El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha indicado este lunes que si un juzgado declarara en sentencia firme que el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad procederá a la retirada del título. Informa Europa Press.

Curiosamente, la propia expresidenta en plena polémica por el caso Máster manifestó su voluntad a renunciar a este título mediante una carta publicada en redes sociales y pedía disculpas si alguien se sentía ofendido por "las condiciones flexibles" que le permitió la universidad. Ramos, por su parte, ha agregado que la universidad ya ha iniciado los trámites para retirar el máster también a los alumnos que han reconocido en sede judicial no haber hecho nada para lograr la titulación, de cara a preservar el prestigio de las titulaciones.

Sin citarlos, Ramos ha aludido al compañero de promoción de Cifuentes, Álvaro Morente y María Dolores Cancio, que hizo el máster en la misma promoción del presidente nacional del PP, Pablo Casado. Ambos manifestaron el pasado verano ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 que no hicieron nada de cara a obtener el máster. 

El rector de la URJC también ha asegurado que el cadetrático y exdirector del IDP, Enrique Álvarez Conde, le engañó cuando le dijo que disponía de ese documento suscrito en 2012 cuando luego una docente que figura en el acta, Alicia López de los Mozos, declaró ante la Inspección de la URJC que su firma era falsa. "A mí quien me engaña y por eso el 5 de abril me persono en Fiscalía es Álvarez Conde", ha relatado Ramos para insistir en que, en un primer momento y dado que era una persona de prestigio reconocido, creyó las explicaciones iniciales del catedrático, quien aseveraba que en julio de 2012 tuvo lugar la defensa del trabajo de Cifuentes. 

El máster de Cifuentes y la presunta falsificación documental

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid en relación al polémico caso Máster y relatar que la mañana del mismo día 21 de marzo, cuando saltó la información de posibles irregularidades en los estudios de Cifuentes, el catedrático Enrique Álvarez Conde aseguró –al aparecer como responsable del TFM– que tenía ese documento en su despacho del campus de Vicálvaro. Javier Ramos también ha aseverado que realizó esa polémica rueda de prensa del 21 de marzo, donde se aludió a un error administrativo sobre el expediente de Cifuentes, al entender que se tenía que "dar la cara" por los estudiantes y el "buen nombre" de la URJC.

En este sentido, ha negado cualquier presión por parte del Ejecutivo regional para realizar esa comparecencia que tuvo lugar a las 13 horas del día 21 de marzo de 2018. "Nuestros 51.000 estudiantes merecían una explicación, si no la daba la presidenta, la daba yo", ha manifestado Ramos, quien ha rememorado que esa mañana se cuestionaba el cambio de dos calificaciones de la expresidenta. Respecto a la premura sobre esa comparecencia, Ramos ha comentado que ya pidió disculpas a la comunidad universitaria por ello.

Sobre el día 21 de marzo, fecha en la que eldiario.es publica la primera información sobre el asunto, Ramos ha señalado que ya conocía a última hora del día anterior que se iba a publicar esa información y que llegó a las 8.30 horas. Allí estaba ya la exasesora María Teresa Feito, a quien saludó y le comentó que había quedado antes con un vicerrector de postgrado, algo que luego éste en sede judicial negó. Sobre Feito, ha señalado que en una reunión de su equipo más cercano, con varios vicerrectores, se la deja acceder durante unos cinco y diez minutos, y donde ella señaló que la polémica no afectaba a la universidad sino a un "rifirrafe contra la presidenta".

Luego, entre la 10 y las 11 horas conversó con el consejero de Educación, Rafael van Grieken, que se interesó por el caso y sobre mediodía también habló con la jefa de Gabinete de Cifuentes, a quien le comunicó que iba a ofrecer una rueda de prensa sobre las presuntas irregularidades. En esa mañana ya dispone de la documentación digitalizada que había en el archivo central de la universidad y también se cita a la funcionaria mencionada en la información, Amalia Calonge, y a Álvarez Conde, pues figuraba como responsable del TFM de Cifuentes.

El rector ha sido "muy franco" y ha comentado que esa mañana tenía una buena opinión del catedrático por su prestigio académico y aseguró de forma pública, ante varios vicerrectores, que esa defensa del trabajo fin de máster de Cifuentes se había producido. También dijo que disponía del acta y le solicitó, por tanto, que firmara por escrito esta versión. Cuando recibió el acta, ya por la tarde, se la remitió a la secretaria que a su vez la envió a la secretaría de la Consejería de Educación, pues Van Grieken le trasladó tras la rueda de prensa del 21 de marzo el interés por disponer de la documentación aludida en la comparecencia.

Aparte y pese a la remisión de este documento, Ramos decidió abrir una información reservada para esclarecer todo lo concerniente a este asunto que aludía a posibles irregularidades, como el caso del cambio de calificaciones de Calonge sin seguir el procedimiento pautado. Luego, como ha reseñado, la docente López de los Mozos señaló que su firma había sido falsificada en el acta, por lo que el 5 de abril acudió al Ministerio Público para que la Justicia esclareciera si había responsabilidad penal.

Sobre el máster de Casado: la URJC respeta la sentencia del Supremo

Respecto al caso del máster de Casado y preguntado sobre si piensa que hubo irregularidades, el rector ha dicho que la institución es rigurosa y acepta la sentencia marcada por el Supremo, que se pronunció en contra de investigarle de su máster en este centro. De la exministra Carmen Montón, Ramos ha señalado que hubo un cambio de actas y se certificó que fue legal. También ha asegurado que un caso, como el que afecta a la expresidenta regional, no podría pasar ahora, dado que se han revisado los procedimientos, como un sistema antiplagio para trabajos de fin de máster y grado, un procedimiento de doble verificación (similar al que tienen las entidades bancarias) para evitar posibles fraudes en las firmas de acta.

A su vez, se ha modificado el reglamento de inspección de la universidad, se va a lanzar un nuevo código ético, se trabaja en una oficina de Transparencia y Buen Gobierno y habrá también un nuevo reglamento de centros o institutos adscritos. Además, se ha encargado una auditoría de procedimientos de matriculación, que ya está dando resultados, para aplicar cambios que permitan detectar "si hay algún tramposo, como pasa en los partidos políticos, se detecte de manera temprana".

Por otro lado, Ramos ha apuntado que la auditoría forense encargada sobre las cuentas del Instituto de Derecho Público, ya extinto, y cuyas conclusiones estarán previsiblemente listas en abril. Precisamente, la URJC denunció por malversación a Álvarez Conde durante su etapa al frente del IDP.

Así consta en el escrito de acusación de la universidad en el que detalla las penas a pedir para los acusados en la causa investigada por la juez Carmen Rodríguez Medel. A finales de noviembre, la magistrada dio por concluida la instrucción y dictó el auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento. Este auto suponía el paso previo al juicio. Además de a Cifuentes, se pide esta misma pena para el catedrático y exdirector del polémico máster de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde; para la profesora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado; y para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito.

La universidad, que ejerce la acusación particular, expone que "procede imponer a cada uno de los acusados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 390 del Código Penal, una pena de cuatro años de prisión, multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como inhabilitación especial por tiempo de seis años para ejercer cualquier empleo o cargo público.

El relato de los hechos 

En el relato de los hechos, el escrito detalla que cuando se publicó la exclusiva sobre su falso máster, el pasado 21 de marzo, la exdirigente madrileña "dio instrucciones expresas a Feito para que ocultara dicha ausencia de mérito académico y con el fin de evitarle perjuicios a la primera, Feito instó a Álvarez Conde que creara - o diera instrucciones para crear - la documentación necesaria que justificara que había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para obtener del título, incluida la defensa del trabajo fin de máster".

"Cifuentes era en aquel momento presidenta de la Comunidad de Madrid, Feito era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria y Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos", recalca en el texto el letrado que dirige la acusación de la URJC. Con intención de ocultar "las irregularidades" en el máster de Cifuentes, "Álvarez Conde se puso en contacto telefónico

con Cecilia Rosado Villaverde, que había sido una de sus discípulas y trabajaba como personal laboral en la universidad, indicándole que procediera a elaborar ese mismo día un acta falsa de defensa del trabajo fin de máster".

Agrega que "Cecilia lo realizó mediante la invención de la fecha, título del trabajo y composición del tribunal, remitiéndola por correo electrónico al rector" Javier Ramos, en nombre de Enrique para así crear apariencia de "verosimilitud" en dicho documento. El mismo 21 de marzo, añade el escrito, para "la elaboración fraudulenta del acta del TFM" con la que Cifuentes pretendía simular "la existencia de la defensa del trabajo ante un tribunal público el día 2 de julio de 2012", la profesora Cecilia Rosado "simuló en la misma las firmas de Alicia López de los Mozos y Clara Souto Galván, con las que había hablado por teléfono ese día a los efectos de llegar a un acuerdo respecto a los trámites a realizar en la falsificación del acta".

Sigue detallando el escrito que "López de los Mozos -a quien se levantó la imputación- era en aquel momento funcionaria de la URJC y Souto, personal laboral de la URJC. "Durante el transcurso del día 21 de marzo de 2018, Feito llamó a Cecilia insistentemente con esta finalidad de elaboración de acta falsa y también para que redactara el trabajo en sí, a lo que doña Cecilia se negó, instándole entonces doña Teresa a que le facilitara la bibliografía necesaria para hacerlo por otros medios".

"Teresa anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades. La acusada Cristina Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma, constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2.012 y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa por tanto, no fue ", concluye el relato. La URJC entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de falsificación de documento público previsto en el artículo 390.1.1º, 2º, 3º y 4º del Código Penal, siendo los acusados responsables en concepto de autor.

La exministra de Sanidad Carmen Montón se declara "contenta" y "satisfecha" tras el archivo de la causa que se abrió contra ella por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación en relación con el máster en Estudios Interdisciplinares de Género que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Estoy contenta de que todo haya terminado y de que se confirmen las explicaciones que di", ha indicado Montón, quien dimitió en septiembre por este asunto. Informa Europa Press.

En declaraciones a las puertas del Congreso, la socialista ha recalcado que la Justicia ha determinado lo que ella sostuvo "desde el primer momento", es decir, que no cometió ninguna irregularidad, ni ningún delito y que no hubo ningún trato de favor hacia su persona. "No sólo la jueza en su auto, que es lo más importante, sino que tanto la fiscalía como la propia universidad corroboran las explicaciones que di", ha aseverado Montón.

La exministra ha remarcado que siempre quiso explicarse "de manera honesta y transparente" y que dimitió para no influir en la acción del Gobierno, renunciando también al aforamiento que tenía por ser ministra para "ser tratada como cualquier ciudadano normal y corriente" ante la Justicia "ordinaria". "Hoy, que todo ha terminado, la verdad es que estoy ciertamente satisfecha. Hoy para mí es un buen día", ha confesado Montón, quien, no obstante, ha rehusado especificar si cree que a los políticos se les pide la dimisión con mucha premura y si se debe acordar en qué momento deben dejar sus cargos cuando surgen sospechas sobre su actuación.

Montón diferencia su caso del de otros

"Cada uno tiene que poner el listón en un nivel, cada uno tiene que marcar la diferencia y en mi caso creo que se marcó", ha dicho, volviendo a remarcar, aunque sin citarla expresamente, las diferencias entre su actitud y la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, quien precisamente este miércoles ha sido imputada por un presunto delito de falsedad documental en relación con el máster que dijo haber cursado también en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Dimití, renuncié al aforamiento, ofrecí todas las explicaciones desde el primer minuto, la propia universidad ha pedido que se archive el caso, no encuentra tampoco ningún indicio de irregularidad y acredita la existencia de actividad académica. Por tanto, digan ustedes si es lo mismo", ha zanjado.

La negativa del Tribunal Supremo a abrir causa contra Pablo Casado por el máster que obtuvo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha derivado finalmente, casi dos meses más tarde, en el archivo de las pesquisas abiertas en un juzgado de Madrid y por hechos casi idénticos contra Carmen Montón, quien dimitió en septiembre tras su efímera estancia en el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La jueza que el día 21 de ese mes decidió investigar a Montón y que este miércoles acaba de dictar el archivo provisional de las actuaciones contra la exministra es la misma que había pedido al Supremo la imputación de Pablo Casado, que goza de aforamiento ante el alto tribunal por su condición de diputado. Titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel solicitó a la URJC diversos documentos sobre el máster sobre Estudios Interdisciplinares de Género cuya titulación obtuvo la exministra de Sanidad en el curso 2010-2011. El objetivo de aquel requerimiento era decidir a la vista de los documentos sobre el futuro de esas diligencias.

El auto de Rodríguez-Medel, muy escueto, se limita a dejar constancia en su único fundamento de derecho lo siguiente: "Habiendo informado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en el sentido de interesar el sobreseimiento al no quedar debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna, en base al principio acusatorio procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones de conformidad con lo establecido en el art. 779.1 en relación con el art. 641, 1º de la LECrim".

Como ya publicó este periódico basándose en el análisis de fuentes conocedoras del caso, el carpetazo del Supremo a investigar al líder del PP –carpetazo acordado pese a admitir que todo apunta a que recibió un "trato de favor"–  se saldó primero con el archivo de las diligencias que afectaban a otros alumnos en las mismas circunstancias que Casado e investigados por prevaricación y cohecho. Y auguró desde el primer momento que también la exministra de Sanidad saldría ilesa de la investigación emprendida por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tras recibir una denuncia anónima. Los únicos que quedan imputados, pero por falsedad documental, son la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y los miembros de la URJC involucrados en la supuesta falsificación del acta sobre la defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Montón dimitió como ministra el 11 de septiembre. Dos días antes, eldiario.es había publicado que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se benefició de un trato de favor para la obtención de un posgrado impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por prevaricación y cohecho impropio: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.

La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local –el que logró Pablo Casado– sino el ya mencionado sobre Estudios Interdisciplinares de Género.

El Supremo rechazó la solicitud de imputación de Casado, cursada por la jueza en lo que se conoce como una exposición razonada, pese a reconocer la existencia de indicios de "trato de favor". El auto que salvó al líder del PP lo presentaba como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según la resolución judicial, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.

La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto de la juez Carmen Rodríguez Medel que archivó la parte del caso máster relativa a los delitos de prevaricación y cohecho impropio, exonerando a un total de diecinueve personas, informa Europa Press.

Hace una semana, la juez de Instrucción número 51 de Madrid acordó mantener en la investigación solo el asunto sobre si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

En cambio, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) anunció hace unos días que sí impugnará el fallo al estar en contra de la interpretación de la jueza del auto del Tribunal Supremo que daba carpetazo a la petición de investigar a Pablo Casado.

Mantenía así como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela, todos ellos por el delito de falsedad documental.

En el auto, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Por ello, la jueza se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Para Rodríguez Medel, acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.

El sobresiemiento de la causa afecta a 19 personas: no sólo a los compañeros de Cifuentes y Casado que estaban siendo investigados sino también a otros profesores como Pablo Chico, Susana Galera, Amalia Calonge, Clara Souto o Laura Nuño, o el propio exrector Fernando Suárez.

La Universidad Rey Juan Carlos recurrirá el sobreseimiento provisional del auto en el que la jueza conservadora Carmen Rodríguez Medel archivaba el caso en lo relativo al delito de prevaricación y cohecho impropio manteniendo la investigación por si hubo falsificación en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, informa Europa Press.

Fuentes de la universidad han confirmado que presentará el recurso al no compartir "los criterios establecidos en dicha resolución, relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018, que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa".

No obstante, la universidad ha querido mostrar su "máximo" respeto a las decisiones judiciales, si bien se muestra disconforme con los argumentos esgrimidos por la instructora en su resolución.

En el auto dictado el pasado 1 de octubre, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP, Pablo Casado, son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".

Por ello, se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos, no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Para Rodríguez Medel, acreditar indiciarialmente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.

Primero fueron los plagios del antiguo rector Fernando Suárez; después, las contrataciones fraudulentas de profesores y, más tarde, "el falso máster de Cristina Cifuentes, el máster cursado con privilegios de Pablo Casado" y el posgrado "cursado con privilegios y plagiando el TFM de Carmen Montón". Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) están hartos del desprestigio de su universidad y, sobre todo, de sus títulos. Por eso este jueves dijeron basta y convocaron una huelga que comenzó con encierros en los campus de Fuenlabrada y Aranjuez durante la noche del miércoles. La jornada de paro fue convocada por siete asociaciones de estudiantes del centro agrupadas bajo la denominación URJCrítica. El lema es el mismo que ya usaron en las movilizaciones que protagonizaron cuando saltó el escándalo del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Fuera la mafia de la universidad".

Según informaron los estudiantes a infoLibre, el seguimiento de la huelga fue mayoritario. "En el campus de Fuenlabrada la asistencia a clase ha estado entre el 10 y 15%. En Vicálvaro, como mucho ha ido a clase un 20% de los alumnos", afirman fuentes de Res Pública, una de las asociaciones. 

Esta, junto a las demás, llama al paro ante la "pérdida de prestigio" de la universidad por el escándalo del caso máster en el que la Justicia mira con lupa las presuntas anomalías detectadas en los cursos de postgrados dirigidos por el catedrático Enrique Álvarez Conde en el Instituto de Derecho Público. "Son nuestros títulos los que son desprestigiados por la corrupción y nepotismo de los altos cargos de la URJC, y por ello nosotras y nosotros, que luchamos día a día por sacar nuestros estudios adelante, nos vemos en la obligación de defenderlos y dejar constancia del esfuerzo que en ellos depositamos", critican los estudiantes. Por eso, tienen claras sus exigencias: el inicio de una investigación externa a la universidad, la "limpieza completa" de la misma, la regeneración de sus órganos de gobierno y la dimisión del rector, Javier Ramos.

Ramos, de hecho, ha sido el foco de las protestas estudiantiles de la URJC de los últimos meses. "Nunca quiso hacer una verdadera limpieza de la institución. Nunca asumió que el problema de la URJC era estructural y no de 'manzanas podridas', pues entonces tendría que asumir su servidumbre y la de su equipo a estos sectores de la universidad hasta llegar a rector", critican los estudiantes en su manifiesto de convocatoria.

El propio Ramos les pidió perdón este miércoles por esos problemas "del pasado". Pero insistió en la idea que critican los estudiantes: esos conflictos estuvieron "focalizados en uno o dos caraduras". Aun con sus disculpas, criticó la huelga. "No creo que sea lo mejor para la comunidad universitaria. Mi intención es recuperar el prestigio que nunca debió perder la Universidad", dijo en declaraciones a la Cadena Ser, donde también negó cualquier vínculo político. "Mi obligación, como rector de la URJC, es defender el servicio público que damos, yo no tengo ninguna obligación en defender a ningún responsable político", afirmó.

Manifestación en el campus de Vicálvaro

Los estudiantes del campus de Vicálvaro de la URJC comenzaron pasadas las 10.30 horas a asentarse en la plaza Cervantes, donde se sitúa el aulario universitario, para asistir a todo lo que ocurra durante la jornada de huelga. El resto del campus está vacío, según informó Europa Press. Mónica, Fátima y Catalina están sentadas justo debajo de la estatua de Cervantes. Son estudiantes del Grado de Administración y Dirección de Empresas. Hoy quieren defender sus derechos. "No todos somos iguales y no tenemos la culpa de lo que está pasando", afirmó Mónica en declaraciones a la agencia. 

Por otro lado, algunos estudiantes han utilizado las redes sociales para manifestarse a favor de la universidad y bajo en el hashtag #YoSoyURJC han grabado vídeos y editado textos a favor de la institución y de su funcionamiento.

La juez de Instrucción número 51 de Madrid ha abierto diligencias de investigación en relación con el máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) por una denuncia presentada contra la exministra de Sanidad Carmen Montón por los presuntos delitos de cohecho impropio y prevaricación.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la juez Carmen Rodríguez Medel acuerda incoar diligencias previas y pide a la universidad documentación sobre los estudios de postgrado de la exministra socialista.

En concreto, la instructora pide a la universidad la identidad del director del Instituto de Derecho Público en el curso académico 2010-2011, así como la directora del máster.

La Justicia investiga a Álvarez Conde por este caso y en el asunto de las presuntas irregularidades destapadas en el falso máster que realizó en 2012 la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. La juez Carmen Rodríguez Medel le investiga por delitos de prevaricación y falsedad documental, considerándole 'el urdidor' del sistema montado en el instituto para dar trato de favor a "un grupo escogido" de alumnos, entre ellos también el presidente del PP, Pablo Casado. En las tres ocasiones que ha acudido a prestar declaración se ha acogido a su derecho a no declarar.

En un informe policial aportado a la causa, que hoy ha adelantado la Cadena Ser, la Policía concluye que es "llamativo que personas de las que no consta en la URJC que tengan vinculación con el Instituto de Derecho Público, reciban transferencias de dinero de las cuentas de dicho Instituto, no constando en ninguna de ellas ningún tipo de concepto justificativo de la misma".

La información sale a raíz de la declaración en sede policial del delegado del rector, quien detectó anomalías en los movimientos de la cuenta del instituto cuando el 4 de mayo de 2018 acudió a la sucursal bancaria de la cuenta para hacerse cargo de la misma. Entonces el director informó de "la gran cantidad de movimientos, especialmente desde 2017", así como "muchos gastos efectuados con la tarjeta de crédito". En concreto, habló de una transferencia de 100.000 euros a un banco italiano en el que el instituto tiene abiertas dos cuentas corrientes.

Tras quedar "alarmado" por esta información, el delegado puso todo ello a conocimiento del rector de la universidad, Javier Ramos. Ante estos hechos, pusieron una denuncia ante los juzgados de plaza de Castilla.

Según el informe, Conde hizo transferencias a sus hijos que suman 27.750 euros, mientras que hizo otras de 20.000 euros en el caso de su yerno y el hermano de éste. Todos estos pagos, según el delegado del rector, "no estaban justificados". Con este informe, la Policía informa que "va a proceder a la toma de nuevas declaraciones" para averiguar el motivo de esos movimientos de dinero.

Lo primero que me digo es que, bueno, ellos, las personas con las que hablaba, no son políticos ni tienen cargos públicos. Ya está. Respiremos. Pero no es tan sencillo. A lo mejor son profesores de Educación Primaria. Dónde empieza a dar igual que uno ponga que de aquel curso que comenzó nunca entregó el trabajo final pero brilla como formación académica en el currículum. Recuerdo cómo, pagando 80 euros en una plataforma educativa, conseguías sin grandes esfuerzos puntos fáciles (que no baratos) para las oposiciones a profesor de Secundaria en los institutos. Compra-venta de mejores opciones. La ejemplaridad, que no es más que la capacidad de dar ejemplo, de servir de ejemplo, dónde debe comenzar. Hemos asumido que la pícara costumbre de no ser fieles a la realidad ni con nuestra propia biografía es lo normal hasta en las más altas instancias. Empiezo a verlo más claro: la ejemplaridad comienza con el primer mordisco a la manzana.

Este debate público que nos ocupa ahora diariamente me interesa y me aparta y no va a terminar rápido. Mientras miramos boletines de notas, algo más está pasando adentro. ¿Acaso no sospechábamos ya que no fueron los primeros de la clase? ¿Que no están ahí precisamente por ser el ejemplar perfecto? Que necesitaron, para justificar su arribo a nuestras cortes, algo más que refrendara la toma de decisiones correctas en el momento adecuado o que se cobijaran bajo las sombras pertinentes. Que trabaron posteriormente su aterrizaje en los cargos. Tengo la sensación de que, picando la fachada, estamos viendo la ruina del edificio que ya intuíamos. Un edificio que fue pintado sin hacer nada por la podredumbre de sus estructuras. Y no hablo de la universidad.

Me asombra también que ninguno de los políticos que han dimitido en los últimos tiempos, sea cual sea su razón, haya pedido perdón a los ciudadanos. Me asombra y me preocupa. Máximo “algunas irregularidades” de las que se lavan las manos. Esos latentes “todo el mundo lo hacía” soltados como excusa adolescente que nos van anestesiando poco a poco. A día de hoy, nadie nos ha mirado de frente para decirnos: estos casos no deben romper vuestra confianza en la universidad, la educación no es un negocio, aquí no hay trueque de intereses. Confiad en que nosotros somos casos aislados, ¿lo son?

Ninguno de estos políticos ha puesto el punto de mira en los esfuerzos que profesores y estudiantes han hecho durante la crisis para mantener el prestigio de sus titulaciones. Ninguno ha pedido intolerancia total ante estas prácticas. Nadie habla de las precarias plantillas docentes e investigadoras. No se habla del desprestigio que están sufriendo las Ciencias Sociales gracias a los nombres y apellidos que abrazaron el trato de favor. Nadie cuenta que, en la Universidad, a veces, no tienen ni papel para repartir en los exámenes. Quienes hemos hecho algún máster con afán de especializarnos, sabemos que puede ser un grado exigente y cualificado que fomenta el esfuerzo, el sentido crítico y el compromiso con la investigación. Pero queda claro que no todos fueron así. Esto va para largo.

No deseo que ningún político venga a darme lecciones de honestidad, esas ya me las dieron mi madre y mi padre mordiendo su manzana. Vivimos un momento donde la moralidad social y la ética política no forman solo parte de la vida privada, son la demanda de una sociedad cansada de soportar rupturas de confianza, ahogada de leer corruptelas. Cómo defender una educación pública de acceso universal si hay una abisal diferencia entre la doctrina que defendemos y nuestro ejemplo.

Si escuchamos las voces más dignas de la comunidad universitaria deberíamos empezar a ocuparnos mucho más de lo importante. De la mercantilización de la universidad. De esa titulitis alentada por el modelo Bolonia en la que no se da valor a lo que se aprende sino a los títulos acumulados (y pagados). De unas estructuras universitarias en las que se imponen la endogamia, el nepotismo, los amiguismos… Donde el tribunal de una tesis doctoral se elige entre el director o directora de la tesis y el propio doctorando, con la connivencia habitualmente unánime del departamento respectivo ("hoy por ti, mañana por mí"). Donde cuesta mucho encontrar tesis doctorales no calificadas con sobresaliente cum laude. Donde los controles de calidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) se limitan al rellenado de impresos casi automático, sin filtros eficaces que detecten irregularidades tan clamorosas y duraderas como las protagonizadas por ese siniestro Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. Habrá más chiringuitos como el de Álvarez Conde en universidades públicas. Pero se trata, antes que nada, de negocios, así que vayamos haciéndonos una idea de los chiringuitos que funcionan en las universidades privadas.

Algo tan básico parece que a más de uno se le olvidó por el camino. Simplemente buscaron engordar el currículum y nada más. A muchos el mundo académico nos sigue atrayendo porque formarte y formar a otros es la mejor de las experiencias. Impartir clases a futuros periodistas en mi caso es la mejor forma de volver a recordarme a mí misma por qué quise dedicarme a esto. Siempre digo que cuando entro en el aula me reconcilio mucho con esta profesión porque los alumnos suponen el mejor de los retos, cuestionan planteamientos, proponen nuevos razonamientos, te hacen pensar. Y con mucha pena he tenido que renunciar a poder hacer un doctorado porque simplemente no tenía el tiempo necesario para poder completarlo. Con un informativo diario me es imposible acudir a las clases y poder hacer los trabajos e investigaciones necesarias. No he podido y es la espinita clavada que tengo. Pero fui honesta conmigo misma y admití que tenía que elegir. Lo que puedo ofrecer a los alumnos es mi experiencia y el conocimiento adquirido durante más de 20 años de profesión. Hacer el doctorado tendrá por tanto que esperar. Y me sorprenden mucho todos aquellos que con una carrera profesional en activo decidieran apuntarse a un máster que les requería muchas horas presenciales. Supongo que creyeron que podían hacerlo.

Con los nuevos planes de Bolonia, a nuestros universitarios se les obligó a que, sí o sí, tras la carrera tenían que cursar un máster y quizás asumimos demasiado rápido que con un curso de un año era suficiente para equipararnos a Europa. Se inventaron máster y títulos de todo tipo, unos para profesionalizarse, otros para investigar pero casi siempre con un coste altísimo, postgrados carísimos que daban títulos sobre mil materias diferentes sin quizás exigir lo más mínimo: que ese curso sirviera para lograr la excelencia. Y muchos se hipotecaron para poder acceder a esa formación superior: durante unos años, recuerden, quien tenía un máster lograba mejores puestos de trabajo. Pero aquí también hubo trampas, lo hemos sabido ahora. No todos eran los mejores, no todos habían adquirido ni mejores conocimientos ni mejores capacidades.

El otro día escuchaba a un alumno de la Universidad Rey Juan Carlos decir que cada vez que comentaba dónde estudiaba recibía sonrisas irónicas y burlas sobre si le estaban regalando el título. Un alumno que había pedido a sus padres hacer el esfuerzo de irse a Madrid, apuntarse en una universidad, pagar una matrícula, buscar un piso en el que alojarse y dedicar 4, 5 ó 6 años de su vida a ese proyecto. A ellos les han robado la oportunidad de sentirse orgullosos de lo que estaban haciendo. Ahora han comprobado que la exigencia no fue igual para todos.

La universidad no puede ser un espacio en el que unos privilegiados consiguen títulos y otros piden créditos para poder seguir estudiando. Eso supondría crear un círculo vicioso del que no se podrá salir nunca, ni siquiera formándote y estudiando. Desde luego no podemos tolerar que la indecencia de unos pocos que creyeron que la universidad era su propio chiringuito empañe el esfuerzo y el trabajo de otros muchos que se dejan horas y vidas enteras en lograr formar al mejor talento de este país.

La renuncia de Montón, que la ministra argumentó como una forma de no perjudicar al Ejecutivo, tuvo lugar apenas tres horas después de que el presidente del Gobierno le mostrase su respaldo anunciando que estaba haciendo un magnífico trabajo y que lo iba a seguir haciendo. Justo cuando Sánchez creía tener la crisis bajo control, laSexta dio a conocer que el trabajo de fin de máster de la ministra, y que ella se había resistido a compartir con los periodistas, está “lleno de párrafos coincidentes con otros trabajos: textos idénticos que aparecen en al menos 19 de las 52 páginas. Son párrafos sacados de tesis doctorales, de autoras a las que Montón no cita e incluso de la Wikipedia”.

LaSexta asegura que fuentes próximas a la ministra reconocieron que “los textos idénticos están mal referenciados y mal citados”, aunque argumentaron que no era plagio y que “las conclusiones finales iban incluso en la línea contraria” de los textos no citados.

A los pocos minutos de difundir que la ministra presentó un trabajo lleno de plagios, fuentes del Gobierno confirmaron que Carmen Montón había decidido presentar la dimisión. Lo anunció pasadas las nueve de la noche en una rueda de prensa convocada en la sede del ministerio donde la víspera había defendido su inocencia y su intención de no renunciar al cargo.

El respaldo que le había brindado Pedro Sánchez este martes en los pasillos del Senado en una calculada declaración en la que anunciaba su continuidad al frente del Ministerio de Sanidad trataba de zanjar el runrún que había empezado a emerger de las filas del PSOE pidiendo su renuncia como la única manera de evitar que su situación contaminase al conjunto del Gobierno.

La ministra de Sanidad era una pieza clave del gabinete de Sánchez. No sólo por ser una mujer de partido —milita en las filas socialistas desde que tenía 16 años— y haber brindado su apoyo al hoy presidente cuando éste vivía sus horas más bajas en el seno del PSOE sino porque desde su departamento lideraba hasta este martes algunas de las políticas centrales del proyecto dirigido por Sánchez, como son la sanidad y la política social. Como consellera del Gobierno valenciano ya destacó por su compromiso con la sanidad pública.

Esa era, según todas las fuentes consultadas, la principal razón por la que Sánchez había decidido ignorar las informaciones que hasta la tarde del martes habían destapado irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos que la ministra consiguió en 2011, cuando era portavoz de igualdad del PSOE en el Congreso, a pesar de que no asistió a ninguna clase al menos en la mitad de las asignaturas, lo que no le impidió culminarlo con una nota media de 8,43.

Al dejarla caer, nada más conocer que su trabajo de fin de máster está repleto de textos copiados de otros autores, Sánchez se ha anotado la segunda dimisión en el Gobierno en sólo tres meses: la primera la protagonizó, a los pocos días de tomar posesión, el entonces titular de Cultura, el periodista Màxim Huerta, que se vio obligado a abandonar el cargo tras conocerse que había sido multado por fraude fiscal.

Con todo, el respaldo de Sánchez a la ministra se había expresado en términos muy precisos, pensados para comprometerle lo menos posible. “Carmen Montón”, había dicho, “está haciendo un trabajo extraordinario como ministra de Sanidad (…). Lo que está haciendo durante estos últimos meses es lo que se le pidió: revertir los recortes en la sanidad pública. Y por tanto lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo”.

Desde que Eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre este asunto Carmen Montón tuvo que defenderse en absoluta soledad. Ningún dirigente del PSOE, así como ningún miembro del Gobierno, hizo declaraciones públicas respaldándola. Hasta este martes, cuando, de manera coordinada, tanto la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, como el secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, salieron a defenderla ante los periodistas, coincidiendo con las primeras informaciones que señalaban cómo se iban extendiendo en el PSOE las opiniones favorables a la dimisión de la ministra. Sobre todo después de que la propia universidad, a través de un comunicado, confirmase que al menos una de las notas de las asignaturas del máster de Montón fue modificada fuera de plazo para transformarla de suspenso en aprobado, algo que la propia ministra no fue capaz de explicar en una entrevista concedida a la Cadena SER.

No perjudicar al Gobierno

La sensación en las filas del PSOE era que Montón no hizo nada ilegal, más allá de beneficiarse de un máster con exigencias muy “laxas”, pero también era prácticamente unánime la opinión de que su continuidad sólo podía perjudicar al Gobierno.

La dimisión eleva de nuevo la exigencia ética con la que llegó al Gobierno Pedro Sánchez y vuelve a poner el foco en el presidente del PP, Pablo Casado, afectado también por un máster de la Universidad Rey Juan Carlos y, en su caso, pendiente de que el Tribunal Supremo decida imputarle o no dos delitos de prevaricación y cohecho.

Las palabras de apoyo que Montón recibió antes de dimitir fueron muy matizadas. Lastra anunció a los medios la comparecencia de la ministra en el Congreso, con la que buscaban ganar tiempo y ver cómo evolucionaban las informaciones que en ese momento ensombrecían el máster que adorna el currículum de Carmen Montón. También Ábalos se había limitado a elogiar las explicaciones que la ministra estaba dando y a intentar distinguir su caso del de Pablo Casado, sin asegurar explícitamente que no debía dimitir.

En línea con este planteamiento, la afectada intentó volver a dar explicaciones en el programa radiofónico Hoy por Hoy y pidió comparecer en el Congreso de los Diputados. Allí, tal y como le pidieron la vicepresidenta Carmen Calvo y el propio Sánchez, quería volver a explicarse. La comparencia ya no tendrá lugar.

Su situación estaba siendo aprovechada por Ciudadanos, que ya había pedido que acudiese a la Cámara alta para poder preguntarle directamente y anunció que impulsará una comisión de investigación sobre la Rey Juan Carlos en la Asamblea de Madrid. Lo ocurrido también motivó declaraciones muy críticas por parte de Podemos y PNV. Estas dos formaciones, sin embargo, habían evitado pedir la dimisión de la ministra a la espera de oír sus explicaciones.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se mostró “preocupado” y apesadumbrado por la dimisión de la ministra, a quien considera “una defensora de la sanidad pública muy competente”.

La nueva ministra de Sanidad

El lugar de Montón en el Gobierno será ocupado por María Luisa Carcedo Roces, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil.

Nacida en Asturias, en 1953, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Desarrolló actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en Sotrondio y en el Centro de Salud de El Natahoyo de Gijón.

Entre 1984 y 1991, Carcedo asumió responsabilidades de gestión en el ámbito regional asturiano, primero como directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón, del Insalud y, posteriormente, como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias. Fue diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.

Ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias. Fue diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias en la VIII y X legislaturas, y senadora por designación de la Junta General del Principado de Asturias entre 2015 y 2018. También fue presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios entre 2008 y 2011.

Desde el 21 de junio era alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo. Su nombramiento saldrá publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

No quedaba ya más salida que la renuncia, aunque llegara incluso demasiado tarde:

1.- Porque lo más relevante no era si Montón cometió alguna irregularidad, sino si se vio beneficiada por las irregularidades cometidas en ese chiringuito expendedor de títulos llamado Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.

2.- Porque estaban ya documentadas y confirmadas las principales irregularidades desveladas sobre el caso por eldiario.es: que Montón no asistió a las clases de la mitad de las asignaturas de un máster que oficialmente era de “modalidad presencial”; que no hay constancia alguna de los trabajos que habría realizado a distancia para superar esas seis materias; que presentó el Trabajo Fin de Máster pese a no tener en aquella fecha aprobadas todas las asignaturas, y que alguien entró en el sistema informático de la Universidad meses después de finalizar el máster para modificar alguna de las actas del expediente de Montón, como ha constatado la Inspección de la URJC.

3.- Porque la propia Carmen Montón había manifestado reiteradamente que se matriculó en el máster de Estudios Interdisciplinares de Género “para aprender” sobre la materia, ya que era portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad. Si las circunstancias personales o las obligaciones laborales le impiden a alguien cumplir las exigencias de un máster universitario, lo correcto (incluso lo inevitable) para cualquier estudiante “normal” es renunciar a hacerlo.

4.-  Porque escudarse en que sólo hizo lo que “se le pidió”, utilizando exactamente el mismo argumento que en su día usaron Cristina Cifuentes y Pablo Casado para disfrazar el incumplimiento de trámites inexcusables como el de “entregar la justificación correspondiente” de que están aprobadas todas las asignaturas antes de presentar el Trabajo Fin de Master, suponía aducir la supuesta ignorancia como eximente de responsabilidad. Algo que no es de recibo para ningún particular, menos aún para un servidor público.

5.- Porque más allá de las diferencias que haya (y las hay) entre los casos de Cristina Cifuentes, de Pablo Casado y de Carmen Montón, lo trascendente desde el punto de vista político era la diferencia a la hora de asumir responsabilidades. Fue indecente que Cifuentes cayera como presidenta de Madrid no por las mentiras sobre su máster sino por una antigua grabación en la que aparecía hurtando un par de cremas. Es insultante que Pablo Casado pretenda instalar que su currículum universitario es intachable cuando el cúmulo de irregularidades lo ha colocado a las puertas del Tribunal Supremo. Y era descabellado que el Gobierno y el PSOE renunciasen a los baremos de exigencia ética que plantearon para Cifuentes y para Casado con el único fin de proteger a su ministra. Que Pedro Sánchez se lanzara hace unas horas a elogiar el "extraordinario trabajo" de Montón al frente del ministerio de Sanidad y anunciara su continuidad era una huida hacia adelante que llevaba a ninguna parte. Porque nadie estaba discutiendo la gestión de Montón durante estos meses en el ministerio, sino su acción y reacción al cursar un máster repleto de irregularidades e indicios de favoritismo.

6.- Porque se trataba de ética y de credibilidad. Y no deberían haber olvidado, ni Pedro Sánchez ni Carmen Montón, que lo que hizo triunfar la moción de censura que sacó al PP del Gobierno fue la imperiosa necesidad de regeneración política que sirvió de pegamento a intereses de partidos distintos y distantes tras una sentencia de la Gürtel que constataba un “auténtico sistema de corrupción institucional”. Salvando las siderales distancias entre un latrocinio sistemático y unos comportamientos individuales censurables, lo que desgasta a un gobierno de izquierdas no es el cese de un Máxim Huerta o una Carmen Montón sino volver a la contradicción clamorosa entre lo que se proclama y lo que se practica. 

P.D. Sin restar un ápice de importancia al escándalo de los másteres (ni a ese broche grotesco del TFM plagiado), había un motivo más para que la ministra Montón dejara de serlo rápidamente: este país tiene por delante y con urgencia demasiados retos e incertidumbres (Cataluña, presupuestos, sostenibilidad de las pensiones, precariedad del empleo…) como para concentrar la mayor atención en unas prácticas nepotistas que deberían sonrojarnos como ciudadanos. Y que agreden a la dignidad de la universidad pública.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, anunció este martes al filo de las 21.30 su dimisión por el escándalo de su máster. Montón, que compareció en torno a las 21.20 en el Ministerio de Sanidad, ha tomado la decisión tras publicar La Sexta que su trabajo de fin de máster (TFM) contenía en 19 de sus 52 páginas fragmentos copiados de artículos publicados en internet, en revistas y en plataformas como Wikipedia. La ministra incluyó estos textos en su trabajo sin citar su procedencia, y al ser preguntada por ellos, únicamente explicó que estaban mal referenciados.

El escándalo comenzó este lunes, cuando eldiario.es publicó que Montón había obtenido irregularmente un máster en "Estudios Interdisciplinares de Género" en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Montón compareció el lunes y rechazó dimitir, y este mismo martes por la mañana la dirigente se había reafirmado en su decisión al entender que su cese sería una decisión "injusta", pese a que nuevas informaciones apuntaban a que las notas de su máster fueron manipuladas después de que terminase los estudios.

Por el contrario, en su comparecencia ante los medios por la noche, Montón se rindió y anunció que renuncia a su cargo "para que esta situación no influya" en la acción del Gobierno. Lo hizo, según señaló, con "la conciencia muy tranquila" y el convencimiento de no haber cometido "ninguna irregularidad" en la consecución de su título. "Desde el primer minuto he dado explicaciones, he ofrecido toda la información de la que dispongo, me he puesto a disposición de los medios, y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta", defendió la ya exministra.

"Decidí cursar un máster para mejorar los conocimientos y hacer mejor mi trabajo en el Congreso de los Diputados. Lo hice, como muchas personas, con esfuerzo e ilusión", insistió igualmente Montón, que lamentó que en los últimos días se haya "puesto en cuestión" su "trabajo", su "asistencia" a clase y "la superación de las diferentes asignaturas". La exdirigente aseguró que tiene pensado seguir defendiendo como hasta ahora "con toda la convicción" su inocencia, y en su breve intervención realizó un repaso por los logros de su departamento durante su mandato, entre los que se cuentan la recuperación de la sanidad universal o la "elaboración de un real decreto para la mejora de la atención y la acogida de los menores extranjeros no acompañados".

Apenas unas horas antes de que se conociera la información sobre los plagios incluidos en su TFM, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había ratificado en su puesto a Montón. Al ser preguntado por el escándalo tras la sesión de control en el Senado, Sánchez aseguró que Montón estaba "haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo". Esa misma mañana, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, señalaba que la ministra tenía "todo el respaldo de la dirección" del partido.

La Inspección de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha constatado que ha habido cambios en las notas registradas en el expediente del máster que estudió la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en el Instituto de Derecho Público (IDP) y el centro asegura que tomará las "medidas oportunas".

En el marco de la investigación abierta que está llevando la Universidad desde el pasado mes de junio con respecto al máster de Estudios Interdisciplinares de Género de este Instituto, recién clausurado, se está analizando "escrupulosamente" tanto el caso de la ministra como los demás de ese curso, ha indicado el centro en un comunicado.

En el caso de Montón se está revisando su expediente, "asignatura por asignatura", para enmarcar en qué contexto se han producido los cambios de notas que ha constatado la Inspección, según va avanzando la investigación. La inspección de servicios está investigando este máster "con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades", asegura el centro.

Tras los hechos ocurridos en el IDP que están bajo investigación judicial, la URJC ha llevado a cabo el cierre del centro, dirigido por Enrique Álvarez Conde, ha realizado una auditoría académica del mismo y en las próximas semanas arrancará una auditoría de sus cuentas que ya denunció ante la Fiscalía por presunta malversación.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, por su parte, ha vuelto a negar irregularidades en el máster que cursó en la Universidad dice que desconoce los cambios en las notas de su expediente y ha rechazado dimitir por entender que sería una decisión "injusta".

eldiario.es ha publicado este martes que la nota de la ministra fueron manipuladas meses después de terminar el máster. En julio de 2011, al acabar el curso, el expediente tenía una de las asignaturas calificada como un "no presentado". El 25 de noviembre de 2011, alguien entró en el sistema informático de la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas de ese curso ya estaban cerradas, según el medio.

"Tengo el certificado de notas y ahí tengo todas las asignaturas superadas. Si ahora ha habido una modificación que escapa de mi conocimiento no es mi responsabilidad. Si tuviera la explicación se la daría", ha indicado la titular de Sanidad en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por los supuestos cambios en la calificación de una asignatura por parte de la URJC.

Ha reiterado, asimismo, tener conocimiento de la convalidación de ninguna de las materias del máster. "Puedo decir de forma contundente que no he solicitado la convalidación de ninguna. Esta convalidación se escapa a mi ámbito de responsabilidad, conocimiento o petición", ha explicado la dirigente socialista, quien ha recordado además que "la custodia de las actas también escapa" de su "responsabilidad".

En cuanto a una posible dimisión, se ha limitado a insistir en "no haber cometido ninguna irregularidad" por lo que consideraría "injusto" su cese. Sobre el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado estar en contacto con el y "sentir su apoyo" y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la que también ha asegurado estar en contacto.

"Hoy estoy aquí porque siento el apoyo y no puedo decir nada más. Estoy tranquila, me siento apoyada, en privado he recibido muchos (apoyos) para hoy estar aquí enfrentándome a esta situación y dando explicaciones", ha asegurado.

Montón pide explicarse en el Congreso

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, pedirá comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades en la obtención de su máster, según ha anunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha informado Europa Press.

La comparecencia a petición propia de la ministra –que llega después de que lo pidieran formalmente Unidos Podemos, Ciudadanos y el PDeCat– se registrará este mismo miércoles, ha precisado la número dos del partido, quien ha subrayado que Montón, a diferencia del presidente del PP, Pablo Casado, cuyo máster investiga el Tribunal Supremo por supuestas irregularidades, está dando todas las explicaciones que se le están pidiendo sobre su máster.

Lastra ha respaldado a la ministra señalando que ella no fue consciente de estar beneficiándose de un presunto trato de favor por parte de la universidad, que no tuvo el mismo nivel de exigencia con la entonces diputada del PSOE que con otros alumnos.

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, no aprobó su máster en la convocatoria de junio de 2011, tal y como sostiene, ya que, según consta en su ficha de la Universidad Rey Juan Carlos, en una de las asignaturas aparecía con un "no presentado", informa este martes eldiario.es.

El 25 de noviembre de 2011 "alguien entró en el sistema informático" de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas, sostiene el diario digital. Montón afirmó que presentó su trabajo de fin de máster sobre estudios de género en junio de 2011, algo que a la vista de esta revelación habría sido irregular porque en ese momento no tenía todas las asignaturas aprobadas.

La modificación de nota fuera de plazo explicaría por qué el título oficial de Montón dice que lo completó en 2012: "Porque le aprobaron la última asignatura en ese curso académico", concluye el digital. Ese mismo procedimiento irregular se produjo en el caso del máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, cuando la funcionaría Amalia Calonge modificó las notas a posteriori para cambiar un "no presentado" por otra nota.

La universidad confirma que hubo cambios en las notas

La Inspección de la URJC ha constatado que ha habido cambios en las notas registradas en el expediente del máster. Por ello, el centro asegura que tomará las "medidas oportunas". En el marco de la investigación abierta que está llevando la Universidad desde el pasado mes de junio con respecto al máster de Estudios Interdisciplinares de Género de este Instituto, recién clausurado, se está analizando "escrupulosamente" tanto el caso de la ministra como los demás de ese curso, ha indicado el centro en un comunicado.

En el caso de Montón se está revisando su expediente, "asignatura por asignatura", para enmarcar en qué contexto se han producido los cambios de notas que ha constatado la Inspección, según va avanzando la investigación. La inspección de servicios está investigando este máster "con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades", asegura el centro.

Los hechos a partir de los cuales la magistrada juez del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid Carmen Rodríguez-Medel ha pedido al Tribunal Supremo la imputación del presidente del PP, Pablo Casado, en relación con el título de máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos, guardan notables semejanzas con los que afectan a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, aunque en este caso su situación no ha llegado —al menos de momento— a ser materia de investigación judicial.

Miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y dirigentes del PSOE se han mostrado muy críticos con Casado a la vista de lo ocurrido con su máster, pero ester lunes guardaron silencio en torno a la ministra de Sanidad. Fuentes del Ejecutivo consideraron suficientes las explicaciones que Montón ofreció en rueda de prensa en el ministerio, si bien ninguno de sus compañeros ni nadie del PSOE salió públicamente a defender su comportamiento. 

La juez señaló en su día varios indicios de que Casado cometió un delito de prevaricación administrativa y otro de cohecho impropio basándose en que el máster que adorna el currículum del líder del PP fue obtenido en el marco de “una serie de actuaciones” llevadas a cabo bajo la dirección del catedrático Enrique Álvarez Conde dirigidas “a lograr que un grupo concreto y escogido de alumnos obtuvieran el título del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local edición 2008-2009 sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo a modo de prebenda o dádiva”.

El de Montón no es el mismo máster —el suyo es sobre Estudios Interdisciplinares de Género y lo cursó un año académico después que Casado— pero sí fue diseñado y puesto en práctica por el controvertido Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid que ha sido desmantelado tras el estallido del caso Cifuentes.

Los indicios de culpabilidad de Casado en los que se basó la jueza para pedir al Supremo su imputación guardan la siguientes similitudes con la situación de la ministra:

  Currículum vitae

Tanto Casado como Montón hicieron constar en sus currículos estar en posesión de sus respectivos títulos de máster por la Universidad Rey Juan Carlos. El primero en Derecho Público Autonómico y la segunda en estudios de género, ambos impartidos por el mismo instituto que está siendo investigado por la justicia y que ha sido desmantelado por la propia universidad. En lo que a Casado se refiere, la juez considera este hecho, así como el pago de la matrícula correspondiente, un indicio más de los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que atribuye al líder del PP.

  Inasistencia a clases presenciales

La jueza afirma que ninguno de los alumnos del grupo ordinario del máster de Casado, que acudían regularmente a clase, recuerdan haberle visto por las aulas. Y el propio presidente del PP reconoció “en sus explicaciones públicas que no fue a clase” a pesar de que en el folleto informativo del curso “consta con claridad, en el apartado denominado ficha técnica, que la modalidad era presencial”.

La ministra de Sanidad reconoció este lunes que no asistió a las clases de la mitad de las asignaturas del máster —seis de doce—, precisamente las que se impartieron entre septiembre y diciembre de 2010, cuando era portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso. Aunque ella misma reconoce que, tras faltar a las primeras sesiones, se confesó “horrorizada” por su propio comportamiento y así se lo hizo saber por escrito a la directora del máster, admite también que acabó por no asistir a las clases de ese semestre después de que la responsable del curso le asegurara que no era necesario acudir a las aulas, algo que también transmitió a otras alumnas —según Eldiario.es— a pesar de que el máster, según el preceptivo folleto que regía su convocatoria, era de “modalidad presencial”.

  Ni rastro de los trabajos con los que fueron evaluados

Pablo Casado reconoció ante los medios que “fue evaluado únicamente conforme a unos trabajos, por tanto, sin examen o prácticas de ningún tipo”, tal y como señaló en su día la jueza que investiga el caso máster. Unos trabajos de los que “no consta rastro documental, ni de su remisión a la universidad por correo postal, electrónico o de otro tipo”. A modo de explicación, el líder del PP aseguró haberlos entregado en mano, “a diferencia de lo que ocurre con muchos alumnos que sí acudían a clase y sin embargo entregaban por mail los trabajos”.

Casado dice tener esos trabajos, así que la jueza quiere que los entregue al Supremo, además del ordenador original con el que afirma haberlos realizado y que declaró tener aún en su poder. “Una sencilla diligencia de investigación por la policía judicial puede determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior”, sostiene el escrito que la jueza envió al Supremo.

La ministra también asegura haber sido evaluada mediante la presentación de trabajos que, sostiene, también entregó en mano. Aunque, en su caso, afirma no conservarlos, ni siquiera en el ordenador que utilizaba entonces y que, igual que Casado, aún conserva. De hecho, explicó el lunes en rueda de prensa, en él todavía está el trabajo final con el que completó el máster que asegura haber llevado a cabo.

Sin ir a clase, Carmen Montón acabó superando las seis asignaturas —a cuyas clases presenciales no acudió y presentando trabajos de cuya existencia no hay constancia— con tres sobresalientes, un notable y dos aprobados, lo que le permitió completar el máster con una nota media de 8,43.

  “Hice lo que me pidieron”

A la vista de las posibles irregularidades que puedan afectar a ambos másteres, la excusa del presidente del PP y de la ministra de Sanidad es idéntica: ambos aseguran haber hecho lo que los profesores les pidieron, tanto en lo que se refiere a acudir a las aulas como a la presentación de trabajos.

Casado, destacó en su momento la titular del Juzgado número 51 de Madrid, asegura que hizo lo que “se le pidió” y que “era coherente con la oferta pública que se hacía de este postgrado, cuando con la mera lectura del folleto se puede comprobar que no es así, que el mismo diseñaba un curso presencial”. Eso es, exactamente, lo que ha pasado con Carmen Montón, si bien la ministra ha hecho público un correo electrónico, que aún conserva, en el que la responsable de su máster le comunica que “está previsto que se pueda cursar a distancia también”, extremo corroborado por otras alumnas.

Ambos, Casado y Montón, pese a haberlos incluido en sus currículos, sostienen también que la realización de sus respectivos másteres no les supuso ventaja alguna para sus respectivas carreras, ni en el ámbito académico ni en el profesional ni en el político.

  La relevancia pública

La relevancia pública de Pablo Casado es esencial para que la juez pueda sostener indiciariamente la acusación de prevaricación administrativa y cohecho impropio que ha trasladado al Supremo, porque con la “mecánica orquestada” por el responsable del instituto que impartía los másteres, Enrique Álvarez Conde, “sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él”.

Casado, afirma la juez, “pudo verse favorecido con este regalo académico por su relevancia política e institucional”, porque en esa época “ya era diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, partido que ostentaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid”.

De manera análoga, cuando la ministra de Sanidad cursó su máster en el instituto dirigido por Álvarez Conde, ya era una personalidad política relevante, porque como diputada en el Congreso se ocupaba en los debates de trasladar la voz del PSOE en los temas de igualdad y acababa de jugar un papel muy destacado en la ponencia de la reforma de la ley del aborto.