Tenemos la oportunidad, como sociedad y como país, de liderar a escala global el desarrollo de la Economía Social, de la economía con impacto económico, social y medioambiental al mismo tiempo, de la economía para las personas y para la comunidad. 

En momentos de tanto ruido y tensión como los actuales, es importante saber mantener la calma y tener visión de futuro, es decir, tener capacidad de planificación estratégica para diseñar un horizonte de posibilidad que nos permita, entre otras cosas, crecer de forma sostenida a largo plazo.

En este sentido, la Economía Social está alcanzando niveles de notoriedad social como fórmula fundamental para la innovación, un espacio de creación de oportunidades y un elemento dinamizador de la economía que se inserta a la perfección en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Siendo moderadamente optimistas, la creación del Hub de Vanguardia de la Economía Social está llamada a convertirse en una pieza clave del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados, no solo porque supone una oportunidad de dinamización y actualización del sector, sino porque, además, representa un desafío colectivo de grandes dimensiones, cuyos resultados dependerán, en gran medida, de nuestra capacidad como país para alcanzar grandes consensos sociales. 

El ambicioso proyecto del Ministerio de Trabajo y Economía Social para crear un Hub de Vanguardia de la Economía Social de San Sebastián supone el impulso que necesitamos para redefinir las bases de nuestra economía productiva, posicionando a nuestro país a la vanguardia mundial en la proyección, creación y gestión de modelos empresariales más inclusivos, más sostenibles y más equitativos. 

Y es que las expectativas más realistas respecto al Hub de la Economía Social evidencian que España se encuentra, en este momento, en una posición privilegiada para aprovechar la coyuntura y convertirse en líder global de la Economía Social. Esta perspectiva no es en absoluto idealista, hay elementos objetivos que permiten visualizar este proyecto como una apuesta segura y una herramienta muy eficaz para abordar el enorme reto de modernizar el sector productivo español, y hacerlo desde los parámetros de la Economía Social.

Un ejemplo evidente de esto es la capacidad de la Economía Social para afrontar el reto de conjugar la creación de empleo de calidad con el aumento de la productividad. Y todo ello, haciendo realidad la adaptación progresiva de las relaciones de producción a un entorno cada vez más digital, lo que se demuestra clave para un desarrollo económico que genere realmente mayor productividad y valor añadido. Así, al poner en marcha esta iniciativa, no solo estamos reforzando un sector estratégico de nuestra propia economía –recordemos que la Economía Social supone ya más del 10% del PIB nacional–, sino que, además, estamos redefiniéndonos el modelo social de producción para hacerlo más competitivo a escala global y más justo a escala local. 

¿Y cómo se traduce todo esto en lo concreto? Un ejemplo paradigmático es la capacidad de la Economía Social para crear empleo de calidad. 

En un contexto como el actual, la Economía Social se ha destacado, sobre todo, por su enorme capacidad para generar empleo estable y de calidad entre los sectores más vulnerables de la población. Con más de 76.000 empresas y entidades, el sector de la Economía Social ya emplea a casi tres millones de personas. Unos datos que deberían hacernos pensar si las relaciones laborales en otros sectores productivos no estarán siendo un freno para su desarrollo, es decir; si la precariedad, la inestabilidad, etc. no estarán siendo el verdadero problema de la baja productividad de algunos sectores.

Podríamos poner otros ejemplos de la enorme capacidad de crecimiento que demuestra la Economía Social, y de la importancia estratégica del Hub de Vanguardia de la Economía Social, para avanzar hacia una economía más centrada en las personas, pero quizás sea más conveniente detenerse en las capacidades que el Hub ofrece para explorar una cuestión clave de la economía actual: nuestra capacidad de innovación.

La innovación social en la empresa es uno de los retos más importantes que debemos afrontar como sociedad. Una innovación que debe contribuir a acelerar la transformación digital y la transición verde, dos áreas que son clave para la modernización de la economía global y que pueden generar empleos de alto valor añadido. 

Con ese objetivo, el Hub se centrará en fomentar la innovación al mismo tiempo que genera la cohesión territorial y la igualdad de género, dirigiendo gran cantidad de esfuerzos hacia las áreas rurales y despobladas, muchas de las cuales han sido históricamente marginadas en los planes de desarrollo económico. 

En consonancia con el objetivo de fomentar la innovación y la cohesión territorial y social, el Hub apuesta por el emprendimiento juvenil y femenino como puntos fuertes para generar innovación. España tiene una juventud altamente cualificada que, demasiadas veces, se ve empujada contra su propia voluntad a la emigración. Con iniciativas como el Hub se abren nuevas posibilidades para retener el talento joven en nuestro país ofreciéndole la posibilidad de desarrollar modelos de emprendimiento más equitativos y participativos, que respondan mejor a sus aspiraciones de conseguir un desarrollo económico más justo y sostenible. Es por eso por lo que el Hub ya es un centro de referencia internacional, por su capacidad para operar como un atractor del talento a nivel internacional.

Por todo esto, y por muchas otras cosas, el Hub de Vanguardia de la Economía Social representa la mejor versión de nuestro país. Un laboratorio de innovación en el que se incubarán y desarrollarán proyectos pioneros que puedan servir como experiencias de éxito para otros sectores económicos. Un espacio para la creación colaborativa que genere una nueva forma de entender la economía. Un lugar para pensar y proyectar el futuro, reinventándolo desde el presente, desde abajo hacia arriba, desde la empresa y desde el trabajo. Un espacio que dibuja el futuro de nuestra sociedad, demostrando, una vez más, que tenemos enormes potencialidades como país para desarrollar iniciativas económicas creativas, con alto valor añadido, competitivas y socialmente responsables.

El definitiva, el Hub de Vanguardia de la Economía Social es nuestra oportunidad, como país y como sociedad, todo un reto para demostrarnos a nosotros mismos y al mundo entero lo que somos capaces de hacer cuando superamos nuestras pequeñas diferencias para trabajar todos y todas unidas por mejorar el futuro de nuestro país. 

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Carlos de la Higuera es presidente de la Federación de Cooperativas y Economia Social de Madrid (FECOMA)

Julián Menéndez es gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA) y vicepresidente de la Federación Empresarial de Sociedades y Empresas Participadas de España (LABORPAR)

Parecía que iba a ser un encuentro cargado de decibelios, pero se ha cerrado incluso con algún acuerdo por unanimidad. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se enfrentaba este jueves 3 de octubre a su cuarta Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. Las once gobernadas por el PP hicieron público antes de la cita un comunicado conjunto en el que se reafirmaban en su decisión de no declarar zonas tensionadas en sus territorios, esto es, áreas en las que se hayan disparado los precios y exista una dificultad mayor que en otras de acceso a la vivienda. No van a "intervenir” para intentar rebajar el coste del alquiler, como permite la Ley de Vivienda. Además, tildaban de “chantaje” la “amenaza” que vieron en las palabras de la ministra cuando advirtió hace unos días de que condicionará la financiación que las regiones reciben del Estado para esa materia, que cifró entre el 70 y el 75% del grueso que destinan a políticas de vivienda, a que acaten la norma estatal. Pero se ha confirmado que, como adelantó infoLibre, la idea que baraja el Gobierno es la de "premiar" a aquellas comunidades que apliquen la Ley de Vivienda, a través de medidas extraordinarias, en lugar de restar fondos a las rebeldes. 

Sin abandonar la ley nacional, el foro sectorial ha servido también para constatar que Cataluña ya no estará sola en su aplicación, ya que el País Vasco ha avanzado incluso que lo hará de forma “ambiciosa” en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, Galicia valora hacerlo, pese a haber rubricado el comunicado previo a la reunión; y Navarra “podría sumarse antes de finales de año”, según apuntan fuentes próximas a los asistentes a la Conferencia Sectorial. Mientras, la consellera catalana de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la socialista Sílvia Paneque, ha indicado que la limitación de los alquileres ha empezado a dar frutos con leves bajadas del 3 al 5% en el precio medio.

Más allá de las zonas tensionadas, donde radica el grueso del desencuentro entre el ministerio y la mayor parte de las autonomías, se ha ratificado por la unanimidad de las comunidades de régimen común, las beneficiarias, el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven. Se trata de una ayuda de 250 euros al mes a recibir durante dos años hasta un total de 6.000 euros, con el objetivo de facilitar el acceso a un inmueble o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso, para que puedan emanciparse. De acuerdo a la distribución a la que se ha dado el visto bueno, Andalucía será el territorio donde más fondos irán a parar, en concreto 34,2 millones, seguida de Madrid, con 31,8. Entre las dos acaparan 66 millones, esto es, el 33% del global. Y ello, pese a que la gestión de esas ayudas por parte de ambas regiones ha estado rodeada de polémica y ha provocado incluso la creación de plataformas de afectados que han llegado a esperar dos años su bono, sin que este les llegara. Potenciales beneficiarios que temen que, con la nueva remesa de dinero, “todo vuelva a ser un caos”, como trasladaron a este periódico. 

De hecho, la propia Rodríguez ha lamentado hoy que se produzcan demandas de los jóvenes relacionadas con la "falta de agilidad, de transparencia, de pérdida de tiempo y, en algunos casos, de una gestión muy lenta de las convocatorias" por parte de las autonomías. Con todo, la ministra ha explicado que el Ejecutivo lanza otra reafirmándose en el "compromiso del Gobierno con la juventud española, que es quien está en peores condiciones en estos momentos para acceder a una vivienda". Gracias a ella, junto a las cantidades para Andalucía y Madrid, a Aragón se le asignarán 7,6 millones, a Asturias, 6,6; a Baleares, 4,8; a Canarias, 10,6; a Cantabria, 3,8; a Castilla y León, 10,8; o a Castilla-La Mancha, 8. De su lado, Cataluña recibirá 29 millones; Extremadura, 6; Galicia, 11,4; La Rioja, 3,4; Murcia, 8,8; y a la Comunitat valenciana, 22,8 millones de euros. Desde el ministerio aseveran que el criterio de reparto es el de la población, con lo que la gestión de los recursos no cuenta.

A partir de ahora, el Consejo de Ministros tendrá que dar el visto bueno a lo consensuado este jueves y con posterioridad se volverá a reunir la Conferencia Sectorial para ratificarlo, antes de que los territorios reciban las transferencias.

Rodríguez ha abordado con los consejeros del ramo otros temas como el próximo Plan Estatal de Vivienda, en el que el Ministerio trabaja desde el pasado mes de julio y que se aprobará el próximo año de cara a 2026. Es el vehículo por el que se podrían canalizar las bonificaciones extra para los territorios que acaten la ley estatal y sobre él planea un cambio de estrategia, o de “paradigma”, según la expresión empleada por la ministra: se trabajará sobre objetivos, en lugar de programas. 

Asimismo, la máxima representante del ministerio ha elevado un informe sobre rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ligado al Plan de Recuperación, en el que ha destacado que se han transferido a las autonomías 4.328 millones de los 5.500 que se encuentran dentro ese bloque. Es decir, las regiones cuentan con el 85% de los fondos, a la espera de más que se les inyectarán próximamente. En este apartado, se han alcanzado acuerdos para construir 24.463 viviendas, para rehabilitar 47.000 y para la ejecución y tramitación de otras 600.000 viviendas en rehabilitación.

Rodríguez ha puesto énfasis igualmente en los principales hitos conseguidos con el Plan de Recuperación a través de más de 800 acuerdos firmados con comunidades y ayuntamientos, gracias a los que se construirán 24.463 viviendas del programa de alquiler asequible o se están rehabilitando 306 barrios, entre otras cuestiones.

La titular del ministerio le ha pedido al líder del PP, Núñez Feijóo, que arrime el hombre por un pacto de Estado de Vivienda y ha vuelto a instar a las comunidades a aportar más fondos a estas políticas. Algún representante territorial como el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, ha animado al resto a sacar de “la confrontación partidista" un asunto que se está convirtiendo en un problema muy real para la ciudadanía.  

Hay investigaciones que parten de lo que esperan hallar y chocan con lo que hallan. El fondo Next Generation europeo aprobado en respuesta a la pandemia ha contado con una pata fundamental: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en España se ha encauzado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gracias al cual se ha regado al país de ayudas europeas y préstamos blandos desde 2021. En él han puesto su mirada los profesores y autores del trabajo El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: Una perspectiva regional. Xoaquín Fernández Leiceaga y Santiago Lago Peñas analizan la aplicación de esos recursos para concluir que, aunque el PRTR se concibe como un “plan de país”, se ha obviado a las regiones "en su concepción”.

“Se observa una ausencia significativa de participación de las comunidades autónomas en su planificación, lo que conlleva la falta de análisis previo de necesidades a nivel nacional y regional”, se asevera en el documento de trabajo del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Y se añade: “Esta situación limita la capacidad de diseñar estrategias de política económica y social adecuadas a cada contexto regional”. Los fondos se han asignado “de manera horizontal y homogénea, sin tener en cuenta” las particularidades de las distintas áreas del mapa nacional y las regiones han recibido con cierto retraso aproximadamente el 40% de los recursos comprometidos, lo que ha disparado la circulación de transferencias de capital, los ingresos, en relación con cualquier periodo precedente, según Fernández y Lago. 

De lo que tampoco tienen duda tras sus cálculos es de “la nula relación entre el nivel de desarrollo regional, estimado por el PIB –Producto Interior Bruto– per cápita, y la asignación de fondos por el PRTR”. “Podemos justificar que al inicio, por la premura de tiempo para lograr que Europa aprobara los fondos no estuvieran presentes las comunidades”, traslada Fernández Leiceaga a infoLibre, pero “es muy llamativo que no se tenga en cuenta para nada el nivel de desarrollo de las comunidades” a la hora de “primar a aquellas que tienen uno más bajo, porque era lo tradicional en términos de política regional en España y existe un mandato constitucional además en ese sentido”, defiende.

“Normalmente –enlazaª la política de desarrollo regional ha tendido a priorizar la inversión pública en aquellas comunidades menos desarrolladas para las que se hacía un esfuerzo adicional con el fin de promover la convergencia en términos de renta por habitante y de productividad entre unas regiones y otras. El objetivo debería ser que Extremadura pueda elevar su nivel de desarrollo y ponerse más próxima a Madrid o Galicia a Cataluña, pero esto aquí no ocurre”, avisa. En otras palabras, consideran que la distribución regional de estos fondos europeos no favorece la convergencia interna ni la cohesión territorial.

Lo que sí desmontan es la crítica formulada desde algunas regiones y ayuntamientos de que la Administración central, el Estado, las discrimina y se ha reservado la mayor tajada. “Escrutando los datos es difícil compartir este lamento”, se llega a afirmar en el estudio. Sí que “son sobre todo las comunidades autónomas con mayor nivel de desarrollo las que reciben unas cantidades proporcionalmente mayores, salvo Cataluña”. “Las regiones para las que el PRTR asignado supera el 250% del Feder planeado -otro programa europeo 2014-2020- son Navarra, La Rioja, Madrid, País Vasco, Baleares, Cantabria, o Aragón, además de Castilla y León”. Si se pone la lupa sobre los ingresos de capital recibidos, “las diferencias son muy superiores: para Madrid los fondos PRTR multiplican por 10 los ingresos de capital medios; y cambian algunos protagonistas, saliendo Aragón, País Vasco o Castilla y León, y entrando Cataluña o la Comunidad Valenciana entre las que presenta una ratio superior a 2,5”, se sostiene en el informe consultado.

En todo caso, para el conjunto de las regiones, incluso las comparativamente menos beneficiadas que son Andalucía, Extremadura y Galicia, “la inyección de nuevos recursos para su capitalización es de una magnitud que no puede minimizarse”, quieren dejar claro.

Otra de las quejas habituales asociada al reparto de fondos europeos ha sido la existencia de sesgos ideológicos en la distribución territorial de esos recursos. En ese sentido, en el documento del Ivie se refleja que, en particular, se ha planteado que “se estaría discriminando a aquellos territorios de color distinto al del Gobierno central -integrado en los años revisados por una coalición progresista formada por el PSOE y otros partidos a su izquierda agrupados en Unidas Podemos-, utilizando criterios poco o nada objetivos”.

Los responsables del informe detectan a priori que “parece existir cierta correlación entre la coincidencia partidaria y el volumen de fondos recibidos”. Si bien, Fernández Leiceaga matiza que, aunque de inicio vieron “que podía ocurrir esto”, al aplicar varias variables a la vez, se dieron cuenta de que “eso está condicionado por el tamaño de las comunidades gobernadas por los distintos partidos, porque son sobre todo las regiones pequeñas las que reciben más”. ¿A qué se debe? “Se explica básicamente porque en muchos casos en las conferencias sectoriales, donde se hace la distribución de los fondos, se asigna una cantidad a tanto alzado por comunidad y eso acaba favoreciendo más a las más pequeñas. El resto se reparte por criterios diversos, pero como se da una cantidad igual a todas, pues es lo mismo”, anota el profesor. E incide: “Una vez que se introduce ese dato del tamaño, deja de ser significativa la ideología. A menor tamaño, mayor cantidad de fondos por habitante”, recalca.

Vincula también las conferencias sectoriales, en las que las inyecciones de fondos a los territorios “se van haciendo progresivamente”, lo que resta a las comunidades posibilidades “de planificar a varios años”; a otro hecho que han comprobado: la “velocidad desigual de ejecución” del dinero. El Estado gestiona a un ritmo superior al resto, que tampoco lo hace igual entre sí. Los autores del análisis creen que “la incertidumbre en cuanto a la asignación de fondos dificulta la puesta en marcha de un adecuado aparato administrativo de control, ejecución, certificación y verificación”. Y se apunta a que “la capacidad de ejecución de fondos europeos de desarrollo regional, que exige un aparato administrativo de cierta dimensión y unos canales con la sociedad ya engrasados, han podido ser puestos al servicio de le ejecución del PRTR, contribuyendo a que su despliegue sea ligeramente más ágil”. O dicho de otro modo: “Las comunidades que ya tenían una estructura administrativa preparada para esto, es posible que vayan más rápido”, condensa Fernández. Para el resto, la falta de un programa de actuación calendarizado y organizado complica, temen, el refuerzo del aparato administrativo que sería conveniente.

En resumen, los profesores advierten de que, aunque es innegable que “el PRTR representa una oportunidad significativa para impulsar la recuperación y transformación económica y social del país”, entienden que “es necesario abordar las deficiencias” reseñadas para “garantizar una implementación efectiva y equitativa que responda a las necesidades regionales y maximice el impacto del plan”.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha impulsado una herramienta denominada Elisa para poner a disposición de los interesados información actualizada sobre la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación. El ministro del ramo, Carlos Cuerpo, ha comunicado recientemente que ya se han desembolsado más de 38.600 millones de euros de los fondos que la Comisión Europea asignó a España para el periodo 2021-2026, algo más del 55% del total. Sólo en el pasado mes, se han resuelto convocatorias por 900 millones y se han publicado otras por valor de 2.000, con 12.000 nuevos beneficiarios durante el mes de referencia, de acuerdo a las cifras que maneja el ministerio.

El resquicio de la reforma laboral –su disposición adicional quinta– que permite a las administraciones públicas suscribir contratos temporales siempre que estén “asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación” y “sólo por el tiempo necesario para la ejecución” de estos proyectos se ha traducido en un total de 34.785 de estos contratos desde mayo de 2022 hasta el pasado mes de julio. Según las estadísticas del Servicio Público de Empleo (SEPE), que ha creado un epígrafe específico para ellos –“Financiación de Fondos Europeos”–, de mayo a diciembre de 2022 se firmaron 22.402 de estos contratos temporales, y entre enero y julio de este año, 12.383 más.

Los 140.000 millones de los fondos europeos concedidos a España para salir de la pandemia suponen un enorme desafío de gestión para unas administraciones menguadas en recursos humanos tras años sin tasa de reposición ni concursos para rejuvenecer –sólo el 8,5% de los empleados públicos tiene menos de 30 años– y aumentar plantillas. Miles de proyectos, licitaciones y expedientes deben ser tramitados y resueltos por un número insuficiente de funcionarios. La Administración General del Estado ha perdido el 13,5% de sus empleados desde 2010, de acuerdo con los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas que elabora el Ministerio de Política Territorial.

De forma que, pese a que la reforma laboral se marcó como objetivo el combate contra el abuso de la contratación temporal, también en el sector público, ésta sólo ha bajado 1,3 puntos porcentuales en un año en las administraciones, mientras que en las empresas privadas se ha recortado en seis puntos, de acuerdo con los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA): en el segundo trimestre de este año la tasa de temporalidad es del 31,1% en la Administración pública, pero del 13,9% en el sector privado. El Gobierno se comprometió por ley a rebajar la tasa de temporalidad pública hasta el 8% antes de fin de 2024, un objetivo que a día de hoy parece poco menos que inalcanzable.

De momento, los contratos para gestionar los fondos europeos crecen a buen ritmo, a razón de unos 2.000 cada mes. En 2022, el 44,2% –9.908 contratos– tenía una duración de tres a seis meses, pero un 20,8% no duraban más de siete días. Este año, el grupo más numeroso es el de los que se prolongan más de un año, el 32,6% –4.037–, mientras que los ultrabreves de menos de una semana se han reducido a un 18,2% –2.258 contratos–. La reforma laboral castiga los contratos de duración inferior a 30 días con un recargo en las cotizaciones que la empresa paga a la Seguridad Social, precisamente en un intento por desincentivar este empleo ultrabreve e hiperprecario, al menos en el sector privado.

En 2023 no sólo se están ofreciendo contratos de mayor duración, sino también más prórrogas de los ya firmados: 554 por sólo 298 el año pasado. Pero la mayoría, 316, prolongaron los contratos sólo hasta tres meses. De más de 24 meses sólo se suscribieron dos prórrogas, y otras cuatro entre 18 y 24 meses. El 92,3% de los contratos en 2022 fue de jornada completa, el 87,8% en lo que va de 2023.

Además, el 56,6% de estos contratos temporales están destinados este año a trabajadores con estudios superiores, de segundo ciclo –máster– o tercero –doctorado–, cuando en 2022 eran sólo para el 34,6%. La mayor parte de los empleados por las administraciones son físicos, químicos, matemáticos o ingenieros, el 26,7% este año y el 16% en 2022, pero mientras en 2022 el segundo grupo por el número de contratados eran los peones de la construcción y personal de limpieza –un 9% cada uno de ellos–, este año sólo se han empleado a 788 de estos trabajadores, el 6,3%. También ha aumentado el número de directores de departamento, que han pasado de 60 a 151. Los contratados son jóvenes: el 35,7% tiene entre 25 y 29 años este año, el 24,3% en 2022. Y casi se emplea al mismo número de hombres –51%– que de mujeres –49%–.

Andalucía se llevó el año pasado casi la mitad –el 49,6%– de los contratos temporales relacionados con el Plan de Recuperación, 11.046, seguida de la Comunidad de Madrid a gran distancia, 3.275, el 14,6%. En 2023, aunque Andalucía sigue siendo el territorio donde más se han creado estos empleos, su número ha sido mucho menor, 2.513, el 20,3% de los contratos, apenas por delante de los 2.353 que se han firmado en Madrid.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves la segunda parte de la reforma de las pensiones, diseñada para sostener el sistema público durante las dos décadas en que la jubilación de los baby-boomers lo someterá a una fuerte tensión financiera, sin recortar la cuantía de las prestaciones. La salida del mercado de trabajo de los nacidos en los años 60 y 70, en plena explosión demográfica, supondrá que entre 2030 y 2040 habrá un 50% más de pensionistas que ahora, unos 15 millones, que además cobrarán prestaciones más elevadas, porque sus salarios serán más altos y porque aquellas subirán cada año tanto como lo haga la inflación. El aumento de gasto resultante se acompañará de las mejoras en las pensiones que incluye la reforma, como la subida de las mínimas y no contributivas y una mayor cobertura de las lagunas de cotización y de la brecha de género.

Además, la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que en el primer diseño de la reforma iba a ser neutro en términos de gasto, se ha convertido finalmente en un sistema dual, en el que se permite al trabajador elegir el número de años cotizados para determinar la cuantía de su prestación. Y ya no es inocuo: implicará un aumento de gasto que fuentes del Ministerio de Seguridad Social cifran en una o dos décimas de PIB; es decir, entre 1.300 y 2.600 millones de euros en 2044.

También la subida de las pensiones mínimas y no contributivas tendrá su coste, unos dos puntos de PIB, calcula el ministerio, unos 26.000 millones de euros al final del periodo.

Para sufragar estas medidas y hacer frente a la jubilación de los baby-boomers, la reforma prevé aumentar los ingresos del sistema elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social. De tres maneras: destopando las bases máximas de cotización, aplicando una cuota de solidaridad a los salarios más altos y duplicando el recargo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). La primera, por la que las retribuciones por encima de 53.946 euros anuales, hasta ahora exentas, tendrán que cotizar a la Seguridad Social, se traducirá en unos ingresos adicionales de entre cuatro y cinco décimas del PIB, entre 5.300 y 6.600 millones de euros cuando la reforma se haya aplicado íntegramente –el destope será progresivo a lo largo de 25 años, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales–. Como la pensión máxima para esos salarios aumentará menos –lo que crezca el IPC más un alza de 0,115 puntos porcentuales–, ese decalaje entre base máxima y pensión máxima permitirá conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones.

La cuota de solidaridad, que se aplicará sobre la parte del salario que exceda de los 53.946, permitirá recaudar algo más de una décima de PIB, por encima de 1.300 millones de euros. Finalmente, esa cuota sólo la pagarán los asalariados del Régimen General, pero no los autónomos. Pese a que era una de las peticiones en la que más habían insistido los sindicatos, el ministerio ha excluido a los trabajadores por cuenta propia por una cuestión de “prudencia”, explican fuentes del departamento de José Luis Escrivá. El nuevo régimen de cotización por ingresos reales, argumentan, acaba de ponerse en marcha y no estará maduro hasta 2032, por lo que han preferido no introducir un elemento adicional en el esquema antes de saber cómo evoluciona.

La tercera fuente de nuevos ingresos del sistema, el MEI, permitirá que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, acumule más de 120.000 millones de euros en 2040, según aseguró el propio José Luis Escrivá tras el Consejo de Ministros. La cifra casi duplicaría el máximo histórico de la hucha, 67.000 millones en 2011. Desde entonces, los sucesivos desembolsos a los que obligó el déficit en que ha incurrido la Seguridad Social la dejaron casi vacía. Este año, el primero en que se va a aplicar el MEI, está previsto que se le ingresen unos 2.900 millones de euros. Será gracias al 0,6% en que está fijado el recargo. La reforma prevé que se duplique, hasta el 1,2% y de forma gradual, en 2029.

Con estos ingresos adicionales de la segunda fase de la reforma y los que el ministerio calcula que obtendrá gracias a las medidas de la primera para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, incentivando el alargamiento de la vida laboral –1,4 puntos de PIB, unos 19.000 millones de euros–, el ministerio considera que sumará al final del periodo 3,5 puntos de PIB, unos 46.000 millones de euros, para financiar el sistema sin recortar las pensiones.

Tras conseguir el respaldo de los sindicatos, el ministerio se ha ganado también el de dos de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A petición del PDeCAT, la reforma ha incorporado a la cuota de solidaridad tres tramos para hacerla más progresiva. Los que superen en un 10% la base máxima pagarán un 0,92% en 2025 por la parte que exceda de ese tope. Si superan entre un 10% y un 50% la base máxima, se les aplicará un recargo del 1%. Y si superan el 50%, el recargo será del 1,17%. En 2045, la cuota se elevará al 5,5% para el primer tramo, el 6% para el segundo y el 7% para el tercero.

Con EH-Bildu, el Ejecutivo ha pactado mejorar las pensiones mínimas de viudedad, de forma que se equiparen a las contributivas de jubilación. Así, pasarán de los 6.785 euros al año actuales a subir de forma gradual hasta alcanzar los 8.250 euros en 2027.

También será progresiva la aplicación del sistema dual para calcular la cuantía de la pensión. Desde 2027 y hasta 2040, se ampliará el periodo de cómputo a razón de cuatro meses por año, desde los 25 años actuales hasta llegar a 29 años, de forma que en 2027 el trabajador que se jubile podrá elegir entre hacer el cálculo con 25 años de cotización o con 25 años y cuatro meses descartando los dos peores meses. No será hasta 2038 cuando se puedan desechar los dos peores años de entre los últimos 29 cotizados. De 2038 a 2040 seguirán conviviendo ambos periodos de cálculo. Y desde ese año los trabajadores podrán aún elegir como periodo de cómputo 25 años y seis meses en 2041, 26 años en 2042 y 26 años y seis meses en 2043. En 2044 sólo podrán calcular la cuantía de la pensión basándose en lo que hayan cotizado durante 29 años. El motivo de esta gradación no es otro que impedir que los trabajadores a quienes les resulte más beneficioso utilizar el periodo de 25 años se jubilen de golpe anticipadamente para evitar la obligatoriedad de los 29 años, explican fuentes del ministerio.

“Es una reforma para quedarse”, resumen las mismas fuentes, en referencia al mecanismo automático que permitirá la “supervisión” del gasto público en pensiones y obligará a tomar medidas adicionales si se produce alguna desviación del gasto previsto. En un primero momento, será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la encargada de evaluar el impacto de las medidas sobre el sistema. Si el gasto medio bruto supera el 15% del PIB –el actual se sitúa en el 12%–, el Gobierno deberá adoptar medidas para eliminar el exceso: aumentando aún más las cotizaciones, por ejemplo, o bien utilizando otra fórmula para elevar los ingresos, pero también “reduciendo el gasto en pensiones en porcentaje del PIB” o combinando ambas opciones, tal y como reza el borrador del real decreto-ley recién aprobado.

El Ejecutivo deberá negociar esas nuevas medidas con los sindicatos, la patronal y los grupos parlamentarios y, si no consigue sacarlas adelante antes del 1 de enero del año siguiente, el MEI se aumentará automáticamente para compensar en dos décimas el exceso de gasto hasta que se aprueben las iniciativas destinadas a controlarlo. El Ministerio de Seguridad Social cree que el sistema funcionará aunque cambien los gobiernos. Las citadas fuentes resaltan que han tratado de “darle atractivo” a esta “cláusula de cierre” precisamente para que futuros Ejecutivos no se desvíen de ella. Su intención, dicen, era “hacer un diseño muy suave”. “Si impones condiciones políticas insostenibles para otros gobiernos, no las aplicarán”, explican, “es algo que hemos aprendido del fracaso de modelos pasados”, en referencia a la reforma de pensiones aprobada en solitario por el PP en 2013 y derogada ahora.

El ministerio, además, fía buena parte del éxito de la reforma al mercado de trabajo, cuyo comportamiento no dudan en calificar de “sorprendente”. Según sus previsiones, la tasa de desempleo española terminará en niveles parecidos a los del resto de la Unión Europea; es decir, por debajo del 10%. Ahora se encuentra en el 12,9% y el mínimo histórico fue del 8,6% en 2007. “El paro a doble dígito está abocado a desaparecer”, auguran. Por tanto, será posible, por ejemplo, rebajar la actual cotización para la prestación por desempleo que, como indicó el ministro este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, es mayor que en el resto de Europa. Seguridad Social contesta así a las críticas de la CEOE al aumento de cotizaciones sociales, que han descalificado como ejemplo de “voracidad recaudatoria” y como una amenaza para la creación de empleo y el aumento de los salarios. 

El Gobierno ha presentado una propuesta, previo pacto entre PSOE y Unidas Podemos y con el aprobado de Bruselas, que elevará los ingresos del sistema público para financiar la mejora de las pensiones y afrontar la jubilación de los baby-boomers. No habrá recortes ni pérdida de derechos, subrayan, pero sí hará falta afrontar un mayor gasto; por tanto, serán necesarios más recursos. Esta segunda parte de la reforma de las pensiones, necesaria para cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación, incorpora así la mayor parte de los planteamientos defendidos tanto por los sindicatos como por los socios de la investidura: reforzar los ingresos para garantizar, por un lado, la sostenibilidad del sistema y, por otro, la suficiencia de las pensiones, revalorizándolas con el IPC, mejorando las mínimas y cubriendo lagunas de cotización. Pero se ha dado de bruces con el feroz rechazo de la patronal, puesto que el Gobierno plantea que ese aumento de los ingresos se consiga elevando las cotizaciones que empresas y trabajadores pagan a la Seguridad Social.

Fuentes de la Vicepresidencia segunda y de Unidas Podemos cifran en unos tres puntos porcentuales del PIB el aumento que sufrirá el gasto público en pensiones hasta 2050: pasará del 12% del PIB actual al 15,5% en esa fecha. Cada vez habrá más jubilados y sus pensiones serán más altas; además, si la inflación sigue en los niveles actuales, actualizarlas saldrá más caro y, finalmente, las medidas incluidas en la reforma para cubrir lagunas de cotización, cerrar la brecha de género y mejorar las pensiones mínimas tienen un coste adicional. “La financiación de ese aumento del gasto se basará en las aportaciones que hagan las empresas por los salarios más altos”, explican. En concreto, los que se sitúan por encima de la actual base máxima de cotización: 53.946 euros anuales.

Hasta ahora, todo lo que un trabajador cobra por encima de esa cantidad no cotiza a la Seguridad Social. El Ejecutivo quiere que ese tope vaya subiendo de forma progresiva entre 2024 y 2050, sumando a la subida anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Pero la pensión máxima para esos salarios aumentará menos: lo que crezca el IPC más un alza de 0,0115 puntos porcentuales. Con ese decalaje entre base máxima y pensión máxima se pretenden conseguir recursos adicionales para mejorar las pensiones. “Así nos alinearemos con los países de nuestro entorno: la base máxima en Italia supera los 8.000 euros mensuales y la media de la UE está en 6.000 [4.495,50 euros en España]”, apuntan las citadas fuentes.

Además, el Gobierno propone cobrar desde 2025 una cuota de solidaridad sobre la parte del salario que supere la base máxima. Empezará siendo del 1%, pero crecerá a un ritmo de 0,25 puntos anuales hasta llegar al 6% en 2045. Se aplicará sólo sobre la cantidad que exceda de esos 53.946 euros anuales, precisan fuentes del Ministerio de Seguridad Social, no sobre el salario total.

Según subrayan las fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos, se trata de “obtener recursos procedentes de los beneficios empresariales gravando los salarios más elevados”. De hecho, aseguran que la reforma de las pensiones conseguirá la “redistribución de renta, del capital a los salarios, que no ha sido posible con la reforma fiscal que no se ha llegado a aprobar, la mayor redistribución junto con la reforma laboral y la subida del salario mínimo”. Las fuentes no dudan en considerar la reforma “un giro copernicano en la concepción del sistema de pensiones”, al tratarse de un acuerdo “volcado en los ingresos”. Por ese motivo, también han destacado que sea ésta la “primera vez que la Unión Europea asume que el problema [del sistema público de pensiones] no es el gasto”.

El aumento de ingresos también requiere cambios en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), creado en 2021 y en vigor desde el pasado mes de enero. Destinado a sustituir al Factor de Sostenibilidad de la reforma aprobada por el PP en 2013, consiste en un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social del 0,6% –0,5% pagado por la empresa y 0,1% por el trabajador–. La recaudación engrosará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, pensado para hacer frente a tensiones de gasto, las que se producirán por la jubilación de los baby-boomers, por ejemplo. La propuesta del Gobierno ahora es aumentar ese recargo de forma progresiva, desde el 0,6% actual hasta el 1,2% en 2029, a razón de una décima anual.

El cambio de enfoque ha sido saludado por CCOO y UGT, pero demonizado por la CEOE, que critica la “voracidad recaudatoria” del Gobierno y tacha de “populistas” sus propuestas. En un comunicado muy duro para expresar su “más frontal oposición” al diseño de la reforma de las pensiones que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó este viernes a sindicatos y patronal, la CEOE rechaza que se haga recaer “el sostenimiento del sistema en los trabajadores y las empresas”, mediante una subida “generalizada de cotizaciones” que, advierte, “mermará los salarios”, aumentará los costes laborales y pondrá en peligro la creación de empleo.

La patronal llega a asegurar que el acuerdo con Bruselas es una “cesión de soberanía sin precedentes” y que la reforma se ha elaborado “sin el necesario debate y diálogo social”, además de vulnerar el Pacto de Toledo y carecer de un análisis de impacto. Es más, la CEOE advierte de que el aumento de cotizaciones previsto “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales”. Es un claro aviso a navegantes. Precisamente, el próximo lunes, los empresarios están citados con los sindicatos para reanudar las negociaciones del Acuerdo Nacional de Salarios, suspendidas el pasado mes de mayo. La intención de CCOO y UGT es reclamar subidas salariales del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024. También piden una cláusula de revisión salarial –el motivo que bloqueó la negociación el año pasado–, que además de garantizar el poder de compra de los salarios incluya un indicador que refleje los beneficios de las empresas y sectores.

El Ministerio de Seguridad Social, en cambio, rebaja el impacto que el aumento de las cotizaciones tendrá en los costes laborales por hora. Según sus cálculos, el máximo efecto se producirá en 2050, pero no superará los 37 céntimos, un aumento del 1,6%. En 2030, el impacto será sólo de 23 céntimos. “Son niveles que preservan la competitividad de las empresas españolas, con costes laborales por hora que se sitúan 10 euros por debajo del promedio de la zona euro, 15 euros por debajo de Francia o 14 euros por debajo de Alemania”.

En la misma dirección que la patronal ha formulado su crítica el PP. “El camino debería ser justo lo contrario”, sostuvo el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, tras criticar el aumento de cotizaciones propuesto por el Gobierno que, en cualquier caso, “no asegura la sostenibilidad de las pensiones”. Por el contrario, ERC ha alabado la apuesta por mejorar los ingresos de la Seguridad Social como una garantía del futuro de las pensiones, como también la subida de las pensiones mínimas y los cambios respecto a las lagunas de cotización, que a su juicio “reparan injusticias de género”.

La medida más polémica de la reforma inicial presentada el pasado noviembre por el ministro Escrivá fue la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Entonces pretendía aumentarlo de los 25 años actuales a 30, pero descartando los dos peores años de cotización. La iniciativa suscitó el rechazo inmediato tanto de Unidas Podemos y de los socios de la investidura como de los sindicatos. Así que ahora se ha optado por dejar a la libre elección del trabajador si quiere utilizar el periodo de cómputo en vigor, 25 años, o si prefiere ampliarlo a 29 años descartando los dos peores. Esta fórmula no se empezará a aplicar hasta 2026.

Tras presentar su primer diseño, José Luis Escrivá repetía que la ampliación del periodo de cálculo era “neutra” para el conjunto del sistema: ni aumentaría ni recortaría el gasto. El ahora planteado, en cambio, no lo será, admiten fuentes de la Vicepresidencia y de Unidas Podemos. “Implicará un cierto coste, pero será inferior al diseño de ingresos”, apuntan sin desvelar la cuantía.

Tampoco precisan el aumento de gasto que supondrá otra de las medidas estrella de la reforma, la mejora de las pensiones mínimas con una fórmula similar a la que se utiliza para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Las mínimas contributivas se subirán de forma progresiva hasta que alcancen el 60% de la renta mediana de un hogar con dos adultos, mientras que las no contributivas deberán igualar en 2027 el 75% del umbral de pobreza calculado para un hogar unipersonal. Unos 2,64 millones de personas cobran en España pensiones mínimas –por debajo de 783 euros– y no contributivas –las que perciben quienes no han cotizado 15 años–.

Además, la reforma permitirá cubrir lagunas de cotización para quienes, sobre todo mujeres, no hayan podido contribuir porque abandonaron el mercado laboral en algún momento de su carrera profesional. Esos vacíos se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros cuatro años y con el 50% a partir de ese plazo. Finalmente, se aumenta un 10% el complemento de brecha de género en las pensiones.

El próximo lunes volverá a reunirse la mesa del Diálogo Social para analizar los detalles de la propuesta del Gobierno y solventar las “carencias” que aún ven los sindicatos. Mientras, el Ejecutivo deberá convencer al resto de sus socios en el Congreso –PNV, EH-Bildu, ERC, BNG, Compromís, Más País— de las bondades de la reforma. El plan del Ejecutivo es aprobar un real decreto-ley de forma inmediata, que deberá ser convalidado en la Cámara Baja. Una vez validado por Bruselas, quedará liberado el siguiente pago de los fondos de recuperación, 10.000 millones de euros.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, repite que el acuerdo para reformar el sistema de pensiones, y cumplir con las exigencias del Plan de Recuperación, está “muy cerca”. Tan cerca como “este mes”, que acaba el próximo martes, según dijo en Bruselas, aunque también precisó que el acuerdo puede demorarse hasta Semana Santa, que este año comienza el 6 de abril. El retraso de la medida –debería haberse cerrado el 31 de diciembre– puede por tanto alcanzar los cuatro meses. Las pensiones siempre son un asunto sensible. Del que ahora depende el desembolso de 10.000 millones de euros, el cuarto tramo de los fondos del Plan de Recuperación. Y que, además, debe resolverse en pleno año electoral, el peor escenario para una reforma con efectos a largo plazo.

“Estamos trabajando simultáneamente con los agentes sociales, la Comisión Europea y hablando con los partidos políticos para generar el mayor consenso posible”, abundó Escrivá durante su última visita a Bruselas. Incluso aseguró que quedan “muy pocos flecos”. Y sí, allí se reunió con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para tratar sobre el compromiso adquirido por el Gobierno Español. “Es un texto de más de 120 páginas, y estamos yendo detalle a detalle para que la Comisión Europea lo entienda perfectamente, porque son medidas de mucho calado que requieren un análisis una por una”, explicó.

Pero con los sindicatos y la patronal no se reúne desde el pasado diciembre, cuando presentó su propuesta para ampliar de 28 a 30 los años del periodo de cálculo de la pensión, descartando los 24 meses de peores cotizaciones. Desde entonces, los responsables del ministerio han mantenido contactos “informales” con los agentes sociales, pero nada más. Y tampoco se prevé, en principio, ninguna reunión en próximas fechas, según indican fuentes sindicales a infoLibre. Por tanto, añaden, no hay nuevas propuestas. De hecho, CCOO y UGT han dejado claro a Escrivá que no tiene sentido negociar en la Mesa del Diálogo Social si la ampliación del periodo de cálculo no tiene apoyos parlamentarios para ser aprobada en el Congreso. De forma que conminaban al ministro a negociar con los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez antes de buscar un acuerdo con ellos.

Porque los socios del Gobierno rechazan que se amplíe el periodo de cálculo. De hecho, no sólo ellos, sino también Unidas Podemos, además de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se oponen a una medida que, según dijo, “recorta derechos”. “Es un endurecimiento del acceso a las condiciones de jubilación”, sentenció.

Y, si con los sindicatos “habla, pero no se sienta”, con los grupos parlamentarios, incluido el de Unidas Podemos, “ni siquiera habla”, lamenta la diputada Aina Vidal. “No sabemos nada, no hay negociación, y no considero siquiera como propuesta la que ha hecho el ministro”, rebate. También el diputado Gabriel Rufián niega que Seguridad Social haya mantenido conversación alguna con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), informa Marta Monforte.

La palabra atasco la repiten todas las partes consultadas, menos el Ministerio de Seguridad Social, según el cual el proceso no está en absoluto “interrumpido”. Lo cierto es que las elecciones municipales serán en mayo y la maquinaria de los partidos funciona ya a velocidad de crucero. “A cuatro meses de las municipales y ocho de las generales, políticamente la única posibilidad de acuerdo en la reforma de las pensiones es sobre ingresos”, advierte Aina Vidal a infoLibre, “una reforma de este calado se hace en un momento de tranquilidad, no a tres meses de la campaña electoral, cuando todos los grupos la van a boicotear”.

En términos parecidos se manifiesta la secretaria de Política Institucional de UGT, Cristina Estévez, quien culpa de la perversa coincidencia temporal al propio ministro. “Ha gestionado muy mal el timing”, resume. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclamó hace sólo unos días la convocatoria de la Comisión del Pacto de Toledo para que el ministro explique allí si ha cambiado “el perímetro de la negociación” y, sólo después, se reúna con la Mesa del Diálogo Social.

“Debería haberlo hecho [comparecer en la comisión del Pacto de Toledo] hace meses”, concede Aina Vidal. No sólo para explicar qué está negociando en Bruselas, sino también porque, a juicio de la diputada de Unidas Podemos, José Luis Escrivá está incumpliendo los acuerdos del Pacto de Toledo por partida doble: “Él da por hecho que nos informamos por la prensa e intuimos que las negociaciones [con la Comisión Europea] no van en la línea de lo que se acordó en la comisión parlamentaria”. Rufián quita valor a la presencia del ministro en el Congreso “si no va a decir nada”.

En cualquier caso, Aina Vidal cree que “por sentido común”, Escrivá debería haberse reunido primero con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y, “por fairplay parlamentario”, debería haber convocado el Pacto de Toledo mientras negociaba con sindicatos y patronal. “En cambio, ha preferido dividir la negociación haciendo bilaterales”, protesta.

Fuentes de la negociación consultadas por este periódico apuntan en otra dirección. El mayor problema del ministro, aseguran, es vencer la resistencia de Unidas Podemos a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, que consideran más difícil de superar que la de Yolanda Díaz. Por el contrario, Aina Vidal niega que exista ningún “bloqueo”, y sí “ganas de el ministro reserve cinco minutos de su agenda para sentarse con los grupos y los sindicatos a hablar de un tema tan sensible y complicado”. La diputada dice que hay “maneras” de ampliar el periodo de cómputo pero, “partiendo de la base de que implica perjudicar a colectivos ya de por sí perjudicados, es necesario que el ministerio ponga encima de la mesa medidas para paliar esos efectos dañinos, y eso no está sucediendo”. Es más, recuerda que en ocasiones anteriores su grupo ha hablado hasta de dejar a la libre elección del trabajador hasta 10 años de cotizaciones “y el PP llegó hasta los cinco años”. La diputada también niega que siquiera los dos años de peores cotizaciones que Escrivá propone eliminar del periodo de cálculo de la pensión vaya a ser neutral como sostiene el ministro. “Así no hay acuerdo posible”, concluye.

También el PP pidió en su día la convocatoria del Pacto Toledo, tras criticar que Escrivá presentara a finales de 2022 su propuesta para ampliar el periodo de cálculo en el último momento e “improvisando”. En efecto, el Partido Popular planteó en enero de 2018 en el Pacto de Toledo tres fórmulas para que los trabajadores con carreras largas de cotización y afectados por la crisis cuando se acercaban a la jubilación no sufrieran un recorte en su pensión. Una de ellas, descartar los cinco peores años de cotización. Tres meses más tarde, pactó con el PNV su apoyo a los Presupuestos Generales de ese año. A cambio, el Gobierno de Mariano Rajoy dinamitó la reforma de las pensiones que había aprobado en solitario en 2013: acordó volver a subir las pensiones de acuerdo con el IPC, por lo que suprimía el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma, y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad cuatro años. Y lo hizo mientras en la calle se sucedían las manifestaciones de jubilados que reclamaban “pensiones dignas”. 2018 no era siquiera año electoral, pero todos los partidos temen el impacto de cualquier medida no sólo en los nueve millones de pensionistas sino también en el resto de los votantes, que tarde o temprano pasarán a esa condición. Ya han visto cómo se pelaban las barbas de la vecina Francia, donde millones de personas se echaron a la calle en enero contra la reforma de las pensiones que pretende aprobar Emmanuel Macron: retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Ahora, al ruido preelectoral se suma la amenaza sobre el desembolso de los fondos europeos. Según fuentes de la negociación, Escrivá no puede dejar fuera de la reforma la ampliación del periodo de cálculo a la que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas y que incluye el aumento de las bases máximas de cotización y la reducción de la brecha de género en las pensiones. La Comisión Europea quiere medidas que contengan el gasto en estas prestaciones públicas, 11.922 millones de euros en febrero, según las últimas cifras publicadas por el ministerio. Un 10,8% más que hace un año. Por tanto, no le sirve una reforma que lo aumente, lo que ocurrirá si se cubren las lagunas de cotización sin ampliar el periodo de cálculo o si se amplía pero se añaden medidas complementarias para evitar el inevitable recorte de la pensión. “También se supone que no se podía recuperar la negociación colectiva [anterior a la reforma laboral de 2012] ni se podía aprobar la reforma laboral [de 2021], y al final se pudo”, opone Aina Vidal para relativizar las exigencias de Bruselas sobre la negociación.

La Comisión Europea ha defendido este jueves el plan de Recuperación y Resiliencia de España frente a las dudas que ha planteado al respecto el Tribunal de Cuentas Europeo, que ve "lagunas" en las reformas, de forma previa a que la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo envíe una misión a España el próximo 20 de febrero para analizar la implementación de los fondos, según informa Europa Press.

La directora general del grupo de trabajo de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, Céline Gauer, ha destacado lo "positivo" del plan de España para invertir los fondos europeos de forma veloz y efectiva. "Es un programa realmente transformador", ha destacado, antes de subrayar que es también uno de los que se sitúa a la vanguardia de la Unión Europea (UE), tanto en lo que respecta al cumplimiento de los hitos y solicitud de desembolsos como en la realización de inversiones.

Menos optimista se ha mostrado al respecto el Tribunal de Cuentas Europeo, que ha acusado falta de claridad en algunos hitos y ha reclamado, tanto a la Comisión como al Gobierno de España, un calendario para subsanar errores y lagunas detectados en relación al hito relacionado con la transparencia.

Por su parte, la oficina europea de lucha contra el fraude, que ya visitó España el verano pasado, cuando se puso en contacto con su contraparte nacional, los servicios anti fraude, ha aportado su experiencia sobre los potenciales problemas que pueden aparecer en lo que respecta al componente de gasto.

La vicepresidenta primera de la comisión parlamentaria de control presupuestario, Isabel García Muñoz, ha destacado que esta misión "por todo lo alto" cuenta con "total predisposición" por parte del Gobierno de España y ha invitado a los compañeros que la componen a obrar con "prudencia, responsabilidad institucional y mente abierta".

"Me consta que el Gobierno y los ministerios implicados están encantados de recibirnos, de contarnos qué han hecho, cómo lo han hecho y cómo se protegen los intereses financieros", ha afirmado la eurodiputada socialista antes de incidir en que no quiere una "misión politizada a las puertas de unas elecciones, que es lo que parece".

Con esta reunión, la comisión parlamentaria ha debatido los preparativos para la misión que enviará a España del 20 al 22 de febrero con el objetivo de evaluar la aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de España, incluidos los hitos y objetivos y, en particular, los sistemas de gestión, auditoría y control establecidos.

Miles de millones de euros destinados a la recuperación de Europa tras la pandemia del covid podrían desviarse para una serie de nuevos proyectos de infraestructuras de combustibles fósiles, que comprometerían a Europa a firmar contratos durante los próximos 20 años y socavar sus esfuerzos de transición ecológica.

Tras horas de acaloradas discusiones, en la madrugada del 15 de diciembre los negociadores que reforman el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE –la pata financiera del fondo post-Covid de 750.000 millones de euros– llegaron a una conclusión. El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo ­–el llamado "trílogo"– acordaron que los fondos de recuperación podrían utilizarse para iniciativas Repower de la UE. Presentada en marzo en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y a los temores sobre el suministro energético, Repower EU pretende "reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos y acelerar la transición ecológica, reforzando al mismo tiempo la resistencia del sistema energético a escala de la Unión Europea".

En una votación celebrada en noviembre sobre la modificación del reglamento del MRR, el Parlamento Europeo acordó dejar de lado temporalmente el principio de "no causar daño significativo", que garantiza que los proyectos financiados no causen daños medioambientales. De este modo, docenas de proyectos de infraestructuras de combustibles fósiles propuestos en toda Europa pueden optar ahora a recibir dinero reservado originalmente para iniciativas de recuperación tras la crisis provocada por la pandemia.

"Nos enfrentamos a una crisis energética europea y las soluciones deben ser europeas", declaró Siegfried Muresan, ponente rumano del grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento. "Los Estados miembros deben abordar con carácter prioritario los cuellos de botella existentes en términos de distribución de energía a través de proyectos transfronterizos y multinacionales. Repower EU puede aportar un valor añadido real y ayudarnos a superar esta crisis", destacó.

La Comisión y el Consejo querían ir aún más lejos, eliminando el tope de las cantidades que podían movilizarse para petróleo y gas, e incluyendo el petróleo en los nuevos proyectos de infraestructuras. Al final, todas las subvenciones de los planes de recuperación, los fondos regionales y el Fondo de Innovación quedaron excluidas de las reformas del MRR y no podrán desviarse a proyectos energéticos de Repower.

Sin embargo, hasta el 30% de los préstamos super-subvencionados concedidos por los planes de recuperación, unos 67.500 millones de euros de los 225.000 millones de préstamos disponibles, podrían seguir financiando proyectos urgentes relacionados con la crisis energética. El consorcio periodístico internacional Investigate Europe, del que forma parte infoLibre como único medio español, ha identificado planes para la construcción de al menos 41 terminales de gas natural licuado (GNL) o gasoductos, muchos de los cuales podrían ahora financiarse en parte con el dinero destinado inicialmente a la recuperación de la crisis del covid.

Olivier Vardakoulias, de Climate Action Network (CAN) Europe, afirma que ese cambio es "una decisión desastrosa desde el punto de vista climático e innecesaria desde el punto de vista de la seguridad energética". Y añade: "En lugar de repotenciar realmente la UE, la pata financiera de Repower EU está alimentando la dependencia de la UE de los combustibles fósiles importados, que nos ha llevado a la crisis actual".

La necesidad de una alternativa al gas ruso justifica las nuevas inversiones europeas en combustibles fósiles, según el ministro checo de Economía, Zbyněk Stanjura: "La Presidencia checa está cumpliendo una de nuestras principales promesas: acabar con la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos y allanar el camino para una revisión radical del sector energético de la Unión. Repower EU nos va a permitir financiar las inversiones y reformas necesarias".

Cuando el influyente grupo de presión de Bruselas Eurogas celebró su conferencia anual en diciembre, su presidente Didier Holleaux, que también es vicepresidente del gigante francés Engie, pidió apoyo a la UE: "Esperamos que la Comisión Europea nos ayude a resolver esta crisis de suministro energético".

Los gobiernos de la UE tienen hasta marzo para enviar a Bruselas nuevas propuestas para su Plan Nacional de Recuperación, incluidos los proyectos de gas para los que desean financiación. Los proyectos subvencionados tienen que estar operativos en 2026, según las condiciones del plan Repower de la UE.

Según la base de datos Global Energy Monitor, desde el inicio de la guerra en Ucrania se han anunciado en Europa al menos 34 proyectos de gas natural licuado y siete de gasoductos. Los proyectos, que incluyen nuevas construcciones, así como ampliaciones de instalaciones existentes y proyectos múltiples en terminales específicas, están previstos en 10 países. Incluyen 26 terminales flotantes o en alta mar y ocho proyectos de terminales en tierra. Se calcula que costarán decenas de miles de millones de euros.

Alemania participa en 11 proyectos, cinco de los cuales son terminales fijas y seis flotantes. Una carrera por el gas, bendecida recientemente por su ministerio de Economía, que admitió en un informe interno que las terminales de GNL previstas en Alemania "provocarán un exceso de capacidad".

"El desarrollo de la infraestructura de terminales flotantes y su arrendamiento financiero son esenciales para la seguridad energética", declaró a Investigate Europe un portavoz del Gobierno alemán. "En particular, la reducción y posterior eliminación de los suministros de gas ruso los hacen imperativos". El portavoz añadió que el periodo de construcción se prolongaría hasta 2038, con un coste estimado de 9.700 millones de euros.

Le siguen Italia, con seis proyectos previstos; Grecia, con cinco, y Estonia, Letonia y los Países Bajos con dos cada país.

El pasado mes de mayo, la Comisión Europea publicó un mapa con sólo 13 proyectos de GNL susceptibles de ser financiados por el plan Repower EU. Desde entonces, el Ejecutivo comunitario no ha actualizado sus previsiones. "Estamos esperando los planes actualizados de los gobiernos", declaró un portavoz.

CAN Europe y Food & Water Action Europe recabaron información de los distintos Estados europeos implicados. Según sus cálculos, hay al menos 34 proyectos de GNL que podrían recibir préstamos europeos subvencionados, a través de la iniciativa Repower EU. A ellos se suman megaproyectos de nuevos gasoductos, como el enlace submarino entre Barcelona y Marsella, el llamado H2Med, ya que los gobiernos de España, Francia y Portugal prometen que sólo transportará hidrógeno verde. No estará operativo hasta 2030 y no hay certeza de que el mercado del hidrógeno verde –que por ahora sólo representa el 5% de todo el hidrógeno producido– pueda justificar semejante inversión.

"La UE corre el riesgo de desbloquear miles de millones de euros para financiar nuevos gasoductos y terminales de GNL con el pretexto de razones de seguridad energética a corto plazo", denuncia Esther Bollendorff, coordinadora principal de política de gas de CAN Europe. "Esto es un auténtico disparate y no ayudará a sustituir el gas ruso este invierno. Cualquier acción a corto plazo no debería condenar a decenas de millones de personas en Europa, que ya se enfrentan a una crisis climática, energética y social, a sufrir futuras crisis alimentadas por combustibles fósiles".

Frida Kieninger, directora de Asuntos Europeos de Food & Water Action Europe, añade: "La duración de los contratos, de 10 a 15 años, me preocupa. Estamos enviando una mala señal a los productores de todo el mundo, para que hagan inversiones y sigan haciendo negocios sucios con Europa. Sin duda, está lanzando un fuerte salvavidas a los frackingers de Estados Unidos, haciendo atractiva la exportación en Nigeria o Qatar. ¿Qué ocurrirá entonces? Dentro de 10 años estaremos en 2033, deberíamos tener una demanda de gas bastante reducida y seguiremos teniendo estos contratos con las compañías de GNL".

Además de los largos contratos, Europa habrá construido miles de kilómetros de gasoductos, posiblemente financiados en parte con dinero de Repower de la UE.

La empresa española Enagas y la italiana Snam están realizando un estudio de viabilidad para construir una conexión submarina que transporte el gas (que llega en barcos como GNL) hasta Livorno (Italia) y el resto de Europa. La ampliación del gasoducto transadriático desde Azerbaiyán a través de Turquía, Grecia e Italia es otro posible proyecto. La financiación de Repower EU podría incluso llegar a África y financiar parte del proyecto de gasoducto transahariano previsto entre Argelia, Níger y Nigeria.

Las dos ONG calcularon a cuánto ascenderían los costes operativos de cada terminal o gasoducto de GNL. El proyecto griego de terminal de Alexandroupolis, por ejemplo, costaría 19 millones de euros al año; el gasoducto Eastmed, unos 90 millones de euros; la ampliación de Krk en Croacia, unos 34 millones de euros, y el proyecto polaco de GNL de la costa del Mar Báltico, 64 millones de euros al año. Este dinero público pesaría sobre los ciudadanos durante toda la existencia de la infraestructura fósil.

"Los proyectos europeos de gas fósil son un verdadero atentado contra los objetivos climáticos de la UE", critica la eurodiputada francesa de Los Verdes Marie Toussaint. "Con una visión a corto plazo, estamos cediendo ante quienes se beneficiarán de la explotación del gas, sin garantizar en absoluto que esto permita luchar contra la inflación de los precios de la energía".

El pasado mes de mayo, Toussaint, junto con 48 representantes del Parlamento Europeo y del Congreso de Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras del Partido Demócrata como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, escribieron una carta conjunta a los presidentes de EE.UU. y de la Comisión Europea, Joe Biden y Ursula von der Leyen. En la misiva pedían "la elaboración de un plan que garantice la ausencia de cualquier nueva financiación, cualquier nueva licencia de exploración o cualquier nuevo permiso para la extracción, exportación, importación e infraestructuras de carbón, petróleo o gas". Hasta ahora nadie ha respondido a la carta.

2023 terminará sin la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobadas. El último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo martes, día 27, no incluirá en su agenda ninguno de estos dos asuntos capitales. El Diálogo Social ha fallado esta vez, al menos en los tiempos, y ha sido incapaz de poner de acuerdo a empresarios, sindicatos y Gobierno. En el caso del SMI, el último Consejo de Ministros del año aprobará la prórroga del actual hasta que se decida la cuantía en que aumente, quizá a mediados de enero. La subida, no obstante, se aplicará a los trabajadores con carácter retroactivo desde el día 1. El Gobierno, de hecho, sólo debe consultar a los agentes sociales, no negociar con ellos, lo que significa que una vez puestas sobre la mesa las diferentes cuantías propuestas por cada parte –1.040 euros la CEOE, entre 1.082 y 1.100 euros CCOO, 1.100 euros UGT– y la horquilla recomendada por la comisión de expertos –de 1.046 a 1.082 euros–, las discusiones se han trasladado a los ministerios concernidos: Trabajo, Economía y Hacienda.

La segunda fase de la reforma de las pensiones tiene un desarrollo más incierto. La última reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal se celebró el pasado día 12, pero no supuso avance alguno, según lamentaron CCOO y UGT a su término. Ambos pidieron, además, al ministerio que no vuelva a convocarles si no lleva a la mesa una propuesta que realmente suponga una novedad sobre lo ya discutido. “En ningún caso [la negociación] acabará antes de que finalice este año”, advirtió hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “le quedan aún bastantes capítulos”.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas a tener aprobada esta segunda parte de la reforma antes de que acabara este año, para empezar a aplicarla “de forma progresiva” a lo largo de 2023. En concreto, el componente 30 del Plan de Recuperación incluía ese plazo tanto para la ampliación del periodo de cálculo de la pensión como para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que de momento se han quedado en el tintero de José Luis Escrivá.

Desde esa última cita, Seguridad Social mantiene contactos con los agentes sociales, pero no ha habido reuniones y, según las fuentes sindicales consultadas por infoLibre, no se esperan citas formales hasta después del Día de Reyes. En cualquier caso, tanto los sindicatos como la patronal consideran mínimas las posibilidades de un acuerdo tripartito. El rechazo de la CEOE a cualquier cambio que implique un aumento de las cotizaciones sociales –es el caso del MEI– impide el sí empresarial. CCOO y UGT, por su parte, reprochan al ministerio que se haya embarcado en un aumento del periodo de cálculo de la pensión que no cuenta con respaldo político suficiente para su aprobación en el Congreso. Es más, también ha expresado su rechazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por culpa de ese doble frente, laboral y político, el camino de la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja tortuoso, a diferencia de la primera, que fue acordada con sindicatos y patronal en julio de 2021, y aprobada por el Congreso en diciembre con los votos en contra de PP, Cs, Vox, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG, y la abstención de EH Bildu.

En cualquier caso, aunque se supere el plazo prometido a la Comisión Europea, el Gobierno no prevé que el retraso suponga un problema: tampoco lo hubo con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se prometió para el primer semestre de este año, pero no pudo pactarse hasta el 20 de julio. Prueba de ello es que en la adenda del Plan de Recuperación que va a enviar a Bruselas, con modificaciones en algunos hitos y objetivos por culpa del retraso en las inversiones, no se incluirá ninguna relacionada con las pensiones, informa Europa Press. En esa adenda irán 15 reformas nuevas y otras tantas serán ampliación de las ya existentes, entre ellas la mejora de los sistemas de búsqueda de empleo del SEPE.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir”, en palabras del ministro de Seguridad Social, a convertirse en el principal punto de disenso en la mesa de diálogo con los agentes sociales y en las negociaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A lo largo del último año, Escrivá fue modulando sus declaraciones sobre lo que en el Plan de Recuperación se denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Escrivá siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. También que el objetivo era atender a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, las carreras profesionales de quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, cubriendo mejor las lagunas de cotización o descartando sus peores años. Según sus cálculos, la medida afectará a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

El pasado septiembre, cuando prometió presentar una primera propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo que, por tanto, no llegaría a los 35 años como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, Escrivá plantea aumentarlo hasta los 30 años, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Será el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Que la ampliación del periodo de cálculo sea neutra para las cuentas de la Seguridad Social no quiere decir que lo sea para los trabajadores afectados. Y es ahí donde surge la discordia. Los sindicatos recuerdan al ministro que la medida se excluyó de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que aún no se han evaluado los efectos de la más reciente ampliación, a 25 años, que se completó el año pasado. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está”, protestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo criticó que la iniciativa de Escrivá sobre el periodo de cálculo esté “distorsionando” la negociación sobre la reforma. Y Yolanda Díaz la desechó por tratarse de “un recorte de derechos”, ya que “endurece” el acceso a la pensión. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, socios parlamentarios del Gobierno, rechazan que se aumente el periodo de cálculo, puesto que, dicen, se traducirá en una rebaja de la cuantía de la pensión.

Pese a estas discrepancias, Seguridad Social no modificó su propuesta en la última reunión del pasado día 12. Sí que mejoró la cobertura inicial de las lagunas de cotización y las brechas de género en las pensiones. Pero los sindicatos lo consideraron “claramente insuficiente”. En la mesa también se discute el destope de las bases máximas de cotización –el ministerio ofrece que suban tanto como la inflación hasta 2025 y a partir de ese año y hasta 2050 lo haga en un 34,76%–, la mejora de las pensiones mínimas y el MEI, que debe sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad. CCOO quiere iniciativas generosas en esos asuntos para empezar a discutir siquiera el periodo de cálculo.

Aunque el Gobierno prefiere llevar a Bruselas tanto la reforma de las pensiones como el SMI con el respaldo de patronal y sindicatos, el rechazo de la CEOE a ambas medidas va a impedir la reedición de los 14 acuerdos anteriores que revitalizaron el Diálogo Social. La patronal ha endurecido su discurso según se iban sucediendo las críticas desde el PP y desde el interior de la propia patronal. Que diera el sí a la reforma laboral de diciembre de 2021 no fue del agrado de muchos. Ya antes de las elecciones que el pasado noviembre han dado cuatro años más a Antonio Garamendi al frente de los empresarios, la CEOE se había opuesto a la subida del SMI de 2022 y renunciado al acuerdo de salarios para el próximo trienio con los sindicatos. Quedó en suspenso en mayo por la negativa de la patronal a subir los sueldos tanto como la inflación y por la línea roja que CCOO y UGT dibujaron en las cláusulas de revisión salarial.

Una vez reelegido, Garamendi perseveró en la línea dura al rechazar “la interlocución” del Ministerio de Trabajo por considerarla “tramposa y contraria a la buena fe”. La CEOE reaccionaba así a la enmienda que EH Bildu había negociado con los grupos del Gobierno para permitir a la Inspección de Trabajo que revise si las empresas cumplen las causas legales cuando presentan un ERE. La patronal considera que esa nueva atribución a los inspectores devuelve a la Administración el control sobre los despidos colectivos e incluso habla de “traición” a los acuerdos de la reforma laboral.

Por el contrario, tanto CCOO como UGT creen que la CEOE está “sobreactuando”. “No vi que reaccionara con tanta intensidad cuando algunos grupos parlamentarios impugnaron la reforma laboral [que la patronal había firmado] en el Tribunal Constitucional”, lamentaba el número dos de UGT, Fernando Luján, en referencia a los recursos presentados por PP y Vox.

Exceso de drama o no, lo cierto es que CEOE escenificó su divorcio con Trabajo no acudiendo a la última reunión sobre el SMI este mismo miércoles. Envió una propuesta por escrito al ministerio. Para saber si el resto de las mesas de negociación abiertas peligran, habrá que esperar también a enero. La Ley de Empleo –que incluye las nuevas competencias de la Inspección de Trabajo y la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo– quedó aprobada el pasado jueves en el Congreso, con las abstenciones de PP, Cs y Junts y los votos en contra de Vox y BNG. Pero el Estatuto de Becario sigue pendiente de acuerdo. La última reunión fue el pasado día 5. El Gobierno aún no les ha presentado una propuesta sobre prácticas extracurriculares –el nudo donde se ha atascado la negociación– que les prometió y que ya no verán hasta el próximo año.

Mención aparte merece el acuerdo de salarios y negociación colectiva, que ya sólo implica a los sindicatos y la CEOE. Unai Sordo ve “bastante complicado” que se recupere el Diálogo Social si la patronal persiste en su discurso de los últimos meses. “La lectura que están haciendo ahora las organizaciones empresariales es que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas”, explicó en una entrevista en TVE, “por eso no están por la labor de acordar ni en el Diálogo Social ni en la negociación colectiva”.

También está pendiente el pacto de rentas que impulsó el Gobierno pero que no ha dado siquiera un primer paso. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, invitó hace unos días a incluir el acuerdo sobre el SMI en un futuro pacto de rentas, del que casi nadie, a estas alturas de la crisis, habla ya.

La velocidad de ejecución de los fondos europeos Next Generation es la clave del impacto de los 140.000 millones de euros que España recibirá para recuperarse del golpe que la pandemia propinó a la economía en 2020. De esa cantidad, 70.000 millones son entregas a fondo perdido y el resto, préstamos. Una cantidad ingente de dinero cuya gestión es todo un desafío para las administraciones públicas. El Observatorio de Fondos Next Generation EU, creado por la escuela de negocios Esade, ha analizado tanto las licitaciones públicas como las subvenciones convocadas y concedidas por las administraciones españolas desde mayo de 2020 y financiadas con los fondos europeos. Las licitaciones ofertadas sumaban 4.997 millones de euros hasta febrero de 2022, cuando Esade publicó un primer informe. Las subvenciones constituyen un paquete de mucho mayor volumen, 28.459 millones hasta el 15 de noviembre pasado.

Según este segundo análisis, de los 28.459 millones de euros en subvenciones convocadas, 18.570 millones, el 65,15%, tienen como destinatario directo el tejido productivo y social –empresas, asociaciones y personas físicas–, mientras que los 10.000 millones restantes son transferencias entre administraciones, que el informe considera, por tanto, “convocatorias interpuestas”. De esos 18.570 millones en subvenciones convocadas se han concedido ya 4.200 millones de euros, el 23,3%. El total de las ayudas adjudicadas –sumando las que son transferencias entre administraciones y las que van directamente a empresas y particulares– asciende a 9.300 millones, un tercio de las convocadas.

Manuel Hidalgo, autor de ambos estudios, codirector del observatorio y profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, explica que el ritmo de convocatoria de las subvenciones se ha acelerado, sobre todo en los últimos seis meses. Si hasta enero de este año se habían publicado anuncios de ayudas por importe de 8.700 millones de euros, desde entonces se han más que duplicado las convocatorias, que suman casi 20.000 millones en lo que va de ejercicio.

Otro tanto ha ocurrido con las concesiones, aunque su velocidad es mucho menor, debido al problema que está representando para unas plantillas públicas insuficientes ejecutar procedimientos administrativos muy complejos. En cualquier caso, las concesiones se aceleraron a partir de julio de 2021, cuando alcanzaron los 2.787 millones de euros, pero sobre todo desde el pasado abril, cuando se elevaron hasta los 8.465 millones.

En resumen, hasta febrero se cuentan 1.267 licitaciones y hasta noviembre 1.486 convocatorias de subvenciones asociadas a los fondos europeos.

Las ayudas ya otorgadas han beneficiado en mayor número a sociedades limitadas, que han conseguido 1.132 millones, el 12,2% de los 4.200 millones que ya han llegado al tejado productivo y social. Ese importe casi duplica el que han recibido las sociedades anónimas, 622,5 millones. Las universidades se han hecho con 810 millones. Otros 663,8 millones han ido a parar a asociaciones y 417,4 millones más a personas físicas. También figuran en la lista de perceptores finales de las subvenciones las instituciones religiosas, con 25,8 millones de euros, y las cámaras de comercio, con 3,37 millones. El estudio destaca así el carácter “más transversal” de las subvenciones en comparación con las licitaciones, que han sido adjudicadas en un 26,7% a uniones temporales de empresas –893,3 millones de euros–, un 20,2% a sociedades anónimas –676 millones– y el 8,9% a sociedades limitadas –299,7 millones–.

Las cifras de convocatorias también reflejan esa amplitud del reparto: 10.017 millones de euros de los 28.459 millones ofrecidos hasta noviembre están destinados a pymes y autónomos, mientras que a empresas con más de 250 trabajadores y más de 50 millones de cifra de negocio se dedican 3.370 millones, una tercera parte. Otros 3.359 millones tienen como objetivo fundaciones o asociaciones y 1.198 millones son ayudas a investigadores.

La administración que más subvenciones ha convocado es la central, incluidos sus organismos autónomos y empresas públicas: 22.900 millones, el 80,2%. El ministerio más activo es el de Industria, con el 25% de las convocatorias, 7.130 millones, seguido de Transición Ecológica, con 4.200 millones y Economía, con otros 3.500 millones. El departamento autonómico que más subvenciones ofrece es el de Derechos Sociales de Cataluña, con 416,37 millones de euros, más que los ministerios de Política Territorial, Cultura, Seguridad Social o Derechos Sociales. También encabeza la clasificación entre los organismos autonómicos el Institut Català d’Energia (Icaen), que destina 208 millones a ayudas. La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid se queda por detrás, con 143,36 millones. La Consejería de Fomento andaluza –161,77 millones– y la Secretaría de Planificación valenciana –155,22 millones– figuran también a la cabeza de las convocatorias autonómicas por importe.

En total, y tras la Administración central, es Cataluña la comunidad autónoma que más subvenciones oferta, 1.128 millones de euros, seguida de Andalucía, con 713,59 millones, y la Comunidad Valenciana, con 654,1 millones. Madrid se queda en 538,39 millones, la mitad que Cataluña. Cuando el foco se coloca en las subvenciones ya concedidas, el panorama cambia. Madrid es la que más dinero ha recibido hasta el 15 de noviembre: 1.979 millones. El estudio explica que son los fondos procedentes de convocatorias hechas por la Administración General del Estado los que explican ese liderazgo. La provincia de Barcelona ha percibido 1.085 millones. La de Valencia, 554,1 millones. Le sigue Sevilla, con 542,7 millones de euros.

¿A qué se van a dedicar esos miles de millones? De momento, hay 1.047,5 millones de euros para incentivos al autoconsumo y el almacenamiento de energías renovables, el capítulo de mayor volumen, pero también otros 1.000 millones para crear zonas de bajas emisiones en las ciudades y hacer más sostenible el transporte urbano. Los programas MOVES II y III, para fomentar el uso del vehículo eléctrico, se llevan 942,5 millones de euros. Bajo el epígrafe “actividades profesionales, científicas y técnicas” se han concedido ya 713,4 millones para contabilidad, ingeniería, consultoría... Un total de 694,9 millones han ido a parar a educación, 470,7 millones de euros a sanidad, 468,1 millones a rehabilitar edificios y 535,2 millones a avales. De estos últimos se han hecho convocatorias por un importe total hasta el momento de 1.932 millones de euros, la mayoría a cargo de la entidad pública CERSA.

Pero el programa estrella, por ser el de mayor volumen de subvenciones de todos, es el PERTE del vehículo eléctrico, por el que la Administración central ofrece ayudas por valor de 2.975 millones. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, han orientado sus convocatorias hacia la sanidad, con un total de 675 millones, así como a la rehabilitación de edificios –552 millones– y el empleo –445 millones de euros–.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir” a ser una realidad en la mesa donde los responsables del Ministerio de Seguridad Social negocian con empresarios y sindicatos la segunda fase de la reforma de las pensiones. El departamento de José Luis Escrivá aún no ha proporcionado a los agentes sociales los números que sustentan su propuesta de aumentar de 25 a 30 el número de años que se utilizarán para calcular la cuantía de la pensión, pero debería facilitarlos antes de la próxima reunión, que está prevista para este jueves, según han explicado a infoLibre fuentes de la negociación.

El ministro siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. Cuestión distinta es cuál será su efecto sobre la cuantía que percibirán los futuros pensionistas. En sucesivas declaraciones a lo largo de los meses José Luis Escrivá ha vinculado en todo momento cualquier ampliación del número de años sobre los que se calcula la cuantía de la pensión inicial a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, mencionando a quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, y prometiendo un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o el descarte de los peores años. Según sus cálculos, la medida afectaría a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

En septiembre, cuando prometió presentar su propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo. Por tanto, no llegaría a los 35 años, como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, la medida que puso encima de la mesa este lunes es una extensión “moderada” del número de años hasta 30, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Es el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Seguridad Social se ha cuidado de precisar que el planteamiento es sólo “un punto de partida”, abierto a las aportaciones de la mesa de diálogo social, pero tanto CCOO y UGT como la patronal CEOE rechazan la medida. Ni está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni tiene posibilidades de obtener apoyo parlamentario suficiente, destacan al unísono los agentes sociales. “El ministerio está empeñado en poner encima de la mesa una medida que no es necesaria”, critica el responsable de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, “si no existe la garantía de que es una propuesta de gobierno y con respaldo parlamentario suficiente, no tiene sentido seguir insistiendo”. Bravo se refería así al rechazo manifestado por Unidas Podemos a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión. Y al máximo nivel: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no apoya lo que considera un “endurecimiento del acceso a la jubilación” y una “pérdida de derechos”. Mientras, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha pedido que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo para debatir la propuesta del Ministerio de Seguridad Social. Al mismo tiempo, los sindicatos advierten de que, sin acuerdo en el diálogo social, va a ser muy difícil que la medida, incorporada en un real decreto-ley que necesita ser refrendado en las Cortes, consiga salir adelante.

Además, el Gobierno debería tener aprobada la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de que acabe el año. La ampliación del periodo de cálculo es uno de los hitos del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y que compromete al Ejecutivo a cumplir ese plazo.

A la espera de que el ministerio facilite los números sobre el impacto de la medida, tanto en las cuentas de la Seguridad Social como en las pensiones de quienes se jubilen a partir de ahora, UGT desconfía de que sea neutra para los trabajadores “si no se añaden medidas correctoras”, subraya la secretaria de Política Institucional, Cristina Estévez. El sindicato, continúa, ha encargado sus propios informes, que cifran entre un 7,8% y un 9,2% el recorte que sufrirían las nuevas pensiones de ampliarse el periodo de cómputo a 30 y 35 años.

Carlos Bravo explica que cualquier ampliación del periodo de cálculo beneficia a los trabajadores cuyo salario ha descendido o han perdido el empleo en sus últimos años carrera profesional. Pero no afecta a quienes mantengan su empleo y tengan un salario que haya subido con el IPC. Y perjudica a los que cobren sueldos que hayan mejorado más que la inflación. Lo normal, con esta distribución, por tanto, es que se reduzca el gasto agregado en pensiones.

Sin embargo, el responsable de CCOO concede que, tal y como lo ha planteado el ministro Escrivá, en este caso el impacto en las cuentas de la Seguridad Social será neutro. “Pero afectación individual siempre hay”, precisa. Aunque también admite que el recorte en las pensiones iniciales será pequeño. “Ahora los hombres tienen una media de 40 años de cotización, y las mujeres, que estaban en 28 años, han subido hasta 34”, indica.

También el Banco de España ha hecho sus propias estimaciones. Y antes incluso publicaron las suyas los profesores de la Universidad de Valencia José Enrique Devesa, Mar Devesa, Inmaculada Domínguez, Borja Encinas y Robert Meneu. El Banco de España calculó el efecto sobre la pensión inicial del aumento de 15 a 25 años que se aprobó en la reforma de 2011 y que se ha aplicado de forma gradual hasta completarse este mismo ejercicio. Según sus estimaciones, el 66% de las nuevas pensiones sufrieron un recorte, mientras que el 19% aumentaron su cuantía y el 15% no se modificaron. Las que bajaron lo hicieron en un 5% de media. Después, calculó el efecto de una ampliación de 25 a 35 años: el 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% serían más altas y otro 10% se mantendrían en el mismo importe. En este caso, el recorte medio sería mayor, un 8,2%.

Ahora bien, si el aumento a 35 años fuera acompañado del descarte de los seis años más desfavorables –por lo que el periodo de cálculo quedaría en 29 años, casi los 28 años de la propuesta de Escrivá– el recorte en las nuevas pensiones se “suavizaría” y equivaldría a la que resulta de considerar 25 años de cotizaciones. Aun así, más de la mitad de los pensionistas verían reducida su prestación. En cambio, eliminar los años con peor cotización elevaría las pensiones iniciales de los trabajadores con lagunas en sus carreras laborales, de quienes han sufrido etapas de desempleo y de quienes cobran las pensiones más bajas.

Las cifras del estudio de la Universidad de Valencia son distintas y señalan una disminución de la cuantía inicial de la pensión de un 9% si se aumenta el periodo de cómputo de 25 a 35 años. Pero un alza del 5,6% si se permite elegir los 25 mejores años del total de 35. En este caso, destacan sus autores, los más beneficiados serían los trabajadores con salarios más bajos, los de carreras de cotización más cortas, los hombres y los autónomos.

En cualquier caso, el impacto de una ampliación del periodo de cómputo siempre es dispar dependiendo del tipo y sexo del trabajador, del tipo de empleo o de la carrera de cotización. En general, incorporar los años más antiguos de cualquier vida laboral supone incluir en el cálculo de la base reguladora –el promedio de las bases de cotización actualizadas con la inflación excepto los últimos 24 meses antes de la jubilación– los años con menores salarios. Y, por tanto, bajar la cuantía de la pensión inicial.

Por ejemplo, el Banco de España calcula que, excluyendo los seis peores años del total de 35, los hombres aumentarían su pensión un 1,4%, mientras que la de las mujeres no experimentaría cambio alguno. Quienes sufrieran más de un año de laguna de cotización mejorarían un 2,8%; quienes hubieran estado desempleados, un 2,5%. Los de menores salarios aumentarían su pensión un 2,3%, mientras que los de sueldos más altos la reducirían un 1,7%.

El estudio de la Universidad de Valencia apunta además hacia otras posibles disparidades. Aumentar a 35 años el periodo de cálculo, pero eligiendo sólo los 25 mejores tendrá mayor impacto sobre las jubilaciones demoradas, cuyas pensiones mejorarán un 6,9%, mientras que las anticipadas subirán un 4,8%. Para los autónomos, el alza de la pensión inicial sería de un 8,7%, por encima del 5% de los asalariados del Régimen General.

“Los más afectados serán los trabajadores con carreras de cotización más cortas”, corrobora Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad. A su juicio, no obstante, el recorte que sufrirán las pensiones no será muy grande. Tampoco el efecto sobre las cuentas de la Seguridad Social. “Incluso el ahorro que se calculaba para la ampliación de 15 a 25 años, entre un 0,2% y un 0,3% del PIB, me parece excesivo”, advierte. En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes académicas consultadas por infoLibre, que preferirían que se considerara toda la vida laboral para calcular el importe de la pensión. Así se hace en toda Europa, concede por su parte Cristina Estévez, excepto en Francia y España. Y esa extensión sí que se traduciría en un recorte considerable de la cuantía de la prestación inicial.

Pero ampliar el periodo de cálculo a 30 años “de forma gradual” no lo considera “tan grave” Santos Ruesga. Otras fuentes apuntan a que, para quienes se vayan a jubilar ahora, incorporar al cómputo de la base reguladora las cotizaciones de los años 90 no les resultará perjudicial. “Fueron buenos años”, recuerdan.

De todos modos, para cubrir las lagunas de cotización de mujeres y autónomos, el ministerio ya ha comunicado a sindicatos y patronal un esquema más generoso que el ya existente. Así, ahora se concede un 100% de la base mínima para los 48 primeros meses sin cotización y un 50% a partir de entonces. Escrivá propone aumentar a un 60% entre el 49º y el 72º mes, y reconocer un 50% en adelante. Para los autónomos, ofrece cobertura durante los seis meses siguientes al fin de la prestación por cese de actividad.

Carlos Bravo recalca que CCOO no va a apoyar la ampliación del periodo de cálculo, “el elemento que está más en el aire” de toda la propuesta de Escrivá. En cambio, pone la lupa en otros elementos que considera mucho más relevantes: la subida de las pensiones en función del promedio del IPC y la de las bases máximas de cotización también según ese parámetro. Pero también destaca lo que echa en falta en la oferta del ministerio: cómo aumentar aún más los ingresos del sistema, cómo reducir la brecha de género en las pensiones, la mejora de las pensiones mínimas y de los mecanismos de jubilación parcial o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050. Todas ellas cuestiones que prioriza frente a la “innecesaria" ampliación del periodo de cálculo.

La CEOE puso el grito en el cielo cuando se supo que los Presupuestos del Estado incluyen una subida del 8,6% de las bases máximas de cotización. Lo tachó de “impresentable” y de “golpe al tejido productivo”, además de advertir de que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Se trata de las cuotas que deberán pagar a la Seguridad Social quienes en 2023 cobren a partir de 4.495,4 euros brutos al mes, casi 54.000 euros al año. Y es la misma subida que tendrán las pensiones el año próximo, mejoradas a su vez con el alza media que experimentará la inflación este ejercicio. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, explicó este viernes que ese aumento de las bases máximas sólo representa 0,4 puntos porcentuales del 8,4% en que su ministerio ha presupuestado el crecimiento de la recaudación por cotizaciones sociales para 2023: 562,3 millones de euros de los 11.814 millones que prevé mejoren esos ingresos. La subida de las cuotas a la Seguridad Social, precisó, supondrá que las empresas deberán pagar 100 euros más al mes por cada trabajador que gane 53.944,8 euros brutos al año, y éste 20 euros más al mes de su nómina.

Durante la presentación a la prensa de los presupuestos de su departamento, Suárez no ahorró en superlativos cuando calificó de “extraordinario” el aumento de las cotizaciones sociales que, según sus cálculos, se recaudará el año próximo, gracias al aumento de la afiliación, el aumento de las bases de cotización y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aseguró, además, que se trata de un “cambio estructural”, por el que las cotizaciones sociales han alcanzado los 11 puntos porcentuales del PIB, “un récord histórico”. La recaudación superará un 22% la de 2019, antes de la pandemia, cuando ya creció más de un punto debido a la subida del salario mínimo y a la mejora del mercado de trabajo, subrayó el número dos del ministerio.

Así, del 8,4% de crecimiento presupuestado para 2023, dos puntos corresponden al 0,6% de recargo en la cotización que se llevará el MEI –para financiar las pensiones hasta 2032–, 2,6 puntos provendrán de la recuperación del empleo y 3,8 puntos de la mejora de las bases de cotización –por los mejores salarios de trabajos cada vez más cualificados y productivos, así como por los efectos de la reforma laboral y del Plan de Recuperación, según enumeró el ministro José Luis Escrivá–. De esos 3,8 puntos, sólo cuatro décimas procederán de la subida de las bases de quienes más cobran: 562,3 millones de un total de 5.344,6 millones de euros. Escrivá aseguró que teniendo en cuenta todos esos “refuerzos” de las bases de cotización, sus previsiones de recaudación son, en realidad, “prudentes”, pese a la incertidumbre del momento económico. También crecerán los ingresos por el nuevo sistema de cotización de los autónomos: 12.300 millones, 700 millones más que en 2022. En total, los ingresos por cuotas sumarán 152.075 millones, que servirán para pagar el 80% de los 190.083 millones que la Seguridad Social se gastará en pensiones.

El ministro reiteró que las bases máximas de cotización se suben todos los años pero, además, subrayó que “deben” subir tanto como lo hagan las pensiones. Es lo que ocurrirá en 2023. “Quizá hemos dado por hecho algo que parecía evidente”, apuntó por su parte Borja Suárez. Escrivá volvió a declarar su sorpresa por la reacción de la patronal, cuando la Seguridad Social ha “renunciado” a unos ingresos de 15.000 millones de euros “para proteger el tejido productivo”, en referencia a los descuentos en cotizaciones concedidos a las empresas durante la pandemia. Los sindicatos, por su parte, han acusado a la patronal de “sobreactuar” en su rechazo a la subida de las bases máximas, subrayan que éstas deben subir lo mismo que la inflación todos los años y advierten de que lo “injusto” es que en años anteriores no lo hicieran.

José Luis Escrivá citó en dos ocasiones el discurso que la representante alemana en el BCE, Isabel Schnabel, dio en el Foro Vínculo Atlántico de A Toxa (Pontevedra) para negar que España padezca un problema de costes laborales. “Los salarios reales crecen menos que en otros países de nuestro entorno, por lo que en términos relativos las empresas no pierden en competitividad, en el caso de las exportadoras”, describió apoyándose en los datos aportados por la experta alemana. Si no exportan, añadió, hay que fijarse en sus márgenes, y éstos, según las cifras de Schnabel, no sólo se mantienen, sino que incluso en algunos sectores como el energético se han ampliado. Mientras, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.

El ministro explicó igualmente en qué consiste el destope de las bases máximas que se discutirá con los agentes sociales en la mesa sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones. Esa elevación se hará “en términos reales”; es decir, contando con la inflación, con “ciertos desfases” respecto de la subida de las pensiones máxima y de forma progresiva en los próximos 30 años. Pero no empezará a aplicarse en 2023, aunque deberá haberse pactado con sindicatos y patronal antes de que acabe este año, para cumplir el mandato de Bruselas.

“Queremos romper con ese pasado de sorpresas continuadas en las bases máximas, que el destope esté parametrizado en todos sus elementos. Ahora falta una regla y es lo que intentamos corregir. Antes de que acabe el año tendremos pactada esa senda de largo plazo, pero eso no afecta a lo que hagamos un año, son cosas disociadas. En el Diálogo Social estamos hablando de algo a largo plazo”, detalló Escrivá. La CEOE había acusado al Gobierno de decidir la subida de las bases máximas “a espaldas” de los agentes sociales.

Gracias a sus optimistas previsiones de ingresos, el ministerio mantiene el déficit de la Seguridad Social en un 0,5% para 2023, el mismo presupuestado para el ejercicio en curso. Es más, Escrivá aseguró que, si no fuera por la guerra en Ucrania y sus efectos en el precio de la energía y la inflación, la Seguridad Social ya habría vuelto al superávit con sólo que hubiera repetido este año la inflación media de 2021. Para cuadrar las cuentas del próximo año, el Estado hará una aportación de 38.904 millones de euros a la Seguridad Social, un 6,6% superior a la del ejercicio anterior. Hay que recordar que el pago de las pensiones sube un 9,4% respecto a 2022. Mientras que las prestaciones por incapacidad temporal caen un 12,9%, una vez concluida la pandemia.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Escrivá prevé que el número de hogares beneficiarios alcance los 650.000 desde los 510.000 actuales, una vez en marcha las diferentes medidas diseñadas para llegar hasta los potenciales usuarios de la prestación que hasta ahora no lo han solicitado. Según las encuestas que la Seguridad Social ha remitido por SMS a estos potenciales beneficiarios, uno de cada cuatro no conocía bien el IMV o si lo conocía, tenía dudas sobre los límites de ingresos que le dan acceso a él o sobre si perdía otras prestaciones, indicó Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión.

Para aumentar la cobertura del IMV, se ha permitido a los ayuntamientos y a 13 ONG que certifiquen los requisitos necesarios para obtener la ayuda e incluso el ministerio utilizará la colaboración de EAPN (European Anti Poverty Network) para acudir a comedores sociales y centros de reparto de alimentos y ropa e informar a potenciales beneficiarios. El año próximo, además, se pondrá en marcha el “incentivo al empleo”, que se activará cuando aumenten los ingresos del trabajo del beneficiario del IMV, bien porque haya encontrado un empleo que antes no tenía o porque le han subido el sueldo, por ejemplo. Según los cálculos del ministerio, uno de cada cinco hogares, unos 100.000, se beneficiarán del incentivo. Hasta ahora se han gastado 3.097 millones de euros en el IMV.

Los Presupuestos del Estado para 2023 suben las bases máximas de cotización un 8,6%. Las mínimas aumentarán en la proporción en que lo haga el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que hasta que la comisión de expertos no acabe sus cálculos, en noviembre, y el Gobierno tome una decisión, no se sabrá cuánto crecen las cotizaciones de los salarios más bajos. Las de los más elevados, situadas en 4.139,4 euros al mes, se elevarán hasta 4.495,4 euros.

La subida ha levantado la protesta enérgica de la CEOE, que tacha de “inadmisible” e “impresentable” una medida “exenta de rigor económico”. En un comunicado, la patronal explica que aumentar las bases máximas supone una “carga aún mayor para las empresas” y advierte de que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Tras sumar el 8,6% en que suben las cotizaciones de los sueldos más elevados al 0,6% que deberán pagar las empresas para alimentar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la patronal asegura que “los costes asociados al factor trabajo aumentarán un 9% “en un contexto de deterioro económico e incertidumbre generalizada”.

También critica la CEOE que la subida se haya hecho “de manera unilateral y a espaldas del Diálogo Social”. Y cita la reunión que celebraron el pasado lunes el Gobierno y los agentes sociales para discutir la reforma de las pensiones. “No se nos trasladó nada sobre este asunto”, protesta la patronal.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se declaró después “enormemente sorprendido” por la reacción de los empresarios. Según explicó, las bases máximas “tienen que subir cada año más o menos como lo hace la inflación”. Por lo que el alza de 2023 “no es nada novedoso”. Escrivá recordó con una cierta sorna que en 2013 y 2014 las bases máximas subieron un 5% “cuando la inflación era negativa”. “Y no recuerdo”, concluyó, “ningún comunicado de nadie”.

Las bases máximas han subido casi todos los años en la última década, pero su mejora no ha estado siempre alineada con la inflación. Es cierto que en 2014 aumentaron un 5%, cuando el IPC había acabado el año anterior en el 0,3% y la inflación media había alcanzado el 1,4%. El año siguiente, sólo subieron un 1,25% con el IPC en negativo, -1%, y la inflación media se quedó en un -0,2%. En 2016, el alza fue del 3%, con el 0% de inflación, y en 2017 de un 1,4%, con el IPC final en el 1,6%.

En 2018 subieron un 7%, con un IPC final del 1,1% y una inflación media del 2%. Los tres años siguientes las bases máximas quedaron congeladas, con la inflación en cifras negativas o de sólo unas décimas. No se volvieron a tocar hasta que en 2021 se mejoraron sólo un 1,7%, a pesar de que el IPC terminó el año en el 6,5% y la inflación media fue del 3,1%. Es decir, ha habido sólo tres grandes subidas, y acompasadas con la inflación sólo dos, la última la de 2023.

“Lo más razonable es aumentar las bases máximas de cotización con el IPC; lo criticable es no hacerlo en la misma cuantía”, replica el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Porque todo lo que se cobra por encima de la base máxima, 4.495,4 euros al mes a partir del año próximo, no cotiza a la Seguridad Social. Al subir estas bases máximas menos de lo que sube el IPC, las rentas netas de estos trabajadores aumentan y desciende su cotización relativa a la Seguridad Social, aclara. De forma que considera “razonable” que se les aplique la inflación, que este año tendrá un valor medio del 8,5% según las previsiones, y que es el mismo aumento que se aplicará a todas las pensiones. “La anomalía es no hacerlo”, subraya.

Además, Carlos Bravo desvincula esta subida de cada año con el destope de las bases máximas que se debate en la mesa sobre la reforma de las pensiones. “No hay ninguna ruptura del Diálogo Social ni ningún incumplimiento”, rebate a la patronal, porque ni en la mesa se ha hablado de los Presupuestos ni es esta subida anual de la que discuten los sindicatos, la CEOE y el Ministerio de Seguridad Social.

En la misma dirección se ha expresado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “No hay una mesa abierta específica para subir, en una Ley de Presupuestos, la base de cotización. Hay una mesa en la que están los destopes en debate, pero no para negociar la subida ordinaria, que nunca se ha consultado”, aclaró.

Su representante en la mesa de la reforma de pensiones, Cristina Estévez, atribuye la reacción de la patronal a la “guerra electoral” que se librará en la CEOE en noviembre, cuando los empresarios votarán si continúa en la presidencia Antonio Garamendi. También a la protesta que congregó este viernes a las puertas de la sede de la patronal en Madrid a cientos de delegados sindicales para pedir la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo marco de salarios para los próximos tres años. “En la mesa sobre las pensiones aún no hemos empezado a abordar el destope de las bases máximas, aún estamos discutiendo sobre el estatuto del becario, la Agencia Estatal de Seguridad Social y la incapacidad temporal de los fijos discontinuos”, enumera. Pero apunta que el argumento para defender la elevación de las cotizaciones de los sueldos más altos es precisamente la existencia en España de una gran “masa salarial” que no cotiza, pero que, a su juicio, “debería contribuir”. “Para sostener el sistema sería lo justo”, sostiene.

Elevar las bases máximas al tiempo que se aumentan las pensiones máximas –3.058 euros mensuales en 2023– es uno de las medidas a las que se comprometió el Gobierno en el componente 30 del Plan de Recuperación enviado a Bruselas. Debe hacerse de forma gradual –Escrivá ha hablado de 30 años– y será en una cuantía finalmente mucho mayor del 8,6% ahora aprobado. “Eso es sólo un pequeño paso de lo que hay que hacer”, indica Carlos Bravo, quien cree que la patronal está “sobreactuando” con su reacción a una subida que el Gobierno decide todos los años. El dirigente de CCOO niega también que la reunión del pasado lunes a la que alude la CEOE en su comunicado fuera una cita “formal”.

En el documento enviado a Bruselas, el Gobierno vincula la elevación de las cotizaciones de quienes más cobran con el aumento de la desigualdad salarial. Y advierte de que el alza de los salarios más elevados “no es adecuadamente trazado por la mera indexación de la base máxima del sistema al IPC”, por lo que reclama que se adapte teniendo en cuenta la evolución de todas las retribuciones. “De esta forma, se logra además reforzar los ingresos del sistema, contribuyendo así a su equilibrio y sostenibilidad”, añade. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha contestado este viernes a la CEOE reprochándole que tenga “un problema con la igualdad” y a su presidente, Antonio Garamendi, que “quiera seguir protegiendo a las rentas salariales más elevadas”. “Rentas de 60.000 euros en España hay 700.000, pero de 21.000 hay 12 millones”, ha resaltado en un acto en Oviedo, informa Europa Press.

En la mesa con los agentes sociales, además del destope de las bases máximas, Seguridad Social está discutiendo cómo ampliar el periodo de cálculo de la pensión, que acaba de situarse en 25 años después de que lo aumentara en 10 años la reforma de 2011. Escrivá lo vincula a lo que denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales”; es decir, que se permita al futuro pensionista elegir los mejores años de cotización en la base reguladora y se permita cubrir las lagunas de cotización que tienen sobre todo las mujeres a lo largo de su vida laboral.

Hasta ahora, esta posible ampliación había sido el principal motivo de polémica, porque no se incluye en las recomendaciones del Pacto de Toledo y los sindicatos la rechazan. El ministro Escrivá ha negado en repetidas ocasiones que vaya a aumentarse a 35 años el periodo de cálculo, pero en la mesa de la reforma de las pensiones, los responsables del ministerio plantearon una ampliación “suave”.

Los temidos hombres de negro de Bruselas responden en realidad a una etiqueta mucho menos sugerente: son la task force –grupo de trabajo– Recover y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro los bautizó utilizando a los agentes que vigilan a alienígenas camuflados entre terrestres, ha transcurrido una década y la economía ya está sufriendo una nueva crisis. Este lunes ha regresado a España la misión de Bruselas, en su tercera visita desde octubre de 2021, para vigilar los avances del Plan de Recuperación y Resiliencia. Hasta el miércoles volverán a entrevistarse con ministros, agentes sociales y expertos, con el foco puesto en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero también en el impacto de la reforma laboral.

Los hombres de negro, además, no son tales, pues de los tres enviados de Bruselas dos son mujeres: la francesa Céline Gauer, directora general del grupo de trabajo Recover, y la española María Teresa Fábregas, directora de Recover. Aunque el más conocido es Declan Costello, irlandés y jefe del equipo que vigiló como un sabueso el rescate a Grecia. Gauer lleva trabajando en la Comisión Europea desde hace casi 30 años y desde 2020 dirige el grupo de trabajo Recover, que depende directamente de la presidenta Ursula von der Leyen. Teresa Fábregas también es veterana en la Comisión –desde 1997– y pasó al grupo de trabajo en agosto de 2020. Costello es el director adjunto de la mencionada Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros.

Este mismo lunes por la tarde se reunieron con “funcionarios del Ministerio de Seguridad Social”, según precisó el titular del departamento, José Luis Escrivá, en rueda de prensa por la mañana. El objeto de la cita, “evaluar los hitos” correspondientes al segundo trimestre de este año a los que el Gobierno se comprometió en el Plan de Recuperación y Resiliencia. En concreto, dijo, la reforma del sistema de cotización de los autónomos y las pensiones de los planes de empleo. También se entrevistarán con representantes del Ministerio de Asuntos Económicos.

A preguntas de los periodistas, Escrivá negó que Bruselas haya cuestionado la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Al contrario, su evaluación de las reformas relacionadas con componente 30 del Plan ha sido “siempre muy positiva”. “Lo que ha hecho la Comisión es recordar que faltan algunos hitos, dos o tres este trimestre, y que hará una evaluación final cuando se termine el año. Y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero no nos está reprochando nada, nos recuerda lo que nos hemos comprometido a hacer”, explicó.

Sin embargo, el propio ministro había asegurado en una entrevista en el diario El País este verano que la Comisión Europea dudaba de que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera parte de la reforma de las pensiones, vaya a ser tan eficaz a la hora de contener el gasto público en pensiones como lo era el Factor de Sostenibilidad al que pretende sustituir. Bruselas, desveló, prefiere un mecanismo automático, mientras que el MEI es sólo “semiautomático”: debe revisarse, y quizá recalibrarse, en 2032.

Aunque no se refirió a ello Escrivá, el equipo de Bruselas también se interesará por la segunda parte de la reforma de las pensiones, que debe incluir la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y el aumento de las bases máximas de cotización y de las pensiones máximas. Al menos así lo esperan patronal y sindicatos, con los que también se reunirán los hombres de negro. Por la CEOE, este martes acudirá la responsable de su departamento de Laboral, Rosa Santos. “Serán reuniones cortas”, adelantan fuentes sindicales. El miércoles se verán con UGT y CCOO. Con sus equipos técnicos. Y les preguntarán por el impacto de las reformas aprobadas hasta el momento. No sólo sobre la Seguridad Social, también por los efectos de la reforma laboral, aseguran las fuentes. La negociación con los agentes sociales de segunda fase de la reforma de las pensiones no ha hecho más que empezar. Se ha limitado a una reunión y el ministerio aún no ha entregado ninguna propuesta por escrito.

En esas conversaciones, los altos funcionarios de Bruselas se encontrarán con el rechazo de la patronal a cualquier medida que amenace la sostenibilidad del sistema público de pensiones y que obvie los acuerdos del Pacto de Toledo, explican fuentes de la CEOE. Esa fue también su respuesta, y la de los sindicatos, al secretario de Estado de Seguridad Social el lunes de la semana pasada cuando éste les planteó una ampliación “suave” del periodo de cálculo de la pensión, que ahora se sitúa en 25 años. José Luis Escrivá siempre ha recalcado que no se extenderá “de ninguna manera” a 35 años. Aunque al mismo tiempo relaciona la medida con la posibilidad de rellenar lagunas de cotización y desechar los peores años de retribuciones. Y recalca que el cambio será “neutro” y no afectará a la recaudación de la Seguridad Social.

Tampoco la CEOE ve con buenos ojos el MEI, “que no es más que una sobrecarga de cotizaciones, una derrama”. El MEI consiste en una cotización adicional del 0,6% en las nóminas de los trabajadores, entre 2023 y 2032, que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la conocida como hucha de las pensiones– y debería funcionar como “válvula de seguridad” del sistema en el caso de que el gasto en pensiones se desvíe a partir de 2033 y hasta 2050. Los sindicatos no se oponen a que la aplicación del MEI, diseñado como una herramienta “contingente y temporal”, se extienda hasta 2050, según ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

En la tercera visita de esta segunda crisis, la misión de Bruselas se dejará ver en un acto público. Tres de sus miembros participarán en otras tantas mesas de debate el próximo miércoles organizadas por la representación en España de la Comisión Europea. El “primer evento anual sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” será inaugurado por la vicepresidenta Nadia Calviño y por el letón Valdis Dombrovkskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Cada uno de los altos funcionarios de la UE participarán en una mesa distinta. En la primera, con Céline Gauer, debatirán Joan Groizard, director general del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica; el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, José María González Moya, y la vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

En la segunda, junto a Declan Costello se sentarán la directora del Departamento Laboral de la CEOE, Rosa Santos; Luis Aribayos, secretario general de Cepyme, y los responsables de los gabinetes económicos de CCOO, Carlos Martín Urriza, y de UGT, Luis Pérez Capitán.

En la tercera, a María Teresa Fábregas la acompañarán la secretaria general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Mercedes Caballero; los consejeros de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, y de Navarra, Elma Saiz, así como María Ángeles Martín Prats, profesora de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla.

El objeto de los debates es simple: hacer balance del primer año de implementación del Plan de Recuperación y debatir las oportunidades que la lluvia de millones europeos brinda a España.

Estas visitas y evaluaciones, que son técnicas y exhaustivas, sirven para liberar los sucesivos pagos de los fondos de recuperación. Superado el primer examen, en octubre de 2021, España recibió 10.000 millones de euros en diciembre. Tras la segunda, en febrero, se transfirieron 12.000 millones de euros en julio, Sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación, el total percibido se eleva a 31.000 millones hasta el momento. El siguiente desembolso, pendiente de que se aprueben los hitos del primer semestre de este año, asciende a 6.000 millones de euros.

Pese a esa presión, estas visitas guardan una diferencia sustancial con las que pusieron en el foco de la atención –y el recelo– pública a los primeros hombres de negro. Los que controlaron con guante de hierro el rescate a Grecia y examinaban la gestión del Gobierno tras el rescate a la banca española en 2012 y mientras se imponían las políticas de austeridad. Entonces el motor que impulsaba las medidas europeas era el recorte del gasto público. Tras la pandemia, en cambio, Bruselas ha aprobado un fondo de ayudas milmillonario para proteger a la economía y a los ciudadanos impulsando la transición ecológica y digital, al tiempo que ha suspendido las reglas de control de gasto.

Si bien el desembolso de ese dinero está supeditado a la aprobación de las reformas comprometidas, y la Comisión verificará con lupa que las ayudas consigan el efecto previsto, los controles no tienen mucho que ver con el rigor con que se escudriñó tanto al Gobierno griego como al español una década atrás. Además, los hombres de negro de Bruselas venían acompañados de otros colegas del FMI y el BCE, la odiada Troika. Entonces el escrutinio duraba semanas. Ahora la visita se reduce a tres días y, el último, sus protagonistas debatirán en público con autoridades y representantes de la sociedad civil.

La infraestructura de carga para vehículos eléctricos varía según el punto de España en el que te sitúes. En las zonas rurales puedes cargar tu vehículo cada 349 kilómetros cuadrados, mientras que en las áreas urbanas puedes hacerlo cada 4,11. Así lo demuestra el informe realizado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y el Observatorio de la Sostenibilidad titulado Puntos de recarga para la movilidad eléctrica en España. Diagnóstico de situación y propuestas para una movilidad sostenible que garantice la vertebración territorial y la cohesión social.

La descarbonización del transporte por carretera es clave para reducir las emisiones –ya que son las que más han aumentado y las que más deben disminuir–. Sin embargo, el despliegue de la actual red de recarga en la red de carreteras españolas no ha sido homogéneo, impidiendo que el vehículo eléctrico se convierta en una alternativa real al motor de combustión. A pesar de suponer más de cuatro quintas partes de la superficie peninsular, las zonas rurales poseen una gran escasez de infraestructuras; casi 7 de cada 10 puntos de carga para vehículos eléctricos se encuentran en áreas urbanas, calculan las organizaciones.

“El despliegue masivo de la red de puntos de recarga es vital para la implantación de la movilidad eléctrica de manera rápida, eficaz y eficiente. Y esta se debe extender por igual en la España urbana y en la rural”, explica Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de Ecodes. Por su parte, Raúl Estévez, responsable de Big Data y Sistemas de Información Geográfica del Observatorio de Sostenibilidad, destaca que es la España vaciada la que está produciendo masivamente la energía renovable y “soportando sus importantes impactos sobre biodiversidad, paisaje y sus ciudadanos”, por lo que deberían ser “los primeros beneficiados en cuanto a accesibilidad y precio por esta electrificación del transporte”. Sin embargo, sólo el 36% de los puntos de carga se encuentran en territorio rural o en carreteras principales. 

Además, el informe constata que los tramos más largos sin disponibilidad de carga se sitúan en su mayoría en las zonas del interior peninsular, estando la franja costera mediterránea y del atlántico sur mucho mejor cubierta.

Por otro lado, sólo un 2% de los conectores disponibles cuentan con una potencia igual o superior a 150 kW, algo que afecta directamente al tiempo que el vehículo debe permanecer enchufado. De estos puestos únicamente un 0,7% se encuentra en zonas rurales. Actualmente, en comunidades autónomas como Galicia, Cantabria, La Rioja o Navarra no hay ningún conector de alta potencia, así como tampoco se encuentran en las provincias de Castellón, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Palencia, Segovia, Soria y Teruel. Esto quiere decir que en el 28% del territorio español no hay ni un sólo punto de carga público de alta potencia. 

El informe constata la desigualdades territoriales, pero también el incumplimiento del estándar europeo, que establece el objetivo de disponer un punto de carga cada 60 kilómetros. A esto podría contribuir el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, que obliga a las gasolineras con ventas superiores a los 5 millones de litros en gasolina y gasóleo en 2019 a instalar como mínimo un punto de recarga (que tendrá que ser igual o superior a 150 kW o 50 kW, dependiendo del volumen de ventas). 

Para lograr una verdadera vertebración territorial y cohesión social, el estudio anima a la colaboración entre la apuesta pública y la privada, la cual también se contempla en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). 

El objetivo del PERTE en cuanto a los vehículos eléctricos es “crear en España el ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red”. Para lograr esto está prevista la inversión de más de 24.000 millones de euros entre 2021 y 2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de 19.700 millones de euros.

Los PERTE, los proyectos estratégicos incluidos en el Plan de Recuperación con los que el Gobierno pretende impulsar el crecimiento al tiempo que se transforma y moderniza la economía española, suman ya una inyección de 33.283 millones de euros públicos. Los 11 que ya han sido aprobados deben arrastrar inversiones privadas para regar con 71.235 millones los principales sectores productivos nacionales. Ese es el montante de los proyectos diseñados, según el esquema previsto y publicado por el Gobierno, pero la cifra será superior cuando se le añadan las cantidades de dinero privado que movilizarán los dos últimos PERTE aprobados, el de microelectrónica y semiconductores y el de economía social y cuidados, que de momento no han incluido el dato. En el caso del primero, la previsión del Ministerio de Economía es de casi duplicar el monto público comprometido, que alcanza los 12.250 millones de euros, el mayor de los 11 proyectos estratégicos. Trabajo aún no ha informado del dinero privado que atraerá el segundo. Es decir, la transfusión de fondos podría superar los 83.000 millones en cuatro años.

Los PERTE, los proyectos estrella del Plan de Recuperación y Resiliencia que se está financiando con los milmillonarios fondos europeos, se han creado para reactivar la economía tras el parón forzado por la pandemia, pero vienen para quedarse, según proclama el propio real decreto-ley que los regula. No sólo tienen “vocación de permanencia”, sino que además pretenden ser un instrumento que ayude a “corregir fallos de mercado”: deben ser los tractores que arrastren al capital privado cuando este, por miedo al riesgo, no se decide a invertir.

Las diferentes administraciones, empresas, universidades, centros de investigación o asociaciones empresariales que deseen formar parte de un PERTE y recibir las consiguientes subvenciones deben inscribirse en un registro público. Y en algunos de ellos se han constituido “alianzas” a las que, además de los ministerios implicados, se incorporan el resto de los actores privados de cada proyecto y que estará al cargo de su gobernanza. Así, hay una Alianza Salud de Vanguardia para las Renovables Innovadoras o para el PERTE Agroalimentario. Hasta ahora un buen número de grandes empresas, desde Volkswagen hasta Intel, se han integrado en estos proyectos estratégicos. Pero también están pensados para arrastrar a las pymes. Por ejemplo, en el del vehículo eléctrico, el 40% de las empresas participantes deben ser pequeñas y medianas.

De los 11 proyectos aprobados, sólo tres han abierto ya convocatorias de ayudas.

Estos son los proyectos que hasta el momento ha aprobado el Consejo de Ministros.

Fue el primero que recibió la luz verde del Gobierno. Este viernes ha concluido el plazo para acceder a los 2.975 millones de euros en subvenciones correspondientes a la parte industrial del PERTE. En total, están presupuestados 4.300 millones de euros públicos, que deberían movilizar otros 19.700 millones de inversión privada y crear 140.000 empleos.

Uno de los proyectos presentados es una gran fábrica de baterías que Seat/Volkswagen quiere levantar en Sagunto (Valencia) y generará 3.000 empleos. Con una inversión de 3.000 millones de euros, será una de las cinco factorías de baterías para coches eléctricos que el grupo quiere construir en Europa.

Stellantis –Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y otras– se ha puesto al frente de dos proyectos: Tesis y Aries. El primero se centra en la fábrica de Opel en Figueruelas (Zaragoza) con 223 millones de euros de inversión, reúne a 23 socios tecnológicos e industriales repartidos por seis comunidades autónomas y servirá para fabricar nuevos modelos de coches eléctricos. El segundo, con un presupuesto de 43 millones de euros, coordinará las plantas de Vigo y Madrid, incluye a 25 empresas, pondrá en marcha un taller de baterías y promoverá la reutilización de agua.

Renault, aliada con Gestamp, Grupo Antolín, Cellnex, Iberdrola o la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros socios, lidera una iniciativa de descarbonización –hidrógeno, combustibles neutros, baterías–, conectividad –vehículos autónomos– y servicios de movilidad. El 70% de las empresas implicadas son pymes.

Otro proyecto corre a cargo de Acciona, que con la china Envision instalará una megafábrica de baterías para coches eléctricos en Navalmoral de la Mata (Cáceres) con una inversión de 2.500 millones de euros.

Con una inyección pública de 982,4 millones de euros hasta 2023, se pretende atraer otros 486,8 millones de la iniciativa privada para estimular tanto el tejido científico como el empresarial. El Gobierno lo denomina “alianza científico-empresarial”. Terapias avanzadas, técnicas innovadoras de diagnóstico y prevención de enfermedades e incluso plataformas para diseñar y producir medicamentos y vacunas son las herramientas con las que se quiere mejorar la salud de la población. El proyecto también incluye acuerdos con las comunidades autónomas para impulsar la transformación digital de la atención primaria.

En la Alianza de Salud de Vanguardia se han integrado desde la Asociación Española Contra el Cáncer y la Federación Española de Enfermedades Raras u organizaciones de pacientes hasta las patronales Farmaindustria y Ametic, de las empresas tecnológicas.

Hasta el momento se ha abierto una convocatoria de ayudas de 50 millones de euros para el sector farmacéutico y de equipos médicos, cuyo plazo acaba el próximo día 15.

Para conseguir la independencia energética y acelerar en la descarbonización, este PERTE tiene previsto dedicar 6.920 millones de euros de dinero público, que deberían movilizar 9.450 millones de iniciativa privada. Y crear 280.000 puestos de trabajo. “Construir una transición energética diseñada y fabricada en España” es el objetivo diseñado por el Gobierno. Como resultado, el país debería ser en 2030 el productor del 10% de los 40 gigavatios que la Comisión Europea se fijó como meta para descarbonizar la economía en 2050.

Ya se ha cerrado una convocatoria de ayudas por importe de 50 millones de euros para que instituciones públicas y privadas sufraguen proyectos de I+D de almacenamiento energético. El próximo día 7 concluyen también los plazos de los cuatro programas de incentivos, por un total de 250 millones de euros, para empresas que presenten proyectos que abarquen toda la cadena tecnológica del hidrógeno renovable, así como proyectos sobre movilidad por hidrógeno, ya sea por carretera, ferroviario, aéreo o marítimo.

El PERTE pensado para reforzar toda la cadena agroalimentaria tendrá un fondo público inicial de 1.803 millones de euros, que podrán atraer otros 2.000 millones de procedencia privada. Habrá 400 millones para que la industria agroalimentaria mejore sus procesos de producción y otros 454 millones para que desde los agricultores y ganaderos hasta las empresas transformadoras y comercializadoras hagan su adaptación digital. También se destinarán 148 millones a apoyar la innovación e investigación y aumentar así la competitividad del sector. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha prometido que este mismo mes estará lista la primera convocatoria de ayudas por 400 millones de euros.

Inteligencia artificial, ciencia en español, turismo de la lengua, industrias culturales. Son algunas de las herramientas para hacer del español y las lenguas cooficiales un activo para impulsar la economía y la competitividad, dice el Gobierno. A este fin se destinarán 1.100 millones de euros, a los que la privada debería sumar otros 1.000 millones.

Con este dinero se quiere crear un Observatorio del Español, que estudie la situación del idioma castellano en el mundo, pero también un banco de datos de la lengua. Igualmente se ha proyectado una Red de Excelencia en Inteligencia Artificial, que costará 330 millones de euros. Además, se digitalizará el Instituto Cervantes y se creará una plataforma tecnológica única para aprender español. Ambos proyectos supondrán un desembolso de 475 millones más.

Aparte de una Alianza para la Nueva Economía de la Lengua que incluirá a universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos, así como a la FEMP, ya se ha nombrado una comisionada especial, que supervisará el PERTE, la periodista Cristina Gallach.

Reducir los residuos al mínimo es el objetivo de la llamada economía circular, una manera de producir y consumir que, además de contribuir al crecimiento sostenible, tiene un gran potencial de empleo: en España se podrían crear el 10% de los 700.000 nuevos puestos de trabajo que se calculan para Europa, asegura el Gobierno. De forma que este PERTE asegura la inversión pública de 492 millones de euros, que deberían atraer 740 millones de la iniciativa privada.

La idea es que las subvenciones las reciban sectores como el textil, el plástico y los bienes de equipo, para hacer sus industrias sostenibles, pero también las empresas de cualquier otro sector para que rebajen el consumo de materias primas o gestionen mejor sus residuos, por ejemplo. Se trata de fomentar el reciclaje y la reparación, que se consuman más servicios y menos productos.

En este PERTE están implicados el Observatorio del Sector Textil y de la Moda, las asociaciones Anarpla, de recicladores de plásticos y EsPlásticos, así como Aeólica –aerogenadores–, Unef –módulos solares fotovoltaicos– y Aepibal –pilas y baterías–.

La construcción naval, en permanente reconversión tecnológica y productiva desde hace décadas, deberá utilizar los 310 millones de euros públicos del PERTE para diversificarse hacia nuevos productos. En concreto, las energías renovables marinas y los barcos de bajas emisiones. La previsión es arrastrar hasta 1.150 millones de procedencia privada. No sólo tendrían que crearse 3.100 empleos en ese esfuerzo, sino también mejorar la capacitación profesional de los trabajadores del sector. En conjunto, promete el Gobierno, con esas inversiones la industria naval debería crecer un 9% y su competitividad aumentar un 15%.

El instrumento serán en este caso préstamos con un tramo no reembolsable. Y sus destinatarios, desde start-ups y pymes hasta grandes empresas. Al frente del proyecto estratégico se han situado los astilleros públicos Navantia, la tecnolólgica Siemens y la patronal Pymar, que agrupa a los astilleros privados españoles. Los tres presentaron en 2021 un Plan de Transformación del Sector Naval alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, que ha servido de base para el PERTE.

España tendrá su propia Agencia Espacial gracias a este PERTE, al que se dedicarán 2.193 millones de euros públicos, con la intención de incorporar otros 2.340 millones de la iniciativa privada. Además, es un PERTE internacional, porque contará con la colaboración de Portugal en la Constelación Atlántica, un programa satelital de observación de la Tierra para monitorizar el cambio climático.

Aviones de cero emisiones o no tripulados son algunas de las capacidades que gracias a estas inversiones podrá conseguir la industria aeronáutica española.

Modernizar los sistemas de gestión del agua, tanto los urbanos como los agrícolas y para usos industriales, costará 2.125 millones de euros públicos. Unas inversiones que deberán sumar 1.120 millones de procedencia privada. Y crear 3.500 nuevos empleos. Así se conseguirá ahorrar en el consumo de agua, además de aumentar la seguridad del suministro y de las presas y embalses.

El PERTE incluye un plan de digitalización de la gestión del agua, desde el regadío hasta las confederaciones hidrográficas, al tiempo que la creación de un banco de datos y el uso del big data. La intención es también utilizar imágenes captadas desde drones y satélites para administrar el recurso de forma eficiente, así como promover el empleo de contadores inteligentes. Además, se modificará la Ley de Aguas, se actualizará el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y se creará el Observatorio de la Gestión del Agua en España. Las subvenciones las gestionarán las comunidades autónomas.

Los cuellos de botella en las cadenas de producción mundiales han hecho saltar al primer plano la importancia geoestratégica de los microchips. La UE depende de un número limitado de proveedores en Asia, por lo que se ha fijado como objetivo que la producción europea de semiconductores se eleve al 20% de la producción mundial en 2030. El PERTE de los microchips está pensado para conseguir la autonomía nacional en este campo. De hecho, se ha apartado el mayor volumen de fondos de todos los proyectos estratégicos para este PERTE, 12.250 millones de euros, que deberían casi duplicarse con las aportaciones privadas.

El plan integra un total de 11 proyectos, que no sólo deberían reforzar el I+D+i sobre microprocesadores e incluso desarrollar chips cuánticos, sino también crear tanto empresas fabless –no fabrica, sólo diseña y vende los chips— como plantas de fabricación de semiconductores. Además, se prevé constituir un fondo de capital para financiar startups y pymes innovadoras del sector.

La multinacional estadounidense Intel ya ha anunciado una inversión de 200 millones cada uno, que se completa con otros 200 millones de dinero público, en un laboratorio de diseño de microchips que la empresa creará en las instalaciones del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). El proyecto, que se prolongará durante 10 años, generará 300 empleos altamente cualificados.

Este PERTE también tiene ya su comisionado especial, Jaime Martorell, ingeniero de telecomunicaciones que ha trabajado en Silicon Valley.

Cooperativas, sociedades laborales, cofradías de pescadores, mutuas… componen el llamado tercer sector y son los impulsores de la economía social. Representan el 10% del PIB y el 12,5% de empleo, destaca el Gobierno. Un total de 43.000 empresas. Este PERTE intenta impulsar el sector mediante la inyección de 808 millones de euros. Con ese dinero se quiere fortalecer las políticas de igualdad y facilitar la conversión de empresas en crisis o sin relevo generacional en cooperativas de trabajo, así como desarrollar los servicios vinculados al cuidado de las personas, en una sociedad cada día más envejecida.

La economía mundial está sufriendo en lo que lleva de década toda una “concatenación de calamidades” que parecen no tener fin: la pandemia, la ruptura de las cadenas de suministro internacionales, la invasión de Ucrania. En palabras de Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), la economía española se enfrenta a dos “corrientes inversas”: la recuperación briosa tras el coronavirus y el repunte de la inflación provocado por el encarecimiento de la energía. El CES, órgano consultivo del Gobierno en el que están representados tanto los sindicatos como los empresarios, consumidores y expertos, presentó este miércoles la Memoria de 2021, fruto del trabajo de sus 60 consejeros en más de una veintena de reuniones. Además de un análisis sobre los principales hitos laborales y económicos del pasado año, Costas y Raymond Torres, presidente de la comisión de trabajo que ha elaborado la memoria, plantearon alternativas a algunos de los mayores obstáculos con los que se topa España en una salida de la crisis marcada por la guerra.

Según se recoge en la memoria, la inflación ha hecho perder un 1,38% de poder adquisitivo a los salarios pactados, que en 2021 quedaron por debajo del 1,7% de media firmado en los convenios colectivos. Esa merma fue superior a la sufrida en 2012 y 2013, en lo peor de la anterior crisis, o en 2017, ya durante la recuperación posterior. “De esta forma se truncó la tendencia de crecimiento de los salarios pactados reales que había predominado, con la excepción de 2017, desde la recuperación iniciada en 2014”, explica el CES. En lo que ha transcurrido de 2022, la subida media de los salarios pactados es del 2,4%, por lo que se sitúa ahora más de seis puntos por debajo de la inflación, que alcanzó el 8,7% en mayo, apuntó Raymond Torres.

Así que, para repartir el coste del aumento de los precios –y los costes – “de forma equilibrada” y evitar los llamados efectos de segunda ronda –que se contagie la inflación de precios a los salarios y éstos, a su vez, alimenten la subida de bienes y servicios–, los sueldos pueden mejorarse, pero con ciertas cautelas. Torres se remitió a la posición expresada por el economista jefe del BCE, Philip Lane, según la cual si los salarios crecen un 3% es posible mantener la inflación en el entorno del 2%, el objetivo de este órgano supervisor. Tanto los sindicatos como la patronal propusieron subidas del 3,5% para este año en las fracasadas negociaciones del acuerdo salarial marco. Pero no es la única opción. Torres mencionó también alzas según la inflación subyacente –que excluye los precios de la energía y los alimentos–, en estos momentos situada en el 4,9%. Y el recurso a que las empresas acuerden con los sindicatos compensaciones de la inflación puntuales y no consolidables para sus plantillas. “Hay márgenes empresariales que permiten esas compensaciones”, aseguró, como la que ha aprobado Telefónica, un bono de 250 euros para los empleados de Telyco, su filial de tiendas. A su juicio, esta solución sería más adecuada para evitar los efectos de segunda ronda –que aún no se han producido en España— que las cláusulas de revisión salarial.

Precisamente la inclusión de estas actualizaciones de sueldos a final de año, cuando la inflación supera la subida pactada en convenio, ha sido el motivo de la ruptura de las negociaciones salariales entre sindicatos y patronal. Los empresarios no quieren ni oír hablar de cláusulas de garantía, mientras que CCOO y UGT las consideran imprescindibles para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La memoria del CES cifra en un 13,3% los convenios colectivos que en 2021 poseían cláusulas de revisión salarial, una proporción baja que afecta a un pequeño número de trabajadores, el 16,3%. Ambos son porcentajes muy similares a los de 2020 e inferiores a 2019, apunta.

A fin de compensar el impacto de la inflación en los hogares más vulnerables, Antón Costas propuso también “transferencias directas” para aquellos que se encuentren en los tres o cuatro últimos deciles de la renta. Se trataría, describió, de un mecanismo similar al del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pese a que la memoria critica los “problemas de gestión” que lastran la “cobertura y eficacia” de esta ayuda. El CES no sólo se refiere a la “brecha digital” entre la Administración y la población más vulnerable a la que está destinado el IMV, sino también a las “dificultades de acceso a la prestación”. “Muchos hogares en situación de pobreza desconocen la existencia del IMV y/o carecen de recursos para tramitarla”, detalla la memoria, “de hecho, entre los hogares en situación de pobreza severa, más de dos tercios no han solicitado la prestación y sólo una cuarta parte ha conseguido realizar el trámite con éxito”.

Costas defendió el uso de políticas “predistributivas” antes que “redistributivas” para combatir la desigualdad. Hay que aumentar la protección social, destacó, sobre todo teniendo en cuenta que un 20,9% de los hogares se encontraban en riesgo de exclusión social, mientras que en 2018 eran el 16%. “Es mejor y más eficiente preparar que reparar”, destaca la memoria del CES, que propone destinar más recursos a la “inversión social de futuro” en capital humano, infancia, familias o igualdad de género.

Sobre lo que no se pronunciaron Costas y Torres fue sobre la subida de las pensiones según evolucione la inflación. Dejaron la decisión al acuerdo de los agentes sociales y a cómo negocien un posible pacto de rentas y la segunda parte de la reforma de las pensiones.

En cualquier caso, añadió Raymond Torres, será difícil conseguir un reparto equilibrado de los costes asociados a la inflación cuando uno de los elementos que la generan sigue “desbocado”, en alusión a la energía. La memoria critica por ineficaz la bonificación de 20 céntimos a gasolina y gasóleo, porque no ha conseguido rebajar los precios de los combustibles y porque, además, se trata de “una medida fiscal regresiva que choca con el objetivo de descarbonizar la economía”. En su lugar, Raymond Torres considera más adecuada la solución aprobada por Italia: destinar el impuesto del 25% a las compañías eléctricas por sus beneficios caídos del cielo a compensar a familias y empresas por la subida del precio de la luz. O la medida francesa, limitar al 4% el alza de la factura eléctrica este año. El economista aseguró que ambas iniciativas son “más sencillas” que el tope al gas diseñado por España y Portugal. Pero tampoco descartó la necesidad de medidas estructurales, como la reforma del mercado eléctrico.

Antón Costas alabó la reacción de la Unión Europea a la crisis del coronavirus, suspendiendo las reglas fiscales, poniendo en marcha un programa de vacunación masiva y aprobando los millonarios fondos de recuperación. Esa respuesta, tan distinta a la que dio a la crisis financiera, “se va a mantener ahora con la guerra”, aseguró. Remedando una frase de San Agustín, defendió la necesidad de “un horizonte de castidad financiera y fiscal, pero no ahora mismo”. Y negó que exista riesgo de estanflación, de alta inflación sin crecimiento económico. La economía no repite el escenario de los años 70, abundó, porque un crecimiento del PIB en torno al 4%, como está previsto para este año, aún es “uno de los mayores avances de todos los países, gracias al turismo, las exportaciones, el dinamismo del mercado laboral y el Plan de Recuperación”.

A su juicio, la única solución para acabar con los desequilibrios estructurales de la economía española es “crear buenos empleos, para más personas y en más lugares, en el mundo rural y en pequeñas ciudades”. Y para ese objetivo, los fondos de la UE “marcan el rumbo” mediante la creación de “mejores empresas”, más productivas, y el desarrollo de “buenas políticas industriales y de innovación” centradas en el territorio, que tracen estrategias “más allá de lo que las compañías harían por sí solas”.

Alberto Núñez Feijóo envió finalmente este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su plan de medidas “urgentes” para luchar contra el impacto de la inflación en la economía. Cuarenta páginas adornadas con el escudo de España, pero sin ningún logo del PP, en las que, además de las propuestas fiscales esbozadas días atrás, desarrolla sus ideas para reducir el gasto burocrático y rediseñar los fondos europeos.

El plan no precisa mucho más sobre la deflactación de la tarifa del IRPF –su ajuste a la inflación— de lo que avanzó el presidente del PP en anteriores explicaciones públicas. No concreta en qué cuantía –¿la subida de la renta, el IPC?– ni si la adecuación debe hacerse sólo en la tarifa o también en el mínimo y los gastos de trabajo. Tampoco da muchos más detalles sobre la nueva figura para rentas bajas que quiere crear en la lista de mínimos personales y familiares del impuesto o sobre la ayuda de 200 a 300 euros para quienes cobran entre 14.000 y 17.600 euros, excepto que querría coordinar ese pago con los del Ingreso Mínimo Vital o el Bono Social Eléctrico y Térmico.

También pide aplicar un tipo superreducido del 5% en el IVA de la luz y el gas –ahora está en el 10%– y aplicar un 10% en reformas de eficiencia energética, como la colocación de paneles solares en viviendas o edificios públicos. Concreta ahora la rebaja que pretende en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, para el gasóleo que utilizan los agricultores, desde los 00,96 euros actuales hasta 0,021 euros, y propone pedir a la Comisión Europea una “excepción” para bajar por debajo del mínimo europeo los 33 céntimos en que se vende el gasóleo para el transporte.

En general, el plan aboga por sustituir las ayudas directas por incentivos fiscales, impuestos negativos y créditos fiscales monetizables. Y reclama un rediseño del Plan de Recuperación y Resiliencia, de forma que se reasignen los fondos del Mecanismos de Recuperación y éstos puedan dedicarse a financiar las rebajas fiscales que propone. De ahí quiere sacar los 4.900 millones de euros que, según sus cálculos, costarán sus medidas.

Para defender la preferencia por los incentivos fiscales, “una forma más rápida y ágil de hacer llegar los recursos a las familias y empresas”, dice el plan, que las subvenciones, Feijóo se apoya en la CEOE y en los casos en que Italia, Francia, Portugal, Grecia y Suecia están utilizando deducciones en los impuestos.

Como el propio plan del PP reconoce, los fondos de recuperación europeos deben utilizarse para estimular la transición ecológica y la transformación digital, pero no pueden sustituir “excepto en casos debidamente justificados, a los gastos presupuestarios ordinarios”. Aun así, Feijóo cree que podrían utilizarse para financiar los incentivos fiscales si se considera que éstos tienen como fin ayudar a la “cohesión social”.

Así que propone cargar al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia una deducción “extraordinaria y temporal” de hasta 500 euros para los trabajadores que sufraguen sus gastos en internet, transporte público o teletrabajo, así como en cursos de formación en “idiomas, competencias digitales o actividades extraescolares”. También quiere financiar con esos fondos una deducción igualmente extraordinaria y temporal para las empresas que inviertan en adaptarse a las exigencias en transición ecológica, capacidad digital, ciberseguridad o facturación electrónica, por ejemplo.

Según han explicado fuentes del Gobierno a infoLibre, no es posible financiar con esos fondos esos incentivos fiscales tal y como lo propone el PP. “Las deducciones no pueden ser genéricas, sino que deben dirigirse a políticas concretas, previamente acordadas con la Comisión Europa y cumpliendo con las exigencias de transición verde y digitalización”, aseguran. Para hacerlo como plantea Feijóo, habría que modificar el Plan de Recuperación, acordándolo con la Comisión, lo que “en ningún caso sería inmediato y requeriría la justificación de todos los gastos”, objetan. A su vez, esos pasos “burocratizarían” el proceso.

El plan amplía las ideas de Feijóo para reducir el gasto burocrático, una “simplificación administrativa” que descansa en el protagonismo que pretenden conceder a la declaración responsable. Este instrumento, a su juicio, debe ser la base de la relación entre las empresas, y la Administración. Se trata de un documento en el que las empresas manifiestan, bajo su única responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por una determinada normativa. También aboga por un “gobierno inteligente” que, ayudado por la digitalización, la inteligencia artificial y la robotización, crearía una administración “más objetiva y menos discrecional”. También más neutral.

Para aligerar las administraciones, sin embargo, pide que se cree un nuevo órgano, con rango de dirección general y dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. Ese ejercicio de racionalización burocrática debería financiarse igualmente con cargo a los fondos europeos. Y permitirá, según destaca el PP, adelgazar “las estructuras de decisión política”; es decir, reducir el número de cargos políticos y personal de confianza. Sobre el recorte de ministerios, sólo menciona el de Consumo como superfluo, pero sí dice que los 22 actuales son demasiados. El plan admite que esta última medida no tiene “un impacto presupuestario enorme”. Lo que sí resalta en un par de menciones el PP es que todas estas iniciativas disminuirán los casos de corrupción que “tanto preocupan y alarman” a la ciudadanía”.

Feijóo no concreta cifras de recorte de gasto público, sólo reclama un plan para mejorar su efectividad y calidad, que se potencie a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con más recursos y que se haga pública la estrategia fiscal a medio plazo del Gobierno.

Finalmente, el plan del PP incluye un capítulo completo de medidas para contener los precios de la energía, que incluye algunas iniciativas ya aplicadas, otras de competencia europea y algunas más ya en la agenda del Gobierno. Una parte importante está dedicada a la industria electrointensiva, donde se menciona incluso a la fábrica de aluminio de Alcoa, en Lugo, que ha tenido que cerrar tras un largo conflicto en el que medió la Xunta. Así, el PP pide que se redacte un estatuto para este tipo de empresas que reduzca sus costes y que se les apliquen los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2. Estos derechos, que se encuentran en precios elevadísimos, se están destinando en estos momentos a aliviar los peajes y cargos de las facturas de la luz de todos los consumidores.

Además, Núñez Feijóo reclama que se reabra el gasoducto Magreb-Europa y se aumente la capacidad de interconexión con el resto de Europa, así como que se alargue la vida útil de las nucleares. Otras medidas son genéricas: extender el uso de renovables para rebajar la dependencia energética o reducir la demanda estimulando la eficiencia energética. Propone igualmente “explorar” fórmulas de tarifas eléctricas fijas durante un año, en lugar de diarias como las que tiene España. En Portugal tienen ese plazo y en Italia se fijan cada tres meses. Es una propuesta que ha hecho Iberdrola y que el Gobierno no se ha negado a estudiar.

De los 70.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que la Unión Europea concede a España hasta 2026 para reactivar la economía sacudida por la pandemia, un millón tenía como destino sufragar las estancias en el extranjero de escritores españoles. Es una convocatoria del Ministerio de Cultura por la que se han otorgado ayudas a la “movilidad internacional” de autores literarios, también traductores e ilustradores. La condición es que hayan publicado al menos una obra. Se les subvenciona para que investiguen y preparen la próxima en instituciones de otros países durante dos meses como máximo. Entre los proyectos aprobados se encuentran los presentados por autores consagrados como Espido Freire y Felipe Benítez Reyes, jóvenes talentos como David Aliaga y Laura Casielles, la poeta gallega Yolanda Castaño, o el cántabro Juan Gómez Bárcena, premio Ojo Crítico en 2014.

La selección se llevó a cabo el año pasado. De los 261 solicitudes presentadas, fueron 140 las escogidas. Así quedó establecido en la propuesta de resolución definitiva que la Dirección General del Libro publicó en internet el 22 de diciembre de 2021. Las ayudas deberían haber empezado a pagarse en enero de 2022. Sin embargo, a fecha de 12 de abril, la resolución definitiva del ministerio no se ha producido ni, por tanto, se han pagado las ayudas. Las estancias deben realizarse antes del 31 de diciembre de este año. Y ya se han consumido cuatro meses. La convocatoria deja claro que no se pagarán hasta que Cultura notifique al beneficiario la concesión.

infoLibre ha hablado con una decena de los 140 seleccionados en la propuesta de resolución definitiva. Ninguno ha recibido la notificación. De modo que algunos han tenido que aplazar su salida al extranjero porque no podían sufragarse el viaje y la estancia. Otros se han marchado pagando los gastos de su propio bolsillo para no perder reservas de avión y hotel. Y los hay que están pensando en anular el viaje si no reciben enseguida noticias del ministerio y no pueden posponer la estancia a 2023. La subvención, según explica el ministerio en su página web, “se hará efectiva mediante pago anticipado, una vez dictada cada resolución de concesión”. Tras haber sido gastada, el beneficiario debe justificar la ayuda, con facturas y otros comprobantes de pago, como mucho tres meses después de haber acabado la estancia en el extranjero.

Cuando se anunciaron las milmillonarias ayudas europeas, una de las advertencias de expertos e instituciones se refería a la incapacidad de la Administración pública española para digerir un volumen tan enorme de dinero y hacerlo correctamente, en tiempo y forma. Por un lado, por la falta de personal técnico especializado, y por otro, por el freno que la burocracia podía imponer a un mecanismo que necesitaba ser ágil para ser efectivo. La queja de que las ayudas no están llegando o llegan con demasiada lentitud es constante. El caso de las subvenciones de Cultura puede servir de ejemplo de las dificultades que sufre el sistema.

Los autores llevan desde enero reclamando la resolución definitiva del proceso. Según explican a este periódico, la respuesta del ministerio siempre es que se publicará “inmediatamente”. “Primero decían que a mediados de enero; después, a mediados de febrero… ahora dicen que estemos atentos a la web”, explica uno de los afectados. Felipe Benítez Reyes, premio Nacional de Poesía en 1996 por Vidas improbables y premio Nadal en 2007 por su novela Mercado de espejismos, no ha esperado a que llegara la ayuda y ya se encuentra en Lisboa, donde prepara su investigación sobre Fernando Pessoa. Se lo podía permitir, explica, y no quería perder las reservas hechas.

A Alejandro Luque, en cambio, no le ha quedado más remedio que aplazar sus dos meses en Nueva York, programados para principios de año, y posponerlos hasta el próximo otoño. Periodista y escritor, autor de La defensa siciliana, quiere trabajar en la Universidad de Nueva York sobre el escritor cubano exiliado Edmundo Desnoes y confía en que la institución no le ponga problemas para hacerlo entrado el año.

En el caso de Adriana Schlittler, poeta y fotógrafa sevillana nacida en Brasil, el golpe ha sido mayor. Tenía programada una estancia en las islas Galápagos en febrero para preparar un proyecto sobre ornitología, que supone un gran desembolso económico y ha debido suspender al no haber cobrado aún la ayuda. Es profesora de latín y griego en un instituto de Sevilla, por lo que, además, debía pedir un mes de permiso sin sueldo para irse. “Afortunadamente, no lo hice, porque, si me lo dan, no puedo decir que no o quedarme un mes en casa”, lamenta. A ella le aseguraron a principios de año, cuando llamó al ministerio, que la resolución definitiva estaría lista “en lo queda de enero”. No se fio y no sacó los billetes de avión ni pidió el permiso no retribuido a la Junta de Andalucía. Ahora sólo puede retomar el proyecto en octubre, el único mes en que es posible hacer la investigación ornitológica que precisa.

En el caso de otro escritor que prefiere no dar su nombre, el viaje debería haber sido en enero, pero por motivos de salud tuvo que aplazarlo. “Ahora me han dicho que resolverán antes del verano”, asegura. Otro tenía prevista su estancia en el extranjero para mayo y, en vista del retraso en el pago, iba a atrasarla hasta septiembre, pero por “incompatibilidad laboral” va a terminar renunciando a la subvención. También hay quienes tienen programada la salida para el verano y temen que el retraso se prolongue y les impida el viaje. Alejandro Luque se pregunta si será posible dejar un proyecto para 2023, aunque la convocatoria deja claro que la estancia en el extranjero debe realizarse este año, del que ya se han consumido cuatro meses.

Desde 1.400 hasta 9.800 euros

El Ministerio de Cultura no ha concedido el millón de euros de la convocatoria, sino 746.932,56 euros. Las ayudas van desde 1.400 hasta 9.800 euros como máximo. InfoLibre ha preguntado al departamento que dirige Miguel Iceta por estas ayudas y niega que exista ningún retraso. “Es el tiempo que se necesita para tramitar la resolución definitiva”, explica un portavoz. “El procedimiento se ha realizado siguiendo los trámites ordinarios habituales para garantizar la transparencia y control”, indica. Pero también precisa que hay que tener en cuenta que éste “ha coincidido en los tiempos con el cierre de un ejercicio presupuestario y la apertura del nuevo ejercicio”. Cultura niega también que algún recurso esté demorando la resolución definitiva o exista algún problema con el dinero. Pero algunos de los escritores consultados por este periódico dicen que, en sus múltiples llamadas al ministerio estos meses, les han mencionado que el problema no estaba en Cultura, sino en otros departamentos. “Yo creo que es sencillamente un problema de liquidez”, precisa uno de ellos.

La tramitación de los miles de expedientes para conceder las ayudas constituye un auténtico órdago para la capacidad de gestión de las administraciones públicas. La falta de personal técnico cualificado ha obligado al Gobierno a recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, para suplir la carencia de plantilla. Así, sólo en tareas de apoyo y asistencia técnica para gestionar las ayudas para la recuperación, el Gobierno se va a gastar al menos 133,12 millones de euros. De ese monto, corresponden al Ministerio de Cultura 6,5 millones, que servirán para que Tragsatec, la filial de la pública Tragsa, les ayude a tramitar los proyectos financiados por la UE.