Transparencia

Justicia "intentará recabar" la lista de inscripciones, pero incumplirá por "seguridad jurídica" la resolución del Congreso que le exige "reclamar su titularidad". El primer listado oficial de bienes en toda España, que excluirá el periodo 1946-1998, sólo abre una incierta vía de impugnación judicial.

PP, Unidos Podemos y Ciudadanos culpan del bloqueo a los socialistas, quienes por su parte reclaman dedicación exclusiva de los parlamentarios. Los grupos se emplazaron a retomar las conversaciones a finales de este mes.

En el apartado de transparencia de la Diócesis no aparecen los ingresos por el monumento, pero sí más de 8,5 millones de "aportaciones voluntarias". El Cabildo se beneficia de una fiscalidad de ONG pese a su actividad empresarial e inversora.

Compartirán la limitación de los secretarios generales de no permanecer en el cargo más de tres mandatos.

La constructora de Florentino Pérez, ACS, es la empresa no financiera del selectivo con más filiales offshore: suma 152.

Entre las fórmulas que se barajan está la reforma del Reglamento para introducir mayores controles y un régimen de sanciones para quienes oculten datos cuya publicidad es obligada.

El Ejecutivo se limita a señalar que "se enviaron notificaciones a los presentadores de la declaración tributaria especial". E insiste en el "carácter reservado de los datos" en base a la Ley General Tributaria.

Según el Tribunal de Cuentas, el PSOE financió a través de créditos un 64,7% de su campaña, por un 51,4% del PP. Unidos Podemos y sus confluencias, por el contrario, no recibieron ningún préstamo bancario.

Transparencia Internacional publica un informe en el que plantea los requisitos que ha de cumplir la institución para ser un organismo eficiente.

Carmen Prieto, afín a una nueva "plataforma" fuera de Ciudadanos, dice que es víctima de una represalia por pedir el "desglose de los gastos" del grupo y donar sus dietas. El partido atribuye la medida a su inasistencia a las reuniones durante dos meses y medio.

El PP plantea una reforma del reglamento de la Cámara que establece la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión cuyo control queda en manos de la Presidencia de la institución.

Por grupos, 20 son del PP, 6 de Ciudadanos, 5 de Podemos, 2 del PSOE y 2 del Mixto. La falta de acuerdo de los socialistas, que abogan por la dedicación exclusiva, ha llevado a que Ana Pastor aplace el pleno en el que este jueves se iban a votar los expedientes.

Exigen al Gobierno español que apueste por una "mayor transparencia" sobre el proceso de homologación.

Quieren un marco de contratación pública que "combine modernidad y derechos, transparencia y oportunidades para todos, usabilidad y sostenibilidad".