"No queremos un modelo de inversión especulativo", afirmó Pedro Sánchez el lunes al anunciar el fin de las golden visa. "Este tipo de inversiones tensionan el mercado" e "incrementan el precio de la vivienda", añadió Isabel Rodríguez al día siguiente. La naturaleza de estos permisos dorados de residencia para inversores extranjeros en ladrillo acredita que ni el presidente ni su ministra de Vivienda decían nada alejado de la realidad. Así lo ve Eduardo González de Molina, investigador de la University College of London, que señala que, en efecto, las golden visa son una fórmula habitualmente vinculada la especulación pura y dura y tienen un impacto al alza en los precios.

Pero añade: "Es un grano de arena en el desierto".

Las golden visa, explica este especialista en vivienda, son una fórmula especialmente obscena por el contraste con las dificultades para obtener residencia de los inmigrantes pobres y por la posibilidad que abren para el "lavado de dinero". Ahora bien, añade, estos permisos –14.576 en diez años en España– son sólo una expresión cuantitativamente poco relevante y centrada en las grandes ciudades y zonas costeras del mucho más amplio fenómeno de la especulación que domina el mercado del ladrillo.

Las razones de la fuerza de la especulación en el ecosistema inmobiliario español son diversas. El fomento de la propiedad y la atracción de inversión han dominado la acción política desde el tardofranquismo, todo ello en un mercado poco regulado dentro de una economía con fuerte peso del binomio construcción-turismo. La ley de vivienda aprobada en 2023, que pretendía matizar un modelo que hunde sus raíces en el “queremos un país de propietarios, no de proletarios” del ministro falangista de Vivienda José Luis Arrese (1957-1960), está encontrando problemas para surtir efecto por motivos que van del rechazo de las comunidades del PP a las inercias de un mercado resistente a la intervención y con escasa vivienda social.

A ello se suma, apunta González de Molina, una característica inherente al negocio del ladrillo: la condición limitada del suelo produce un "desequilibrio crónico entre oferta y demanda" que conduce fácilmente a la "especulación" –especialmente a través de la venta– y las "ganancias rentistas" –sobre todo mediante el alquiler–. Todo ha confluido en un predominio de lo mercantil sobre lo social, es decir, a que la vivienda en España sea prioritariamente un bien de mercado protegido por el derecho de propiedad, condición que se impone a la de soporte para el ejercicio de un derecho básico. La profesora de Derecho Constitucional Pilar Garrido, en el artículo El derecho a una vivienda digna en España, lo sintetiza así: “El acceso a la vivienda no forma parte de los contenidos amparados bajo el paraguas del Estado del bienestar”.

El resultado de estas condiciones legales, históricas y de modelo económico y social es lo que el especialista en demografía y urbanismo Julio Vinuesa llamó "el festín de la vivienda": un mercado basado en un concierto de intereses entre entidades financieras, sectores de la construcción y el turismo y fortunas de todo tipo arrimadas a un negocio en el que aportando muy poco, sólo el capital, se puede obtener mucho.

Hay un dato que ayuda a dimensionar ese desierto en el que las golden visa serían sólo "un grano de arena". La serie del INE entre enero y octubre de 2023 permite observar que sólo un 38,9% de las operaciones de compra de vivienda en España se realizaron mediante hipoteca: 323.998 de 832.756. El resto, al contado.

La explicación de estos datos la ofrece Funcas, el centro de difusión de ideas de la asociación de cajas de ahorro CECA, en un informe de enero: "La interpretación más clara de este contraste es que se realizan numerosas operaciones de inversión mayorista y no residente que determinan de forma importante las transacciones totales en el mercado y, por lo tanto, las subidas de precios". El pago a tocateja, señala el informe, es especialmente frecuente en zonas turísticas y alimenta un modelo que "puede ser un obstáculo para el acceso a primera vivienda para uso residencial".

Así que en paralelo a la condición de la vivienda como acuciante problema social y destacado factor de perpetuación de la desigualdad, el mercado en el que se integra vive en permanente frenesí. Un dato: en 2024 la inversión inmobiliaria –no sólo vivienda– crecerá hasta los 12.500 millones de euros, según un informe de la consultora CBRE, de referencia en el sector. La subida podría llegar a alcanzar el 10% con respecto al año pasado.

En el "festín" son protagonistas muchos otros actores además de los inversores extranjeros –sobre todo chinos y rusos– que quieren permiso de residencia. Estos protagonistas ya no son los mismos que antes de la crisis del ladrillo, grandes promotoras y constructoras y entidades financieras. Tras aquel crash emergieron grandes fondos de inversión estadounidenses como Blackstone, Lone Star y Cerberus, que sobresalen en el acaparamiento del ladrillo tóxico de la banca, a su vez saneada con fondos públicos a través de medidas como la constitución de la Sareb.

En siete años, entre 2015 y 2022, esta terna de lo que sus detractores llaman "fondos buitre", que en España han empleado para su expansión a hijos de la élite política y económica desde los Aznar hasta los Botín, compraron casi la mitad de más de 170.000 millones en inmuebles y créditos promotores impagados de la bancos, según datos recopilados por Axis Corporate.

Entre los principales vendedores están la gran banca –Santander, Caixabank, Sabadell y BBVA– y la Sareb. Entre los compradores, al tridente citado dos párrafos atrás hay que sumar otros fondos como Oaktree, Bain Capital, KKR o Apollo y bancos como The Goldman Sachs y Deutsche Bank. Importante peso tiene también la empresa cobradora de morosos sueca Intrum, si bien en este caso es gestora y explotadora de activos, no propietaria. Otros colosos están entrando en el juego: Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, con sede en Nueva York, ha abierto división inmobiliaria en España.

El catálogo de empresas en el sector se amplía con gestoras de activos españolas como Azora –fondo condenado en primera instancia por cláusulas abusivas–, Meridia, Alantra o Arcano, entre otras. Cada vez es más frecuente que, dentro de los conflictos vecinales provocados por la aparición de nuevos capitales en los barrios de las grandes ciudades, las iras de los movimientos en defensa del derecho a la vivienda se dirijan no sólo contra los grandes fondos estadounidenses –caso de Blackstone o Cerberus–, sino también contra firmas de base nacional como la gestora Altamar o la socimi Vitruvio.

"El perfil de los compradores está cambiando y diversificándose", señala González de Molina, que apunta a que la única característica que une a todos los operadores es la disposición de importantes sumas de dinero, que a su vez se traduce en posibilidad de esperar hasta que esté garantizada la rentabilidad del bien.

Ello ha facilitado la irrupción de fortunas provenientes otros sectores –con ejemplos destacados como Amancio Ortega –no sólo en España y en vivienda– o la familia Koplowitz, que también tienen ya posiciones en el negocio inmobiliario. Estrellas que han hecho fortuna como Sergio Ramos (fútbol) o Rosalía (música) complementan sus múltiples apariciones en las páginas de deportes o espectáculos con otras en la prensa salmón por sus intereses en el negocio inmobiliario. El patrón no se altera: donde hay gran acumulación de capital –sea por herencia o por éxito empresarial o profesional–, el sector inmobiliario se erige en opción preferente para su destino.

Con toda esta panorámica por delante, el sociólogo especializado en vivienda Daniel Sorando, profesor de la Universidad de Zaragoza, afirma que el fin de las golden visa es una medida que deja "buen sabor de boca", pero "no transforma las relaciones de poder en el mercado ni la estructura de propiedad, ni tampoco equilibra la relación entre vivienda desmercantilizada y mercantilizada". "Las líneas maestras no se tocan", dice.

¿Y cómo cambiarían? "Lo que habría que hacer –sintetiza– es adoptar medidas para atacar la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, a la que ahora mismo nada le hace sombra. Y eso se consigue por ejemplo con un control de los precios de los alquileres que está previsto en la ley de vivienda, pero que se ha quedado en papel mojado en la mayor parte del país".

Más en concreto, Sorando apunta a la limitación o prohibición de inversión de extranjeros no residentes, aunque admite que podría quedarse en "poner puertas al campo" por la gran cantidad de operadores en el mercado y por la dificultad de hacer cumplir la medida. Otros especialistas, como Javier Gil, coautor del informe El Estado y la financiarización de la vivienda en España tras la crisis de 2008, han tomado la estela del anuncio de Sánchez para reclamar el fin de la ley de 2012 que ha fomentado la irrupción de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, las socimis, cuyo efecto en la "subida de los precios" del alquiler ve "incomparable" –por superior– al de las golden visa.

Las socimis operan en un área del negocio inmobiliario con creciente protagonismo: el alquiler, una actividad cebada por tres factores: 1) La banca difícilmente volverá a dar el número de hipotecas que dio antes de la Gran Recesión. Si en enero de 2006 fueron 124.244, en enero de 2024 han sido 33.128. 2) El negocio del alquiler ha aumentado su base al crecer el segmento de la población que vive de arrendamiento a precio de mercado: 15,4% en 2023 frente a 10,3% antes de la crisis. 3) También ha disparado su rentabilidad con el bum del turismo –casi 70 millones de pernoctaciones de 13,28 millones de viajeros en 2023– y la irrupción de plataformas como Airbnb, que elevan el precio de la vivienda en las zonas en las que gestionan apartamentos.

González de Molina subraya que el elevado porcentaje de pagos al contado en la compraventa de vivienda es sintomático, precisamente, de la "financiarización" del negocio del alquiler, en el que han aterrizado todas las tipologías de gigantes inversores. La idea de que el ladrillo para alquiler se ha convertido en la gran apuesta de futuro es repetida en todos los foros, congresos, salones y jornadas del sector. Es sintomático el surgimiento de iniciativas que van desde las empresas de crowdfunding para que cualquiera pueda convertirse en inversor inmobiliario aportando desde 500 euros (Urbanitae) a las firmas de tokenización de contratos de alquiler, es decir, de transformación de los derechos del contrato en activos digitales para "recibir un alquiler mensual sin ser dueño de una propiedad" (Nash21).

Sorando, autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, observa que se ha impuesto en el mercado de la vivienda, y en buena parte de la sociedad, la idea de que "se puede obtener la máxima rentabilidad de la propiedad sin que ninguna medida lo limite". Y cree que en el triunfo general de esta mentalidad los fondos de inversión y las socimis han tenido "una importancia que va más allá de su peso cuantitativo" en una clase propietaria en la que la mayoría son rentistas de clase acomodada pero no lo que se ha dado en llamar "grandes tenedores". "'Si los fondos pueden, ¿yo por qué no?', piensan muchos", resume Sorando.

Tanto Sorando como González de Molina coinciden en la importante función que ha tenido el lobby inmobiliario español a la hora de establecer una alianza entre los rentistas particulares, por un lado, y los grandes tenedores, fondos de inversión y socimis. Ambos citan como ejemplo a Asval, entidad que reúne a más de 6.000 asociados entre "particulares y empresas", tratando de desdibujar los límites entre lo que representa a Blackstone –su principal socio– y un particular.

Sorando señala que la ruptura de esa "alianza de toda la clase rentista" es fundamental para que puedan progresar medidas transformadoras, más aún cuando –señala– es frecuente que incluso propietarios de una sola vivienda en la que ellos mismos residen interioricen la idea de que su revalorización permanente es clave para su propia economía. No ya para obtener rentas ahora, sino quizás en el futuro, o en todo caso para garantizar su jubilación y el futuro de sus hijos. El fortalecimiento de la "alianza rentista" gracias a la extensión de esta mentalidad incluso entre quienes no son arrendadores –extensión que explicaría también el amplio respaldo popular a la causa de la eliminación de impuesto de sucesiones– sólo podría contrarrestarse mediante un modelo socieconómico que "revalorizase trabajo frente a la propiedad" y promoviera la aparición de "otras formas de obtener rentas", por ejemplo "rentas básicas y ciudadanas", señala Sorando.

El sector de la defensa vive un momento dulce que promete endulzarse aún más. El Ministerio de Defensa, pieza clave para el negocio, prevé que este 2024 el gasto militar alcance el 1,3% del PIB, en ascenso pero aún en la parte baja de los países de la OTAN, lo cual da un gran margen de incremento hasta acercarse al objetivo marcado para 2029: un 2%. "El inusitado ciclo de incremento de la inversión militar que se ha abierto tras años de recortes, el clima bélico internacional y el incremento de las iniciativas europeas para una defensa coordinada y una industria fuerte que la apoye nos sitúan en un contexto sin precedentes en las últimas décadas", recoge el informe sectorial de 2024 Spain Defence & Security Industry, de la editorial especializada IDS. En el mismo informe, María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, sostiene que "la industria de defensa española se encuentra en condiciones de consolidar su protagonismo en Europa".

Varios factores alientan la percepción de que vienen años de fuerte inversión pública en defensa y seguridad, y por tanto de ingresos en abundancia para el sector privado. La OTAN y Estados Unidos presionan para aumentar el gasto y el Gobierno se muestra receptivo a esos mensajes. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez observa con alerta el panorama global, especial pero no únicamente por Rusia. "A veces tengo la percepción de que no somos conscientes del enorme peligro que hay. Y no sólo en Ucrania; también en Gaza y en el Sahel, donde soy muy pesimista", ha declarado Margarita Robles, ministra de Defensa, en una reciente entrevista en La Vanguardia. A su juicio, no cabe engañarse: "La amenaza es total y absoluta e incluye la posibilidad de "agresiones nucleares". A esto hay que sumar la subida de la alerta por terrorismo yihadista en Europa, también en España, por el ataque israelí a Gaza.

Más de la mitad de los 38 dirigentes de compañías con negocio en España entrevistados para el informe Spain Defence & Security Industry afrontan el futuro con "mucho optimismo". Otro motivo de este optimismo es que el sector goza del máximo respaldo institucional. Un gesto significativo: el presidente del Gobierno recibió en La Moncloa en marzo a los principales responsables del empresariado de defensa/seguridad, subrayando su papel "clave" no sólo en Ucrania, sino en todo un mapa geopolítico "muy complejo".

El discurso gubernamental vincula al pujante sector defensa con el empleo de calidad, la innovación y la modernidad. Lejos queda la oscura imagen de meros vendedores de armas. Jordi Calvo, coordinador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, cree que se trata de un negocio que está recogiendo los frutos de años de tarea de lobby, que "ha sabido generar necesidades y vender la idea de que son imprescindibles en cada vez más áreas, no sólo en lo estrictamente militar". Ahora, con la inestabilidad creciente, se presenta el "mejor contexto posible", por lo que un negocio que se acerca en España los 8.000 millones de euros al año podría –apunta Calvo– más que duplicarse.

¿Quién es quién en este multimillonario negocio que apunta alto? Los límites del sector no resultan fáciles de delimitar. No todas las compañías se dedican en exclusiva a seguridad/defensa. El citado informe de IDS dibuja un panorama de más de 25.000 empleos en cerca de 400 empresas con actividad relevante de seguridad/defensa en España. De los 36 ejecutivos entrevistados que ponen rostros, 34 son hombres. El esquema de la propiedad se podría resumir así: gran protagonismo de los Estados –no sólo España– y de los fondos de inversión. También hay una veta política, concretamente de expolíticos con pasado en el PP. Y no de segunda fila.

Primero, los Estados. El dominador con diferencia del sector en España es Airbus, grupo del que cuelgan tres filiales, Airbus Defence, Airbus Military y Airbus Helicopters España, que son primera, segunda y sexta en ventas en España, según el informe Spain Defence & Security Industry. Entre las tres suman más de la mitad de la tarta nacional.

Los principales accionistas de la empresa matriz, Airbus SE, son los Estados francés (10,86%), alemán (10,84%) y español (4,09%), según recoge el informe de Airbus de cierre de 2023, firmado en febrero de este año.

Después va Navantia, 100% propiedad de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Es decir, 100% pública. Esto no será la regla, sino la excepción. Lo normal será que en los accionariados de los grandes titanes se mezclen capital público y privado, especialmente fondos.

La tercera compañía por volumen de ventas –si consideramos a las tres filiales de Airbus como una sola– es Indra Sistemas, cotizada en el IBEX 35. En su accionariado, actualizado en marzo de 2024, manda la SEPI, es decir, el Estado español, aunque sin mayoría (28%). Como se verá luego, la acompañan privados privados de diversa índole, desde fondos internacionales a firmas nacionales en ascenso.

También hay fuerte presencia pública en Hisdesat, 16ª en ventas en España. El 43% es de Hispasat, que a su vez pertenece en casi un 90% a Redeia mientras lo restante se lo reparten entre la SEPI y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio de Ciencia. En cuanto a Redeia, el principal accionista vuelve a ser la SEPI: 20% al cierre de 2023. La presidenta de Redeia es la exministra del PSOE Beatriz Corredor. Además del 43% de Hispasat, en Hisdesat está la pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, conocida como Isdefe (30%), y aparecen dos pesos pesados que ya conocemos: Airbus Defence & Space (15%) e Indra (7%).

El dinero público es también fuerte en Nammo Palencia, que cierra el top 20. ¿Dinero público del Estado español? No. A pesar del nombre, no es el Estado español. La firma originalmente española, que arranca su trayectoria en los años 20 del siglo pasado, es propiedad de Nammo, un grupo que es titularidad en un 50% del Ministerio de Comercio e Industria de Noruega y en otro 50% de Patria Oyj, donde el 50,1% es del Estado finlandés y el 49,9% de la firma noruega Kongsberg Defence & Aerospace.

Un nombre sobresaliente del sector defensa a escala europea es Thales, si bien en España aún no ha alcanzado el grado de penetración que los analistas prevén. En el informe Spain Defence & Security Industry aparece en el número 23 en ventas. Pero es una marca crucial y cabe esperar un protagonismo creciente. Thales España, filial española del grupo, participa en las empresas Thales Alenia Space y SAES. La matriz es Thales, cuyo accionista principal, con más del 35% de los derechos de voto, es el Estado francés. De nuevo –como se detallará más adelante– hay relevantes socios privados.

Los otros grandes protagonistas del sector son los fondos de inversión. En rigor, no son fondos, son gestoras de activos que administran multitud de fondos. Pero se los suele conocer como "fondos de inversión". La mayor gestora del mundo es la estadounidense Blackrock, presidida por Larry Fink, con abundante presencia en el IBEX 35. Y con una profunda penetración en el sector defensa, donde administra el fondo iShares US Aerospace & Defense. Blackrock posee el 3,35% de las acciones y 4,01% de los derechos de voto en Airbus SE, la empresa matriz del grupo. A su lado, The Goldman Sachs Group tiene el 3,28%. Estos dos colosos financieros comparten espacio –por debajo– con los Estados alemán, francés y español en el gran titán del sector defensa.

Blackrock sirve para seguir el hilo de la presencia de fondos en este sector. La megagestora con sede en Nueva York tiene un 5,3% de las acciones de la multinacional estadounidense General Dynamics, según un informe corporativo del mes pasado. La división europea es propietaria de Santa Bárbara Sistemas, con sede en Madrid y quinta en la clasificación de ventas en España, de nuevo con la referencia del Spain Defence & Security Industry. Por encima de Blackrock en Santa Bárbara están los fondos Longview (10,2%) y Vanguard (7,9%), según los referidos datos de la compañía de marzo de 2024.

Expal es la séptima de la clasificación. ¿Quién está detrás? El grupo de defensa Rheinmetall, el mayor de Alemania, en cuyo accionariado aparece de nuevo Blackrock, que tiene un 5,5% de los derechos de voto, según el cuadro de titularidades de la compañía, en constante variación y consultado por infoLibre el viernes. La gestora de Fink se coloca por detrás del 10,97% de Société Générale y por delante del 4,45% de The Goldman Sachs y el 2,99% de Fidelity.

Blackrock también está en DSV Global, propietaria de Servicios Logísticos Integrados (SLI), otra firma en el top 20 de ventas en España. En este caso, el porcentaje de la gestora alcanza el 7,8%, en un catálogo de accionistas que hace sitio a más capitales con base en Estados Unidos, así como otros en Suiza y Kuwait, según el informe de cierre de 2023. Blackrock figura además en Thales, aunque con un porcentaje menos relevante, un 1,67%.

¿Más fondos? En Indra se alistan, por debajo de la SEPI, Amber Capital y Fidelity. También una firma, Escribano, que se erige en representante de otro importante núcleo del sector: las empresas españolas que presumen de sello familiar. Europavia, 15ª en ventas en España, pertenece al grupo ADIT, con sede en París, cuyo accionariado está compuesto principalmente por Parquest Capital, BPI France Investissement y Amundi Private Equity Fund.

Hay gigantes que, aun lejos de tener la defensa como actividad principal, aparecen en el listado de mayores vendedoras en España, como Cepsa (11) o Telefónica Soluciones (32), con accionistas destacados como los fondos Mubadala, de Emiratos Árabes (en Cepsa), y Public Investment Fund, de Arabia Saudí (en Telefónica). Una particularidad: tanto Mubadala como Public Investment Fund son fondos soberanos, es decir, estatales. No son de Emiratos y Arabia, son propiamente Emiratos y Arabia.

En el negocio de la seguridad y la defensa también hay espacio para los expolíticos. Sobresalen cuatro nombres. El primero es Eduardo Serra, ministro de Defensa entre 1996 y 2000, con José María Aznar (PP). Serra figura como presidente de NTT Data EMEAL, división en Europa, Oriente Medio, África y América Latina de la multinacional japonesa NTT Data, de la que dependen firmas contratistas con el Ministerio de Defensa.

También fue ministro de Defensa Pedro Morenés (2011-2016), en su caso con Mariano Rajoy, igualmente del PP. Morenés es presidente del consejo de administración de la multinacional española Amper, otra empresa contratista con el Ministerio de Defensa. Antes de ser ministro, Morenés fue consejero de otra importante compañía española de defensa, Instalaza, que demandó al Estado en 2011 para exigir una compensación por la prohibición de las bombas de racismo, aunque el Supremo rechazó sus pretensiones.

Quedan dos nombres con pedigrí PP. Uno es Ricardo Martí Fluxá, principal referente del lobby armamentístico nacional en calidad de presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae). Fluxá fue jefe de Protocolo con Juan Carlos I (1993-1996) y secretario de Estado con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior (1996-2000). Tras salir de la política, fue presidente de 2000 a 2017 de ITP Aero, empresa contratista del Ministerio de Defensa y que actualmente figura como la octava en ventas del sector en España. ITP Aero, que se presenta como "líder mundial de propulsión aeronáutica", fue vendida por Rolls-Royce al fondo estadounidense Bain Capital en 2022. Actualmente su capital se reparte así: 84,5% de Bain, 9,5% de Indra y 6% del Gobierno vasco.

La galaxia lobista ofrece otra prueba de que huele a grandes oportunidades para el negocio de la seguridad/defensa. Compañías como Llorente & Cuenca y Acento, dedicadas a defender los intereses de sus clientes ante las administraciones, han incorporado a sendos militares a su cuadro de asesores.

Cierra el cuarteto político Pablo Casado, presidente del PP entre 2018 y 2022, que de momento no tiene el empaque en el sector de los otros tres pero busca un hueco como conseguidor de inversiones para el fondo de capital riesgo Hyperion, dedicado a la defensa, la seguridad y la inteligencia artificial. Lo acompañan en la empresa, según el folleto presentado ante la CNMV, Joaquín Ortiz, que fue miembro del gabinete de Pedro Morenés cuando era ministro; José Antonio Bartrina, un empresario del sector de seguridad y defensa que fue director general del lobby de las armas Tedae antes que Martí-Fluxá; y una figura de relumbrón, Ricardo María Gómez-Acebo Botín Sanz de Sautuola, sobrino de Ana Botín, presidenta del Santander. Casado figura como experto en "relaciones internacionales y geoestrategia"; Gómez Acebo se presenta como especialista en "finanzas e inversión".

El movimiento de la empresa Saudí Telecom Company (STC) para hacerse con el 9,9% del capital social de la española Telefónica en septiembre de 2023 fue para muchos como recibir un impacto y obligó al Gobierno a tomar decisiones y a volver a la compañía, 27 años después de su privatización. Provocó además un debate sobre el desembarco de fondos extranjeros en entidades nacionales. Los investigadores del Real Instituto Elcano Haizam Amirah Fernández y Judith Arnal se han adentrado en las relaciones económico-financieras entre España y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin -ordenados de mayor a menor Producto Interior Bruto (PIB)-; y han sacado algunas conclusiones.

Para arrancar, han constatado que “la abundante riqueza generada por los hidrocarburos es uno de los elementos que determinan la importancia geopolítica de este bloque de países, así como su capacidad financiera para realizar cuantiosas inversiones fuera de su región a través de los fondos soberanos”. Las exportaciones de petróleo sobresalen respecto al resto de las asociadas a mercancías en esos estados, con la excepción reciente de Bahréin, que prácticamente “se ha quedado sin reservas”, según anotan los autores del análisis. Y hay otros indicadores que confirman la fuerte dependencia económica que tienen de los hidrocarburos, como el porcentaje que las rentas del crudo suponen sobre el global del PIB, aunque “ha ido cayendo en los últimos años”. De ahí que algunos de esos territorios se hayan embarcado en “planes para la diversificación de sus economías con el objetivo de reducir dicha dependencia” y se hayan fijado como meta “la sustitución gradual de la producción de petróleo y gas" por la de "bienes y servicios que no dependan de forma directa o indirecta del sector energético”. Buscan el reemplazo de "los ingresos estatales provenientes de los hidrocarburos por otras fuentes” de riqueza. Fue Emiratos el primero en iniciar ese camino y ya “se ha convertido en un hub comercial, logístico y financiero de la región”.

Amirah y Arnal explican en su informe que esas estrategias de diversificación económica están plasmadas en las llamadas “visiones nacionales” y “planes nacionales de desarrollo económico” con plazos temporales concretos hasta 2040 y algunos objetivos comunes. Desde el punto de vista financiero, “la mayor muestra del intento de diversificación son los fondos soberanos creados a partir de los ingresos obtenidos de la venta de hidrocarburos”, indican. En ese sentido, apuntan que seis de los 15 mayores fondos soberanos a nivel mundial pertenecen a países árabes del Golfo y concentran más de 3,4 billones de dólares -más de dos veces el PIB anual español y casi tres veces el volumen de activos del mayor fondo soberano del mundo, el China Investment Corporation-. El papel de esa herramienta para el avance económico es doble: por un lado, “realizan una función de banco de desarrollo local financiando proyectos estratégicos y participando en el capital de algunas empresas públicas que hacen de tractores de ciertos sectores”; y, por otro, “las actividades de inversión internacional de estos fondos están cobrando cada vez mayor relevancia por el creciente y cuantioso volumen de recursos que gestionan”, resumen los investigadores.

Las inyecciones de los fondos soberanos se producirían, a su vez, con otros dos fines: “La pura rentabilidad financiera” o “avanzar una visión estratégica, sea de índole política o económica”. Entre ellas hay que situar la maniobra de STC, cuya propiedad mayoritaria es del Public Investment Fund (PIF), sobre el 9,9% del capital social de Telefónica. Pero esa operación no ha sido la única que se ha producido en territorio español. “Otros fondos del Golfo ya habían adquirido participaciones relevantes en otras empresas estratégicas españolas. Por ejemplo, Mubadala y Qatar Investment Authority (QIA) son los principales accionistas de las empresas estratégicas Cepsa e Iberdrola, respectivamente”, se afirma en el análisis consultado por Infolibre. Es más, los artífices de este deducen, a partir de datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía, que “en términos de stock de inversiones en 2021, EAU es el principal inversor con 5.635 millones”, seguido de Qatar “con 3.357”. Y les llama la atención que Arabia Saudí, pese a contar con la mayor economía de la región con diferencia, sea el tercero, "con un stock de 1.009 millones”.

Las cifras reseñadas sólo reflejan la inversión extranjera directa “en la que se ha tomado al menos el 10% del capital social de una empresa”. En relación a ese punto, Arnal expone que la Unión Europea (UE) “se está planteando la posibilidad de explorar un control de inversiones salientes”, que por ahora “no existe”; y respecto a las entrantes, “hay un reglamento de inversiones directas extranjeras que se aprobó en 2020, pero que simplemente es un sistema de coordinación para que haya un cierto control por parte de la Comisión en operaciones que se consideren de carácter transfronterizo”. Se ha propuesto una revisión de éste para “hacer que todos los estados miembros tengan que contar con un régimen de control de inversiones porque hay algunos como Grecia, Chipre, Irlanda o Bulgaria que ni siquiera lo tienen todavía”, desvela. En definitiva, es una materia que, a su juicio, “sigue estando bastante en manos de los estados miembros y con requisitos propios de cada país”. En España, para la investigadora, “como se vio con Telefónica, la normativa ofrece interpretaciones diversas y otorga al Gobierno bastante poder a la hora de decidir si una empresa como STC entra en el capital de otra española o no”.

¿Qué intenciones tienen estos países al introducirse en entidades que pueden ser estratégicas? “Hablando con personas que están sobre el terreno allí –asevera Arnal– nos dicen que a su modo de ver no persiguen tanto un interés de control de la empresa con arreglo a motivos geopolíticos, sino que tienen tal cantidad ingente de fondos soberanos que muchas de las inversiones se llevan a cabo con criterios de rentabilidad”. Amplía el argumento: “Si consideraron que la acción de Telefónica estaba a un precio razonable, que, lo está, no hay más que ver la evolución de la cotización de la compañía en los últimos tiempos, pues es probable que haya sido una decisión guiada por criterios estrictamente de rentabilidad financiera y que no haya ningún motivo geopolítico por detrás”. Pero también cree “importante” señalar que “es difícil conocer con exactitud cuáles son las inversiones reales de estos países en España porque el Registro de Inversiones Extranjeras sólo recoge las que suponen la toma de al menos del 10% del capital de una empresa”. Es más, la llegada de STC a Telefónica, aún no autorizada plenamente por el Ejecutivo, “aunque lo hubiera estado, al ser el 9,9%, no hubiera quedado capturado en esas estadísticas”, avisa. Y añade: “Por eso decimos que sorprende que Arabia Saudí sea el tercer país inversor en España, a pesar de que es el que tiene mayor peso económico”.

En definitiva, “todo lo que cae por debajo del 10%, que puede ser mucho, no se refleja. Ahí hay un agujero de información bastante significativo”, por eso recomiendan “tener datos granulares para conformar una imagen completa y poder ver cuáles son los motivos reales por los que países que, en principio tienen unos valores alejados de los de España, están invirtiendo”. A su entender, si sólo se manejan “datos del más del 10% o de operaciones sonadas como pueden ser las de Telefónica o Iberdrola” cabe "pensar que es una cuestión de rentabilidad financiera”, pero al no tener “todo el dibujo”, no se puede “saber qué sectores les interesan más, por ejemplo”. Y conocer dónde están depositando capital, “puede dar pistas”, lanza. “Si se ve que lo están haciendo en transición ecológica o en determinados tipos de tecnologías, puedes empezar a tener indicios de qué es lo que les interesa, pero esa información no la tenemos”, lamenta. Es más, se plantean pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “datos hasta el 3% del capital social en empresas cotizadas”. Si bien, en cualquier caso, “todo lo que sean participaciones por debajo del 10% del capital social en empresas no cotizadas” seguiría siendo un agujero negro. Y ello, en España, “con todo el mapa empresarial que hay, en el que las empresas habitualmente tienden más a la financiación bancaria que a la alternativa a través de mercados”. “Es un hueco de información importante", recalca la investigadora.

En esa telaraña, de acuerdo al informe desgranado, “más del 86%” de las inversiones de los países árabes “procede del sector público”, lo que encaja con la relevancia que “tienen los fondos soberanos”. Dentro del mapa nacional y desde una perspectiva regional y sectorial, los dos investigadores destacan que “la Comunidad de Madrid recibe más del 80% de los flujos de inversión públicos" de Emiratos, que "se concentran en más de la mitad en el sector de coquerías y refino de petróleo”. De su lado, Cataluña “se beneficia de más del 90%" de la oleada qatarí, "focalizados principalmente en el sector de servicios de alojamiento”. Y la Región de Murcia “es destinataria de más del 90%" del dinero público procedente de Arabia Saudí, que va a parar a "la fabricación de productos de caucho y plásticos”. Los flujos de Kuwait se los reparten entre Madrid y Cantabria y se centran "en el sector del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”.

En términos de seguridad jurídica y riesgo país, la puntuación varía, aunque Arabia Saudí, EAU y Kuwait “obtienen buenas puntuaciones, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, a la luz del documento diseccionado. Más allá de esos parámetros, y a pesar de que se ha progresado, estos países suelen aparecer en estudios de organizaciones como Amnistía Internacional vinculados a vulneraciones de derechos como el de la libertad de expresión y de asociación, a abusos de trabajadores migrantes, o a discriminación de las mujeres y las personas LGBTI.

Llamar a Intrum es mucho mejor que recibir una llamada de Intrum. Sí, la frase requiere una explicación, pero es sencilla: Intrum es un gigante inmobiliario que se dedica "garantizar el valor de la propiedad", que luego vende o alquila. Pero, al mismo tiempo, es un coloso del cobro de deudas cuyos métodos son objeto de múltiples críticas y acusaciones. Así que si uno marca para llamar al Intrum inmobiliario, es muy posible que signifique que busca casa. Si en cambio recibe la llamada del Intrum cobrador, es probable que esté en problemas.

Al mismo tiempo que empresa inmobiliaria y cobrador de morosos, en ambos casos con un tamaño XXL, Intrum es paradójicamente casi un desconocido en España fuera de los circuitos financieros y del sector vivienda. Quizás al lector le suene Blackstone. O Cerberus. O Lone Star. Son los tres grandes fondos de inversión –"fondos buitre", en expresión de sus detractores– en el podio de los acumuladores de ladrillo tóxico tras la Gran Recesión, todos citados con frecuencia en la crónica económica y convertidos en villanos por el movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Pero, ¿le suena Intrum, que gestiona unos 200.000 activos inmobiliarios en España? Es bastante menos probable.

Y, sin embargo, el papel en el mercado español de la vivienda de esta multinacional de origen sueco, que tiene como accionista principal al fondo de inversión Nordic Capital y que ingresó a nivel global unos 1.750 millones de euros en 2022– último año cerrado–, es ahora mismo de una relevancia que difícilmente encuentra rival. La propia empresa, que lleva desde 2016 devorando compañías del negocio del ladrillo sin hacer apenas ruido, afirma: "En España somos líderes en la gestión de activos inmobiliarios".

En su último informe, con datos de cierre de 2022, la consultora Axis Corporate avala esta afirmación al situar a Intrum como líder entre los llamados servicers, sociedades gestoras de activos inmobiliarios, casi siempre provenientes de las carteras de la banca. El informe le atribuye a Intrum un 24,39% del mercado, por delante del 22,62% de Hipoges (de KKR, otro fondo de inversión), del 15,6% de la multinacional financiera DoValue, del 14,53% de Anticipa-Aliseda (Blackstone), del 9,75% de Servihabitat (Lone Star-Caixabank) y del 7,61% de Gescobro (Cerberus). Y eso antes de que en 2023 Intrum completase la compra a Cerberus de Haya Real Estate, que supone un 5,5% del mercado, según Axis Corporate.

Con oficinas en 24 países de Europa y América Latina, Intrum cuenta con unos 100.000 empleados. En España lleva cuarenta años y su avance ha sido tan discreto como imparable. Su datos inmobiliarios apabullan. En septiembre de 2023 completó la compra a Cerberus –el fondo estadounidense para el que ha trabajado un hijo de José María Aznar– de Haya Real Estate por unos 136 millones, operación que requirió de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Esta adquisición permite a Intrum haber superado los 200.000 activos inmobiliarios gestionados en España. La compra de Haya Real Estate, de Cerberus, ha sido el último puñetazo de Intrum en el tablero inmobilario. Hubo otros antes: compró Aktua a Banesto (2016) y Solvia al Sabadell (2019). En total, las tres operaciones superan los 600 millones.

La práctica totalidad de los activos gestionados por Intrum no son en propiedad. Es decir, Intrum se centra en la gestión, sin ser un gran propietario, como sí lo son fondos como Blackstone. Intrum, que gestiona tanto viviendas como suelos, locales i garajes, comercializa a través de las marcas Solvia y Casaktua.

Los orígenes de Intrum son antiguos. Se trata de una multinacional nacida en Suecia hace más de cien años, si bien su capital ha sufrido desde entonces drásticas alteraciones y hoy tiene como primer accionista al fondo Nordic Capital. 2017 es un año marcado en rojo en su historia: al fusionarse con la noruega Lindorff, se convirtió en la "empresa de gestión de crédito y cobro de deudas líder en el mundo", según la propia Intrum. Esa es la actividad que recorre toda la historia de la compañía: cobrador de morosos, área en la que también se presenta como "líder indiscutible" en España y la que genera más polémica a su alrededor.

El investigador especializado Manuel Gabarre, autor de Tocar fondo (Traficantes de Sueños, 2019), resume así la naturaleza de Intrum: "Es una empresa de recobros conocida por sus malas prácticas en media Europa que ha visto en España una oportunidad de lucro aprovechando una dinámica en la que los fondos que acumulan mayor cantidad de activos inmobiliarios están encargando a otros la gestión".

Intrum decidió no responder a las preguntas planteadas por infoLibre y referidas a distintos aspectos de su naturaleza y su actividad abarcados por este artículo.

El valor de los activos gestionados por Intrum en España ronda los 60.000 millones de euros, cifra que incluye los activos inmobiliarios y los créditos pendientes de cobro, tarea que Intrum desempeña tanto para firmas de la gran banca como para empresas más modestas. En total, 3.500 clientes en esta actividad. Esa es su pata histórica. Y la que crea más controversia.

La compañía, que sostiene que trabaja mediante "cobros éticos", es criticada con frecuencia por la supuesta dureza de sus métodos para recaudar el dinero. "Intrum Justitia [compañía del grupo] actúa como fondo buitre, adquiriendo deudas a un precio menor al valor real. Utiliza métodos de acoso y presión, como llamadas constantes y amenazas de juicios y embargos", sostiene el despacho de abogados Juan Serrano, que se ofrece para defender a posibles afectados y ha conocido casos en los que Intrum trabaja con Santander, BBVA o Caixabank. "Aunque se presenta como una mediadora, su verdadero objetivo es asfixiar a los deudores para que paguen. Utilizando métodos de acoso y presión, esta empresa busca generar un estado de preocupación constante en los deudores, con el fin de que sientan la obligación de realizar el pago de manera inmediata", añade.

Abogados Roda también define a Intrum como un "fondo buitre". Y Abogados Bancarios, que se expresa así: "Es un fondo buitre especializado en comprar deudas impagadas para su cobro. Utiliza tácticas de acoso contra los deudores morosos, que a veces rayan en delitos de coacciones". Este despacho, Abogados Bancarios, administra una página de Facebook, Afectados Intrum Justitia, con más de 250 miembros, donde los deudores dan cuenta de sus problemas con Intrum, así como de sus preocupaciones y dudas. Son diversas las alusiones a reclamaciones de deudas que los supuestos morosos aseguran tener saldadas y a amenazas de inclusión en listados de morosos. Intrum, a preguntas de infoLibre, no comenta nada sobre la existencia y contenido de este grupo, ni sobre la actividad de los citados despachos.

En septiembre de 2023 la Audiencia de Vizcaya confirmó una sentencia que condenaba al Santander y a Intrum Holding Spain, la empresa matriz en España, a indemnizar con 12.000 euros –10.000 el Santander, 2.000 Intrum– a un matrimonio por incluir a sus dos miembros en listados de morosos, concretamente Asnef y Badxcug Experian, a pesar de que previamente ya habían saldado su deuda. La sentencia concluye que hubo una intromisión en el derecho al honor. Intrum rechaza comentar este caso y no aclara si ha presentado recurso.

F. A, iniciales del nombre de uno de los demandantes que ganó en los tribunales, se refiere a Intrum como "cobradores del frac" y censura los métodos de la compañía, que se valía de "requisitorias ambiguas" y "múltiples mensajes y finalmente llamadas a mi propia casa", según su testimonio. "Fue un asedio", recuerda ahora. "Finalmente –añade–, precisamente cuando ellos nos dijeron que íbamos a vernos en los tribunales, mi mujer y yo les dijimos: 'Sí, porque vamos a denunciaros nosotros'".

Una fuente jurídica que ha lidiado con frecuencia con Intrum y que prefiere el anonimato para cuidar su relación con la compañía afirma que no es posible detectar un patrón fijo en su conducta. "A veces van más duro, otras menos", dice. Lo que sí afirma es que "tal y como llegan asustan mucho a la gente y se benefician de eso". La misma fuente afirma que es usual que quienes reciben las primeras comunicaciones de Intrum se precipiten y paguen sin comprobar si ha podido haber una prescripción de la deuda o algún error. "Claro, si te hablan de embargos, de posibles acciones judiciales, de entrar en ficheros de morosos... Muchos pagan y se quitan de líos, si pueden con un acuerdo mejor", dice la fuente, que señala que Intrum "suele estar dispuesta a llegar a acuerdos". "No son los peores", añade, en referencia al mundillo de lo que llama "fondos buitre".

Con quien Intrum pinchó en hueso es con Rubén Sánchez, secretario general de Facua y por tanto buen conocedor de los derechos de los consumidores. Cuando Intrum Debt Finance, una de las empresas del grupo, le reclamó 545,5 euros por una supuesta deuda con Vodafone, Sánchez ya sabía que es habitual que los expedientes que manejan los fondos que compran deuda "estén incompletos y no tengan suficiente documentación acreditativa", explica. Y ese era su caso.

Intrum le reclamaba una deuda que incluía un alta en un servicio que no solicitó, varias mensualidades del mismo, una penalización por cancelarlo y otra por no devolver un equipo que nunca recibió, así como las cuotas de internet y televisión de meses posteriores a que pidiera la baja, según Sánchez. El portavoz de Facua se negó a pagar y la compañía fue a los tribunales. ¿Resultado? Un juicio monitorio y una sentencia favorable a Sánchez, de enero de 2022, contra la que no cabía recurso. Intrum no quiso comentar este caso.

Ahora el portavoz de Facua ha ido más allá. En julio de 2022, tras ser informado por escrito de que sigue constando como deudor en la base de datos de Intrum, presentó una demanda contra la compañía por daño moral. ¿Por qué? Aunque el acceso al listado en que Sánchez aparece aún como moroso no es público, explica, sí lo puede ser para trabajadores de Intrum. Además, lo que a su juicio es más grave, su expediente como moroso –pese a no serlo– puede ser traspasado a otra compañía a la que se venda esa deuda. Así, si esa posible compañía compradora le volviera a reclamar los 545,5 euros, la victoria en los tribunales de Sánchez quedaría en papel mojado y le tocaría defenderse de nuevo.

Pilar Ruiz, residente en Mancha Real (Jaén), de 47 años, jubilada tras la extirpación de un tumor en la cabeza, afirma que sufre "ansiedad" y que las reclamaciones de Intrum le están "quitando salud". Intrum Investment No 1 DAC le reclama 813,61 euros por un préstamo concedido por Caixabank en 2018 para la compra de un televisor. Ruiz afirma que la deuda está saldada pero que Intrum "no escucha". "Es un agobio. Me han llegado a llamar más de cinco veces en un día. Bloqueo y me llaman de números diferentes", relata.

Su marido, Jesús Domínguez, fontanero de 51 años, al que Intrum le reclama idéntica cantidad, ha cambiado de número. "Él no podía más. A veces trabaja en el altura, tiene que estar concentrado. Y el teléfono sonando... Era imposible y al fin ha conseguido que lo dejen en paz. Yo todavía no", explica su esposa.

El principal motivo de indignación de Ruiz es que Intrum –afirma– no presta la menor atención a sus argumentos, según los cuales la deuda reclamada ya está saldada. Tras "aguantar mucho", ha presentado una denuncia en el juzgado de instrucción de guardia de Jaén por supuesto acoso. En la documentación de la denuncia facilitada a infoLibre, sostiene que el supuesto acoso tiene forma de "amenazas verbales de embargo y de inclusión en los ficheros de morosos", todo con "formas intimidatorias". El asunto recayó en el juzgado de instrucción 1 de Jaén, que lo archivó provisionalmente, informa a infoLibre un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cabe recurso. Intrum tampoco se pronuncia sobre este caso.

También tiene una mala experiencia con Intrum el abogado Jesús Ángel Lorenzo González. Un juzgado de Ciudad Rodrigo (Salamanca) condenó a Vodafone en 2018 a pagarle 3.000 euros por vulneración del derecho al honor por su inclusión indebida en un fichero de morosos. La sentencia no es contra Intrum, pero sí cita a esta compañía –concretamente a Intrum Justitia Ibérica– por haber sido la encargada de reclamarle "insistentemente" la deuda.

Jesús Angel Lorenzo recurrió y logró elevar la indemnización a 10.000 euros. En su fallo, la Audiencia de Salamanca señala que con sus "incesantes llamadas" Intrum tenía el "fin obvio de presionar al actor para hacer coactivamente algo a lo que la ley no le obligaba". "Lo que sin duda produjo impotencia, zozobra, angustia, ansiedad, pesadumbre" en el demandante, que necesitó "asistencia médica para conciliar el sueño", añade el fallo. "Me llamaban –recuerda ahora el abogado– de manera obsesiva, incluidos sábados y domingos. Era insoportable". Intrum declina comentar este caso.

En su página web, Intrum afirma sobre su forma de proceder como cobradores de deudas: "El cobro ético de deudas es la esencia de Intrum. Las personas solo pueden participar plenamente en la sociedad cuando están libres de las preocupaciones y las cargas asociadas a los problemas de deudas. Un trato delicado, oportuno y ético acelera su rehabilitación financiera y, además, ayuda a los negocios a sobrevivir y prosperar". Aquí y aquí se puede leer sobre la forma de "gestión de impagados" de la compañía sueca.

Intrum vive alejada del foco mediático. Salvo en contadas ocasiones, su actividad pasa desapercibida, en parte porque en el apartado inmobiliario opera bajo las marcas Solvia y Casaktua. ¿Quién hay al frente de la compañía en España? Precisamente tras la adquisición de Haya Real Estate la sociedad ha realizado cambios en su cúpula española. Su director general es Enrique Tellado, que venía de desempeñar ese cargo en Evo Banco. Su jefa de finanzas es Ana Aránguez, que entre 2020 y 2022 fue responsable de gestión de activos de la Sareb, el conocido como "banco malo".

Si desapercibido suele pasar Intrum, más aún sus accionistas. El principal es el gestor de activos Nordic Capital. Este fondo sueco de inversión era propietario del 100% de Lindorff. Al fusionarse esta compañía con Intrum Justitia en 2017, Nordic Capital se quedó con un 43% de la resultante. Desde entonces ha bajado algo, hasta quedar por debajo del 40% de las acciones. Es el mayor accionista de la empresa, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo. Con 30.000 millones de euros bajo gestión, Nordic Capital es un gigante con oficinas en Suecia –donde tiene origen–, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y Corea del Sur.

 “Cuando murió la propietaria le dejó nuestro edificio a la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, que lo vendieron al fondo buitre Real State SL, que luego se lo vendió a Intedisa y ahora estos nos venden a Elix. Vamos de manos de buitre agresivo a manos de buitre más agresivo y nos hemos levantado para luchar”. Son palabras a las que pone voz Pilar, una vecina de Salvia 1, bloque ubicado en el barrio de Tetuán de Madrid, que espera con temor a que llegue el martes 13 de febrero. Prevén que ese día "directivos y accionistas de la empresa Elix Rental Housing se reúnan para votar la ampliación de su capital" a través de la compra de esa edificación, más otras dos de la ciudad madrileña, Tribulete 7 y Boldano 5; y una cuarta de Barcelona, Vall d’Hebron 6.

“Nos hemos unido todos y estamos en pie de guerra”, proclama Pilar. Lleva 20 años habitando su piso y su madre anida en otro del mismo edificio desde hace más de 60. “Queremos que no nos echen a la calle, son nuestras viviendas y lucharemos por ellas”, garantiza. Asegura que se trata de “un bloque obrero” en el que “hay gente más y menos vulnerable, niños, ancianos…”. Arrendatarios que han asistido en el túnel del tiempo a cómo la construcción va pasando de fondo buitre en fondo buitre con ellos dentro mientras, “por el camino, ya se han librado de cinco vecinos”. “Cada vez el bloque es más jugoso para ellos porque somos menos viviendo. Hay personas que no quieren pelear, que se asustan. Hay a quien le cuesta una enfermedad. Un vecino se tuvo que ir por una depresión. Estamos pendientes de quién llama a nuestra puerta, de qué ejecutivo viene a ver cómo nos engaña para que le abras y medir tu casa. Le han mentido a vecinas diciéndoles que les iban a reformar… Estamos sometidos a mucha presión. Llevamos así desde 2020 y ahora para rematar nos va a comprar Elix”, relata en tono apesadumbrado pero enérgico.

El fondo inmobiliario que los vecinos perciben como una amenaza está vinculado a AltamarCAM Partners, firma de gestión global enfocada en la inversión en mercados privados cuyo presidente es Claudio Aguirre, primo de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y tiene como CEO global a José Luis Molina, ex vicepresidente senior de Lehman Brothers, para la que trabajó durante más de una década en Nueva York y en Londres. Previamente había adquirido “hace unos meses otros bloques en Chamberí y Canillejas -zonas de Madrid-”, según anota el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que sostiene que “pretende echar a todas las vecinas para renovar los edificios y subir los alquileres desorbitadamente”. AltamarCAM y Elix, gestora de activos residenciales, lanzaron a principios de 2023 Elix Rental Housing Socimi II, un “vehículo destinado a la creación de una cartera institucional de edificios residenciales en alquiler”, según consta en la página web de la entidad. Con una capacidad inversora de alrededor de 150 millones, este se centra en “la compra, reforma y alquiler de edificios residenciales" sobre todo, "en el centro de Madrid”. En el mismo sitio de internet se puede confirmar que la Socimi contaba antes con dos edificios y se refleja que entre 2017 y 2021, AltamarCAM y Elix se asociaron para hacerse con 22 edificios residenciales en la capital de España y en Barcelona a través de Elix Vintage Residencial Socimi. La cartera fue vendida en 2021 a la aseguradora alemana Allianz, aunque Elix sigue gestionándola.

Antonia, moradora de Tribulete 7, radicado en la barriada madrileña de Lavapiés, se enteró por una amiga del inmueble de la posible enajenación de éste. Narra que todavía no hace tres años que su piso la alberga y que se lo han ido “pasando de unos amigos a otros” del ámbito del audiovisual, “durante más de 30”. “Me entregaron las llaves y me dijeron: lo que te encuentres lo arreglas tú y es tu problema”. Lleva como puede dos trabajos. "Pagando el alquiler que pago ahora, voy al raso. No es una renta antigua y no me están regalando nada”, aclara. Asevera que muchos vecinos han “invertido dinero en los pisos”. “Entré por la puerta y lo primero que tuve que hacer es gastarme 200 euros en el baño y la persona que estaba antes puso la instalación eléctrica, pladur, aislante en las paredes…”, enumera. Han cambiado la fisonomía de sus viviendas para convertirlas en “decentes” y en estos momentos pesa sobre ellos la sombra de la expulsión. “Hasta que apareció Elix en mi vida yo estaba muy tranquila, tenía una vida sencilla, pero estaba a gusto con ella y mi casa”, confiesa Antonia. Y acopla: “El máximo capricho que me puedo permitir es ir al gimnasio, pero era feliz con esa vida pequeña. Ahora me despierto todos los días pensando dónde voy a ir si me echan, con los precios como están”. Se declara pobladora del centro de Madrid y no ha dejado de abonar el alquiler “ni un solo mes. Ha sido la máxima prioridad, pagar, aunque no me haya ido de vacaciones o no me haya comprado ropa”. Hasta que “el mercado te expulsa de tu casa”. Se pregunta: “Dónde me va a poner. Qué planes tiene para mí el señor mercado”. Insiste en que los afectados son “personas trabajadoras, de las que levantan España". A ellos, el mercado los "va a desalojar" y los "va a llevar a la exclusión social", pero podrían ser cualquiera mañana, remata.  

Las vecinas de los tres bloques, Tribulete 7, Salvia 1 y Boldano 5, han convocado junto al Sindicato de Inquilinas el martes 13 a las 17:00 horas una concentración en la calle Serrano 51, delante de la sede del fondo Elix Rental Housing, para protestar contra la compra de sus viviendas por parte de éste y exigir una negociación colectiva “con soluciones dignas para todas”. La mencionada organización sindical mantiene que “AltamarCAM y su Socimi Elix Rental Housing II pretenden replicar el negocio que ya explotaron al máximo con su anterior proyecto Elix Vintage, a través del cual adquirieron 22 bloques en Madrid y Barcelona. Tras desahuciarlos enteros, un total de 421 viviendas, los renovaron y volvieron a vender a la aseguradora Allianz por un precio mucho más alto en menos de cinco años". Desde el sindicato denuncian la "técnica estrella de la especulación inmobiliaria que busca sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin importar el efecto que tiene en la vida de las vecinas expulsadas ni en los barrios gentrificados”, lamentan. Ponen el acento luego en la figura de la Socimo, “clave en todo este proceso”, dado que posee “unos beneficios fiscales escandalosos que fomentan la especulación sin límites al no tener que pagar impuestos sobre los beneficios adquiridos”. Si bien, ponen sobre aviso a la entidad de que se va a topar con “la organización inquilina y vecinal que lleva años gestándose en la ciudad contra la impunidad de la especulación inmobiliaria”.

Del otro lado, fuentes de la empresa explican que la Socimi está cogestionada por AltamarCAM y Elix, siendo la primera responsable de la gestión corporativa y del vehículo, mientras que la segunda se ocupa de la gestión de los inmuebles. En relación a Tribulete 7, finca que ha acaparado primero la atención mediática por una protesta previa, comentan que "Elix no es la propietaria del edificio. La compañía ha mostrado interés en la compra" de éste, exponen, pero en la actualidad "Tribulete, 7 no es" de su propiedad, reiteran. En cualquier caso, señalan que "la trayectoria de más de 20 años de Elix demuestra que su intención es hablar con los vecinos para alcanzar la mejor solución para ellos, siempre a través del diálogo y el máximo respeto. La disposición de Elix al diálogo es total", cierran.

Elix no es el único fondo que actúa en la Comunidad de Madrid. Entre las sociedades que tienen más de 50 propiedades, los súper tenedores inmobiliarios, siete lo son, con Blackstone a la cabeza, un “gran casero” que, como Néstar, Cerberus o Sareb, ya saben lo que es tener enfrente el muro sindical y ciudadano. Tampoco son Madrid y Barcelona las únicas ciudades en las que operan. Desde Valencia apuntan a Infolibre el caso de Nieves, quien tras diez años costeando un alquiler social de 450 euros, “se ha visto en la calle con sus hijos porque el banco que era el propietario de la casa se la traspasó a un fondo buitre que no le quiso renovar el alquiler social. La vivienda está vacía y ellos sin techo. Un trozo de suelo puede valer más que tú”, previenen.

Fuentes del Sindicato de Inquilinos de Zaragoza confirman, asimismo, que esa localidad no es ajena a esta problemática con nombres propios como el del fondo buitre Buildingcentre, ligado a un desahucio que levantó polvareda. Aunque su actividad diaria no se centra en ellos, avanzan que están "en proceso de investigar más esta realidad para conocer exactamente su nivel de implantación" en la ciudad y poder organizarse "frente a su especulación". "Sabemos que hay fondos buitre operando en Zaragoza, como Cerberus, Haya, Divarian, (Intrum, Hipocat 11), Cabot", o el citado Buildingcenter. Recuerdan que el año pasado, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) "emprendió una campaña contra Caixabank y Buildingcenter para frenar el desahucio de un vecino que residía en una casa cuya deuda se había vendido a este fondo, pero se ejecutó y hay varias personas afrontando una campaña de represión". En ese escenario, marcan posición: "Los distintos colectivos de vivienda de Zaragoza vamos a continuar luchando para que ni los fondos buitre ni los bancos o las inmobiliarias impidan nuestro derecho a acceder a una vivienda digna y asequible". Si adventicio es lo extraño, lo casual, lo esporádico, que compren tu casa, está dejando de serlo.

Dos tipos de noticias brotan del campo. Las primeras muestran impotencia, cabreo, miedo. Las tractoradas son una viva expresión de este humor sombrío. Se habla de márgenes mínimos, fincas entrampadas, falta de relevo. El segundo tipo de noticias es muy distinto. Ya no suena el rugido de los motores, sino el tintineo de la abundancia. El sujeto no es el agricultor apesadumbrado, no digamos el jornalero precario, sino un inversor que pone sus ojos en el agro, seducido por la promesa de altas rentabilidades.

Es un fenómeno global, que se ha dado primero en Estados Unidos: el gran dinero corre hacia el negocio agrícola. Allí el magnate tecnológico Bill Gates se ha convertido en el principal terrateniente del país y meter millones en la agricultura es la moda entre estrellas de la televisión –Oprah Winfrey– o de la NBA –Blake Griffin–. Esos vientos llegan a España. ¿Un ejemplo? Futbolistas como Sergio Ramos. No es el único.

Pero este baile de nombres no es más que la superficie de una corriente mucho más profunda: el frenesí mercantil en torno al suelo rústico. Entre enero y octubre de 2023 las compraventas en España se acercaron a 125.000, un 5,4% por encima de los datos precovid. En noviembre subieron un 10,6% con respecto a octubre. Aunque la mayoría de operaciones, más del 90%, se realizan entre pequeños y medianos propietarios, despunta un tipo de empresa con un papel cada vez más destacado: el fondo de inversión.

Múltiples factores, como la creciente población mundial y la posibilidad de abaratar costes mediante la economía de escala, han convertido al campo en lo que se conoce como un "valor refugio", especialmente tentador en tiempos de inestabilidad geopolítica. Las rentabilidades se sitúan entre el 5% y el 10%, según distintos balances del sector. Algunos números. 1) La inversión de los fondos en España en 2022 superó los 1.000 millones, un 20% que en 2021. 2) Las previsiones para el cierre de 2023 superan los 2.000 millones, todo ello según datos de la consultora CBRE, de las más influyentes en sector.

En España despuntan en el llamado agribusiness fondos tanto nacionales como internacionales. infoLibre ha realizado una selección, tomando como referencia el informe de 2023 sobre el negocio del suelo rústico de la firma especializada Cocampo y la opinión de diversos profesionales del sector.

Entre los campeones nacionales figura Atitlan, el grupo inversor impulsado en 2005 por Roberto Centeno –yerno del presidente y máximo accionista de Mercadona, Juan Roig, con una de cuyas hijas está casado– y Aritza Rodero, ambos con pasado en Goldman Sachs. A diferencia de la mayoría de sus competidores, Atitlan no invierte dinero de terceros, sino propio. En este caso, suma más de 1.000 millones en activos, repartidos en al menos diez empresas. ¿De qué? De todo. Accesorios de baño y cocina, cría de lenguado, fabricación de pistas de pádel, servicios inmobiliarios y logísticos... Y agricultura. Todo tiene el mismo sello: sectores oportunidad, inversión, tecnificación de procesos, perspectiva de venta con beneficios. Es una rueda que no deja de girar.

También gira en el campo. La empresa agrícola del grupo es Elaia, con sede en Valencia, que desde su nacimiento en 2007 ha desarrollado más de 20.000 hectáreas de cultivos, la mayoría en alquiler, para naranjas, mandarinas, limones, aguacates, almendros y olivos en más de cien finas de España, Portugal y Marruecos. En noviembre Atitlán amplió su apuesta alcanzando un acuerdo con Agnbro Capital, propiedad del empresario José Tomás Pérez, para integrar en Elaia más de 800 hectáreas de pistacho en Castilla La Mancha y pasar así a gestionar 3.200 de este cultivo en toda la Península. Elaia ha pasado a ser "accionista de referencia" de Agnbro, explica un portavoz de Atitlan, que además comercializa cítricos a través de Guillem Export.

Atitlan, con sedes en Madrid, Valencia y Oporto, no sólo compra. También vende. Se trata de eso. La venta de las ramas de almendro y olivo al grupo andaluz De Prado, de una familia histórica de la explotación agraria cordobesa, fue el "hito más importante" y con "mayor impacto" en la cuenta de resultados del grupo en 2022, último año publicado, cuando Atitlan cosechó unos beneficios de más de 73 millones de euros.

Al igual que Atitlan, Beka Finance tampoco se dedica en exclusiva al campo. Esta firma con sede en Madrid y 30.000 millones bajo gestión –no propios– invierte allí donde haya oportunidades de "creación de valor": tecnología, educación, ocio, restauración. Y agricultura. En 2021 la compañía hizo una "apuesta por la agricultura sostenible española con el fichaje de Miguel Arias Cañete" como presidente de honor del comité de inversión de su capital riesgo Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund, puesto desde el que el exministro asesora sobre "oportunidades de inversión", entre otras materias.

Un portavoz de Beka explica que en el arranque de este fondo agrícola, al estudiar la "normativa europea de sostenibilidad" y ante el "negocio que se puede abrir con los derechos de carbono", se consideró que el extitular de Agricultura con José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2014) y excomisario europeo de Energía y Acción por el Cambio Climático (2014-2019) "aportaba bastante" tanto por el "conocimiento del sector" como de las reglas comunitarias. Cañete "sigue ayudando" actualmente, añade.

Beka&Bolschare Iberian Agribusiness Fund surge ante las "revoluciones" que experimenta el negocio agrario, que tiene "mucho recorrido" para la mejora en "eficiencia" y "sostenibilidad", según el portavoz de la compañía, que afirma que su modelo crea "más riqueza, más empleo y de más calidad" que el tradicional. El fondo ha recabado entre 65 y 70 millones euros, de los que están invertidos ya tres cuartas partes para la compra de unas 1.500 hectáreas de olivar en el Alentejo portugués y unas 400 de almendro cerca de Talavera de la Reina (Toledo).

El negocio se basa en un modelo de propiedad de la tierra minoritario en la inversión agrícola en comparación con el alquiler. Beka prevé abrir un segundo fondo para compra agrícola antes de final de año. Los principales nombres de la compañía son Carlos Tejera, presidente y máximo accionista; Carlos Stilianopoulos, director general; y Borja de Roda, director general de la división de gestión de activos.

El nombre de Azora suele ir ligado a la inversión inmobiliaria. Con más de 9.000 millones bajo gestión, el grupo inversor fundado en 2003 por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, ambos provenientes del Grupo Santander, fue noticia en 2023 por la condena a una de sus filiales por cláusulas abusivas, en una sentencia en primera instancia en Barcelona considerada "histórica" por el movimiento por la vivienda digna y que ha sido recurrida. Pero los intereses de Azora, con sedes en Madrid y Miami, van mucho más allá del ladrillo residencial y hotelero. ¿Alcanzan el terreno agrícola? Sí. En 2022 Azora compró el 33% –porcentaje que aún mantiene– de ISFA, empresa con sede en Vitoria (Álava) que explota más de 10.000 hectáreas de almendros en la Península.

Miura Partners, con sedes en Madrid y Barcelona y más de 1.000 millones en activos, juega a múltiples barajas, con participaciones que van de la aceituna de mesa a la formación continua, del ocio al aire libre a los tratamientos por radiofrecuencia, de los seguros a la cocina mediterránea. Porque lo que distingue a estas compañías no es el sector, sino el método. Miura recaba dinero para sus fondos, sean de bancos, fondos de pensiones, sociedades patrimoniales, universidades... En su inmensa mayoría, capital extranjero. Y lo invierte allí donde ve posible rentabilidad.

En el caso del agro, su participación está en Citri&Co, productor y comercializador internacional de cítricos con cuartel general en Sollana (Valencia). Sus números imponen: trabaja sobre unas 30.000 hectáreas y su facturación anual ha alcanzado los 700 millones. El socio fundador y director general de Miura es Luis Seguí, con largo currículo en lo que en jerga se llama fundrasing, es decir, lograr fondos para invertir.

Los fundadores de Portobello Capital, con sedes en Madrid y Luxemburgo y más de 2.000 millones bajo gestión, son Íñigo Sánchez-Asiaín, Juan Luis Ramírez, Ramón Cerdeiras y Luis Peñarrocha, que han impulsado la entrada de la compañía en el accionariado de empresas de residencias de mayores (Vitalia Home), servicios jurídicos (Legálitas), inspección de vehículos, supermercados, hoteles o alimentación para mascotas. La relación de Portobello con el campo se traba con la entrada en julio de 2023 en Eurocebollas, donde tiene un 38%. Eurocebollas es una empresa fundada en 1980 por la familia Alberola en Alzira (Valencia) y que se presenta como "líder" en ingredientes listos para usar, sobre todo de cebolla. Eurocebollas, explica un portavoz, prevé plantar en marzo 700.000 hectáreas alquiladas de cebolla y ajo

ProA Capital, el fondo con sede en Madrid dirigido por Fernando Ortiz, ex del BBVA, es otro ejemplo de lo que en el mundillo se llama una "cartera diversificada", que en su caso incluye empresas de componentes de aviación, formación, higiene, servicios ofimáticos o pasta y otros productos de alimentación (Gallo). Entre sus participaciones figura la de Moyca, empresa especializadas en producir, envasar y comercializar uva de mesa sin pepita. La firma explota unas 2.200 hectáreas en Murcia, Alicante, Almería y Badajoz.

¿Y el terreno internacional? En realidad, la pista de algunas de las empresas ya citadas lleva fuera de España. Dos ejemplos:

– Citri&Co, en la que tiene presencia Miura Partners, firmó un acuerdo en 2022 con PSP, una macrogestora de fondos de pensiones de funcionarios públicos de Canadá. El trato consiste en que PSP, que controla activos por unos 200.000 millones de euros, adquiere propiedades agrícolas, mientras que Citri&Co las explota y gestiona sus frutos.

– Eurocebollas, participada al 38% por Portobello Capital, también es en un 7% del grupo francés de ingredientes Solina, del que a su vez es accionista el capital riesgo galo Astorg.

El campo atrae a poderosos capitales internacionales, como el banco británico HSBC, que en 2022 compró 400 hectáreas en Extremadura para almendros. Más. El año pasado el fondo estadounidense Solum Partners entró en el accionariado de Agrupapulpí, empresa nacida en 1981 con origen familiar que tiene más de 2.100 hectáreas propias en Almería, Murcia y Granada para lechuga, brócoli y sandía, entre otros productos. El vendedor fue otro fondo, Magnum Partners, con sedes en Madrid, Lisboa y Luxemburgo.

Una particularidad de Solum: es un fondo vinculado a la Harvard Management Company, gestora de activos de la prestigiosa universidad estadounidense, de la que se escindió en 2020 aunque desde entonces han compartido activos en el terreno agrícola. Con más de 1.700 millones de euros gestionados, Solum está liderada entre otros por al menos cuatro antiguos directivos del fondo de Harvard. Uno de ello es Colin Butterfield, CEO de la compañía.

¿Más nombres internacionales? Fiera Capital, macrogestora canadiense con más de 140.000 millones bajo gestión, posee el 100% de Innoliva, con 8.000 hectáreas en producción agrícola en España y Portugal. Más modesta es Fremman Capital, una boutique inversora con oficinas en Londres, París, Munich, Luxemburgo y Madrid, que tiene una posición en Bollo Natural Fruit. El fondo SLM Partners, con sedes en Reino Unido, Estados Unidos, Australia e Irlanda, especializado en agricultura y que suma 285.000 hectáreas gestionadas en todo el mundo, compró 300 en Murcia en 2022 para almendros, pistachos y olivos.

Distinto es el caso de CVC Capital Partners, una empresa con destacados galones en España, donde es accionista de Naturgy, la Liga de Fútbol Profesional, la Universidad Alfonso X el Sabio y Vitalia Home. Especialmente polémica fue su entrada en La Liga, de la mano de Javier Tebas, en una operación de 2.700 millones que recrudeció la guerra con la Federación Española de Fútbol. A estas posiciones se suma casi un 57% en Deoleo, multinacional con sede central en Madrid que se presenta como "líder mundial del aceite de oliva" y que aunque no produce directamente el oro líquido, tiene un papel destacado como comprador en el campo español. Entre las marcas de Deoleo están las populares Carbonell, Koipe y Hojiblanca. Deoleo lleva meses envuelta en rumores de venta. Ha sonado como posible comprador al grupo emiratí IFFC, si bien Ignacio Silva, presidente de la compañía aceitera, lo ha desmentido.

El megafondo soberano noruego, nutrido de los réditos obtenidos con la venta de petróleo y gas, ha incrementado el valor de su inversión en España en torno a un 30% en el último año, hasta situarse en más de 20.000 millones de euros. Con presencia en todas y cada una de las empresas del IBEX 35, Norges posee sus principales participaciones en Iberdrola, Santander, BBVA e Inditex.

El capital público noruego, beneficiado por la revalorización de sus posiciones, está en la industria y el sector inmobiliario, en la farmacia y los grandes medios. También en la deuda pública española. La profundidad de su penetración en sectores clave contrasta con su discreción. Norges, accionista de un puñado de las compañías más importantes del mundo, no tiene oficina ni una figura reconocible en España. Pero está ahí. Y su peso es milmillonario.

Considerado el mayor fondo público del mundo, por delante incluso de los pertenecientes por las acaudaladas monarquías del Golfo, los beneficios globales de Norges el pasado año ascendieron a 196.580 millones de euros, todo ello según los resultados publicados este martes por la compañía. Ello supone un rendimiento récord del 16,1%. El valor de los activos del fondo en todo el mundo se sitúa en torno a los 1,4 billones de euros. No parece que fuera desencaminado el que fuera directivo del fondo Yngve Slyngstad (1962) cuando dijo que haber creado Norges era como "haber descubierto petróleo otra vez".

La lotería no sólo le toca a las personas. A veces, les toca a los países. A finales de los 60, a Noruega le tocó al descubrir que en la plataforma continental del Mar del Norte había unos gigantescos depósitos de combustible. Todavía hoy, con algo menos de 5 millones y medio de habitantes, Noruega aparece en todas las listas de los principales exportadores de petróleo y gas del mundo.

Pero quizás la gran noticia no fue el hallazgo, sino que los noruegos supieran después tratar los réditos con visión de futuro. La crisis del petróleo les mostró pronto que la volatilidad de los precios era inherente al negocio del petróleo, así que se adoptó la decisión de ahorrar... e invertir.

El cómo se definió a lo largo de un largo proceso. Su materialización definitiva llegó en 1990 con la aprobación de la ley para la creación de un fondo soberano –es decir, público– con el objetivo de diversificar los beneficios del petróleo y en menor medida del gas.

El resultado es el fondo "Fondo Gubernamental de Pensiones Global de Noruega", conocido en España como fondo Norges, que tiene como responsable al Norges Bank, una entidad de trayectoria centenaria en el que se guardan viejas formalidades como que sea el rey, en este caso Harald V, el que nombre a la mayoría los miembros de la dirección, incluida la actual gobernadora, Ida Wolden Bache (1973).

La administración del fondo se realiza a través del Norges Bank Investment Management. Su director es Nicolai Tangen (1966), compañero de causas filantrópicas de Bill Gates y afamado coleccionista de arte nórdico. Tangen, antes de llegar a este puesto, fue fundador de AKO Capital, un fondo de cerca de 20.600 millones de euros y cuarteles generales en Londres.

Junto al objetivo propio de cualquier banco central, garantizar la estabilidad de la moneda, el Norges Bank se obliga también a "generar valor añadido mediante la gestión de inversiones" para "crear" y "salvaguardar" un "patrimonio financiero" para las "generaciones futuras" de noruegos.

¿Lo consigue? Parece que sí. Norges es citado en multitud como "el mayor fondo soberano del mundo", si bien es una afirmación que sólo podría certificarse al 100% si los fondos de otros países como Arabia Saudí –máximo accionista de Telefónica–, Qatar –máximo accionista de Iberdrola y la socimi Colonial– o Emiratos Árabes –máximo accionista de Cepsa– fueran tan transparentes como Norges al dar los datos sobre sus fondos.

Porque Norges sí actualiza cada año las cifras. Y son unas cifras de vértigo. Al cierre de 2023, según el balance recién publicado, sus inversiones en todo el mundo sumaban un valor total de 1,55 billones de dólares, en torno a 1,4 billones de euros. Ello supone su récord histórico, tras subir un más de un 23% en un año. Es decir, la subida en España, alrededor del 30%, es mayor que la subida total.

El dinero está repartido entre 11.149 inversiones, algunas en empresas tan destacadas a nivel global como Alphabet (dueña de Google), Meta (dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp), Amazon, Apple, Microsoft, Samsung, Bayer, Pfizar o Nestlé. La lista completa se puede consultar aquí, yendo a la parte inferior de la web y pinchando en "total holdings".

El portfolio de inversiones de Norges abarca 72 países. Entre ellos, España, donde acumula activos por valor de más de 20.000 millones de euros, según el balance de 2023 recién publicado. Es, por su valor en coronas, el récord histórico. La subida oscila levemente por encima o por debajo del 30% dependiendo de si se toma como referencia el valor en coronas suecas o en dólares americanos, que son las dos monedas en las que Norges publica sus datos en su serie histórica.

Los fondos de Norges en España reparten en 110 inversiones. La gran mayoría está en lo que Norges llama equities, es decir, participaciones. Ahí hay más de 12.000 millones en 61 compañías. ¿Cuáles son? Para empezar, un dato: Norges está en todas y cada una de las empresas del IBEX 35. No en la mayoría, en todas.

Su mayor inversión está en Iberdrola, donde tiene acciones con un valor de mercado de más de 2.500 millones de euros. Después van el Santander y el BBVA (algo más y algo menos de 1.400 millones) e Inditex (1.260 millones). Sus mayores porcentajes son en Unicaja (7,61%), Repsol (4,35%) y Solaria (4,29%).

A diferencia de los fondos árabes o de Blakrock, Norges no parece tener interés en convertirse en accionista dominante de ninguna compañía del IBEX. Es más, sus posiciones están con frecuencia por debajo del 3%, lo que sitúa al fondo fuera del grupo de los conocidos como "accionistas significativos". Ello hace a Norges menos visible.

Fuera del IBEX, Norges participa en España en compañías sanitarias (Almirall, Atrys, Faes Farma), de distribución y alimentación (Ebro Foods, DIA), de medios de comunicación (Atresmedia, Prisa), de vivienda (Lar, Neinor Homes), de seguros (Línea Directa)...

El resto de las inversiones de Norges en España se reparten en tres áreas, según el propio balance publicado por el fondo: renta fija, con más de 7.700 millones de euros, de los que más de la mitad son en bonos del Tesoro; bienes inmobiliarios, con casi 300 millones de euros, con Prologis como socio; e infraestructuras para energías renovables, casi 150 millones de euros, en colaboración con Iberdrola.

El Paseo de la Castellana, en Madrid, es escenario de dos imágenes expresivas de la trayectoria de Pablo Casado Blanco (Palencia, 1981). La primera es de 2007. El entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, rebosante del entusiasmo propio de la militancia juvenil, corta junto a otros correligionarios la señorial avenida para protestar, frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, contra la absolución de Arnaldo Otegi. "Queremos un país libre, en el que no haya un gobierno que no deja actuar a la justicia", declara Casado, unas palabras –recogidas entonces por la crónica de El País– que nos recuerdan que en política el tiempo es circular.

La segunda imagen es reciente. Más de tres lustros después, Casado reaparece en la misma avenida. Pero esta vez no está en la calle, sino dentro de un edificio. Y no ha ido para corear consignas contra José Luis Rodríguez Zapatero y Cándido Conde-Pumpido, como en 2007, sino para sentarse en el despacho de una sociedad inversora. Ya no entra en escena el impetuoso cachorro aguirrista que era antes de los 30, ni el precoz presidente del PP, cargo al que llegó antes de los 40 y del que fue expulsado hace algo menos de dos años tras perder una guerra interna contra Isabel Díaz Ayuso.

Ahora estamos ante un nuevo Pablo Casado, renacido como conseguidor.

El expresidente el PP es hoy un inversor en busca de cantidades millonarias de dinero para meter en defensa, seguridad o inteligencia artificial, que se ha valido para arrancar su aventura empresarial de dos viejos amigos conocidos en su etapa política –un periodista que fue destacado responsable de prensa en el Gobierno de Mariano Rajoy y un antiguo compañero de las juventudes del PP–. Casado, al que su nueva faceta también vincula con el que fue abogado de Ángel Carromero, comparte ahora proyecto con un exlobista del negocio de las armas, un miembro del gabinete del exministro de Defensa Pedro Morenés (2011-2016) y un puntal de la jet set, el inversor Ricardo Gómez-Acebo Botín. Y hay más nombres...

infoLibre ha tratado de hablar por diversas vías con Casado para este artículo, sin éxito.

Una fecha que puede usarse para contar la transformación de Casado es el 30 de julio de 2020. Y no por lo que ese día hizo el presidente del PP, que tuvo un día gris como líder de la oposición con su asistencia a las jornadas Prensa y poder, en Aranda de Duero, donde denunció que Pedro Sánchez ganaba porque tiene "más medios" y "portadas".

No, lo importante no pasaba ahí, sino en una notaría de Madrid donde nacía Archery Capital SL, sociedad que –tiempo después– sería clave para el nacimiento del Casado inversor.

Con un capital de 3.000 euros, Archery veía la luz con el objeto social de canalizar operaciones "inmobiliarias" y de "inversión colectiva", como recoge la información mercantil consultada por este periódico. Eso en cuanto al qué. Pero lo que en esta empresa nos lleva a a Casado es el quién.

La empresa puso como administrador único a Diego Mazón, un periodista que tras salir de La Razón en 2011 entró en el aparato de prensa del Gobierno del PP. Primero, como director de comunicación del Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Morenés. Después, como director de gabinete de la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de la Presidencia del Gobierno.

Aquello acabó en junio de 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa y tocó reinventarse. Desde noviembre de 2018 Mazón es director corporativo y de comunicación de una productora de series y concursos sin relación alguna con Archery. Eso sí, entre los fundadores de dicha productora hay otros tres impulsores de Archery, entre ellos el financiero Jaime Puchol y el empresario de medios Francisco Pou, con pasado en Intereconomía.

Ese es el origen de Archery, que fue una empresa perfectamente desconocida hasta que en febrero de 2023 El Mundo la citó en una pieza sobre la "nueva vida" de Casado. ¿Por qué? Porque el expresidente del PP, amigo de Mazón, estaba acudiendo a la sede de Archery –trasladada en octubre de 2022 de Príncipe de Vergara a La Castellana– para reactivar su agenda, ya no como político sino como buscador de fondos para inversiones.

Al fin había una prueba de vida de Casado tras su derrota frente a Ayuso, a la que había desafiado –midiendo mal sus fuerzas– al exigirle explicaciones por la comisión cobrada por un hermano suyo gracias a un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid. Un error fatal en el PP, que supuso la muerte política de Casado y su relevo por Alberto Núñez Feijóo.

Desde entonces, abril de 2022, Casado no ha dicho ni mu. Ni una entrevista. Nada. Las "portadas" y la atención de los "medios" que tanto deseaba en julio de 2020, cuando aún era líder del PP, son justo lo que ha pasado a evitar. Y tiene su lógica. Porque en su nueva vida, la actual, la que retomó con Archery, la empresa de su amigo Mazón, Casado ya no va en busca del protagonismo que cada día necesita el político, sino de los contactos imprescindibles para el empresario, especialmente para el que no produce ni fabrica, sino que se dedica a conseguir dinero para invertirlo.

Archery no tardaría en ser para Casado mucho más que un despacho circunstancial en una zona noble. Como recoge la información del registro mercantil, el expresidente del PP formalizó su incorporación a la sociedad en mayo de 2023. Y no lo hizo solo. Entró a la vez que dos hombres clave en su aventura inversora: uno, José Antonio Bartrina, un empresario del sector de seguridad y defensa, que fue director general del lobby de las armas Tedae al menos hasta 2016; y dos, una figura de relumbrón, Ricardo María Gómez-Acebo Botín Sanz de Sautuola.

Sobrino de Ana Botín, presidenta del Santander, en Gómez-Acebo Botín el pedigrí financiero se suma el aristocrático. No en vano, su padre, Ricardo Gómez-Acebo Botín, es primo de Simoneta Gómez-Acebo, hija de la difunta infanta Pilar.

Las cosas empezaban a cambiar para Casado. Si su carrera política acabó con una imagen de casi absoluta soledad , en su faceta empresarial puede, al menos desde mayo de 2023, presumir de un aliado de postín. Y su red no iba a dejar ya de crecer.

Casado y Gómez-Acebo Botín se pusieron de inmediato al frente de Archery, empresa con la que ya ni Mazón ni ninguno de sus acompañantes en la productora audiovisual tienen relación, explica el propio periodista a infoLibre. El expolítico y su socio entraron como consejeros y recibieron extensos poderes para gestionar y actuar en nombre de la compañía. En cuanto a los cargos, Gómez-Acebo figura como secretario del consejo. La presidencia la ostenta una compañía, Atlantic Basin SL, en la que aparece como representante Casado, según la última nota registrada por Archery, de julio de 2023.

Así que, después de Archery, ya hemos llegado a una segunda sociedad: Atlantic Basin. Y al igual que en la primera Casado recibió la ayuda de un amigo, Mazón, en Atlantic Basin la recibió de otro, Germán Alcayde, al que conoce "desde hace veinte años" por su militancia compartida en Nuevas Generaciones, explica este a infoLibre.

Un año mayor que Casado, la trayectoria de Alcayde está ligada a José María Aznar, en cuya oficina de expresidente trabajó entre 2011 y 2019. Más tarde, en octubre del año pasado, se convirtió en director general del Instituto Atlántico de Gobierno, fundado y presidido por Aznar, que ofrece cursos de liderazgo.

A estas tareas Alcayde suma la de administrador único de Atlantic Basin. No por propia iniciativa. Se lo pidió Casado, que es "presidente" y "máximo accionista" de la compañía, afirma Alcayde, que se refiere a Atlantic Basin como "la empresa de Pablo". "Siempre lo he ayudado, en los buenos y en los malos momentos", dice Alcayde, que asegura que Casado está "bien", que tiene los cinco sentidos puestos en el mundo de la empresa y que ha abandonado "totalmente" la política.

El resultado de esa ayuda es la constitución, en diciembre de 2022, en Madrid, con 3.000 euros de capital, de la citada Atlantic Basin, de la que también fue fundador el abogado José María Viñals, conocido por haber defendido al que fuera dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero tras el accidente en el que murió el opositor cubano Oswaldo Payá.

¿Qué es Atlantic Basin? Podría hablarse casi de una empresa ómnibus. Su variopinto objeto social abarca desde la realización de informes, conferencias o seminarios hasta la "investigación" sobre "geoestrategia", "institucionalidad", "seguridad", "defensa" o "finanzas". También es objeto de la empresa la "consultoría" y el "asesoramiento legal" a instituciones y empresas, la "intermediación" en "operaciones corporativas" o la "inversión y gestión en startups, sociedades, fondos". En contraste con la prolijidad de su objeto social, Alcayde afirma que la compañía, hasta donde él sabe, limita su actividad al desarrollo de un "contrato" con Archery cuyo contenido afirma desconocer.

En cuanto al nombre de la empresa, tiene un sentido a la luz de la trayectoria de Casado, adscrito a la corriente "atlantista" de la derecha, defensora de un compromiso militante con la OTAN y, más aún, de la aceptación de los valores económicos y geostratégicos dominantes en el país norteamericano. Pensamiento FAES, se podría decir. Además, Casado figura como uno de los líderes de The Atlantic Basin Initiative, un think tank compartido por el Transatlantic Leadership Network, una organización atlantista con sede en Washington, y el Instituto de Política Exterior de la Johns Hopkins University. El Atlantic Basin think tank y la Atlantic Basin empresa no tienen relación más allá de la presencia de Casado. Lo que sí acredita la coincidencia es el interés de Casado por lo "atántico" tanto cuando piensa en valores como cuando lo hace en negocios.

El subrayado atlantista no se queda ahí. También está en los criterios de inversión de Hyperion, el proyecto que ha devuelto a Casado a la foto esta semana. ¿En qué consiste? En realidad, no se se trata de un proyecto nuevo, sino del siguiente paso en el camino abierto por Archery y Atlantic Basin. Hyperion es un fondo de inversión cuyos socios –entre los que está Casado– pretenden conseguir 150 millones de euros para participar en empresas de defensa, seguridad e inteligencia artificial. El plan es sencillo: conseguir el dinero, invertirlo, vender la participación tras un tiempo y repartir ganancias. La traza atlantista está en el compromiso de invertir sólo en países de la OTAN.

No es difícil entender por qué en un capital riesgo son tan importantes los apellidos y los contactos. Es razonable pensar que si a un empresario le piden dinero para invertir en empresas de drones, satélites, radares, baterías o robots, puede resultar tranquilizador que quien asegura saber dónde va a haber beneficio deje sobre la mesa una tarjeta con el apellido "Botín". En el caso de Hyperion, entre los encargados de convencer a los capitalistas de que las oportunidades son mayores que los riesgos sobresalen Casado, en calidad de experto en "geoestrategia y relaciones internacionales", y Gómez-Acebo Botín, experto en "finanzas e inversión".

A ellos se suman dos figuras con relación con el sector de la defensa. Uno es José Antonio Bartrina, cuyo nombre ya apareció como consejero en Archery, que fue director general al menos hasta 2016 de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) y ahora es empresario del sector. El otro es Joaquín Ortiz, que fue miembro del gabinete de Pedro Morenés, al igual que el periodista Diego Mazón.

El dinero que Casado y sus colaboradores consigan reunir será administrado por una gestora de activos, Singular Asset Management, perteneciente al banco español independiente Singular Bank, en el que sobresale la figura de Javier Marín, su consejero delegado, que antes ocupó el mismo cargo en el Santander y fue jefe de gabinete de Emilio Botín. Singular Bank tiene firmado un contrato con Archery, por el cual la empresa de Casado y Gómez-Acebo Botín asesora sobre dónde debe ir el dinero de Hyperion, según el folleto que el fondo ha entregado a la CNMV.

De modo que Archery ya ha echado a andar. Y el dinero, según Hyperion, va a correr. Los responsables del fondo, que prevén la utilización de "sociedades holding" para "minimizar" el pago de impuestos al hacer sus operaciones, aseguran que ya cuentan con un inversor, Nortia, la sociedad de gestión del patrimonio de Manuel Lao, el fundador de la empresa de juego Cirsa, que la vendió a Blackstone en 2018 y al que El Mundo coloca el 53º en su lista de los más ricos de España.

El fondo presume además de tener un "consejo asesor internacional" del que forma el ex secretario general de la OTAN, el danés Anders Fogh Rasmussen. A ellos se suman dos inversores en las llamadas empresas "unicornio", aquellas creadas hace menos de diez años que, sin cotizar en bolsa ni haber sido adquiridas por un tercero, logran un valor de 1.000 millones de dólares a nivel mundial. Una es la inversora alemana Nicole Junkermann, millonaria precoz, gurú del universo startup y viva imagen del éxito sonriente, capaz de atraer tanto la atención tanto de la prensa salmón como de Vogue.

El otro, el millonario argentino Martin Varsavsky, tiene un perfil con más aristas. Fundador de ocho empresas en treinta años, entre ellas Jazztel, causó polémica en 2020 cuando anunció que se marchaba de España –donde residía por entonces– por la gestión de la pandemia. Dos años después encontró otro motivo para criticar al Gobierno: el impuesto a las grandes fortunas, que otra vez lo hizo "repensar" si quería vivir en España, donde había regresado. Entusiasta de Ayuso y de Javier Milei, también ha mostrado sus simpatías por Casado. Ahora lo podrá asesorar en su faceta de inversor.

infoLibre preguntó a Hyperion y a Varsavsky en qué se traducía la aportación del consejo asesor. No hubo respuesta. Todo apunta a que en la comunicación pública del fondo hay un intento de subrayar la participación de nombres que son imanes para el dinero, de forma que este parezca más atractivo para potenciales inversores.

Pero, haya más o haya menos de marketing, algo está claro: Casado ya no está solo. El expresidente del PP aparece ahora como una figura bien rodeada y con perspectivas creíbles de enriquecimiento en el terreno de la inversión, allí donde la información y los contactos lo son todo.

En política su escalada tuvo un final espectacular. El tiempo dirá hasta dónde llega en el negocio de mover dinero.

De los dirigentes políticos de primer nivel que dejan la política, Pablo Casado es de la rara especie que de verdad ha dejado la política. Al menos hasta el día de hoy, su salida hace casi dos años ha sido sin mirar atrás. En parte, quizás, porque en puridad no dejó la política, sino que la política, concretamente su partido, el PP, lo dejó a él después de que midiera sus fuerzas con Isabel Díaz Ayuso al pedirle explicaciones por la comisión cobrada por el hermano de la presidenta gracias a un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid. La derrota de Casado fue total y desde abril de 2022, cuando fue sustituido por Alberto Núñez Feijóo con el aval de todos los barones, se mantiene en silencio.

Pero en silencio no significa inmóvil.

Casado se ha movido en el terreno de los negocios. Y ahora una de sus iniciativas, para la que el expresidente del PP (2018-2022) ha trabado alianzas con nombres de la élite financiera y el negocio de la defensa, ha recibido un importante impulso con la luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ¿De qué se trata? Casado se ha aliado en un fondo de inversión con Ricardo Gómez-Acebo Botín, pujante profesional del sector inversión y sobrino de Ana Botín; José Antonio Bartrina, ex director general del principal lobby del negocio de la defensa de España; y Joaquín Ortiz, que fue miembro del gabinete de Pedro Morenés, ministro de Defensa con Mariano Rajoy.

El objetivo de Casado y sus socios es captar 150 millones de euros e invertirlos en empresas de seguridad, inteligencia artificial y defensa, preferiblemente en España y el resto de la UE aunque sin descartar otros países de la OTAN. Con el dinero obtenido se realizarán tomas de "participaciones minoritarias temporales" en empresas, con el fin de vender luego, cosechando así un beneficio para quienes han aportado el dinero –partícipes– y una comisión para quienes lo han gestionado. Hyperion Fund FCR, así se llama el fondo, prevé la posibilidad de que las inversiones se realicen a través de fórmulas encaminadas a "minimizar los impuestos", entre ellas las "sociedades holding".

Ya inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Hyperion es el "primer" vehículo de "capital riesgo en España "enfocado" en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de defensa, "excluyendo armas y equipamiento letal", informa el propio fondo.

Hyperion analiza así sus perspectivas: "El actual escenario geoestratégico refuerza la necesidad de potenciar la soberanía tecnológica y las capacidades de seguridad en Europa, lo que ha impulsado la inversión en los sectores de aeroespacio, ciberseguridad y defensa en más del 50%".

La previsión es que el capital vaya a desarrollar drones, satélites, radares, navegadores, baterías o robots.

Los socios del equipo inversor son los ya citados Casado, en calidad de experto en "geoestrategia y relaciones internacionales", Gómez-Acebo Botín, Bartrina y Escobar. A ellos se suma Daniel Lorrain, con carrera en el mundo de la banca de inversión. En la foto de abajo aparecen los cinco.

Gómez-Acebo Botín es hijo de Paloma Botín, que es hermana de Ana Botín e hija del fallecido Emilio Botín, el gran apellido del Santander. Su padre, Ricardo Gómez-Acebo, es primo de Simoneta Gómez-Acebo, hija de la difunta infanta Pilar. En el currículo de Ricardo Gómez-Acebo Botín figura el paso como socio por los fondos de capital riesgo Longrass (2015-2018) y Curve Capital (2017-2018). Antes de todo ello, entre 2012 y 2015 trabajó en la multinacional financiera Morgan Stanley. Gómez-Acebo Botín ya ha compartido proyecto con Casado en una empresa, concretamente Archery Capital. Esta compañía inversora, Archery Capital, tiene un contrato para asesorar a Singular Asset Management, sociedad perteneciente al banco español independiente Singular Bank que tiene asignada la gestión del fondo Hyperion.

José Antonio Bartrina fue director general de la Asociación Española de empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), confirma a infoLibre Hyperion. Este periódico intentó precisar con Tedae la fecha exacta de su salida, sin éxito. En 2016 Bartrina dio una entrevista a Infodefensa en la que declaraba: "Dejo Tedae porque quiero afrontar el reto de crear un proyecto desde sus inicios". Desde entonces su nombre ha estado vinculado a la empresa privada en el ámbito de la defensa.

Otro de los socios de Casado en Hyperion, Joaquín Ortiz, fue –como confirma Hyperion a este periódico– miembro del gabinete de Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa de 2011 a 2016 y con posterioridad ha estado vinculado al negocio en ese mismo ámbito.

Hay más nombres propios destacados con nexos con Hyperion. En el llamado "consejo asesor internacional" están el ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca Anders Fogh Rasmussen. También colabora con el fondo el famoso inversor argentino Martin Varsavsky.

Los impulsores del fondo se muestran, en el folleto remitido a la CNMV, interesados en transmitir una imagen de compromiso social. La "sostenibilidad" de las inversiones, tanto económica como medioambiental, aparece una y otra vez en las 86 páginas del documento. El fondo no invertirá en el "desarrollo o ejecución de proyectos cuyo resultado limite los derechos individuales o viole los derechos humanos". Tampoco en aquellos que "perjudiquen la sostenibilidad o sean socialmente restrictivos".

Al mismo tiempo, el punto 27 del Anexo I del folleto, dedicado a los "factores de riesgo" que los posibles inversores deben conocer, recoge lo siguiente: "Las inversiones realizadas por el Fondo [Hyperion] se pueden realizar a través de sociedades holding u otras entidades para minimizar los impuestos aplicables o por razones regulatorias o de valores. No se garantiza que una estructura particular sea adecuada para todos los inversores y, en ciertas circunstancias, dichas estructuras pueden generar costes adicionales u obligaciones de información para algunos o todos los inversores".

infoLibre solicitó hablar con un responsable de Hyperion para conocer con mayor detalle cuáles podían ser las estructuras para minimizar los impuestos, y concretamente si se contemplaba la opción de utilizar jurisdicciones consideradas no cooperativas –es decir, paraísos fiscales– por la UE o la Agencia Tributaria. No hubo respuesta. Este periódico tampoco recibió contestación de Pablo Casado, al que se dirigió directamente a través de correo electrónico.

Dos especialistas en fiscalidad coinciden en lo esencial: el párrafo indica que Hyperion prevé que la canalización de sus inversiones pueda hacerse –aunque no tenga por qué ser así– utilizando fórmulas societarias de minimización de la factura fiscal, lo cual –al margen de consideraciones éticas– es a priori legal y frecuente en el mundo de los fondos de inversión. "Para entender lo que dice ese párrafo hay que entender primero cómo funcionan los fondos de inversión. Por un lado está el fondo, en este caso Hyperion, que cuelga de una gestora, en este caso Singular. Pero en medio puede haber sociedades para canalizar los flujos del fondo hacia diferentes empresas. Ahí es donde pueden entrar las sociedades holding, que son empresas con participaciones en otras empresas, en estructuras que favorecen la elusión fiscal. Los dividendos acaban en la cabeza del holding, que puede estar o no en un paraíso fiscal", explica un profesional con trayectoria en el sector de los fondos de inversión, que añade que este tipo de fórmulas añaden "capas societarias que hacen más opaco el funcionamiento".

El otro especialista señala que lo recogido en el folleto de Hyperion es compatible con múltiples realidades, que no necesariamente tienen por qué terminar fuera de España, aunque sí –con toda seguridad– buscando reducir la factura abonada al fisco. La redacción, señala, responde a una "cláusula tipo" que puede encontrarse en otros fondos y la aplicación de su enunciado se corresponde con la "elusión fiscal", es decir, con un intento de "aprovechar todas las posibilidades legales para pagar menos", no con la "evasión fiscal".

Despistados por el incesante carrusel de acontecimientos "históricos" que a la semana son pasto del olvido, no hemos prestado suficiente atención a algo que no me atrevería a calificar de histórico –me resisto a ese adjetivo con tan poca perspectiva–, pero sí desde luego de bastante novedoso. Se ha producido, sin llamar demasiado la atención, el desmentido rotundo –puntual, pero rotundo– de esa extendida creencia según la cual la política jamás roza los intereses de los más poderosos. Esta vez, no ha sido así. Al menos, esta vez.

Al grano. Me refiero al impuesto a las energéticas y a la banca, que el Gobierno ha anunciado que mantendrá, bien es cierto que con un retoque/compensación para las energéticas. Poca broma: hablamos de mucho dinero, casi 3.000 millones sólo en el primer año que han salido directamente de las cuentas de la superélite empresarial española: Santander, Caixabank, Sabadell, Iberdrola, Repsol, Naturgy... Hablamos de la crème de la crème de dos sectores tenidos por inaccesibles para los poderes terrenales. Pues bien, resulta que a todos esos gigantes corporativos el Gobierno les ha tocado el bolsillo –y las narices– con el famoso impuesto.

Y no han sido los únicos bolsillos –y narices– que el impuesto ha tocado. Los lectores de infoLibre, donde venimos publicando una investigación sobre los fondos de inversión internacionales, su penetración en diversos sectores, su capacidad de presión y su alianza con la aristocracia capitalista española, saben que entre los damnificados hay mucho más que pesos pesados del IBEX. Porque detrás de estos hay bestias aún mayores. Como Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, máxima accionista de Santander (que ha pagado 224 millones), BBVA (225 millones), Sabadell (157 millones) y Repsol (450 millones). O como Qatar, cuyo fondo soberano QIA es máximo accionista de Iberdrola (que ha pagado 213 millones). O como Emiratos Árabes, cuyo fondo soberano Mubadala está al frente del accionariado de Cepsa (que ha soltado 323 millones). No es moco de pavo.

Ojo, no querría incurrir aquí en una lectura ingenua. Es innegable que los beneficios de banca y energéticas siguen siendo espectaculares incluso tras pagar los impuestos, y que los dos oligopolios mantienen la misma posición privilegiada. Y también lo es que para las megagestoras estadounidenses y los fondos soberanos árabes la merma de beneficios es casi calderilla. Pero es igualmente innegable –y es justo reseñarlo– que una medida salida de la política, esa que según el tópico jamás le tose a los de siempre, ha mantenido esta vez el pulso a gente muy poco acostumbrada a que le aguanten un pulso.

¿A ustedes no les ha sorprendido? ¿No ha tenido un punto sorprendente, más cuando el Gobierno acredita cierta propensión al temblor de piernas en la escena decisiva? ¿Cuántos, durante la legislatura pasada, cuando el PSOE y Unidas Podemos debatían el impuesto, podían pensar no sólo que acabaría aprobándose, sino que lograría una recaudación masiva? Pocos, me atrevería a decir. ¿Y cuántos, en el momento en que los directivos de las empresas afectadas empezaron a quejarse y a advertir de una reacción contra España de los sacrosantos "inversores", pensaron que el famoso impuesto tenía las horas contadas? Muchos, probablemente.

Y, sin embargo, ahí sigue el impuesto, pese a todas las presiones, todas las advertencias, todos los negros presagios. ¿Se han cabreado los afectados? Mucho. ¿Intentarán resarcirse por otro lado? Ya lo están haciendo. Pero no querría desviarme de lo esencial de este asunto: ahí están las grandes empresas pagando lo que no querrían pagar y Hacienda cobrando. El dinero ha cambiado de sitio. Y nada se sabe de la famosa fuga de inversores. Así que hay que preguntarse: ¿qué otras cosas sorprendentes podrían pasar si, simplemente, se hicieran?

"Estamos en un país con una ley de alquiler tremendamente proteccionista con el inquilino, y con procesos de desahucio largos, desprotegiendo al propietario". La frase es parte de un diagnóstico crítico sobre la regulación de la vivienda en España, sobre todo de la ley aprobada la legislatura pasada y llena de "medidas intervencionistas". Quien así habla es Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial, que justo después cierra su intervención reclamando "un buen diagnóstico sin sesgos ni ideologías". Más tarde, en la misma jornada, moderará la mesa redonda para buscar ese diagnóstico sin ideologías Eduard Mendiluce, un hombre clave de Blackstone en España. En la mesa habrá representantes del PP y de las compañías Testa y Aedas, todos críticos con la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

La jornada, celebrada hace medio año, no la organiza Colonial, ni tampoco Blackstone, ni Testa, ni Aedas. La organiza el Club Inmobiliario Esade Alumni.

¿Qué es? Es una organización de antiguos alumnos de la reputada escuela de negocios de matriz jesuita capaz de reunir a todas estas empresas, y a muchas más. Pero es más que eso. Es un entidad que no sólo junta a firmas de postín, sino que también tiene tentáculos en ellas. Y no en su base, en su cúpula. Es una organización que tiene algo de foro de debate –escorado a posiciones alineadas con el lobby pro-mercado y anti-control de precios– y mucho de networking. Una organización presidida por la propia Ganyet que, junto al Real Estate Club del IESE, otra emblemática escuela de formación de ejecutivos, permite seguir la pista de toda una red –o dos, con nodos en común– para hacer negocio inmobiliario, también para influir en el rumbo del mismo.

Toda esta red, con sello de la Compañía de Jesús (Esade) y el Opus Dei (IESE), ilustra la histórica vocación de la Iglesia católica de cultivar vínculos con la élite económica y ofrece claves sobre el funcionamiento de un negocio en el que la información, el contacto y el acceso al poder y al capital lo son todo.

Esade, institución vinculada a la Compañía de Jesús e integrada en la red internacional Unijes de universidades jesuitas, dispone de una red global de más de 73.000 alumnos, llamada Esade Alumni. La integran 24 "clubes transversales". Uno de ellos es el Club Inmobiliario Esade Alumni, fundado en 1996 y con 1.518 miembros, según datos facilitados a infoLibre por la propia institución educativa. ¿A qué se dedica? Para describir las actividades del club, aparecerá con frecuencia una palabra tomada directamente del inglés: "networking", algo así como crear y hacer crecer la red de contactos.

La conexión de Esade con la élite del sector inmobiliario se observa –especial pero no únicamente– en la junta directiva del Club. Veamos, empresa por empresa. La firma más arraigada en la comunidad inmobiliaria de Esade es Colonial, una socimi cotizada en el IBEX con una capitalización superior a los 3.200 millones. La presidenta del Club es la ya citada Ganyet, a su vez directora corporativa de la socimi, que tiene como máximo accionista al fondo soberano catarí QIA. Forma parte también de la junta del Club Samuel Santacreu, que se identifica como jefe de relaciones con los inversores de Colonial.

Pero las conexiones Esade-Colonial no se agotan en el Club. Y llegan hasta la cima de la compañía. Juan José Brugera, presidente de Colonial, forma parte de la asamblea de la Fundación Esade, entidad titular de la escuela. Pere Viñolas, consejero delegado de la socimi, es miembro del patronato de Esade, es decir, del órgano de gobierno de la fundación. En el patronato, el 50% de los miembros son nombrados "por sus condiciones" por la Compañía de Jesús y el otro 50% son escogidos "por cooptación entre personas destacadas por su reputación en los ámbitos empresarial, jurídico, universitario o cultural", según Esade. Ahí estaría sintetizada la fórmula Esade.

Un dato ilustrativo: en el equipo directivo de Colonial figuran nueve miembros, de los cuales al menos seis han pasado como alumnos por Esade. A Brugera, Viñolas y Ganyet, que además son figuras destacadas comunidad de Esade, se suman tres directoras de la socimi: Angels Arderiu (financera), Nuria Oferil (jurídica) y Begoña Muñoz (recursos humanos).

Tras Colonial, Blackstone. El vicepresidente del Club Inmobiliario de Esade es Eduard Mendiluce, el moderador de la mesa del primer párrafo, que es a su vez director general de Aliseda y Anticipa, dos inmobiliarias vinculadas al fondo Blackstone. Mendiluce, que además es vicepresidente del patronato de Esade, no es un nombre cualquiera en el sector. Es un pez gordo, responsable directo de inversiones en España estimadas en unos 17.000 millones –según Esade– y figura de referencia de uno de los tres grandes acumuladores –junto a Cerberus y Lone Star– de activos inmobiliarios tóxicos tras la Gran Recesión. A Mendiluce se añade, dentro de la junta directiva del Club Inmobiliario, Alex Mumbrú, compañero suyo en la cúpula de Anticipa.

Neinor. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, esta pujante compañía se presenta como la "cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de patrimonio. Pues bien, en la directiva del Club Inmobilario Esade Alumni figura como vocal Jorge Argemí, que tiene dos cargos en Neinor: director general adjunto y director general financiero. Neinor –compañía que tiene como accionista al fondo luxemburgués de Felipe Morenés, el hijo de Ana Botín– también cuenta en su directiva con Anna Birulés.

Los nexos se extienden por todas las ramas del negocio inmobiliario. La junta directiva del Club integra a Enrique Martínez, a su vez vicepresidente en España de CBRE, consultora citada con frecuencia como la mayor del mundo en el campo inmobiliario, con presencia en más de 100 países y acreditada capacidad para influir en el mercado. También es directiva de CBRE en España Marta Carrió, miembro del mismo Club de Esade.

Otras empresas a las que se llega tirando del hilo de los miembros de directiva del Club son Renta Corporación o Culmia. Ya fuera del Club, el cofundador y director general de Housfi, Albert Bosch, fue alumno de Esade.

Entre las empresas citadas en los párrafos anteriores hay tres patrocinadores del Club Inmobiliario: Anticipa (Blackstone), Colonial y CBRE, a los que se suma la sociedad de inversión catalana Conren Tramway. Una de las actividades del club es dar respaldo al salón inmobiliario The District, en el que figura como un partner estratégico. Pero, ¿qué es The District? Se trata de una reunión de fondos de inversión, bancos y lobistas que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que defiende un modelo de mercado inmobiliario que prima la especulación y sacrifica el derecho a la vivienda.

Si el propósito José María Escrivá de Balaguer al crear el IESE era dejar "huella en la sociedad", como sostiene Fernando Ocáriz, prelado de la Obra, es justo decir que lo ha logrado. La escuela de negocios vinculada al Opus es la máxima expresión de la vocación de la Obra de influir en la sociedad. En este caso, en la élite económica. Algunos datos y nombres. Todos los años pasan por sus aulas –afirma el IESE– más de 4.000 empresarios y directivos. Han sido alumnos del IESE directivos con trayectorias sobresalientes en Google (Fuenciscla Clemares), HP (Helena Herrero), Acerinox, IBM (Marta Martínez), Repsol (Antonio Brufau), Abertis (Salvador Alemany), Caixabank (Isidre Fainé) o Naturgy (Francisco Reynés)...

Como ocurre con Esade, uno de los grandes reclamos del IESE es el networking. Al entrar en el IESE no sólo se abre la posibilidad de aprender, también de formar parte de una comunidad. La escuela presume de una red global de 50.000 exalumnos, a los que se les ofrece una "alumni network". "Nuestra red es mucho más que una red de contactos. Estés donde estés, la comunidad de alumni está a tu lado para que sigas creciendo", se promociona IESE Alumni.

Hasta hace poco a esa red faltaba algo: un club inmobiliario específico. Pero ya no. A diferencia de Esade, el IESE no detalla quiénes son los directivos de su Real Este Club, creado hace medio año, ni quiénes son sus nueve fundadores. Tampoco las empresas para las que trabajan. Una de las responsables, la abogada Beatriz Vara de Rey, afirma que hay cerca de 300 miembros y que aún no tienen patrocinadores. Sí se detiene más en explicar la vocación del Club, que es "aunar intereses" de profesionales que "hayan pasado por el IESE", "conocer otras personalidades que trabajan en el sector" y buscar "sinergias". La filosofía está clara.

A falta de conocer los integrantes de la dirección del Club, hay dos vías para medir la huella del IESE en las capas altas del negocio inmobiliario. La primera es observar los planes del Club. La segunda, sencillamente, es consultar currículos. Empecemos por el Real Estate Club, del que se puede decir que va directo al grano: Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, que el año pasado abrió unidad inmobiliaria en España. La agrupación celebrará este mismo miércoles un encuentro en el campus de Madrid que, bajo el título El sector inmobiliario europeo: de la negación a la aceptación, tendrá como protagonista al director general de la unidad inmobiliaria de Blackrock en España, Adolfo Favieres, exalumno del IESE. La cita es una muestra más de la estrecha relación del IESE con Blackrock, cuya división inmobiliaria tiene como número uno a Favieres y como dos a Jesús Moler, exalumno de la Universidad de Navarra, de la que forma parte el IESE.

Si Blackrock está abriendo ahora sus inversiones en España al ladrillo, Blackstone ya es una de las fuerzas dominantes en ese ámbito. Uno de los directivos del grupo Blackstone, asentado en Londres y con larga trayectoria en el campo de la inversión inmobiliaria, es Fernando Bautista, otro exalumno de IESE. De nuevo, sus hilos con la escuela de negocios de la que fue alumno se mantienen: el 24 de este mismo mes está previsto que participe en la jornada sobre el sector inmobiliario Innovar hacia un futuro flexible y dinámico. Participará en la misma jornada la también exalumna de Esade Concha Osácar, fundadora del fondo de inversión Azora. Volviendo a Blackstone, otro nombre con sello IESE es Joan Clos, presidente del lobby inmobiliario Asval, que defiende los intereses del fondo estadounidense, su socio con más viviendas.

Aunque Colonial es territorio Esade, el IESE tampoco es ajeno a la socimi cotizada con accionista de referencia catarí. Angels Arderiu, la directora financiera de la socimi, ha cursado el programa de dirección general de la escuela, y Carlos Krohmer, director de desarrollo corporativo, también ha completado allí estudios de posgrado. El propio presidente Brugera también ha sido alumno del IESE.

Más nombres de postín. Otra vez, Neinor. La consejera de la inmobiliaria Anna Birulés, además de miembro del Consejo Profesional de Esade Business School, preside Finaves, una plataforma del IESE para financiar proyectos "emprendedores". Joaquim Manich, directivo de Neinor, también ha pasado por las aulas del IESE. Aedas Homes, otro de los gallitos entre las inmobiliarias cotizadas, tiene en su consejo de administración a dos exalumnos del IESE: David Martínez, consejero delegado, y Cristina Álvarez. Su directora financiera, María José Leal, también pasó por de la escuela de negocios del Opus. La lista se alarga. Han pasado por las aulas del IESE destacadas figuras –sea en el consejo o en la dirección– de Servihabitat, Renta Corporación, la división inmobiliaria de Mutua Madrileña o la consultora inmobiliaria JLL.

Por supuesto, esta capacidad para fabricar ejecutivos de grandes empresas, y al mismo tiempo nutrirse de ellos, no es singular del IESE, sino que se extiende a Esade y, más allá, al grueso de universidades católicas, especialistas en este terreno. Tampoco es exclusiva del terreno de la vivienda. En 2018 La Marea publicó un análisis de los expedientes de 433 consejeros de firmas del IBEX que mostraba que 170 habían tenido relación con universidades vinculadas a la Iglesia. Es lo que los investigadores Luis Chirosa, Juan Antonio Rubio y Josean Garrués llaman –en su artículo de 2020 Las escuelas de negocios y la élite empresarial española desde mediados del siglo XX– "efecto multiplicador" de estos centros, por el cual un número relativamente reducido de personas alcanzan "un alto impacto en la cúpula del sistema empresarial nacional". Lo cierto es que no son pocos y, sobre todo, se conocen entre sí. Como dejó escrito Escrivá, "un hilo y otro y muchos, bien trenzados, forman esa maroma capaz de alzar pesos enormes".

¿Cómo debe ser la separación entre la política y los negocios? Algunos reclaman un muro infranqueable. Otros, una pasarela. ¿Y dónde queda el papel del expolítico en el resbaladizo terreno de los lobbies? Lo seguro es que hay material para el debate en un tema que apasiona por abarcar asuntos tan profundos como el conflicto de interés, la exigencia de coherencia en la trayectoria, la utilización –o no– en beneficio personal de los contactos adquiridos como servidor público y los límites que deben aplicarse a la actividad profesional de quien ha pasado por un despacho oficial.

En ocasiones la opinión pública escruta con minuciosidad un caso. Lo hemos visto con Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el PSOE, que ha renunciado a presidir el lobby inmobiliario Asval tras el escándalo provocado por la publicación de la noticia sobre su nombramiento. Otras veces, como veremos ahora, la actividad lobista del expolítico suscita menos atención.

infoLibre ha publicado más de 30 casos de hombres y mujeres que, en una pausa o tras el abandono de su actividad política, desempeñan tareas en el negocio de la influencia ante las administraciones, sea por cuenta propia o ajena. Pero esos 30 no agotan la cuenta. El mismo día de la publicación del artículo, llegó a la redacción el aviso de varios casos más. ¿Cuántos son en total? Sería aventurado dar una cifra.

Lo seguro es que hay un caso que es caso aparte.

¿Por qué? Porque atañe a un veterano expolítico, ya en edad de jubilarse pero sin aparente intención de hacerlo, que es el único que puede presumir de ser, al mismo tiempo, defensor ante el Gobierno de dos sectores a priori tan dispares como la seguridad/defensa y el inmobiliario. Lo cual ilustra una característica del negocio de la influencia: es más importante el quién que el qué, dado que se trata de dos sectores –armas y vivienda– que a priori no tienen nada en común... salvo su necesidad de interlocución con las administraciones. Y de eso, y de contactos con el poder, sabe mucho Ricardo Martí Fluxá (Madrid, 1950), que desempeñó altas responsabilidades en la Casa Real con Juan Carlos I y en el Ministerio del Interior con Jaime Mayor Oreja y que hoy es presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) y de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI).

¿Se agota ahí su hoja de ocupaciones? No, Martí Fluxá es mucho más: figura como presidente de la Fundación Ankaria y del Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, del Opus Dei; como patrono de la Fundación Casas Históricas y Singulares y de la Fundación Ramón Gaya; como apoderado de la Fundación Pro Real Academia Española; como asesor del Patronato de la Fundación Botín; como patrono de la Fundación Juan March... Todo ello, además de una engrasada relación y un acceso no infrecuente a la Casa Real, conforma la red de redes de Martí Fluxá, el veterano de la política que ahora pide más inversión en armamento y menos intervención sobre el alquiler, evitando siempre llamar la atención sobre sí mismo.

Sí, es un nombre que quizás no suene a quien lee a estas líneas, pero el examen de su trayectoria y posición dice mucho sobre la naturaleza del poder en España. infoLibre ha tratado por diversas vías de recabar para este artículo la versión de Martí Fluxá, sin éxito.

¿Cómo empezó? Miembro de la carrera diplomática, como veinteañero ya despuntaba. En 1976, dos años antes de la aprobación de la Constitución, era director de Coordinación y Asuntos Técnicos del gabinete del ministro de Exteriores, Marcelino Oreja. En los 80 pasó por los equipos ministeriales de Martín Villa y Calvo Sotelo y fue diplomático en Nairobi, Londres y Houston. Todo ello antes de que empezara el meollo de su trayectoria: entre 1993 y 1996 fue jefe de Protocolo de la Casa Real, con la que desde entonces jamás ha cortado los lazos.

Tras la mayoría absoluta de José María Aznar en 1996, recibió la llamada de Mayor Oreja, sobrino del que había sido su jefe Marcelino Oreja. Amigo desde la juventud de Martí Fluxá, el nuevo ministro del Interior quería incorporarlo como secretario de Estado de Seguridad. Aceptó y allí estuvo entre 1996 y 2000.

El paso –voluntario– de Martí Fluxá a la empresa se da cuando le ofrecen la presidencia de la firma de motores y componentes aeronáuticos ITP Aero, que había quedado vacante al jubilarse un compañero de su padre en la carrera de Ingeniería. Dijo que sí porque no quería, como contó a El Mundo en 2021, depender de un partido político para ganarse la vida. Permaneció de 2000 a 2017 en la jefatura de ITP, empresa contratista de Defensa que actualmente factura unos 1.000 millones al año. En paralelo, Martí Fluxá hacía carrera como inversor, empezando en 2000 como presidente de Marco Polo Investments. Tiene sentido: la inversión es un sector en el que las relaciones son esenciales.

Y Martí Fluxá ha sido y es un hombre de relaciones. Aunque, eso sí, afirma no haberse casado con nadie. A pesar de haber trabajado con UCD y el PP, no ha militando en ningún partido, según contó en 2016 a Cinco Días en una entrevista en su despacho que daba cuenta de las fotos del diplomático con su exjefe Juan Carlos I colocadas junto a las de su mujer y tres hijos.

Durante su etapa al frente de ITP ya se estrenó como representante sectorial, en concreto en la presidencia de la Asociación de Constructores de Material Aeroespacial (Atecma), cargo que ya ocupaba en 2005. La entidad se disolvió en 2009, siendo su presidente Martí Fluxá, para integrar sus empresas en Tedae.

En paralelo a todo ello, era ya patrono del Museo Guggenheim Bilbao (2000-2017) y miembro del Consejo Rector de la Academia Europea de Ciencias y Artes (2000-2015). Ese es Martí Fluxá: empresas, asociaciones gremiales, entidades en las que se encuentran política y negocios.

Atecma fue sólo el prólogo. Desde 2020 el ex secretario de Estado preside la asamblea general, la junta directiva y el consejo asesor de Tedae, un lobby de la seguridad y la defensa que representa a empresas con una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Nacida en 2009 y con sede en Madrid, Tedae tiene como fin facilitar a sus asociados las "relaciones" con la Administración. Es el encargo ideal para Martí Fluxá, cuya asociación participa en en la elaboración de las normativas y presupuestos que afectan al sector, asesora a organismos oficiales y difunde información a favor de sus más de 80 empresas, entre ellas Airbus, Navantia e Indra.

Sus cargos en Tedae convierten a Martí Fluxá en un interlocutor de primera línea con el Ministerio de Defensa y también en la voz más destacada del lobby armamentístico. Y él hace oír esa voz, reivindicando más dinero público. "La inversión para garantizar la seguridad y libertad de nuestros ciudadanos, es decir, la Defensa, nunca es suficiente", declaró en 2021 a La Razón, usando un argumentario al que la invasión de Ucrania ha dado alas. El presidente de Tedae suele reiterar que es necesario "estabilizar el presupuesto". Para las cuentas de 2023 reclamaba "entre 2.000 y 3.000 millones más". "Tenemos que estar preparados, si vis pacem parabellum", dijo hace un año a Radio Euskadi, rescatando la máxima latina que podría traducirse por "si quieres la paz, prepárate para la guerra".

Martí Fluxá simultanea la presidencia de Tedae con la misma responsabilidad en la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), cargo en el que aterrizó en el año de su fundación, 2013.

Así que ahí está Martí Fluxá, tanto en las armas como en el ladrillo.

ACI aglutina a las ocho empresas líderes de la consultoría inmobiliaria en España: BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills y Colliers. Juntas, estas firmas no sólo representan el 90% del mercado en España, sino que son responsables de una masiva producción de informes, diagnósticos y propuestas a favor del negocio inmobiliario. Son constructoras de sentido común favorable a los intereses de las principales ramas del negocio inmobiliario, especialmente los inversores. A pesar de que se las llama "consultoras", las empresas integradas en ACI prestan otros servicios como gestión de proyectos o canalización de inversiones.

Con sede en Madrid, ACI es socio de The District, el encuentro inmobiliario de Barcelona que reúne a inversores, bancos y lobistas y que en su última edición en septiembre fue boicoteado por el movimiento antidesahucios por considerar que encarna las posiciones más lesivas para el derecho a la vivienda. La asociación también es partner del Rental Housing Forum, un encuentro de empresas del sector inmobiliario celebrado en octubre en Madrid y que sirvió como exhibición del apetito inversor en torno al negocio del alquiler.

Tanto en una cita como en otra gozan de posición prominente los fondos de inversión, que se benefician del discurso de las consultoras, alineadas con sus intereses. No en vano, los socios de ACI declaran su voluntad de lograr "atracción de inversión" al sector inmobiliario. Esta es una idea básica de la asociación: España debe ser seductora para los fondos internacionales; por lo tanto, deben rechazarse las medidas que devalúen los activos inmobiliarios, especialmente las destinadas a reducir los precios del alquiler.

ACI es interlouctor de la Administración y declara su voluntad de influir en la "toma de decisiones políticas que puedan afectar al sector". Y una decisión política que puede afectar al sector es la Ley de Vivienda, contra la que la asociación de consultoras ejerció una incesante labor desde antes de su aprobación. Martí Fluxá era una de las voces destacadas de este frente. Aquí, sus citas: "Las inversiones no construirán en los lugares que tengan esa legislación restrictiva" (The Objective, 2021). “Hemos visto cómo la limitación de precios [del alquiler en otras ciudades] ha [...] retraído la oferta” (Ejeprime, 2021). "No es bueno para atraer la inversión" (El Economista, 2022). "[La ley] desincentivará proyectos [para] ampliar la oferta" (El Independiente, 2023). Poco antes de aprobarse la ley en abril, ACI lanzó una nota de "alerta" sobre sus efectos negativos, como poner "en peligro la inversión" y provocar una "pérdida para la economía general".

Así que ya están identificadas las dos grandes demandas de Martí Fluxá como referente sectorial. En seguridad/defensa, más inversión pública. En vivienda, facilidades para la inversión privada, incluidas licencias rápidas o una mera "declaración responsable" para construir, más suelo urbanizable, "seguridad jurídica" y "colaboración público privada".

Aunque su terreno natural como empresario ha sido la seguridad/defensa, Martí Fluxá también ha entrado en el ladrillo. Y a lo grande. Desde 2017 es presidente no ejecutivo de Neinor Homes, que se presenta como la "compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España".

En Neinor se dan cuatro características que vertebran la actividad de Martí Fluxá: 1) Cifras abultadas. 1.800 millones de euros de patrimonio, 750 millones de ingresos en 2022. 2) Relación estrecha con la Administración. Neinor posee un 25% de la empresa público-privada de vivienda de Barcelona. 3) Contacto directo con la élite. En la dirección de Neinor Martí Fluxá coincide con Felipe Morenés, socio fundador de un accionista de la compañía, el fondo luxemburgués Stoneshield. 4) Tareas de lobby. Con Martí Fluxá como presidente, Neinor se incorporó en 2020 a Asval, el lobby de propietarios de vivienda que tiene detrás al fondo estadounidense Blackstone. Precisamente al lobby al que no se incorporará ahora Isabel Pardo de Vera.

Martí Fluxá extiende su red de relaciones al ámbito de las fundaciones, en las que se prodiga desde hace más de veinte años. Como ha expuesto en su artículo Poder económico y poder político: la élite empresarial española en perspectiva histórica Juan Antonio Rubio Mondéjar, profesor en el Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada, las fundaciones son expresiones de "capital relacional", una de las dimensiones del poder y la influencia. Y de eso sabe Martí Fluxá, cuyo currículo en el terreno de las fundaciones y otro tipo de entidades privadas es extenso.

Entre 2000-2017 fue patrono del Museo Guggenheim Bilbao, cargo que entre 2006 y 2009 compaginó con la presidencia de la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España, en cuyo patronato aún figura junto al Duque de Alba. Martí Fluxá tiene también una larga vinculación con el Museo Nacional Reina Sofía, donde figuró como presidente del patronato de 2017 a 2020. Siguiendo en el ámbito cultural, es presidente de la Fundación Ankaria y consejero de la Fundación Ramón Gaya.

Más. Es apoderado de la Fundación Pro Real Academia Española, una de las responsabilidades que a lo largo de su trayectoria lo han llevado a visitar con asiduidad esa misma Casa Real de la que fue jefe de Protocolo en los 90.

Ya tras su etapa política, las comunicaciones oficiales de la Casa Real dejan rastro de sus visitas desde hace más de veinte años. Ha ido, por ejemplo, como representante del Museo Reina Sofía, pero también de la Asociación de Constructores de Material Aeroespacial (Atecma), que luego se integraría en Tedae. De modo que han sido comunes sus encuentros tanto con –su antiguo jefe– Juan Carlos I como con su hijo, primero como príncipe y luego como rey. Con el actual jefe del Estado comparte la condición de Guardia Civil Honorario.

Martí Fluxá es también presidente del Instituto de Empresa y Humanismo, de la Universidad de Navarra, del Opus Dei, que pretende "contribuir a solucionar los problemas que plantea la creciente complejidad de nuestra sociedad". Y ya metido de lleno en el sector bancario, que no le es ajeno porque ha estado vinculado a Caja Navarra, el polifacético lobista, empresario y expolítico es asesor del Patronato de la Fundación Botín y patrono de la Fundación Juan March.

La mayor gestora de activos del mundo. Qatar y Emiratos Árabes. El mayor fondo soberano del planeta. ¿Qué tienen en común? Todos ellos son afectados por el impuesto a la banca y las energéticas, cuya existencia –y prórroga– ofrece argumentos para el desmentido de la extendida idea según la cual la política nunca toca los intereses de los de más arriba. Aquí sí los ha tocado. Aunque los nombres que acuden a nuestra mente al pensar en los perjudicados son gigantes del IBEX, detrás hay colosos aún mayores, como Blackrock o los fondos soberanos QIA y Mubadala.

El impuesto fue aprobado por el Congreso en 2022 con 186 votos a favor: PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria, CUP y BNG. Se opusieron PP, Vox, Cs, Navarra Suma y Foro Asturias y se abstuvieron PNV y PDeCAT. Según el Ministerio de Hacienda, la recaudación se ha acercado en su primer ejercicio en vigor a los 3.000 millones de euros. Esto es dinero sacado de la cuenta de beneficios de un buen puñado de las compañías más ricas y poderosas de España.

Al tratarse de una tasa temporal, la sombra de su supresión lo ha perseguido durante todo 2023. Pero Pedro Sánchez despejó la duda el miércoles: habrá al menos un año más de vida para ambos tributos (en realidad son dos). Aun con un cambio en lo que respecta a las energéticas, que tendrán compensaciones a cambio de inversiones verdes, lo cierto es que quienes pensaban que el anuncio del fin de estas figuras estaba al caer se equivocaban.

Y no porque no haya habido fuerzas empeñadas en evitarlo. El mismo día en que se anunció su prórroga, las asociaciones bancarias AEB y CECA cargaron contra el impuesto y advirtieron sobre sus consecuencias negativas sobre la concesión de crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. También alertaron de la pérdida de confianza en el país de los inversores. Por su parte, Aelec, asociación representante de las energéticas, fue más sucinta pero igualmente crítica: es una "mala noticia".

Estos mensajes de banca y energéticas son una continuación de los que desde la aprobación de la ley lanzan las principales cabezas de ambos sectores. Caixabank, que ha pagado 373 millones, ha afirmado que el impuesto es discriminatorio para la banca en general y las entidades más grandes en particular. A juicio de Gonzalo Cortázar, su consejero delegado, supone "un tiro en el pie" como sociedad. El Santander, que ha pagado 224 millones, ha afirmado que el impuesto "estigmatiza" a la banca y es "discriminatorio", en palabras de Héctor Grisi, consejero delegado.

Onur Genç, consejero delegado del BBVA, entidad que ha pagado 225 millones, ha afirmado sobre el impuesto: "No pensamos que sea bueno para España". La advertencia de Genç fue doble: por un lado, el tributo castiga la concesión de crédito; por otro, la llegada de inversión. Las críticas también han llegado del Sabadell (157 millones), de Bankinter (77) y de Unicaja (63,8). Las ideas se repiten. Es "discriminatorio", ha dicho el presidente del BBVA, Josep Oliu. El impacto es "especialmente relevante", según Manuel Menéndez, consejero delegado de Unicaja. En octubre, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, expresó su deseo de caducidad de este "injusto" impuesto "venga el gobierno que venga".

Vino el Gobierno PSOE-Sumar y el impuesto sigue, aunque suavizado para las energéticas. Este sector, el energético, del que han partido también recursos contra el impuesto, se ha prodigado igualmente en mensajes críticos. Uno de los más contundentes salió en octubre de Repsol, que ha pagado 450 millones, lo que la convierte es en la compañía más perjudicada. "La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales en España", advirtió Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV. Sus palabras fueron leídas como una advertencia de reducción de inversiones. Otras entidades a las que les ha tocado sacar la billetera son Iberdrola (213 millones), Naturgy (300 millones) y Endesa (208), y eso ciñendo el listado sólo al IBEX 35. También hay compañías afectadas fuera de este indicador bursátil, como Cepsa (323 millones) y Abanca (50 millones).

El silencio ahora es la tónica general entidad por entidad. El mensaje oficial ha quedado fijado por las patronales. Pero ese silencio no será permanente. Una fuente del sector financiero señala que es probable que los bancos paguen en 2024 más que lo abonado en 2023 y prevé discursos muy críticos con el impuesto. Otra fuente consultada, también del sector bancario, advierte de que ha habido un cambio de las reglas al abrir la puerta a la permanencia del impuesto. "Este impuesto, que en su origen era temporal y ahora se prorroga, da origen a una inestabilidad y falta de equidad fiscal, además, en un contexto en el que los tipos de interés han comenzado a reducirse", señala la fuente, que alerta la "inseguridad jurídica" y la "desventaja competitiva" generada. Todos estos argumentos se leerán y oirán con abundancia en los próximos meses.

Sólo los nombres de las entidades ya citadas serían suficientes para alcanzar una conclusión: los impuestos a la banca y las energéticas golpean a la cúspide del empresariado español.

Pero hay más. Detrás de estas compañías hay fuerzas mayores. No hablan, pero están ahí.

Aunque al pensar en estas empresas con sede en España se nos vienen a la cabeza grandes nombres de la élite empresarial española –Ana Botín en el Santander; o Ignacio Sánchez-Galán en Iberdrola–, a menudo se olvida que el poder duro de las compañías son los accionistas, los dueños. Sus nombres desvelan otro escalafón de afectados: grandes empresas y fondos extranjeros, algunos de ellos soberanos –es decir, Estados– con los que el Gobierno tiene intrincados sus intereses.

Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, que ha llegado a manejar más de 10 billones de dólares, es máximo accionista del Santander, el BBVA, el Sabadell y Repsol, y accionista relevante, es decir, con más del 3%, de Caixabank, donde también está el Estado a través del FROB. La firma dirigida por Larry Fink tiene un carácter "sistémico", dada su omnipresencia entre las mayores corporaciones españolas, en una estrategia que aplica a nivel global y le da gran capacidad para marcar el rumbo de la economía. El propio Fink es un gurú financiero mundial. Se le considera el hombre más influyente de Wall Street y ha sido una de las voces más escuchadas en la reciente cumbre del clima de Dubai, de cuyo comité asesor ha formado parte.

Todo eso se refleja en la agenda de Fink, propia de un jefe de gobierno o incluso de Estado. En 2010 llegó a publicarse que se había reunido con el rey Juan Carlos, en un encuentro calificado entonces como "insólito". Con Pedro Sánchez se ha sentado al menos dos veces. En julio de 2021, en Estados Unidos, lo hizo en plena gira del presidente presentando las "oportunidades de inversión" en España en relación a los fondos europeos. En enero de 2023 Sánchez y Fink repitieron encuentro en el Foro Económico Mundial.

El principal accionista de Iberdrola es Qatar Investment Authority (QIA), un fondo soberano de la monarquía del Golfo, una autocracia afortunada por ingentes reservas de gas y petróleo. Circulan estimaciones, no desmentidas por QAI, que sitúan el valor de sus inversiones por encima de los 400.000 millones de euros. Sus dos posiciones más relevantes en el IBEX son Iberdrola y la socimi Colonial. En las dos es máximo accionista. Los tentáculos de Qatar se extienden hacia una tercera empresa del IBEX, International Airlines Group (IAG), el holding de British Airways e Iberia. Su máximo accionista es también catarí, en este caso Qatar Airways, entidad vinculada al propio fondo QIA.

Una exhibición de poder de Qatar en España se produjo en 2022, durante una visita del Emir, Tamim bin Hamad Al Thani. Durante el brindis de la cena en su honor que ofreció Felipe VI, el Emir –que por la mañana había recibido las medallas del Congreso y el Senado– anunció más de 4.500 millones de euros en inversiones. El anuncio se acabó concretando en la firma de un acuerdo entre el fondo catarí y Cofides para inversiones conjuntas. ¿Qué es Cofides? Se trata de una gestora de fondos público-privada en la que el Estado español es titular del 53% del capital, mientras que el 47% está en manos de entidades financieras, entre ellas el Santander, el BBVA y el Sabadell. Otra vez, intereses cruzados. En julio de 2023, las inversiones acordadas aún no habían empezado, según comprobó entonces infoLibre.

Qatar coincide en el accionariado de Iberdrola con Blackrock y Norges, otra entidad en la que hay que detenerse. El fondo soberano noruego, considerado el mayor del mundo y nutrido de los réditos obtenidos por la venta de petróleo, tiene más de 15.000 millones de euros en inversiones en España, repartidas por sectores de máxima relevancia como la energía, la banca y las infraestructuras –sus tres puntos fuertes–, la industria y la vivienda, la farmacia, la alimentación y hasta los medios de comunicación. Al cierre de 2022, y según datos del propio fondo, tenía participaciones en las 35 empresas del IBEX. De las afectadas por el impuesto, es accionista significativo –más del 3%– de Repsol e Iberdrola.

La megagestora global por antonomasia, un rico petroestado por cuyas inversiones compiten gobernantes de todo el mundo occidental y el mayor fondo soberano del planeta. Este es el tipo de perjudicado internacional por el impuesto, aunque ni Fink, ni Al Thani, ni Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank, sean los nombres que suelen surgir al elaborar la lista de afectados por su prórroga.

infoLibre pidió a las tres entidades una valoración sobre dicha prórroga. No hubo respuesta. Blackrock tiene como pauta no comentar asuntos sobre sus participadas, aclararon los portavoces autorizados por la firma.

Un caso ilustra cómo el impuesto toca el bolsillo de poderosos actores que, al mismo tiempo, tienen fácil adoptar decisiones que castigarían al Gobierno. La histórica Compañía Española de Petróleos SA (Cepsa) tiene como máximo accionista al fondo soberano emiratí Mubadala, con un 61,36% de los títulos en septiembre. Cepsa ha pagado 323 millones por el impuesto, una lesión directa a los intereses de Mubadala, que es también accionista de Enagás junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Mubadala tiene en su mano la llave de una inversión multimillonaria en Andalucía. En la cumbre del clima de Dubai, responsables de Cepsa y de C2X, compañía danesa de Moller-Maersk, anunciaron un proyecto conjunto de una planta de metanol verde en Huelva con una inversión de hasta 1.000 millones. Lo hicieron desde el Pabellón de España de Expo City, Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, donde se celebra la cumbre del cima. Y en presencia del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se apuntó un tanto político. Lo cierto es que, aunque muchos medios dieron por hecha la inversión, era un anuncio y la decisión final sobre la misma no llegará hasta 2025. Y Mubadala, como máximo accionista, tendrá mucho que decir.

No es la única inversión pendiente. Cofides, la entidad público-privada de inversión, tiene suscrito un memorando con Mubadala para "explorar oportunidades" de inversión en España. El destino prioritario deben ser "las empresas españolas y sus filiales extranjeras".

Al hablar de Mubadala, lo hacemos del propio poder duro de la familia real emiratí. El presidente del fondo es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, insigne apellido nobiliario, que es a su vez vez vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos, además de dueño del Manchester City. Por debajo de Al Nahyan en Mubadala hay miembros del Gobierno y de la Corte del príncipe heredero. En el consejo de dirección sobresale el nombre de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, el hombre con el que se reunió Pedro Sánchez durante la cumbre del clima. Al Mubarak es "asesor político estratégico" de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Mubadala no respondió a la solicitud de valoración de la prórroga del impuesto formulada por infoLibre.

Más. Sonatrach, la gasista estatal de Argelia y la mayor empresa del país, es accionista significativo de Naturgy. Otra firma que supera el 3% en Naturgy es CVC Capital Partners, un capital riesgo con múltiples inversiones en España. Otro gigante del capital riesgo, también con presencia en España, es el grupo estadounidense Carlyle, segundo máximo accionista de Cepsa. Al cierre de 2022, último dato ofrecido por la CNMV, el fondo estadounidense Fidelity tenía casi 390 millones de euros en posiciones en el IBEX. Entre ellas, Bankinter, otra de las entidades afectadas por el impuesto, que deja un reguero de afectados entre los que figuran firmas inversoras como Capital Research and Management Company (BBVA), Dimensional Fund Advisors (Sabadell), Lazard Asset Management (Bankinter) o Milennium Group Management (Repsol). El impuesto a la banca y las energéticas toca los intereses de todos ellos.

Colaboración público-privada. Suena bien. Pero no siempre es fácil, porque las naturalezas del Estado y la empresa son diferentes. A veces, difíciles de conciliar. Así que juntar política y negocio puede dar resultados chocantes, conflictivos, más aún cuando en la misma ecuación en la que caben unos elevados propósitos sociales entran también un joven millonario, una poderosa saga bancaria, un fondo de inversión, una compleja estructura societaria y un territorio de baja tributación.

Vayamos al caso. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) es una empresa mixta, conformada como sociedad público-privada en 2021 con el respaldo de la entonces alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú), la responsable institucional más asociada en España a la lucha por el derecho a la vivienda, que conquistó el bastón de mando tras dar guerra como líder de la PAH. ¿El propósito de HMB? Facilitar a miles de personas acceso a techo en alquiler a precios por debajo de mercado en la capital catalana y su área metropolitana. ¿La paradoja? Al mismo tiempo que persigue estos fines, HMB mantiene en su accionariado a una empresa de la que forma parte un holding radicado en Luxemburgo, una jurisdicción paradisíaca para los fondos de inversión que pretenden minimizar su factura fiscal.

El broche a la historia lo pone un insigne nombre propio. Porque desde el Gran Ducado hace negocio con esta colaboración público-privada –CPP, se llama a estas fórmulas en argot ejecutivo– Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautola, hijo mayor de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y nieto de Emilio Botín, que también fue presidente de dicho banco. ¿Y cómo participa en todo esto? Morenés está detrás, junto a su socio y amigo Juan Pepa, de Stoneshield, accionista luxemburgués de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, a su vez copropietaria de la sociedad mixta HMB.

Mientras participan en esta destacada iniciativa de colaboración con las instituciones, Neinor y Stoneshield son nombres vinculados a la defensa de los intereses del sector inmobiliario frente a las políticas de intervención públicas. Ambas compañías han sido participantes en la última edición de The District, la cita inmobiliaria en Barcelona que reúne a inversores, bancos y lobistas y que ha sido boicoteada por el movimiento antidesahucios por considerar que encarna las posiciones más especulativas. El presidente de Neinor es Ricardo Martí Fluxá, que a su vez es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), uno de los puntales del lobby del ladrillo y una destacada voz contra la Ley de Vivienda del PSOE y Unidas Podemos. Un dato más: Neinor figura, en un documento de la propia empresa de febrero de 2023, como miembro del grupo de presión a favor de los propietarios de viviendas Asval, detrás del cual se encuentra el fondo Blackstone. Neinor ya formaba parte del mismo cuando se incorporó a HMB en 2021.

¿Qué dicen los aludidos en esta información? Ni Neinor ni Stoneshield respondieron a las preguntas planteadas por infoLibre [ver al final La Caja Negra]. Tanto el Área Metropolitana de Barcelona como el Ayuntamiento, socios e impulsores públicos del proyecto, coinciden en destacar la transparencia del proceso. Desde Barcelona en Comú, el grupo al que pertenece Colau, recalcan que el contrato que fija la actuación de HMB blinda el alquiler a precio por debajo de mercado. "Bajo ningún concepto estas viviendas pueden acabar en el mercado especulativo, como sí ocurrió con otros edificios de vivienda pública en los 90 o recientemente en la Comunidad de Madrid", añade. Todo ello es así, señala la misma fuente de los comuns, "independientemente de quién sea accionista del operador" o de "qué otros negocios tengan más allá de este". Y añade: "Barcelona en Comú ha destacado precisamente por enfrentarse a fondos buitres, lobbies y especuladores, lo que nos ha llevado a declarar hasta en 15 ocasiones en una guerra sucia judicial que ha ido archivando todas y cada una de las causas, destacando la de Vauras, un fondo de inversión similar a Stoneshield".

HMB es un "operador" de "vivienda de alquiler asequible" cuyo objetivo es construir y gestionar 4.500 viviendas en arrendamiento con protección pública. Nació en marzo de 2018 como una entidad enteramente pública fundada por el Área Metropolitana y a la que se sumó sólo tres meses después el Ayuntamiento. El reparto quedó entonces 50-50, todo público. Pero ese no era el objetivo. Desde su origen HMB tuvo vocación de buscar capital privado, como recogen sus propios estatutos. Se trataba de construir una sociedad de vivienda potente, a la altura de una política de vivienda que también quería serlo.

No fue fácil encontrar a los socios. Ni rápido. La entrada de dinero privado no se encarriló hasta julio de 2021, cuando el consejo de administración de HMB adjudicó a Neinor y Cevasa la condición de accionistas para "transformar HMB SA en una sociedad de economía mixta" y en un "ejemplo de colaboración público-privada". Ambas empresas constituyeron Nicrent Residencial SL, cuya entrada en HMB se formalizó en noviembre de 2021.

El accionariado de HMB es desde entonces un 50% público y un 50% privado. Sus socios públicos son el Área Metropolitana (25%) y el Ayuntamiento (25%). El privado es Nicrent (50%). Cevasa y Neinor tienen cada una un 50% de Nicrent. Es decir, un 25% cada una de la compañía mixta. El consejo de administración de HMB expresa este equilibrio: dos miembros del Área Metropolitana, dos del Ayuntamiento, dos de Cevasa, dos de Neinor y un independiente.

HMB no ha sido un proyecto técnico, administrativo, de segunda línea. Al contrario, ha sido un proyecto de alto perfil político, una apuesta de una figura tan relevante en el ámbito de la vivienda como Colau, que fue alcaldesa entre 2015 y 2023. Desde noviembre de 2021, cuando se formaliza la entrada de Cevasa y Neinor, el Ayuntamiento publicita HMB como "el primer operador de vivienda público-privado del Estado". Aquel mismo mes tuvo lugar un acto institucional en el que los accionistas públicos y privados de HMB comparecieron juntos para detallar las distintas fases del proyecto de la "primera sociedad mixta de vivienda de alquiler asequible de España". Así promocionaba el evento En Común Podem.

La iniciativa, que según se anunció debía construir sus 4.500 viviendas en ocho años, se ponía en marcha con la aportación de 6 millones de euros por parte del Ayuntamiento, otros 6 por parte del Área Metropolitana y 12 por parte del socio privado compuesto al 50% cada uno por Cevasa y Neinor, compañía de la que aún no formaba parte Stoneshield. Los fondos aportados por los socios debían servir para la construcción de 640 viviendas. La aportación final prevista para el conjunto de los socios es de 116 millones de euros. La sociedad mixta "construirá viviendas de alquiler asequible, a precio protegido y de forma permanente, sin perder nunca esta calificación, con la garantía de control público, gobernanza conjunta y evitando que acaben en el mercado privado libre", afirmaba Colau durante aquella presentación.

Toda la retórica que envolvía al proyecto remitía a lo social, lo cooperativo, lo novedoso. No sólo en la presentación de noviembre de 2021. Un año después un folleto del Instituto de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona afirmaba que Neinor se implicaba en HMB por su "dimensión social".

Para entonces la luxemburguesa Stoneshield ya estaba dentro de Neinor.

Neinor no es una empresa cualquiera del sector inmobiliario. Nacida en 2015 y con una plantilla de 300 trabajadores, se presenta como la "compañía cotizada líder en el mercado de promoción residencial en España", con más de 1.800 millones de euros de patrimonio. Bajo la presidencia de Ricardo Martí Fluxá, presidente al mismo tiempo de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) y del lobby de la seguridad y defensa Tedae, Neinor se lanzó a la CPP optando junto a Cevasa al puesto en la sociedad mixta impulsada por Colau. Y ganó. Neinor estuvo representada en el acto de noviembre de 2021 en la persona de su directivo Jordi Argemí, que aseguró que HMB iba a ser "un referente para otros proyectos en todo el país".

Poseedora desde entonces del 25% de HMB, Neinor es la empresa que conduce ahora hasta Luxemburgo y hasta Morenés, hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander, que está haciendo fortuna en el negocio de la inversión. Veamos en detalle la operación que certificó la llamativa situación de que un ambicioso proyecto de colaboración público-privada acabe teniendo como participante a un holding radicado en un territorio de baja tributación. El 23 de enero de 2022, cuando ya era parte de HMB, Neinor recibió una comunicación del fondo luxemburgués Stoneshield Capital, del que son cofundadores y socios Morenés y Juan Pepa, su más estrecho aliado y colaborador. La comunicación informaba de la entrada en Neinor de una entidad del grupo, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, con cerca de un 18,5% del capital.

Estaba hecho: Stoneshield había entrado –y sigue– en Neinor, que a su vez estaba –y está– en HMB. Es decir, la empresa público-privada de alquiler social en Barcelona quedaba –y sigue– vinculada accionarialmente al fondo luxemburgués de un hijo de la banquera más importante de España. Stoneshield no se quedó en ese porcentaje inicial. Su trozo de la tarta ha crecido hasta situarse en un 25% en agosto de este año, según el registro publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las estructuras de muñeca rusa son habituales en Luxemburgo, jurisdicción donde existen importantes beneficios fiscales respecto a las plusvalías, los dividendos, el pago de intereses a sociedades del mismo grupo o las comisiones que cobran los gestores de los fondos. La clasificación extraoficial de referencia de paraísos fiscales, elaborada por Tax Justice Network, cita a Luxemburgo como la sexta jurisdicción que más ayuda a rebajar el pago del impuesto de sociedades.

Las firmas Stoneshield ofrecen un ejemplo del tipo de madeja societaria que suele florecer en el Gran Ducado. Hay al menos seis compañías bajo la denominación Stoneshield creadas en Luxemburgo y vinculadas entre sí, según la información registral examinada por infoLibre. La primera fue fundada en marzo de 2018 por Morenés y Pepa con una distribución del 50% para cada uno. Se trata de la sociedad de control Stoneshield Holding, que es dueña del 100% de Stoneshield GP, empresa a su vez socia de Stoneshield Investment Fund, accionista única de Stoneshield Southern Real Estate Holding II.

Esta última sociedad citada, Stoneshield Southern Real Estate Holding II, es la entidad que entró en Neinor en 2022 y la que figura como titular directa de las acciones de Neinor, mientras Stoneshield Holding es es el titular indirecto, todo ello según información del registro de Luxemburgo y de la CNMV.

El 26 de enero de 2022, tres días después de que Stoneshield informase de su entrada en Neinor, Morenés pasó a ser consejero de dicha compañía por su vinculación con la compañía Stoneshield Southern Real Estate Holding II, registrada en Luxemburgo en julio de 2021. En realidad, Morenés no era nuevo en Neinor. En 2015 ya entró como consejero con el respaldo de la gestora de activos estadounidense Lone Star, uno de los tres principales fondos especulativos inmobiliarios que operan en España junto a Blackstone y Cerberus. De hecho, Morenés y Juan Pepa se habían conocido en Lone Star, firma ligada a la propia creación de Neinor, compañía surgida en 2015 de la compra por parte de la gestora de activos de la promotora de Kutxabank.

Pero Lone Star fue sólo un peldaño en el ascenso de Morenés y Pepa, que en 2018 fundaron Stoneshield Capital, nombre de un proyecto que el hijo mayor de Ana Botín define como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital". Desde hace ya cerca de dos años el puesto en el consejo de Neinor de Morenés obedece a su prominente posición en su propio grupo, Stoneshield. Morenés es además miembro de las comisiones de Inversiones Inmobiliarias, de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones de Neinor. Por su parte, Juan Pepa, su socio, también es consejero de Neinor por su vinculación en Stoneshield y es además miembro de la Comisión de Inversiones Inmobiliarias.

Stoneshield, que además de apostar en el sector de la vivienda tiene participación en compañías de residencias de estudiantes, innovación científica o logística, se refiere así a su "estratégica" inversión en Neinor: "Desde la adquisición de Neinor por parte de Stoneshield, la empresa ha triplicado la remuneración a los inversores". En cuanto a Neinor, parece tener fe en su posición posición en HMB. En su informe de 2022, la promotora señala que Nicrent –la empresa a través de la que participa en la sociedad mixta – obtendrá una "remuneración de mercado" por la "gestión administrativa y patrimonial" de HMB.

Lo cierto es que de momento las cosas van despacio en HMB. La sociedad mixta ha iniciado las obras de 110 viviendas en Sant Boi de Llobregat y prevé iniciar en breve tres promociones más: dos en Montgat (72+58) y otra en Sant Adrià de Besòs (56), según el balance facilitado a este periódico por el Área Metropolitana. "La sociedad de nueva creación está arrancando, a pesar de las dificultades de incremento de costes de la construcción, de aprovisionamiento de materias primas consecuencia de la situación geopolítica, y de la dificultad de acceso al mercado financiero", señalan desde esta institución.

En cuanto a la participación de Stoneshield en Neinor, el Área Metropolitana de Barcelona se limita a destacar que la selección del socio privado para HMB fue fruto de una "licitación pública" sujeta a la "normativa aplicable". Este periódico preguntó si la institución era consciente de que Stoneshield, que entró en Neinor en 2022, opera desde Luxemburgo y reclamó una valoración sobre ello. "Esta institución metropolitana no emite valoraciones subjetivas de este calibre", respondió la institución por escrito a través de un portavoz.

El Ayuntamiento de Barcelona, también en respuesta por escrito a través de un portavoz, afirma: "El proceso de adjudicación, realizado en el pasado mandato municipal con los gobiernos anteriores, se hizo de acuerdo con la normativa que regula la contratación pública y con todas las garantías aplicables". Añade que las promociones en Barcelona que levante HMB no perderán "nunca" la "titularidad 100% pública municipal del suelo".

Más extensa fue la respuesta escrita de los Comuns, grupo con el que contactó infoLibre para conocer la posición de Ada Colau, que ha perdido la alcaldía este año pero fue una de las impulsoras de la sociedad mixta en 2021. Una fuente del grupo señala que, "independientemente de las variaciones en el accionariado", el contrato entre las partes pública y privada de HMB "blinda el uso público" de las viviendas previstas, así como la "titularidad pública" del suelo, y también "limita al detalle los beneficios que obtendría la empresa de su explotación, que debe alquilar las viviendas a precio protegido –por debajo del de mercado– de manera indefinida y que no puede cobrar dividendos de los mismos".

"HMB está dirigido –añade– por un consejo de administración del que la mitad de representantes pertenecen al Ayuntamiento y al Área Metropolitana, de manera que se garantiza la gobernanza pública del proyecto y la fiscalización y transparencia de todo el proceso [...] hasta la adjudicación a los vecinos beneficiarios. Un consejo que vigila, además, que no haya una privatización de beneficios para los actores privados ni adjudicación de pérdidas a los públicos".

Hay mucho, muchísimo dinero, y hay también mucho, muchísimo poder tras el hombre de la fotografía publicada este viernes por Pedro Sánchez, que se reunió con él en Dubai en un encuentro que no estaba en la agenda. ¿Quién es? Es un político y empresario con enorme capacidad de decisión sobre uno de los fondos que ejercen como vehículo del inagotable caudal de dinero de Emiratos Árabes Unidos, país de acogida de Juan Carlos I. Hay, sí, mandamases por encima de él, pero Khaldoon Khalifa Al Mubarak (Abu Dhabi, 1975) les dice a los que tienen que señalar dónde se pone el dinero el lugar exacto en el que deben hacerlo.

Al Mubarak es, tal y como indica Sánchez, el CEO, algo así como el director general o el consejero delegado, de Mubadala. Quizás al lector no le suene el nombre de esta empresa, pero es que no es una empresa hecha para destacar por sí misma, sino para ser brazo económico de Emiratos Árabes Unidos y formar parte de otras muchas empresas en todo el mundo en casi cualquier sector imaginable: construcción, energía, medicina, tecnología, finanzas... Se trata de un fondo soberano, es decir, del Estado, que en este caso es un régimen autoritario donde los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos.

El fondo fue creado para hacer realidad la visión del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el ya difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. ¿Cuál era ese sueño? El mismo que el de Qatar y Arabia Saudí: diversificar la economía para hacerla menos dependiente del petróleo y prepararla para cuando el oro negro –y el resto de combustibles fósiles en su subsuelo– se agoten.

El fondo es fruto de la unión en 2017 entre la Compañía Internacional de Inversiones Petroleras (IPIC), creada en 1984, y otra estatal de inversiones nacida en 2002. Hoy Mubadala opera en medio centenar de países y maneja activos por un valor de 276.000 millones de dólares, más de 250.000 millones de euros. Así que sentarse con su CEO es, evidentemente, sentarse con alguien que tiene la llave de inversiones millonarias en tu país. Eso es lo que busca Sánchez, que cuenta con dos factores a su favor: Mubadala ya está en España y además el Gobierno ya coopera con Mubadala.

La foto de Sánchez con Al Mubarak cobra mayor sentido si se pone junto a otra, captada también este mismo viernes. Responsables de Cepsa y de C2X, compañía danesa de Moller-Maersk, anunciaron un proyecto conjunto para suministrar metanol verde a múltiples industrias mediante el desarrollo de una planta en Huelva con una inversión de hasta 1.000 millones de euros. Lo hicieron desde el Pabellón de España de Expo City, Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, donde se celebra la cumbre del cima. Y en presencia del propio presidente del Gobierno. Aunque muchos medios dieron por hecha la inversión, la decisión final sobre la misma no llegará hasta 2025, según Cepsa.

¿Quién tendrá mucho que decir en esa decisión final? Khaldoon Khalifa Al Mubarak. Porque la posición más destacada de Mubadala en España es, precisamente, en la Compañía Española de Petróleos SA, la histórica Cepsa. El fondo emiratí poseía en septiembre un 61,36% de la compañía, a distancia del segundo accionista, Carlyle, el grupo inversor con sede en Washington, con un 38,41%.

Cepsa no es la única empresa destacada con la que Mubadala tiene relación. Dentro del IBEX, Mubadala posee el 3,1% de Enagás, lo que lo convierte en accionista relevante junto a Blackrock y Amancio Ortega, entre otros.

La pista de Mubadala lleva además al Real Madrid. En 2014, el International Petroleum Investment Company (IPIC), compañía integrada en Mubadala desde 2017, y el Madrid firmaron un acuerdo para "globalizar los activos del club" y reformar el estadio Santiago Bernabéu. Cepsa también fue patrocinador del club, pero ya no lo es. Mubadala deja rastro en otra compañía más, Glovo, de origen español. Mubadala también fue accionista de la misma, pero dejó de serlo hace al menos tres años.

El Gobierno de España ya tiene abierta una línea de colaboración con Mubadala. Cofides, una entidad público-privada dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en cuya composición coinciden el Estado –con mayoría– y los bancos Santander, BBVA y Sabadell, tiene firmado desde el año pasado un memorando para "explorar oportunidades" de inversión en España. El destino prioritario de las inversiones deben ser "las empresas españolas y sus filiales extranjeras", según Cofides.

El fondo soberano Mubadala es también un escaparate del poder político en Emiratos. Su presidente es el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, insigne apellido nobiliario. Al Nahyan es a su vez vez vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos, además de dueño del Manchester City, club inglés de fútbol actual campeón de la Champions League. Por debajo de Al Nahyan de Mubadala están los ministros de Energía e Infraestructuras y de Industria y Tecnología Avanzada, así como el presidente de la Corte del príncipe heredero del emirato. El organigrama describe a las claras a Mubadala como una expresión del poder político emiratí.

En el consejo de dirección sobresale el nombre de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, el hombre con el que se sentó este viernes Pedro Sánchez. Se trata del máximo responsable de la evolución del fondo Mubadala hasta sus dimensiones actuales y de una figura incrustada en la estructura de poder local. No en vano, su nombre es citado con frecuencia como uno de los consejeros de máxima confianza de la familia real emiratí.

Al Mubarak es miembro del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, miembro del Consejo Supremo de Abu Dabi para Asuntos Financieros y Económicos y enviado especial presidencial a China. Además, presta "asesoramiento político estratégico a Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos", según Mubadala.

Khaldoon también forma parte de los consejos de administración de varias empresas importantes, incluida la gigantesca Abu Dhabi National Oil Company, y es presidente de los consejos de administración de Emirates Nuclear Energy Corporation, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates Global Aluminium y City Football Group, matriz del Manchester City, club del que Al Mubarak es presidente, lo que lo convierte en un hombre de considerable popularidad en el Reino Unido y en el mundo del fútbol.

El negocio de la inversión no va de fabricar, de producir o de crear, sino de apostar. Una y otra vez. La especialización no está en el sector, sino en el método: comprar, revalorizar, vender, cosechar los beneficios. ¿Y qué es lo que activa esa rueda de caza especulativa de oportunidades? A tenor de los apellidos descollantes en el negocio, la energía que mueve los engranajes sale en buena medida de la proximidad –o la pertenencia– al grupo de quienes poseen en mayor volumen el capital y/o el poder. Una condición que a su vez se asegura por dos vías: el apellido o la trayectoria, especialmente la trayectoria política. Varias tendencias simultáneas, puestas de relieve por la investigación publicada por infoLibre, dibujan un esquema de funcionamiento endogámico y elitista. Son estas y están entrecruzadas entre sí:

– Grandes fondos de inversión estadounidenses, dedicados fundamental pero no exclusivamente al ladrillo, recurren a hijos de políticos –como José María Aznar–, de grandes banqueros –como Ana Botín– y de gerifaltes de la élite económica del franquismo –como Claudio Boada– para abrir paso a sus negocios en España. Manuel Gabarre, investigador especializado en los intereses en torno a la vivienda y autor de Tocar fondo (Traficantes de Sueños, 2019), describe así la lógica tras la operación Aznar de uno de estos "fondos buitre", en concreto Cerberus: "Cuando en Cerberus vieron una oportunidad en España –explica–, ¿con quién contactaron? Con la persona más vinculada al Partido Republicano en España, que es José María Aznar. Contrataron al que Aznar manifestaba que era su mejor amigo, Juan Hoyos, y también al hijo de Aznar [y de Ana Botella, José María Aznar Botella] como consejero. De esta manera, casualidad o no, Cerberus obtuvo los mayores contratos para la gestión de las viviendas que habían sido rescatadas con patrimonio público, tanto de Bankia como de la Sareb".

– Herederos de grandes financieros –como un hijo y un nieto de Emilio Botín, fallecido presidente del Santander, o una hija de Francisco González, expresidente del BBVA– y de políticos de relumbrón –como un hijo de Aznar– hacen carrera en el negocio de los fondos bien como fichajes de compañías internacionales, bien creando sus propias empresas en España, tras haber pasado o no por fondos extranjeros.

Así que se da un doble fenómeno, cara y cruz de la misma moneda: por un lado, la élite por apellido colabora con los grandes gestores de activos extranjeros; por otro, desarrolla sus propios proyectos para la captación de fondos. Desde esas compañías nacionales, venden sus servicios presumiendo de su inmejorable networking, que es a su vez lo que los hace atractivos para las internacionales. Atención a este texto autopromocional de Stoneshield, la compañía inversora de Felipe Morenés, hijo de Ana Botín: "Utilizamos nuestra amplia red de contactos ["network", es la palabra en inglés, lengua en al que está escrito el texto original] y nuestras exclusivas asociaciones estratégicas para crear un valor excepcional". El ejemplo de Morenés permite observar el ciclo completo: antes de crear Stoneshield, trabajó en Lone Star, otro "fondo buitre" estadounidense.

Hay otro dato que muestra la capital importancia del networking. Blackrock, la mayor gestora de activos del mundo, un peso pesado del IBEX 35 cuya influencia en la economía es tal que cabe considerarla como "sistémica", alimenta su plantilla con perfiles salidos de la escuela de formación de ejecutivos del Opus, destacada cantera de la élite española. Una escuela que usa como gancho la puerta de entrada a una comunidad de ayuda mutua construida por sus propios exalumnos. Contactos, en suma.

Un caso digno de mención es Peninsula Capital, una compañía de asesoramiento y gestión de inversiones dirigida por Borja Prado, presidente de Mediaset y expresidente de Endesa, que tiene en su equipo inversor a estos tres nombres: Javier Prado, hijo del propio Borja Prado; Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–; y Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy.

– Fortunas heredadas con pedigrí aristocrático se amplían en el negocio de las llamadas "finanzas alternativas", negocio en el que que los ricos de cuna se valen de políticos de amplia trayectoria. Así es el caso de Alicia Koplowitz con el exministro José María Michavila y el exconsejero económico madrileño Javier Fernández-Lasquetty, todos ellos juntos en la sicav Morinvest, propiedad de la primera y una de las más importantes de España. Más mezcla político-financiero-aristocrática: el expresidente del PP Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín –sobrino de Ana Botín e hijo de un primo de la difunta infanta Pilar– se han aliado en una firma de inversión, como ha publicado The Objetive.

El silencio fue la tónica dominante de los aludidos en las informaciones de infoLibre enlazadas en los párrafos precedentes, con los que este periódico trató de ponerse en contacto [ver aquí, aquí y aquí]. Este periódico logró, eso sí, recabar declaraciones de José María Michavila y Javier Fernández-Lasquetty [ver aquí]. El primero recordó que lleva "cuarenta años de vida profesional", de los que once estuvo en política –actividad que dejó hace 19 años– y 29 ha ejercido el derecho bancario, tema de su tesis. Formado en Harvard, fundó su primer despacho en 1984 y ha trabajado para JP Morgan, Oliver Wyman y Royal Bank of Canada, desgrana. "El derecho bancario es mi trabajo y mi especialidad", recalca. El segundo, Lasquetty, afirma que su oportunidad de incorporarse a Morinvest surgió después de su salida del Gobierno de Ayuso, y que conoce a Koplowitz desde "muchos años antes" de ser consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué diría que puede aportar a la sicav? "Experiencia en diseñar y ejecutar estrategias de transformación, con innovación y con buenos resultados. Capacidad de análisis. Experiencia en detección de riesgos. Conocimiento del entorno de comunicación", responde.

¿Y bien?, ¿qué dice todo lo anterior sobre quién y cómo accede a los espacios más lucrativos de la economía española?

Andrés Villena, profesor de Economía en la Universidad Complutense, especializado en redes de poder en España, lee en detalle las informaciones de infoLibre, solicita un rato para armar sus reflexiones y luego las comparte en un relato histórico que se puede dividir en cinco bloques llenos de análisis político y económico.

– "España –arranca Villena– ha sido un país extremadamente bancarizado, con familias muy poderosas ligadas a la banca controlando los principales sectores de la economía, empezando por las eléctricas. Han tenido siempre, además, mucha influencia política. En España, a diferencia de otros países europeos, la reforma bancaria dejó entrar muy poco capital extranjero, para proteger así a los financieros españoles. Y los siete grandes bancos [Central, Hispano, Banesto, Santander, Bilbao, Vizcaya y Popular] conformaron un rancio oligopolio que financiaba a los partidos políticos, se reunía para fijar tipos de interés y no permitía transpirar a la economía. En parte por eso se jodió la industria".

– "Esta endogamia nos diferencia por ejemplo de Francia y conforma una economía menos competitiva, donde la innovación se pierde y todo se reparte entre una ristra de apellidos cruzados. Felipe González, en vez de romper el oligopolio, lo que hizo fue meter a exministros y asesores en los consejos de administración. El Banco de España intentó hacer cosas, lo que pudo. Pero el oligopolio resistió. Era una herencia muy fuerte de la dictadura. Por eso Mario Conde fue tan disruptivo, porque era un banquero nuevo, que cuestionaba aquella estructura. Y se lo cepillaron. Porque había cometido delitos graves, sí, pero también porque había una estructura cuasimedieval. Todo esto es un rasgo distintivo y empobrecedor de nuestra economía".

– "A este esquema inicial de riquezas históricas, muchas veces acumuladas después de la Guerra Civil y aliadas en democracia con tecnócratas, se acaba sumando una figura nueva que cuestiona las reglas: los fondos de inversión, que compran deuda muy crecida durante la burbuja de las empresas del IBEX, adquieren gran cantidad de todo tipo de activos devaluados por la Gran Recesión e inevitablemente compiten contra las grandes familias".

– "Pero, claro, esos grandes fondos, dinero sin cara, necesitan virreyes, necesitan delegados en esos países en los que operan. Con una remuneración que para el fondo no es muy alta se hacen con los servicios de gente que conoce el terreno, de lobistas para alterar la legislación y que el BOE refleje sus intereses. Y ahí les resultan útiles tanto los políticos y quienes están en su entorno como la vieja aristocracia económica, a la que se le da una oportunidad de que no se le escape el caballo de la diversificación de las formas de financiación".

– "Así que la clase superior tradicional no ha quedado rota con los fondos de inversión, sino que se ha reorganizado para gestionar ella misma la revolución financiera. La estructura es bastante clara: hay nuevos vehículos de inversión, pero los apellidos son los mismos de siempre. La clase dominante sigue ahí para captar las nuevas oportunidades. La herencia rancia del capital financiero se perpetúa, ayudando a los nuevos fondos hacer negocio y al mismo tiempo utilizando las nuevos vehículos para colocar su ahorro y sacar ventaja".

Una de los aspectos del negocio de "inversión alternativa" que suelen destacar sus defensores es que, a diferencia de la banca tradicional, está más abierto a clases medias o populares. Todo el mundo está de acuerdo en que un hijo de vecino no puede montar un banco, pero las posibilidades parecen mayores en el campo de las gestoras de activos. ¿Es así? Villena, autor de Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia, no niega "una cierta dimensión meritocrática" en el mundo de los fondos de inversión, pero cree que sería ingenuo llevar esa creencia demasiado lejos. "Claro que está entrando gente nueva con los fondos, pero tienen más dificultades", señala. A su juicio, la internacionalización ilimitada de las finanzas habría podido constituir una amenaza para la primacía de los grandes apellidos financieros españoles, pero la realidad está demostrando una significativa capacidad de estos para perpetuar sus posiciones de ventaja.

Coincide un profesional del sector, que prefiere el anonimato: "La lógica dominante es pasta atrae pasta, dinero atrae dinero, contactos atraen contactos. La recomendación es fundamental. Hay muchas barreras de entrada para el talento, para la innovación, para las boutiques de inversión que traen ideas nuevas. Por mucho que se hayan formado, a veces incluso fuera de España, los peajes para el que no viene recomendado son muy difíciles de salvar. Aquí casi todo se rige por la lógica de la relación endogámica. Por eso están tardando en desarrollarse más que en otros países –yo conozco casos increíbles en Reino Unido– los fondos matemáticos, quant, los más técnicos. Yo, si veo mucho gran apellido junto en una gestora, de entrada voy a dudar de la excelencia técnica, porque sé que lo que está primando es otra cosa".

Este profesional afirma que los casos de gestores de fondos a la última en innovación y profesionalización en España son "por desgracia" excepcionales. Paradójicamente, señala, al frente de uno de los más profesionalizados, Atitlan, está Roberto Centeno, yerno de Joan Roig, el presidente de Mercadona: "Muchos, por inercia, creen que [el de Roberto Centeno] es un caso de nepotismo, pero no lo es. Centeno está muy formado, ha hecho su propio camino, cualquiera al que preguntes que sepa de inversión te lo dirá".

Pedro Ramiro, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), afirma que la proliferación de políticos e hijos de en el boyante negocio de la inversión es una demostración de que el concepto de "puerta giratoria" está hoy día "obsoleto" y debería popularizarse el de "cama redonda". "Las barreras entre lo público y lo privado casi no existen. Hay una cama redonda donde coinciden lo empresarial y lo político, unidos por lo familiar", afirma Ramiro.

A juicio de Ramiro, los grandes fondos de inversión extranjeros no han hecho sino observar cómo funcionan las cosas en la altas esferas de la economía española, tomar nota y actuar en consecuencia. "Fichan gente que tiene los contactos, la capacidad de abrir puertas y de moverse en un mundo de pago y devolución de favores, de conocimiento de los sistemas de regulación y de los agujeros de desregulación, gente con capacidad para detectar las nuevas burbujas para el enriquecimiento fácil", explica Ramiro, que incide en cómo múltiples políticos se dedican a ayudar a grandes empresas, no sólo a fondos de inversión, a hacer negocios que de un modo u otro dependen de un conocimiento de los entresijos del Estado para salir adelante. Eso hace que la trayectoria política sea un bien deseado por las grandes empresas, incluidas las gestoras de activos. Como publicó infoLibre en octubre, hay más más de 30 políticos en el negocio del lobby, entre ellos siete exministros, 12 ex secretarios de Estado y casi veinte antiguos diputados que trabajan en consultoras de "asuntos públicos" o grupos de interés. Un caso concreto resulta bien ilustrativo: Blackstone, el fondo que lidera el acaparamiento de vivienda en España tras la Gran Recesión, defiende sus intereses a través de un lobby, Asval, liderado por el exministro socialista Joan Clos, hoy asesor de Salvador Illa.

El historiador de la economía Carlos Arenas inscribe la concentración de oportunidades en la cúspide dentro de una lógica secular del capitalismo español, marcado por "el nepotismo, la endogamia y la cultura empresarial familista". "Para entenderlo podríamos remontarnos hasta el mayorazgo, una delegación administrativa que imponían los señores a los reyes y por la que se perpetuaba en una familia la propiedad de un bien", señala, para ejemplificar lo que a su juicio es una constante: "La relación privilegiada con el poder político es un elementos histórico de un modelo capitalista en el que la búsqueda de rentas se realiza siempre cerca del Estado y dependiendo del Estado, que se encarga de ayudar a los que están en mejor posición a que no cedan ni un palmo de su capital", añade. Tampoco es nuevo, explica, que quienes han hecho fortuna con una actividad acaparen las mejores posiciones cuando aparece una nueva, como pasa ahora con la "inversión alternativa", incluso aunque no tengan relación ni formación en la misma.

"Los Alba y toda la vieja aristocracia que basaba su patrimonio en la tierra se fueron a Madrid a congeniar con el capital financiero para renovar su posición", señala. "Hoy sólo los más torpes o con menos visión sufren el efecto Buddenbrook", añade, en referencia a la descomposición de las sagas empresariales familiares víctimas de la incapacidad de adaptación. ¿Y cuál es la clave para la adaptación? Más que la cualificación, formar parte de la red de contactos adecuada, según Arenas.

El historiador se detiene en dos fenómenos que, a su juicio, están conectados con esa capacidad de los mejor situados de adueñarse de las mejores posibilidades para la captación de rentas. El primer fenómeno es, precisamente, la escasa permeabilidad de la propia élite en España, de la que han alertado también economistas como Tomàs Casas Klett. El segundo es la extendida tendencia de las administraciones a aprobar medidas que se adaptan como un guante a los intereses de los privilegiados, precisamente por ser estos los que mejor acceso tienen a los espacios donde se toman las decisiones políticas. Hay datos que lo avalan. Una investigación publicada el año pasado en la revista de la Universidad de Oxford Socio-Economic Review sobre más de 40 años de medidas políticas en España desvela un sesgo político a favor del grupo socialmente más aventajado. Al mismo tiempo, es difícil deslindar esta preferencia de algunos datos de desigualdad social en España, donde la llamada "clase media" lleva tres décadas estrechándose y se amontonan los datos que socavan el mito de la meritocracia. ¿Un ejemplo? El 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre.

Pues bien, la crème de la crème de ese 1% más rico ya ha cogido el sitio perfecto en el negocio perfecto para seguir aumentando su ventaja.

El Real Madrid ha devuelto a Providence Equity Partners 136,03 millones de euros, poco más de la mitad –el 54,4%– de los 250 millones que recibió en virtud del contrato de cuenta en participación que había firmado en 2017 con una de las filiales luxemburguesas del fondo de inversión estadounidense, cuyos beneficiarios últimos son dos sociedades domiciliadas en las Islas Caimán. Así consta en las cuentas que esa filial, PQ Media Sàrl, ha depositado en el Registro Mercantil de Luxemburgo y que ha consultado infoLibre.

A cambio de esos 250 millones, el club debe remunerar al fondo con un tanto por ciento de la cantidad en que aumenten sus ingresos por patrocinio: un fijo de 6,25 millones de euros anuales, o el 10% de los ingresos netos obtenidos en cada ejercicio, más un importe variable, cuya cuantía total acumulada al cabo de los cuatro años de contrato no puede superar los 230 millones.

Al menos así era en el momento de la firma del contrato. Pero llegó la pandemia y el negocio del fútbol se vio tan afectado como el resto de la economía. De forma que, en los tres primeros ejercicios, la retribución a Providence quedó muy por debajo de las previsiones iniciales del club. Tan es así que ambas partes renegociaron el acuerdo en el ejercicio 2019/2020 –los ejercicios fiscales del Real Madrid coinciden con las temporadas deportivas, de junio a junio–: Providence aumentó de 200 a 250 millones el préstamo inicial, y el periodo de vigencia, en principio cuatro años prorrogables otros dos más, se extendió a un máximo de nueve años. Hasta 2027.

Es decir, de no haber renegociado el contrato y ampliado el periodo de reembolso, el Real Madrid debería haber devuelto ya en 2023 los 200 millones iniciales que Providence le ingresó. Y no habría podido, ya que en cinco años sólo ha podido pagarle 136 millones. Ahora tiene cuatro años más para abonar al fondo los restantes 114 millones que le quedan hasta completar los 250 millones finalmente concedidos.

Entrando en detalle, en junio de 2018, el primer ejercicio en que estuvo en vigor el contrato, el Real Madrid pagó a Providence un total de 12.653.593 euros. En 2019, le ingresó 16.473.333 euros. En 2020, 27.343.000 euros, según las cuentas depositadas en Luxemburgo por PQ Media Sàrl. En 2021, la cantidad ascendió a 36.981.000 euros y el año pasado, a 42.581.000. Es decir, en cinco años ha devuelto 136.031.926 euros. Las últimas cuentas que PQ Media Sàrl ha depositado en el Registro de Luxemburgo se refieren al año fiscal que termina en junio de 2022; es decir, aún no entregado las de 2022/2023, el ejercicio cerrado en junio de este año.

Pese al aumento en las cuantías de los reembolsos experimentado en los dos últimos ejercicios, las cifras siguen aún lejos de las presupuestadas originalmente por el club de Florentino Pérez. También después de superado el bache de la pandemia, cuando los estadios estaban cerrados.

Tal y como revelaron los documentos de Football Leaks compartidos por la revista Der Spiegel con la red European Investigative Collaborations (EIC), de la que forma parte infoLibre, la entidad blanca había programado un pago de 27,66 millones para 2019 y otro de 61,22 millones para 2020. Para 2021, la previsión era retribuir al fondo con 63,5 millones de euros más. Football Leaks es un proyecto de investigación periodística que destapó el lado más oscuro de la industria del fútbol, a partir de una filtración de más de 70 millones de documentos: desde el fraude fiscal de Cristiano Ronaldo y Mourinho hasta los de Messi y Neymar, pasando por los mecanismos pergeñados por el Manchester United y el Paris Saint Germain para burlas las reglas del juego limpio financiero de la UEFA.

Para cumplir con lo comprometido, el Real Madrid está obligado a aumentar considerablemente sus ingresos por patrocinios. Al menos ésas eran sus expectativas cuando firmó el contrato con Providence en noviembre de 2017. De hecho, el plan que el entonces recién contratado director global de Patrocinios, David Hopkinson, presentó al club al hacerse cargo de la tarea consistía en elevar a entre 113 y 195 millones de euros los 68 millones en que estaban presupuestados los ingresos por este concepto en 2019, excluidos los dos principales contratos, Adidas y Emirates. También quedan fuera del acuerdo con el fondo los patrocinios deportivo y comercial de la camiseta y de los naming rights –derechos sobre el nombre– de los estadios y campos de entrenamiento.

Pero, según puede comprobarse en las cuentas anuales del club, los ingresos por licencias y patrocinio no han tenido la explosión esperada. En 2019 crecieron sólo un 0,38% respecto al año anterior. En 2020 aumentaron un 8,5% y en 2021 el alza anual fue del 6,7%. Ese año alcanzaron los 278,48 millones de euros. Pero en 2022 la cifra cayó un 16,9%, tras reducirse a 231,28 millones, y en 2023, hasta junio, se han encogido aún más, hasta 231,7 millones, una cifra inferior incluso a la de 2018, cuando ascendieron a 239,68 millones de euros.

En el informe económico, el Real Madrid sólo menciona el contrato con Providence en una breve nota donde se hace constar un “saldo acreedor” derivado de ese acuerdo por importe de 4,07 millones de euros en el último ejercicio, etiquetado como “acreedores de marketing”. En ese capítulo no figura ninguna cifra correspondiente al ejercicio anterior.

“Estos acuerdos suponen debilitar la economía de los clubes a medio plazo”, advierte Marc Ciria, presidente de la gestora financiera Diagonal Asset Management, “tienen un coste financiero muy alto y no aportan valor a los clubes”. A su juicio, son “pan para hoy y hambre para mañana”: ayudan a pagar las facturas pero, si los ingresos no aumentan en la magnitud esperada, dañan su competitividad en el futuro.

Ciria, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta en las elecciones del FC Barcelona de 2015 destaca, además, que este tipo de acuerdos –LaLiga ha suscrito también un contrato de cuenta en participación con otro fondo, el británico CVC– no se firman con las condiciones de “una entidad financiera normal”, sino que, por el contrario, éstas suelen ser “más agresivas en el retorno”. “Lo visten como ‘tengo un partner estratégico que me va a ayudar a desarrollar mi negocio digital’ pero, en realidad, es un préstamo participativo de toda la vida”, critica.

La cifra de negocio del Real Madrid tampoco ha recuperado aún los niveles precovid. En el ejercicio cerrado el pasado junio, ascendió a 804,49 millones de euros, un 11,5% más que en 2022, pero aún un 2,2% por debajo de los 822,1 millones que ingresó en el ejercicio 2019/2020. También los beneficios del club han disminuido en 2023, un 8,6% respecto al año fiscal anterior, cuando ganó 12,93 millones de euros. En 2019, el club obtuvo unos beneficios de 38,4 millones de euros, casi el triple.

Aunque para 2024 ha presupuestado un aumento de ingresos totales del 11%, hasta los 939,54 millones, el Real Madrid prevé que los beneficios caigan hasta los 6,35 millones, una cifra que equivale a la mitad de lo que ganó en cada uno de los dos últimos ejercicios. El club de Florentino Pérez, según declara en el último informe económico, confía en que el fin de las obras del estadio Santiago Bernabéu este mismo año le permita aumentar sus ingresos en 2024, cuando cree que todas las líneas de negocio estarán ya “a plena explotación”.

El negocio de la inversión tiene dos momentos clave, uno cuando "se consigue reunir a los capitales" y otro cuando "se detecta la oportunidad" , explica un profesional del sector inmobiliario que ha trabajado enlazando una empresa con varias gestoras de activos. Tanto en uno como en otro instante, añade, son fundamentales la "buena información", los "contactos" y el "nombre", que dan "confianza" a los inversores y "acceso a las puertas que hay que tocar". Las sagas ilustres de la gran empresa suelen traer de serie tanto "buena información" como "contactos" y desde luego "nombre", lo cual forma parte destacada del listado de razones que explican su importante presencia en este negocio.

Pero, ¿y los políticos? ¿También ofrecen ese aliciente?

La sociedad de inversión en capital variable (sicav) Morinvest, de la que es máxima accionista Alicia Koplowitz, permite explorar un ejemplo de coincidencia de dos elementos: el primero, dinero en cantidades millonarias listo para invertir; el segundo, destacadas figuras políticas, en este caso las dos del PP, José María Michavila, exministro con José María Aznar, y Javier Fernández-Lasquetty, exconsejero con Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso, de la que ha sido considerado "gurú" económico. La heredera, aristócrata y empresaria ha fichado a estos dos políticos del PP dentro de su empeño por convertir Morinvest en la mayor sicav de España.

Alicia María Koplowitz y Romero de Juseu (Madrid, 1952), la 13ª persona más rica de España según la última lista de la revista Forbes, es uno de esos nombres cuya sola mención remite a riqueza, clase altísima, aristocracia, poder. Hija y heredera del empresario de origen polaco Ernesto Koplowitz y de la aristócrata cubana Esther Romero de Juseu, la fortuna de Alicia Koplowitz se aproxima a los 2.500 millones de euros, según Forbes. Crucial en la conformación de su patrimonio es la herencia dejada por su padre, que falleció en 1960 en un accidente de equitación. Su principal negocio era Cycsa, germen de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), todo un seguro de fortuna para sus hijas Alicia y Esther, que controlaron la empresa desde principios de los 90 hasta que en 1998 la primera vendió a la segunda sus acciones en la compañía, un 28,2%, por más de 135.000 millones de pesetas.

Hoy Alicia Koplowitz es al mismo tiempo una de las principales coleccionistas de arte de España y una de las principales inversoras. Su buque insignia empresarial es el grupo Omega Capital, del que es presidenta y propietaria, y que controla la sicav Morinvest, inscrita en el registro mercantil en 1998, poco antes de la venta de sus acciones en FCC. Las sicav, con un ventajoso régimen fiscal, se diferencian de los fondo en la personalidad jurídica. "Mientras que la sicav tiene la forma de sociedad anónima, un fondo de inversión son patrimonios sin personalidad jurídica que pertenecen a un grupo de inversores", explica Renta 4, una entidad especializada en servicios de inversión.

La heredera y empresaria sufrió en 2021 un varapalo en el terreno nobiliario al perder en un pleito el Marquesado de Bellavista en favor de una señora cubana de más de 100 años. Pero lo ha compensado con éxitos en el terreno económico, donde su sicav, que tiene una capitalización superior a 600 millones de euros, es la tercera mayor de España, según la clasificación publicada por Forbes en 2022.

Este año la inversora madrileña se ha aliado con JPMorgan y BBVA Asset Management para liderar con Morinvest el panorama de las sicav en España mediante su apertura al pequeño y mediano ahorro. Según Expansión, el movimiento de Morinvest, que cuenta con 500 inversores, supone una "revolución" en el mercado de las sicav en España.

Para acometer esta "revolución", en el último año y medio Koplowitz ha llevado a cabo una reestructuración de su emporio inversor. Además, ha incorporado a su sicav a dos figuras del PP con destacada trayectoria institucional: José María Michavila, encargado de estos cambios en la estructura empresarial, y Javier Fernández-Lasquetty.

El primero, Michavila, fue diputado en el Congreso durante 18 años (1993-2011) y ministro de Justicia entre 2002 y 2004, tras haber sido desde 1996 secretario de Estado, primero de Relaciones con las Cortes y después de Justicia. Formó parte, fuera en el primer o en el segundo escalafón, de todos los gobiernos de José María Aznar.

Hermano del conocido sociólogo Narciso Michavila, José María Michavila entró en el consejo de administración de Morinvest en septiembre de 2022, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El exministro, que figura como consejero y secretario del consejo, coincide en el mismo con la propia Alicia Koplowitz, su hijo Alberto Cortina Koplowitz, fruto de su relación con el empresario Alberto Cortina, y ahora también con el propio Lasquetty, si bien este todavía no figura oficialmente como miembro en la información consultada por infoLibre.

Michavila accedió a dicho órgano después de asistir a Koplowitz en el proceso de fusión en una sola de las cuatro sicav de la empresaria, explica el propio exministro a este periódico. Lo hizo en calidad de director y socio del bufete MA Abogados, que comparte con otro exministro de Aznar, Ángel Acebes. "Tras terminar el proceso de integración, muy laborioso, Morinvest me propuso quedarme", explica Michavila, que afirma que no se ha prevalido de "ningún relación política" para este trabajo ni conoció a Koplowitz a través de sus responsabilidades políticas.

El consejero y secretario de Morinvest recuerda que lleva "cuarenta años de vida profesional", de los que once estuvo en política –actividad que dejó hace 19 años– y 29 ha ejercido el derecho bancario, tema de su tesis. Formado en Harvard, fundó su primer despacho en 1984 y ha trabajado para JP Morgan, Oliver Wyman y Royal Bank of Canada, desgrana. "El derecho bancario es mi trabajo y mi especialidad", recalca.

El segundo político del PP fichado por Koplowitz es Javier Fernández Lasquetty, con una destacada trayectoria política de más de veinte años y ligada fundamentalmente a cuatro nombres: José María Aznar, Esperanza Aguirre, Pablo Casado –que después de su salida de la política se ha dedicado también al negocio inversor– y finalmente Isabel Díaz Ayuso.

Lasquetty fue secretario general de FAES, la fundación de Aznar, entre 2004 y 2007. Tras un paso por el Congreso como diputado, se incorporó a los gobiernos de Esperanza Aguirre, primero como consejero de Inmigración (2007-2010) y después de Salud (2010-2014), responsabilidad desde la que se convirtió en un ejecutor de las políticas de privatización sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Tras una etapa como jefe de gabinete de Pablo Casado, siendo este presidente del partido, fue incorporado a su Gobierno por Ayuso en 2019 como consejero de Hacienda. En 2021 su cartera se amplió y pasó a ser de Economía, Hacienda y Empleo. El frecuentemente citado como "gurú económico" de Ayuso, que presenta como credenciales el haber ejecutado más de veinte bajadas de impuestos y haber derogado o flexibilizado más de 200 normas, no formó parte del Gobierno formado por la presidenta tras las últimas elecciones autonómicas, celebradas en mayo.

En octubre Lasquetty dejó su acta de diputado en la Asamblea de Madrid y abandonó el comité ejecutivo del PP regional para incorporarse al consejo de Morinvest, tal y como anunció en Linkedin el propio exconsejero, que trabajará codo con codo con Michavila. "Me siento muy feliz y muy honrado por unirme al consejo de administración de Morinvest, la sociedad de inversión que lidera Alicia Koplowitz, a la que agradezco su confianza. Morinvest es líder entre las sociedades de inversión, y con el impulso de su presidenta estoy seguro de que va a llegar mucho más lejos, generando una importante rentabilidad para los inversores que acuden a ella. Mi misión ahora es contribuir a ese propósito", señala Lasquetty, que da las gracias a todos los que lo "han ayudado" en sus años en política –a la que no ha descartado volver– y "sobre todo" a Ayuso, por ser "tan increíblemente inspiradora". Tanto la actual presidenta como Aguirre le permitieron, escribe, "poner en práctica" sus "valores" para "mostrar que la libertad funciona, que libres de trabas regulatorias y con menos impuestos, las empresas y las personas son increíblemente creativas y generan más oportunidades, más riqueza y más empleos".

Lasquetty, en respuesta por escrito a preguntas de infoLibre, afirma que su oportunidad de incorporarse a Morinvest surgió después de su salida del Gobierno de Ayuso, y que conoce a Koplowitz desde "muchos años antes" de ser consejero de Economía y Hacienda. ¿Qué diría que puede aportar a la sicav? "Experiencia en diseñar y ejecutar estrategias de transformación, con innovación y con buenos resultados. Capacidad de análisis. Experiencia en detección de riesgos. Conocimiento del entorno de comunicación", responde.

infoLibre trató de recabar comentarios para este artículo de Morinvest y de Omega, sin éxito.

Los tres principales fondos especulativos inmobiliarios que operan en España, Blackstone, Cerberus y Lone Star, emplean o han empleado a apellidos notables de la política y la banca para su penetración en España, hoy determinante en el mapa de la propiedad de la vivienda.

El número uno en España de Blackstone es Claudio Boada, hijo de un gestor y directivo empresarial en los sectores público y privado de gran relevancia desde los años 70 y conectado tanto con la élite tardofranquista como con los pilotos de las reformas económicas del PSOE en los 80. José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, ambos del PP, figura como asesor de Cerberus. Lone Star recurrió hasta diciembre de 2017 a los servicios de Felipe Morenés, hijo de Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

Blackstone, Cerberus y Lone Star son los tres fondos estadounidenses que más cantidad de ladrillo acumularon en la salida de la recesión en España. Según un reciente balance publicado por Expansión, estos tres colosos del capital riesgo adquirieron a la banca en siete años activos tóxicos por valor de 77.000 millones entre inmuebles y créditos morosos. Son las tres entidades a las que los críticos con su práctica especulativa, sobre todo en el movimiento de defensa del derecho a al vivienda, identifican más plenamente con el concepto de "fondo buitre", etiqueta que estos gestores de activos rechazan. Ellos prefieren destacar que con su irrupción en el mercado contribuyeron a sanear la banca.

De entre los tres superfondos, sobresale Blackstone, compañía a la que el Ayuntamiento de Madrid –durante la etapa de Ana Botella en la alcaldía– vendió más de 1.800 pisos públicos. Es una empresa objeto de crítica permanente por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos de inquilinos, que la acusan de abusar de su posición.

La firma, a la que es frecuente que se aluda como "el mayor casero de España", se hizo con los 30.000 millones de riesgo inmobiliario del Banco Popular que el Santander sacó a la venta en 2017, tras comprar la entidad, en lo que según Expansión es la operación que marca la diferencia y sitúa a Blackstone la primera en el escalafón de acumuladores inmobiliarios tras la gran crisis.

¿Y quién está al frente de este titán? Su cúspide en España la ocupa Claudio Boada Pallarés (1952), "senior advisor" y "chairman Iberia" de Blackstone, es decir, su número uno en España y Portugal. Boada, fichado por Blackstone en 2012, año del desembarco de la gestora de activos en el país, luce un apellido que seguramente no sonará tanto al lector como Botín o Aznar. Pero no es un apellido cualquiera. No en vano, aparece en buena parte de la historia económica española de los últimos 50 años.

Nacido en Barcelona en 1920, Claudio Boada Villalonga, Boada padre, desarrolló desde los años 50 una brillante carrera empresarial. En 1951 se incorporó a la Empresa Nacional de Autocamiones SA (Pegaso), de la que llegó a ser director gerente y vicepresidente en 1962. Cinco años después asumió la presidencia de Altos Hornos de Vizcaya antes de recalar, en 1970, en la máxima jefatura del Instituto Nacional de Industria (INI), donde trabajó "en perfecta sintonía" con el que era ministro del ramo, José María López de Letona, según recoge su ficha en la Real Academia de Historia.

Su carrera es una sucesión de grandes nombres del sector público y privado. Entre 1974 y 1981 asumió las presidencias de los bancos Madrid y Catalán de Desarrollo, así como de Ford España. En 1981 fue designado presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). La presidencia del Banco Hispano Americano fue su siguiente destino, al que llegó en 1985. Recibió las Grandes Cruces al Mérito Naval, al Mérito Aeronáutico, al Mérito Civil, de Isabel la Católica y de la Orden Civil de Alfonso X.

Más allá del currículo, fue un hombre sumamente influyente y bien conectado. El Mundo, en una crónica sobre Boada, fallecido en 2006, recalca su pertenencia al "clan de la Dehesilla" una especie de club social privado cuyos miembros, al final del franquismo, se fueron posicionando en altos cargos de la administración y la empresa para pilotar la economía, una dinámica que se extendió a la etapa felipista. Aquel círculo de la élite reformista forma parte de lo que se dio en llamar la beautiful people. Las crónicas sobre Boada destacan su amistad con Miguel Boyer, el nombre que antes acude a la mente al hablar de aquel tiempo de grandes planes y negocios.

Su hijo Claudio, primer ejecutivo de Blackstone en España, ha sido presidente del Círculo de Empresarios (2004-2012) y directivo de Lehman Brothers en España. Dentro del grupo Blackstone, figura como presidente de Anticipa Real Estate y de Testa Inmobiliaria y Fidere y como miembro del consejo de administración de HIP Hotel Investment Partners. Además, es consejero de Abertis, el gigante de la gestión de autopistas.

Cerberus y Aznar Botella

Otro gran nombre propio vinculado a Blackstone es el de Joan Clos, exalcalde de Barcelona y exministro con el PSC. Clos preside el lobby inmobiliario Asval, que tiene en Blackstone a su socio con mayor número de pisos. Al mismo tiempo, Clos es parte del Consell Assessor de Salvador Illa, líder del PSC. Clos permite ilustrar una constante: en el mundo de los fondos de inversión, resulta valiosa la aportación que puede hacer el político cuando se toma un descanso de su tarea de servicio público. ¿Por qué es importante? Por sus conocimientos, por su capacidad de influencia, también por sus contactos y su acceso a los despachos donde se toman las decisiones. Pero no sólo puede ser útil el político. También el próximo al político. Así que cuando una compañía incorpora a un hijo de, es imposible precisar cuánto hay de mérito intransferible del contratado y cuánto de réditos por un apellido abrepuertas. Lo seguro es que Cerberus, otro fondo en el podio de acaparadores de ladrillo tras la recesión, empleó para penetrar en España a José María Aznar Botella.

El rango en Cerberus del hijo del presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 y de la alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015 es menor que el de Boada en Blackstone. Y también es menor la transparencia sobre su relación. Cerberus, que ha comprado activos del BBVA, Caixabank y el Sabadell, no aclara a infoLibre cuándo comenzó la relación de Aznar Botella con la compañía, ni siquiera si esta continúa. Lo comprobable es que Aznar continúa identificándose como "advisor" (asesor) de Cerberus Capital Management.

El hijo del expresidente también se presenta como directivo de la que era inmobiliaria de Cerberus, Haya Real Estate, que fue adquirida por la sueca Intrum en septiembre por 136 millones. Este periódico trató de precisar a través de Haya Real Estate cuándo empezó y si ha terminado el vínculo de Aznar Botella con la compañía, sin resultado. Tampoco Aznar Botella –que es presidente de su propia firma de inversión, Poniente Capital, fundada en 2011– respondió a las diversas solicititudes de información y contacto realizadas. Al igual que ocurre con Blackstone, el movimiento en defensa del derecho a la vivienda digna tiene a Cerberus –y su relación con Aznar– en el punto de mira.

La trayectoria de Aznar Botella tiene –con sus inevitables diferencias– elementos en común con la de Beatriz González –hija de un expresidente del BBVA, Francisco González– o con la de Felipe Morenés –hijo de la actual presidenta del Santander, Ana Botín–. Partiendo de posiciones prominentes por apellido, todos ellos han desarrollado exitosas carreras en el terreno de la gestión de inversiones, donde los contactos para identificar oportunidades son clave y reunir capitales en proyectos conjuntos también.

La última compañía del triplete de megagestoras del ladrillo, Lone Star, que absorbió buena parte de la cartera de inmuebles de Caixabank, ha recurrido precisamente a los servicios de Morenés, hijo, nieto y biznieto de presidentes del Santander y hoy casado con Julia Puig, heredera de la saga empresarial de perfumes, moda y belleza Puig. Morenés se identifica como directivo de Lone Star entre 2013 y 2017, periodo en el que participó en las operaciones de inversión del fondo en Europa. "Fue responsable del análisis, estructuración y supervisión de varias inversiones en deuda y capital", señala su ficha de consejero en Neinor Homes, compañía surgida en 2015 de la compra por parte de Lone Star de la promotora de Kutxabank.

El mayor de los tres hijos de Ana Botín confundó en 2018 Stoneshield, que Morenés ha definido como "mezcla de real estate, private equity e, incluso, venture capital", es decir, de empresa del sector inmobiliario e inversora que emplea distintas fórmulas para entrar en el capital de las sociedades. "Utilizamos nuestra amplia red de contactos ["network", es la palabra en inglés] y nuestras exclusivas asociaciones estratégicas ["unique strategic partnerships"] para crear un valor excepcional en sectores con desequilibrios entre la oferta y la demanda", afirma la compañía en su web.

Menor entidad que los tres superfondos citados tiene Peninsula Capital, una compañía de asesoramiento y gestión de inversiones cuyo listado de empresas participadas incluye 13 sociedades en Italia, Francia y España de los sectores sanitario, tecnológico, de moda, industrial y del transporte, entre otros. A pesar de las claras diferencias de escala, el análisis de los rostros de Peninsula permite extraer un elemento común a las empresas repasadas en este artículo: los apellidos notables.

En su equipo inversor figuran:

– Javier Prado, hijo de Borja Prado, presidente de Mediaset y expresidente de Endesa. De larga trayectoria en el sector financiero, siempre cerca del poder y explotando sus estrechos vínculos con Italia, amigo y asesor de Florentino Pérez, Prado padre es fundador y directivo de Peninsula. Además, es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y administrador de la fortuna del rey emérito. Antes de incorporarse a Peninsula, su hijo Javier trabajó en JP Morgan.

– Carlos Cortina Lapique, hijo del expresidente de Repsol Alfonso Cortina y de Myriam Lapique –hermana de la celebrity Cari Lapique–. Cortina hijo, antes de entrar en Peninsula, ya fue asesor de Borja Prado en Endesa.

– Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Nacido en 1986, Sarkozy Jr. se incorporó a Peninsula en 2017 y dirige las actividades de la empresa en Francia y Benelux. En enero de este año, infoLibre publicó una exclusiva internacional que ilustra cómo las relaciones entre el padre de Jean, Nicolas Sarkozy, y Prado están engrasadas por abundante dinero: el expresidente francés recibió en 2018 más de 3 millones de euros de dos sociedades luxemburguesas gestionadas por Peninsula. ¿A cambio de qué? De una supuesta asesoría, si bien la investigación realizada por EIC, red a la que pertenece este periódico, pone en duda esta versión.

Da igual que se llamen Blackrock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.

La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.

Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. infoLibre publica en exclusiva esta investigación periodística, que forma parte de una serie sobre el sector cuya publicación iniciamos hace dos semanas [puedes consultar aquí todas las informaciones].

Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.

Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.

De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.

El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.

Las 23 empresas analizadas controlan en total 26 minas o proyectos, cuyos datos esenciales figuran en el siguiente cuadro.

En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.

La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.

Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.

Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.

También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.

El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.

El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.

El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.

En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.

En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.

El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a Blackrock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.

Blackrock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.

La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.

Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.

La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.

Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.

De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).

Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.

Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.

La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.

No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.

En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (Blackrock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.

La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.

Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.

El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.

Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.

En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.

Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.

Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves  y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.

Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.

Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta  y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.

Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.

La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.

El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.

En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.

En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.

También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.

Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.

Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.

Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.

Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.

El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto.