El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha abierto juicio oral a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP), y al empresario de la construcción Enrique Ortiz, entre otros acusados, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, una rama del caso Brugal cuya investigación arrancó en 2010, informa Europa Press.

En este caso, la exalcaldesa Castedo será juzgada por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, al igual que su predecesor en el cargo, Díaz Alperi, mientras que el constructor se sentará en el banquillo por tráfico de influencias y cohecho ya que se le excluye de la acusación inicial de aprovechamiento de información privilegiada que había sido incluida en el auto de procesamiento, de acuerdo con una resolución anterior de la Audiencia Provincial y con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

En la causa también serán juzgadas seis personas más, entre ellas, los abogados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias continuado y cohecho, y el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, por corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

1,3 millones de gastos del PGOU

En la resolución, el magistrado acuerda formar pieza de responsabilidad civil, y requiere a Ortiz, Castedo, Alperi y tres acusados más que, como presuntos responsables civiles, presten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran declarar, y que el juzgado cifra en 1.339.249,20 euros, que es el importe que se señaló en la investigación por la representación del Ayuntamiento de Alicante como gastos que para las arcas municipales supuso la tramitación del PGOU.

Esta cantidad deberá hacerse efectiva en el plazo de una audiencia, según establece el auto, que determina que, en caso de que se no haga, se proceda al "embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades, si no prestaren la fianza fijada, o acreditándose su insolvencia".

Diez años de prisión

La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de calificación provisional solicita penas que suman diez años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 años y 24 respectivamente. Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, reclama ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación.

Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.

Conversaciones grabadas

La causa arrancó en julio de 2010 como pieza separada del caso Brugal caso Brugalque investigaba el presunto amaño del tratamiento de residuos en la Vega Baja. De las conversaciones intervenidas por la Policía, se desgajó esta pieza relativa a la tramitación del Plan General de Alicante.

El magistrado instructor, Manrique Tejada, establecía la existencia de indicios de delito, para lo que se había tenido en cuenta tanto las conversaciones como las numerosas diligencias practicadas y la documentación existente. La causa fue enviada al TSJCV en 2012 por el aforamiento de Alperi y Castedo, como diputados autonómicos, y regresó a los juzgados de Instrucción de Alicante ante la pérdida de esa condición de ambos en 2014.

Este procedimiento se centra en la revisión del PGOU de la ciudad de Alicante y en cómo el Ayuntamiento gobernado por Alperi y Castedo instó a la Generalitat Valenciana a su "aprobación definitiva inmediata" y "sin más trámite". El magistrado considera que en este caso se quiso favorecer "de forma sustancial al principal investigado", el constructor Enrique Ortiz, que compró suelo a un precio con "recorrido" porque sabía que iría a un proceso urbanístico.

El empresario, "una vez obtenida la aprobación municipal", revendía participaciones a "la propia entidad bancaria" que financió la adquisición y "extrae así una importante plusvalía".

En relación con el cohecho, el magistrado se remitía al contenido de los informes policiales que recogen "distintas contraprestaciones" que van desde cenas en su barco; el viaje a Creta o una presunta entrega de dinero a Alperi, y el viaje a la nieve o el presunto regalo de un coche Mini a Castedo.

Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para los exalcaldes de Alicante, los conservadores Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, en la causa separada del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, según informó Europa Press.

Además, la fiscalía solicita cinco años de inhabilitación para Alperi, como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación. En total, para Alperi el fiscal reclama que sea inhabilitado para cargo público durante 29 años mientras que para Castedo pide 24 años de inhabilitación.

Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, la Fiscalía solicita ocho años de prisión por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias por particular sobre funcionario público o autoridad. Asimismo, le reclama 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, pide multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo.

La absolución de los directivos de la constructora Ferrovial implicados en el caso Palau por la prescripción de sus delitos y el reconocimiento por parte de empresarios beneficiados por contratos públicos de que financiaron al PP valenciano durante el juicio de unas de las piezas separadas de la trama Gürtel han puesto de manifiesto durante la última semana el relevante papel que los corruptores tienen en estas tramas delictivas.

No hay corruptos sin inductores de la corrupción. Sin embargo, la participación de empresas y empresarios en estas tramas no ha acaparado gran protagonismo público en el análisis de los principales casos de los últimos años. Y eso a pesar de que la mayoría de los episodios ya sentenciados o que están en fase de juicio o investigación han tenido entre sus protagonistas a contratistas que se servían de comisiones y mordidas disfrazadas de facturas ficticias para asegurarse adjudicaciones públicas. Este es el modus operandi que suele repetirse. 

infoLibre no se centra en este reportaje en los entramados societarios creados para delinquir, sino en quienes los utilizan para su beneficio económico. La mayoría de las fuentes consultadas no creen que, tras las últimas reformas del Código Penal, haya una legislación laxa contra estos últimos. De hecho el Código Penal sanciona estas conductas con multas económicas y penas de prisión. La legislación también establece la existencia de prohibiciones temporales de contratar con el sector público. No obstante, el veto a las licitaciones no se produce hasta que las condenas son firmes, así que en muchas ocasiones esa exclusión llega cuando se han adjudicado un buen número de contratos. 

Las conductas castigadas

Ofrecer dádivas o regalos a funcionarios o autoridades públicas a cambio de que estos realicen o no una actividad que está dentro o fuera de sus funciones supone cometer un delito de cohecho activo (artículo 424 del Código Penal). La pena para quien lleve a cabo este delito es la misma que para el corrompido, que puede ser de entre tres y seis años de prisión. Por ejemplo, si un político es condenado a cinco años de cárcel por aceptar cierta cantidad económica a cambio de favorecer una adjudicación a un empresario, este puede cumplir también cinco años de prisión.

Por otro lado, está penada, en este caso con hasta seis años de prisión, la concertación (conjunción de voluntades) entre un particular y una autoridad o funcionario para defraudar a cualquier ente público, lo que supone la comisión de un delito de fraudes y exacciones ilegales (artículo 436). Este delito puede conllevar penas de inhabilitación de entre dos y siete años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del ente del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

Otro de los tipos penales que se puede aplicar a la conducta de los corruptores es el tráfico de influencias (artículo 429), que pena con entre seis meses y dos años de prisión el hecho de que un particular se sirva de una relación personal con un funcionario o autoridad pública para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. La comisión de este delito también pueden entrañar la prohibición de contratar con el sector público durante hasta diez años, así como una multa de dos veces el beneficio perseguido u obtenido. 

El fiscal Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, cree que estos tipos penales se están demostrando "útiles" porque se están consiguiendo en los tribunales sentencias que establecen penas bastante similares a las solicitadas por el ministerio público. De hecho, a su juicio, jueces y fiscales encuentran las mayores dificultades a la hora de recabar las pruebas que les permitan sostener las acusaciones. "Si no hay base documental no se puede iniciar una investigación", señala.

No obstante, Pallarés señala que se ha avanzado bastante en la utilización de medios técnicos con los que es más fácil obtener pruebas fehacientes de la comisión de este tipo de delitos. Recuerda, por ejemplo, los micrófonos que el juez ordenó colocar en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, tras constatar que los inculpados en la trama Lezo sabían que sus conversaciones telefónicas estaban pinchadas.

Prescripción 

El delito de tráfico de influencias es el que, según los jueces de la Audiencia Barcelona, cometieron los dos directivos de Ferrovial imputados en el caso Palau. Consideran probado que la constructora pagó 6,6 millones de euros de "sustanciosas comisiones" a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de importantes adjudicaciones de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol. También que la compañía participó entre 1999 y 2009 del sistema creado por los saqueadores confesos del Palau de la Música consistente en camuflar esas mordidas a través de facturas "mendaces", donaciones y pagos en efectivo.

Sin embargo, los dos únicos responsables de la constructora encausados han conseguido salir indemnes del proceso porque su responsabilidad penal ha prescrito. En el momento en el que se produjeron los hechos, el Código Penal fijaba en tres años el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción de los delitos en los que la máxima pena señalada por la ley fuera prisión o inhabilitación inferior a tres años. En el caso de los dos directivos de Ferrovial había pasado más tiempo entre su última actuación delictiva y el momento en el que la Justicia les citó formalmente como investigados.

La reforma del Código Penal de 2010 elevó a los cinco años el periodo mínimo de prescripción para todos los delitos que conllevaran una pena de prisión, en abstracto, inferior a los cinco años. Es decir, se eliminó el mínimo de tres. No obstante, para hacer el cálculo sobre la prescripción se tiene en cuenta la legislación vigente en el momento en el que se produjeron las actuaciones que son objeto de la investigación judicial. 

De hecho, en esta misma tesitura se podría encontrar el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en el caso de que se confirmaran las acusaciones vertidas contra él por Álvaro Pérez, El Bigotes, Pablo Crespo y Francisco Correa en el juicio en el que se investiga la rama valenciana de la trama Gürtel. Aunque el juez le intentara imputar en esta causa, no le podría aplicar los delitos electoral y de falsedad documental –que prescriben a los tres y a los cinco años, respectivamente– porque los hechos se refieren a las campañas electorales de 2007 y 2008. 

Aunque pueda pensarse que estos plazos de prescripción pueden favorecer a los corruptores porque los delitos relacionados con la corrupción suelen ser de difícil investigación y persecución, los juristas consultados por infoLibre sostienen que el establecimiento de plazos legales que, una vez transcurridos, impiden al Estado la persecución del delito es una garantía de que existe "seguridad jurídica". 

En el juicio a la rama valenciana de Gürtel, nueve empresarios llegaron a un pacto con la Fiscalía. A cambio de reconocer un delito electoral y otro continuado de falsedad se librarán de ingresar en prisión. Así que sus crímenes se saldarán con multas, que podrían ascender a dos millones de euros en total. Entre ellos están algunos de los empresarios más relevantes de la Comunitat Valenciana en las últimas décadas, como Enrique Ortiz (líder del grupo que lleva su nombre); Gabriel Alberto Batalla Reigada (de Lubasa); Vicente Cotino (del grupo Sedesa); los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna (de Padelsa y CHM Obras); Enrique Gimeno Escrig (de Facsa), y los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols (de Piaf).

Otros casos 

La figura de los corruptores está presente en la mayoría de los casos mediáticos de los últimos años. Por ejemplo, en la pieza separada sobre la caja B del PP permanecen imputados 17 empresarios sobre los que existen sospechas de que hicieron donaciones en negro al partido de Mariano Rajoy a cambio de ventajas en las licitaciones de grandes obras públicas.

Entre ellos están Juan Miguel Villar Mir, antiguo presidente de la constructora OHL; José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción; o Alfonso García Pozuelo, el antiguo dueño de Constructora Hispánica que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena en el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. También están imputados en esta causa José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando) o Joaquín Molpeceres (Grupo Licuas). 

Precisamente, Villar Mir y Molpeceres están imputados en Lezo, el caso en el que se investiga la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid y que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González. También está siendo investigado en esta causa Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Villar Mir. En concreto, por haber pagado supuestamente 1,4 millones de euros en Suiza a González como contraprestación por una adjudicación a la constructora.

La trama Púnica, una red dedicada al tráfico de influencias y al pago de comisiones ilegales que operaba en administraciones públicas de varias comunidades, también deja varios empresarios investigados. Entre ellos, cinco directivos de la empresa de eficiencia energética Cofely, la compañía sobre que la que, supuestamente, pivota gran parte del entramado. Los investigadores sospechan que la firma pagó mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. En esta causa también están imputados el exconsejero delegado de Indra Javier de Andrés, y, de nuevo, Javier López Madrid. 

Por otro lado, los jueces también investigan a varios empresarios sobre los que hay sospechas de que pagaron por trabajos no justificados a Jordi Pujol Ferrusola. Los investigadores creen que esos pagos eran en realidad contraprestaciones por los servicios prestados por el primogénito del expresidente catalán en la consecución de adjudicaciones públicas. En octubre de 2014 había un total de once empresarios catalanes imputados en esa causa. 

El caso 3%, que indaga la presunta financiación ilegal de Convergència, deja otro grupo de empresarios imputados a los que se investiga por, supuestamente, haber hecho donaciones de cientos de miles de euros a una fundación afín al partido para enmascarar el pago de comisiones por las que, a cambio, lograban adjudicaciones de la Generalitat y de ayuntamientos controlados por los convergentes. De hecho, esta causa pivota sobre unos documentos encontrados en la caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, consejero delegado de la compañía Teyco e hijo de uno de los fundadores de CDC. En ellos estaban anotados pagos correspondientes al 3% exacto de obras públicas adjudicadas. 

Echando la vista atrás también hubo empresarios condenados en el caso Filesa, en el que se juzgó la actuación de un grupo de empresas creadas para sufragar gastos del PSOE y que recaudó de forma irregular para esta formación más de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) entre 1989 y 1991. Fueron condenados a seis meses de prisión por apropiación indebida Juan Antonio Molina, expresidente de la Empresa Nacional de Autocamiones (Enasa), y Eugenio Marín, vicepresidente de Cepsa, la petrolera que entonces estaba vinculada al Banco Central Hispano. 

La presentadora valenciana Nuria Roca avanzó este sábado que recurrirá "hasta donde haga falta" la sentencia que le obliga a pagar 15.000 euros a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo por llamarle "choriza sin paliativos".

Roca, en una entrada en su blog en septiembre de 2014, llamó a la entonces alcaldesa –doblemente imputada en el caso Brugal y en el referente a la tramitación del Plan Rabasa– "una choriza sin paliativos" y le acusó de hacer un "daño irreparable" a la democracia.

Este mismo sábado, la presentadora se refirió en su blog Los tacones de Olivia a la sentencia por la que un juzgado de Alicante le condena a pagar 15.000 euros a Sonia Castedo por atentar contra su honor. Al respecto, manifiesta su "sorpresa"  al enterarse de esta resolución a través de los medios sin que se le haya notificado oficialmente.

"Me llama poderosamente la atención que dicha sentencia que tiene fecha de comunicación oficial el día 11 de mayo esté en poder de los medios el día 8 y, especialmente, me deja estupefacta que la sentencia de once folios se elabore pocas horas después de la audiencia previa", indicó.

Al respecto, señala que "desde el juzgado se ha filtrado la sentencia a una de las partes, amiga sin paliativos, sospecho, que ha llamado a los periodistas que, haciendo su trabajo, se han hecho eco de la misma". "Claro, como yo no tengo amigos en los juzgados, pero sí en los medios, yo también he podido leer la sentencia tres días antes de la comunicación oficial a mi procuradora", explicó Roca.

"Por supuesto que recurriré. Hasta donde haga falta", aseguró la presentadora. "Sigo creyendo que me asiste la razón, como lo creen numerosos profesionales del derecho que me insisten en su enorme sorpresa por todo lo sucedido en este proceso", subrayó. Asimismo, destacó que si, finalmente, tiene que pagar, lo hará "cabreada, pero orgullosa y feliz".

La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha comenzado a declarar ante el juez Juan Carlos Cerón sobre las 10.10 horas de este viernes, tras ser recibida en el Palacio de Justicia de la ciudad con un ramo de flores que le han regalado unos vecinos, en medio de un gran número de medios de comunicación y un importante dispositivo policial. Castedo ha manifestado a su llegada que afrontaba el interrogatorio "muy tranquila".

En una breve comparecencia ante los periodistas, la exalcaldesa, que está imputada por un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación por supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa y la instalación de Ikea en este barrio alicantino, derivado del caso Brugal, ha comentado que no entendía la presencia de tantos medios de comunicación, habida cuenta de que ya no ocupa cargo público alguno, ha reiterado su inocencia y ha confirmado que iba a prestar declaración.

"No es bueno hablar más de lo que estoy diciendo. Solo pienso ahora en declarar y dar todo tipo de explicaciones", ha respondido a preguntas de los informadores, al tiempo que ha rechazado pronunciarse sobre el informe policial aportado a otra de las causas derivadas del caso Brugal que apunta al pago de sobornos por parte del empresario Enrique Ortiz al antecesor de Castedo en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, porque no conoce el asunto.

Al ser cuestionada por cuál va a será su futuro ahora, la también exdiputada autonómica por el PP ha precisado que va a ser "muy prometedor", aunque será el futuro de "Sonia Castedo, absolutamente alejada de la vida política". "Ahora yo ya no soy alcaldesa, no soy política, y solo quiero entrar y salir como una persona normal y no creo que ya a la gente le interese todo", ha continuado.

Castedo se encontraba ya desde antes de las 8.45 horas en los alrededores del Palacio de Justicia de Benalúa, en Alicante. Sobre las 9.30 horas, poco antes de acceder al interior del edificio, un grupo de vecinos que han dicho venir de la Zona Norte de Alicante le ha entregado un ramo de flores y ha arrojado a su paso una lluvia de pétalos, gesto que la ex primera edil alicantina ha agradecido.

Los alrededores de los juzgados se encuentran custodiados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, así como el pasillo donde se encuentra el Juzgado de Instrucción número 6, donde la imputada debía prestar declaración. El titular de ese órgano, que es además el decano de los magistrados, Juan Carlos Cerón, comunicó el pasado viernes a la Policía la comparecencia prevista para este viernes a los efectos de posibles medidas de seguridad, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La comparecencia de Sonia Castedo se prevé larga. El juez Cerón ha preparado una batería de preguntas que abarcan al menos 35 aspectos distintos relacionados con la instrucción de la causa. En su auto de imputación, el magistrado apreció indicios de que la exalcaldesa pudo cometer irregularidades en el Plan Rabasa para "favorecer los intereses del empresario Enrique Ortiz", también imputado en este caso.

Pero, como es mejor verlo que contarlo... esta es la triste historia de la parlamentaria que viste de Mango.

El balance de la lucha contra la corrupción en el año 2014 arroja un total de más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos, personalidades políticas y sociales en prisión o acercándose al banquillo y varias macrocausas a punto de llegar a juicio, entre ellas el caso Nóos, parte de la trama Gürtel, el caso Campeón o el caso Pretoria.

Ha sido el año en que un juez de Palma de Mallorca decidió juzgar a la infanta Cristina por delito fiscal y el año que entraron en prisión una tonadillera –Isabel Pantoja–, un exministro –Jaume Matas–, dos expresidentes de clubes de fútbol –José María del Nido y Josep Lluís Núñez– y un histórico de la política condenado por fraude fiscal tras un proceso de 10 años --el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra–.

Además, el expresident de la Generalitat Jordi Pujol confesó que su familia ha tenido dinero en el extranjero durante tres décadas y tanto él como su esposa y seis de sus siete hijos están ahora imputados; un juez ha imputado al exvicepresidente conservador Rodrigo Rato y otro está a punto de sentar en el banquillo al socialista Narcís Serra y a una treintena de exdirectivos de Caixa Catalunya por sus sueldos desproporcionados.

Y ha sido el año en que el Supremo ha recibido parte de la causa de los ERE irregulares andaluces e investigará a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a los exconsejeros y hoy parlamentarios nacionales Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.

En 2014 la Fiscalía Anticorrupción decidió investigar al histórico sindicalista asturiano José Ángel Fernández Villa por ocultar en el extranjero 1,4 millones de euros, pero de momento no hay imputación contra él. El año se ha cerrado con la dimisión de la alcaldesa de Alicante, la conservadora Sonia Castedo, tras meses de presión de su partido, y de la ministra Ana Mato, que no está imputada pero sí identificada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como "partícipe a título lucrativo" de los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda.

Juicio a Gürtel

Precisamente Gürtel es uno de los casos que se acerca al banquillo, tras casi seis años de investigación, pero sólo en lo relativo a su primera fase, la que investiga los amaños de contratos para la trama entre 1999 y 2005.

El juez ha dado por terminada esa instrucción y juzgará a 43 personas, entre ellos los supuestos cabecillas Francisco Correa y Álvaro Pérez, excargos del PP como Pablo Crespo, los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís y exalcaldes como Guillermo Ortega y Sepúlveda, así como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Muchos tendrán que volver cuando se juzgue la segunda etapa, y aún quedará la pieza separada de los llamados papeles de Bárcenas, en la que se investiga una supuesta caja B del PP.

El cierre de esta primera parte de la instrucción de Gürtel se produce pocos meses antes de que Ruz deba dejar el juzgado –en marzo de 2015, si no pide quedarse como refuerzo– y en vísperas de un año electoral.

En Valencia está cerrada la instrucción de cinco de las seis piezas en las que se divide la rama valenciana de Gürtel –queda pendiente la relativa a la Radiotelevisión valenciana y la visita del papa en 2006–. La primera en ser juzgada será la que investiga los contratos de la trama para la participación de la Comunidad en Fitur. Por Fitur se sentarán en el banquillo 13 personas, entre ellos algunos imputados también por Ruz. En total, Gürtel suma unos 150 imputados.

Este juicio ha servido para que el Tribunal Supremo aclare que si los imputados que son aforados dimiten de sus cargos una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, ya no cambiará el tribunal encargado de juzgarlos. Esa doctrina afectará también a la exsenadora socialista Elena Diego, que será juzgada por el Supremo por un delito de contratación irregular cuando era alcaldesa de Villamayor (Salamanca).

También tiene auto de apertura de juicio oral el caso Nóos, donde la Audiencia de Baleares procesará a 17 personas, entre ellas la infanta Cristina, por delito fiscal, y su marido, Iñaki Urdangarin, por nueve delitos. Entre los imputados está el expresidente balear Jaume Matas, que tiene pendientes otras causas –otras piezas de Palma Arena, Over Marketing, Ópera– y que entró en prisión el 28 de julio para cumplir una condena de nueve meses por tráfico de influencias.

El exministro recibió el tercer grado el 31 de octubre, pero la Audiencia de Palma lo anuló y tendrá que regresar. Interior defendió la decisión de Prisiones de concederle el tercer grado y el ministro ha afirmado públicamente que el actual clima social ha pesado en la decisión de los jueces de obligar a entrar en prisión a condenados con penas de menos de dos años.

Terceros grados

Entre ellos está el expresidente del Barça Josep Lluis Núñez, pero tanto él como su hijo disfrutan del tercer grado desde el día de Nochebuena, 38 días después de empezar a cumplir una condena de dos años y dos meses por sobornar a inspectores de Hacienda.

En diciembre logró el tercer grado el exdirector general de Empleo de la Generalitat de Cataluña Lluis Gavaldà, condenado por desvío de subvenciones, tras dos meses y medio de los 18 que debía cumplir. Su hermano Vicenç y el empresario Fidel Pallerols, todos ellos condenados por financiación ilegal de UDC, lograron el tercer grado en verano.

En 2014 el juez Ruz ha terminado la instrucción del caso Pretoria y juzgará por corrupción urbanística a 11 personas, entre ellos el exsecretario general de Presidencia y colaborador de Pujol Lluís Prenafeta, el exconsejero de Economía Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz.

Este año se ha cerrado también en Galicia la instrucción del caso Campeón con 13 procesados. En Aragón está listo para juicio el caso Molinos, con un total de 41, y en Asturias el caso Marea, con 15. En Lanzarote, ha comenzado el juicio del caso Unión.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, que dejó en julio su escaño de senador por CC, ha visto como el Supremo daba por prescrito un presunto caso de cohecho en el caso Fórum, pero aún tiene pendiente ser juzgado por corrupción urbanística en Las Teresitas.

El Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe actuar contra el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, porque la juez de Lugo le vincula con el caso Pokémon (más de 100 imputados). En Murcia han sido imputados el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y la alcaldesa de Cartegena, Pilar Barreiro, en el caso Novo Cartago. En Almería el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, está acusado de prevaricación en La Fabriquilla.

De la Púnica a las Púnica tarjetas black

Además, en 2014 se han destapado nuevos casos, entre ellos la trama Púnica de amaño de contratos, principalmente en Madrid, un asunto de 50 imputados por el que está en prisión preventiva el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados. En Sevilla, el caso Mercasevilla –una investigación que llevó a los ERE– tuvo una nueva derivada en la operación Enredadera, con otros 30.

Entre los más mediáticos, el supuesto uso de tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia por más de 80 directivos, un caso por el que de momento están imputados los expresidentes de la caja madrileña Miguel Blesa y Rodrigo Rato y su exdirector general Ildefonso Sánchez-Barcoj.

También se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, por falseamiento de cuentas y administración desleal en Caja Castilla-La Mancha, intervenida en 2009. Los expresidentes de Caja España y Caja Duero también están imputados.

El diccionario a veces parecía quedarse corto, y hubo meses en los que no había semanas ni días sin que aflorase alguna noticia sobre corrupción. Algún nuevo escándalo que golpease las conciencias de unos ciudadanos que empezaron a acusar como nunca el hastío contra una clase política (o parte de ella) dedicada al pillaje de las arcas públicas durante años. Y, en algunas ocasiones, hasta hace bien poco. 

Nóos, Púnica, Pujol, Bárcenas, Bankia, tarjetas black, ERE, BrugalNóosPúnicaPujolBárcenastarjetas blackEREBrugal... Por no hablar de delitos: blanqueo, prevaricación, malversación, defraudación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental... La lista podría seguir. Casos destapados por jueces y fiscales, a veces por la prensa, que llevan tiempo de andadura. Años incluso. Muchos están llegando al fin de la instrucción, después de impugnaciones, trabas y limitaciones de una Justicia nada sobrada de recursos y medios técnicos y humanos. Nombres propios que han hecho que la ciudadanía viva cada escándalo con alarma. Ahí está el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): a un 63,8% de los españoles les inquieta la corrupción. La segunda preocupación tras el paro. Jamás antes, en la reciente historia democrática, se había alcanzado una cota tan alta. Ni siquiera en los peores años 90, en el epílogo de los Gobiernos de Felipe González.

La corrupción ha ido engordando en todas las esquinas del poder: desde la Casa del Rey, hasta en los Gobiernos de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y también en entidades financieras que luego han tenido que ser rescatadas con millonarias sumas de dinero público. Escándalos a veces obscenos, como las tarjetas black, que ejemplificaron como ningún otro el tren de despilfarro y lujo en una caja que se hundía irremediablemente por la mala gestión. 

La imagen de la prisión

En 2014 ingresaron en la cárcel el expresidente balear Jaume Matas, el exsenador y exconsejero madrileño Francisco Granados, el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, el exalcalde de Parla José María Fraile, la tonadillera Isabel Pantoja... Por poner unos nombres. Y siguen entre rejas el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. Tuvieron que dimitir la ministra Ana Mato y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y la infanta Cristina recibe presión desde distintos frentes para que renuncie a sus derechos dinásticos ahora que está procesada. Un joven, el pequeño Nicolás, está dejando al descubierto las flaquezas de seguridad de altas instituciones del Estado y abriendo una guerra dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Está por ver en qué se traduce el alto índice de hartazgo ciudadano. Hasta ahora, apenas se castigaba la corrupción en las urnas. Pero 2015 es año electoral: autonómicas y municipales en mayo y generales en el otoño. No hay previsiones claras, más allá del desgaste abrumador del PP, la tímida recuperación del PSOE y el empuje de Podemos, que ha logrado captar buena parte de esa indignación y malestar. 

01. 'nóos' ENVÍA A LA INFANTA AL BANQUILLO

La hermana del rey se sentará en el banquillo de los acusados. Fue el broche del caso Nóos, una investigación que se ha prolongado cuatro años y cinco meses, después de que el juez José Castro abriera una pieza separada en la macrocausa del Palma Arena. Y la infanta Cristina, después de múltiples recursos, de idas y venidas del juzgado a la Audiencia Provincial, y de la ayuda prestada por el aparato del Estado a través de la Fiscalía, no se pudo zafar. Ella deberá responder ante un tribunal de Palma acusada de dos delitos fiscales en 2007 y 2008 en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, porque el instructor cree que hay indicios de que formó parte del entramado corrupto en torno al Instituto Nóos. El auto consideró así que la infanta fue figura indispensable para que su esposo pudiese defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de esos años. 

El juez tiene ahora el apoyo de la Audiencia Provincial, y no como ocurrió en mayo de 2013. Entonces, la sala se opuso a esa primera imputación por tráfico de influencias, pero le abrió una vía de investigación: que indagase si pudo incurrir en delitos fiscales y blanqueo desde Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50% con su esposo. Aquella alternativa fue la que exploró Castro y por la que la duquesa de Palma tuvo que declarar ante él en febrero de este año, durante más de cinco horas de interrogatorio. En la comparecencia judicial, la hija menor de Juan Carlos I se refugió en la ignorancia o en la desmemoria para intentar hacer ver que nada sabía de los amaños de su esposo: usó 533 evasivas al responder a 400 preguntas. Ese escudo no le valió de nada: Castro la acabó imputando por delito fiscal y blanqueo en un auto hecho público unos días después de la abdicación del rey en su hijo, Felipe VI. Hay "sobrados indicios de que colaboró activamente" con Urdangarin, sostuvo. El paso del juez no fue secundado por el fiscal del caso, Pedro Horrach. La inculpación de Cristina abrió una brecha entre ambos que siguió hasta el final de la instrucción. 

No a la doctrina Botín

Pese a la impugnación de la Fiscalía y la defensa, la Audiencia resolvió en noviembre a favor del juez, confirmando la imputación de la infanta por doble delito fiscal pero levantándole la acusación por blanqueo. El magistrado tenía la última palabra: procesarla o no. Seguir o no la doctrina Botín. Es decir, sobreseer la causa para Cristina de Borbón al ser acusada únicamente por el autodenominado sindicato Manos Limpias, que ejerce la acción popular, ya que la Fiscalía y la Abogacía de la duquesa, al igual que sus letrados, pedían el archivo. 

Castro dijo no. Argumentó que el caso es distinto al que libró al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan a Urdangarin de delitos fiscales. Y recordó que considerar que sólo Hacienda es perjudicada por delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos". Es decir, que ocultar dinero al fisco atenta contra todos los ciudadanos, como la Agencia Tributaria –recordó– puso de manifiesto en sus lemas como "Hacienda somos todos". La defensa de la infanta, ejercida por el expolítico Miquel Roca, anunció recurso contra la resolución, aunque el instructor señalaba en la misma que era firme. 

Con el auto de apertura de juicio oral [mira aquí el PDF], Castro concluía una larga investigación, mandaba al banquillo a 17 inculpados y fijaba fianzas por responsabilidades pecuniarias por valor de 61,35 millones de euros, reclamación que debía ser satisfecha en 20 días y que en el caso de la infanta ascendía a 2,7 millones. Entre los procesados, Urdangarin, acusado por las seis acusaciones, que piden entre 19,5 a 26,5 años de cárcel para él. Para su esposa, Manos Limpias reclama hasta ocho años de prisión. 

No hay renuncia a los derechos

La imputación de los duques de Palma y la instrucción del caso Nóos –un "martirio" para la Zarzuela, según lo definió el anterior jefe de la Casa, Rafael Spottorno– persiguió a Juan Carlos en los últimos años, casi tanto o más como su debilidad física y los escándalos como la cacería de lujo en Botsuana. Hasta que abdicó por sorpresa, el pasado 2 de junio. Sin citar en ningún caso a su hija ni reconocer que aquello influyó en su decisión. Con la sucesión al trono, Cristina y su marido salían de la familia real, el cogollo principal que comparten ya sólo Felipe VI y Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía, y los anteriores reyes, Juan Carlos y Sofía. Se levantaba así un potente cortafuegos con la esperanza de que la evolución de Nóos dañase menos a la institución. 

La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma, seguida de su abogado, Miquel Roca, el pasado 8 de febrero de 2014 | EFE

Tras el relevo, el nuevo monarca mantuvo la misma actitud con cada nueva noticia que implicaba a su hermana: "Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial". Respecto a la renuncia de los derechos dinásticos –Cristina es la sexta en la línea de sucesión al trono–, la Casa del Rey indicaba que era una decisión personal de la duquesa de Palma. Pero la presión sobre ella crece. Hasta el PP reconoció que debería "reflexionar" sobre la pertinencia de protagonizar ese gesto ahora que se abre juicio oral. Y el PSOE le pide al nuevo jefe del Estado que "impulse" esa renuncia.

Felipe VI no citó a su hermana en su primer mensaje de Navidad dirigido a los españoles. Ni una palabra. Sí defendió "cortar de raíz y sin contemplaciones" la corrupción, demostrar a los ciudadanos que no existen "tratos de favor" por desempeñar un cargo o responsabilidad pública. 

Nóos no ha acabado ni para la Justicia ni para la Casa Real. Tras la presentación de los escritos de defensa, Castro dará traslado de toda la pieza, la número 25 del caso Palma Arena, a la Audiencia de Palma, que la asignará a uno de los magistrados que entran en turno de reparto del órgano judicial provincial. Al que corresponda juzgar la causa elegirá a los dos jueces con los que conformará el tribunal y fijará la fecha de celebración del juicio, previsiblemente a finales de 2015 o comienzos de 2016. Dada la complejidad de la causa, podría prolongarse meses. 

02. LA 'PÚNICA': CORRUPCIÓN INCLUSO CON CRISIS

Parecía que la corrupción que ahora está en los juzgados era cosa del pasado. Falso. Si algo demostró la Púnica es que la corrupción seguía agarrada a las faldas del poder hasta, se podría decir, hace dos días. El pasado 27 de octubre, en una operación ordenada por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, y ejecutada por la Guardia Civil, 35 personas fueron detenidas por su supuesta pertenencia a una supuesta red político-empresarial que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomcas por importe de 250 millones de euros. 

La trama operaba sobre todo en Madrid, pero también extendía sus tentáculos por León, Valencia y Murcia. Entre los arrestados, el que fuera número dos de la expresidenta Esperanza Aguirre en el PP de Madrid y consejero regional, Francisco Granados. Él, el principal implicado, fue el que dio nombre a la operación, porque el árbol del granado recibe en latín el nombre de Punica granatum. Granados era amigo, a su vez, del empresario David Marjaliza, uno de los presuntos conseguidores de la red. Ambos están en prisión incondicional. También fue detenido el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez –el sustituto de Isabel Carrasco, asesinada en mayo, en plena campaña de las europeas–, también del PP, que salió de la cárcel el pasado 11 de diciembre tras depositar una fianza de 30.000 euros. Como apresados fueron los regidores de Parla, José María Fraile (PSOE); Valdemoro, José Carlos Boza; Collado Villalba, Agustín Juárez (PP); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez, y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). 

A raíz de la cuenta suiza de Granados y Marjaliza

La investigación contra esta trama arrancó en diciembre de 2013, cuando las autoridades helvéticas informaron a España del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Granados y del empresario David Marjaliza. La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron entonces el bloqueo de la cuenta. En julio, el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco. Tirando del hilo, se logró destapar una trama organizada que usaba influencias políticas para infiltrarse en la administración pública en todos los niveles y obtener irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios. La trama orbitaba en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, ambos vinculados a Granados. 

Granados llevaba años en el ojo del huracán, y se vio implicado incluso en el escándalo de espionaje a cargos madrileños. Aguirre, sin embargo, lo protegió hasta que finalmente lo echó del Gobierno y de la Secretaría General del PP madrileño, en 2011. Lo mandó al Senado, a calentar un escaño. Fue la inesperada revelación de su cuenta suiza la que lo sacó para siempre de la política y le hizo dejar sus actas en la Cámara alta y en la Asamblea de Madrid. 

Todos los regidores imputados por el juez, así como el presidente de la Diputación leonesa, dejaron sus cargos. El PP, que en ocasiones anteriores tardó en reaccionar, se apuró en la respuesta. El mismo 27 de octubre, el Comité de Derechos y Garantías acordó la suspensión de militancia de todos sus afiliados implicados. El PSOE, asimismo, expulsó fulminantemente a Fraile y forzó su salida del Ayuntamiento. Un golpe duro para quien había sido su amigo de la infancia, Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños y su predecesor en la Alcaldía de Parla. 

El caso sigue aún bajo secreto de sumario y se desconocen, por ejemplo, las pruebas que demostrarían las comisiones pagadas por parte de la empresa Cofely a los políticos municipales a cambio de adjudicaciones millonarias. 

03. EL CLAN PUJOL, CONTRA LAS CUERDAS

Fue el pasado 25 de julio. Jordi Pujol i Soley, el molt honorable expresident de la Generalitat, lanzaba un comunicado. Una confesión sorprendente: reconoció que él y su familia mantuvieron oculta al fisco una fortuna oculta en el extranjero, desde 1980. Más de 34 años de evasión de impuestos. Aquel dinero procedía, dijo, de una herencia que su padre, Florenci, antiguo agente de bolsa y uno de los fundadores de Banca Catalana, dejó a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos. El exjefe del Govern regularizó ese legado este verano, cuando ya arreciaban las informaciones periodísticas sobre un presunto fraude del clan Pujol. El expresident pidió perdón a "la gente de buena voluntad" que pudiera haberse sentido "defraudada" y se presentó como el "único responsable" de lo ocurrido, en una maniobra que sonaba más a protección de sus hijos, que por entonces estaban siendo investigados por la Justicia. Esperaba que la declaración fuese "reparadora en lo que sea posible del mal" y sirviese como "expiación" de sí mismo. 

Eso no ocurrió. La confesión desencadenó un torbellino en el escenario político catalán, ya muy enredado con el proceso soberanista. El patriarca, el molt honorable president que gobernó la Generalitat durante 23 años y había sido considerado como uno de los prohombres de la Transición, daba pie a la destrucción de su propia trayectoria. Renunció a todos sus cargos en CiU y Convergència Democràtica y a las prerrogativas de las que disfrutaba como expresident. 

Enseguida llegó la derivada judicial, como estaba cantado. El 28 de julio, Manos Limpias denunció a Pujol por cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad en documento público y blanqueo, y a su esposa, Marta Ferrusola, como cómplice. Denuncia que tres días más tarde fue admitida a trámite por una juez de Barcelona, Beatriz Balfagón, la responsable del Juzgado de Instrucción número 31. El Ministerio del Interior, a su vez, estimó que según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la fortuna del clan Pujol podría superar los 1.800 millones de euros. 

Diez miembros imputados en cuatro causas

Ahora mismo, hay diez miembros de la familia Pujol imputados, y en cuatro causas distintas. La que comprende a un mayor número de implicados es la que instruye Balfagón, que interrogará el 27 de enero al expresident y a su esposa, y a tres hijos de ambos: Marta, Mireia y Pere. A los cinco se les atribuyó un delito fiscal  y otro de blanqueo de capitales y se les citó tras recibir las declaraciones de renta y patrimonio complementarias que presentaron ante la Agencia Tributaria, en las que reconocieron incrementos patrimoniales no declarados anteriormente. La del 27 de enero será la segunda vez en la que el patriarca de los Pujol se enfrente a la Justicia, después de que el magistrado Ignacio de Lecea le tomara declaración durante dos horas y media en octubre de 1984 por el caso Banca Catalana. 

Un juez de Liechtenstein investiga además al expresident por un presunto delito de capitales. En su auto del pasado 16 de diciembre, Balfagón ordenó una comisión rogatoria al país para que le informe sobre las cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo que pudieran haber usado el matrimonio y sus hijos. 

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, mantiene imputado al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol por el caso ITVcaso ITV. La jueza cree que este se sirvió de sus "múltiples influencias políticas" para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. Y a cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la sociedad de su esposa, Anna Vidal, tamibén imputada, informa Europa Press. 

Jordi Pujol responde airado durante su comparecencia en el Parlament de Catalunya, el pasado 26 de septiembre de 2014 | EFE

El primogénito de Pujol-Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercè Gironés, por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional. El magistrado investiga si el matrimonio y tres de sus empresas recibieron mordidas a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos. Ruz les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal. También están imputados los suegros de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés y Mercè Riera, y también su cuñado, Ramón Gironés Riera. Las indagaciones permitieron descubrir que el hijo mayor movió 2,4 millones desde una cuenta radicada en Andorra hasta otra en México seis días después de ser llamado a declarar a la Audiencia. Pujol Ferrusola, sin embargo, había negado ante Ruz disponer de depósitos en el extranjero. La investigación sobre el mayor de los Pujol arrancó tras la declaración de María Victoria Álvarez, examante suya, que relató a la Policía supuestos viajes a Andorra con bolsas repletas de billetes de 500 euros. 

Próxima declaración en el Parlament

La última causa contra los Pujol la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se dirige contra el menor de la familia, Oleguer, acusado de delito s fiscales y blanqueo por varias operaciones inmobiliarias, como la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Pedraz ordenó varios registros para conocer el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero y 1.152 oficinas del Banco Santander. Entre las multimillonarias inversiones realizadas en España y en el extranjero por empresas participadas por Oleguer se encuentran también la compra de edificios de Bankia, de inmuebles en Palma de Mallorca o del edificio del Consejo General de la Abogacía o las operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa División Inmobiliaria. La causa nace tras una querella interpuesta por Podemos y Guanyem. 

El expresident declaró ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament el pasado 26 de septiembre, once días después de la comparecencia de su primogénito ante Ruz. Pujol negó todo comportamiento corrupto, como negó haber recibido comisiones ilegales durante su paso por la Generalitat. Explicó (sin papeles) que a la muerte de su padre, en 1980, había ocultos 140 millones de euros en dólares. Una fortuna guardada en el extranjero, dijo, porque Florenci tenía miedo por la suerte de la trayectoria política de su hijo. El patriarca no contestó ninguna pregunta de los grupos. Más aún: les abroncó. Pero el 23 de febrero deberá volver al Parlament, esta vez para comparecer ante la comisión de investigación sobre fraude fiscal. No irá solo. Por la Cámara desfilarán también su esposa y su hijo mayor. 

04. LA 'GÜRTEL' SE COBRA SU PRIMERA GRAN PIEZA: ANA MATO

Una decena de autos firmados por el magistrado Pablo Ruz han puesto contra las cuerdas al Partido Popular, que afronta la acusación de ser partícipe de la trama de Francisco Correa, aunque a título lucrativo. Ruz tiene al alcance de la mano enviar al banquillo a los tres extesoreros del PP Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. Precisamente, el primero ha pasado todo el 2014 en prisión preventiva. El magistrado pretende cerrar la primera parte de Gürtel en enero, dejando la segunda para antes de marzo. Seguirá con la investigación de los papeles de Bárcenas, de la que se ha derivado las investigaciones de las sedes del PP en Madrid, Logroño y Bilbao, siempre que se mantenga en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia.

La primera parte de Gürtel cruzó un tramo clave el 26 de noviembre, con una resolución en la que situaba en la diana a la ministra de Sanidad, Ana Mato, al proponer que fuera juzgada por la trama de corrupción en calidad de "partícipe a título lucrativo". Ruz entendía que Mato y sus hijos disfrutaron de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular, que la red de Correa pagó a su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, a cambio de adjudicaciones públicas. 

La caída de una superviviente

Mato, que había resistido a otros autos y otras crisis (la del ébola, sin ir más lejos), siempre protegida por Rajoy, que había estado toda su vida en política desde que diera sus primeros pasos con José María Aznar en Valladolid, no pudo aguantar el último envite. Se vio obligada a dimitir de forma fulminante, ese mismo día, 26 de noviembre. La sustituyó Alfonso Alonso, hasta entonces portavoz del Grupo Popular en el Congreso.

Cuando parecía que todas las piezas del árbol del caso Gürtel habían caído ya, que se habían podido preservar todas las vacas sagradas, un último auto conseguía lo que no habían conseguido todos los anteriores. El presidente la dejó caer: sabía que su presencia en el banco azul al día siguiente en el pleno monográfico sobre medidas anticorrupción podría hundir su mensaje. Además, la acumulación de escándalos de corrupción en las últimas semanas (Púnica, tarjetas black...) y la rápida respuesta que el PP se vio forzado a dar para no chocar con una opinión pública hastiada no le dejaban otra salida que la dimisión. La presión ambiental, en su partido y en el resto, no le daban la ocasión de agazaparse para esperar a que la crisis escampara. Así, Mato se convirtió en la tercera ministra que dejaba el Gobierno de Rajoy, tras Miguel Arias Cañete –candidato en las europeas– y Alberto Ruiz-Gallardón, caído por la marcha atrás en la contrarreforma del aborto. 

05. EL AGUJERO ANDALUZ, A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE CHAVES Y GRIÑÁN

La corrupción en Andalucía, tras más de 30 años de Gobiernos socialistas, se ejemplifica tal vez con el caso ERE. O sea, el uso de fondos públicos de la Junta para financiar expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Una macrocausa tutelada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que acumula ya 229 imputados, la más extensa en cuanto al número de implicados de la historia judicial española. 

Mientras Alaya sigue investigando en Andalucía, parte del caso ya ha llegado al Tribunal Supremo, al que el pasado verano remitió su exposición razonada al considerar que hay indicios contra políticos aforados: los expresidentes Manuel Chaves (diputado en el Congreso) y José Antonio Griñán (senador) y los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno. Otros cuatro aforados serían juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

El Supremo comenzó a investigar y estimó que esta era escindible en tres partes. Y abrió la causa contra los aforados que le correspondían. Automáticamente, Chaves, Griñán, Zarrías, Viera y Moreno pidieron comparecer de forma voluntaria y lo harán, aunque en calidad de imputados, para preservar sus garantías procesales. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha insistido en que si a los dos expresidentes y al resto de implicados se les imputa delito, tendrán que dejar sus escaños. El PSOE no les pagará su defensa. 

Cursos de formación y el 'caso Madeja'

Alaya acaba el año con dos últimos autos controvertidos, con los que reclamaba toda la información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas y la documentación sobre las ayudas recibidas por Delphi. La Junta anunció este martes, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, que ha presentado sendos recursos de apelación al entender que podían dar lugar a una "causa general" y podrían suponer un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos. 

La de los ERE no es la única causa que se instruye en Andalucía. Alaya investiga también el fraude de los cursos de formación. Pero no es la única. Otra decena de juzgados de la comunidad indagan el uso fraudulento para cursos de formación. La magistrada sevillana intenta quedarse con toda la causa, pero eso no está todavía claro. Alaya también es la responsable de la desarticulación de la trama Enredadera, dentro del caso Madeja, por el que se investiga una red de sobornos a políticos y funcionarios a cambio de contratos públicos. 

06. 'CASO BANKIA', EL RELATO DE UNA RUINA Y UN RESCATE MILLONARIO

Tras conocerse el informe de los peritos propuestos por el Banco de España a petición del juez Fernando Andreu la investigación por la fusión de Bankia y su salida a Bolsa afronta su recta final. En el horizonte inmediato el magistrado tendrá que decidir si imputa al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. También tendrá que decidir qué hace con el resto de imputados, sobre todo con el expresidente Rodrigo Rato y su entonces número dos, José Luis Olivas. También tendrá que adoptar una resolución sobre el resto de consejeros, que siguen imputados en la pieza principal.

Ese informe de los peritos del Banco de España remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu resultó demoledor. Apunta que las cuentas anuales de 2011 que Bankia aprobó en marzo de 2012, bajo la presidencia de Rato –que presentaban unos beneficios de 309 millones de euros–, y las que reformuló en mayo de 2012, ya con Goirigolzarri al frente de la entidad –y que apuntaban unas pérdidas de 2.979 millones–, "no expresaban la imagen fiel" del banco. En los dos casos, señalaron los dos peritos que trabajaron en el informe desde octubre de 2012, en las cuentas individuales y consolidadas de Bankia y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), desde la constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) el 31 de diciembre de 2010 –la llamada fusión fría– hasta la aprobación de las cuentas de 2011, existían "ajustes de importancia material no contabilizados".

Sueldos indebidos

No cumplieron con la normativa del supervisor debido a "errores contables". Errores que fueron "el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear la información, que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y que el grupo BFA/Bankia podía y debía haber empleado en la elaboración de los estados". Para los dos expertos del Banco de España, "todos estos errores fueron conocidos, en gran parte, y puestos de manifiesto en la reformulación practicada" por los nuevos gestores, con Goirigolzarri al frente, que no llevaron a cabo "un cambio de estimaciones contables, como indican". Es decir, varapalo a Rato y tirón de orejas al nuevo presidente de la entidad.

Rodrigo Rato y su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el día del relevo, el 9 de mayo de 2012 | EFE

El caso Bankia dio una vuelta más en el penúltimo día del año, este 30 de diciembre. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitió a la Fiscalía un expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid, con un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros, según informó el propio organismo en un comunicado. Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio forensic a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad. El grueso de esta etapa investigada fue bajo la presidencia de Miguel Blesa, quien cedió el testigo a Rato, el elegido por Rajoy, en enero de 2010. Y Rato pasó a presidir Bankia un año después. 

07. LAS TARJETAS 'BLACK': licencia para derrochar

La cantidad gastada en las tarjetas b, más de 15,5 millones de euros, parecía poca cosa si se compara con los 22.400 millones que costó el rescate de Bankia. Pero esos 15,5 millones, cargados a la entidad por 83 consejeros y directivos entre 2003 y 2012, causaron un impacto aún mayor. Por lo obsceno del comportamiento que durante años siguieron los altos mandos de una caja que finalmente se fue a pique. 

83 consejeros y directivos –tres no las llegaron a emplear y otro más, Francisco Verdú, no llegó a firmar el contrato ni la tuvo en su poder– usaron sin tapujo tirando de sus visas black, al margen del circuito de los gastos de representación y aparte de los altísimos sueldos. Sacaron efectivo de cajeros, pagaron carísimos restaurantes, sirvieron para abonar ropa, joyas, viajes, flores, saunas, alcohol, armas o compras en grandes almacenes. Una vida de lujo con dinero público. De esas tarjetas no existía soporte contractual, ni decisión de ningún órgano de gobierno. De ahí su nombre, black. Opacas. 

La auditoría interna de Bankia detectó hace meses la existencia de esas visas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y avisó a su principal accionista, el FROB. Así, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción. Y esta fue la que entregó al juez el listado de los 86 altos mandos, al que habría que añadir a Verdú. 

IU se enreda

El escándalo acabó estallando el pasado 1 de octubre, y generó una rápida cadena de ceses y dimisiones de dirigentes de partidos, sindicatos y patronal. Entre ellos, Rodrigo Rato, quien fuera todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar. IU, que ya había dado de baja a los consejeros que tuvo en la caja y que tenían carné de militante (José Antonio Moral Santín y Rubén Cruz), intentó depurar responsabilidades políticas: que dimitiesen también los culpables por la gestión ruinosa en la caja, y apuntó a dos excoordinadores regionales, Gregorio Gordo y Ángel Pérez, actuales portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid. Pero ninguno de los dos se fue, pese a las presiones de la dirección federal.

La batalla sigue en los juzgados. Los tres imputados que hay por ahora, Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj, tendrán que convencer al juez Fernando Andreu de que los peritos del Banco de España están equivocados cuando consideran que estos dirigentes trataron de esconder las tarjetas denominadas black a efectos fiscales. Hasta el momento Blesa ha tenido que afrontar una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros, mientras que la de Rato es de 3 millones de euros. 

08. PENSIÓN PAGADA POR LA EUROCÁMARA Y A TRAVÉS DE UNA SICAV

24 de junio de 2014. infoLibre contaba, en exclusiva, que un número indeterminado de eurodiputados mantenía un fondo de pensiones en Luxemburgo con una sicav, una sociedad con una tributación bajísima, de sólo el 0,01% de sus activos netos. En los siguientes días se fueron conociendo más detalles de ese instrumento: sólo entre 2000 y 2009, el Parlamento Europeo puso casi 100 millones de euros públicos: dos por cada uno que ingresaban los parlamentarios, y más de 100 españoles participaron en ese fondo lo habían hecho en algún momento. La mayoría de PSOE (49) y PP (43), pero también de IU y CDS. Entre los nombres destacados en el listado, los de Ana Mato, Cristóbal Montoro y Miguel Arias Cañete, ministros todos ellos de Rajoy en esta legislatura.

La publicación de la noticia provocó una dimisión inmediata: la de Willy Meyer, cabeza de lista de IU en las europeas de 2004, 2009 y 2014. Y lo hizo "por coherencia", para que no quedara "sombra de duda". "Es muy importante que los cargos públicos de IU demos un ejemplo a nuestro electorado y nuestros militantes, que se merecen un gesto de estas características. No sólo hay que parecer que se trabaja conforme al discurso, sino hacerlo efectivo". 

Sólo cinco abandonan el fondo

De todos los eurodiputados y exeurodiputados españoles que seguían inscritos en el fondo, sólo cinco de ellos pidieron abandonarlo tras las revelaciones de este periódico. Además de Meyer, lo hicieron cuatro políticos socialistas: Elena Valenciano (candidata en las europeas del 25-M y ex vicesecretaria general), Soraya Rodríguez (exportavoz en el Congreso), Joan Calabuig (cabeza de lista para las municipales en Valencia) e Inés Ayala (eurodiputada también en esta legislatura). El argumento común es que no conocían la articulación del fondo a través de una sicav con sede en Luxemburgo. Y si se adhirieron a él, dijeron, era porque en aquella época no existía un "régimen de cotización común" ni ningún sistema de pensiones.

Fue, de hecho, la razón esgrimida por la propia Eurocámara, que precisó que el instrumento estuvo abierto hasta 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado, que supuso que salarios y prestaciones sociales pasaron a depender directamente de las instituciones comunitarias. "Desde ese instante cesan las aportaciones al fondo, así como la incorporación de nuevos eurodiputados al mismo", señalaba la nota del Europarlamento.

09. LA SOMBRA DE UN URBANISMO TURBIO ACABA CON LA ALCALDESA CASTEDO

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, estrenó una nueva forma de dimitir en política: por Facebook. Lo hizo el pasado 23 de diciembre, el día de su cumpleaños, sin asumir ninguna culpa: "Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás, jamás, he hecho nada deshonesto". El día 26 formalizó su renuncia y el 15 habrá un nuevo regidor en la ciudad, Miquel Valor. 

Castedo accedió a la Alcaldía en 2008, y antes había ocupado la Concejalía de Urbanismo en el equipo de gobierno de su mentor, el exregidor Luis Díaz Alperi. Y estaba y está doblemente imputada por presunta corrupción urbanística. Dos causas que, según la investigación policial, tienen un mismo hilo conductor: su relación con el empresario Enrique Ortiz, también imputado en ambas piezas. La primera es una ramificación del caso Brugal, el referente al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la segunda, la tramitación de un macroproyecto urbanístico en el barrio de Rabasa, en cuyos terrenos se preveía la edificación de 13.500 viviendas y de una gran superficie comercial de la multinacional sueca Ikea. Castedo acumula así varias acusaciones: prevaricación, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho. 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el pleno del Ayuntamiento del pasado 22 de diciembre, el último que presidió antes de su dimisión | EFE

Se había quedado sola. Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana, ya había advertido de que no admitiría imputados en las listas electorales. Había sido desahuciada por su partido, que hizo lo posible para que no se colara en la foto con el rey Felipe VI en la inauguración del congreso de la empresa familiar. Pero ella consiguió su imagen. Y los titulares. 

Financiación ilegal

Pero Castedo no es la única preocupación del PP valenciano. El pasado 15 de diciembre, el juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesó a una veintena de personas por supuestos delitos electorales (o sea, financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 de los conservadores valencianos, además de por falsedad y delito fiscal. El magistrado considera responsable a buena parte de quienes estaban en los puestos de mando en aquellos años: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García. 

Y además está la investigación de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia (por la que está imputado el ya expresident de Les Corts, Juan Cotino), y el caso Cooperación –por el que se condenó a ocho años de prisión por prevaricación y malversación al exconseller y exdiputado autonómico Rafael Blasco–, y otras tantas causas abiertas. 

10. EL ÁTICO QUE ENREDA A IGNACIO GONZÁLEZ

La Audiencia Provincial de Málaga acordó en mayo desimputar a Lourdes Cavero, la mujer del presidente madrileño, Ignacio González. No obstante, la acusación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó un escrito en el que solicitó a la titular del Juzgado de Estepona que investigue la “acumulación de tanto líquido por parte del presidente de la Comunidad de Madrid".

Además, Panamá rechazó la comisión rogatoriarechazó lanzada por la jueza por un delito fiscal, mientras que la vendedora del inmueble reconoció que la mujer de González visitó el piso en dos ocasiones antes de la compra por parte de la sociedad Coast Investors, radicada en el estado de Delaware, considerado un paraíso fiscal.

11. EL 'PEQUEÑO NICOLÁS' QUE ABRIÓ LA GUERRA EN EL CNI

Francisco Nicolás Gómez Iglesias –Fran para sus amigos, pequeño Nicolás para el resto de España– era un perfecto desconocido hasta hace escasamente dos meses. El 14 de octubre fue detenido en Madrid, acusado de los presuntos delitos de falsedad, estafa y usurpación de identidad, tras una presunta denuncia presentada contra él por un empresario que le acusaba de estafar 25.000 euros falsificando informes del CNI. El arresto fue practicado por agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y el caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, cuyo titular es Arturo Zamarriego. El joven, de sólo 20 años, negó los delitos que se le imputaban, pero sí reconoció (y mostró) su asistencia a numerosos actos, incluida la proclamación de Felipe VI, el pasado 19 de junio.

El pequeño Nicolás fue convirtiéndose en una estrella mediática, tras sus apariciones en El Mundo y en Un tiempo nuevo, en Telecinco, donde aseguraba haber trabajado para los servicios de inteligencia españoles. Declaraciones que le valieron la apertura de otra causa, en el juzgado número 43 de Madrid, tras la querella por injurias que presentó el 3 diciembre la Abogacía del Estado, a instancias del CNI. 

Por la primera causa, la que instruye Zamarriego, el joven fue a declarar el pasado 19 de diciembre, aunque se negó a hablar porque no había tenido acceso a toda la información disponible en la causa, pese a que se había levantado parcialmente el secreto de sumario. El magistrado le volvió a citar para el próximo 9 de enero.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, tras comparecer ante el juez Arturo Zamarriego, y negarse a declarar, el pasado 19 de diciembre | EFE

Pero todo lo que rodea este caso tiene varios flancos extraños o poco claros. El supuesto empresario denunciante negó haber presentado la primera denuncia. Y de camino se ha desatado una guerra interna en el CNI, entre los defensores y detractores de la número dos, Beatriz Méndez de Vigo, persona de la máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y candidata a la sucesión del actual director, Félix Sanz. 

Búsqueda del quinto hombre

La filtración de una grabación entre el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía –Marcelino Martín-Blas–, el jefe del grupo IX de Asuntos Internos y dos agentes del CNI enconó el enfrentamiento. Grabación que fue desvelada por infoLibre el pasado 20 de diciembre [escúchala aquí]. En ella se habla de la posibilidad de "lavar lo que se pueda" de la información que tenían sobre el pequeño Nicolás. O sea, la posibilidad de manipular el sumario judicial del caso. Los interlocutores hablaban de la "cobertura" que necesitaban para "pedir el correo" del joven, "lavar" esa información y convencer a "Pilar" de que el asunto corría "mucha prisa". "Pilar" es el nombre clave que usó en su día una agente que ahora ocupa un puesto de relevancia en el CNI.

Una quinta persona, que estaba presente en la charla pero no intervino, pudo grabar esa conversación, y pudo ser un agente del CNI que es además guardia civil, como informó este diario. Este escándalo saltó cuando, en los servicios de inteligencia, dan por descontado que el relevo de su director se producirá a lo largo de 2015. Ahora ya se ha puesto en marcha la caza de brujas para encontrar al filtrador. 

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* Con información de información Tono Calleja

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció que deja su cargo de primera edil este martes, una fecha que "tenía decidida desde hace tiempo". Castedo, que se encuentra doblemente imputada en el caso Brugal en las piezas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Plan Rabasa, destaca que toma esta decisión "difícil y meditada" por sus hijas y defiende que "jamás ha hecho nada deshonesto".

Castedo dio a conocer su decisión en un mensaje colgado en Facebook en el que explica que hace tiempo que decidió que fuera precisamente el 23 de diciembre de 2014, día de su cumpleaños, cuando anunciara "algo que iba a significar un antes y un después" en su vida.

"Hoy dejo mi cargo como alcaldesa y doy por finalizada una importante etapa de mi vida en la que toda la ciudad de Alicante me ha hecho sentirme muy feliz. Por ello, quiero daros las gracias a todos, absolutamente a todos, por permitirme alcanzar el sueño de ser vuestra alcaldesa", manifiesta la ya exdirigente conservadora.

"Situaciones injustas"

"Tomo esta decisión –prosigue–, difícil y meditada durante tiempo, porque por encima de mi figura como alcaldesa, está una persona que es mujer y madre de dos niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más. Reitero mi eterno agradecimiento a todos los alicantinos".

Además, se dirige a sus conciudadanos a los que dice: "Sabéis que por esta ciudad he entregado parte de mi vida... y a cambio he recibido lo más grande que se puede tener: el cariño de su gente. Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás, jamás, he hecho nada deshonesto, pero mis hijas no pueden, no deben y no quieren vivir situaciones injustas que ningún ser humano se merece".

"Aquí seguiré siempre, interactuando a vuestro lado como siempre lo he hecho, a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis de mí. Gracias, siempre", termina el mensaje de Castedo.

El 15 de enero, nuevo alcalde

La hasta ahora regidora dejará también a su acta de edil en el Ayuntamiento alicantino, según confirmaron a Europa Press fuentes del PP. Además, el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) de Alicante establece que la renuncia a la Alcaldía de Castedo se debe efectuar ante un pleno extraordinario convocado para tal efecto dentro de los 10 días naturales a contar desde el registro de la renuncia. Fuentes de la oposición confirmaron que a última hora de esta mañana Castedo "todavía" no ha pasado por registro su escrito de renuncia.

Castedo debe presentar por escrito en el Registro de la Secretaría del Pleno su dimisión para que se inicie todo el procedimiento de sustitución del alcalde. La renuncia por escrito debe "hacerse efectiva" ante la corporación y luego "el pleno deberá tener conocimiento en los 10 días siguientes", por lo que se debe convocar una pleno extraordinario. Asimismo, a partir de ahí, la vacante se cubrirá por medio de otra sesión extraordinaria que deberá celebrarse dentro de los 10 días naturales siguientes al pleno de renuncia de Sonia Castedo. 

De este modo, en un plazo de 20 días a contar desde el registro de la renuncia, Alicante deberá tener un nuevo primer edil. El PP ya ha anunciado que será el actual concejal de Cultura, Miquel Valor, quien ocupe ese puesto, y lo hará en el pleno previsto del 15 de enero.

Mientras, la alcaldía en funciones queda en manos del vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, que se encuentra imputado en relación con una causa abierta en el juzgado por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de remodelación de la plaza de Magallanes.

Tiras y aflojas con Fabra

La decisión se produce tras un tira y afloja con el president Fabra y varios cruces de declaraciones con él y otros dirigentes del partido desde que fuera imputada por primera vez en octubre de 2012 por el denominado caso Brugal. La ya ex primera edil había dejado su acta en las Corts Valencianes el pasado 2 de mayo, con fecha de 30 de abril.

Castedo, que el pasado septiembre fue imputada por segunda vez, resistió hasta hoy, pese a los mensajes que desde la dirección del partido le han hecho llegar de que no iba a repetir en las listas y que habían cobrado más fuerza en los últimos tiempos, en los que su distanciamiento con el jefe del Consell se ha hecho más evidente, llegando a desmentir ante los medios unas palabras de Fabra en las que aseguró que el presidente del PP de Alicante, José Císcar, ya había hablado con la alcaldesa sobre su futuro.

Castedo está imputada en dos causas judiciales: en el juzgado número cinco desde el 1 octubre 2012 por revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la pieza del caso Brugal relativa al Plan General de Ordenación Urbana y desde el pasado 17 de septiembre por el juzgado número seis en la pieza relativa al Plan Rabasa, zona de la ciudad donde está prevista la instalación de la multinacional sueca Ikea. En este supuesto, el juez le atribuye prevaricación y tráfico de influencias.

Por el primer caso, Castedo ya declaró en octubre de 2012 mientras que en el segundo, el juez pospuso su comparecencia, prevista para el 27 de noviembre, a la espera de resolver un recurso. En ambos casos, la exalcaldesa está imputada junto con el empresario alicantino Enrique Ortiz, a quien se investiga si favoreció, y con el que la Policía grabó una serie de conversaciones que reflejan la familiaridad de trato entre ambos. En el sumario existen también fotografías de viajes en común con amigos.

Castedo se convirtió en la primera mujer que ocupó la Alcaldía de Alicante y lo hizo en septiembre de 2008 tras la dimisión del alcalde Luis Díaz Alperi que en mayo de ese año había revalidado la vara de mando en las elecciones municipales. Precisamente su predecesor, también está imputado por la causa del PGOU.

"Yo creo que dejo en el Ayuntamiento a una persona de una gran capacidad", manifestó Díaz Alperi en el momento del pase de la Alcaldía a quien había iniciado su andadura política como concejal tras los comicios de 2001. La primera responsabilidad de Castedo fue la de edil de Turismo, cargo que ocupó durante cuatro años, y posteriormente ocupó la Concejalía de Urbanismo.

"Factoría Alperi"

Fue elegida alcaldesa en el pleno extraordinario celebrado el 17 de septiembre de 2008, con los 15 votos de los concejales del PP frente a los 14 del candidato socialista Roque Moreno. "Le debo mucho a mi partido, pero sobre todo soy lo que soy porque una persona en concreto lo ha querido así", dijo en referencia a Luis Díaz Alperi, para añadir: "Unos dicen que ha sido mi mentor, otros que mi protector, otros que soy un producto salido de su factoría. Y todos tienen razón. A él se lo debo todo, en política. A su lado he aprendido, me he tropezado y me he levantado", añadió.

La sombra de Ortiz y Díaz Alperi ha planeado sobre Castedo todo este tiempo, aunque a pesar de eso, en las elecciones de mayo de 2011 su candidatura logró el mejor resultado del PP en la ciudad de Alicante, con el 51,14% de los votos y 18 concejales.

Pero a pesar de sus buenos resultados electorales, su situación judicial y la política contra la corrupción desarrollada por Alberto Fabra comenzó a resquebrajar la relación entre ambos a partir de 2012. La gota que hizo rebosar el vaso fue la segunda imputación, el pasado 17 de septiembre, por la tramitación del Plan Rabasa, según el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante mediante un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz.

La tensión entre Castedo y el PP de la Comunitat Valenciana fue especialmente palpable durante la celebración en Alicante del Congreso de Empresa Familiar, que contó con la presencia del rey Felipe VI. Aunque Fabra había reconocido que la imagen de la alcaldesa imputada con el monarca era "incómoda", la primera edil acudió al acto de inauguración y la instantánea de su saludo al monarca fue portada. Sin embargo, en la clausura, a cargo de Mariano Rajoy, Castedo no estuvo presente al aducir motivos de salud.

También fue tirante el pleno del Ayuntamiento de Alicante en el que se sometió a votación una moción de UPyD para que los partidos no incluyan a imputados en sus listas. El Grupo Popular, incluida Castedo, votó la iniciativa, aunque la alcaldesa no tuvo que hacerlo a mano alzada al aprobarse por unanimidad del pleno.

"Podría sacar mayoría aun imputada"

El talante vehemente de Castedo no ha contribuido a suavizar la polémica y en este tiempo ha realizado declaraciones desafiantes, como cuando advirtió, en noviembre, que "aun imputada podría sacar mayoría absoluta" o las insinuaciones que ha realizado –aunque nunca confirmado– de que podría plantearse formar un partido.

Una de las últimas polémicas protagonizadas por Castedo en la Alcaldía ha sido la adjudicación del servicio de limpieza de la ciudad, por valor de más de 400 millones de euros, a una UTE participada por la empresa de Enrique Ortiz.

El pasado 21 de noviembre, Castedo confirmaba lo que ya era un secreto a voces, que no optaría como candidata del Partido Popular a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2015 ni aunque las causas en las que está imputada judicialmente fueran archivadas, concretó entonces.

Publicación de Sonia Castedo Ramos.

“No te desvele el conflicto económico que se avecina a tu empresa de apostolado. Aumenta la confianza en Dios y verás qué pronto el dinero deja de ser conflicto”. Es la máxima 487 de Camino, la principal obra de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Un axioma que Juan Cotino, uno de los apóstoles del santo en la tierra, célibe y agregado de la Obra, ha aplicado con rigurosidad a su vida política. Tan refulgentes han sido los destellos del becerro de oro que han atravesado la venda de la Justicia. Cotino, que lo ha sido todo en el PP valenciano, declarará este martes como imputado en la pieza de la Gürtel que investiga el saqueo de fondos públicos durante la visita del Papa a Valencia en julio del 2006. En concreto, 7,4 millones se destinaron a la instalación de medio centenar de pantallas gigantes para la retransmisión de las misas. De esa cifra, 3,4 millones acabaron a los bolsillos de la trama.

“Puedo haber metido la pata, pero nunca he metido la mano”, aseguró Cotino, un hombre sin conflictos. Ni morales ni monetarios. Su carrera política se funda sobre una catástrofe de tinte bíblico. El gran diluvio a la valenciana se produjo el 14 de octubre de 1957. El Turia se desbordó en agua y barro y abrió una larga herida psicológica en la ciudad que se representó en el desvío del río, una década más tarde, por un cauce artificial al oeste de la ciudad. Aquella obra monumental se conoció como el Plan Sur y tocó tierras de Xirivella, la población natal de Cotino. Su padre, cambió la agricultura por el ladrillo y fundó Construcciones Cotino, embrión de Sedesa, que entre 1997 y 2010 ha recibido más de 1.000 millones en adjudicaciones, 830 de las cuales en obra pública. Tan prolífica ha sido la trayectoria de Sedesa que figura como donante de 200.000€ en los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. Y como receptora de 580.000€ de Bancaja por un hipotético asesoramiento al entonces presidente José Luis Olivas. Ya lo decía Lucas: “dad y os será dado”.

“Pongo la mano en el fuego por toda mi familia”, ha insistido Cotino. Pero lo cierto es que su peregrinaje por distintas consejerías ha dejado un rastro de incendios silenciosos. Una herencia solo equiparable, por aquellos años, a la del exconsejero Rafael Blasco, condenado a ocho años de prisión por el saqueo de los fondos de Cooperación. Ambos, uno laico y el otro pío, obraron el milagro de la multiplicación de los panes, los peces y las cuentas bancarias de amigos durante la época de Francisco Camps. Una trinidad de extenso horizonte corrupto que ha obligado a reforzar las partidas de la Fiscalía Anticorrupción en suelo valenciano.

Agricultura y familia

Cotino era consejero de Agricultura cuando la trama Gürtel operaba a manos llenas a través de Orange Market, filial indígena a cargo de Álvaro Pérez, el Bigotes, quien en febrero de 2006 se presentaba como “adjudicatario” de la sonorización de la visita del Papa. Una partida que se licitaría en mayo, tres meses después. De hecho, el carácter “visionario” de Pérez llamó la atención de José Selva, responsable de infraestructuras en aquel evento, quien le comunicó a Cotino su alarma de que aquello “olía a dinero de por medio para el PP y que era muy fuerte que fuera en nombre del Papa”. Selva, en declaraciones al juez José Ceres, aseguró que el consejero le recomendó “que no viera fantasmas donde no los había”. Acto seguido fue apartado y dimitió una semana después.

Quienes sí han visto fantasmas sobre aquel evento son los agentes policiales de la Udef (Unidad de delitos fiscales), que en julio de este año emitieron un informe de 168 páginas en el que se describen a Cotino como “elemento nuclear” de la mordida de los 7,4 millones de la trama y máximo director en la sombra de la súper dotada económicamente Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Según la Udef era “el responsable último en la toma de decisiones” y no “un colaborador más”, como siempre ha defendido el político.

El sobrino entra en escena

No es el único escándalo. En su etapa siguiente, en Bienestar Social, se le investiga por un supuesto trato de favor a Savia Gerocentros, empresa constructora de residencias para la Tercera Edad, propiedad de su sobrino Vicente Cotino y el todopoderoso empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en la trama Brugal y en la pieza de Gürtel sobre financiación irregular del PP. En unas conversaciones interceptadas en 2009 entre los dos constructores, Ortiz se refiere a Cotino como “claramente partidario y con ganas de llenárnoslas [las residencias]”. Y cuando el consejero pasa a Urbanismo, su sobrino se disgusta: “De puta pena, me estaba adjudicando obras”. De hecho, Savia pasó de ingresar por plazas subvencionadas 11,2 millones en 2006 a 40,5 en 2009.

Y en Urbanismo y Medio Ambiente, Cotino fue el responsable de la firma pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos), cuyos directores fueron detenidos en junio de 2014 acusados de malversación de fondos públicos. Y en el área medioambiental presidía la Entidad de Saneamiento de Aguas Residual, uno de los pilares de Emarsa, escenario de un fraude cercano a los 24 millones.

Pero no sólo la polémica le afecta en lo terrenal. Cotino juró como presidente de Les Corts con un enorme crucifijo en dirección al hemiciclo. Y promulgó una ley autonómica para que las mujeres parieran y dieran a los hijos en adopción como alternativa al aborto y, en todo caso, fueran obligadas a ver una ecografía del embrión antes interrumpir el embarazo. Y, ebrio de caridad cristiana, visitó a numerosas familias víctimas del accidente del metro de julio de 2006, que dejó 43 muertos y 47 heridos de gravedad, en tanatorios y domicilios, ofreciéndoles trabajo y estudios para los hijos a cambio de que no acudieran a los juzgados. Omnímodo y misericordioso, Cotino abandonó la política el 13 de octubre de 2014 (justo 57 años después de la proverbial riada) acosado por su controvertida herencia política. Y aunque en su despedida ofreció razones de génesis labriega –“Me voy para plantar caquis”, dijo– este martes deberá desgranar un rosario de imputaciones: prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, cohecho. ¿Demasiada prosa para tanto espíritu? Ora pro nobis.

Un juez ha imputado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabassa, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la información, la alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre a las 10:00 horas. Asimismo, el juez ha imputado a cuatro técnicos –dos del ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento– por favorecer al constructor, igualmente imputado.

El juez ha preguntado además al fiscal si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio.

La causa surge a raíz de una denuncia de EUPV que amplió la querella por la que se personó en su día en la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se indagara también sobre el Plan Rabassa, una macrourbanización en la que estaba prevista la construcción de 13.500 viviendas. Tanto Castedo como Ortiz están también imputados en esa pieza.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha sido entrevistada por el portal digital Nosgustas.com.com, una web gay, en la que la política del PP se despacha sobre todo tipo de asuntos a preguntas de la transformista Sunflower.

Tras abordar temas como el pasado Certamen Internacional Transformarte 2014, en el cual la alcaldesa fue presidenta del jurado, Castedo ofrece su "punto de vista" personal sobre la corrupción. "Mi madre dice que viendo la televisión parece que ha parido a la hija más corrupta de este país" o "Mi hija me preguntó el otro día que quería decir ser corrupta" , son algunos de los comentarios que realiza Castedo.

La alcaldesa de Alicante mantiene una triple imputación en el caso Brugalpor un presunto amaño del Plan General de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz, a quien además ha renovado en los últimos dos años todos sus contratos con el ayuntamiento.

Tampoco se pueden olvidar las conversaciones incorporadas al caso Rabasacaso Rabasa, cuyos audios publicó El Mundo. En ellas se puede escuchar a Castedo y Ortiz maniobrando en contra del presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Pedro de Gea, por su oposición al proyecto de Ikea con un macrocentro comercial.

Las conversaciones interceptadas por la policía, e incorporadas a la pieza del caso Brugal que investiga el supuesto pelotazo del promotor Enrique Ortiz en el barrio alicantino de Rabassa, muestran cómo el empresario solicitó a Castedo, en julio de 2008, una reunión con el redactor del Plan General de la ciudad para abordar la implantación de Ikea.

Aún así, a la alcaldesa no duda en reafirmar su integridad política: "Voy a dejar clara mi honestidad. La prensa sabe hasta la marca de ropa interior que utilizo, porque lo ven en los pagos de la tarjeta", declara Castedo al citado portal digital.

La regidora llega a admitir que "hubo un momento que me daba vergüenza salir a la calle a pasear. Después descubrí que la gente no se deja influir tanto como pensamos. ¡La gente quiere creer en mí!", apostilla la alcaldesa.

La alcaldesa de Alicante y diputada del grupo popular en las Corts, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', ha presentado su renuncia como parlamentaria autonómica "por motivos personales", tal y como consta en el texto.

Castedo firmó ante notario su renuncia al acta de diputada y autorizó a otra persona a presentar en su nombre esta documento en el registro de entrada de las Corts Valencianes, lo que se ha producido este mismo viernes. No obstante, la renuncia tiene efectos desde el pasado miércoles. El actual alcalde de Lorcha (Alicante), Guillermo Moratal, será el sustituto de Castedo en la cámara autonómica.

Sonia Castedo, imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ya mostró en agosto de 2012 su intención de dimitir para "dedicarse por completo a la ciudad de Alicante" y el pasado mes de julio renunció a su sueldo como diputada.

Con su renuncia, el grupo parlamentario popular mantiene en las Corts a cuatro diputados imputados, todos ellos en el 'caso Gürtel'. Se trata de los 'populares' Ricardo Costa, David Serra, Vicente Rambla y Yolanda García, imputados en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la presunta financiación irregular del PPCV, derivada del 'caso Gürtel'.

Baja por maternidad

Asimismo, con la salida de la alcaldesa de Alicante, que se encuentra de baja por maternidad, son 21 los diputados autonómicos que han dejado su escaño desde que comenzó la legislatura. La última renuncia fue la del exalcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, "por motivos de salud", imputado en 'Brugal' y procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio

Del mismo modo, el pasado 21 de marzo dejó su escaño la exconsellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y tres semanas antes lo hizo la también exconsellera Angélica Such, ambas procesadas en el 'caso Gürtel'.

También renunció a su acta Pedro Hernández Mateo, tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.

Por su parte, Alicia de Miguel dejó la cámara autonómica por motivos "estrictamente personales", el mismo día en que el juez del 'caso Gürtel' le imputó por contratos suscritos en su etapa al frente de la Conselleria de Bienestar Social con empresas de la trama.

Por otro lado, Gerardo Camps, Mario Flores, Belén Juste y Manuel Cervera renunciaron al acta en las Corts al ser elegidos diputados al Congreso, mientras que Eva Ortiz lo hizo para ir al Parlamento Europeo.

También dejó el escaño Paula Sánchez de León, al ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, así como César Augusto Asencio, designado vicepresidente de la Diputación de Alicante. Recientemente ha dejado las Corts Luis Ibáñez, quien ha pasado a ocuparse de la Secretaría Autonómica de Sanidad.

Asimismo, renunció José Marí para dedicarse a su actividad privada como abogado en un despacho propio, además de María José Masip por "motivos personales" y Antonio Ángel Hurtado por cuestiones "personales y profesionales".

De 55 a 54 diputados

El PP comenzó la legislatura con 55 diputados y en junio del año pasado se quedó con 54, al pasar al grupo de no adscritos el exconseller Rafael Blasco, pendiente ya de sentencia en la primera pieza del 'caso Cooperación' tras la celebración del juicio.

Por parte de los grupos de la oposición, desde que comenzó la legislatura ha habido tres cambios, todos en la bancada socialista. Ferrán Verdú dejó su acta por las dificultades para compatibilizar su labor como alcalde de Jijona (Alicante) con el trabajo parlamentario y su puesto docente en la Universidad de Alicante. Asimismo, destacan los fallecimientos de los diputados del PSPV Dolores Huesca y Vicent Esteve.

Una radiografía de la corrupción en España revela que hay casi 1.700 causas abiertas en sus diferentes órganos judiciales, más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo condena en alguna de las cárceles del territorio nacional, entre ellos el exsenador por Cantabria Luis Bárcenas, según datos recabados por Europa Press.

Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno –como los exministros Manuel Chaves y Magdalena Álvarez, relacionados con los ERE fraudulentos de Andalucía–, como a dirigentes autonómicos, alcaldes y responsables municipales.

El pasado año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos sobre corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente.

Pese a este abultado número de procesos, la cifra de personas que están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobretodo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios y su investigación abarca un amplio periodo de tiempo.

Por ejemplo, en el caso Gürtel sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está en prisión. El resto de imputados, más de 150, están a la espera de que acabe la instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. En la cárcel está también el expresidente CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas.

Baleares, la comunidad con más políticos entre rejas 

Por comunidades, Baleares es autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están en prisión el exconseller Josep Juan Cardona, el exdirector general Kurt Viaene, el exgerente del Consorcio Antònia Ordinas y el exconcejal conservador en Lloseta Felipe Ferré. También han acabado en prisión el exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo (PP) y el exgerente de la empresa pública Bitel Damià Vidal, condenado a cinco años por una trama de desvío de fondos.

De la misma manera, están también en la cárcel varios de los que fueron responsables del extinto partido Unió Mallorquina, empezando por la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos. También de Unió Mallorquina están en la cárcel por condenas firmes el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Francesc Buils y el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa.

No es el caso del expresidente Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en el primero de los casos por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.

Caso aparte es el del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, que entró en prisión en 2009 por malversar fondos en clubes de alterne masculinos y abusar de menores. Desde marzo se encuentra en un Centro de Inserción Social. También en febrero de este año entró en prisión el expresidente de Agrupación Social Independiente (ASI) Joaquín Rabasco por desviar más de un millón de euros del Ayuntamiento mallorquín de Llucmajor a cuatro empresas ligadas a él.

Sólo un implicado en los ERE andaluces en prisión 

En pleno escándalo tras salir a la luz un presunto fraude en Andalucía con los fondos para cursos de formación, otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses ha sido el de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que hay imputadas 144 personas pero sólo el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual continúa en prisión. Se da la circunstancia de que Pascual solicitó este miércoles su libertad, aunque la juez Alaya aún no se ha pronunciado.

Entre los implicados en este caso, la juez Alaya ha remitido a las Cortes Generales a través del Tribunal Supremo la "preimputación" de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y del exconsejero José Antonio Viera. Además, está imputada la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, a quien la juez ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros.

También cumplen condena el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, condenado a siete años en el caso en el que fue juzgado junto a sus exparejas Isabel Pantoja y Maite Zaldívar, quienes sin embargo no han ingresado en prisión. También está en la cárcel el exasesor de Marbella Juan Antonio Roca, principal acusado del caso 'Malaya' y también juzgado por 'Saqueo I' y el 'caso Minutas'.

Por este último proceso está también en la cárcel el letrado y expresidente del Sevilla José María del Nido cumpliendo una pena de siete años por irregularidades en los encargos que le hizo el Ayuntamiento de Marbella.

En Cataluña, este mismo año ha ingresado el exinspector jefe de Hacienda, Josep Maria Huguet, –condenado a seis años y diez meses por su implicación en el caso Hacienda– y también los expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Antoni Herce y Enric Roig, condenados a cuatro años y medio por malversación, aunque éste sólo va a la prisión a dormir. Además, la Audiencia de Barcelona ha ordenado esta semana la inmediata entrada en prisión del empresario andorrano Fidel Pallerols y del excargo de UDC Vicenç Gavaldà, condenados por una financiación irregular.

Además, están imputados en casos de presunta corrupción en diferentes fases de investigación el diputado de CiU Oriol Pujol; el presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU); el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; el diputado de CiU Xavier Crespo, el exvicepresidente del Gobierno central y expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (PSOE); el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet.

Valencia: muchos imputados pero ningún encarcelado 

Un caso particular es el de la Comunidad Valenciana, donde hay múltiples escándalos de corrupción abiertos pero ningún político está en prisión. En las Cortes Valencianas, hasta cinco diputados del PP están imputados, cuatro de ellos por el 'caso Gürtel', y la quinta, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por el 'caso Brugal'. Pero también están imputados hasta cinco exdiputados 'populares' que renunciaron al escaño.

Tampoco en Galicia hay ningún político en prisión, aunque sí son varios los que entraron en prisión preventiva y ahora están en libertad bajo fianza. Es el caso de numerosos implicados en el caso Pokémon, que afecta a políticos de PSOE y PP de varias provincias gallegas, como el ex alcalde de Orense Francisco Rodríguez o el de Boqueixón (A Coruña), el 'popular' Adolfo Gacio.

En Canarias, pese a la decena de regidores imputados en diferentes casos judiciales, sólo cumple condena el fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, ya en tercer grado por condena de 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos por la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise durante su época como alcalde de este municipio lanzaroteño.

Murcia también cuenta con varios municipios afectados por casos de corrupción, pero únicamente el exalcalde de Totana está en prisión, aunque en la actualidad disfruta del tercer grado y sólo duerme en la cárcel.