la historia reciente de España y cerca del objetivo para el cierre de 2023. Desde el nivel máximo alcanzado durante la pandemia (120,4%), la ratio deuda PIB se ha reducido ya en más de 7 puntos, una bajada muy superior a la prevista. 

Y eso sin contar con que no toda la deuda, ni mucho menos, es achacable al Gobierno de Sánchez. Mariano Rajoy se la encontró en el 70% cuando llegó a la Moncloa en 2011, y cuando se fue, tras la moción de censura de 2018, la había elevado al 98% del PIB.

El déficit público, por su parte, se disparó en 2020 a causa del fuerte aumento del gasto para hacer frente a la crisis sanitaria, que se sumó a la caída de los ingresos provocada por el parón de la actividad, hasta alcanzar un 11%. Cayó al 6,76% al año siguiente y la Airef estima que 2022 se cerró en un 4,5%. La previsión del Gobierno, incluida en el vigente Plan de Estabilidad 2022-2025, es reducir ese porcentaje al 3% de aquí al final de 2025.

Feijóo se queja a menudo de que el Gobierno de Sánchez lleve “cuatro años sin cumplir una sola regla fiscal”, lo que permite al ejecutivo, asegura, ir “dopado de deuda y de déficit”. “Así gobierna cualquiera”, asegura cada vez que se refiere a este asunto lamentando abiertamente el margen de que disfruta el Ejecutivo español —como el resto de los países de la UE—, especialmente en pleno año electoral.

El Consejo de Ministros aprobará, este jueves o el próximo lunes, la segunda parte de la reforma de las pensiones, que financiará con el aumento de las cotizaciones sociales la mejora de las pensiones mínimas, la libre elección del periodo de cálculo y la cobertura de las lagunas de cotización y la brecha de género en las prestaciones. Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, y la “frontal oposición” de los empresarios, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, explicará este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo los detalles del real decreto-ley que después deberá contar con el apoyo de los socios de investidura para convertirse en ley.

Al cierre de esta edición, los sindicatos estaban a punto de dar su aprobado definitivo a la reforma, pendiente de que una llamada entre el ministro y los líderes de CCOO y UGT solventara un último punto de discusión. “No va a comprometer el acuerdo, pero es importante para nosotros, un gesto de responsabilidad, poner el foco sobre ello”, explicaron a infoLibre fuentes de la negociación. Está previsto que los comités confederales de ambos sindicatos sometan a votación la reforma también este mismo miércoles. 

La reforma da la vuelta al calcetín de la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que se ha ido desmantelando en los últimos años, al dejarse sin efecto sus dos novedades principales: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad. Con el texto recién pactado con CCOO y UGT, se pone la puntilla también a la filosofía que sustentaba aquel modelo de pensiones públicas. Si entonces se optó por recortar el gasto –las pensiones– para hacer sostenible el sistema, ahora se aumentan los ingresos para garantizar la suficiencia de las prestaciones.

El giro cuenta también con el visto bueno de Bruselas. La reforma de las pensiones es uno de los hitos a los que se comprometió el Gobierno a cambio de recibir los fondos de recuperación. Se trata del componente 30 del Plan de Recuperación y a su cumplimiento queda supeditado el cuarto desembolso de los fondos, 10.000 millones de euros. El aumento del gasto que acarrea la reforma, desde el regreso al IPC como instrumento de revalorización anual hasta la mejora de las pensiones mínimas, ha sido bendecido por la Comisión Europea no sólo porque se sufragará con más ingresos, sino además porque el sistema contará con un mecanismo automático de ajuste para corregir posibles desvíos presupuestarios.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), llamado a sustituir al Factor de Sostenibilidad que recortaba la pensión inicial del trabajador según la esperanza de vida de su generación, se encuentra en vigor desde el pasado enero y va a prolongar sus efectos hasta 2050, cuando en principio iba a funcionar sólo hasta 2033. También se eleva su importe. El recargo en las nóminas de los trabajadores, que en la actualidad es del 0,6% sobre las contingencias comunes –0,5% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador– crecerá a razón de una décima anual, de forma que alcance el 1,2% en 2029. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones.

En su diseño inicial el MEI estaba configurado con un mecanismo “semiautomático” de ajuste, tal y como lo definió el ministro Escrivá. Pero Bruselas lo quería automático y el Gobierno ha incluido en la reforma un control adicional: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluará cada tres años el impacto de las medidas sobre el sistema y, si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentar aún más las cotizaciones o bien utilizar otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reducir el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinar ambas opciones.

El Gobierno deberá negociar esas nuevas medidas con sindicatos, patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El refuerzo, por tanto, es doble.

De esta forma, el Ejecutivo cree que se garantiza la sostenibilidad del sistema. Con los nuevos ingresos se cubrirá el crecimiento del gasto que resulta no sólo de la mejora de las pensiones impulsada por la reforma, sino también de la jubilación de los baby-boomers y la actualización de las pensiones según el IPC. Los críticos, tanto de la CEOE y la oposición política como los analistas de Fedea o BBVA Research, dudan de que las mayores cotizaciones puedan cubrir ese gasto creciente. De los más de tres puntos de PIB en que calculan que crecerá el dispendio en pensiones, las fórmulas diseñadas por Escrivá sólo sufragarán como máximo 1,7 puntos, asegura el centro de estudios del BBVA, por ejemplo. Además, censuran que se haga recaer sobre empresas y trabajadores todo el peso de la mejora del sistema. La CEOE ya ha advertido de que repercutirá en los salarios el aumento de las cotizaciones. E incluso ha propuesto sufragar las pensiones con parte de la recaudación del IRPF o del IVA en lugar de con las cuotas a la Seguridad Social. Según BBVA Research, por cada punto porcentual del PIB que se eleven las cuotas a la Seguridad Social, se reduce otro punto el empleo.

Por el contrario, el Gobierno subraya el carácter “redistributivo” de su reforma, puesto que serán “las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos” las que financiarán el aumento del gasto en pensiones. Es ahí donde descansan las otras dos medidas para subir los ingresos del sistema: el destope de la base máxima de cotización y la cuota de solidaridad.

Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de 53.946 euros anuales no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2025 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales hasta 2050. Desde ese año y hasta 2065 seguirá creciendo hasta 20 puntos porcentuales. Y a partir de ese año sindicatos, patronal y Gobierno negociarán si la pensión máxima continúa elevándose hasta 30 puntos. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretende conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. El destope de la base máxima y la mejora de la pensión máxima también serán evaluados, cada cinco años, por el Ejecutivo y los agentes sociales, de cuyos resultados deberá ser informada igualmente la Comisión del Pacto de Toledo.

Además, el Gobierno propone cobrar desde 2026 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, no sobre el salario total.

Con estos tres instrumentos, la reforma pretende sufragar, en primer lugar, el aumento de las pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas. Para ello se implantará una fórmula similar a la que ya se utiliza para elevar el Salario Mínimo Interprofesional. Así, las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen en 2027 el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar ese mismo año el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.

En segundo lugar, el aumento de las cotizaciones sociales servirá para financiar el mayor coste de la libre elección del periodo de cálculo de la pensión que consagra la reforma. Fue la medida más polémica del diseño inicial presentado el pasado noviembre por el Ministerio de Seguridad Social. Entonces se trataba de una ampliación del periodo cómputo, de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Ahora, en cambio, el trabajador podrá elegir si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2027 y se prolongará hasta 2044. Desde ese año, el periodo de cálculo único quedará fijado en 29 años. En todo caso, su ampliación será progresiva, a razón de cuatro meses por año. Es decir, en 2027 se podrá elegir entre los 25 años o los 25 años y cuatro meses cotizados, descartando de este último periodo los dos peores meses de cotización. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados.

Otra medida de mejora de las pensiones se refiere a la cobertura de lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Para las mujeres, la cobertura será del 100% de la base mínima hasta el quinto año y del 80% del quinto al séptimo año.

Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones en 2024 y 2025. Se considera que existe esa brecha cuando la pensión media de los hombres sea un 5% superior a la pensión media de las mujeres.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles nuevas orientaciones que cambiarán sustancialmente las reglas fiscales, que los países miembros adoptaron en 2012. Según estas reglas, los Estados deben evitar un déficit público superior al 3% (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, en relación al PIB) y la deuda pública debe estar por debajo del 60%. Pero la pandemia y la oleada inflacionista como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania han revelado la imposibilidad de alcanzar dichos objetivos, especialmente en los países donde las cuentas públicas más han sufrido. Según los datos de media de los Estados europeos de 2021, previo a la guerra, el déficit se encontraba en un 4,7% (España, en un 6,9%) y la deuda pública en un 88% (118% en este país). 

Por este motivo, y por la diferente situación de los países a lo largo y ancho del continente, la Comisión ha presentado un plan que se adapte más a la situación de cada país. Para ello, busca que los diferentes Gobiernos tengan la iniciativa de elaborar planes fiscales a medio plazo que la Comisión estudiará uno a uno. Esto dejará un mayor margen a los países para proponer sus propias trayectorias fiscales. “Yo creo que la reforma tiene algunas cosas positivas, en primer lugar, partir del hecho de que las reglas hasta ahora no eran realistas”, señala Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. 

“El plan de reducción de deuda tenía hasta ahora una falta de realismo. Es como cuando vas al médico y te dice que tienes exceso de peso y que la solución es perder peso. Hala, solucionado”, ironiza el profesor Antonio Sanabria. “Era demasiado uniforme. Mismas reglas para todos. La crisis financiera demostró que esto era lo que no había que hacer, las reglas de ajuste agravaron la crisis financiera. En una situación de alto endeudamiento privado, meter también a la administración pública a recortar gastos. La idea era que hacer esto visible iba a suponer un beneficio, porque el mercado lo valoraría y la inversión volvería, pero esto no ocurrió”, lamenta el profesor. 

Esta nueva propuesta de la Comisión Europea deja de lado la conocida como regla del 1/20. Hasta ahora, los Estados debían reducir la deuda a un ritmo de una veinteava parte del exceso más allá del 60% sobre el PIB. Esto significa que, por ejemplo, en el caso español, la deuda del 118% debe reducirse al 60% en 20 años. La diferencia entre el ratio actual y el objetivo se divide en 20 partes iguales, que es lo que España tendría que ir amortizando cada año. En cuanto al déficit fiscal, se mantiene como objetivo mantenerlo por debajo del 3%. 

“La regla del veinteavo aplicada a todos los países por igual era un disparate. El fenómeno de la deuda es más complejo de lo que cabe ver en las estadísticas, y abordarlo de manera individual a mí me parece un cambio positivo. No se trata de hacer un cortar y pegar, sino ajustar la senda de contención de deuda a la situación concreta de cada país, con incentivos para acelerar las reformas, en lugar de solo dar “palos” ante incumplimientos. Esa es la parte positiva”, añade el profesor Sanabria.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha valorado de manera positiva la iniciativa de la Comisión Europea, que ha calificado de “buena base de trabajo”. Durante una entrevista en el programa Las Mañanas, de Radio Nacional España, Calviño ha señalado que es “equilibrada” y que va en la línea de las ideas que había presentado España junto con Países Bajos. La ministra también ha defendido que la responsabilidad fiscal ha sido “uno de los principios” de la política económica: “Ya el año pasado hemos empezado a reducir el déficit y la deuda sobre el PIB (...). La senda nos lleva a estar por debajo del 3% en 2025, con lo cual estamos en una dirección que es la correcta”, ha señalado.

El think tank Real Instituto Elcano elaboró una propuesta, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, que señalaba que la pandemia “hacía inevitable una reforma”: “El escenario macroeconómico actual, con niveles de deuda pública por encima del 100%, agrava los problemas y deficiencias del Estado (...). No reformar no es una opción.  O la Comisión aplica de forma estricta las reglas vigentes, lo que podría hacer descarrilar la recuperación, o las ignora, minando la autoridad y la reputación de las instituciones europeas”. 

En la práctica, estas nuevas orientaciones permitirían a los países más autonomía para diseñar sus propios planes fiscales. En un principio, la Comisión propondrá una senda para un período de cuatro años, que garantice que los países pueden reducir sus deudas y al mismo tiempo, mantener el déficit público por debajo del 3%. Los países presentarán sus mencionados planes, en los que podrán alargar la meta tres años más, es decir, siete años, si lo acompañan de una justificación de reformas e inversiones que acompañen el principio de “sostenibilidad de la deuda”. 

Tras el visto bueno de la Comisión Europea, el organismo supervisaría “continuamente” la ejecución de los planes, mediante los informes anuales de cada país. En este sentido, la Comisión aplicaría sanciones de menor cuantía que las actuales, pero plantean la posibilidad de crear “sanciones reputacionales”, sin especificar cómo se articularían. En cualquier caso, supondría que el Estado que no cumpla sus propios planes, deberá rendir cuentas y justificar este incumplimiento ante el resto de miembros de la UE. 

“El régimen de sanciones nunca se ha aplicado en la práctica”, señala Antonio Sanabria. “Solo aplicas la vara de castigar, pero necesitas adaptarte a la situación concreta de cada país. Italia es un ejemplo. Es un país que ha tenido superávit primario durante muchos años, es decir, saldo presupuestario positivo, descontando los intereses de la deuda. Sin embargo, no le ha servido para contener una deuda pública enorme. Italia era un alumno disciplinado que, sin embargo, no conseguía cumplir con las reglas”, añade el profesor. 

Las sanciones hasta ahora eran muy contundentes. No cumplir con las reglas implicaba una multa que suponía una cuantía fija del 0,2% del PIB, más otras cuotas variables. En el caso español, el incumplimiento traería pareja una sanción de más de 2.000 millones de euros. “El mecanismo de estabilidad necesita sanciones para incentivar a los países a cumplirlos. Pero las sanciones eran tan fuertes que podían agravar el problema. Una situación de exceso de deuda no necesita un castigo, lo que necesita es ayuda. Puedes poner una sanción para mantener el incentivo, pero no una que suponga un problema añadido. Supondría que es peor el remedio que la enfermedad”, critica el profesor Sanabria.  

La propuesta de la Comisión Europea no solo trata de dar respuesta a las diferentes situaciones que presentan las cuentas públicas de cada país, también tiene una lectura política. El avance de las fuerzas ultranacionalistas, que critican las “injerencias externas” sobre la soberanía nacional de los países, ha creado inquietud en Bruselas. “Que Bruselas no parezca un ogro creo que es el otro elemento detrás de esta propuesta”, explica Sanabria. “El auge de la ultraderecha ha provocado una situación de pánico. Había ya luces rojas desde antes de la victoria de Meloni”, añade. 

En este sentido, la victoria de Meloni en Italia y la fuerza de Le Pen en las últimas elecciones francesas, que han dejado a Macron en una situación de debilidad parlamentaria, habría influido en Bruselas para dar un golpe en el tablero que muestre una cara más “amigable”, ante el avance de estas fuerzas ultraderechistas. En enero, Portugal vivió el ascenso de la ultraderechista Chega. En abril, Viktor Orbán consiguió mayoría absoluta en Hungría. En septiembre, el partido ultra Demócratas Suecos consiguió ser segunda fuerza en su país. Son varios ejemplos que también han impulsado esta iniciativa.

La propuesta de Bruselas también responde ante la diferente magnitud de la pandemia, en comparación con la crisis financiera. “Aunque la pandemia ha afectado más en términos económicos a países como España o Italia por el sector servicios, esta vez ha sido percibida como algo más común. En la crisis financiera había acreedores y deudores, con intereses muy distintos. Como cuando culpaban de todos los males a los PIGS [acrónimo peyorativo que se empleaba para calificar a Portugal, Italia, Portugal y España, que significa “cerdos”, en inglés]. Por otro lado, los países que más deuda tienen esta vez han actuado haciendo frente común. En la crisis de 2008 predominaba el mensaje de “Yo no soy Grecia”, “Yo no soy Portugal”, etc”, puntualiza el profesor. 

La carrera que Madrid abrió hace años para bajar impuestos se ha reanudado con nuevos bríos al calor del año electoral que se avecina en 2023. Andalucía acaba de anunciar la supresión del impuesto de patrimonio, mientras Castilla y León cerró agosto prometiendo una rebaja fiscal histórica de 2.500 millones. Isabel Díaz Ayuso, que ya hizo su propia rebaja “histórica” en 2021, prepara ahora tres nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Tanto Juan Manuel Moreno Bonilla como Alfonso Mañueco y la presidenta madrileña auguran que el recorte de impuestos atraerá inversiones y aumentará la recaudación en lugar de reducirla, en una nueva resurrección de la cuestionada curva de Laffer, la que el economista de ese nombre dibujó en una servilleta en 1974 a dos políticos republicanos y que Ronald Reagan puso en práctica tras llegar a la presidencia en 1980 con la mayor rebaja fiscal de la historia de EEUU.

Pero la realidad tuvo poco que ver con la teoría de la servilleta. Los ingresos fiscales –Reagan bajó el tipo máximo del IRPF del 70% al 28%– se redujeron en un volumen equivalente al 2,9% del PIB entre 1981 y 1985, el déficit público aumentó hasta un récord del 6% y la deuda se disparó del 26% de 1980 al 40,9% en 1988.

Las comunidades autónomas españolas cerraron 2021 casi sin déficit, apenas un 0,003% del PIB, 334 millones de euros, en buena parte por la inyección de fondos que hizo el Gobierno para cubrir el enorme desembolso público al que obligó la pandemia. Aun así, de las comunidades autónomas que han anunciado bajadas de impuestos, todas ellas gobernadas por el PP, sólo Madrid figura entre las 10 que terminaron 2021 con superávit. El resto, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja, siguen con un desfase entre ingresos y gastos en sus cuentas, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Hacienda. De hecho, la que mayor déficit soportó el año pasado fue Murcia, con un 1,4%, por encima incluso de la Comunidad Valenciana, que lleva años de farolillo rojo tanto en déficit como en deuda pública y es la peor tratada por el sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, Andalucía y Madrid son la tercera y cuarta comunidad autónoma con mayor deuda pública. Según los registros del Banco de España, sólo las superan Cataluña y la Comunidad Valenciana. La deuda andaluza asciende a 36.428 millones de euros y la madrileña a 34.150 millones. Castilla y León, Galicia y Murcia son sexta, séptima y octava de la clasificación, con 13.215, 11.715 y 10.959 millones de euros.

Si se mide en relación con el PIB, las posiciones cambian. El volumen de la deuda de Murcia equivale al 34,1% de su riqueza, sólo por debajo de los porcentajes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña. En cambio, Madrid es la comunidad menos endeudada, con un 14,8%, mientras que Galicia se queda en el 18,5% y Castilla y León llega al 22,2%. Andalucía sube hasta el 23,1% de su PIB. Madrid tiene el mayor PIB de España, 232.568 millones de euros en 2019; el de Murcia es sólo de 32.158 millones, una séptima parte.

En 2021, las cuentas autonómicas quedaron casi en equilibrio no sólo gracias a la reactivación económica tras el parón del covid, sino también gracias a que el Estado aumentó sus transferencias a las comunidades en un 6,6%, hasta los 110.538 millones de euros. En 2022 serán 111.276 millones. Ese dinero procede de los impuestos, de la cantidad que se calcula que los territorios recaudarán por la tarifa autonómica del IRPF, así como por el porcentaje que les corresponde del IVA y los impuestos especiales –hidrocarburos, tabaco…–.

La importancia de esas inyecciones anuales –que el Estado les adelanta– es clara si se tiene en cuenta que representan casi el 50% de los recursos con que cuentan las comunidades autónomas para gestionar sus presupuestos anuales. Además, hay que añadir los fondos extraordinarios aportados para luchar contra la pandemia. Así, en 2020 los territorios recibieron 16.000 millones para hacer frente al coste económico del coronavirus y en 2021 otros 13.486 millones, a los que hay que sumar 7.000 millones para autónomos y pymes, y 7.000 millones más para compensarlas por la puesta en marcha del Sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII-IVA) y para cubrir la pérdida de recursos que sufrieron por la liquidación negativa de 2020. Finalmente, del Plan de Recuperación y Resiliencia, han obtenido un total de 11.151 millones de euros. De esa cantidad, 1.916 millones correspondieron a Andalucía y 1.213 millones a Madrid, 742 a Castilla y León, 681 a Galicia y 339 a Murcia.

Todos esos fondos extraordinarios permiten a estas comunidades autónomas disfrutar ahora de unas cuentas convenientemente saneadas. Además, y pese a su discurso fiscal, todos los territorios han aumentado la recaudación de impuestos cedidos desde 2014 hasta 2020. Así lo desvela el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral de 2022 que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Consejo General de Economistas de España. Y Madrid es la que más lo ha hecho, 45 puntos en ese periodo, sólo menos que Baleares. Andalucía la mejoró en 30 puntos, Castilla y León en 23,7 puntos, Galicia en 22,3 y Murcia en 32,2.

Pero el alza varía dependiendo del impuesto. En 2019, último año en que el Ministerio de Hacienda publica datos definitivos de recaudación, Andalucía aumentó sus ingresos por el impuesto de patrimonio –que ahora quiere suprimir– en un 8,1% respecto al ejercicio anterior, y Galicia en un 7,9%. Por el contrario, Madrid hundió sus ingresos un 39,2% y La Rioja aún más, un 48,9%. Madrid, que lo tiene bonificado al 100%, apenas recauda por el patrimonio, sólo 1,99 millones de euros en 2019.

Por el contrario, en sucesiones y donaciones, Madrid es la que más ingresa, 455,4 millones de euros, casi el doble que Andalucía –261,4 millones–. También es la que más aumentó la recaudación de este tributo, un 21,6% en 2019 respecto al año precedente. Galicia, Murcia y Andalucía, en cambio, recortaron en buena medida sus ingresos, un 34,2%, un 21,5% y un 12,7%, respectivamente. Por el impuesto sobre actos jurídicos documentados también mejoraron su recaudación cuatro de las cinco comunidades mencionadas. Andalucía es la que más recauda –451,3 millones– después de Cataluña, seguida de Madrid –389,5 millones–. Otro tanto ocurre con las tasas sobre el juego, por las que Madrid recaudó 143,7 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior. Por el contrario, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia redujeron sus ingresos en 2019.

En total, Madrid aumentó sus ingresos por impuestos cedidos en 2019 un 7,8%, Castilla y León un 2,1% y Murcia un 1,5%, mientras que Andalucía los recortó un 5,2% y Galicia aún más, un 6,9%.

En cambio, los llamados tributos propios no han hecho más que caer desde 2014. Y donde más, en Madrid, 36 puntos. En Castilla y León el desplome ha sido de 17 puntos. En Galicia no ha habido apenas variación en esos seis años, mientras que en Andalucía la recaudación de estos impuestos ha crecido casi siete puntos y en Murcia y La Rioja, nueve puntos. Su importancia también es dispar. Son 71 en total, e incluyen desde los cánones del agua, los impuestos sobre establecimientos comerciales o sobre emisiones de dióxido de carbono hasta impuestos sobre vertidos o viviendas vacías. Una vez más, Madrid apenas recauda 3,48 millones de euros por ellos, la que menos, pero Andalucía alcanza los 145,2 millones –aún lejos de los 586,3 millones de Cataluña, la que más–. Madrid, de hecho, ha reducido un 50% sus ingresos por tributos propios y Castilla y León un 37,5% entre 2020 y 2019, según el análisis del REAF.

Comparando la recaudación fiscal total con la de tributos propios, resulta que Madrid es la segunda comunidad autónoma que más ingresa en total, 3.431,8 euros por habitante, únicamente por detrás de los 3.701,7 euros de Baleares. Pero también es la que menos ingresa por impuestos propios, apenas cinco céntimos por habitante, dos menos que en 2016. La Rioja recauda 2.643,5 euros por habitante, un poco más que Castilla y León –2.567,4 euros– y Galicia –2.345,5 euros–. Murcia se queda en 2.121,8 euros y Andalucía en sólo 1.995,8, sólo mejor que Canarias –1.401,3 euros– y Extremadura –1.976,8–. De este grupo, la que más ingresa por tributos propios es La Rioja, aunque no llega ni a 50 euros por habitante. Es decir, por los impuestos cedidos, las comunidades autónomas ingresaron 13.634 millones en 2019, pero sólo 2.428,9 millones por los tributos propios. Y Madrid es la segunda comunidad que más recauda por impuestos cedidos, 23.267,2 millones en 2020, superada únicamente por Cataluña, y Andalucía es la tercera, con 16.893,5 millones.

¿Qué es lo que hacen las comunidades más recortadoras de impuestos con el dinero que recaudan? Madrid, Andalucía y Murcia son los tres territorios que menos gastan en educación por alumno, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Educación relativas a 2019. La media nacional es de 6.230 euros, pero Madrid sólo destina a este fin 5.148 euros, Andalucía 5.442 y Murcia 5.728. Por encima de la media, La Rioja dedica 6.673 euros, Castilla y León 7.196 y Galicia 7.408. La comunidad que más dinero público gasta en educación es el País Vasco, 9.868 euros por alumno. Es decir, casi el doble que Madrid. En cifras absolutas, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso emplea 5.936,8 millones en la educación pública, menos que Andalucía –8.917,9 millones– y Cataluña –7.552 millones–. Y de ese dinero, casi el 20% lo destina a la enseñanza concertada y privada, la segunda después del País Vasco, con un 25,1%.

Madrid también es la que menos dinero público destina a la sanidad, si se mide respecto a su PIB, un 4,7%. Es casi la mitad que le dedica Murcia, un 8,9% y un poco menos que Castilla y León, un 8%. Andalucía está en el 7,9% y Galicia en el 7,8%. La Rioja se queda en el 6,2%. Extremadura y Canarias son las más generosas con su sistema sanitario público: gastan en él el equivalente al 9,7% y el 9% de su PIB, según recogen las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Los últimos datos son de 2020.

Si el análisis se hace por habitante, Andalucía es la que menos aporta a la sanidad pública, 1.398 euros, seguida de Madrid, con 1.491. Pero Castilla y León es la segunda comunidad que más gasta, 1.863 euros, sólo superada por los 1.948 euros por habitante del País Vasco. Murcia emplea 1.769 euros y Galicia 1.702. La Rioja, 1.604 euros. La media nacional se sitúa en 1.638 euros por habitante.

Detallado por tipo de gasto, Madrid vuelve a ser el territorio que menos dinero público dedica a la atención primaria, un 11,2% del gasto sanitario. Pero Andalucía es la que más destina, un 18%, y Castilla y León es la tercera, con un 15,8%. La Rioja y Murcia se quedan en un 14,2% y un 14%, respectivamente, en la media nacional, pero Galicia baja hasta el 12%.

Por el contrario, Madrid es la que más aporta a la atención hospitalaria, un 69,4% del gasto sanitario público. Galicia, un poco menos, el 64,5% y Murcia el 62,3%. Aquí son Andalucía y Castilla y León las que menos dinero público destinan a los hospitales, un 59,6% y un 59,4%, muy por debajo de la media nacional de gasto, el 63,1%. Sólo Extremadura gasta menos, el 57,1%.

Finalmente, Madrid también es una de las comunidades que menos dinero gastan en pagar a sus trabajadores sanitarios: el 44% de su presupuesto en 2019, la tercera por la cola. Galicia es la cuarta, con un 45,3%. La que mejor retribuye a su personal sanitario es el País Vasco, que destina un 54,4% del gasto a este fin. Castilla y León emplea el 50% a nóminas de su personal y Andalucía y Murcia casi lo mismo, un 49,2% y un 49,1%, respectivamente. Por encima de la media nacional, el 45,8%.

Los temidos hombres de negro de Bruselas responden en realidad a una etiqueta mucho menos sugerente: son la task force –grupo de trabajo– Recover y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro los bautizó utilizando a los agentes que vigilan a alienígenas camuflados entre terrestres, ha transcurrido una década y la economía ya está sufriendo una nueva crisis. Este lunes ha regresado a España la misión de Bruselas, en su tercera visita desde octubre de 2021, para vigilar los avances del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hasta el miércoles volverán a entrevistarse con ministros, agentes sociales y expertos, con el foco puesto en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero también en el impacto de la reforma laboral.

Los hombres de negro, además, no son tales, pues de los tres enviados de Bruselas dos son mujeres: la francesa Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo Recover, y la española María Teresa Fábregas, directora de Recover. Aunque el más conocido es Declan Costello, irlandés y jefe del equipo que vigiló como un sabueso el rescate a Grecia. Gauer lleva trabajando en la Comisión Europea desde hace casi 30 años y desde 2020 dirige el grupo de trabajo Recover, que depende directamente de la presidenta Ursula von der Leyen. Teresa Fábregas también es veterana en la Comisión –desde 1997– y pasó al grupo de trabajo en agosto de 2020. Costello es el director adjunto de la mencionada Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros.

Este mismo lunes por la tarde se reunieron con “funcionarios del Ministerio de Seguridad Social”, según precisó el titular del departamento, José Luis Escrivá, en rueda de prensa por la mañana. El objeto de la cita, “evaluar los hitos” correspondientes al segundo trimestre de este año a los que el Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación y Resiliencia. En concreto, dijo, la reforma del sistema de cotización de los autónomos y las pensiones de los planes de empleo. También se entrevistarán con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos.

A preguntas de los periodistas, Escrivá negó que Bruselas haya cuestionado la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Al contrario, su evaluación de las reformas relacionadas con componente 30 del Plan ha sido “siempre muy positiva”. “Lo que ha hecho la Comisión es recordar que faltan algunos hitos, dos o tres este trimestre, y que hará una evaluación final cuando se termine el año. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero no nos está reprochando nada, nos recuerda lo que nos hemos comprometido a hacer”, explicó.

Sin embargo, el propio ministro había asegurado en una entrevista en el diario El País este verano que la Comisión Europea dudaba de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones, vaya a ser tan eficaz a la hora de contener el gasto público en pensiones como lo era el Factor de Sostenibilidad al que pretende sustituir. Bruselas, desveló, prefiere un mecanismo automático, mientras que el MEI es sólo “semiautomático”: debe revisarse, y quizá recalibrarse, en 2032.

Aunque no se refirió a ello Escrivá, el equipo de Bruselas también se interesará por la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe incluir la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el aumento de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas. Al menos así lo esperan patronal y sindicatos, con los que también se reunirán los hombres de negro. Por la CEOE, este martes acudirá la responsable de su departamento de Laboral, Rosa Santos. “Serán reuniones cortas”, adelantan fuentes sindicales. El miércoles se verán con UGT y CCOO. Con sus equipos técnicos. Y les preguntarán por el impacto de las reformas aprobadas hasta el momento. No sólo sobre la Seguridad Social, también por los efectos de la reforma laboral, aseguran las fuentes. La negociación con los agentes sociales de segunda fase de la reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar. Se ha limitado a una reunión y el ministerio aún no ha entregado ninguna propuesta por escrito.

En esas conversaciones, los altos funcionarios de Bruselas se encontrarán con el rechazo de la patronal a cualquier medida que amenace la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que obvie los acuerdos del Pacto de Toledo, explican fuentes de la CEOE. Esa fue también su respuesta, y la de los sindicatos, al secretario de Estado de Seguridad Social el lunes de la semana pasada cuando éste les planteó una ampliación “suave” del periodo de cálculo de la pensión, que ahora se sitúa en 25 años. José Luis Escrivá siempre ha recalcado que no se extenderá “de ninguna manera” a 35 años. Aunque al mismo tiempo relaciona la medida con la posibilidad de rellenar lagunas de cotización y desechar los peores años de retribuciones. Y recalca que el cambio será “neutro” y no afectará a la recaudación de la Seguridad Social.

Tampoco la CEOE ve con buenos ojos el MEI, “que no es más que una sobrecarga de cotizaciones, una derrama”. El MEI consiste en una cotización adicional del 0,6% en las nóminas de los trabajadores, entre 2023 y 2032, que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la conocida como hucha de las pensiones– y debería funcionar como “válvula de seguridad” del sistema en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe a partir de 2033 y hasta 2050. Los sindicatos no se oponen a que la aplicación del MEI, diseñado como una herramienta “contingente y temporal”, se extienda hasta 2050, según ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En la tercera visita de esta segunda crisis, la misión de Bruselas se dejará ver en un acto público. Tres de sus miembros participarán en otras tantas mesas de debate el próximo miércoles organizadas por la representación en España de la Comisión Europea. El “primer evento anual sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” será inaugurado por la vicepresidenta Nadia Calviño y por el letón Valdis Dombrovkskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Cada uno de los altos funcionarios de la UE participarán en una mesa distinta. En la primera, con Céline Gauer, debatirán Joan Groizard, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica; el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya, y la vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

En la segunda, junto a Declan Costello se sentarán la directora del Departamento Laboral de la CEOE, Rosa Santos; Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, y los responsables de los gabinetes económicos de CCOO, Carlos Martín Urriza, y de UGT, Luis Pérez Capitán.

En la tercera, a María Teresa Fábregas la acompañarán la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero; los consejeros de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, y de Navarra, Elma Saiz, así como María Ángeles Martín Prats, profesora de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla.

El objeto de los debates es simple: hacer balance del primer año de implementación del Plan de Recuperación y debatir las oportunidades que la lluvia de millones europeos brinda a España.

Estas visitas y evaluaciones, que son técnicas y exhaustivas, sirven para liberar los sucesivos pagos de los fondos de recuperación. Superado el primer examen, en octubre de 2021, España recibió 10.000 millones de euros en diciembre. Tras la segunda, en febrero, se transfirieron 12.000 millones de euros en julio, Sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación, el total percibido se eleva a 31.000 millones hasta el momento. El siguiente desembolso, pendiente de que se aprueben los hitos del primer semestre de este año, asciende a 6.000 millones de euros.

Pese a esa presión, estas visitas guardan una diferencia sustancial con las que pusieron en el foco de la atención –y el recelo– pública a los primeros hombres de negro. Los que controlaron con guante de hierro el rescate a Grecia y examinaban la gestión del Gobierno tras el rescate a la banca española en 2012 y mientras se imponían las políticas de austeridad. Entonces el motor que impulsaba las medidas europeas era el recorte del gasto público. Tras la pandemia, en cambio, Bruselas ha aprobado un fondo de ayudas milmillonario para proteger a la economía y a los ciudadanos impulsando la transición ecológica y digital, al tiempo que ha suspendido las reglas de control de gasto.

Si bien el desembolso de ese dinero está supeditado a la aprobación de las reformas comprometidas, y la Comisión verificará con lupa que las ayudas consigan el efecto previsto, los controles no tienen mucho que ver con el rigor con que se escudriñó tanto al Gobierno griego como al español una década atrás. Además, los hombres de negro de Bruselas venían acompañados de otros colegas del FMI y el BCE, la odiada Troika. Entonces el escrutinio duraba semanas. Ahora la visita se reduce a tres días y, el último, sus protagonistas debatirán en público con autoridades y representantes de la sociedad civil.

Si aplicamos a la gestión de Alberto Núñez Feijóo la lógica que él utiliza para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dejado a cada español “un pufo” de 6.000 euros en deuda pública, no saldría bien parado. Durante sus años al frente de las Xunta de Galicia (2009-2022) la deuda pública de la comunidad gallega pasó de los 4.859 millones en que la dejó el Gobierno PSOE-BNG presidido por Emilio Pérez Touriño, a los 11.715 millones con los que cerró su gestión al final de 2021. Un incremento de 6.856 millones (+141%) que, siguiendo el razonamiento del líder del PP, suponen 2.547 euros de deuda por cada ciudadano gallego.

Lo que dice Feijóo exactamente es que el actual Gobierno, que inició su mandato en enero de 2020, ha endeudado el país en 300.000 millones. La consecuencia, enfatiza siempre que puede, es que “cada español tiene un pufo de 6.000 euros en deuda”.

La última vez que lo dijo fue en una entrevista publicada este fin de semana por el diario El Mundo, pero es un dato que cuela desde hace meses en todas sus intervenciones públicas, desvinculándolo de la pandemia y de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra.

Lo cierto es que el incremento de la deuda no es un “pufo”, un término que significa “estafa” o “timo” y sugiere malversación de dinero público, sino el resultado contable de haber gastado más de lo que se ingresa. Algo que durante la pandemia hicieron prácticamente todas las economías europeas, al menos las más afectadas por el virus, para hacer frente a la emergencia sanitaria y tratar de minimizar sus consecuencias sobre el tejido económico de cada país.

En el caso de España, la deuda era antes de la pandemia de un 98,3% sobre el PIB, la cifra más baja desde que en 2014 Mariano Rajoy la elevó al 105,1%. Y se disparó hasta el 120% en 2020 por culpa del confinamiento y el parón económico causados por la covid-19. Ese porcentaje, sin embargo, ya ha comenzado a descender. 2021 cerró en un 118,4% y la previsión del Gobierno es que siga bajando paulatinamente a 115,2% en 2022, y 112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025. Un objetivo difícil de conseguir si las turbulencias económicas asociadas con la guerra no desaprecen.

En todo caso, el impacto de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania ha sido enorme para la mayoría de las economías avanzadas, especialmente las de aquellos países que ya tenían unas cuentas públicas agotadas tras la crisis financiera de 2008. A la cabeza del endeudamiento están Grecia (193%), Italia (150%), Portugal (127%) y, en cuarto lugar, España. Le siguen de cerca Francia (112%) y Bélgica (108%). 

Las cuentas de Feijóo salen de que en mayo de 2018 la deuda era de 1,165 billones y ahora superó los 1,45. Un aumento del 24% que representa unos 285.000 millones, pero que no es enteramente achacable al Gobierno —que por lo demás empezó su andadura en enero de 2020—, porque una gran parte la generan las comunidades autónomas y la seguridad social.

Es verdad que la que más ha crecido es la de la administración general del Estado, pero en gran parte porque ha sido quien ha asumido la mayor parte del gasto al que obligó la emergencia sanitaria. Por poner un ejemplo: en 2020, en lo peor de la pandemia, el Gobierno concedió a las autonomías un crédito a fondo perdido por valor de 16.000 millones de euros que engrosó su propio déficit y otorgó a las comunidades autónomas liquidez para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social sin tocar sus propios recursos. Es decir: el dinero para las comunidades, la deuda para la administración central. 

Cuando habla de un “pufo”, lo que Feijóo no dice es que ese incremento de la deuda está directamente relacionado con las medidas puestas en marcha para luchar contra la pandemia y sus consecuencias económicas, incluidos los ERTE que salvaron decenas de miles de empleos y las ayudas a los sectores más perjudicados, así como con la acusada caida de ingresos provocada por el parón económico al que obligó el virus.

Un despliegue de recursos públicos autorizado por Bruselas, que suspendió los límites de endeudamiento y déficit en toda la Unión. “El impacto económico de la pandemia podría haber sido aún mayor sin la respuesta de la política económica”, según el Banco de España. 

“Entre el abanico de medidas desplegadas a escala nacional destacan, por su relevancia, las ventajas ofrecidas para la tramitación de ERTE por parte de las empresas y los ceses temporales de actividad en el caso de los trabajadores autónomos, así como las diferentes líneas de avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se crearon para favorecer la concesión de crédito a las empresas. Estas medidas, junto con las tomadas en el ámbito de la política monetaria y de la regulación financiera, han servido para mitigar el impacto de la pandemia sobre las rentas y la liquidez de los hogares y de las empresas a corto plazo. En consecuencia, el efecto macroeconómico de la crisis habría sido significativamente más adverso que el que se ha venido observando desde marzo de 2020 si no se hubieran activado este conjunto de medidas de política económica”.

Siempre que habla, Feijóo relaciona el incremento de la deuda con un supuesto derroche por parte del Gobierno que él identifica con la existencia de 22 ministerios —ya explicamos aquí que la diferencia entre 22 y 11 ministros es, en términos de gasto público, prácticamente irrelevante— y con el uso de medios de transporte al servicio del ejecutivo, como la flota de aviones, helicópteros y coches a disposición del presidente, que es la misma que ya usaban Rajoy, Zapatero o Aznar.

Lo cierto es que la deuda no nace de ahí sino del “deterioro muy significativo” que sufrieron las cuentas públicas en 2020. El Banco de España es muy preciso al respecto: “En particular, el déficit de las Administraciones Públicas se elevó hasta el 11% del PIB, 8,1 puntos porcentuales más que en 2019, y la ratio de deuda pública sobre el PIB cerró el ejercicio en el 120%, 24,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado a finales de 2019”.

Si se excluye la contribución del agujero provocado por la Sareb, que el Banco de España cifra en 0,9 puntos porcentuales, “el incremento del déficit público” en 2020 “respondió, sobre todo, al fuerte crecimiento de los gastos, que se elevaron un 10,1%, si bien los ingresos también se deterioraron sensiblemente y retrocedieron un 5%”. 

Por su parte, “el aumento de la ratio de deuda pública fue consecuencia tanto de las mayores necesidades de financiación de las Administraciones Públicas en 2020 como del fuerte descenso del PIB nominal. Además, la reclasificación de la Sareb supuso la reconsideración de su deuda (por valor de un 3 % del PIB) como deuda pública”. Y la deuda de la Sareb, la sociedad que se hizo cargo de los activos malos que pertenecían a las cuatro entidades bancarias que el Estado tuvo que nacionalizar con el dinero de todos los contribuyentes, es una herencia de la gestión de la crisis financiera de Rajoy. Un dinero que nunca se ha recuperado.

En todo caso, subraya el Banco de España, de no ser por ese endeudamiento destinado a “mantener las rentas de empresas y de familias desde el inicio de la pandemia” y que ahora Feijóo tanto critica, “el deterioro de las cuentas públicas habría sido superior y más persistente”.

En torno al 85% del aumento del gasto público que se registró en 2020 (excluido el efecto de la reclasificación de la deuda de la Sareb) está relacionado con la pandemia. “En particular, este gasto se materializó en forma de mayores prestaciones sociales a trabajadores y a autónomos, subvenciones de cotizaciones sociales a las empresas y mayores gastos sociosanitarios por parte de las Administraciones Públicas”. 

Por partidas presupuestarias, según los cálculos del Banco de España, “casi la mitad del incremento observado en el gasto público se debió a las prestaciones sociales, entre las que destacan las concedidas por desempleo y cese de actividad de autónomos, que pasaron de representar el 1,5% del PIB en 2019 a suponer el 3,7% en 2020”.

La caída de los ingresos, a su vez, “se debió principalmente a los impuestos indirectos, cuya recaudación se contrajo un 11,8%, en línea con el comportamiento de la actividad. En cambio, destacó la resistencia que mostró la recaudación a través de impuestos directos, que únicamente se redujo un 3%, y de cotizaciones sociales, que incluso se incrementó un 0,8%”. Pero no fue por azar: “El comportamiento de estas partidas se vio favorecido por el efecto positivo que tuvieron algunas de las medidas desplegadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia sobre las bases que determinan estos ingresos, en especial el aumento de las prestaciones sociales y la asunción por parte de las Administraciones Públicas del pago de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE y de los autónomos en cese de actividad”.

El contexto es crucial para entender por qué aumentó la deuda pública. Feijóo no habla de ello, pero el Banco de España sí: El ”deterioro de la actividad no tuvo precedentes en la historia reciente de la economía española. Desde un punto de vista histórico, la crisis” destacó “por la intensidad con que la actividad económica se contrajo en un breve período de tiempo”. Y pone un ejemplo fácil de entender: el deterioro que sufrió el PIB español desde el comienzo de la pandemia fue “prácticamente el mismo que el que experimentó, en términos acumulados, durante algo más de cinco años, entre el segundo trimestre de 2008 y el tercero de 2013”.

Las palabras del líder del PP provocaron la indignación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en un apunte en Twitter acusó a Feijóo de querer engañar a los ciudadanos con la situación de la deuda pública española.

“El señor Feijóo es un insolvente o actúa de mala fe. Sigue queriendo engañar a los ciudadanos como siempre hace el PP cuando gobierna y cuando no. El último Gobierno de Rajoy incrementó la deuda pública de España en un 46%. Son datos oficiales que Feijóo debería conocer. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, España salió del procedimiento de déficit excesivo antes de la pandemia. Llevamos cuatro trimestres consecutivos rebajando la deuda pública y el año pasado cerramos con la mayor reducción del déficit de la historia”.

España tiene una deuda pública del 117,7% del PIB, 1,45 billones de euros. Si repartimos el monto, cada español (incluyendo a las personas que no cotizan, como los bebés recién nacidos), debe alrededor de 30.000 euros. Si tenemos en cuenta solo a los contribuyentes, la cuenta sube: unos 70.000 euros por cabeza. El Gobierno presentó este lunes una actualización de las previsiones macroeconómicas y estima que en 2025 la deuda pública bajará a 109,7%, una ratio que seguirá siendo superior al de antes de la pandemia. Las cifras resultan escandalosas, sin embargo los analistas llaman a la calma: es cierto que España tiene un nivel de endeudamiento muy alto, pero acaba de sufrir varios impactos que han sido muy costosos para las arcas públicas y que ha reducido la capacidad de la economía española de producir bienes y servicios. ¿Cómo de preocupante es el nivel de endeudamiento?

España tiene una ratio de deuda pública en relación a su capacidad de producir bienes y servicios que es superior a la de los países del entorno. La media de la Unión Europea es del 88,1%. El impacto de la pandemia y de la invasión rusa de Ucrania ha sido contundente para la mayoría de las economías avanzadas, especialmente las de aquellos países que ya tenían unas cuentas públicas aún tiritando tras la crisis financiera de 2008. A la cabeza del endeudamiento están Grecia (193%), Italia (150%), Portugal (127%) y, en cuarto lugar, España. Le siguen de cerca Francia (112%) y Bélgica (108%). Entre los países menos endeudados está Estonia (18%), Luxemburgo (24%), Bulgaria (25%) y Dinamarca (36%). 

“España tenía alrededor de 2007 una deuda por debajo del 40% del PIB”, recuerda Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Ahora la ratio triplica el dato. “El aumento principal es consecuencia de tratar de suavizar el impacto de la crisis financiera global”, señala Cardoso. Fue el coste, entre otras razones, del rescate al sistema financiero y del fuerte aumento del gasto en prestaciones públicas. Una vez la deuda alcanzó el pico máximo, en 2014, ya en el 105%, España empezó a conseguir reducir lentamente su fuerte déficit. 

España en las últimas décadas, salvo entre 2005 y 2007, ha estado en una situación de déficit fiscal. Es decir: ha gastado más de lo que ha ingresado. El dato se disparó en la crisis financiera, alcanzando un pico del 11,6% de su PIB. Es decir, la diferencia entre ese gasto y ese ingreso suponía el 11,6% de lo que producía la economía española. El pico empezó a reducirse lentamente a partir de 2012, tanto bajo la gestión de Mariano Rajoy, como luego bajo la de Pedro Sánchez. Pero España no consiguió el objetivo de que sus ingresos estuvieran por encima de sus gastos. Cuando la curva empezó a estabilizarse, estalló la pandemia.

Una pandemia y una guerra

Las medidas extraordinarias para combatir la crisis sanitaria han puesto en aprietos las cuentas públicas de los países por todo el mundo. En 2020, la ratio de deuda pública española sobre el PIB se disparó, pasando de 95,5% a 120%. Se debe principalmente a dos factores. Por el lado del gasto, el impacto de los estabilizadores automáticos (las prestaciones, como el desempleo, que se activan sin mediación de la acción política) y las medidas extraordinarias tomadas para combatir la crisis sanitaria. En segundo lugar, por el lado del denominador, la fuerte reducción del Producto Interior Bruto ese año hace que la ratio de la deuda pública sobre dicho indicador sea mayor. En este sentido, la ratio de deuda aumentó más en España respecto a los países del entorno europeo, al ser uno de los países donde se contrajo más el PIB.

Cuando parecía que la pandemia empezaba a estar bajo control y los estadísticos se apresuraban a hacer nuevas proyecciones de futuro, entró en juego otro shock desestabilizador: la invasión rusa de Ucrania y, en respuesta, una oleada de sanciones económicas desde los países occidentales, que en la práctica han sacado a Rusia del mercado energético occidental, que es uno de los mayores productores globales de petróleo y gas. Este impacto ha multiplicado los precios energéticos, que son la base de cualquier actividad productiva. Este fenómeno, junto con las disrupciones en el mercado provocadas por la pandemia, han extendido sobre la economía unos niveles de inflación que a los bancos centrales les está costando doblegar. La forma de hacerlo es subiendo los tipos de interés, algo que dificulta cuadrar los gastos y los ingresos públicos, y que obstaculiza el sostenimiento de la deuda pública, al encarecer el precio del dinero.

Hacia dónde va la deuda: horizonte 2025

“Esa deuda hay que financiarla. La diferencia es que el nivel de ahorro que produce la economía española no es suficiente para financiar los desequilibrios de las cuentas públicas y las necesidades de inversión que tiene el sector privado”, explica el economista jefe en España de BBVA Research. El Gobierno estima que la deuda pública bajará en 2022 a 115,2%, y seguirá en 2023 a 112,4%, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025. La Airef (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) otorga al objetivo del 2022 una probabilidad de éxito que ronda el 80%. Para los escenarios de 2023 y 2024, la probabilidad disminuye al 60%. En 2025, la probabilidad desciende al entorno el 50%, y baja del terreno de lo probable a lo factible.

Respecto el déficit público, la senda es que disminuya al 5% en 2022, al 3,9% en 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025. Cumplir esta senda, por lo tanto, permitiría a España volver a cumplir con las reglas fiscales europeas que exigen que la diferencia entre el gasto y los ingresos del Estado no rebase el 3%. “Es muy ambicioso, tanto la reducción del déficit como de la deuda, especialmente a partir de 2023", advierte Cardoso, que continúa: "No está claro que las medidas que se están implementando vayan a revertirse en los próximos 18 meses, como la bonificación de 20 céntimos del combustible, la disminución del IVA de la factura eléctrica, las reducciones de impuestos de la energía… Los precios van a seguir siendo elevados, tanto de combustibles como de electricidad”. 

Una economía cuyo desempleo no para de bajar, como es el caso de la española en este momento, debería ser una máquina de ingresar y ahorrar recursos. Cada persona que sale del desempleo porque encuentra un trabajo no solo es una prestación menos que paga el Estado, es también un contribuyente más. La cifra de parados, que en el primer trimestre de 2013 era de 6,2 millones de personas, ahora es de 2,9. La cifra de ocupados ha pasado de 17 millones a 20,4. Sin embargo, el déficit público está a un nivel similar. Los gastos siguen siendo mucho más que los ingresos, fundamentalmente por el enorme desembolso que han supuesto las crisis sanitaria y energética, con el fin de proteger a los hogares más vulnerables y evitar el desmembramiento del tejido productivo.

En los países del entorno, el déficit público está disparado por los mismos motivos. La media de la Unión Europea es del 4,7%. Solo hay dos países europeos que en 2021 ingresaban más de lo que gastaban: Dinamarca y Luxemburgo. Luego hay otros 10 países que consiguen mantenerse por debajo del límite del 3% del déficit fiscal. El país con mayor desequilibrio es Malta (8%), seguido de Grecia (7,4%), Letonia (7,3%). España se encuentra en sexta posición.

“Las pensiones van a tener que subir para compensar la pérdida de poder adquisitivo este año y el siguiente, y ese incremento va a ser importante, comparado con el crecimiento de la economía, que desde nuestro punto de vista está por debajo del 2%. También hay otros factores de gasto. Por ejemplo, se están negociando los salarios de los funcionarios, el aumento de los tipos de interés, que va a aumentar la carga financiera de las administraciones públicas… Sin embargo, desde el punto de vista de los ingresos, no hay grandes incrementos en la recaudación, a futuro. Creemos que reducir el déficit por debajo del 4% del PIB en 2023 va a ser muy complicado”, afirma Cardoso. El Gobierno estima que conseguirá reducirlo al 3,9%.

Una llamada a la calma

España cuenta con una baza a su favor: Europa. “La situación no es preocupante en este momento”, tranquiliza el economista. “Por un lado, en la UE están suspendidas las reglas de déficit”. Estas reglas, paralizadas desde que empezó la pandemia hasta finales de 2023, obligan a los Estados miembros a tener un déficit público por debajo del 3% y un ritmo de reducción de deuda más intenso que nos ubique por debajo del 60%. “Ahora tenemos el aval del Banco Central Europeo. Ahora es momento de que vayamos implementando de manera gradual la reducción del déficit y de la deuda, si no queremos que se impongan de manera rápida”, detalla Cardoso.

El economista considera que hay que ajustar las cuentas públicas, o bien por el lado del gasto o bien por el del ingreso. Es decir, reducir el gasto sanitario y de la Seguridad Social, o subir los impuestos para que las cuentas cuadren. “Ahora mismo tenemos una oportunidad de ver qué podemos y qué queremos hacer. Por ejemplo, podemos incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social, o podemos reducir sus gastos… En cualquier caso, lo mejor es que sea resultado de una negociación interna, consensuado. Va a ser doloroso, porque hay que tomar medidas, pero mejor tomarlas desde aquí”, señala el economista.

La deuda es una vulnerabilidad importante de las cuentas públicas, pero podría ser una situación peor. “Si España fuera un país aislado, con su propia moneda, la inflación hubiera sido más rápida, los tipos habrían tenido que escalar más rápido. Sería mucho más difícil encontrar financiación en los mercados sin tener detrás un banco central tan potente y con tanta credibilidad, como el Banco Central Europeo”. La clave está en la recuperación económica. De su ritmo y de su intensidad dependerá que se ponga en marcha un círculo virtuoso que sería muy beneficioso para las cuentas públicas: “Si mejora nuestra productividad, se reduce el paro, se reduce también la economía sumergida… Esto llevaría a un aumento de la recaudación, disminuiría la tasa de paro, la precariedad… Esto haría que no fuera necesario subir impuestos o reducir el gasto”. El escenario decisivo vendrá en 2023, no solo por ver cómo evolucionan la pandemia o la invasión rusa de Ucrania. También hay un escenario de elecciones. “El ciclo electoral lo va a condicionar todo”, advierte Cardoso. 

Las bolsas no lo dudan. Habrá recesión. Los inversores han empezado a multiplicar las órdenes de venta. El miedo a la inflación se ha convertido en pánico a un desplome de la economía global. Y los analistas llevan tiempo advirtiendo de las señales. Que cada vez parecen más nítidas. Las subidas de tipos de interés tienen esa consecuencia inevitable, asegura el analista financiero Juan Ignacio Crespo. Con ese objetivo las han aprobado tanto la Reserva Federal de EEUU como el Banco de Inglaterra, y las ordenará el próximo día 21 el Banco Central Europeo (BCE): enfriar la economía para bajar la inflación, que se encuentra en niveles desconocidos desde los años 80 a ambos lados del Atlántico.

De hecho, Crespo asegura que Estados Unidos ya se encuentra en recesión, después de un primer trimestre en el que su economía se ha contraído un 0,45% y en el segundo, de acuerdo con las estimaciones del servicio de estudios del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, ha sufrido un retroceso de magnitud similar. Es decir, EEUU cumple ya los requisitos de la definición técnica europea de recesión: dos trimestres consecutivos de caídas del PIB. Es más, el analista avanza que el mundo entró en recesión industrial el pasado marzo, por culpa de las paradas intermitentes de las factorías chinas.

En Alemania las perspectivas tampoco son precisamente halagüeñas. En mayo la gran potencia exportadora europea tuvo el primer déficit comercial en 31 años: compró en el exterior por 900 millones de euros más de los que vendió. Pero si, además, se cortara el suministro de gas ruso este otoño, su poderosa industria tendría que parar. Este lunes se cerrará el gasoducto Nord Stream 1, que abastece de gas ruso a Alemania, para ejecutar unas tareas de mantenimiento habituales que, en condiciones normales, deberían durar sólo 10 días. Pero el temor a que Putin convierta el cierre temporal en algo más que una advertencia existe. “No es algo que debamos descartar al 100%, porque puede producirse una situación de máxima tensión, no ya en otoño, sino en las próximas semanas”, advirtió este viernes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Antena 3.

Ése sería el detonante que encendería la recesión en el resto de la Unión Europea, España incluida. El Banco de España calcula que el corte ruso de suministro energético le costaría a Europa 4,2 puntos de PIB, 600.000 millones de euros. Sólo un poco menos de los 750.000 millones del paquete de estímulo aprobado por Bruselas para recuperar a la UE de la pandemia. Aunque el BCE no incluye la entrada en recesión de la Unión Europea en su escenario central –el más probable– para los próximos meses, su vicepresidente, Luis de Guindos, previene ante una “desaceleración económica importante”, que en Alemania, debido al posible corte del gas ruso, puede conducir a la recesión, y ésta arrastrar al resto de la eurozona, según alertó la semana pasada en una entrevista en la Cope. Sí que aparece la recesión en su escenario adverso, con un embargo total de gas ruso en Europa, en cuyo caso el PIB del bloque caería un 1,7% en 2023.

Así que el estado de ánimo corporativo en Alemania comienza a resentirse. El índice de gestores de compras PMI –que elabora S&P Global a partir de encuestas mensuales a ejecutivos de miles de empresas de 40 países y muestra la evolución de sus pedidos– se situó el pasado junio en 51,3 puntos, 2,4 puntos por debajo de mayo y acercándose peligrosamente a 50, el límite por debajo del cual se revela una contracción económica. Si desciende de 42, hay recesión. En Francia, el PMI está en 52,8 puntos, 4,2 puntos menos que en mayo, el peor resultado desde que comenzó el año.

En España, aún se queda en 53,6 puntos, pero ha caído 2,1 puntos desde mayo. En toda la zona euro, el indicador es de 52 puntos. Según el análisis de S&P Global, el recorte del indicador en España refleja una caída de la demanda y de los pedidos de las empresas, la tercera en los últimos cuatro meses. No sólo los inversores, también las corporaciones, además de pertrecharse frente al alza de sus costes por la inflación, barruntan el parón de la demanda y se preparan.

Lo mismo está ocurriendo con los consumidores. Las encuestas desvelan cómo reducen o planean reducir sus compras en los próximos meses por culpa de los precios. Aún gastarán este verano parte del ahorro embalsado desde la pandemia. Pero en otoño empezarán a cerrar las billeteras. Según el informe de perspectivas del consumidor de Kantar Insights, es la primera vez desde 2012, en plena crisis financiera, en que los ciudadanos que recortan sus compras superan a los que las mantienen. Hay ganas de gastar, pero como los precios son más altos, el INE ha registrado entre enero y marzo de este año la primera tasa de ahorro negativa de los hogares españoles desde 2019. Porque por primera vez desde entonces han gastado más –un 14% más– de lo que han ganado. Es el efecto de la subida desbocada de los precios: este año las familias españolas han recortado su ahorro 1.427 millones de euros, mientras que, en el primer trimestre de 2021, cuando aún salían de la pandemia, habían conseguido guardar en la hucha nada menos que 14.516 millones.

Otro indicador de que la recesión se acerca son los precios de las materias primas, que con la guerra en Ucrania se instalaron en máximos al llegar marzo, pero ahora están cayendo. Los metales industriales pierden un 9,7% en lo que va de año, después de haber ganado un 26% en marzo, mientras que las materias primas agrícolas se recortan un 1%, frente a una subida del 36% cuando empezó la guerra, recuerda Juan Ignacio Crespo. Y el barril de petróleo Brent se situó por debajo de los 100 dólares –99,86– el pasado miércoles, desde los 130 que rozó en marzo. Los precios caen porque también lo ha hecho la demanda; la actividad se enfría. La inflación debería terminar moderándose, por tanto.

Al mismo tiempo, el euro se desploma frente al dólar y ya casi cotizan a la par. Lo que significa que el euro tiene ahora el peor cambio con la divisa estadounidense desde diciembre de 2002, tras acumular una depreciación del 10%. El motivo es el diferencial de los tipos de interés europeos y norteamericanos, explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorro. De modo que ahora los flujos financieros van hacia Estados Unidos. “Que se debilite el euro es algo que no nos conviene [a los europeos], por el contrario, debería generar confianza para atraer inversiones”, apunta, más allá del abaratamiento de las exportaciones, que favorece una baja cotización de la moneda, y del encarecimiento de las importaciones, sobre todo de las energéticas.

A la luz de todos estos síntomas, Juan Ignacio Crespo no duda en calificar de “horrenda” la coyuntura actual. E incluso se aventura a prever que la recesión global al acecho “durará 15 meses”. Por el contrario, Luciana Taft, consultora de Analistas Financieros (AFI), prefiere hablar de “desaceleración global” aunque también reconoce que han aumentado las probabilidades de que haya una recesión debido a los riesgos energéticos –el corte de suministro ruso a Europa– y las restricciones financieras –las subidas del precio del dinero que aprobará el BCE el día 21–. Pero, precisa, hay razones para pensar que, de producirse, la recesión será “más acotada y suave, más contenida” que en episodios anteriores. Como las crisis de 2008 y 2012.

Funcas pronostica que su escenario central no es de recesión, pero sí de “freno importante al crecimiento” por los dos factores antes citados, aliados con la inflación. Para llegar a una contracción del PIB es necesario que Europa quede desabastecida de gas, haya racionamientos y la industria alemana se paralice. Entonces será “inevitable”, dice María Jesús Fernández, que la recesión alcance a España.

También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) descarta la posibilidad de una recesión en España. Al menos “ahora mismo”, precisó su presidenta, Cristina Herrero, este miércoles. “No en este momento, no para nuestro país”, abundó, “pero hay preocupación sobre qué puede pasar en invierno en la zona euro”, previno Herrero en el Nueva Economía Fórum. Es el mensaje que repiten los ministros del Gobierno. “En el segundo trimestre el crecimiento se ha acelerado, la campaña turística está siendo de récord, en un nivel muy próximo al de 2019, y las previsiones para la segunda mitad del año son de un crecimiento muy intenso, de más del 4%”, elogió la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el pasado jueves. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, definió como “muy baja” la probabilidad de que España entre en recesión debido a la “resiliencia del mercado laboral”, con cifras históricas de afiliación, los fondos europeos y la “holgada” situación financiera de las familias. Lo que no quiere decir, matizó enseguida, que no se vaya a producir una “desaceleración significativa”.

Luciana Taft destaca el “importante blindaje a corto plazo” de que disfruta España de cara al frenazo económico que se avecina. El segundo trimestre, con un turismo de nuevo en máximos de actividad, unas exportaciones también al alza y el aumento del empleo, va a ser “muy bueno”, subraya. La patronal de las empresas turísticas, Exceltur, calcula que el PIB del sector está ya un 1,1% por encima de 2019 y el empleo, un 0,6% mejor. Mientras, el sector secundario todavía funciona a buen ritmo, con una subida del 6,5% del Índice General de Producción Industrial en mayo, 7,1 puntos superior a la de abril y la más alta desde junio de 2021. “Así que el tercer trimestre también aguantará”, continúa. Las dudas asomarán en el cuarto, cuando el deterioro de las rentas de los hogares por culpa de la inflación y la subida de los tipos de interés hagan mella.

Aun así, la analista de AFI cree que España crecerá por lo menos un 4% este año. Conforme discurra el ejercicio, además, deberían dejarse notar ya las ayudas de los millonarios fondos de la UE para la recuperación, cuyo reparto acumula retrasos. España no depende del gas ruso en la medida de otros países europeos, pero si Alemania tose este invierno por falta de suministro, la economía nacional puede terminar acatarrándose con el comienzo de 2023, augura Luciana Taft.

Además, María Jesús Fernández descarta que España ya esté sintiendo lo que los economistas anglosajones llaman “efectos de segunda ronda”: la subida de los precios hace subir los salarios y este aumento incentiva el consumo, subiendo más aún los precios. Los salarios firmados en los convenios colectivos hasta ahora sólo mejoran un 2,4%, muy lejos por tanto del 10,2% en que se ha encaramado el IPC en junio. Pero la analista de Funcas alerta ante la “presión al alza” que se va a dejar sentir en todas las mesas de negociación colectiva en lo que queda de año. Luciana Taft asegura, además, que las cláusulas de revisión salarial, cuya reincorporación a los convenios reclaman los sindicatos, “no van a volver”. Y defiende la conveniencia de ese pacto de rentas que el Gobierno pretende reactivar después del verano. La UE tampoco siente aún la espiral de precios, al contrario que en Estados Unidos, donde “la subida de salarios, en algunos sectores, ya ha escalado a los dos dígitos”, indica la consultora de AFI. Pero Juan Ignacio Crespo las rebate. “La inflación inducida está llegando ya vía materias primas”, zanja.

Todos estos elementos se suman a un contexto macroeconómico muy distinto al de la gran crisis de 2008, recalcan Fernández, Taft y Crespo. En 2022 no hay “excesos” como los que desequilibraban la economía española cuando Lehman Brothers quebró y se hundieron las cajas de ahorro. En 2022 no hay burbuja inmobiliaria, ni un endeudamiento privado récord, el sistema financiero está saneado, la actitud del BCE y de la UE es muy distinta tras la aprobación de los fondos de recuperación, el whatever it takes de Mario Draghi y el mecanismo de protección anunciado por Christine Lagarde para evitar desviaciones de las primas de riesgo como las sufridas en 2012.

Pero en la actual coyuntura, el “talón de Aquiles” español son la deuda y el déficit públicos, disparados tras la pandemia, coinciden las expertas de Funcas y AFI. Taft explica que la inflación está “licuando la deuda”, ayudando al Estado a pagarla, pero a su juicio el principal componente del “agujero fiscal” español son las pensiones, para las que pide una “reforma de calado”. “También es fundamental que el BCE nos resguarde de la ruptura del euro”, añade, con ese mecanismo de protección del que aún se desconocen los detalles.

Juan Ignacio Crespo es más escéptico sobre las ventajas de partida ante la inminente recesión. “De momento, no estamos tan mal como en 2008, porque la pata financiera [de la crisis] aún no ha asomado por debajo de la puerta, pero lo hará”, advierte. Hasta la caída histórica provocada por el coronavirus, España había estado en recesión –con caídas trimestrales continuadas del PIB— desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el tercero de 2013, casi tres años. En 2021 la economía creció un 5,1% y para este año la previsión del Gobierno es del 4,3%.

Crespo culpa al exceso de liquidez, a los miles de millones inyectados por los bancos centrales y a las ayudas millonarias de los programas de estímulo de Joe Biden y de la UE de la crisis mundial de precios. “¿Cómo no iba a haber inflación?”, se pregunta. Califica de “milagro” el hecho de que España haya pasado la crisis del covid casi sin despeinarse. “Con el PIB hundido casi en el 11%, tenemos ahora un millón más de empleos, cuando en las anteriores superábamos el 20% de paro e incluso el salario medio ha subido”, resalta, “gracias a los 4.000 millones de deuda pública española que ha comprado el BCE y el aumento del gasto público”. Algo parecido ocurre en la UE, “donde no parece que estén al borde de la recesión porque la tasa de paro es muy baja y en EEUU, donde tienen pleno empleo porque todo está muy subsidiado”, resume. “Parece jauja, pero termina pasando factura”, lamenta el analista, que concluye con una recomendación: “Cuanto antes se haga el ajuste, mejor”.

Es su tema favorito, porque cree que es el que más daño puede hacer al actual Gobierno y, por eso mismo, catapultarle a la Moncloa en las próximas elecciones. Pero un error no forzado dejó este martes en evidencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cara a cara en el Senado con el presidente Pedro Sánchez que fue a la vez su estreno parlamentario como líder de la oposición. Feijóo estaba reprochando a Sánchez la mala situación de la economía cuando confundió la prima de riesgo (la diferencia entre los tipos de interés de España y Alemania) con el tipo de interés al que se habían colocado por la mañana en los mercados 8.000 millones de euros del Tesoro. Literalmente, el líder de la oposición le dijo al presidente: “¿Por qué nos endeuda usted 210 millones de euros más de deuda pública cada día? Señoría, esta mañana se ha intentado colocar 8.000 millones de euros del tesoro” y “ya estamos pagando la prima de riesgo a 250 puntos, la más alta desde verano del 2014”.

La confusión fue evidente en ese momento para la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así como para todos los presentes con conocimientos básicos de economía. En realidad, explicó la número dos del Gobierno en los pasillos del Senado, la subasta realizada este martes no sólo tuvo “un resultado positivo y una demanda de cuatro veces la oferta que planteaba el Tesoro Público” sino “que se ha cerrado con un tipo de interés del 2,4%, estando la prima de riesgo ligeramente por encima de los 100 puntos básicos”. Feijóo, remachó Calviño, debería “rodearse de mejores asesores en el ámbito económico”.

El PP admitió inmediatamente que se había tratado de un error, una confusión entre las dos cifras, la del tipo de interés y la de la prima de riesgo. Fuentes próximas a Feijóo indicaron que se había basado “en teletipos” y que, en todo caso, un tipo de interés de 2,4% no es una buena noticia porque, aseguran, sigue siendo el más elevado desde 2014. 

Lo importante, aseguran, es el elevado volumen de la deuda, pero lo cierto es que el estreno parlamentario de Feijóo, en el que el PP esperaba mostrar un líder cargado de seriedad, capacidad de gestión y rigor, decidido a centrarse en la economía, acabó en fiasco. El presidente del Gobierno, en su turno, también se equivocó. Cuando estaba reprochando a Feijóo que el PP no se decida a apoyar la reforma de la Constitución para eliminar la referencia a personas “disminuidas”, y usar en cambio el término “discapacitados”, utilizó esa misma palabra que quiere suprimir para referirse a la diputada a la que recientemente ofendió el vicepresidente de Vox en Castilla y León.

La confusión de Feijóo ha vuelto a poner en entredicho la solidez de su discurso económico. El líder del PP denuncia casi a diario el riesgo que supone para España su porcentaje de déficit y su elevada deuda pública —ambas cifras resultado de las medidas extraordinarias aprobadas, con el permiso de la Unión Europea, durante la pandemia para evitar el hundimiento de las empresas y la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo— pero, al mismo tiempo, propone renunciar al incremento de la recaudación por impuestos que se está reduciendo en lo que va de año en vez de utilizarla para empezar a reducir esas dos magnitudes. Un incremento que, según el Gobierno, es el resultado de por la buena marcha de la economía, y según el PP consecuencia exclusivamente de la elevada inflación.

La mayoría de los analistas consideran que el objetivo de reducir déficit y deuda, teniendo en cuenta además el hecho de que la presión fiscal en España está muy por debajo de la media europea, es incompatible con la idea de renunciar a ingresos rebajando impuestos en estos momentos.

Reducir la fiscalidad está en el plan que el PP defiende para luchar contra la inflación, en el que también propone —lo volvió a hacer Feijóo este martes en el Senado— una rebaja del IVA de la electricidad y de los combustibles al 5%. En realidad, la Comisión Europea desaconsejó a finales de abril a los países de la UE que rebajen el IVA al gas y a la electricidad para amortiguar la escalada de los precios por entender que se trata de una medida poco efectiva e incoherente con los objetivos climáticos del bloque. Así se lo hizo saber a los ministros de Economía de los 27 el comisario de Paolo Gentiloni en una carta en la que también les animó a apostar por ayudas directas a hogares y empresas e impuestos a los beneficios caídos del cielo.

En la actualidad, el IVA sobre gas sigue en el 21% pero el de la electricidad se encuentra en el 10%, tras la decisión tomada por el Ejecutivo en junio que fue prorrogada en varias ocasiones, la última en marzo hasta el 30 de junio de este año. Según Gentilone, “las reducciones de los tipos del IVA, en particular, tienen un mal historial en su traducción a menores precios porque los recortes fiscales pueden ser compensados por mayores tarifas de los proveedores de energía” provocando que las familias sigan “sufriendo” el incremento de los precios.

Desde el punto de vista de la “equidad” y la igualdad social, Bruselas considera además que “bajar la fiscalidad indirecta no es necesariamente la solución más efectiva” para garantizar productos energéticos asequibles. En cambio, recaudar más ingresos procedentes de impuestos energéticos sobre los “beneficios inusuales” de las compañías energéticas “puede ayudar a financiar ayudas”.

La forma en la que Feijóo aborda los problemas económicos, al menos en sus intervenciones públicas, es poco rigurosa con las cifras. Un día habla de que el Gobierno ha subido 24 impuestos y unos minutos después sostiene que lo que ha hecho es subir 24 veces los impuestos. 

Ocurre algo parecido en el caso de la inflación, que el líder del PP denuncia como un problema exclusivamente español, producto de la gestión económica del Gobierno de Sánchez, pero que en realidad es un fenómeno mundial derivado de la coyuntura internacional en materia de energía y suministros, incrementado por la invasión rusa de Ucrania. En realidad, por encima del dato español, situado en el 8.5% interanual según Eurostat, se encuentran países como Alemania (8,7%), Países Bajos (10,2%) o Bélgica (9,9%), en contraste con otros de nuestro entorno que sí cuentan con una subida de precios ,ligeramente por debajo como el caso de Italia (7,3%) o Francia (5.8%). Por no hablar de Luxemburgo (9,1%), Grecia (10,7%), Eslovaquia (11,8%), Eslovenia (8,7%), Lituania (10,5%), Letonia (164%) y Estonia (20,1%).

No son las únicas cifras que el líder del PP adapta a su discurso. Es verdad que la deuda pública en España (el dinero que deben todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y la local) se situó al cierre de 2021 en el 118,4% del PIB. Lo que Feijóo no dice es que esa cifra supuso una rebaja de 1,6 puntos respecto al dato de 2020 (120%) y se sitúa más de un punto por debajo del objetivo marcado por el Gobierno (119,5%).

Tampoco es una deuda que haya salido de la nada con el Gobierno de coalición. La Administración de Pedro Sánchez había heredado de la de Mariano Rajoy una deuda del 98% que ya había reducido al 95,5% cuando llego la pandemia y desbarató las cuentas de todos los países.

De hecho, en estos momentos la deuda pública española es elevada, pero está por debajo de Estados de la Unión Europea como Grecia (193,3%), Italia (150,8%) y Portugal (127,4%). Esa diferencia no es, además, algo nuevo, ya pasaba cuando gobernaba Rajoy. Entonces, en 2018, las cotas más elevadas se registraban en Grecia (181,1%), Italia (132,2%), Portugal (121,5%), Chipre (102,5%), Bélgica (102%), Francia (98,4 %) y España (98%).

Algo parecido sucede con las cifras de déficit. De los países de los que Eurostat cuenta con datos actualizados (faltan Grecia, Croacia, Italia y Chipre), los mayores déficits a cierre de 2021 se registraron en Bulgaria (9,7%), Rumanía (7,7%), Malta (7,7%), Hungría (7,6%) y Letonia (6,6%). El 6,1% de déficit con el que España finalizó 2021 es superior al dato conjunto tanto de los integrantes de la eurozona como de la UE, así como al 2,7% de Alemania, el 1,2% de Portugal o el 4% de Francia. Lo que el líder del PP no dice es que España fue el país que más recortó su déficit en el último trimestre de 2021, al rebajarlo 2,8 puntos respecto al 6,8% que registraba al final del tercer trimestre.

En los últimos días, Feijóo también se adentró en terreno pantanoso cuando intentó negar credibilidad a las cifras oficiales de desempleo, aunque sólo donde su partido no gobierna. En esas comunidades, y sólo en esas, el líder del PP no se cree los datos del SEPE, según los cuales, a pesar de haber atravesado una pandemia, en España hay por primera vez en la historia menos de tres millones de parados registrados (2.922.911) y una cifra récord de afiliados a la seguridad social de 20.232.723 personas.

Según Feijóo, esta información está maquillada porque se contabilizan como empleados 750.000 trabajadores que, según él, no lo son porque se trata de fijos discontinuos. Pero en realidad las estadísticas no han cambiado. Los fijos discontinuos son trabajadores indefinidos que desempeñan actividades intermitentes porque la naturaleza de su empleo no es permanente como ocurre, por ejemplo, en determinadas actividades agrícolas o vinculadas al sector de la hostelería. En esa situación no constan como parados, pero tampoco aparecían como tales antes en la época del PP porque no ha cambiado la forma en que se contabilizan.

¿Crecen la inflación, el desempleo, la deuda pública y el déficit? Escuchando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no hay duda de que sí. Y de que es culpa de Pedro Sánchez. El jefe de la oposición sostiene que el Gobierno de España está mintiendo, a los ciudadanos y a la Unión Europea, y asegura que nuestro país se encamina a una crisis semejante a la gran recesión de 2008. ¿En qué se apoya para su diagnóstico? Repasamos las cifras y las opiniones sobre las que Feijóo construye el discurso económico que repite desde que relevó a Pablo Casado al frente del Partido Popular.

El alza de los precios se ha convertido en la piedra angular de la estrategia de Alberto Núñez Feijóo contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Casi cada día asegura que el Ejecutivo ha fracasado a la hora de contener la inflación, sostiene que es consecuencia de la política económica que impulsa Sánchez —y no un daño colateral de la invasión rusa de Ucrania y sus efectos en el mercado energético— y afirma que la única solución es bajar impuestos.

La tasa de inflación, un 8,3% en abril, unas décimas menos que el mes anterior, es “altísima, de las más altas de la UE y de las más altas en la historia económica de nuestro país”, denuncia el líder del PP. Según Feijóo, España debería tener una inflación menor porque “no está tan afectada por la guerra como Alemania o Polonia”.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoce que en estos momentos la inflación es la mayor preocupación del Gobierno, pero asegura estar confiada en que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo la hagan retroceder hasta situarla en el 2% durante el próximo año. Calviño sostiene que ya hemos superado el pico máximo (en marzo alcanzó el 9,8%).

 En contra de lo que afirma Feijóo, la ministra sostiene que el origen del problema está en el elevado precio de los combustibles fósiles, de los que España es muy dependiente. La limitación del precio del gas, la excepción ibérica que Sánchez arrancó a la UE, será, según el Gobierno, fundamental para contener la inflación.

¿Qué está pasando en el resto de Europa? Los datos dicen que no es un problema exclusivamente español. La tasa de inflación interanual de la zona euro se situó en abril en el 7,4%, lo que supone el mismo dato que el registrado en marzo, por lo que sigue siendo el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, según Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la tasa de inflación interanual se situó en abril en el 8,1%, lo que supone una aceleración de tres décimas en comparación con marzo y de más de seis puntos frente al encarecimiento de precios de hace un año.

Entre los países de la UE, las mayores subidas de los precios se registraron en Estonia (19,1%), Lituania (16,6%) y República Checa (13,2%), mientras que las subidas menos fuertes correspondieron a Malta y Francia (5,4% ambos) y Finlandia (5,8%). Lo que demuestra, en contra de la tesis defendida por Feijóo, que no hay una pauta que relacione las mayores subidas con la cercanía a Rusia.

El líder del PP lleva semanas acusando al Gobierno de despilfarrar dinero público. Para apoyar esta idea recuerda con frecuencia que la deuda pública española está en el 118% del PIB, según datos del Banco de España. Es “casi un billón y medio de euros en deuda, con 200.000 millones” generados en los años 2020 y 2021 (el miércoles subió la cifra a 300.000), lo que en su opinión justifica que Bruselas se fije en las cuentas españolas “de manera especial”. Según Feijóo, la deuda pública española se incrementa mes a mes y el Gobierno está hipotecando a todos los españoles a razón de 200 millones de euros cada día. 

Es verdad que la deuda pública en España (el dinero que deben todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y la local) se situó al cierre de 2021 en el 118,4% del PIB. Lo que Feijóo no dice es que esa cifra supuso una rebaja de 1,6 puntos respecto al dato de 2020 (120%) y se sitúa más de un punto por debajo del objetivo marcado por el Gobierno (119,5%). Lo que tampoco dice es que la deuda se disparó durante la pandemia, cuando el Gobierno —con el permiso de Bruselas— tuvo que movilizar ingentes recursos públicos para, entre otras cosas, abonar los ERE a los trabajadores que no podía trabajar e impedir el cierre de empresas. 

El Gobierno de Sánchez heredó de Mariano Rajoy una deuda del 98% y, justo antes de la pandemia, la había reducido al 95,5%.La bajada de los últimos trimestres (llegó a estar en el 121%) se debe, según la ministra Calviño, a la recuperación en la recaudación tributaria durante 2021. “El hecho de que hayan aumentado los ingresos fiscales el año pasado hasta que estemos un 4% por encima de lo que teníamos antes de la pandemia nos permite prever que vamos incluso a estar por debajo de las ratios de deuda PIB de lo que habíamos previsto como objetivo y que nos permite encarar una senda de reducción del déficit y la deuda” en los próximos meses, asegura la vicepresidenta primera.

La deuda pública española es elevada, pero está por debajo de Estados de la Unión Europea como Grecia (193,3%), Italia (150,8%) y Portugal (127,4%). No es, además, algo nuevo: ya pasaba cuando gobernaba Rajoy, aunque Feijóo no lo precise. Entonces, en 2018, las cotas más elevadas se registraban en Grecia (181,1%), Italia (132,2%), Portugal (121,5%), Chipre (102,5%), Bélgica (102%), Francia (98,4 %) y España (97,1%).

El líder del PP denuncia estos días que el déficit estructural español (el que no está relacionado con la coyuntura económica) se ha duplicado o que es el doble del que registran los países de la Unión Europea. La culpa, sostiene, este un Gobierno que insiste en gastar más de lo que tiene. Y la solución, añade, es bajar impuestos.

Lo cierto es que de los países de los que Eurostat cuenta con datos actualizados (faltan Grecia, Croacia, Italia y Chipre), los mayores déficits a cierre de 2021 se registraron en Bulgaria (9,7%), Rumanía (7,7%), Malta (7,7%), Hungría (7,6%) y Letonia (6,6%). El 6,1% de déficit con el que España finalizó 2021 es superior al dato conjunto tanto de los integrantes de la eurozona como de la UE, así como al 2,7% de Alemania, el 1,2% de Portugal o el 4% de Francia. Lo que el líder del PP no dice es que España fue el país que más recortó su déficit en el último trimestre de 2021, al rebajarlo 2,8 puntos respecto al 6,8% que registraba al final del tercer trimestre.

El abultado déficit público que denuncia Feijóo es consecuencia directa de la crisis económica derivada de la pandemia, que obligó al Estado a aumentar sus gastos para dar cobertura a trabajadores y empresas mientras veía reducidos sus ingresos al recaudar menos dinero.

En comparación con Europa, la situación de España no es muy diferente a la que se encontró Sánchez cuando llegó al Gobierno, En 2018, con Mariano Rajoy, España registró el tercer déficit más elevado de la UE, igualada con Francia (también 2,5% del PIB), y por detrás de Rumanía (3%) y Chipre (4,8%), los dos únicos países que aún registraban entonces desvíos superiores al 3%.

La previsión del Gobierno, así figura en el programa de Estabilidad enviado a Bruselas, es cerrar 2022 con un déficit del 3,8%, del 3,4% en 2023 y del 3,2 en 2025.

Feijóo asegura que la economía española está estancada y, a modo de prueba, sostiene dos argumentos. El primero es que, durante el primer trimestre, el crecimiento ha sido, según él, “pírrico” (alcanzó el 0,3%). El segundo es que las cifras del Gobierno son irreales, como demuestra que como consecuencia de la guerra de Ucrania haya tenido que recortar las previsiones de crecimiento para 2022 del 7 al 4,3%.

Lo que no dice Feijóo es que la corrección a la baja de estas estimaciones ha sido la norma en todos los países, que en 2021 no sabían que iba a haber una guerra en Europa, de manera que el recorte ha afectado a todos los países de la Unión Europea. Y se permite despreciar un crecimiento del 4,3%, que no deja de ser muy abultado y de estar por encima de la mayoría de los socios de la UE.

La ministra de Asuntos Económicos recuerda que todas las previsiones de crecimiento sitúan la evolución positiva del PIB español para este año entre el 4% y el 4,8%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que, de que las grandes economías europeas, España es la única que sigue creciendo, y advierte del riesgo de que las demás entren en recesión o, al menos, en un estancamiento “suave” como consecuencia de la guerra en Ucrania.

España lidera las cifras de desempleo de la Unión Europea, destaca Feijóo. La cifra es correcta. Lo que el líder del PP no dice es que eso ha ocurrido de forma crónica en nuestro país con gobiernos del PSOE y del PP y que el mercado de trabajo español se está recuperando y ya alcanza niveles que no se veían desde antes de 2008.

Las últimas cifras, publicadas a comienzos de mayo, revelaron que los afiliados a la Seguridad Social superan los 20 millones –20.098 millones, exactamente–, lo que sucede por primera vez en la historia, y que el número de parados se redujo en un 2,77% hasta dejar la tasa de desempleo en el 13,4%.

Feijóo ha tratado en varias ocasiones de desacreditar estas cifras diciendo que el empleo ha engordado únicamente gracias a los contratos del sector público, lo que no se corresponde con la realidad. O, como ha intentado este miércoles el PP en el Congreso, asegurando que se sigue creando empleo de mala calidad. Las cifras oficiales demuestran, por el contrario, el descenso constante, gracias a la reforma laboral aprobada por el Gobierno y ratificada por el Congreso, de los contratos temporales (35%) y en particular de aquellos considerados ultrabreves (por horas o por días), que han pasado de representar el 75 al 28%. 

El líder del PP sostiene que se avecinan tiempos complicados para la economía española ante la inminente subida de los tipos de interés “a la vuelta del verano”. Y eso pondrá sobre la mesa que la deuda es “la cuarta partida más importante” de los Presupuestos. “Las deudas se acaban pagando”, advirtió, y la situación es tan grave que “ya no cumplimos las reglas del Tratado de Maastricht. Si hoy España tuviese que entrar en el euro, no cumpliría el Tratado del euro”.

La visión de la ministra de Calviño es muy diferente. Según ella, en estos años se ha hecho una buena gestión y se ha conseguido alargar el periodo de madurez de la deuda, que ahora mismo está por encima de los 8 años, reduciendo su coste financiero. “Eso nos pone en una situación más fuerte de cara al aumento del tipo de interés que se lleva anunciando dos años y para el que tenemos que estar preparados”.

Es en ese contexto, subraya la titular de Economía, en el que el Gobierno ha bajado el déficit público en 3,3 puntos del PIB y la deuda pública en 1,5 puntos. “Este año vamos a reducirlo aún más aprovechando el crecimiento económico. Eso nos permite seguirnos financiando en condiciones muy favorables en los mercados”, lo que es “bueno para la deuda pública y también para la de las familias”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reveló este miércoles ante el Comité Ejecutivo de su partido algunos detalles más de la propuesta de rebajas fiscales que el viernes ha prometido entregar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero tampoco fue exhaustivo. Obvió un par de las iniciativas que había esbozado previamente y pasó por encima de tres de las cuatro “líneas básicas” que plantea, centrándose en la “bajada selectiva, inmediata y temporal de impuestos” que quiere poner en el centro de los focos.

Así, no precisó en qué va a consistir la “racionalización del gasto burocrático del Gobierno”, que tachó de “excesivo e injustificable”, ni cuánto dinero se puede ahorrar con ese recorte; tampoco explicó cómo será el “rediseño” de fondos europeos que quiere acometer para que empresas y autónomos sean los “actores directos” de su ejecución, ni qué “reformas estructurales” plantea para incentivar la actividad económica.

Sobre las rebajas fiscales, en cambio, fue más explícito, aunque no concretó en qué cuantía caerá la recaudación como resultado de esas medidas. Según dijo, “parte” de los 9.000 millones de euros en que el Gobierno prevé aumentar los ingresos fiscales este año deberían ser “devueltos” a los ciudadanos. El PP aclaró después que su propuesta también se basa en el alza de recaudación prevista por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para este ejercicio, 18.000 millones de euros más respecto a 2021.

La rebaja fundamental de Feijóo consiste en deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos. Es decir, adecuarla a la inflación, cuya media puede llegar al 7,5% al acabar el año, según los últimos cálculos del Banco de España. De esta manera, indicó el presidente del PP, se reducirá la factura fiscal para las rentas “medias y bajas”, las inferiores a 40.000 euros anuales. Además, quiere crear un “impuesto negativo” para quienes ganan entre 14.000 y 17.000 euros al año, que no están obligados a hacer la declaración de la renta. Se trata de una “ayuda directa”, de entre 200 y 300 euros, a imitación de la que, por ejemplo, creó Cristóbal Montoro en 2003 para mujeres trabajadoras, que reducía hasta 1.200 euros la cuota del IRPF por cada hijo. También es una fórmula planteada en numerosas ocasiones por Ciudadanos, que incluyó en su programa electoral un impuesto negativo de 1.400 euros para los hogares con ingresos por debajo de los 17.000 euros anuales.

Feijóo también citó, sin concretar, la creación de una “nueva figura” en la lista de mínimos personales y familiares del IRPF, que beneficie con deducciones y de manera “específica y temporal” a las rentas medias y bajas. Finalmente, pidió un “ajuste a las retenciones en las nóminas” de los trabajadores, de forma inmediata y retroactiva desde el 1 de enero.

Las estadísticas de la Agencia Tributaria no desglosan el número de contribuyentes según los umbrales que utiliza Núñez Feijóo, de modo que no es posible calcular con exactitud a cuántos ciudadanos benefician unas medidas y otras. Según las cifras correspondientes al ejercicio de 2019, 7,12 millones de personas presentaron declaraciones de hasta 12.000 euros y otros 4,39 millones, entre 12.000 y 21.000 euros al año. Más se aproxima al umbral del PP la Memoria de la Administración Tributaria que, con datos de 2018, cifra en 11,04 millones de declaraciones de hasta 18.000 euros anuales de base imponible; es decir, una vez efectuadas las deducciones sobre la renta bruta. En resumen, unos 11 millones de contribuyentes –la mitad de los casi 21 millones de contribuyentes del IRPF– no llegan al mínimo legal que obliga a declarar.

Tampoco existe un tramo de hasta 40.000 euros anuales en los datos de la Agencia Tributaria. Pero entre 12.000 y 30.000 euros recibió en 2019 7,9 millones declaraciones. De acuerdo con la Memoria antes citada, entre 18.000 y 42.000 euros de base imponible se situaban 7,61 millones de contribuyentes en 2018. El 77,8% de los contribuyentes del IRPF tienen bases imponibles por debajo de 30.000 euros.

El Consejo General de Economistas presentó también este miércoles su documento sobre la campaña de la renta de este año, donde ha incluido dos ejercicios de simulación del IRPF deflactado, ajustado a la inflación. En uno de ellos sólo deflactan la tarifa; en otro, la tarifa, el mínimo personal y los gastos del trabajo. Según explicó en rueda de prensa Luis del Almo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), lo aconsejable sería hacer el ajuste no con la inflación, sino con lo que suban las rentas, de las que los salarios son la parte fundamental. Pero debería ajustarse tanto la tarifa como el mínimo y los gastos de trabajo. Aunque estos dos últimos parámetros adaptados al IPC.

Así, deflactando la tarifa al 1,5%, un salario anual de 22.000 euros que hubiera crecido en ese porcentaje, pagaría a Hacienda 9,34 euros menos. Si la subida salarial es del 3% y se ajusta en ese mismo porcentaje, el ahorro para el contribuyente sería de 18,67 euros. En caso de adecuarlo a la inflación media prevista para este año, el 6,5%, pagaría 40,47 euros menos siempre que su salario hubiera crecido un 3% –la media de subida de los convenios en 2021 fue del 1,5%–. Para un salario de 50.000 euros, la rebaja del IRPF alcanzaría los 64,48 euros si la subida y la posterior deflactación son del 1,5%, y los 128,96 euros si son el 3%. “Una cosa es compensar al contribuyente por la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, y otra distinta solucionar el efecto pernicioso de la inflación sobre la tarifa progresiva del IRPF”, explica Luis del Amo. De ahí que su propuesta sea que se deflacte la tarifa según suban los sueldos, no según lo haya hecho el IPC.

Las rebajas se elevan considerablemente en el caso de que se añada el ajuste al mínimo personal y los gastos de trabajo, donde el Consejo General de Economistas aplica un 6,5%, la inflación de finales de 2021. Para el sueldo de 22.000 euros, el ahorro aumenta hasta 99,75 euros, y hasta 116,65 euros para el sueldo de 50.000.

Además, según apunta el Consejo General de Economistas, deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos no sólo beneficiaría a las rentas más bajas, sino a las altas también, ya que éstas tributan por el tipo respectivo en cada tramo hasta llegar al máximo.

Núñez Feijóo insistió ante la ejecutiva del PP en que se puede bajar el IVA de la luz y el gas hasta el tipo superreducido. Dijo que la directiva europea del pasado día 5 permite dejarlo “en el 4% o 5%”. “¿A qué esperamos? ¿Por qué no lo hacemos, si Europa lo facilita y lo acepta?”, se preguntó. Ya no mencionó como ejemplo a Polonia, un país que ha dejado a cero el IVA del gas natural sin contar con la autorización de la Comisión Europea. En una nota de prensa posterior, el PP precisa que la rebaja “urgente” debe ser del 5%. El tipo superreducido en España es del 4%, no del 5%. El Gobierno ya ha recortado el IVA de la electricidad del 21% –el tipo general– al 10% –tipo reducido– para potencias contratados de menos de 10kW, lo que ha supuesto una merma de recaudación de 509 millones de euros sólo entre junio y octubre.

Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que la directiva no permite esa posibilidad. Y la Comisión Europea ya ha señalado a España como uno de los países con menor recaudación por IVA debido al uso excesivo de los tipos reducidos y superreducidos.

En la rebaja del IRPF y el IVA, siempre que sea temporal, encuentra Núñez Feijóo una coincidencia inesperada con el secretario general de CCOO, Unai Sordo. En un artículo publicado en infoLibre se mostró partidario de rebajar “puntualmente” la retención de los salarios más bajos y “hacer deducible esa rebaja en el IRPF”. También de mantener las rebajas fiscales en la electricidad, “sopesar su ampliación”, con un IVA superreducido, y extenderlas temporalmente a los hidrocarburos a través de los impuestos especiales. Pero rechaza por completo cualquier bajada generalizada de impuestos. En cambio, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha mostrado su rechazo a cualquier rebaja del IRPF porque beneficiará también a las rentas más altas.

“La idea aquí es ajustar tipos para mantener la recaudación que ahora está elevándose como resultado del incremento de la basa imponible que produce la subida de los precios de la energía”, explicaba el dirigente sindical.

En ese punto, conservar los ingresos tributarios, también ha puesto la atención el Consejo General de Economistas. A su juicio, cualquier decisión sobre los impuestos debe tener en cuenta que “tarde o temprano habrá que embridar el déficit público”, sobre todo cuando es previsible que la financiación de la deuda se encarezca por la subida de tipos de interés que se avecina. Pero, al mismo tiempo que anunciaba la necesidad de bajar los impuestos, Núñez Feijóo atacaba los 200.000 millones de euros en que ha crecido del déficit público en los dos últimos años. Es cierto que España tiene uno de los déficit más elevados de la zona euro. Según los últimos cálculos del FMI, este año alcanzará el 5,3% del PIB, muy alto pero también dos puntos menos que el año pasado. En 2023 prevé que baje hasta el 4,3%.

En su propuesta fiscal Núñez Feijóo añadió una medida más en el Impuesto sobre Sociedades, aunque tampoco fue muy explícito. Quiere dar “libertad” a las empresas para que amorticen sus inversiones en eficiencia energética y digitalización. Lo que implica un diferimiento del impuesto a lo largo de más años. Finalmente, reclamó una rebaja en la tributación por módulos del régimen simplificado en el IVA y en el régimen especial de ciertos sectores especialmente afectados por la inflación, como el transporte, la agricultura y la ganadería o la industria.

Cristina Cifuentes anunció en 2016 la integración en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de los seis hospitales bajo concesión de obra pública que el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty había intentado privatizar hasta que se lo impidieron las mareas blancas y los tribunales. Vendió la operación como el cumplimiento de una promesa electoral que, además, “profundizaba en la gestión pública de los recursos sanitarios” que estaba llevando a cabo entonces el Gobierno de Madrid, según decía el comunicado de la Consejería de Sanidad publicado un 6 de julio de 2016.

La integración consistió en extinguir las empresas públicas que gestionaban cada uno de los hospitales, y hacerlos depender directamente del Sermas. Sin embargo, esos centros –Hospital del Tajo, del Sureste, del Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina–, puestos en funcionamiento en 2009, y a los que sumó el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, no figuraron en la contabilidad de la Comunidad de Madrid hasta 2019. Por tanto, no computaron ni para el cálculo del déficit ni para el de la deuda de la administración regional. Ni antes de su integración en el Sermas, cuando dependían de otras tantas empresas públicas creadas ad-hoc, ni después cuando pasaron a ser gestionadas directamente por la consejería.

Así lo recogen los sucesivos informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña desde 2017. Y lo reconoció este miércoles el propio presidente del organismo, Carlos Salgado Pérez, durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid. “Que [esos activos] estén incluidos o no en las cuentas del Sermas tiene evidentemente una trascendencia”, aseguró Salgado Pérez. “La contabilización”, añadió, “conlleva una repercusión en la deuda y el déficit de la Comunidad de Madrid”. Carlos Salgado no cuantificó el impacto porque aún no se ha hecho, dijo, un análisis del efecto en ambas magnitudes de las colaboraciones público-privadas suscritas por el Gobierno regional, ni en el ámbito de los hospitales ni en otras, como la M-45, por ejemplo.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid emitió un informe en diciembre de 2017 donde establecía que el Sermas debía incluir en su balance los siete hospitales, así como las inversiones que se realizaran en ellos y el correspondiente pasivo financiero. Para llegar a ese criterio había realizado antes varias consultas al respecto con la Intervención General del Estado. Un año después, la Comunidad sacó a concurso la elaboración de un estudio para hacer la integración en sus cuentas de esos activos “dada la complejidad [de la operación] y la inexistencia de antecedentes”. Se presentó sólo una consultora, KPMG, que cobró por el informe 40.606 euros. Según sus cálculos, los siete hospitales tenían un valor contable de 600,13 millones de euros y suponían un pasivo de 552,68 millones. Así lo explica, una vez más, la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización del ejercicio de 2018. La inclusión de estos siete hospitales de gestión privada no se llevó a cabo hasta un año después, a 31 de diciembre de 2019. Según ha explicado la Consellería de Sanidade a preguntas de infoLibre, la demora se debió a “la complejidad de la valoración y el análisis del cálculo de los activos”.

Según la Cámara de Cuentas, la incorporación de los hospitales en el balance de la Comunidad en 2019 se tradujo en un aumento del activo no corriente por importe de 727 millones de euros. Para hacerse una idea de la importancia del cambio, basta con señalar que la Cámara de Cuentas cifra en un 44% el “fuerte incremento” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, con una suma de activos y pasivos que rozaba los 3.000 millones de euros. La inclusión de los siete hospitales supuso un aumento del inmovilizado material –los bienes propiedad de la administración madrileña– del 76% en 2019.

Pero la operación no estaba completa. Siguiendo las instrucciones de la Intervención, el Sermas también debía consignar en sus cuentas de forma correcta los pagos anuales a las concesionarias. Porque lo que hacía Sanidad era incluir dentro de una sola rúbrica, el canon –en el capítulo 2 de sus presupuestos– todos los abonos que les hace cada año a las empresas privadas. No fue hasta finales de 2020, un año después de la integración de los activos, cuando empezó a desglosar los diferentes tipos de pagos, tal y como le reclamaba la Intervención. Sólo desde ese momento, el Sermas precisa cuánto paga a las concesionarias por los servicios prestados, por las amortizaciones de la inversión realizada y por los intereses de la carga financiera de esas inversiones. Es decir, durante todos los años de funcionamiento de los hospitales, la deuda con las concesionarias ha estado oculta en la partida del canon de las cuentas del Sermas.

El total que cada año el Sermas paga a las concesionarias de estos siete hospitales asciende a 166,28 millones de euros. De esa cantidad, 29,14 millones corresponden a intereses, tal y como figura en los presupuestos de este año. Es deuda que hasta ahora no constaba como tal en las cuentas del Sermas.

Por ejemplo, de los siete hospitales con este sistema de gestión, el más caro es el Puerta de Hierro, al que Sanidad debe pagarle cada año un total de 58,54 millones de euros, de los cuales 7,83 millones corresponden a intereses, 7,34 millones se destinarán a comprar bienes inmuebles y 587.358 euros a comprar bienes muebles.

La Consejería de Hacienda niega que la inclusión de los hospitales en el balance del Sermas tenga consecuencia alguna ni en el cálculo del déficit ni en el de la deuda de la Comunidad de Madrid, porque “se contabilizan como contabilidad patrimonial, no como contabilidad nacional” . Y se remite al mencionado informe de la Intervención de diciembre de 2017 en el que se indica que “la mera diferenciación en factura de la retribución asignada a la inversión del resto de retribuciones, en contabilidad nacional, no afecta al balance de riesgos existente previamente y no se modifica su incidencia en el déficit y la deuda de la Comunidad de Madrid”.

Madrid siempre ha presumido de sus cifras déficit y deuda públicos. En 2020 terminó con sólo 43 millones de euros de déficit, un 0,02%, lo que permitió a Fernández-Lasquetty, quien ahora es consejero de Hacienda, alardear de unas “cuentas saneadas” con las que la Comunidad puede “bajar los impuestos, costear unos servicios públicos de la máxima calidad y hacer frente a una catástrofe como la covid-19, sin meterse en deudas”. Para 2021, la AIReF preveía un déficit superior, pero aun así pequeño, del 0,3%. Hasta 2020 las cifras de déficit Madrid siempre habían sido negativas.

Otro tanto ocurre con la deuda, 34.604 millones en 2020, el 15,99% de su PIB, según el Ministerio de Hacienda. Es la segunda más baja, tras Canarias. La AIReF prevé que en 2021 la deuda baje al 15,1% del PIB.

No es este capítulo de los hospitales bajo concesión de obra pública el único que ha hecho aflorar deuda oculta en la Comunidad de Madrid. En 2018, el informe de la Cámara de Cuentas autonómica desveló que la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 722,3 millones de euros con los cinco hospitales bajo concesión administrativa: los cuatro gestionados por Quirón Salud y el de Torrejón de Ardoz. En 2021 El País publicó que Bruselas había obligado a la Comunidad de Madrid a aflorar esa deuda, que hasta el 31 de diciembre de 2019 había crecido hasta alcanzar los 944 millones de euros. Según el último informe anual de Fresenius, la multinacional dueña de Quirón Salud, la deuda asciende a 1.250 millones por la asistencia médica a pacientes de la sanidad pública en ejercicios anteriores.

La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), que integra a 60 ONG de 29 países europeos, publicó en 2017 un informe sobre asociaciones público-privadas, la fórmula utilizada por la Comunidad de Madrid para construir estos siete hospitales y gestionar otros bajo concesión administrativa –Valdemoro, Torrejón, Rey Juan Carlos y Villalba–. El documento denuncia los “falsos incentivos” que tiene para las administraciones públicas dejar fuera del balance estas fórmulas de gestión: les permite ocultar costes y subestimar su efecto fiscal real. “Los gobiernos eligen las asociaciones público-privadas no por motivos de eficacia, sino para evitar limitaciones presupuestarias y para posponer el registro de costes fiscales derivados del suministro de servicios de infraestructura, unas prácticas que acaban exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos”, resaltan los autores del informe. En resumen, destacan, que estos activos figuren en las cuentas de una administración pública tiene “un efecto sobre el déficit y la deuda”.

Para decidir si se incluyen en la contabilidad o no, Eurostat ha elaborado sus propios criterios, que son los que siguen en España la Intervención General del Estado y la de la Comunidad de Madrid. En general, si es la administración pública en cuestión la que asume ciertos riesgos, los activos gestionados bajo esta fórmula público-privada deben estar incluidos en las cuentas públicas, no en las de la empresa concesionaria.

En 2018, la Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido, un organismo del Parlamento británico e independiente del Gobierno, analizó los proyectos gestionados con este mecanismo de colaboración público-privada. Es en Reino Unido donde ha tenido más éxito la fórmula. En 2017 estaban en marcha 716 proyectos, por importe de 59.400 millones de libras (71.215 millones de euros). Por comparar, en España actualmente existen sólo 161 proyectos, con un valor de 35.200 millones de euros, según los registros del Banco Europeo de Inversiones (BEI). De ellos, 20 son hospitales.

El informe destaca que los costes financieros de estos contratos son mayores que en proyectos enteramente públicos. Y que tienen otros costes externos adicionales, desde seguros hasta asesores y garantías. Sumados unos y otros, resulta que “el gasto total de estos proyectos es mayor que el de las alternativas con financiación pública”. Según detalla, un 40% más en el caso de las escuelas y hasta un 70% más en el de los hospitales.

Es más, al igual que Eurodad, la Oficina Nacional de Auditoría británica pone el foco en los “incentivos en el corto plazo” que para las administraciones públicas supone dejar fuera de sus cuentas la deuda asociada a estos proyectos. Para ello cita a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que en un informe sobre riesgos fiscales calificaba de “ilusión fiscal” el uso de fórmulas fuera de balance como estas concesiones. Así explicaba el espejismo: “[Los mecanismos de colaboración público-privada] pueden ser atractivos para los gobiernos, ya que el nivel registrado de deuda será menor en el corto y medio plazo (cinco años), aunque sus costes sean significativamente mayores en el largo plazo de contratos que duran de 25 a 30 años”.