Unicaja Banco ha propuesto una reducción de 1.513 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas, lo que equivale al 16,5% del total de la plantilla y el 27% de la red de sucursales tras la integración de Liberbank, según informaron fuentes sindicales de la reunión de la mesa negociadora celebrada este martes.

La cita de este martes ha sido la segunda del periodo informal de consultas, previo a la apertura formal de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en la que el banco ha expuesto las causas que le llevan a realizar el ajuste de empleo, que afectará en mayor medida a los trabajadores de la red de oficinas, según informa Europa Press.

En concreto, el banco habría planteado una reducción de 1.005 empleos en el la red de oficinas y de 508 puestos de trabajo en los servicios centrales.

Según los sindicatos, Unicaja Banco ha comunicado durante la reunión su intención de aplicar movilidad geográfica por las citadas salidas y de armonizar las condiciones de trabajo entre los empleados de Unicaja Banco y los procedentes de Liberbank, pero sin incurrir en más costes.

Durante la negociación, los representantes laborales velarán por el mantenimiento de la calidad del empleo, que las salidas y medidas afecten al menor número de personas posibles, que estas sean voluntarias y que se homologuen las condiciones de la plantilla sin merma de las condiciones laborales para ningún colectivo.

"Desde UGT nos oponemos a cualquier proceso que conlleve salidas no voluntarias y exigimos que los compañeros en excedencia pactada compensada procedentes de Liberbank sean incluidos en estos números", han señalado desde dicho sindicato.

Sinergias por la fusión con Liberbank 

Unicaja Banco integró legalmente el pasado 30 de julio a Liberbank, una operación que ha dado como resultado a la quinta mayor entidad bancaria española, con unos activos cercanos a los 113.000 millones de euros y más de 4,5 millones de clientes.

Según el plan de fusión, la ratio de eficiencia se situará en torno al 50% y la rentabilidad alcanzará al menos el 6% en términos de ROTE en 2023, mientras que las sinergias alcanzarán los 192 millones de euros anuales, de forma plena a partir de 2023.

El consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, dijo la semana pasada en un encuentro financiero celebrado en Madrid que la valoración de la operación de fusión era "muy positiva" y que se cumplían todas las sinergias previstas en los momentos iniciales, a las que se suman otras relacionadas con los costes.

Si los clubes tuvieran que vivir sólo del fútbol, hace mucho tiempo que habrían quebrado. En sus cuentas de resultados casi lo de menos es el balón. El Real Madrid ingresó en 2019 –las cifras de 2020 están distorsionadas por la pandemia, que vació los estadios– 205,7 millones de euros por la venta de entradas y 54,3 millones más gracias a sus abonados y socios. Por las retransmisiones de los partidos, 173 millones y por explotar sus instalaciones deportivas, 27 millones de euros. Pero en concepto de patrocinios y publicidad facturó mucho más, 295,1 millones. Es decir, el 40% de su cifra de negocio procede de la gigantesca valla publicitaria en que se ha convertido el club blanco. Sólo con lo que ingresa por su actividad comercial casi podría pagar los astronómicos sueldos del primer equipo, que suman una nómina anual de 308,47 millones de euros.

Cada esquina del estadio Santiago Bernabéu o del campo de entrenamiento de Valdebebas, una manga de las camisetas de los jugadores o los coches, cosméticos y trajes que utilizan Sergio Ramos, Marcelo o Isco proporcionan al Real Madrid el verdadero sustento con que cierra sus ejercicios económicos.

Según un informe de la firma de investigación de mercados Nielsen, el valor mediático generado por el Real Madrid –la visibilidad del patrocinador traducida a euros– para la aerolínea dubaití Emirates ascendía en 2018 a 147,83 millones de euros, el de Adidas a 75,63 millones –casi el doble del que le proporciona el Manchester United– y el de Movistar a 34,71 millones. Y eso sólo considerando partidos e informativos de televisión y su presencia en las redes sociales. Los analistas de Nielsen excluyeron de la medición a la prensa y los medios digitales, así como la web del club y las cuentas de los jugadores en las redes sociales.

Es a ese valor mediático donde se ha agarrado el fondo Providence para buscar el máximo rendimiento a su reciente inversión en el club. Como ha publicado infoLibre, el objetivo de los estadounidenses es multiplicar los ingresos por patrocinio de los blancos en un corto periodo de tiempo, cuatro años que pueden llegar a nueve –tras la renegociación del acuerdo el pasado año– dependiendo del éxito del proyecto. Incluso instaron a la contratación por más de un millón de euros a un ejecutivo estrella para duplicar sus beneficios en esta partida. A cambio, el club recibirá del fondo más de 200 millones de euros para financiarse. Aunque no todos los contratos de patrocinio del club merengue entran en su perímetro de negocio, el área que les permitirá recuperar su inversión. Fuera han quedado los más golosos, como los que Florentino Pérez ha firmado con la aerolínea Emirates y el fabricante de ropa deportiva Adidas, precisamente los dos principales socios comerciales del Real Madrid.

Emirates lleva desde 2013 luciendo logo en las camisetas del primer equipo. Y en ellas seguirá al menos hasta 2022, a cambio de 261,5 millones de euros las cinco temporadas. Cada año sale a unos 50 millones de euros: 41,5 millones en 2016/2017, que se van incrementando hasta alcanzar los 50,7 millones el último ejercicio, según el contrato renovado en 2017, uno de los miles de documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

La “falta de ambición” de Adidas“falta de ambición” de Adidas

Adidas es socio comercial del Real Madrid desde mucho antes, 1998, aunque sus relaciones han tenido altibajos. Pese a ello, en mayo de 2019 ambos firmaron la extensión del acuerdo de patrocinio nada menos que hasta 2028. Según los documentos de Football Leaks, el canon fijo que la marca alemana pagó al club merengue en 2017 ascendió a 43,8 millones anuales, más otros 34 millones de royalties, el 22,5% de los 150 millones de euros que facturaba por las ventas. Hasta la renovación, vestir a los madridistas le costaba a Adidas unos 84 millones de euros al año. El nuevo contrato garantiza a los blancos aún más dinero: unos ingresos anuales que fuentes periodísticas han llegado a cifrar en 110 millones de euros durante una década.

No obstante, el Real Madrid acabó muy decepcionado con el rendimiento de las tiendas que gestionaba Adidas a través de una filial, Global Merchandising. Las ventas declinaban pese a cada nuevo y mayor éxito deportivo del equipo de fútbol. Hasta el punto de que el director general del club, José Ángel Sánchez Periáñez, llegó a redactar una carta dirigida al consejero delegado de la firma alemana, Kasper Rørsted, para quejarse de la falta de “ambición” de la marca a la hora de vender los artículos del Real Madrid.

“No importa el éxito sin precedentes de nuestro equipo o los extraordinarios jugadores que lo integran, vuestras previsiones de ventas siempre oscilan entre 125 y 140 millones de euros. Tras conseguir la 13ª Champions vuestras previsiones para la temporada son de 120 millones, lo que se traduce en una reducción del 15% respecto al año pasado y en un horizonte de ventas por debajo de los logros de hace cuatro años”, se lamentaba Sánchez Periáñez, quien critica la “falta de inversión, la gestión deficiente y la falta de surtido e inventario” de la tienda que Adidas tiene en el Santiago Bernabéu.

Así que el pasado julio, el club cambió de socio y suscribió un acuerdo con la empresa estadounidense Legends Hospitality para que se haga cargo de las ventas de material deportivo de Adidas tanto en las tiendas físicas como en internet.

Litigio con Cepsa, socio de Movistar

El que estaba llamado a ser el contrato del siglo era el patrocinio del estadio Bernabéu por el grupo petrolero IPIC (International Petroleum Investment Company), dueños de Cepsa. A cambio de un pago anticipado de 425 millones de euros en 2017 –los tres primeros años de un contrato de 20–, el estadio de Concha Espina iba a ser rebautizado con el nombre de la compañía de Abu Dabi. El dinero debía servir para financiar la costosísima reforma del Bernabéu.

El contrato fue firmado en octubre de 2014, aunque el acuerdo se había alcanzado en una reunión previa, celebrada en abril, en el Hotel Emirates Palace de Abu Dabi, con ocasión de un foro empresarial hispano-emiratí presidido por el rey Juan Carlos I. En nombre de IPIC lo selló Jadem Al Qubaisi, que fue arrestado en agosto de 2017 por su implicación en el desvío de 3.000 millones de dólares del fondo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Desde la firma y hasta 2017, IPIC ya pagaba 12 millones de euros al Real Madrid por el patrocinio de Cepsa.

Sin embargo, ese año IPIC se fusionó con Mubadala Development por decisión del Gobierno del emirato, formando un gigantesco fondo de inversión soberano cuyo vicepresidente es Mansur Bin Zayed Al Nahyan, también propietario del Manchester City. La relación con el grupo emiratí dio un vuelco.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara en 2015 el Plan General de Urbanismo de la capital, el Real Madrid tuvo que hacer algunos cambios en el proyecto del estadio. Los de Abu Dabi consideraron “sustanciales” esas modificaciones y las esgrimieron para resolver el contrato con el club. Por el contrario, el equipo de Florentino Pérez alegaba que el proyecto se mantenía al 100% como se había firmado con la petrolera y llevó la disputa a la Corte Internacional de Arbitraje de París, que en teoría debe dictar un laudo en breve. Cepsa desapareció de inmediato de los espacios publicitarios del club, mientras que el nombre del estadio madrileño permanece virgen hasta hoy.

Tras Adidas y Emirates, Movistar es el patrocinador que más rendimiento mediático obtiene de su inversión en el Real Madrid, 50 millones de euros según los cálculos de Nielsen. Hasta 2018 su contrato le garantizaba al Real Madrid 15 millones de euros anuales. Las negociaciones para su renovación las llevó en persona el propio Florentino Pérez. Movistar quería rebajar su factura a 10 millones, pese a que patrocinar al club blanco le redunda esos 50 millones de euros, según defiende el propio Real Madrid, más otros 11 millones en redes sociales. La compañía de José María Álvarez-Pallete argumentaba que al Barça le pagaba menos.

En el momento de renegociar el acuerdo, además, Movistar había puesto el ojo en algunos contratos para construir el nuevo Bernabéu. En concreto el que por entre dos y dos millones y medio de euros licitaba la ingeniería tecnológica del estadio y por el que competía con IBM, Siemens, Atos e Indra. También, informa el equipo directivo a Florentino Pérez antes de una reunión con Movistar, la operadora estaba interesada “de una forma u otra en prácticamente todos” los proyectos de suministros del recinto de Concha Espina, que sumaban 100 millones de euros.

Finalmente, Movistar no sólo se publicita en los primeros equipos de fútbol y baloncesto masculinos, sino que también ha añadido el femenino desde diciembre de 2020. Además, es socio tecnológico del club: le provee de fibra óptica y wifi tanto en el Bernabéu como en Valdebebas y se encarga de buena parte del proyecto de digitalización del club.

Proveedores de servicios y patrocinadores

Nivea es el cuarto patrocinador en aportación de ingresos al club. Llegó en 2012 sólo con su filial en España, pero desde la temporada 2017/2018 ya es patrocinador global. Tiene contrato hasta 2022, por un total de 37,71 millones, a razón de 7,5 millones por temporada, cinco veces la factura que pagaba cuando comenzó a publicitarse con los jugadores blancos.

Caixabank fue durante tres años y hasta el pasado mes de junio patrocinador del Real Madrid, con un contrato que reportó a los blancos 15,2 millones de euros por tres temporadas y media. Como en el caso de Movistar, que proporciona al club todo tipo de servicios de telefonía, el banco catalán también era uno de sus suministradores de servicios. Funcionaba como socio en su operativa financiera: en su día cambió a Caja Madrid por La Caixa para la venta de entradas en internet, e incluso los pagos de nóminas y a proveedores los realizaban los merengues a través de la entidad catalana. A esa relación se le sumó desde 2017 la de patrocinio. Pero ambas se rompieron en junio del año pasado. Liberbank, fusionado desde el pasado diciembre con Unicaja, sustituyó entonces a Caixabank. El nuevo banco oficial del Real Madrid ha firmado por cinco temporadas, hasta 2026.

Otro patrocinador y proveedor de servicios para el club es Sanitas, el gigante de la sanidad privada. Tiene contrato hasta el próximo mes de junio en ambos casos. Como prestador de cuidados médicos para sus jugadores, la aseguradora le cobra al Real Madrid 1,35 millones de euros anuales. Como patrocinador, Sanitas pagó a los blancos los tres últimos años 9,9 millones de euros.

Ocho casas de apuestas

Audi lleva desde 2013 unido a los merengues y seguirá hasta 2022. Además de otras promociones, los futbolistas del primer equipo conducen sus coches de más alta gama, que les son entregados en un acto al que se convoca a la prensa. Cada año, los medios reproducen qué modelo ha escogido cada uno de ellos. En 2019, el barroco y delirante David LaChapelle, que lo mismo retrata a Kim Kardashian que a Lady Gaga, firmó la sesión fotográfica con el equipo y los vehículos. Este año, el evento ha sido mucho más sobrio. Cinco millones de euros al año le cuesta al fabricante alemán la promoción de su marca, según los documentos de Football Leaks.

Con los neumáticos surcoreanos Hankook, el Real Madrid ha renovado hasta 2023. Su primer contrato, firmado en 2016, le garantizaba 4,3 millones de euros anuales. El de Mahou era de un importe similar, 4,5 millones de euros, y el de Coca-Cola, 1,2 millones.

Un capítulo aparte merecen las casas de apuestas. El Real Madrid mantiene o ha mantenido relaciones de patrocinio con hasta ocho de empresas de juego: Codere, Betcart, Manbetx, Betfair, Bet Ghana, Bwin, Fonbet y KOK Sports. Hasta este año, al menos, Codere sigue siendo su casa oficial de apuestas en España, lo que a la marca le costaba 3,2 millones de euros anuales hasta 2019. Una situación que puede cambiar con la entrada en vigor del real decreto que obliga a los clubes a cancelar los contratos de patrocinio que mantengan con empresas de apuestas en territorio nacional antes del 31 de agosto.

Con Fonbet acaba de firmar este mismo mes de enero y con KOK Sports, el pasado mes de julio. La primera cubre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán; la segunda, Asia, donde hasta junio de 2020 tenía un acuerdo con Manbetx por 2,2 millones de euros anuales. Bet Ghana tenía comprometidos 2,3 millones anuales para cubrir las apuestas en África y Betcart, por 1,2 millones anuales, se encargaba del Reino Unido, Portugal y Oriente Próximo. Con Bwin, su anterior socio de apuestas, el contrato llegó a los 4,5 millones en 2016, cuando fue sustituida por Codere.

Unicaja y Liberbank han estimado unos costes de reestructuración de 540 millones de euros, totalmente cargados en 2021 contra el badwill, y una mejora "significativa" de rentabilidad que permite políticas de dividendos sostenibles a futuro, con un pay out de aproximadamente el 50%, según se desprende del proyecto de fusión de ambas entidades remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, está previsto que la entidad combinada cuente con ahorros recurrentes de costes de aproximadamente 192 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que permitirá mejorar "significativamente" la ratio de eficiencia en once puntos porcentuales, informa Europa Press. 

Asimismo, la generación de sinergias permitirá incrementar el beneficio por acción de ambas entidades en aproximadamente un 50% respecto a las estimaciones del mercado para 2023.

Dada la "sólida" posición de solvencia con la que parten Unicaja Banco y Liberbank, se prevé que la entidad combinada, tras realizar "importantes" provisiones para acelerar la reducción de los activos improductivos, alcance una ratio de capital de máxima calidad (CET 1 fully loaded) del 12,4%, "la más elevada entre las entidades cotizadas" según datos a septiembre pasado, que se sitúe como la primera en coberturas (67%) y la segunda entre las entidades cotizadas con la ratio de mora más baja, del 3,8%.

Ambas entidades han destacado que esta operación constituye un proyecto de creación de valor para clientes y accionistas, mejorando los niveles de eficiencia y de rentabilidad a partir de una "sólida" base de clientes, diversificada tanto por sectores como geográficamente, con acceso a una plataforma de distribución única y una mejor oferta de productos y servicios.

La transacción, según destacan, permitirá a la entidad combinada ganar tamaño relativo de cara a afrontar de la mejor manera posible los desafíos a los que se enfrenta el sector, incluyendo los que se derivan del entorno económico, los actuales niveles de tipos de interés, así como el continuo proceso de transformación y digitalización.

La nueva entidad, que mantendrá la denominación Unicaja Banco y su sede social en Málaga, nace con el objetivo de aportar valor a los accionistas, mejorando la rentabilidad, así como mejorar la oferta y calidad del servicio a los clientes, y seguir apoyando la recuperación económica del país, manteniendo como valores compartidos la cercanía y la vinculación con el territorio.

Tendrá de presidente ejecutivo a Manuel Azuaga, actual presidente ejecutivo de Unicaja Banco, y de consejero delegado, a Manuel Menéndez, actual consejero delegado de Liberbank.

La operación está sujeta a la aprobación por parte de las juntas generales de accionistas de ambas entidades, cuya celebración estaría prevista para el primer trimestre de 2021, así como de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales del segundo trimestre o principios del tercero de 2021.

Atendiendo al canje establecido, los accionistas de Unicaja Banco contarán con el 59,5% del capital de la nueva entidad, y los de Liberbank, el 40,5%.

Azuaga ha destacado que con la fusión se conforma la quinta entidad española por volumen de activos, siendo "entidad de referencia" en seis comunidades autónomas, con una situación de fortaleza financiera, y un mayor tamaño que "permitirá afrontar mejor los desafíos a los que se enfrenta el sector, y continuar apoyando la recuperación económica del país, manteniendo la cercanía y vinculación al territorio como valores compartidos por las dos entidades y en la senda de las buenas prácticas de gobierno corporativo".

Por su parte, Menéndez ha destacado que "la operación pretende aportar valor para accionistas, clientes y empleados, mejorando los niveles de eficiencia y rentabilidad, y permite reforzar la posición de mercado en banca minorista, con un balance robusto y de calidad, y, asimismo, seguir respaldando a las familias y empresas en la satisfacción de sus necesidades financieras".

La entidad combinada superará los 109.000 millones de euros en activos totales, un volumen que la convertirá en el quinto banco de mayor tamaño por activos del mercado nacional.

El nuevo grupo refuerza su posición en banca minorista en España, con más de 4,5 millones de clientes y cuotas de mercado sustanciales de todos los productos clave: depósitos (4,7%), créditos (4,2%) y recursos fuera de balance (3,3%).

La entidad combinada estará presente en el 80% del territorio nacional, manteniendo su condición como entidad de referencia en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias y con capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde las entidades mantienen una tradicional presencia.

La negociación entre Unicaja y Liberbank para estudiar una más que probable fusión, comunicada este lunes a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) pero anunciada en los medios desde hace semanas, sigue un patrón similar al recorrido por Caixabank y Bankia: ambas entidades se han disparado en Bolsa, se cerrarán algunos cajeros de consumarse la operación, también habrá alguna "sinergia" –aunque no excesivas–, todo ello para conformar un nuevo banco que sería el quinto más grande del país con un valor de mercado estimado de 1.700 millones de euros. 

Una operación que cuenta sin embargo con evidentes claroscuros: un vistazo al patrimonio neto de las dos entidades confirma que el valor reflejado en los balances es cuatro veces mayor que lo que en realidad considera el mercado. Un desequilibrio que también se produjo en el proceso para crear la nueva Caixabank.   

Según han informado las propias compañías, la malagueña Unicaja tiene un valor de mercado de 1.030 millones de euros. Liberbank, con sede en Madrid pero con mucha presencia en Asturias, Extremadura o Cantabria, está valorada a nivel bursátil en 690 millones de euros. Juntas se situarían por el volumen de activos detrás de la nueva Caixabank, BBVA, Santander y Sabadell. 

Desequilibrio patrimonial

Un valor que choca con el patrimonio neto reflejado en los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2020, el último informe publicado. En el caso de Unicaja, éste rebasa ligeramente los 4.000 millones de euros (4.062 millones) mientras que en Liberbank el patrimonio neto alcanza los 3.207 millones. En ambos casos, cuatro veces más que la valoración de mercado difundida estos días. 

Los consultados, expertos del mundo financiero, rebajan la euforia que siempre rodea a las fusiones y dudan de que el gap no sea sino "desequilibrio patrimonial". El riesgo sistémico sería, con todo, menor que en la fusión de la nueva Caixabank, precisamente por la diferencia de activos entre una y otra.

Hay que recordar además que las cuentas semestrales consolidadas de Unicaja y Caixabank se han presentado en un contexto de relajación de la supervisión a nivel contable. "Es necesario señalar que la Comisión de la Unión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) han aportado claridad por lo que respecta a la aplicación de la flexibilidad mediante la publicación de interpretaciones y orientaciones sobre la aplicación del marco prudencial en el contexto del Covid-19", se lee en las cuentas de Unicaja. 

Ambas devolvieron las ayudas públicas

Las sinergias, coinciden los expertos, serán menores. Liberbank, creado en 2011 a partir de la fusión de cajas como Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, y Unicaja, radicado en la capital malagueña, no tienen una red de oficinas que se solapa, como ocurría con Caixabank y Bankia. Así que habrá impacto pero bastante menor que el que derivará de la última fusión. 

En 2017 Unicaja Banco salía a Bolsa. Otro riesgo que desaparece es el de que no se devuelvan las ayudas públicas: en 2014 Liberbank devolvió el último tramo de ayudas de 124 millones de euros que le prestó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Unicaja haría lo mismo en 2017 con el FROB al devolverle 604 millones. La diferencia con Bankia en este aspecto es gigantesca: el Estado nunca ha recuperado 22.000 millones del rescate. Solo queda por despejar el riesgo patrimonial por tan abultada diferencia entre el valor de mercado y el valor en los libros. 

Unicaja ha confirmado este lunes contactos "preliminares" con Liberbank de cara a una posible fusión, sin que, por el momento, se haya adoptado ninguna decisión al respecto.

"En relación con determinadas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, Unicaja Banco comunica que de forma regular analiza posibles oportunidades de inversión u operaciones corporativas que pudieran resultar de interés para todos sus accionistas", ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, ha confirmado contactos preliminares con Liberbank, con conocimiento del consejo de administración, sin, por el momento, la participación de asesores externos, no habiéndose adoptado al respecto ninguna decisión por Unicaja, que informará al mercado de las eventuales decisiones "relevantes" que adopte.

Ambos se disparan

Las acciones de Unicaja se disparaban más de un 11% en los primeros compases de la sesión tras confirmar este lunes contactos "preliminares" con Liberbank.

En concreto, las acciones de Unicaja se anotaban una subida del 11,55% pasadas las 9.30 horas, hasta intercambiarse a un precio de 0,71 euros, mientras que las de Liberbank subían un 15,95%, hasta 0,27 euros.

Tras la fusión entre Caixabank y Bankia, la entidad andaluza ha confirmado contactos "preliminares" con Liberbank, con conocimiento del consejo de administración, sin, por el momento, la participación de asesores externos, no habiéndose adoptado al respecto ninguna decisión por Unicaja, que ha señalado que informará al mercado de las eventuales decisiones "relevantes" que adopte.

De esta forma, ambas entidades financieras retoman las negociaciones para una posible unión tras fracasar en su primer intento de fusión.

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

Tanto el BCE como el Banco de España y la patronal AEB llevan tiempo animando las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, a la búsqueda de rentabilidad. El vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, llegó a decir el pasado julio que ese proceso es “ineludible” para reducir la “vulnerabilidad” de las entidades financieras europeas. Y tiene prisa: “Espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento”, aseguró en unas jornadas del Grupo Popular Europeo en el Parlamento de Estrasburgo. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a la creación de bancos transfronterizos y el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ve en el horizonte próximo “operaciones transnacionales” donde no descarta que participen bancos españoles. “Es posible que [los incentivos del BCE] generen un caldo de cultivo para las fusiones”, apuntó hace sólo unos días el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Pero el covid-19 ha puesto un paréntesis en los movimientos que ocupan desde hace años la rumorología de las fusiones bancarias en España. A los nombres más repetidos de Bankia y Sabadell se suman los de entidades más pequeñas como Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja. Lo que no quiere decir que no haya bancos que llevan ya tiempo practicando la compra transfronteriza de otras entidades. Es el caso de Abanca. De hecho, ningún otro banco ha comprado tanto y tan rápido como el que preside Juan Carlos Escotet.

El banquero, propietario del venezolano Banesco, adquirió en diciembre de 2013 Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros. Renacido como Abanca en 2014, la entidad ha sumado hasta el segundo semestre de este año 3.155,7 millones de euros en beneficios, lo que le permite disponer de liquidez suficiente, según asegura, para comprar. Escotet puso el pie en España comprando el Banco Etcheverria, una pequeña entidad con sede en Betanzos (A Coruña) que fue el que en realidad adquirió Novagalicia. Y tuvo que esperar hasta 2017 para emprender su política de expansión, ya que Bruselas prohibía ese tipo de operaciones a las entidades rescatadas. Desde entonces no ha parado.

Este mismo septiembre tiene previsto firmar el acuerdo definitivo de compra de Bankoa, que nació como un banco industrial en 1975 en Guipúzcoa y a día de hoy es propiedad de Crédit Agricole. Por un precio que no se ha hecho público, Abanca adquirirá las 30 oficinas de Bankoa en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid, lo que le permitirá aumentar su volumen de negocio en 4.374 millones de euros. Para entonces, el banco gallego se habrá convertido en la séptima entidad española por su volumen de activos y superará los 93.000 millones de cifra de negocio. En 2014 no superaba los 56.000 millones, por lo que casi la ha duplicado.

El propio Juan Carlos Escotet reconocía hace sólo unos días en la presentación de los resultados del segundo trimestre que “la vía del crecimiento inorgánico le ha resultado eficaz” a Abanca, por lo que estará “muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en España y en Portugal”.

Porque Bankoa es sólo la penúltima compra de Abanca, después de que el pasado mes de junio cancelara repentinamente la adquisición de EuroBicEuroBic, el banco portugués cuyo principal accionista era Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerada la mujer más rica de África y acusada en su país de malversación, blanqueo y evasión fiscal. Lo que se presentó como la operación que iba a convertir Abanca en un banco “ibérico”, gracias a la red de 250 oficinas de EuroBic y a un volumen de negocio cifrado en casi 12.000 millones de euros –casi el triple que Bankoa–, terminó de forma abrupta después de la auditoría preceptiva, firmada por Ernst&Young, la revelación de los problemas judiciales de Isabel dos Santos y las incertidumbres añadidas del covid-19. Según la prensa económica portuguesa, hubo un desacuerdo terminal sobre el precio de la transacción, que pudo haber alcanzado los 250 millones de euros por el 95% de las acciones que Abanca pretendía comprar. La entidad gallega dio por toda explicación que no se habían “cumplido las condiciones pactadas”.

Del Deutsche Bank a Caixa Geral

En cualquier caso, Escotet insiste en que Portugal sigue siendo una “apuesta estratégica de largo plazo”, así que continuará “analizando operaciones de compra que aporten sinergias” en ese país. De hecho, ya en 2018 Abanca se hizo con la red de Deutsche Bank en Portugal, después de haber intentado sin éxito comprar la del banco alemán en España. La filial lusa le proporcionó 41 sucursales en Lisboa y Oporto, 330 trabajadores y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros. Ahora aporta el 8% del resultado de Abanca, asegura la propia entidad.

Pero su primera adquisición fue Popular Servicios Financieros, en septiembre de 2017. Pagó 39 millones de euros por la antigua financiera al consumo de Banco Pastor, que contaba con 15 oficinas distribuidas entre España y, de nuevo, Portugal.

Hasta que apareció Eurobic, su gran operación fue, no obstante, la compra en 2019 de la filial española de Caixa Geral de Depósitos, otra entidad rescatada, en su caso por el Gobierno portugués, con una inyección de dinero público que sumó los 4.900 millones de euros. Para Abanca, que pagó por ella 384 millones, la integración de la red española de Caixa Geral se tradujo en 110 oficinas y 131.000 clientes más, además de unas sinergias “un 40% superiores a lo planificado”, según presumió en su más reciente presentación de resultados.

En ese mismo acto, Juan Carlos Escotet descartó que Liberbank siga estando en sus planes de crecimiento. En febrero de 2019 hizo un intento por adquirir la entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, considerado hostil por el consejo de administración, que ya estaba negociando con Unicaja. Finalmente, la falta acuerdo con la malagueña sobre el reparto de poder en la entidad resultante dio al traste con la operación. Liberbank sigue soltera, pero su cotización lleva semanas subiendo en la Bolsa, calentando motores para posibles movimientos este otoño.

Pescanova, Deportivo y bodegas de oporto

Claro que el interés de Abanca no se limita al sector financiero. Ha salido de compras con el bolsillo lleno. En marzo adquirió casi un 40% de las acciones de la Nueva Pescanova, por lo que ya posee el 80,46% de la primera compañía pesquera española. Ha pagado un total de 165 millones de euros, entre acciones y una inyección de 50 millones en la empresa, el montante de las pérdidas que registró en 2019. Hace sólo unas semanas, la junta general de accionistas del Deportivo de La Coruña aprobó la oferta de Abanca para hacerse con el club de fútbol: canjear 35 millones de euros de deuda en acciones, lo que le permitirá controlar hasta un 78% del capital. El club coruñés se encuentra en una difícil situación económica y deportiva, a las puertas del descenso a Segunda B. 

Aunque de nuevo es en Portugal donde Abanca ha echado las redes. Prueba de que la crisis del covid-19 no ha cambiado su política expansiva es que acaba de firmar la compra de la finca Quinta da Boavista: 80 hectáreas y dos marcas de vino, Quinta da Boavista y Boavista. La transacción la ha llevado a cabo a través de Sogevinus, la bodega que heredó de las antiguas cajas gallegas y que posee la marca Cálem de vinos de Oporto. Entre ambas bodegas, Abanca suma 360 hectáreas de viñedos en esa zona del Duero.

Los mayores bancos españoles ingresaron el año pasado 10.251 millones de euros en comisiones, 110 millones más que en 2018, lo que equivale a un aumento del 1,1%. Es la suma de lo que han ganado por este concepto las ocho entidades que han presentado cuentas hasta el momento, los seis grandes –Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter– además de Unicaja y Liberbank. De los 10 grandes aún faltan por anunciar sus números de 2019 Abanca y Kutxabank. La mayoría de ellos empezaron a subir las comisiones a sus clientes en el último trimestre del pasado ejercicio o las han aumentado nada más comenzar el año en curso.

Las diferencias entre entidades, no obstante, son sustanciales. Todos han mejorado sus comisiones netas –la diferencia entre las que cobran y las que pagan– menos Banco SantanderBanco Santander, que en España las ha reducido en 143 millones, un 5,4%. La entidad atribuye la caída a que ha disminuido su actividad en banca corporativa y con clientes institucionales Aun así se ha embolsado 2.481 millones. Para remediarlo, ha subido a 116 euros al año el mantenimiento y administración tanto de la Cuenta Estándar Particulares como de la Cuenta Clásica. La Cuenta Día a Día tiene ahora un cargo de 108 euros anuales y la Cuenta Zero 1, 2, 3 pasa a costar 114 euros al año si no se cumplen determinados requisitos de vinculación –tener domiciliada una nómina de al menos 600 euros, una pensión de 300 euros, tres recibos o realizar seis operaciones con tarjetas cada trimestre–.

En cambio, en los resultados globales las cifras de Santander son positivas: ha ganado 11.779 millones por comisiones netas en todo el mundo, un 4,6% más que en 2018 sin el impacto de los tipos de cambio. Donde más ingresa por este concepto es en Brasil, 3.497 millones de euros, seguido de España. Y sólo ha reducido las comisiones netas respecto a 2018, además de en el mercado nacional, en Reino Unido, Argentina y en Chile.

La entidad financiera española que más dinero gana en comisiones es Caixabank, con un saldo neto de 2.598 millones de euros, aunque esa cuantía represente sólo un alza del 0,6% respecto a 2018. Gracias a esas cifras, la entidad que preside Jordi Gual se sitúa no sólo por encima del Santander, sino también del segundo banco del país, el BBVA, que el año pasado se apuntó unas comisiones netas por su negocio en España de 1.751 millones de euros, un 4,1% más. Por su negocio global alcanzó los 5.033 millones, un 3,6% por encima del ejercicio precedente. Desde el 16 de diciembre, BBVA cobra 100 euros, en lugar de 60, por mantenimiento de una cuenta. Por las cuentas con libreta retiene 10 euros.

Las del Sabadell crecen un 7,8%

Pero el mayor aumento anual lo ha conseguido el Banco Sabadell, 104 millones, una subida del 7,8%. El banco presidido por Josep Oliu ya comenzó en noviembre a endurecer los requisitos para evitar las comisiones en la Cuenta Expansión Premium: además de exigir unos ingresos mensuales de al menos 700 euros, tener un seguro, un plan de pensiones, un fondo de inversión o una cuenta de valores con más de 10.000 euros, o bien un contrato de renting de un vehículo con la propia entidad. Si no se cumplen esas condiciones, sólo se puede acceder a la Cuenta Expansión básica, que tiene una comisión desde el pasado 1 de enero de cinco euros mensuales, excepto para menores de 30 años o pensionistas. Es la política que están siguiendo la mayoría de las entidades: promover una mayor vinculación del cliente con la entidad a cambio de evitar los recargos.

Las comisiones netas de Bankinter también disfrutaron de un cómodo aumento en 2019, un 6,6%, hasta los 479 millones de euros, pero con subidas del 14% de la banca de empresas y de hasta el 52% en banca de inversión. Otro tanto puede decirse de las ganancias de las dos entidades más pequeñas, Unicaja –231 millones de euros– y Liberbank –191 millones–, que el año pasado mejoraron sus ingresos por comisiones un 5,5% y un 4,4%, respectivamente, en comparación con 2018.

El pasado 15 de diciembre los clientes de Unicaja comenzaron a pagar una comisión anual de 84 euros si habían pasado 18 meses sin hacer ingresos en una cuenta. También si tenían en ella menos de 1.000 euros. En el caso de que el saldo sea inferior a 1.000 euros pero el cliente esté vinculado, con una nómina o pensión domiciliada y una tarjeta operativa, la comisión anual se reduce a 60 euros. O si el saldo medio no supera los 30.000 euros. Para saldos superiores, la comisión será de 24 euros anuales.

Se dispararon en los últimos meses de 2019

Por su parte, Bankia ganó en comisiones 1.081 millones de euros. Aunque sólo supone un alza del 1,5% anual, sólo en el cuarto trimestre sus ingresos por este concepto se dispararon un 8,1% respecto al trimestre anterior. El banco de José Ignacio Goirigolzarri atribuye la subida al 8,9% en que han aumentado sus ingresos por tarjetas, al 14,2% por las cobradas en operaciones corporativas y al 3,3% por las de pensiones, seguros y fondos de inversión.

El pasado mes de septiembre Bankia también endureció el requisito para no cobrar comisiones a los poseedores de una cuenta Por Ser Tú: de 450 a 700 euros como nómina mínima. En caso de no cumplirlo, la entidad cobraba 60 euros al año, 0,5 euros más por apunte, una cuota anual de 28 euros por la tarjeta de débito y 43 euros si es de crédito. A partir del próximo día 23, las condiciones vuelven a recrudecerse: nómina aparte, si no quiere pagar comisiones, el cliente deberá haber contratado una póliza de seguro o tener al menos 30.000 euros en un fondo de inversión, plan de pensiones o seguro de ahorro, o bien hacer dos pagos mensuales con tarjeta de crédito. Si sólo tiene la nómina, se le cobrarán 72 euros al año. Y si ni siquiera tiene domiciliado el salario, la comisión se elevará a 168 euros anuales.

Ese mismo repunte en el último trimestre de 2019 lo han experimentado los ingresos por comisiones de BBVA y de Caixabank. En el primer caso, crecieron un 5%, gracias a sus operaciones en banca corporativa y a la gestión de activos. En el segundo, aumentaron un 5,7%, casi 10 veces más que la media de todo el ejercicio. La entidad catalana exige una nómina de 600 euros y domiciliar tres recibos o pagar tres compras con tarjeta cada trimestre a cambio de no cobrar comisiones en su Cuenta Family. Si no se cumplen esas condiciones, el coste es de 72 euros al año. A partir del 28 de marzo, Caixabank subirá las comisiones de las tarjetas de crédito vinculadas a comercios en divisas distintas al euro.

Un 33% de los ingresos

En Bankia y en el Santander, las comisiones representan ya más de una tercera parte –33,4% y 33,05%, respectivamente– de su margen bruto; es decir, del grueso de sus ingresos anuales. En los casos del BBVA y Caixabank, superan el 30%. Sólo Liberbank, Bankinter y Unicaja están por debajo de ese valor, con un 29,8%, un 23,3% y un 22,9%, respectivamente. La evolución parece clara: en 2018, sólo Bankia y Santander excedían el 30% en comisiones respecto al margen bruto.

Los bajos tipos de interésbajos tipos de interés, en mínimos históricos y sin visos de un cambio de tendencia, están moviendo a los bancos a eliminar las remuneraciones de los depósitos e incluso a cobrarlos a los clientes, de momento sólo a los corporativos o institucionales. Al tiempo que afianzan sus ingresos elevando las comisiones.

Los seis mayores bancos españoles ganaron 10.467,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 20,8% menos que en el mismo periodo de 2018. De hecho, sólo los más pequeños entre los grandes, Banco Sabadell y Bankinter, aumentaron sus beneficios respecto al ejercicio anterior. Los cuatro gigantes, Santander, BBVA, Caixabank y Bankia, rebajaron sus resultados en los tres primeros trimestres del año.

Banco Santander es la entidad que más dinero gana, 3.732 millones de euros, pero también la que más ha reducido sus beneficios, un 35%. De la caída, el banco de Ana Patricia Botín culpa a las dotaciones que ha debido realizar en Reino Unido: un ajuste de su fondo de comercio de 1.491 millones de euros, una provisión adicional por los seguros de protección de pagos por importe de 103 millones y 40 millones de euros por otros cargos. También ha tenido que pagar 814 millones en costes de reestructuración tanto en Reino Unido como en España.

Si se excluyeran estas partidas, el beneficio del Santander habría alcanzado los 6.180 millones de euros, un 2% más que el año pasado.

BBVA casi ha igualado los beneficios del Santander en lo que va de año, con un resultado positivo de 3.667 millones de euros. Aun así, son un 15,2% menos que en los primeros nueve meses de 2018. La causa del descenso lo atribuye la propia entidad al aumento de los beneficios que supuso el año pasado la venta de su negocio en Chile.

Descontada esa plusvalía, la cuenta para el BBVA respecto al ejercicio precedente supone en realidad una mejora del 1,2%.

Caixabank redujo sus ganancias un 28,4% en los tres primeros trimestres de este año respecto de 2018, con un resultado de 1.266 millones de euros. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 2.023 trabajadores y le ha costado a la entidad 978 millones de euros está detrás de este descenso de beneficios. Sin ese gasto, el resultado de Caixabank habría alcanzado los 1.951 millones, un 10,4% por encima del registrado en los nueve primeros meses de 2018.

Los resultados de Bankia son más modestos: 575 millones de euros. Pero también encogen respecto al ejercicio anterior, un 22,6%. La mayor dotación de provisiones por reducción de dudosos y por la venta de carteras de renta fija ha lastrado sus cuentas. Prescindiendo de esos cargos, el negocio bancario de la entidad semipública se tradujo en unos beneficios de 946 millones de euros, un 0,7% más que en los nueve primeros meses de 2018.

Banco Sabadell, en cambio, ha aumentado sus beneficios un 216% respecto al ejercicio precedente, 783 millones de euros. Pero la abultada ventaja se deriva del elevado coste que tuvo para la entidad el año pasado la problemática migración tecnológica llevada a cabo en su filial británica, TSB: 320 millones de euros.

Finalmente, Bankinter ha ganado 444,4 millones de euros, un 10,1% por encima de los beneficios de 2018, gracias a que ha incorporado este año a sus cuentas las cifras de negocio de EVO Banco y de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard.

Caída de la rentabilidad

Hasta septiembre, la gran banca también ha empeorado sus ratios de rentabilidad. Para medirla se utilizan dos magnitudes, el ROE (cociente entre el beneficio neto y el capital) y el ROTE (entre el beneficio y el capital tangible). Atendiendo a cualquiera de los dos parámetros, todas las grandes entidades financieras españolas han empeorado su rentabilidad en los tres primeros trimestres del año respecto al mismo periodo de 2018. Excepto Caixabank si se atiende sólo al ROTE –que excluye de la fórmula intangibles como el fondo de comercio, las emisiones convertibles y las preferentes– ordinario, que alcanza el 10,1%, por encima del 9,5% de hace un año. Sin embargo, su ROE cae del 7,9% al 5,6%. La rentabilidad óptima exigida a las entidades financieras se calcula en un 10%, que se supone es el coste de capital del sector. Por encima de ese porcentaje sólo se sitúan ahora Bankinter, con un 12,64%, y BBVA, con un 10,1%. El resto queda muy lejos de la cifra idónea: un 7,02% el Santander –en el último mes, septiembre, fue incluso menor, un 5,9%–, un 6,92% el Sabadell, un 6% Bankia y, como queda dicho, un 5,6% Caixabank.

Otro tanto ocurre con el ROTE. La rentabilidad del BBVA ha caído dos puntos tanto si mide con esta magnitud como con el ROE. Casi la misma pérdida que ha sufrido Bankia en ambas ratios. Bankinter, el más rentable de todos, no publica sin embargo el rendimiento de su capital tangible, aunque también ha reducido el ROE en casi medio punto este año.

Las entidades atribuyen esta baja rentabilidad a los bajos tipos de interés, en mínimos históricos, pese a los desmentidos continuos del Banco Central Europeo (BCE). El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, cifró el pasado lunes en 500 millones de euros el impacto de los bajos tipos en sus cuentas. Por el contrario, tanto el ya expresidente del BCE Mario Draghi como su vicepresidente, Luis de Guindos, han insistido en que la culpa deben buscarla los bancos mucho más cerca: en su escasa eficiencia, su modelo de negocio, el lastre de sus activos tóxicos o el exceso de estructurasu modelo de negocio. De ahí que el exministro de Economía del PP no haya dudado en recomendarles que aceleren la venta de activos improductivos, sigan cerrando oficinas y negocien fusiones, nacionales o incluso internacionales.

Cierre de oficinas y fusiones

En algunas de esas recomendaciones ya le están haciendo caso. Tras presentar los resultados este jueves, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, anunció que el banco seguirá cerrando oficinas en 2020, aunque ha descartado despidos colectivos. La entidad ha prescindido de 1.355 sucursales desde que Carlos Torres aseguró en junio de 2016 que a la entidad le sobraban 2.800.

Otro banco que ha cerrado masivamente oficinas este año ha sido el Santander, tras ejecutar un ERE para 3.223 trabajadores. En total, desaparecerán 1.150 sucursales cuando concluya el proceso.

También avanzó Onur Genç que la prioridad del BBVA es “crecer de forma orgánica”, aun sin rechazar operaciones “siempre y cuando tengan sentido estratégico y orgánico”. Los rumores sobre posibles fusiones bancarias son una constante en los últimos tiempos. Una de ellas, la de BBVA y Bankia. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está pendiente de su privatización –el 61,7% del capital pertenece al FROB– pero, como ya ha advertido José Sevilla, habrá que esperar “un momento mejor en el futuro” para vender esas acciones. De hecho Bankia es la entidad financiera que más ha perdido en Bolsa este año, un 48,6%, seguida de Caixabank, un 33,6%. El BBVA, un 12,9%. Tras presentar sus resultados, los títulos del Santander cayeron un 3,1%, que se sumó al 6,48% del miércoles. De forma que Ana Botín compró el jueves un millón de acciones de la entidad, por los que pagó unos 3,6 millones de euros, para intentar parar el desplome de la acción. Los seis grandes se han dejado casi 33.000 millones de euros en el parqué hasta septiembre.

Mientras, la flecha de las posibles fusiones se dirige de nuevo a Unicaja y Liberbank, dos entidades con muy baja rentabilidad cuyas negociaciones ya se frustraron el pasado mes de mayo. Y hacia Abanca, que puede hacerse con cualquiera de las dos anteriores y acaba de cerrar la compra de la filial española del portugués Banco Caixa Geral de Depósitos. Una última combinación es la que incluye a Bankia y Sabadell, dos de los bancos medianos. Bankinter ya se hizo con parte de Evo Banco en 2018, pero excluyó de la operación a Evo Finance, que se quedó en manos de Apollo. Este mismo miércoles, el fondo estadounidense anunciaba el cierre definitivo de Evo Finance para el 30 de junio de 2020, así como un ERE para el 73,7% de la plantilla, 84 personas. Otro despido colectivo más que sumar a un sector financiero en constante sangría de trabajadores desde 2012.

Caixabank se deshará antes de acabar 2020 de un total de 2.023 empleados, el 8% de su plantilla en España. Y Banco Santander acaba de convocar a los sindicatos para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya cifra de afectados se desconoce aún, aunque el año pasado ya se deslizó que el número no será inferior a 3.000 trabajadores.

Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 personas, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de su red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

Pero el recorte no termina. A los despidos de WiZink, BNP Paribas, Ibercaja, Evo Banco y Bankia y BMNen 2018, este año se añaden los dos citados y están pendientes los que puedan producirse cuando culmine la fusión entre Unicaja y Liberbank. En el aire continúan las declaraciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, hace dos años cuando dijo que le sobraban 2.800 sucursales. La banca sumó 17.316 millones de euros de beneficios en 2018, un 13,6% más que el año anterior, según el anuario estadístico de la patronal AEB, pero la transformación digital y los estrechos márgenes presionan a las entidades tanto como las exigencias regulatorias de las que no paran de quejarse. El Santander, que ha ganado 1.840 millones en el primer trimestre, aduce razones “organizativas y productivas” para el ERE que negociará las próximas semanas. Los mismos motivos que ha puesto sobre la mesa Caixabank, con 533 millones de euros de ganancias. Las cifras suponen una rebaja del 10% y del 24,3%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2018. Lo que no será óbice para que este año repartan 3.734 millones de euros en dividendos –el Santander– y 1.017 millones –Caixabank–, lo que se traduce en un aumento del 4,5% y del 8,3% respecto a 2017.

“Se ha convertido en una mala costumbre”, resume José Luis Romero, de la ejecutiva estatal de CCOO en el Banco Santander cuando se le pregunta por el nuevo ERE. La entidad que preside Ana Patricia Botín ejecutará con el de este año su cuarto despido colectivo desde 2013. El que acaba de pactar el banco de Jordi Gual es el segundo, después del que afectó a 700 trabajadores en 2015 y de dos planes de bajas voluntarias en 2016 y 2017, por los que dejaron la entidad 1.119 y 400 personas, respectivamente.

A partir de los 49 años en Caixabank

Romero explica que la cifra de 3.000 despidos surgió de un documento del servicio de estudios del propio banco que calculaba en 5.000 los trabajadores sobrantes hace dos años. Como ya se redujo la plantilla en más de 1.000 en los servicios centrales con el último ERE, el número resultante es el que se ha manejado extraoficialmente, asegura. Las reuniones que mantendrán la semana próxima los sindicatos y la empresa no suponen aún la negociación propiamente dicha, sino el calentamiento previo para cumplir con el artículo 12 del convenio colectivo de banca, que obliga a las partes a discutir medidas de “flexibilidad interna” –reducción de jornada, excedencias, traslados, modificación de condiciones de trabajo– antes de acometer “procesos de reordenación o reestructuración de plantillas”.

Además, el banco no terminará hasta junio la integración tecnológica de Santander y Popular, el banco que adquirió por un euro en junio de 2017 y que ya sufrió su propio ERE ese año, con 2.592 trabajadores afectados. Por lo que la medida no se acometerá hasta después de las elecciones. Para cuando se sienten a negociar en el Santander, Caixabank ya habrá empezado a anotar los nombres de quienes quieran abandonar el banco. El ERE ofrece la baja voluntaria a trabajadores a partir de los 49 años. Con más de 53 años la indemnización equivale al 57% del salario más una paga de 18.000 a 38.000 euros brutos dependiendo de la edad. Para los empleados de 49 a 51 años, la indemnización equivaldrá a 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Pagar esas cantidades le va a costar a Caixabank 890 millones de euros.

En el Santander el objetivo declarado de los sindicatos es repetir este año las condiciones del último ERE, en el que los afectados mantuvieron el 80% de su sueldo. Entonces, la medida afectó básicamente a directivos del centro corporativo de Boadilla del Monte. “No vamos a consentir que el staff obtenga mejores condiciones que la tropa”, destaca José Luis Romero, quien además apunta que no existen “razones económicas objetivas” para bajar de ese 80%.

“Antes la banca utilizaba las prejubilaciones como única herramienta de ordenación de la plantilla”, protesta Juan José Paredes, secretario general de la Sección Sindical de CGT en Banco Santander, “pero desde la reforma laboral de 2012 ha optado por los ERE”. José Luis Romero asegura que en el Santander hay “masa suficiente” de mayores de 55 años con que nutrir las prejubilaciones, pero Paredes objeta y teme que sufran despidos trabajadores más jóvenes.

Prejubilaciones de lujo

Los dos ERE se ejecutan, además, mientras las quejas de las plantillas del sector por las horas extraordinarias no pagadas han saltado a los titulares de los periódicos y a los tribunales. Tanto en Santander como en Caixabank los sindicatos no se cansan de denunciar la “desmesurada” carga de trabajo y la intensa “presión comercial” a la que están sometidos los trabajadores. Romero dice que son “dos batallas distintas”, las horas extraordinarias y la tensión laboral que se sufre en las oficinas. Pero coincide con Paredes en que la presión incentiva el deseo de muchos trabajadores de aprovechar los ERE para abandonar las entidades. Ya no se ofrecen las condiciones de antes de la crisis, subraya el responsable de CGT –cuando se mantenía hasta el 90% del sueldo–, pero aun así constituyen prejubilaciones de lujo y tienen un éxito considerable. El banco paga a los trabajadores afectados y cotiza por ellos a la Seguridad Social hasta los 63 años, cuando la inmensa mayoría, por lo general con largas carreras de cotización, se acogen a la jubilación anticipada. Romero precisa que la medida no supone coste alguno para la Hacienda pública “porque el banco debe pagar al Tesoro por las prestaciones de desempleo y cotizaciones de los prejubilados las cantidades establecidas en la Enmienda Telefónica”. Se trata de una obligación para todas las empresas de más de 500 empleados y con beneficios cuando despidan a trabajadores mayores de 50 años.

En cualquier caso, CCOO no ha firmado el ERE en Caixabank, que ha tachado de “purga”. Los traslados a un máximo de 75 kilómetros, denuncia, decididas por una herramienta que utiliza “criterios desconocidos, variables y opacos”, a discreción de la empresa, supone una “amenaza continua de traslado forzoso, por tanto, también de “extinción forzosa”, explica el sindicato en un duro comunicado.

El acuerdo del ERE firmado por el resto de los sindicatos limita el número de sucursales con un solo empleado a 300, con un horario de atención al público reducido. También crea un nuevo tipo de oficina, con dos empleados y para zonas rurales, del que podrá haber hasta un máximo de 450. Caixabank tenía en 2013 un total de 5.647 sucursales, según el anuario estadístico de la CECA, la patronal de las antiguas cajas de ahorros. Cuatro años después, le quedan 4.983. En 2013 su plantilla la componían 30.437 personas; en 2018 se había reducido a 25.068, 29.956 si se incluyen los trabajadores del BPI portugués que terminó de adquirir en 2018.

Pocos empleados por sucursal, muchas horas extras

El Santander cuenta con 32.313 empleados en España, con cifras del cierre de 2018, según su memoria anual. Si Caixabank absorbió durante la última crisis a Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y BPI, el banco de Ana Patricia Botín integró a Banesto y Banco Popular. “Pero en cuatro años consigue digerir los aumentos de plantilla que supone cada nueva absorción”, destaca Juan José Paredes. Es lo que ha ocurrido con los 8.900 empleados de Banesto y los más de 10.000 del Popular. Según las cifras del anuario estadístico de la AEB, Santander tenía en España 25.864 trabajadores en 2013 y contaba con 21.340 en 2017, cuando se quedó con el Banco Popular.

A diferencia de Caixabank, en el Santander no hay oficinas con un empleado solitario, sino que ha optado por contratar agentes colaboradores, hasta 114 según publica en su informe anual, para atender zonas rurales. De la exclusión financiera alertó el pasado miércoles la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en el Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte y Abc. Pese a que la banca española ha reducido en un 40% el número de sucursales desde 2008 y en un 30% el de empleados, aún tiene más oficinas y trabajadores de por cada 100.000 habitantes que la media de la zona euro. Pero en número de sucursales con pocos empleados sólo la supera Japón, destacó.

Al tiempo que Caixabank y Santander aligeran sus plantillas, los sindicatos negocian el convenio colectivo del sector, que caducó el pasado 31 de diciembre. Uno de los puntos de discusión serán los horarios. Este lunes se hace obligatorio en todas las empresas el registro de las horas de trabajo. Desde que la CGT ganó en la Audiencia Nacional un juicio al Santander, el personal administrativo debe apuntar su tiempo de trabajo “en una hoja de Excel”, explican Paredes y Romero. Un sistema poco o nada efectivo, reconocen, y que deja fuera al personal comercial, precisamente quienes tienen jornadas flexibles y fuera de cualquier control, ademása de componer casi el 80% de la plantilla. En 2015 fue UGT el sindicato que calculó en 30.000 las horas extras diarias que hacían los trabajadores del Santander y que ni se pagaban ni cotizaban a la Seguridad Social. Las denuncias de los sindicatos a la Inspección de Trabajo han llovido por decenas durante los últimos años. Las entidades niegan que las plantillas trabajen ni una sola hora de más.

Abanca Corporación Bancaria y su accionista de control —su presidente, Juan Carlos Escotet— han renunciado a su interés de promover la posible operación corporativa con Liberbank y, en consecuencia, no formular una OPA sobre la entidad de origen gallego, según han anunciado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abanca ha tomado esta decisión después de que la CNMV le diera ayer un plazo "improrrogable" de diez días hábiles para que manifestara su decisión o no de formular una OPA sobre Liberbank, incluyendo únicamente condiciones admisibles de conformidad con el Real Decreto de OPAs.

En este sentido, Abanca ha explicado que, teniendo en cuenta este plazo, no le resulta posible realizar una revisión confirmatoria (due diligence) de determinados aspectos relativos a Liberbank y su grupo, ni por tanto, como se indicaba en la carta remitida al consejo de Liberbank, tomar una decisión definiva acerca de la posible formulación de una OPA. Asimismo, la entidad renuncia a la OPA sobre Liberbank al considerar que ésta sigue trabajando en la operación corporativa para una posible fusión con Unicaja.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de las acciones de Liberbank por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dichos valores.

Según informa este viernes el diario económico Expansión, Abanca se ha acercado a los principales accionistas de la entidad de origen asturiano para intentar comprarla, citando fuentes conocedoras. La operación que ha planteado la entidad controlada por el banquero venezolano Juan Carlos Escotet sería a través de una especie de opa por partes.

En primer lugar, según explica el diario, propone a las tres fundaciones herederas de las cajas fundadoras de Liberbank (CajAstur, Caja Cantabria y Caja Extremadura) un canje de acciones para mantenerse en el accionariado de una hipotética entidad combinada. Y por otro lado, ofrece a los accionistas privados dinero en metálico, a razón de unos 55 céntimos de euro por cada uno de los títulos que tienen en la actualidad, para salir del accionariado del banco.

Este precio supondría pagar una prima del 40% sobre el cierre de Liberbank ayer en Bolsa. Las acciones de Liberbank cerraron ayer a un precio de 0,392 euros, con un descenso del 0,76%. Tras la suspensión de la cotización de Liberbank, la CNMV decidió suspender también la negociación de Abanca en el Mercado de Renta Fija AIAF de sus emisiones de renta fija y participaciones preferentes.

A la vuelta del verano, el francés BNP Paribas anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su división de grandes patrimonios, que afectará a 44 personas. Unas semanas después Unicaja comunicaba el suyo, por el que prevé deshacerse de 1.028 trabajadores, el 15% de su plantilla, en los próximos tres años. También WiZink, el banco especializado en tarjetas de créditos que ha pasado de las manos del Popular a las del Santander y de éstas a las del fondo de inversión estadounidense Värde PartnersVärde Partners, quiere despedir a 209 empleados, el 20% de los que posee. Para marzo de 2019, además, Banco Santander prevé comenzar la negociación de su propio despido colectivo, que puede afectar a unos 3.000 trabajadores.

Estos recortes se producen cuando aún no han terminado los negociados en Liberbank, que en 2017 comenzó a dar de baja a 525 de sus 4.000 empleados, y en Bankia y BMN tras la fusión de ambos, que afectará a un total de 2.000 personas. Las 500 bajas pactadas en Ibercaja concluyeron en julio y a primeros de año se consumaron los 239 despidos en Evo Banco239 despidos en Evo Banco, que el pasado septiembre fue vendido por el fondo Apollo a Bankinter. A lo largo de este año Banco Santander se ha deshecho de un millar de trabajadores en virtud del acuerdo que firmó con los sindicatos en diciembre de 2017 tras integrar sus servicios centrales con los del Popular.

Pese a la recuperación y al rescate, los recortes de plantilla y el cierre de oficinas en la banca no se detienen. Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 trabajadores, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

La reconversión del sector financiero ha sido brutal, por tanto. Y cuando parecía haber amainado vuelve otra vez a agitarse el fantasma de los grandes planes de recorte. Ya lo dejó claro el presidente de la AEB, José María Roldán, cuando dijo que la reducción de las plantillas y el cierre de oficinas es “la única palanca que puede usar y controlar una entidad para aumentar su eficiencia”. Mientras no suban los tipos de interés, la rentabilidad de los bancos seguirá por debajo de los niveles precrisis y, mientras continúen “las presiones sobre la rentabilidad”, la medicina serán los recortes de personal y sucursales, subrayó. “El proceso de racionalización de redes”, tal y como lo denominó, “será continuo”. Tanto Unicaja –201,9 millones de euros– y WiZink –151 millones– como BNP Paribas –1,89 millones– y Santander –6.618 millones– tuvieron beneficios en 2017. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la banca española era el pasado marzo de 9,66%, superior a la media europea, del 6,77%, pero aún muy por debajo del 21,4% que alcanzó en 2007.

No habrá suficientes prejubilaciones

“Los ajustes no sólo no han terminado sino que van a seguir por la lógica de las patronales de la banca y las cajas”, admite Agustín Nieto, responsable del sector financiero en UGT, “si no es el tamaño de la entidad, es la falta de capital suficiente lo que argumentan para recortar puestos de trabajo; la reforma laboral se lo permite aunque no tengan pérdidas”.

Es lo que ocurre con Unicaja, por ejemplo, que aún no ha concretado las cifras del ERE, “únicamente que necesita movilidad geográfica y quiere traslados a más de los 25 kilómetros de distancia que permite el convenio, y sin compensación económica”, se queja Nieto.

WiZink “no tiene argumento económico [consigue beneficios] ni organizativo después de que culminara la integración [de Citibank y Barclays] hace dos años”, protesta Teo Ortiz, responsable de banca de CGT. Además, el banco digital lleva tiempo externalizando parte de sus actividades. “Sólo en subcontratas hay unos 300 trabajadores”, precisa Ortiz. La plantilla de WiZink la componen 500 personas, más un centenar que opera en Portugal. El representante de CGT advierte de que el ERE recién anunciado será “agresivo”, debido a que son muy pocos los trabajadores con edad suficiente para prejubilarse y temen un alto número de despidos.

En BNP Paribas, por el contrario, las negociaciones están siendo más templadas. La mitad de los 44 trabajadores sobrantes serán prejubilados, explica Teo Ortiz. Pero el que prepara el Santander para el próximo año puede no ser tan amable. Ortiz recuerda que en 2017 el Popular ya se deshizo de 2.592 trabajadores antes de ser adquirido por Banco Santander. Lo que unido al millar –760 procedían del Popular– que salió este año, reduce el número de quienes podrían acogerse a prejubilaciones en 2019. “No dan tiempo a que la plantilla envejezca”, apunta el dirigente de CGT.

Exceso de carga de trabajo y millones de horas extras

La jibarización de las plantillas se está produciendo, además, cuando más arrecian las quejas de los empleados por el exceso de carga de trabajo y las horas extraordinarias no retribuidashoras extraordinarias no retribuidas que se ven obligados a hacer. Según cálculos de UGT, los trabajadores de la banca realizan 14,5 millones de horas extra sin remunerar al año. Mientras, algunas entidades anuncian la apertura de las oficinas por las tardes. Por ejemplo, el Banco Santander empezó el pasado septiembre a abrir por las tardes 500 oficinas Smart Red, pero sólo atienden a los clientes con cita previa. También están probando el horario vespertino Cajamar y Banco Sabadell. Caixabank, Deutsche Bank y Bankia llevan tiempo abriendo después de la hora de comer. Y BBVA negocia con los sindicatos que parte de sus gestores atiendan por teléfono a los clientes durante la tarde. UGT, precisa Agustín Nieto, no firmó los acuerdos que permitieron la apertura por las tardes en Caixabank y Santander.

“Es un contrasentido”, critica el dirigente ugetista, “que después de perder 84.000 empleados durante la crisis, el sector financiero siga destruyendo puestos de trabajo al tiempo que sus trabajadores hacen millones de horas extraordinarias no pagadas”. La batalla de los sindicatos contra la prolongación ilegal de las jornadas de trabajo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no es obligatorio el registro de la jornada ordinaria, sólo de las horas extras. En la Comisión de Empleo del Congreso se encuentra “paralizada en el proceso de enmiendas”, recuerda el responsable de UGT, la proposición de ley que presentó en 2017 el PSOE para hacer obligatorio el registro horario de los trabajadores. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado la Audiencia Nacional sobre la misma cuestión, iniciada por una demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank interpuesta por UGT y CCOO.

El año próximo se vislumbra conflictivo para el sector bancario. Hay elecciones sindicales en febrero. También toca renovar el convenio colectivo. Ni UGT ni CGT se atreven a aventurar cuál será la repercusión de la sentencia del Supremo que obliga a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, en caso de que se confirme en la reunión que el alto tribunal celebrará el próximo 5 de noviembre. Pero temen que, además de convertirse en comisiones más altas para los clientes, traiga consigo, como mínimo, rebajas salariales para las plantillas.

En medio del creciente debate sobre la precarización y la sostenibilidad de las pensiones públicas, la información que las grandes entidades financieras están obligadas a difundir anualmente pone de manifiesto otra realidad muy diferente, la de los millonarios planes de ahorro a largo plazo que atesoran sus consejeros y que podrán rescatar cuando dejen sus funciones ejecutivas. Mientras tanto, la pensión media de jubilación de la Seguridad Social apenas llega a los 15.000 euros anuales: 1.077 euros brutos al mes. 

Según datos recopilados por infoLibre a través de la CNMV, trece consejeros de cinco bancos del Ibex 35 –todos los de este índice bursátil salvo Bankia, que no ofrece estos complementos retributivos– acumulaban 197 millones de euros en fondos de pensiones al cierre del pasado año. Siete de ellos cuentan con más de diez millones de euros en sus particulares huchas para la jubilación. Del total de 197 millones de euros, 11,4 millones de euros fueron aportados por las entidades financieras en 2017 y el resto en años anteriores.

Estos sistemas de ahorro que los ejecutivos generan a lo largo de su carrera profesional son independientes de otros conceptos retributivos, como los pagos en metálico o en acciones y otras retribuciones en especie. Su existencia es más habitual en el sector financiero, aunque se dan en otro tipo de compañías como las eléctricas, las constructoras o las telecomunicaciones.   

Las pensiones por entidades

Los consejeros que más derechos de cobro acumulan son los del Banco Santander. Hasta el año pasado, cuatro miembros de su máximo órgano de gestión tenían reunidos 124,1 millones de euros, de los que el 13% habían sido aportados por la entidad en 2017 (16,5 millones de euros).

La pensión más alta correspondió a Matías Rodríguez Inciarte, que abandonó el consejo de la entidad el pasado noviembre con un sistema de ahorro consolidado por valor de 48,2 millones de euros. Por otro lado, para cuando llegue su jubilación, la actual presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, tiene asegurado, por el momento, el cobro de 45,8 millones de euros. La suya es la pensión más alta no sólo del Santander, sino de todos los consejeros en activo de bancos que cotizan el Ibex 35. Por su parte, el actual consejero delegado, José Antonio Álvarez, tiene unos derechos de cobro acumulados de 16,2 millones de euros y el vicepresidente, Rodrigo Echenique, de 14 millones de euros. 

La segunda hucha para la jubilación más elevada del sector financiero es la del Sabadell, con un total de 36,8 millones de euros, de los que 3,6 fueron aportados durante el pasado ejercicio. La mayor cantidad de la entidad la acumula su consejero delegado, Jaime Guardiola, con 22,2 millones de euros, el 15% de ellos aportados durante 2017 (3,4 millones). Le siguen el presidente, Josep Oliu, con 8,5 millones de euros, y el director general, José Luis Negro, con seis millones. 

En el BBVA, el segundo banco con mayor capitalización bursátil del Ibex 35, hay dos miembros de su principal órgano de gestión que tienen cantidades acumuladas para cuando alcancen la edad de jubilación. Los mayores derechos de cobro corresponden al actual consejero delegado, Carlos Torres Vila, que cuenta en su hucha con 17,5 millones de euros. Por su parte, el consejero ejecutivo José Manuel González-Páramo, tiene derechos de cobro acumulados por valor de 842.000 euros. 

El plan de Francisco González

El actual presidente del BBVA, Francisco González, no aparece en la relación de consejeros que tienen derecho a una pensión con cargo a la entidad. Aunque eso no quiere decir que no lo tenga. Cuando cumplió 65 años, en 2009, externalizó el capital acumulado, que en la fecha era de 79,7 millones de euros, a una póliza de seguro de la que podrá disponer libremente cuando cese en sus funciones ejecutivas. 

La cuarta entidad en la que sus consejeros acumulan mayores derechos por pensiones es CaixaBank, con 17,2 millones de euros. De ellos, un 2% fueron aportados en 2017, apenas 355.000 euros. La cantidad más cuantiosa la atesoró el que fuera vicepresidente de la entidad hasta finales del pasado diciembre, Antonio Massanell, que se jubiló con una pensión de 13,9 millones. Por su parte, el consejero delegado de la entidad catalana, Gonzalo Gortázar, tiene acumulados tres millones, y el presidente desde 2016, Jordi Gual Solé, 250.000 euros.

Bankinter, por su parte, sólo tiene actualmente una consejera con un plan de ahorro a largo plazo activo. Es el caso de su consejera delegada, Dolores Dancausa, que acumula 600.000 euros, aunque la entidad no aportó nada en 2017. 

Los bancos han devuelto 1.848 millones de euros a los clientes que firmaron cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas. Según los datos que ha publicado la comisión de seguimiento de las reclamaciones presentadas por los consumidores, a fecha de 31 de octubre las entidades han reintegrado el dinero cobrado indebidamente a un total de 416.369 personas, el 38,8% de los 1,07 millones que lo solicitaron acogiéndose al mecanismo extrajudicial abierto por el Ministerio de Economía el pasado mes de enero. El procedimiento se creó después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara en diciembre de 2016 que los bancos españoles debían devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes cuyas hipotecas incluyeran cláusulas suelo no transparentes.

Entonces el Banco de España calculó en unos 3.700 millones la cantidad que las entidades financieras tendrían que reintegrar a los consumidores en virtud de la sentencia, según informó el Gobierno al diputado del PSOE Antonio Hurtado en una respuesta escrita. La cifra es el resultado de las previsiones hechas por los propios bancos “sobre la base de su experiencia histórica de reclamaciones y el perfil de su cartera”, explicaba el Ejecutivo. Es decir, hasta el momento las entidades financieras han devuelto a sus clientes el 49,9% de la cuantía prevista. El procedimiento sigue abierto, por lo que el número de reclamaciones puede seguir aumentando.

Esos 3.700 millones rebajan considerablemente la primera estimación realizada por el organismo supervisor, que preveía un impacto de las cláusulas suelo por importe de 7.600 millones de euros sólo desde mayo de 2013 hasta diciembre de 2015. En cualquier caso, la primera cuantía se refiere al dinero que se devolverá a través del mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno. Si éste no concluye con un acuerdo o si se renuncia a acudir a él, los consumidores también pueden demandar a los bancos directamente en los tribunales, y la cantidad reintegrada será superior.

De las 1,07 millones de reclamaciones, los bancos admitieron 469.233, sólo el 43,7%. En esa mayoría de rechazadas, el principal motivo fue que los bancos consideraron que el reclamante no era cliente o que no existía la cláusula de suelo alegada. En cualquier caso, la comisión de seguimiento ha observado una gran disparidad entre unos bancos y otros a la hora de estimar o desestimar una reclamación Algunas rechazan más del 70% de las que reciben y otras menos del 30%. En su primer informe semestral, la comisión avanza que ha solicitado a las entidades, a través del Banco de España, que le comuniquen cuáles son los criterios que siguen para admitir o no una reclamación de forma que pueda dibujar “un patrón o perfil de respuesta”.

De las solicitudes estimadas, sólo 6.731, el 1,43%, concluyeron sin acuerdo. Y de las que lo obtuvieron, en el 88,2% la devaluación se realizó en efectivo; el resto consiguieron “medidas compensatorias” o una combinación de ambas opciones. El importe medio reintegrado a cada cliente se sitúa en 4.440 euros. Sólo el 0,2% de las reclamaciones precisaban el importe del reingreso que solicitaban, una media de 6.851 euros.

Sin retroactividad limitada

Hace un año, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes cuyas hipotecas incluían cláusulas suelo, tras rechazar que se pueda aplicar la retroactividad limitada en el tiempo que había fijado el Tribunal Supremo en una sentencia anterior. Según el Tribunal de la UE, esa retroactividad es “incompleta e insuficiente” además de contraria a la normativa comunitaria. De forma que las entidades tienen que reintegrar a sus clientes todo el dinero percibido indebidamente desde el inicio de cada contrato hipotecario, y no a únicamente a partir del 9 de mayo de 2013 como determinó el Supremo. En esa sentencia, el alto tribunal consideró abusivas estas cláusulas porque no eran transparentes: los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía.

Las cláusulas suelo fijan un tope mínimo de intereses que los clientes de los contratos hipotecarios deben pagar. Así, impedían a los afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, el principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.

El pasado enero, el Ministerio de Economía creó mediante un real decreto de medidas urgentes un “cauce extrajudicial” para agilizar la devolución de las cantidades en litigio. El sistema, pactado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos, permite a los bancos decidir a qué clientes ofrecen el reintegro del dinero cobrado en exceso y si aplican alguna quita sobre esos montantes y los intereses que han generado.

Para Economía, el mecanismo extrajudicial está funcionando de manera satisfactoria, reduciendo la litigiosidad y consiguiendo que se devuelva con rapidez el dinero a los clientes. Por el contrario, las organizaciones de consumidores critican el procedimiento por insuficiente y porque, a su juicio, deja a los clientes en manos de los bancos.

Factura rebajada, colapso judicial

En todo caso, el sistema ha permitido a las entidades rebajar considerablemente el coste inicial previsto por la devolución de las cláusulas suelo. Así, los dos bancos más afectados también han sido los que más han encogido la factura: el BBVA previó que la sentencia del TJE le supondría 1.200 millones de euros en devoluciones, para después recortarla la cantidad a 577 millones, mientras que Caixabank redujo de 1.250 millones a 625 el impacto de la medida. El Banco Popular, ahora integrado en el Santander, que no utilizó cláusulas suelo en sus hipotecas, calculó unos reintegros de 639 millones de euros que después se quedaron en 539 millones. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, aseguró el pasado octubre que la entidad había devuelto ya unos 200 millones de euros correspondientes a las cláusulas del Popular.

Pese a que el Banco Sabadell asegura que sus cláusulas suelo han sido siempre “claras y transparentes” y que, en todo caso, ha llegado ya a soluciones con cada uno de sus clientes, si procedía, provisionó en principio 490 millones de euros en sus cuentas para posibles devoluciones, una cantidad que luego rebajó a 410 millones. Bankia calcula el desembolso por la sentencia del TJUE en 214 millones, mientras que Liberbank lo cifraba en 291 millones de euros. Unicaja, en 150 millones. También Abanca, Cajamar o Ibercaja deberán reingresar las cláusulas suelo ilegales a sus clientes. Según el real decreto-ley del Gobierno, un total de 206 entidades financieras incluyeron estas cláusulas en sus contratos hipotecarias, pero sólo 93 participan en el mecanismo extrajudicial.

Para hacerse una idea del volumen –“significativo, según Economía– que alcanza el litigio, basta con detallar que el número de reclamaciones presentadas hasta ahora para resolverse extrajudicialmente representa el 12,5% de las hipotecas vivas en España a 31 de diciembre de 2016, casi 8,6 millones.

A esas cifras hay que añadir los miles de pleitos que están dirimiendo los tribunales. El pasado junio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha un plan de urgencia para hacer frente a la avalancha de demandas que ha provocado la sentencia del TJUE. En seis meses los 54 juzgados especializados han celebrado casi 5.000 vistas y dictado cerca de 3.500 sentencias. Según denuncia el sindicato CSI-F, estos juzgados de primera instancia se encuentran colapsados. Sólo en Madrid, resalta, hay más de 13.000 demandas pendientes de registrar.

Los responsables del Banco Santander celebraron este viernes la primera de las tres reuniones preparatorias que el convenio de banca establece para el caso de que la empresa quiera ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo. Van a presentar dos ERE: uno en el Santander y otro en el Banco Popular, adquirido el pasado mes de junio. Ambos afectarán a los servicios centrales de las dos entidades, que cuentan con una plantilla conjunta de casi 35.000 empleados. Para los trabajadores del banco presidido por Ana Botín será el cuarto recorte de plantilla en cuatro años. Para los del Popular, el segundo en un año pero el cuarto desde 2012.

Desde 2013, cuando se fusionó con Banesto, el Santander se ha deshecho de 5.012 personas. Las primeras 1.621 prejubilaciones correspondieron a esa integración, otras 2011 se ejecutaron en 2014, y en el ERE del año pasado se fueron del banco 1.380 personas más. El Popular hizo lo propio con 2.592 empleados en el ERE que presentó en noviembre de 20162.592 empleados en el ERE . Antes de eso, en 2014, prejubiló a otros 150 empleados. Y en 2012, tras adquirir el Banco Pastor, prejubiló a 800 personas. En total, ambas entidades han reducido sus plantillas en 8.554 trabajadores. El Santander aún no ha precisado a cuántas personas afectarán los dos próximos ERE. Sólo ha explicado que el recorte se hará con “medidas no traumáticas”, en concreto, bajas incentivadas y externalizaciones, trasladando personal a otras empresas del grupo.

Pese a que, según las fuentes sindicales consultadas, los representantes de los trabajadores pidieron a la empresa que ofreciera prejubilaciones, ésta contestó que, en principio, no las considera. Ambas plantillas no cuentan con un número suficiente de trabajadores con la edad adecuada para aplicarles tal medida, después de las salidas de los últimos ERE, aclaran las mismas fuentes.

Tampoco revelaron los responsables del Santander si las condiciones que va a ofrecer a las plantillas de cada banco van a ser las mismas. Sí explicaron que el ERE del Santander se planteará por causas técnicas y organizativas, y el del Popular por las anteriores, así como por causas económicas. Del ERE del Popular va a quedar excluida la plantilla del Banco Pastor, que adquirió en 2011 por 1.300 millones y que carece de servicios centrales.

Más recortes tras la integración tecnológica

No obstante, las fuentes sindicales temen que haya un nuevo ERE en cuanto se produzca la integración tecnológica de Santander y Popular, en 2019, y que afectará, esta vez sí, a la red de oficinas. Según avanzó el Santander cuando firmó la compra del Popular, la fusión de ambas entidades generará sinergias de costes de 500 millones de euros anuales a partir de 2020.

En un comunicado, el banco de Ana Botín ha explicado que realizará el ajuste siguiendo un “criterio de meritocracia”, a fin de “aprovechar el mejor talento” de ambas entidades. También se compromete a realizar un “esfuerzo especial” para que los trabajadores obtengan “buenas condiciones” y aprovechando la “movilidad interna hacia otras entidades del grupo”.

Las próximas reuniones preparatorias de los ERE se celebrarán los próximos días 8 y 13.

El sector financiero ha perdido 81.533 empleados

Desde 2008, cuando estalló la crisis financiera, la banca española ha recortado un 32,5% sus plantillas. Ese año los bancos tenían 115.907 empleados y las cajas, 134.866. Un total de 250.773 personas trabajaban para el sector. A 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con los anuarios de las patronales AEB y CECA, quedan 94.498 trabajadores en la banca y 74.742 en las cajas de ahorro. Es decir, el sector ha perdido 81.533 empleados.

Pero la tijera no se ha detenido. Si en los últimos años la crisis y el rescate financiero estaban detrás de los recortes de plantilla, este año los bancos empiezan a hablar de transformaciones tecnológicas. Caixabank ha acordado dos planes de prejubilaciones para 960 trabajadores. BBVA ejecutará 500 prejubilaciones, mientras que Liberbank plantea 525. Ibercaja ha negociado un ERE para deshacerse de otros 590 empleados.

Fueron una parte del rescate financiero, aunque no la más cuantiosa. Los Esquemas de Protección de Activos (EPA) son avales que garantizan a una entidad la cobertura de las pérdidas en que puede incurrir una cartera de créditos o inmuebles. Los concedió tanto el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con dinero público, como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones de 130 bancos privados españoles. En total, 13.101,3 millones de euros, según el último cálculo de su coste que el Gobierno ha enviado por escrito al diputado del PSOE Antonio Hurtado Zurera, pero actualizado tras el cierre del ejercicio del FROB.

De esa cantidad, 883,3 millones corresponden al FROB y 12.218 millones, al Fondo de Garantía de Depósitos.

Los EPA se concedieron a cajas de ahorro y bancos con problemas entre 2009 y 2011 para facilitar su venta a otras entidades financieras. Estas garantías eliminan la incertidumbre sobre unos activos abocados al deterioro y a generar pérdidas, por lo que aumentan el atractivo para un potencial comprador de unas entidades abocadas si no al cierre. También se utilizaron en Estados Unidos y Reino Unido para rescatar a sus bancos en dificultades.

Así, entre las entidades que recibieron EPA públicos se encuentra Caixabank, el comprador del Banco de Valencia. El FROB cubre el 72,5% de las pérdidas que pudieran derivarse de una cartera de activos cifrada al principio en 6.424 millones. Se trata de un aval de 10 años a partir de septiembre de 2012, por lo que aún no ha sido liquidado. Pero como el montante de los activos problemáticos ha ido reduciéndose paulatinamente, también ha disminuido la provisión inicial, que a 31 de diciembre de 2016 asciende a 491,3 millones de euros, según consta en las cuentas del FROB recién aprobadas.

También BBK obtuvo un Esquema de Protección de Activos público, en este caso para la compra de CajaSur. Era a cinco años, con efectos desde julio de 2010, por lo que ya ha sido liquidado. Su importe para los contribuyentes, 392 millones de euros.

Desembolsados 2.475 millones de euros

Del Fondo de Garantía de Depósitos consiguió avales el Banco Sabadell al adquirir la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por el 80% de una cartera tóxica cifrada en 24.644 millones de euros. A 31 de diciembre de 2016, la pérdida calculada para el FGD se eleva a 6.141 millones de euros, la más voluminosa de todas. El EPA tiene una duración de 10 años a partir de 2011, por lo que aún está sin ejecutar.

Cajastur compró el Banco de Castilla La Mancha –la antigua caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó–. A su vez, Cajastur terminó integrada en Liberbank. El esquema otorgado cubría el 100% de las pérdidas durante cinco años –desde 2009– de la cartera problemática del banco castellanomanchego. Al finalizar el EPA el pasado 31 de diciembre de 2016 –fue prorrogado dos años en 2014–, el FGD desembolsó 2.475 millones de euros.

Finalmente, el BBVA se benefició de una garantía a 10 años sobre el 80% de los activos tóxicos de Unnim –fruto de la fusión de Caixa Manlleu, Caixa Sabadell y Caixa Terrassa– cuando lo compró por un euro en 2012. La pérdida para el FGD calculada hasta el 31 de diciembre de 2016 es de 1.817 millones de euros.

Un mecanismo por y para los bancos

A la vista de las cifras, los avales otorgados por el Fondo de Garantía de Depósitos son casi 14 veces los concedidos por el FROB. “Es lógico”, asegura el profesor de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, “porque se está protegiendo indirectamente a los depositantes de los bancos”. También porque son los bancos los que compran con garantías esas entidades que de otra manera no serían tan fáciles de colocar.

Apoyar la resolución de entidades financieras, además, forma parte del objeto para el que se creó el FGD, cuyo primer fin es garantizar los depósitos, en dinero y en valores, con un límite de 100.000 euros cuando un banco o caja solicite el concurso de acreedores. En el riente caso del Banco Popular, adquirido por el Santander sin que mediara un EPA, el BBVA decidió no presentar una oferta por la entidad ante la negativa del Gobierno a concederle una de estas garantías para cubrir pérdidas. “Son dos momentos distintos”, explica de nuevo García Montalvo, “los EPA se otorgaron en plena crisis financiera, con unas entidades muy vapuleadas; ahora el sistema está más saneado”.

El FGD se nutre de las aportaciones anuales obligatorias de los bancos. Durante la crisis, además, las entidades hicieron contribuciones adicionales –derramas– para sufragar los EPA descritos más arriba. Pero, además, el Fondo de Garantía de Depósitos puede captar recursos en los mercados de valores, pedir préstamos o afrontar “cualesquiera otras operaciones de endeudamiento” para cumplir sus fines. Y su garante último es el Estado.

Según las últimas cuentas publicadas por el FGD, correspondientes a 2016, las aportaciones ordinarias de los 130 bancos adheridos suman 918,96 millones de euros, pero sus disponibilidades financieras –incluidas derramas e inversiones en deuda pública del Estado– se elevan a 6.821 millones. A 31 de diciembre del año pasado, el FGD cubre el 58,82% de los depósitos y valores garantizables. Precisamente uno de los elementos de una futura unión bancaria europea debería ser el Fondo de Garantía Europeo, que serviría “para aumentar las garantías para los depositantes”, destaca Antonio Hurtado. El principal obstáculo, no obstante, lo levantan las reticencias de Alemania.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha prohibido con efectos inmediatos y por el plazo de un mes las ventas en corto y operaciones similares (posiciones cortas) relacionadas con acciones de Liberbank.

El organismo supervisor ha adoptado esta decisión tras valorar todas las circunstancias concurrentes y, en particular, la evolución durante los últimos días de la cotización de Liberbank y la "muy probable" relación de dicha evolución con la actuación de resolución decidida por la Junta única de Resolución el pasado 7 de junio con respecto al Popular.

Según Europa Press, la cotización de Liberbank se ha visto afectada por fuertes descensos y una alta volatilidad en un contexto en que no hay informaciones negativas difundidas por la entidad o pendientes de difundir, ha explicado la CNMV.

Las acciones de Liberbank cayeron un 17,58% en la sesión del pasado viernes tras la incertidumbre que ha desatado entre sus inversores la resolución del Popular y su posterior compra por parte de Santander al precio simbólico de un euro.

En concreto, los títulos de la entidad cerraron la sesión a 0,68 euros, su menor precio desde agosto de 2016, acumulando diez sesiones consecutivas en rojo en las que su valor se ha depreciado un 44%.

Desde que se hizo pública la resolución de Banco Popular el pasado miércoles, los títulos de Liberbank han caído un 38%, lo que implica que la capitalización bursátil de la entidad ha caído en 385 millones de euros en tan solo tres sesiones, hasta el entorno de los 600 millones de euros.

“Este documento es totalmente confidencial, y bajo ningún concepto debe ser leído por los clientes, ni facilitar a éstos copia alguna”. Es el encabezamiento de la comunicación que un sorprendido cliente de Bankia recibió en el correo electrónico junto con la respuesta a su solicitud para que le devolvieran los gastos de formalización de una hipoteca. Su “asesor personal” le remitió la carta donde la directora del Servicio de Atención al Cliente le negaba el reintegro de esos gastos en una carta con todas las formalidades al uso. Pero, por error, el empleado de Bankia también le envió una comunicación interna en la que el banco explica a la plantilla los motivos por los cuales no va a devolver los gastos de formalización de las hipotecas, pese a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que el pasado diciembre declaró “abusivos” los que cobran por ese mismo concepto el BBVA y el Banco Popular.

El TS anula, por tanto, la claúsula por la que ambas entidades repercutían en el consumidor “todos los costes derivados de la concertación del contrato”; es decir, los gastos de gestoría, notario, Registro de la Propiedad, tasación de la vivienda e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Unos 3.000 euros para una hipoteca tipo de 150.000 euros, calcula la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que interpuso la demanda. Según la sentencia, “quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista [el banco], pues así obtiene un título ejecutivo, constituye la garantía real y adquiere la posibilidad de ejecución”.

Sin embargo, los bancos se niegan a devolver los gastos. Ni el BBVA, ni el Popular, afectados por la sentencia, tampoco Bankia. La entidad de José Ignacio Goirigolzarri sí ha anunciado que, sólo en las nuevas hipotecas, cargará con el 100% de los gastos de registro, el 50% de los de gestoría y el 25% de los de notaría. Para recuperar los ya abonados en las viejas hipotecas, los consumidores deberán recurrir a los tribunales.

Así, el Servicio de Atención al Cliente de Bankia –el departamento 0633– informa a sus empleados de que existen “distintas sentencias judiciales” según las cuales “no todos los gastos e impuestos son por cuenta de la entidad financiera”. También les recuerda que el Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados dicta que es el prestatario el sujeto pasivo de ese tributo y, por tanto, la obligación de pagarlo corresponde al cliente “y no a Bankia”. Finalmente, resalta que el banco de Goirigolzarri “no ha sido parte del procedimiento” que dio lugar a la sentencia del Supremo.

“En este sentido os aclaramos que Bankia no va a proceder a la devolución de los gastos generados en la formalización de los préstamos hipotecarios”.

En todo caso, la comunicación interna aclara que, “si el cliente solicita los formularios” para presentar una quejapara presentar una queja ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros, los empleados pueden facilitárselos descargándolos de la intranet del banco.

Un portavoz de Bankia explica a infoLibre que el encabezado de la comunicación es el que figura “en todas las circulares internas del banco”. “No tiene mayor importancia”, concluye. También detalla que se trata de “una respuesta individual, no extensible al resto de los clientes, a una reclamación concreta de ahí la confidencialidad”. “Nuestra idea central, nuestro foco, va a ser el cliente, escucharle y servirle”, aseguró José Ignacio Goirigolzarri el pasado mayo en un acto público en Ciudad Real. “Nuestro objetivo”, añadió, “es que en los próximos años Bankia sea vista por los consumidores como una entidad cercana, sencilla y transparente”.

Sentencias contradictorias

Los mismos argumentos del documento interno los reproduce después la directora del Servicio de Atención al Cliente, Marta Góngora, en la carta formal que el cliente recibió por correo electrónico. Además, le detalla que también le corresponde a él pagar los gastos de tasación, el seguro y la notaría, así como otros, independientemente de la posible nulidad de la cláusula sobre la que dictaminó el Supremo. “Como han señalado determinadas resoluciones judiciales, ello no implica atribuir automáticamente a la entidad bancaria el pago de los concretos gastos reclamados por usted”.

Bankia no cita las sentencias en sentido contrario que se han sucedido desde que el TS dictaminara en diciembre de 2015. La última, el pasado jueves, de un juzgado de Sevilla, pero antes ya habían fallado en el mismo sentido las audiencias provinciales de Zaragoza y Valencia, un juzgado de Oviedo – Liberbank– y otro de Granollers –Catalunya Banc–.

El portavoz de Bankia asegura a que, en efecto, “hay sentencias y legislación contradictorias”. “En lo que no se clarifique, estamos esperando”, indica.