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El patrimonio del presidente madrileño

Extrabajadores de Telemadrid se querellan en el Supremo contra González por 7 delitos

Tono Calleja / Alicia Gutiérrez

Extrabajadores de Telemadrid han presentado este lunes en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según ha podido saber infoLibre. Los querellantes consideran que el ático de González en Estepona es "una dádiva" que recibió de Enrique Cerezo a cambio de decisiones que favorecieron al empresario audiovisual y presidente del Atlético de Madrid y que provocaron la descapitalización de Telemadrid.

Este miércoles, precisamente, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acabó con 861 puestos de trabajo en Telemadrid. El ERE se justificó por la existencia de un agujero de 240 millones de euros en la cadena autonómica.

En la querella criminal se acusa a Ignacio González de la presunta comisión de siete delitos: cohecho, prevaricación, administración fraudulenta, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delitos contra Hacienda y asociación ilícita.

Los extrabajadores de Telemadrid sostienen que el político madrileño del PP es "el propietario real y efectivo" del ático de lujo que tiene en Estepona desde el momento en que fue adquirido, en 2008, a nombre de la sociedad radicada en el paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) Coast Investors "con recursos relacionados con el entorno de Enrique Cerezo". Según la versión de González y de su mujer, Lourdes Cavero, el matrimonio alquiló en 2008 la vivienda y la acabó comprando en diciembre de 2012.

En todo momento, Ignacio González ha defendido la legalidad de sus actuaciones en relación al ático. Su versión es que desde 2008 paga un alquiler de 2.000 euros mensuales y que desde diciembre de 2012 ha adquirido el inmueble a la sociedad Coast Investor, del empresario mexicano Rudy Valner, que reside en Estados Unidos y es un testaferro profesional. 

Las operaciones sospechosas

Los querellantes realizan una detallada descripción de las operaciones millonarias que supuestamente favorecieron a Enrique Cerezo y que provocaron un agujero millonario en Telemadrid. Y respaldan su denuncia con múltiples documentos e informaciones periodísticas, entre ellas varias desveladas en exclusiva por infoLibre.

Una de las operaciones más voluminosas, que contaron con el visto bueno dle Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González, fue la adquisición por parte de Telemadrid de los derechos del fútbol del Atlético de Madrid por 230 millones de euros. Dicha inversión se llevó a cabo, destaca la denuncia citando una información publicada por este periódico, sabiendo "que los números generaban déficit" y por tanto perjudicarían a la televisión pública madrileña.

La empresa que compró los derechos del fútbol se llama Madrid Deporte Audiovisual (MDA) y ahora está en concurso de acreedores. Sus accionistas eran Telemadrid (49%), Caja Madrid (47,5%), Atlético de Madrid (2,5%) y Getafe (1%). Pese a que un informe interno de Caja Madrid aseguraba que esta sociedad solo comenzaría a ganar dinero a partir del octavo año, el contrato se firmó con los clubes por cinco años. Es decir, desde el principio los directivos de MDA sabían que no podrían recuperar el dinero. Además, el acuerdo se rompió al tercer año, una decisión que según fuentes de la entidad financiera está siendo revisada por los tribunales.

Madrid Deporte Audiovisual protagonizó una segunda operación ruinosa para sus intereses: pagó al menos 24 millones de euros al Atlético de Madrid por otro contrato publicitario que el club presidido por Cerezo no cumplióAtlético de Madrid . Los pagos se realizaron entre 2007 y 2011, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. Fuentes de Bankia y del Atlético admitieron que Madrid Deporte Audiovisual no comercializó los espacios publicitarios a los que tenía derecho, en las camisetas del equipo rojiblanco y en el estadio Vicente Calderón. Es decir, MDA le pagó 24 millones al Atlético a cambio de unos espacios publicitarios que jamás utilizó.

Además de los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid, la querella incluye entre los supuestos favores de González a Cerezo la adjudicación por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre de una decena de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en todas las demarcaciones de la Comunidad de Madrid. Al obtener una frecuencia en cada demarcación, Cerezo pudo crer de hecho "una emisora autonómica sobre la base de licencias locales", denuncia el escrito de los extrabajadores de Telemadrid.

El 28 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló el concurso de las TDT. Y desde el Gobierno regional se aseguró que se trataba únicamente de la existencia de "un defecto formal". Una vez que se subsanó dicho defecto, el entonces vicepresidente, Ignacio González, volvió a adjudicar las frecuencias a las mismas empresas. La sociedad de Enrique Cerezo, Televisión Digital Madrid SLU, consolidaba así una licencia de TDT en cada una de las demarcaciones en las que se había dividido el mapa audiovisual de la Comunidad. Ello supuso "establecer una emisora de ámbito regional con capacidad de llegar a un amplio espectro de la población, aspecto fundamental para aumentar los ingresos derivados de la publicidad", se destaca en la querella.

Precisamente, la gestión de la publicidad de Telemadrid es la cuarta operación que se denuncia en la querella, y que supuso un beneficio para Enrique Cerezo originada en la televisión autonómica. La comercialización publicitaria del canal público también acabó en manos de Cerezo, cuya sociedad Boomerang se hizo con el 30% de la empresa que la gestionaba: Multipark S.A. El resto de capital de esta sociedad estaba en manos de Telemadrid (35%) y Caja Madrid (35%).

De esta forma, Telemadrid dejaba en manos de Cerezo, propietario de un canal autonómico y por tanto de uno de sus principales competidores, la gestión de la publicidad. También aquí la querella se hace eco de una información publicada por infoLibre. Se trata en concreto de una noticia relacionada con un correo secreto del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, en el que acordó hacer negocios con el presidente del Atlético de Madrid pese a tener conocimiento de que este empresario había hecho perder dinero a la caja.

Además de los derechos audiovisuales y publicitarios del Atlético de Madrid, la gestión de la publicidad de Telemadrid y las adjudicaciones de la Televisión Digital Terrestre (TDT), la cadena autonómica favoreció a Cerezo, según la querella, con una quinta operación: la compra de derechos de televisión a empresas de su grupo. Así, abonó al menos 1,2 millones de euros a la empresa Videomercury; 210.00 euros a la sociedad de nombre Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas SA para la producción de la película The Inquiry y otros 90.000 por los derechos de emisión; y otros 300.000 euros a la firma CIPI Cinematográfica SL para la película Todos estamos invitados (210.000 para la producción y 90.000 por los derechos de emisión).

Todas estas decisiones de Telemadrid no tuvieron el control del consejo de administración, pues el Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2005 multiplicar por cuatro el límite máximo de contratación del director general de Telemadrid –en aquel momento Manuel Soriano– sin la autorización previa del consejo. La capacidad de gasto del director general sin control del consejo era de 150.000 euros hasta el año 2005, y gracias al Gobierno de Aguirre pasó a ser de 600.000 euros.

Un par de años más tarde, en 2007, el Gobierno de Aguirre permitió que el consejo de administración de Telemadrid dejara en manos de una comisión delegada los gastos superiores a 600.000 euros. Una comisión delegada cuyos cuatro componentes llegaron a cobrar algún mes cerca de 2.000 euros al mes en dietas, según admitieron a infoLibre fuentes de dicho órgano.

Finalmente, según los querellantes, hay una sexta operación que supuestamente favoreció a Cerezo: la adjudicación a Boomerang TV de un contrato por parte de la empresa pública del agua, el Canal de Isabel II, controlada por Ignacio González. Boomerang TV fue adjudicataria por parte de la Comunidad de Madrid del acto de inauguración de los Teatros del Canal. El presupuesto que presentó Boomerang TV ascendía a 1,2 millones de euros, a los que había que sumar el 16% de IVA (196.000 más). Es decir, 1,5 millones de euros para una inauguración por la que Boomerang TV tuvo un 98% de beneficio.

el ático en Estepona, "dádiva" de cerezo

La querella de los extrabajadores de Telemadrid vincula estas decisiones tomadas por entidades que controlaba de forma directa o indirecta Ignacio González –Vicepresidencia de la Comunidad, Telemadrid o el Canal de Isabel II– con el inmueble que viene disfrutando el presidente madrileño en Estepona al menos desde 2008. Y por eso relata cada una de las evidencias de esta vinculación para concluir que, en realidad, se trata de una "dádiva" entregada por Cerezo a González.

Así, se indica en la querella, el ático fue adquirido a nombre de "una estructura societaria cuyo último vértice conocido, la sociedad Waldorf Overseas LTD. aparece gestionada por un despacho de abogados (Mossak Fonseca & Co) dedicado a la ocultación de patrimonios y con antecedentes por esa razón".

Los querellantes destacan que en la adquisición del ático ha intervenido directamente el empresario mexicano afincado en Estados Unidos Rudy Valner, "que aparece como apoderado de la sociedad nominalmente titular de la finca [Coast Investors], que ha sido de la estrecha confianza de Enrique Cerezo".

Otro de los puntos que conectan el ático y Cerezo es la empresa Egeda, de la que es presidente el empresario madrileño. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) es una sociedad que representa y defiende los intereses de los productores audiovisuales asociados a esta. Desde 1998 su presidente es Enrique Cerezo y su secretario general es José Antonio Suarez Lozano, del despacho Dehesa Abogados. Rudy Valner fue también secretario de la división de Estados Unidos de Egeda.

Pues bien, la querella resalta también que la gestión en España de la empresa a nombre de la que ha figurado el ático –Coast Investors– ha contado con el apoyo del despacho de abogados Dehesa Abogados, que tiene entre sus principales clientes al presidente del Atlético de Madrid.

Los extrabajadores señalan que, si los datos oficiales sobre el ático fuesen ciertos, la inversión no tendría ningún sentido para Coast Investors, ya que esta empresa declaró recibir 2.000 euros de alquiler al mes por un inmueble cuyos gastos de comunidad eran 1.750 euros mensuales. Por tanto, desde el punto de vista de Coast Investors "no ha sido rentable, teniendo en cuenta el importe del alquiler percibido y los gastos de comunidad, como tampoco lo ha sido, indiciariamente, su liquidación si se tienen en cuenta los precios de adquisición y venta".

La escritura de compraventa del inmueble detalla que en diciembre de 2012 González y su mujer adquierieron el inmueble, aunque lo disfrutaban en régimen de alquiler desde el año 2008. El primero es dueño del 20% y la segunda del 80%. El precio final de adquisición fue de 770.000 euros, cuando previamente Coast Investors había abonado al empresario vasco Pedro Javier Villate 750.000 euros. La denuncia especifica que la adquisición en diciembre de 2012 del ático por parte de González y de su mujer tuvo lugar cuando tuvieron conocimiento de que había en marcha "una investigación judicial para averiguar su titularidad".

LOS PRESUNTOS DELITOS

Después de este relato de los hechos, la querella identifica, uno a uno, los delitos que González y las otras personas implicadas podrían haber cometido. Son los siguientes:

  • 1) Cohecho: Lo habría cometido por recibir una "dádiva", que sería el ático de lujo de Estepona, "a cambio de la realización de actos contrarios a los deberes inherentes a su cargo".
  • 2) Prevaricación: La querella considera que González ha podido adoptar resoluciones, "en su ámbito de actuación", que por su carácter arbitrario e injusto pudieran ser constitutivas de prevaricación.
  • 3) Administración fraudulenta. Los querellantes entienden que "es clara y manifiesta la existencia de un perjuicio económicamente evaluable del Ente Público Radio Televisión Madrid debido a la disposición fraudulenta de sus bienes, así como al conjunto de sus trabajadores, realizada mediante una gestión controlada políticamente por el querellado en la que ha prevalecido el favor personal frente al beneficio social y a los objetivos que le fueron encomendados, gracias una serie de ruinosas inversiones y contrataciones, que a la postre provocaron la descapitalización" de Telemadrid.
  • 4) Tráfico de influencias. Los exempleados del canal madrileño sostienen que es difícil negar que de la ejecución y desarrollo de las actividades relatadas se desprende "un claro uso inapropiado de la función pública, con el obvio interés de facilitar negocios privados mediante la contratación de servicios y concesión de licencias".
  • 5) Receptación y blanqueo de capitales. De confirmarse el contenido de la querella, Ignacio González habría “blanqueado” dinero proveniente de actividades ilícitas o producto de delitos, lo que viene tipificado como delito blanqueo de capitales. . 
  • 6) Delito contra la Hacienda Pública. En el caso de que no el ático no se considere una dádiva entregada por Cerezo a González, los querellantes creen que el presidente madrileño habría cometido delito fiscal al usar "fondos de origen desconocido" que no aparecen en sus declaraciones tributarias.
  • 7) Asociación ilícita. Los extrabajadores de Telemadrid consideran que las actuaciones descritas no son una conducta puntual, sino que todo apunta a que "estaríamos ante una práctica organizada y coordinada incrustada desde hace años en la más alta dirección del Gobierno madrileño convirtiéndolo en un instrumento que, además, permitiría asegurar al responsable, y responsables de dichas actividades delictivas, altos niveles de impunidad".

Las diligencias que solicitan

De admitirse a trámite por el Supremo la querella presentada por los extrabajadores de Telemadrid, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Mariana Peregrina, tendría que ceder la investigación, en la que está imputada la mujer del presidente madrileño, Lourdes Cavero. Además, el sumario tendría que ser remitido al Tribunal Supremo, que sería el órgano encargado de investigar a González, según especifica el Estatuto de Autonomía madrileño al describir su aforamiento.

En la actualidad la investigación está a la espera de que la Audiencia Provincial de Málaga confirme o no el traslado de la investigación a la Audiencia Nacional, después del intento de la jueza de que fuera este tribunal el que prosiguiera las pesquisas. La acusación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) se opone a esta decisión de la jueza Mariana Peregrina.

La querella de los extrabajadores de Telemadrid enumera múltiples diligencias que considera necesarias para esclarecer los hechos denunciados. Además de solicitar diversa documentación a Telemadrid y Madrid Deporte Audiovisual, destaca la petición de que se libre una comisión rogatoria a Estados Unidos para que se aporte la identidad real y efectiva del titular de las cuentas desde las que salió el dinero para comprar el ático en 2008, y la identidad del propietario de la sociedad Coast Investors. También reclama que se requiera a US Bank, Merrill Lynch y Bank of America los movimientos bancarios entre Rudy Valner, Coast Investors, Walfort o Waldorf. Mossack y cualquier cuenta de Enrique Cerezo o de sus compañías.

La querella también destaca la necesidad de que declare como imputado Ignacio González. Y solicita que testifiquen los exdirectores generales de Telemadrid Manuel Soriano e Isabel Linares; el actual director general del ente, José Antonio Sánchez; el subdirector general, Ángel Martín Vizcaíno; y dos integrantes del consejo de administración elegidos por el PSOE (José Miguel Villa) y por IU (José Antonio Moral Santín). Villa se opuso a las operaciones que terminaron descapitalizando a Telemadrid, mientras que Moral Santín apoyó la mayoría de ellas. También piden al Tribunal Supremo la declaración de Rudy Valner, así como de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, el escrito pide al Tribunal Supremo que requiera al diario infoLibre para que aporte copia del mensaje enviado por un empleado de Caja Madrid y publicado el 31 de diciembre de 2013, así como "las pruebas documentales que dice tener" del pago de los derechos publicitarios del Atlético de Madrid por importe de 24 millones de euros.

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