Ayuso se refugia en la emergencia nacional para descargar en Sánchez el coste político de los incendios

Dos grandes incendios forestales asolan la Comunidad de Madrid y el jueves por la noche la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso  reconoció que sus medios no bastaban para contener su avance en las localidades de Aldea del Fresno, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en el suroeste de la Comunidad de Madrid, y pidió al Gobierno central que declarara la emergencia de interés nacional. De esta manera, el operativo quedaba bajo la dirección del Ministerio del Interior y se trasladaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad inmediata sobre la evolución de la crisis.

La petición buscaba movilizar todos los recursos disponibles ante una situación que desborda la capacidad autonómica. Pero también ha evidenciado que a Ayuso no le queda más remedio que recurrir al Gobierno de Sánchez, al que cuestiona diariamente, ante la incapacidad autonómica para atajar un problema cuando reviste cierta gravedad. Se trataría de una situación habitual si no fuera porque desde el momento en que el Estado asumió el mando, el foco ha dejado de estar únicamente sobre la prevención, los medios y las decisiones de la Puerta del Sol y ha pasado a situarse sobre la respuesta de Moncloa.

La baronesa del PP ha vuelto así a una fórmula ya utilizada en otras crisis: nacionalizar la gestión cuando la emergencia supera a la Comunidad y autonomizar el relato para conservar la iniciativa política. Ocurrió durante el apagón y la pandemia y ahora con los incendios. El Ejecutivo de Ayuso cede el mando operativo mientras Sol se reserva el derecho a repartir las responsabilidades ante lo que ella misma ha calificado como “el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid” algo que, según aseguró, le está “costando mucho asumir”.

La orden publicada en el BOE es clara. Desde la activación del nivel 3, corresponde al ministro del Interior “la dirección de la emergencia”, incluida la coordinación de los recursos estatales, autonómicos y locales. La dirección operativa queda en manos del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Es decir, Sol continúa aportando sus efectivos, pero la cadena de mando ya no acaba en la Administración madrileña. La gravedad de los incendios, su dimensión supraautonómica y la amenaza sobre zonas habitadas justificaban, según la orden, esa dirección única.

La presidenta madrileña señaló este viernes que “la coordinación” con el Gobierno central estaba “siendo buena”. “Y creo que es absolutamente necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de un mecanismo que marca la ley. Hablamos de tres comunidades autónomas y de riesgo para la vida. Y cuando hay este volumen de personas confinadas o desplazadas, cuando se han tenido que evacuar residencias y centros de salud, es cuando precisamente la Administración del Estado ha de estar”, dijo, para justificar la declaración del estado de emergencia.

Una petición por carta anunciada en las redes

La solicitud de la Comunidad de Madrid llegó mediante una breve comunicación y fue anunciada simultáneamente por Ayuso en su cuenta de X. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, reprochó las formas y habló de “una escueta carta con la que ha sacado un tuit”. Martín sostuvo que una decisión de esa importancia debía explicar si respondía a una incapacidad técnica, operativa o a la previsión de que los incendios no pudieran ser controlados. Pese al desencuentro, el ministerio del Interior aceptó la solicitud aproximadamente dos horas después y extendió la emergencia nacional a la provincia de Ávila, concretamente en la localidad de Burgohondo.

El Gobierno intentó inicialmente mantener un tono institucional. Sánchez presidió el comité estatal de coordinación, aseguró que se habían desplegado todos los efectivos y prometió apoyo durante la emergencia y la posterior recuperación. Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que corresponde al Estado asumir inmediatamente la dirección cuando una Administración menor no puede hacerlo. “El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria, para eso está el Gobierno central, para asumirla inmediatamente”, señaló este viernes. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, quebró esa contención. Acusó a los gobiernos autonómicos del PP de reducir impuestos, debilitar los servicios públicos y pedir después al Ejecutivo central ayuda. “Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, liberalizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta”, señaló en X. Un mensaje que Ayuso no tardó en responder: “El primer mamarracho que se ponga por medio para calentar el ambiente allá él”, dijo ante la prensa.

De nuevo, Puente replicó: “De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú”. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, siguió la línea argumental de la presidenta madrileña y calificó de “miserable” la actitud de Puente y del delegado del Gobierno. “Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego”, afirmó, al tiempo que reclamaba “todos los recursos disponibles” y “coordinación leal entre administraciones”.

Dos semanas antes de la emergencia, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya había presentado al Gobierno de Sánchez como responsable de garantizar los medios extraordinarios de extinción. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, lo advirtió así: “El Gobierno está paralizado, pero los incendios no esperan”, al tiempo que exigió la movilización de todos los recursos necesarios. Génova preparaba así un marco en el que las comunidades gestionan ordinariamente la prevención y la extinción, pero la insuficiencia de medios se atribuye a la falta de apoyo del Gobierno central.

Los bomberos forestales se plantan ante Ayuso

El relato contrasta con el balance triunfalista que el Gobierno de la Comunidad de Madrid había difundido nueve días antes de la catástrofe. El pasado 15 de julio, la Comunidad de Madrid celebraba que el 81% de los incendios registrados durante el año hubieran quedado reducidos a conatos. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, atribuía ese resultado a las labores de prevención y a la rapidez de los profesionales del plan autonómico contra incendios.

La emergencia ha coincidido, además, con un conflicto laboral y organizativo que afecta a una parte de los bomberos forestales públicos madrileños. Los trabajadores han denunciado que decenas de efectivos permanecían inoperativos por carecer de vehículos y herramientas y que sus solicitudes para participar en distintos incendios habían sido ignoradas. “No tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados”, lamentan. Según representantes laborales, las unidades forestales que antes operaban desde 19 parques dejaron de hacerlo durante el conflicto, aunque sí participaron en los incendios los efectivos contratados a través de Tragsa, un grupo de empresas públicas españolas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que funciona como medio propio y servicio urgente de las administraciones.

El conflicto contiene, además, otro precedente de la estrategia de Ayuso. En agosto de 2025, ante las protestas de los brigadistas externalizados, la presidenta afirmó que “las mejoras salariales dependen del Gobierno central, no son de nuestra competencia”, porque los trabajadores estaban contratados por Tragsa y señaló que le sorprendía que la huelga se produjera en Madrid porque las condiciones laborales “no son ni mucho menos las peores de España”, aludiendo a una supuesta motivación política. Días después, el Ejecutivo autonómico se abrió a prolongar los contratos durante todo el año y a incorporar mejoras mediante su propio contrato con la empresa pública, reconociendo en la práctica que sí disponía de instrumentos para actuar.

El precedente casi idéntico del apagón y la pandemia

La emergencia nacional de los incendios tiene un único antecedente: el apagón del 28 de abril de 2025. También entonces Madrid solicitó el nivel 3 y el Ministerio del Interior asumió la dirección de la crisis en la comunidad. La secuencia política fue prácticamente la misma. Ayuso pidió al Ejecutivo central que tomara el mando y, al día siguiente, utilizó la gestión de la emergencia para atacar a Sánchez: “Falla tres de cada tres. Veremos cuánto tarda en decir que la culpa es de Madrid por su consumo”, señaló. También calificó la actuación del Gobierno de lenta e ineficaz y comparó la imagen de España con la de un país que se apagaba “a la venezolana”.

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Seis de las ocho comunidades que habían solicitado la emergencia nacional pidieron volver al nivel dos al día siguiente, cuando el suministro y los servicios básicos estaban prácticamente normalizados. Madrid y Extremadura mantuvieron el nivel tres, de modo que Grande-Marlaska continuó dirigiendo la recuperación en ambos territorios. La cesión del mando no impidió que Ayuso utilizara después el apagón como munición contra la Moncloa. Durante el acto institucional del Dos de Mayo habló del “bochornoso apagón” y sentenció que los ciudadanos no podían acostumbrarse “al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira”: “A nosotros nadie nos encierra, nos apaga ni nos deja en evidencia ante el mundo”, señaló.

La fórmula también apareció durante la segunda ola de la pandemia. El PP reclamó durante semanas medidas homogéneas y una mayor intervención estatal, alegando que la responsabilidad última correspondía al Gobierno. Cuando el Ministerio de Sanidad estableció criterios comunes y trató de intervenir ante la elevada incidencia madrileña, Ayuso denunció una “irresponsable obsesión” de Sánchez por desestabilizar la comunidad. Después de que los tribunales dejaran sin cobertura algunas restricciones, el Gobierno decretó el estado de alarma en Madrid. La Comunidad rechazó la medida, la calificó de “chantaje” y presentó como una intervención política de Sánchez lo que hasta poco antes el PP había exigido como ejercicio de responsabilidad estatal.

La pauta que conecta ambos episodios con los incendios no consiste simplemente en pedir ayuda, ya que todas las administraciones lo hacen cuando una emergencia supera su capacidad. El rasgo distintivo del Ejecutivo de Ayuso es la distribución del mérito y de la culpa: los resultados favorables se atribuyen al modelo madrileño, las carencias estructurales se externalizan hacia el Gobierno o las empresas públicas estatales y, cuando el Ejecutivo central central interviene, queda expuesto como responsable operativo mientras cualquier crítica a Sol se presenta como deslealtad institucional.