Si José Guirao, ministro de Cultura y Deportes, ha tenido malos sueños en los últimos meses, hay tres candidatos a protagonizarlos. Primero, el enfrentamiento con la SGAE, una institución asediada por el caso rueda y la división interna en la que el Ejecutivo ha amenazado con intervenir. Segundo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que cuando Guirao llegó al Ejecutivo estaba en pie de guerra por la posible subrogación del teatro de la Zarzuela al Teatro Real, finalmente paralizada, y que se encuentra ahora en pleno proceso de renovación. Tercero, el problema de la reventa de entradas de espectáculos en directo, que el Gobierno quiere combatir con una ley estatal aún en preparación. Estos conflictos sin resolver, que han ocupado buena parte del trabajo del Ministerio durante 2018, llenarán probablemente también el 2019. 

Y no es que haya sido tampoco un año sencillo en la organización interna de Cultura. Por él han pasado tres ministros distintos en los últimos 12 meses: Íñigo Méndez de Vigo, titular desde 2015 con Mariano Rajoy; Màxim Huerta, primer ocupante de la cartera, que duró seis días en el cargo antes de dimitir por fraude fiscal; José Guirao, su sucesor, en el sillón desde junio. Si el primero planteó in extremis la cesión de la Zarzuela, el último la paralizó. La crisis de la SGAE estalló con Méndez de Vigo, fue Huerta quien se puso serio con la entidad enviándole un requerimiento, y es Guirao quien tiene ahora la patata caliente. El problema de la reventa de entradas ha preocupado tanto al Gobierno del PP como al del PSOE: el ministro conservador lo definió como una "estafa"y pidió que Interior interviniera; si todo va según lo previsto, la ley que lo limite se aprobará con el ministro socialista. 

La gran deuda saldada del Ministerio ha sido quizás la bajada del IVA de las entradas de cine del 21% al 10%, que entró en vigor con la aprobación definitiva de los Presupuestos en junio. Si este era el principal dolor de cabeza del Gobierno del PP, muy criticado con la industria, el choque entre ambos actores se redobló cuando los conservadores decidieron reducir en 2017 los impuestos a los espectáculos en directo, pero no al cine. Finalmente, la propuesta de reducir 11 puntos el IVA entró en la negociación de los Presupuestos Generales, firmados por el Consejo de Ministros conservador en marzo, pero refrendados por las cámaras ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Los otros tres grandes frentes siguen abiertos de cara a 2019 tras un año agitado. 

La rueda y la SGAELa rueda

El supuesto fraude conocido como la rueda de las televisiones no se ha destapado en 2018. El funcionamiento de la trama, que investiga la Audiencia Nacional, es el siguiente: un grupo de autores registra irregularmente un volumen muy alto de canciones, algunas de dominio público o con modificaciones ínfimas, a su nombre o al de familiares; ceden la mitad de los derechos a editoriales musicales asociadas a cadenas de televisión; estas cadenas emiten la música de madrugada, en franjas horarias casi sin audiencia; cuando la SGAE realiza su reparto, autores y cadenas se dividen los ingresos, de forma que las televisiones recuperan, en una rueda, parte del canon pagado a la entidad.   

Pero la rueda no es ya solo un caso judicial, sino el objeto de un enfrentamiento entre la entidad y el Ministerio. El Gobierno envió el pasado septiembre un apercibimiento a la entidad "para que cumpla la ley", instándola a modificar sus estatutos antes de tres meses, bajo la amenaza de intervenir la entidad y/o retirarle la autorización para operar. Los requisitos del área de Guirao eran tres: la reforma de los estatutos, una modificación del sistema de reparto y la implantación del voto electrónico. El plazo se cumple el 27 de diciembre, y Cultura no se achanta: "Si el 27 de diciembre no cumplen, mi Ministerio pedirá a un juez la intervención de la SGAE. Que es lo que me piden todos los sectores", decía Guirao en una entrevista el pasado noviembre. No ha sido el único recado que el Estado ha dejado a la sociedad de autores: el Congreso también aprobó a finales de noviembre limitar al 20% el reparto que puede dedicarse a la música emitida en televisión de madrugada. "En esta situación tan delicada llama la atención la postura del Ministerio de Cultura", lanzaba hace unos días en un comunicado el nuevo presidente de la SGAE, el músico José Ángel Hevia. 

Porque fue él el elegido, en las elecciones celebradas el 26 de octubre, en un clima de tensión y con unos apoyos frágiles. La cercanía del gaitero a una de las implicadas en la rueda no ha tranquilizado, precisamente, a los socios que ya criticaban tanto el presunto fraude como el sistema electoral, que da más votos a quien más dinero recibe, beneficiando a los enriquecidos por la rueda. Pero los enfrentamientos están lejos de apaciguarse: en las votaciones regionales previas a la asamblea que debe votar los Estatutos el próximo 27 de diciembre, el no supera con creces al sí. La SGAE ha lanzado una campaña que advierte de que sin los Estatutos, y con la intervención consiguiente, "la SGAE corre un serio riesgo de desaparecer". Pero la oposición parece querer, justamente, que se produzca la intervención del Ministerio. El desenlace (temporal) del drama está en manos de los socios y del equipo de Guirao.  

La reventa, limitada por ley

La reventa de entradas da, periódicamente, un disgusto tanto a promotores como a fans: los últimos pagan precios prohibitivos para ver a sus ídolos; los primeros ven cómo páginas web ajenas a la organización se embolsan beneficios millonarios especulando con los tickets. Pero el fenómeno, por ahora en el limbo de la alegalidad —las leyes autonómicas apenas se ocupan de la reventa online—, trae también de cabeza al Ejecutivo, llamado a tomar cartas en el asunto. El Ministerio prepara una ley estatal que combata el fraude en las entradas, sabiendo que juega en un terreno difícil: se antoja casi imposible controlar la acción de unas empresas situadas en su mayoría fuera de España, y tampoco se puede limitar el derecho a la reventa privada, la realizada e forma no profesional por los propios usuarios cuando no pueden asistir al evento. 

Las opciones que maneja el Gobierno, reflejadas en un informe hecho público a finales de octubre, van desde la máxima intervención posible del Estado a medidas sutilísimas. La acción más radical sería la prohibición total de la reventa con ánimo de lucro —es decir, aquella reventa que se realiza por encima del precio original—, aunque el documento recoge que "plantea problemas de proporcionalidad y no favorece la libertad de empresa". La segunda opción sería implantar las entradas nominativas por ley y obligar aforo reservado para venta directa al público, pero los promotores protestan por los "importantes sobrecostes en términos de logística" que esto les supondría. Se plantea también que la Administración empiece a emitir una autorización previa para las empresas de reventa, opción con la que promotores y empresas de reventa minoritarias sí estarían de acuerdo. El informe también propone la obligación de ofrecer una mayor información al comprador en el momento de la venta, que podría ser compatible con todo lo anterior. 

En la presentación del informe, el ministro Guirao se negó a dar fechas para la implantación de la ley estatal, que exige llegar a acuerdos con las distintas autonomías, ya que era una competencia que hasta ahora correspondía a estas últimas. Tampoco desvelaba entonces cuáles eran las medidas preferidas del Gobierno, aunque esperaba "que no se tomen medidas radicales". Después de más de un año de conversaciones y medio centenar de reuniones con distintos agentes del sector, queda aún un largo camino legislativo que recorrer. 

Hacia la reforma del INAEM

El conflicto en el seno del INAEM fue el último del Gobierno conservador y el primero al que tuvo que enfrentarse el socialista. La liebre saltó en marzo, cuando El País filtraba la intención de Méndez de Vigo de subrogar el Teatro de la Zarzuela, dependiente directamente del Ministerio, al Teatro Real, que gestiona una fundación sel sector público. Ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni la oposición habían sido informados de los planes. Con esto, quedaba en suspenso el futuro de los 234 empleados de la Zarzuela, que en su mayoría no son funcionarios, y también el de los más de 200 trabajadores del Real, que temían verse afectados por una renegociació del convenio y posibles duplicidades. Ni la huelga de los trabajadores del INAEM, ni las críticas de PSOE, Podemos e incluso Ciudadanos, ni el manifiesto en contra de la cesión firmado por 700 figuras de la cultura hizo dar marcha atrás a los conservadores, que aprobaron la subrogación por Real Decreto en abril. 

Pero llegó el cambio de Gobierno: en junio, el recién nombrado Guirao cancelaba la subrogación definitivamente, de nuevo mediante Real Decreto, antes de que esta llegara a producirse. La decisión venía, según explicaba un comunicado del Ministerio de Cultura, "tras analizar las incertidumbres jurídicas, técnicas y operativas que implicaba la fusión propuesta, sobre todo en relación con la subrogación de los trabajadores". Pero, de las conversaciones entre los sindicatos y el equipo de Guirao nacía también un compromiso: el de crear una mesa de trabajo con el Ministerio, las direcciones de los distintos centros y los representantes de los empleados para "mejorar la gestión" del instituto.

El nuevo Gobierno atacaba el melón abierto por los conservadores, que acusaban de "rigidez" al INAEM y, suavizando el discurso, proponía adaptar la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades y potenciar su labor de difusión nacional e internacional de las artes escénicas y musicales". "No es que el INAEM sea rígido", admitía Comisiones Obreras, "sino que la Administración suele serlo. Hay que negociar y estamos dispuestos". El pasado 21 de diciembre, el ministro recibió el resultado de esa mesa de trabajo, un informe —cuyo contenido aún no se conoce— que propone distintas acciones de reforma para el INAEM. Los distintos participantes en la mesa adelantaban antes el primer acuerdo, alcanzado por unanimidad: la creación de una ley propia largo tiempo ansiada que le dé una entidad jurídica similar al Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. El camino queda, pues, abierto, pero el equipo de Guirao ya puede apuntarse un tanto de cara a 2019. 

El Gobierno rectifica parte del polémico decreto de becas que impulsó en 2012 el exministro José Ignacio Wert. El Ministerio de Educación anunció este martes a través de una nota de prensa que bastará con el aprobado para que los alumnos que entran dentro del umbral económico puedan acceder a la llamada beca de matrícula (exención de tasas) en su primer año de Universidad. Hasta ahora, quedaban directamente excluidos los hubieran obtenido en las pruebas de acceso calificaciones inferiores a 5,5 puntos. 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ha sido muy crítica con esta reforma y ha instado al Gobierno a revertirla en numerosas ocasiones, ha cifrado en 70.000 los universitarios que se han quedado fuera del sistema de ayudas desde que se puso en marcha esta reforma hace cinco cursos, en el 2013-2014. Los afectados, por tanto, alcanzan los 350.000 en todo el periodo. Hasta que el Gobierno del PP cambió los requisitos, el acceso a las ayudas se materializaba exclusivamente atendiendo a factores de índole económico y sólo se establecían exigencias de rendimiento académico para la renovación de la credencial de becario. 

Según los rectores, la "estrechez" que impuso el nuevo modelo supuso la "exclusión discrecional" de colectivos a los que pudiendo legalmente matricularse en estudios universitarios se les negó "total o parcialmente la posibilidad de solicitar ayudas de carácter económico". La consecuencia de ello, según los responsables de los campus, fue una "merma en el principio de igualdad de oportunidades". Todo ello, para conseguir un ahorro de 70 millones de euros anuales, también según datos de los rectores. 

No obstante, esta no fue la única reforma del sistema de becas que puso en marcha el Gobierno de Mariano de Rajoy. También aumentó del 5,5 al 6,5 la nota media mínima del expediente para acceder a las ayudas económicas complementarias al precio de las matrículas, las llamadas becas-salario, que son fundamentales para favorecer el acceso a los estudios superiores de los alumnos que provienen de entornos más desfavorecidos. 

Según los rectores, esta modificación "está favoreciendo la precarización del status de becario que, ante la insuficiencia económica, tiene que acudir necesariamente a realizar actividades laborales esporádicas que limitan su tiempo para el estudio y que probablemente tengan consecuencias en sus resultados académicos y en las posibilidades de renovación de su condición de becario que, en última instancia, puede determinar su continuidad en los estudios universitarios". Pese a esta dura advertencia de los responsables de los campus, el Gobierno no parece plantearse por el momento modificar este requisito. 

De hecho, en un comunicado, los responsables de los campus, además de valorar el anuncio, insistieron en la necesidad de rebajar al cinco la nota necesaria para acceder a las becas-salario. "La concepción de las becas y ayudas como un derecho social que garantiza que los jóvenes con rentas familiares más bajas puedan acceder a los estudios universitarios sin más límite que su capacidad académica, obliga a que en ningún caso se les puedan exigir unas condiciones de acceso y renovación de las mismas diferentes a las del resto de estudiantes", sostuvieron. 

Aumento de las tasas 

El Gobierno decidió modificar el sistema de becas al tiempo que, vía real decreto, también otorgó a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer la parte del coste que asume directamente el estudiante en base a unas horquillas. Desde entonces, en primera matrícula, el crédito se puede posicionar entre el 15 y el 25% del coste real que supone impartir un grado, variable que puede alcanzar hasta el 100% a partir de la cuarta matrícula.

Asfixiadas por el déficit, algunas autonomías llevaron esta norma hasta el extremo, lo que supuso, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, un aumento generalizado de las matrículas. De hecho, el precio de los grados se ha incrementado en todas las autonomías salvo en Castilla-La Mancha, donde tras un aumento del 42% en el curso posterior al tasazo, los precios volvieron en el curso 2013-2014 a niveles de 2011-2012; y Asturias y Galicia, donde se ha mantenido congelado todos estos años.

Los principales incrementos de precio de las tasas han tenido lugar en Castilla y León, donde el crédito pasó de costar 12,90 euros a 23,34 (+80,93%); Cataluña, con una subida de 20,11 euros a 33,52 (+66,66%); y la Comunidad de Madrid, con un alza del 34,92%: de 18,26 euros el crédito a 24,64. Tomando como referencia un grado de 240 créditos, los más habituales, en una universidad castellanoleonesa, ha pasado de costar 3.096 euros en total a 5.601. 

El Gobierno tiene un hoja de ruta para el supuesto de que el president de la Generalitat, Quim Torra, nombre como consellers a dirigentes independentistas en prisión. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, así lo admitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros pero evitó dar pistas al respecto con el argumento de que el Ejecutivo no se pronuncia sobre "hipótesis". Según el acuerdo del Consejo de Ministros y del Senado es cuando tome posesión al completo el nuevo Govern cuando decae la intervención de la autonomía dictada por el artículo 155 de la Constitución.

"El Gobierno nunca se pronuncia sobre hipótesis. Va a mantener el respeto a la legalidad como lo ha mantenido siempre", subrayó Méndez de Vigo antes de confiar en que, en este momento, "impere el sentido común".

A ojos de Méndez de Vigo, "un consejero o un ministro no puede ejercer las funciones de tal si esta en prisión. Es de sentido común".

En los últimos días se ha especulado con la idea de que Torra designe como consejeros a cargos como Jordi Turrull o Josep Rull, en prisión preventiva. Está previsto que el nuevo president visite el lunes a los presos.

"Este Gobierno ha dicho que quiere un Gobierno legal y viable", añadió.

Como se viene insistiendo en los últimos días desde el Ejecutivo, el presidente, dijo el también ministro de Educación, quiere "abrir una nueva etapa política en Cataluña" y ha ofrecido diálogo al nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, "dentro de la ley". Un diálogo "sin fecha de caducidad".

En la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha señalado que Torra ha sido elegido presidente "de acuerdo con la legalidad vigente".

Así, mantuvo que el Gobierno no quiere "alimentar una espiral de confrontación institucional" porque eso es "perjudicial" para el futuro de Cataluña y sus ciudadanos. 

"El Gobierno cree que es momento de unidad, responsabilidad y madurez, de unir y no dividir, de practicar el diálogo y de sumar y no excluir", dijo recordando que Rajoy ya se había reunido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el líder de Cs, Albert Rivera. Y que se verá próximamente con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Méndez de Vigo sostuvo, además, que el Gobierno estudiará las iniciativas que PSOE y Ciudadanos han planteado en los últimos días relacionadas con la situación e Cataluña. Los socialistas quieren regular las tomas de posesión y el partido naranja impedir que los prófugos de la justicia puedan ir en listas electorales.

El Gobierno lanzó este viernes una advertencia a Carles Puigdemont y, por extensión, a Quim Torra, señalado por el expresident para ser investido presidente de la Generalitat de Catalunya. Si "incumple la ley", el Ejecutivo actuará "exactamente igual" como ha hecho hasta la fecha. Es decir, recurriendo las decisiones que no se ajustan a derecho a la Justicia y, en última instancia, aplicando el artículo 155 de la Constitución. En todo caso, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evitó referirse a esta última cuestión de forma expresa. "No me gustan las hipótesis. Creo que los seres humanos aprendemos de la experiencia. El Gobierno ya ha dado serias muestras de que actuar con firmeza cuando se incunple la ley", insistió el también ministro de Educación.

"No sabemos lo que va a decir. He oído que Torra fue vendedor de seguros. Seguro que valora perfectamente el riesgo de las cosas que dice y hace, por lo que espero que lo haga", añadió Méndez de Vigo.

En respuesta a Ciudadanos, que exige que el 155 sea prorrogado, Méndez de Vigo leyó el acuerdo del Consejo de Ministros y del Pleno del Senado que especifica que la intervención de la autonomía de Cataluña termina en el momento en el que tome posesión un nuevo Govern. Una vez más, por segunda vez en esta semana, el portavoz del Ejecutivo insistió en la necesidad de que PP, PSOE y Cs vayan de la mano en este asunto. Una cuestión que, a su juicio, requiere "seriedad, responsabilidad y madurez".

El miércoles, tras un tenso debate con Rajoy en el Pleno del Congreso, Albert Rivera dio por roto el pacto del 155 con el Gobierno. Un anuncio simbólico si se tiene en cuenta que el acuerdo ya recibió el visto bueno del Senado. Y que decae inmediatamente cuando tome posesión el nuevo equipo de Gobierno.

"Un Gobierno legal y efectivo"

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado para este sábado a las 12.00 horas del mediodía el Pleno de investidura del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont descartó este jueves aspirar a la Presidencia de la Generalitat y señaló al diputado de JxCat y expresidente de Òmnium Cultural como candidato a president. Torra aceptó el encargo de Puigdemont, al que se refirió como "president legítimo de Catalunya".

Nada más conocerse la designación de Torra, el Gobierno recordó que, independientemente del candidato que se proponga, su obligación es "respetar la ley y estar en condiciones de cumplir con sus responsabilidades como presidente de la Generalitat".

"El Gobierno de España siempre ha mantenido que Cataluña necesita un gobierno legal y efectivo, que se ocupe de los intereses de los ciudadanos y gobierne para todos ellos, no para una mitad", señalaron fuentes de la Moncloa.

En un sentido similar, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, exigió a Quim Torra que "se disculpe por sus mensajes de odio a españoles y catalanes que no son independentistas, antes de asumir la investidura como candidato".

A su juicio, alguien que aspira a gobernar para 7 millones de catalanes, y no solo para los que han votado a partidos independentistas, "no puede ofender profundamente a aquellos que no piensan como él".

Rajoy advierte a Torra

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido desde Cádiz, a donde se trasladó tras el Consejo de Ministros, de que el 155 es ya más que un artículo de la Constitución porque desde que se ha aplicado en Cataluña es un "precedente" que queda para el futuro si se vuelve a incumplir la ley, informa Europa Press.

Rajoy no se ha referido a Quim Torra, pero ha dejado claro que el 155 es hoy "un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario", aunque ha añadido que desea que no se tenga que volver a utilizar. "Es necesario que el Parlament elija a un presidente legal, que se ponga en su sitio y gobierne con normalidad. Es necesario imponer la sensatez, el sentido común y la legalidad", ha señalado.

El Gobierno de Mariano Rajoy valorará si es necesario actualizar el ordenamiento jurídico para la tipificación de los delitos de agresión sexual y abuso, después de la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso, pero que les absuelve de agresión.

Así lo adelantó este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha informado de que se ha puesto en contacto esta mañana con la sección penal de la comisión general de codificación para valorar si la tipificación de estos delitos que datan de del Código Penal de la época de Felipe González, 1995, está convenientemente reflejada en nuestro ordenamiento jurídico o es preciso una actualización de las mismas", señaló, según informa Europa Press.

El ministro sostuvo que el Gobierno acata y respecta la sentencia de la Audiencia de Navarra, pero subrayó que esta no es firme, que caben recursos y recordó que la Fiscalía ya ha anunciado uno. "El Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas", dijo para recordar el pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Ya en el turno de preguntas, el portavoz del Ejecutivo, recalcó que modificar el Ley Orgánica del Código Penal requiere "consenso" de los grupos. Hacerlo "reposadamente". E insistió en que la violencia de género es "una lacra deleznable" con la que hay que acabar. Por las declaraciones vertidas en las últimas horas por dirigentes de todos los partidos, la opinión de que es necesaria una revisión es unánime.

Para el también ministro de Educación, es necesario "trasladar a los textos legislativos" la nueva actitud de la sociedad española. A su entender, "ha cambiado" y "está más concienciada" con la "tolerancia cero" y contra la violencia de género.

Poco antes, la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya había abierto la puerta a una modificación legislativa en este sentido. 

En una entrevista concedida a la Cope, Cospedal, admitió que los nueve años de prisión impuestos a los miembros La Manada le parecen "pocos" señalando que quizá haya que pensar en cambiar las calificaciones penales sobre qué se considera violación y qué no. "Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido de la sentencia", dijo añadiendo que lo ocurrido en los Sanfermines de 2016 fue una "salvajada" y "una situación en la que ninguna mujer está a gusto".Méndez de Vigo no quiso pronunciarse sobre si, como Cospedal, considera que nueve años de prisión son "pocos". El Ejecutivo, dijo, acata y "no comenta" las decisiones judiciales. No obstante, recalcó, que la sentencia no es firme y ya han anunciado recursos. le parecen "pocos" señalando que quizá haya que pensar en cambiar las calificaciones penales sobre qué se considera violación y qué no. "una situación en la que ninguna mujer está a gusto".

"no comenta"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este jueves que en la "información contable" de la que dispone el Ministerio de Hacienda no hay ni un solo euro de dinero público para el referéndum del 1 de octubre, pero admitió que "habrá que ver la verosimilitud" de esa información contable. Además, negó que exista "discrepancia" entre las palabras del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga esta causa.

Según Europa Press, así se pronunció Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros después de que la investigación del juez Llarena acredite una malversación de casi 2 millones de euros en el denominado procés, mientras que el ministro Cristóbal Montoro dijo estos días que no se gastó un euro público en el 1-O. De hecho, el magistrado solicitó al titular de Hacienda que explique en qué se basa para hacer esa afirmación.

"El juez utilizará la información que le remita el Gobierno como también utilizará los informes que le remita la Guardia Civil que conocen este caso", dijo el ministro, que añadió que en la información contable de la que dispone el Ejecutivo "no hay ni un euro que se haya dedicado al referéndum ilegal".

A partir de ahora, prosiguió, "habrá que ver la verosimilitud de esa información contable y su calificación jurídica de acuerdo con la información que tenga el juez de la Guardia Civil". "El juez es el que al final califica jurídicamente y el que tiene toda la información. Por tanto, es él el que tiene que decidir", recalcó.

Además, afirmó que no hay "ninguna discrepancia" entre las palabras de Montoro y la investigación del juez Llarena. "El juez ha pedido al ministro de Hacienda que le remita una documentación y se la va a remitir inmediatamente", dijo, para añadir que eso permitirá al magistrado "calificar jurídicamente los hechos".

Van a trasladar la información contable al juez

Preguntado si el Gobierno puede garantizar que no se ha destino dinero público al 1-O, recordó que en los Presupuestos de la Generalitat aprobados el pasado mes de septiembre había una partida de cinco millones para el "referéndum ilegal" que fue recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que el Tribunal Constitucional anuló. Añadió que a partir del artículo 155 de la Constitución "todas las cuentas de la Generalitat han estado intervenidas por el Gobierno".

"Contablemente" no se ha destinado un euro

Eso sí, el ministro subrayó que se trata de una "intervención contable" relativa a "qué se han dedicado esos dineros consignados en el Presupuesto" y es la que van a trasladar al juez, quien debe hacer la "calificación jurídica de esa información contable".

Fuentes del Ejecutivo reiteró después que "contablemente" no hay "ninguna partida destinada al referéndum ilegal" no hay "ninguna factura que haya ido al 1-O", si bien no descartan que pudieran desviarse ese dinero "para otro lado" con alguna trampa o engaño, algo que, deberá averiguar el juez.

En este sentido, las mismas fuentes rechazan que haya divergencias entre lo que dice Montoro y lo que sostiene la Guardia Civil. De hecho, estas fuentes están convencidas de que ya se verá cómo lo que sostienen ambas partes es cierto.

"Legítimo" como argumento de defensa

En cuanto a si el Ejecutivo cree que Montoro se excedió en sus declaraciones y pueden perjudicar a la investigación del Supremo porque están siendo utilizadas en sus defensas por los procesados, Méndez de Vigo reconoció que en los juicios penales las defensas "utilizan todos los medios a su alcance para defender su posición", algo que, según ha dicho, es "legítimo".

En este sentido, insistió en que el Gobierno intervino las cuentas de Cataluña y realizó la "comprobación contable de las mismas" que va a entregar al juez Llarena, quien se hará "una idea de lo que ha habido" y calificará los hechos "jurídicamente". "El juez lo ha calificado de malversación de fondos públicos y va a tener por parte del Gobierno toda la ayuda y toda la colaboración de la información de la que dispone el Gobierno", enfatizó.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de madres y padres, estudiantes y sindicatos de enseñanza, ha anunciado manifestaciones en todas las comunidades autónomas para el próximo 8 de mayo con las que volverán a reclamar la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la "reversión de los recortes" en educación, que cifran en 9.000 millones de euros desde el inicio de la crisis.

"Volvemos a la calle y la movilización irá a más", ha explicado Francisco García, portavoz de la Plataforma y responsable de enseñanza de CCOO, ante la sede del Ministerio de Educación en Madrid, donde han convocado a los medios para presentar la "jornada estatal de lucha por la escuela pública" del 8 de mayo, "pistoletazo de salida de una campaña de movilizaciones" que estas organizaciones detallarán en las próximas semanas.

Según el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, la marea verde vuelve a las calles después de que la "voluntad" del Gobierno de Mariano Rajoy de "no derogar la LOMCE ni revertir los recortes" haya "dinamitado" el Pacto Educativo.

Estas organizaciones también han criticado la inversión educativa que figura en el proyecto de Presupuestos Generales de Estado para 2018, que consideran "más de lo mismo" porque se sitúa en el 3% del PIB y no recupera los niveles anteriores a la crisis a pesar del crecimiento de la economía española.

En este sentido, la Plataforma ha señalado que el Gobierno lanza "mensajes claramente negativos" y ha cuestionado la promesa del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, de aumentar la inversión educativa hasta el 5% en los próximos años, como reclamaba el PSOE para continuar en la mesa del Pacto Educativo, que abandonó, al igual que todos los grupos de la oposición a excepción de Ciudadanos, el pasado mes de marzo.

"El ministro dice una cosa en Sevilla y otra en Bruselas. Porque en Sevilla ofrece volver al 5% durante una convención del Partido Popular, pero a Bruselas manda un memorándum donde se compromete a reducir la inversión educativa. ¿Dónde miente el ministro? Pues seguramente en Sevilla", ha denunciado Francisco García.

¿Huelga en octubre?

El portavoz de la Plataforma también ha anunciado que las organizaciones que convocan las manifestaciones del próximo 8 de mayo buscarán el "apoyo de las fuerzas políticas" para que se sumen a esta movilización contra la LOMCE, que fue aprobada por el Partido Popular y también es conocida como ley Wert, y los recortes de los últimos años.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha adelantado que su organización pretende que el nuevo calendario de movilizaciones culmine con una convocatoria de huelga general en educación el próximo mes de octubre, aunque esa pretensión no se ha acordado todavía en la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública.

"Si el Gobierno pensaba que la marea verde había muerto, que lo tenga claro, nada de eso: saldremos con todas nuestras fuerzas hasta que se cumplan todas nuestras reivindicaciones y no vamos a aceptar ningún tipo de triquiñuela o engañifa como la que han intentado lleva a cabo con el Pacto Educativo, que ha sido un auténtico teatro, un insulto a la inteligencia de toda la comunidad educativa", ha sentenciado la portavoz del Sindicato de Estudiantes.

Facua-Consumidores en Acción ha criticado "la nefasta" gestión del Gobierno en la regulación del nuevo bono social eléctrico y ha pedido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que "solvente cuanto antes la alarmante falta de información, que está repercutiendo en los consumidores, con una campaña informativa en medios de comunicación masivos, entre ellos la televisión y la radio públicas".

En un comunicado, Facua denuncia que, de momento, sólo han accedido al bono social eléctrico un 13% de los hogares, un total de 319.000, de los 2,5 millones que, según el Ministerio, se acogerían.

Para la asociación, el Ejecutivo "sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico".

Así, la secretaria general de Facua, Olga Ruiz, considera que las actuales condiciones para la aprobación del nuevo bono social "son mucho más estrictas y con una tramitación compleja, que puede llevar al consumidor que necesite solicitarlo a desistir y no acogerse a éste".

Además, estima que "el derrumbe" en las solicitudes del bono social eléctrico está también relacionado con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los 3 kilowatios (kW) de potencia contratada, que eran los únicos que lo recibían de manera automática sin reclamarlo a las administraciones.

Por ello, cree que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas de su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación de manera automática y, que en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación de este bono a éste, pese a tener las características y requisitos para ello.

El Gobierno ha decidido ampliar seis meses, hasta el 10 de octubre, el plazo para que los beneficiarios del actual bono social eléctrico puedan pedir su acceso al nuevo bono, que entró en vigor el pasado mes de octubre, y por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura, en función del grado de vulnerabilidad del consumidor, su estado familiar y el consumo.

Facua recuerda que presentó alegaciones al texto del proyecto de reforma, ya aprobada, que hizo el Ejecutivo del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

El Gobierno de Mariano Rajoy huye de apoyos explícitos a la presidenta de la Comunidad de Madrid en el marco de la polémica sobre su máster. Los pronunciamientos son cada vez más fríos. Y ya ha pasado casi una semana desde que Mariano Rajoy le brindó su respaldo y el del Partido Popular en el transcurso de la convención celebrada en Sevilla. Este viernes, a la espera de lo que diga el presidente en una rueda de prensa prevista para pasadas las 15.00 horas junto al primer ministro danés, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, hizo un llamamiento a la prudencia. A esperar a que la investigación abierta por la universidad vierta sus conclusiones. Porque hasta el momento, a si juicio, no se ha demostrado ninguna "irregularidad".

"Hay que ser consecuentes y mantener las mismas posiciones. Esperar a ver cuál es el resultado de las investigaciones", respondió el también ministro de Educación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a que no ocultó que la "estabilidad" de la Comunidad de Madrid es primordial, Iñigo Méndez de Vigo, consideró que no hay que actuar con la "cabeza caliente" ni dejarse "llevar por los impulsos".

Además, reclamó "igualdad de trato" para los políticos afectados por haber mentido en sus titulaciones o haber engordado sus currículums a raíz de la catarata de informaciones que afectan a integrantes de todos los partidos. 

Preguntado concretamente sobre si la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que presentar su renuncia, Méndez de Vigo echó balones fuera. Y apeló a los partidos de la Asamblea de Madrid, incluido el PP. Dijo que son las formaciones políticas las que "tienen que decidir lo que hay que hacer" y, después, explicárselo a los madrileños. En este sentido, añadió que en términos de PIB Madrid es clave y, por lo tanto, la estabilidad en esta comunidad es un "factor capital".

Poco antes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, había sido mucho más claro que su compañero del Consejo de Ministros. Dijo que ahora que se conoce "mucho más que antes" sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta deberá tomar "la decisión que corresponda".

"Esperamos que Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final", declaró Catalá en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

El anuncio del ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, de que el Gobierno sí está dispuesto ahora a alcanzar una inversión en educación del 5% del PIB en 2025 no convence al PSOE y a Unidos Podemos, que rechazan volver a las reuniones que los grupos parlamentarios vienen celebrando desde hace casi un año en el Congreso con el objetivo de alcanzar el primer pacto educativo de la democracia.

Ambos grupos, que abandonaron a principios de marzo esos encuentros ante la negativa de los conservadores a comprometer una financiación suficiente, no dan "credibilidad" a un anuncio que el ministro hizo en acto de su partido, la convención nacional que el PP celebró en Sevilla este fin de semana, y no en sede parlamentaria. Y del que tampoco les han trasladado ningún compromiso formal. En el Gobierno entienden que esa cuestión corresponde al Grupo Popular en la Cámara, que no se ha pronunciado al respecto. 

"Lo único que cuenta es lo que está registrado por escrito en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que nos llevan a la senda del 3,67%, no a la del 5%. Si hay una propuesta seria, volveremos. Pero no la hay", señala a infoLibre la portavoz educativa del PSOE, María Luz Martínez Seijo. En la intervención en la que Méndez de Vigo hizo este anuncio aludió directamente a los socialistas con el objetivo –dijo– de "demostrar que el Gobierno tiene voluntad de alcanzar un pacto".

El PSOE abandonó las negociaciones después de que el PP no se comprometiera a alcanzar una inversión en educación del 5% del PIB en un horizonte temporal "razonable", que el partido situó en 2024. Los conservadores ofrecen ahora alcanzar ese porcentaje pero en 2025. 

Tampoco otorgan credibilidad a esta propuesta en Unidos Podemos, grupo que también abandonó las negociaciones hace un mes. Su portavoz parlamentario en materia educativa, Javier Sánchez Serna, asegura que le da a ese anuncio una fiabilidad "próxima a cero" y critica que el ministro lo hiciera en un acto de su partido sin antes trasladarlo a los grupos parlamentarios. A su juicio, es una propuesta que "no se concreta en nada" y que está hecha "de cara a la galería". 

"Si querían empezar a revertir los recortes podrían haber empezado por los Presupuestos, en los que no recuperan partidas específicas como educación especial, no se apuesta por la formación del profesorado, sigue disminuyendo la educación compensatoria, que acumula desde 2009 una pérdida del 90%...", añade.

Inversión a la baja  

Lo cierto es que la inversión comprometida en el proyecto de cuentas públicas para 2018 presentado la semana pasada por el Gobierno sigue alejada de los niveles anteriores a la crisis. La dotación educativa sube respecto a 2017 un 3%, hasta 2.600 millones de euros. No obstante, esos recursos siguen estando un 13% por debajo de los consignados en 2009, cuando llegaron a 2.987,69 millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que estas partidas corresponden únicamente a programas estatales, dado que la política educativa es competencia de las comunidades autónomas.

De hecho, según las cifras oficiales, la inversión en educación entre lo que le corresponde al ministerio y a las comunidades autónomas ha caído un 7,41% desde 2009, hasta los 46.681,68 millones de euros en 2017 (3.957 millones de euros menos), lo que supone un 4% del PIB. Además, el Gobierno pretende bajar ese suelo de financiación al 3,8% de la riqueza nacional este 2018, tal y como ha anunciado en el plan presupuestario remitido a Bruselas [consultar, aquí]. 

Se mantiene embarrado, por tanto, el camino hacia el que podría ser el primer pacto educativo de la democracia tras la tentativa del exministro socialista Ángel Gabilondo, que intentó armar entre 2009 y 2010 un pacto centrado en solucionar los problemas educativos del país y en el que intentó pasar casi de puntillas por los asuntos que han provocado enfrentamientos ideológicos (asignatura de religión, papel de la enseñanza concertada...). Pero tampoco lo logró de esa forma. En mayo de 2010 el PP dio carpetazo al acuerdo con el vago argumento de que el Gobierno no había querido apostar por cambiar un modelo "fracasado", aunque hay quien atribuyó esa decisión a un cálculo electoralista.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha defendido este lunes que cuatro ministros acudiesen el pasado Jueves Santo a la procesión del Cristo de la Buena Muerte, protagonizada por la Legión en Málaga, y que incluso se animasen a cantar su himno, conocido como El novio de la muerte. "Eso es parte de nuestras tradiciones culturales", ha dicho.

Así lo ha puesto de manifiesto, en los pasillos del Congreso, al ser preguntado si cree que la asistencia de los ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal; de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Justicia, Rafael Catalá; y de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a la mencionada ceremonia perjudica la imagen de España.

"No", ha respondido tajante Hernando, quien considera que el himno de la Legión es "muy respetable". De hecho, ha comentado que cuando él acude a actos de la Legión en Almería, circunscripción por la que es diputado, también lo canta.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y sus homólogos de Justicia (Rafael Catalá), de Interior (Juan Ignacio Zoido) y de Educación (Íñigo Méndez de Vigo), así como dos exministros (Miguel Arias Cañete y Cristina Garmendia) y numerosas autoridades locales y autonómicas asistieron a los actos de la Legión junto a la Congregación de Mena en el jueves de la Semana Santa de Málaga. 

Nunca antes había habido tanta representación gubernamental en el evento, en el que los legionarios desembarcan en el puerto de la capital de la Costa del Sol para trasladar la figura del Cristo de la Buena Muerte hasta su sede, en la Iglesia de Santo Domingo, desde donde sale en procesión cada Jueves Santo. Los cuatro miembros del Gobierno entonaron incluso el himno de la Legión.

Cospedal, como titular de la cartera de Defensa, presidió el acto en el que el buque Contramaestre Casado de la Armada Española desembarcó en el puerto de Málaga. Los legionarios han desfilado, como es habitual en este día, por el centro de la ciudad hasta llegar a la iglesia, donde otro nutrido grupo de autoridades tanto nacionales como locales esperaban a los militares. 

Los ministros, a diferencia de la Legión, no acaban de desembarcar en Málaga. El pasado miércoles, Zoido participó en un acto con el Cuerpo Nacional de Policía en el que recibió la medalla de la Cofradía de Jesús El Rico. Esta misma cofradía contó con la visita de Catalá en el acto tradicional de liberación del preso indultado. Ambos coincidieron con Cospedal y con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la salida de los tronos de las Cofradías Fusionadas. Todos se hicieron la foto y todos participaron de la salida de las imágenes, ya sea tocando la campana o levantando las figuras, en el caso del titular de Justicia. 

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras dar los primeros toques de campana al trono del Cristo de Animas de Ciego de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga.

España es, según dicta la ley, un Estado aconfesional, donde ninguna religión es la oficial, aunque no se descarta la cooperación entre la Iglesia y los poderes públicos. "Ninguna confesión tendrá carácter estatal", reza el artículo 16.3 de la Constitución Española. 

Un día después de que la mayoría del Congreso rechazara las enmiendas de PP y Cs contrarias a la iniciativa del PNV para la derogación de la prisión permanente revisable, Íñigo Méndez de Vigo exigió a los partidos que reconsideren su postura. Lo hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El también ministro de Educación sostuvo que el Ejecutivo no va a "cambiar de posición" al respecto al considerar que tienen "apoyo". Los conservadores ven ese "apoyo" en las encuestas publicadas al respecto en las últimas semanas en los medios de comunicación. En este contexto, pidió a los grupos parlamentarios que están a favor de derogar esta iniciativa aprobada en 2015 en solitario por un PP con mayoría absoluta en la Cámara Baja que "escuchen a la calle". Que la "escuchen también en esta ocasión", recalcó en alusión velada a otros episodios en los que desde la oposición se exige al Ejecutivo que no dé la espalda a las demandas ciudadanas.

Este sábado, miles de ciudadanos volverán a salir a las calles de toda España para reclamar pensiones dignas.

"En toda Europa"

"Es una figura que está recogida en el resto de las legislaciones europeas", añadió insistiendo en que se lo "revisable" de la iniciativa.

Tras la bochornosa jornada parlamentaria que se vivió el jueves en el hemiciclo del Congreso, cuando el grueso de la oposición acusó a PP y Cs de "utilizar a las víctimas", Méndez de Vigo pidió que el debate que ha de continuar ahora en sede parlamentaria se desarrolle con la "tranquilidad" y "serenidad" que faltó ese día. No se le escuchó, no obstante, ningún tipo de autocrítica.

Las pensiones y los Presupuestos

Por otra parte, y en la línea de lo sostenido el martes por Mariano Rajoy en el Pleno monográfico sobre pensiones, el portavoz del Ejecutivo consideró que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 son "el marco adecuado" para mejorar las pensiones mínimas y de viudedad e introducir mejoras fiscales en el IRPF para los pensionistas.

"Todo el mundo quiere subir las pensiones", dijo al tiempo que recordaba que las cuentas son las que son y hay que cumplir con Bruselas. "El margen de maniobra es limitado por el Plan de Estabilidad. Por eso esa subida tiene que hacerse en el marco de los Presupuestos", señaló.

"Renovar ese gran pacto de pensiones es enormemente importante (...) Es una responsabilidad compartida y espero soluciones positivas y favorables", dijo sobre el Pacto de Toledo, llamando a sacar el tema del debate partidista. "España tiene un buen sistema, que funciona, que ha resistido los años más duros, que es sostenible", defendió.

También llamó a "no engañar" a los pensionistas ni utilizarlos para la confrontación política.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha ido modulando en los últimos días su postura hacia la huelga feminista del 8M. Destacados miembros del Ejecutivo llegaron a sostener que iban a hacer huelga "a la japonesa", como fue el caso de la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, unas declaraciones de las que se llagó a desmarcar el presidente dos días antes de la jornada. Este viernes, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, fue preguntado en rueda de prensa si, visto el alcance de las manifestaciones en toda España, se hace algún tipo de autocrítica desde la Moncloa. Evitó contestar de forma directa. Y se limitó a mostrar el respeto del Gobierno y a señalar que están trabajando para mejorar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Horas antes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, había enmendado el argumentario del PP advirtiendo al Gobierno de que tomase nota del 8M. El portavoz del Ejecutivo fue invitado a pronunciarse respecto a la opinión de su compañero de partido y no fue más allá que a subrayar que se está trabajando en ello: "Seguimos luchando por tomar más medidas".

Méndez de Vigo sostuvo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, están negociando con los actores sociales para llegar a acuerdos en materia de conciliación y racionalización de horarios.

"Al Gobierno le parece muy bien esa muestra de conciencias de solidaridad, de comprensión y de esfuerzos comunes en pro de la igualdad. En eso está el Gobierno y creo que estamos la inmensa mayoría de los españoles", añadió Méndez de Vigo. Después, el ministro señalaría que el Ejecutivo está "satisfecho" con las medidas tomadas y que van a continuar habiendo constatado, además, "la sensibilización que existe".

El pasado día 21 de febrero, el Partido Popular fijó una posición oficial sobre la huelga feminista del 8M. Tras "analizar" la convocatoria, los conservadores redactaron un argumentario para sus cargos públicos y militantes en el que enumeraban y explicaban las razones por las que no respaldaban la iniciativa. Creían los conservadores que se trataba  de un gesto "elitista", "insolidario"y que, además, "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres". "apuesta por el enfrentamiento entre mujeres y hombres".La igualdad, subrayaban en el citado documento, "sólo la alcanzaremos desde la unidad y la corresponsabilidad de mujeres y hombres". Ahora, pocos cargos del Gobierno y el PP asumen el texto en su conjunto.

En su intervención inicial, Méndez de Vigo sostuvo que "el Gobierno está decidido a seguir trabajando" en la materia "porque la lucha por la igualdad es un movimiento de todos, es una lucha transversal". "Se trata, por tanto, de seguir trabajando", dijo antes de recordar que "hoy hay más mujeres que nunca trabajando en España" y que "España cuenta con un pacto de Estado contra la violencia de género" que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias.

Pleno de pensiones

Sobre el pleno monográfico de pensiones que se celebrará el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Ejecutivo dijo que garantizar el futuro de las pensiones es cosa de todos los partidos y que la finalidad de la comparecencia de Rajoy es "tranquilizar" a los pensionistas. En las últimas semanas, este colectivo ha salido a las calles de toda España disparando las alarmas en el seno del Gobierno.

Toma de posesión de Escolano

Méndez de Vigo recordó, además, que el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, había tomado posesión este mismo viernes. El sustituto de Luis de Guindos, dijo, garantiza la continuidad de la política económica del Gobierno. 

El puesto de Escolano en la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) será ocupado por Emma Navarro, secretaria general del Tesoro. El portavoz del Gobierno destacó que será la primera mujer que llega a la vicepresidencia del organismo. Pero se olvidó que antes ya lo había sido la socialista Magdalena Álvarez. Antes de arrancar el turno de preguntas, Méndez de Vigo rectificó.

Junto a Méndez de Vigo compareció el titular de Fomento, Íñigo de la Serna. Lo hizo para presentar el Plan Estata de Vivienda 2018-2021.

El Partido Popular se ha metido esta semana en algunos charcos de los que le va a ser difícil salir. Y, como consecuencia de ello, ha irrumpido de lleno en debates muy delicados si se tiene en cuenta que, o bien ha trasladado mensajes que van contra sectores del electorado que se les supone fieles, o bien contra colectivos cuyo apoyo se plantean como prioritario.

Estos patinazos, que van desde la reacción de destacados cargos conservadores a las manifestaciones de los pensionistas hasta el duro argumentario lanzado contra la huelga feminista del 8M, coinciden en un momento en el que el Partido Popular y Ciudadanos pugnan por erigirse en máximos defensores de las banderas electorales del centro derecha. Hasta hace poco, los conservadores no tenían un rival potente en su espectro ideológico.

Uno de los momentos más delicados para el PP se vivió este jueves, cuando miles de jubilados salían a las calles de toda España ante el "saqueo" del sistema. Su protagonista fue el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando. El parlamentario dijo respetar el derecho de los pensionistas a manifestarse, pero sostuvo que el balance de este colectivo desde que gobierna Mariano Rajoy "puede considerarse positivo si se compara con otros sectores".

Un caladero de votos del PP

"Desde los últimos cinco años los pensionistas han ganado algo de poder adquisitivo", sostuvo al tiempo que destacaba que según todos los informes internacionales, "es el sector en España que gracias a su modelo de protección social ha sido el que menos se ha visto acosado por la crisis económica".

Las palabras de Hernando sorprendieron a algunos de sus compañeros, algo lógico si se tiene en cuenta que los conservadores tienen en los mayores de 65 años un caladero muy importante de votos.

Este viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, esquivó la polémica sin responder de forma directa sobre si al Ejecutivo le preocupan las multitudinarias manifestaciones de pensionistas. Se decantó por señalar que "el derecho a manifestarse es un derecho constitucional" y por subrayar que las pensiones son "una prioridad" "una prioridad" para el Gobierno. No se movió de estos argumentos.

"Aleja a las mujeres del PP"

Tampoco pasó inadvertido el duro argumentario con la postura oficial de Génova sobre la huelga feminista del 8M que se remitió a los cargos conservadores. Algo que, a ojos de algunas de las fuentes consultadas dentro del propio partido, "aleja a las mujeres del PP". 

En el documento, el partido de Rajoy se opone a la huelga feminista del 8M por "elitista", "insolidaria" y apostar "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres". Además, asegura que la convocatoria pretende "romper nuestro modelo de sociedad occidental" y considera "una frivolidad e irresponsabilidad trasladar a una huelga general la violencia de género, tras el acuerdo mayoritario de fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones de mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, alcanzado hace unos meses". 

También polémicas han sido las declaraciones de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, afirmando que ella celebraría el 8M con una 'huelga a la japonesa', "trabajando más horas" para demostrar "la capacidad que tienen las mujeres" en España.

Con argumentos similares, Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que hará huelga "a la japonesa" el 8 de marzo "para avanzar en la igualdad".

El 'lío' de los Presupuestos

En lo que tiene que ver con los Presupuestos Generales del Estado para 2018 –en la actualidad están prorrogados los de 2017– el Gobierno ha sostenido en los últimos meses una cosa y la contraria, movido, en parte, porque Cs y PNV, sus principales apoyos para sacar a la luz las cuentas públicas en vigor, se han desmarcado.

El partido naranja sostiene que no entregarán a Rajoy el apoyo de sus 32 diputados mientras la senadora Pilar Barreiro siga en su escaño. Barreiro está investigada en el marco de la operación Púnicaoperación Púnica. Y los nacionalistas vascos no quieren ni oir hablar de los Presupuestos mientras el artículo 155 de la Constitución siga vigente en Cataluña.

En este contexto, el PP ha variado su posición respecto a esta materia. Esta misma semana se han vertido versiones contradictorias.

El Gobierno siembra dudas

Primero se dijo que los iban a presentar en el Congreso independientemente de que no hubiese apoyos porque contienen elementos muy positivos para los españoles. Después se afirmó que no irían a las Cortes hasta que Rajoy se garantizase los apoyos. Luego el PP, en plena terapia tras el fracaso en Cataluña y el éxito de Cs, se comprometió a liderar la iniciativa política presentando leyes aunque no le saliesen las cuentas...

¿En qué punto estamos ahora? Sigue reinando la confusión. El miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Rajoy sostuvo que su intención era presentarlos a tiempo. Un día después, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso fecha: se aprobarían en el Consejo de Ministros en la última reunión antes de semana santa. Y de ahí, al Congreso. Pero este mismo viernes, fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario ponían en duda que esto vaya a ocurrir si antes Rajoy no tiene el respaldo necesario.

Mientras, los partidos de la oposición critican al Gobierno por poner sobre la mesa la posibilidad de saltarse la "obligación constitucional", dicen, de presentar los Presupuestos. 

La confusión generada respecto a la intención del Gobierno de presentar o no los Presupuestos Generales del Estado complica también las promesas de equiparación de sueldos de policías y guardias civiles, una bandera con la que se ha hecho Ciudadanos.

También dentro del partido hablan de "improvisación" y "exposición innecesaria" a la hora de lanzar la promesa de que el castellano tendrá más presencia en las aulas catalanas. El Gobierno ha dejado claro que no tiene todavía la fórmula y ahora señala que no hay que hacerlo de forma acelerada. Aseguran que no se trató de un "globo sonda" y que tienen voluntad de tomar alguna medida. Pero el margen de maniobra es muy reducido y no explican en qué medidas están pensando.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evitó este viernes en rueda de prensa responder sobre si al Ejecutivo le preocupan las multitudinarias manifestaciones de pensionistas celebradas este jueves en distintas ciudades de España. Se decantó por  señalar que "el derecho a manifestarse es un derecho constitucional" y por subrayar que las pensiones son "una prioridad" para el Gobierno. No se movió de estos argumentos en ningunas de las tres preguntas que se le hizo sobre estas concentraciones.

Los pensionistas son un sector muy importante del electorado del Partido Popular.

"Las pensiones son un derecho de las personas y el Gobierno va a seguir trabajando en sus políticas económicas para seguir garantizándolas", dijo subrayando que la mejor garantía sigue siendo el empleo.

"Ahora estamos mucho mejor que hace unos años, porque hay mayor empleo y las personas tienen trabajo. Además, el objetivo de alcanzar los 20 millones de ocupados en el añon 2020 es una garantía para el sistema, pero está claro que no hay que pensar en el presente, sino en el futuro inmediato", dijo.

"Las pensiones en España están garantizadas", señaló, enmarcando sus palabras en la intención de lanzar un mensaje de tranquilidad. "Con el crecimiento y el empleo la seguridad es total", ha añadido, tras afirmar que es verdad que en España ahora hay más pensiones y que mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy esté en el cargo, "las pensiones públicas estarán garantizadas".

Además, insistió en la necesidad de que el Pacto de Toledo vuelva a reactivarse para que sean posibles los acuerdos entre partidos. Y destacó que en los años 90 en España "se sacaron las pensiones del debate partidista".Por otra parte, 

el Gobierno no tiene todavía la fórmula para ampliar la enseñanza del castellano en Cataluña. Así lo admitió el también titular de Educación.

El modelo educativo catalán vuelve a acaparar todos los focos. En esta ocasión, por el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy de que aplicará el artículo 155 para "garantizar" la elección del castellano como lengua vehicular en los centros educativos de esa comunidad autónoma. Ante el bloqueo en la elección de un nuevo Govern, el Ejecutivo central mantiene la competencia en el ámbito educativo y, en consecuencia, sobre el periodo de escolarización, que suele iniciarse en primavera. 

En rueda de prensa, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, declinó responder sobre "cómo" se llevaría a cabo esta medida a pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas. En todo caso, el mero anuncio supone un cuestionamiento de la llamada inmersión lingüística, que consiste en que en la gran mayoría de centros educativos la única materia que se imparte en castellano es la de lengua y literatura española. Según datos de la Generalitat en 490 de los 3.503 colegios e institutos sostenidos con fondos públicos sí se imparte alguna materia más en español aunque la lengua vehicular es el catalán, tal y como avala la normativa autonómica. Son apenas el 14%. 

El modelo, vigente desde principios de los noventa, cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad educativa catalana, si bien en los últimos años una parte pequeña de la población en términos cuantitativos sí ha reclamado un sistema más equilibrado. Las cifras oficiales apuntan en esa dirección. Desde 2010, fecha en la que el soberanismo sitúa el punto de inflexión que disparó la indignación de parte de la sociedad catalana tras el fallo que recortó el Estatut, se han presentado ante la Alta Inspección Educativa de Cataluña un total de 258 denuncias de familias que reclamaban más horas de castellano en los centros educativos. Estos datos han sido facilitados a infoLibre por el Ministerio de Educación a través del Portal de Transparencia. El número de alumnos matriculados en centros públicos y concertados supera el millón.

Esas tensiones también se han visto reflejadas en la derivada judicial que el modelo de inmersión lingüística ha tenido en los últimos años. Especialmente tras los cinco autos por los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) instó en enero de 2014 a otros tantos centros educativos a fijar un 25% del horario lectivo en lengua castellana. La decisión daba respuesta a los recursos planteados por cinco familias con respecto a ocho alumnos. Algunas de estas familias han denunciado casos de "acoso" tras realizar estas peticiones tal y como ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha documentado 33 casos similares desde 2014.

La reforma educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert, el mismo que se jactó en el Congreso de los Diputados en 2012 de que había que "españolizar a los niños catalanes", también amenazó con poner patas arriba el sistema de inmersión lingüística al establecer la obligación para la Generalitat de pagar ayudas de 6.000 euros por curso para garantizar que los hijos de las familias que así lo soliciten puedan estudiar en español en centros privados. Pero desde que se puso en marcha la medida, en 2014, se han registrado 154 solicitudes, lo que evidencia que no cuenta con una gran demanda en términos absolutos.

Segregación 

"Para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos", insistió Méndez de Vigo este viernes. No obstante, fue muy insistente en que la intención del Gobierno no es cambiar la ley ni el sistema lingüístico catalán. La normativa autonómica [consultar, aquí] establece claramente que el catalán es la lengua vehicular de aprendizaje en los centros sostenidos con fondos públicos de Cataluña (artículo 11). 

Para lo que sí tendría margen el Gobierno es para dar cumplimiento a distintas resoluciones judiciales que se han dictado en los últimos años y que la Generalitat ha obviado. Entre ellas, las citadas del TSJC de 2014. Y también varias del Supremo derivadas de estas. En 2015, en virtud de estos fallos, el alto tribunal instó a la Generalitat a "adoptar cuantas medidas sean necesarias" para garantizar un 25% del horario lectivo en español, incluyendo otra asignatura troncal además del castellano. Pero los datos oficiales evidencian que en sólo el 14% de centros educativos sostenidos con fondos públicos se imparten al menos dos materias en castellano. 

El ministro no concretó qué cambios plantea establecer, aunque sí dijo que su gabinete no ha estado de acuerdo con cómo la Generalitat ha desarrollado hasta la fecha la "preinscripción" en los centros educativos. De hecho, señaló que su departamento había recurrido este proceso en los tres últimos cursos al entender que era contrario a la ley. No obstante, no precisó si pretende incluir en esos formularios una casilla para que las familias puedan elegir qué modelo lingüístico prefieren como demandan entidades como Sociedad Civil Catalana. 

De hacerse realidad, la medida anunciada por el Gobierno pondría en cuestión el actual modelo y podría derivar en una segregación de los alumnos en función de la lengua, que es lo que temen todas las fuerzas políticas con representación en el Parlament salvo Ciudadanos y el PP. También los sindicatos CCOO y USTEC STEs rechazan la propuesta, que atribuyen a criterios políticos, no pedagógicos ni sociales. 

La cuestión de la separación de los alumnos en función de la lengua ya estuvo muy presente en la redacción de la Ley de Normalización Lingüística, de 1983, que estableció que la lengua catalana debía ser usada "progresivamente" en los centros educativos; y de sus desarrollos normativos, que apuntaron hacia una generalización de la docencia en catalán. Se impusieron entonces las tesis de los partidos de izquierda, que entendían que una de las claves de la cohesión social era la creación de una única red escolar con el catalán como lengua vehicular, pues en un primer momento Convergència apostó por establecer dos líneas paralelas, una en español y otra en catalán. 

En el curso 1983-1984, se aplicó por primera vez el Programa de Inmersión Lingüística en las escuelas públicas de municipios con una gran población de habla castellana, fruto de la inmigración española, como Santa Coloma de Gramenet o Terrassa, ambas en la provincia de Barcelona. El proceso de generalización del catalán se consumó en los llamados decretos de inmersión de 1992, que desarrollan la LOGSE en Cataluña, y que establecieron por primera vez que el catalán se debía utilizar "normalmente" como "lengua vehicular y de aprendizaje". A partir de entonces la escuela en catalán se convirtió en el modelo de enseñanza en toda Cataluña. Y así ha continuado, al menos, hasta ahora. 

Ciudadanos llevará al próximo Pleno del Congreso la polémica suscitada después de que el Gobierno haya planteado la posibilidad de implantar medidas educativas en Cataluña aprovechando la aplicación del artículo 155 de la Constitución que le otorga actualmente la competencia, informa Europa Press.

La polémica saltó este jueves, cuando el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, aseguró que en próximas semanas tomarían una decisión sobre una petición del colectivo Ames, que pedía de incluir en los impresos de preinscripción escolar una casilla de opción lingüística, para que las familias puedan elegir entre educar en catalán o en castellano.

Posteriormente, el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, apuntaba que el propio jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, le había confirmado que se tomaría una decisión sobre la matrícula en los colegios e institutos catalanes y el uso del castellano en sus aulas.

Ante esta situación, los de Albert Rivera han decidido trasladar una pregunta en la sesión de control al Gobierno en el Congreso al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, para cuestionarle sobre este tema.

Girauta contra Méndez de Vigo

"¿Cómo piensa el Gobierno garantizar que el castellano sea lengua vehicular, junto al catalán, a partir del curso 2018/2019 en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña?", es la pregunta que formulará el portavoz naranja Juan Carlos Girauta.

No será la única pregunta sobre el tema. También Unidos Podemos, a través de su portavoz de Educación, el diputado de En Comú Joan Mena, pedirá explicaciones al Ejecutivo por esta cuestión en la misma sesión: "¿Piensa el Gobierno utilizar el 155 para cambiar el modelo educativo en Cataluña?", es la pregunta registrada por los morados.

Mena mostraba también este jueves su descontento con la acción del Gobierno. A su juicio, una formación con esa representación "no puede cargarse los consensos mayoritarios que hoy tiene la sociedad catalana". Además, anunció que su formación ha pedido la comparecencia en la Cámara Baja de Méndez de Vigo para que explique esta decisión.

El anuncio del Gobierno ha provocado también el malestar en el PDeCAT. El coordinador de los parlamentarios del partido, Jordi Xuclà, recordaba este jueves al Ejecutivo que "para gobernar se requiere legitimidad que dan los ciudadanos con su voto" y, a su juicio, el PP, con cuatro diputados en el Parlamento catalán desde el pasado 21 de diciembre, no la tiene.

ERC culpa a la formación naranja

Para la diputada de ERC Teresa Jordà, la propuesta que ahora se plantea el PP es una de las "pretensiones" con las que nació, precisamente, Ciudadanos en Cataluña: "cargarse el modelo de inmersión lingüística" de la región. "Esta pretensión ha sido comprada por el PP", alertó Jordà, para quien el Ejecutivo está obrando "de mala fe" aprovechando el 155 y también "haciendo daño a Cataluña y a sus ciudadanos".

Finalmente, la secretaria general adjunta del Grupo Socialista en el Congreso y coordinadora de los parlamentarios del PSC, Meritxell Batet, declaró ante los medios que, a su juicio, el Gobierno debería "ceñir" la aplicación del artículo 155 en Cataluña "a cuestiones de gestión y no introducir elementos de cambio estructural", como medidas en materia educativa.

El Gobierno no tiene claro a día de hoy cómo "garantizar" la elección del castellano como lengua vehicular en los colegios castellanos. Pero sí tiene claro que tiene que tomar una iniciativa en esta dirección. Así lo puso de manifiesto este viernes el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando" pero "sin duda lo haremos", señaló el también titular de Educación.

"Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos", insistió.

Sus palabras llegan un día después de que se conociera que el Gobierno está estudiando la posibilidad de que en las matrículas para el próximo curso escolar en Cataluña estos formularios incluyan una casilla en la que los padres puedan marcar si quieren que el castellano sea la lengua vehicular de sus hijos. Así se hizo público después de que lo hayan solicitado el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Este mismo jueves, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo un encuentro con el presidente de la Sociedad Civil Catalana (SCC), José Rosiñol. Y fue él quien avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando cómo hacer efectiva su demanda.

No pasa inadvertido que las competencias en materia de Educación están en manos del departamento de Méndez de Vigo en aplicación del artículo 155 de la Constitución artículo 155 . Los plazos que se marca el Gobierno para ponerlo en marcha son los meses de marzo o abril.

Cumplir las resoluciones de los tribunales

Méndez de Vigo fue muy insistente en que la intención del Gobierno no es cambiar la ley ni el sistema lingüístico catalán, sino cumplir las sentencias de los tribunales de los últimos años. De lo contrario, dijo, el Gobierno estaría incumpliendo con sus obligaciones.

"La resolución de preinscripción tal y como estaba en los tres últimos cursos, ha sido recurrida por el Gobierno y lo coherente es que de acuerdo al contenido de ese recurso vayamos a modificarla en ese sentido. Esto no significa un cambio del modelo educativo en Cataluña. Los modelos educativos están en las leyes", recalcó.

¿Una casilla?

En su intervención, y ante la insistencia de las preguntas de los informadores, el ministro aclaró que no está cerrado que el método escogido vaya a ser el de la "casilla". "Algunos han dicho esto o lo otro [...] Estamos estudiándolo", señaló.

En un momento en el que los conservadores están preocupados por el subidón de Cs en las encuestas, el anuncio podría ser interpretado como un intento del Gobierno de frenar que la formación de Albert Rivera les arrebate la bandera de la defensa del castellano. Pero el Gobierno niega que deba entenderse en este contexto.

Méndez de Vigo fue preguntado sobre si se trata de una vía para forzar a los independentistas a formar Gobierno. Y lo descartó: "No es un globo sonda", dijo. También dio a entender que cuando tengan avanzada la medida se reunirán con los sectores implicados.

El PSOE no lo ve...

En esta cuestión, el bloque del 155 se quiebra. El PSOE no respalda al Gobierno y Ciudadanos, sí.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Carmen Calvo evitó criticar al Gobierno porque, según dijo, los socialistas no saben "exactamente" qué pretende hacer el Ejecutivo, que baraja fórmulas para garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular en los colegios de Cataluña a las familias que así lo quieran. Pero no respaldó que se aproveche la vigencia del artículo 155 de la Constitución en esta materia.

... Y Cs presiona

Mientras, el líder de Cs, Albert Rivera, aseguró que su formación estará "atenta" a que se aplique la propuesta del secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, que afirmó el jueves que el Gobierno está estudiando si puede incorporar el castellano en el formulario de preinscripción escolar.

Por su parte, desde ERC, Joan Tardà, urgió desde su cuenta de Twitter a la formación de un Govern para evitar que Rajoy aproveche el 155 para "dinamitar" la inmersión ligüística en Cataluña.