El futuro de Cataluña

Así funciona la extradición desde Bélgica

El destituido president de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont dio explicaciones este martes desde Bruselas, país al que se desplazó en secreto junto a cinco de sus consellers. Veinticuatro horas después de que la Fiscalía General del Estado, capitaneada por José Manuel Maza, interpusiese contra el exlíder del Ejecutivo catalán y trece miembros de su Govern sendas querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación, Puigdemont ofreció una rueda de prensa en la capital belga en la que negó que tuviera intención de pedir asilo político o de eludir la acción de la justicia española, aunque pidió garantías de "un juicio justo, independiente, con plena separación de poderes".

Sin embargo, el destituido president, que aseguró haber trasladado parte de su Ejecutivo a la capital europea por "seguridad" y como consecuencia de la "extrema agresividad" y "violencia" institucional contra Cataluña, no desveló ni el tiempo que permanecerá en Bélgica ni tampoco si prestará declaración en el marco de la ofensiva judicial lanzada por la Fiscalía General del Estado. Pocas horas después de la comparecencia ofrecida en el Club de la Prensa de Bruselas, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitió a trámite la querella del Ministerio Público tras considerar que los motivos se exponen de manera "seria, racional y lógica". En el auto, la magistrada cita a declarar a todos los miembros del cesado Govern el 2 y 3 de noviembre.

Orden Europea de Detención y Entrega

Ahora le toca a Puigdemont mover ficha. El expresident tendrá que decidir si acude a la llamada de la justicia o si, por el contrario, se hace fuerte en el corazón de la Unión Europea. En caso de que el líder independentista se decante por este segundo camino, la jueza Lamela, después de valorar las circunstancias, tendrá que decidir si le ofrece una segunda citación o si apuesta por emitir una Orden Europea de Detención y Entrega. La conocida como Euroorden, que sustituye el clásico procedimiento de extradición por un sistema ágil en el espacio Schengen, es una resolución judicial dictada en un Estado miembro cuya finalidad es la detención y entrega por otro país comunitario de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre explican que si la juez Lamela opta por la segunda vía, la "parte interesada", en este caso la magistrada, tendrá que rellenar "el formulario de reclamación que incluye, entre otras cosas, una breve descripción de los hechos y de la calificación jurídica". Después de cumplimentar el impreso, la orden se cursará a los países del sistema Schengen y se procederá o a "la detención" o a la "citación judicial", dependiendo del caso en cuestión. En esta fase, afirman los expertos consultados por este diario, no hay plazos establecidos. No obstante, completan, "se tiene que actuar a la mayor celeridad posible".

El procedimiento judicial en suelo belga

Una vez llegados a este punto, se iniciaría el procedimiento judicial en suelo belga y el abogado de Puigdemont tendría que solicitar "una copia de la acusación" para poder preparar la defensa, un proceso que, según sostienen las fuentes consultadas, no se alargaría "más de quince días". En este sentido, el pasado lunes se conoció que el president destituido había designado como asesor legal al abogado Paul Bekaert. Este letrado es un viejo conocido de la justicia española. Defensor de varios etarras detenidos en Bélgica, Bekaert consiguió, por ejemplo, que un juzgado belga rechazase la extradición de Natividad Jaureguí, alias Pepona, alegando que en territorio español no se respetarían sus derechos.

El juez sobre el que recaiga el caso, por su parte, tendrá que solicitar a las autoridades españolas "toda la documentación" relacionada con el proceso, que se remitirá "traducida": "Al menos la querella y los documentos en los que se sustente la reclamación con respecto al señor Puigdemont", apuntan. En este sentido, además, tendrá también que estudiar si los delitos que se imputan al destituido líder del Ejecutivo están tipificados en el ordenamiento jurídico belga. Los expertos consultados por infoLibre señalan que el proceso judicial podría alargarse "muchos meses", y más todavía teniendo en cuenta que la decisión que se adopte puede ser recurrida.

Una decisión exclusivamente judicial

La decisión definitiva, por tanto, se tomará en el ámbito exclusivamente judicial, añaden los juristas preguntados. Nada tiene que decir en este asunto el Ejecutivo del país. Las relaciones entre el Gobierno belga y el español se han erosionado en los últimos meses respecto a la cuestión catalana. Unas tensiones entre los dos países que fueron destapadas el pasado 20 de octubre, cuando De Morgen y Het laatste Nieuws publicaron que el Ejecutivo español había trasladado vía correo electrónico al embajador de Bélgica en Madrid su "estupefacción" ante los "ataques del Gobierno belga". El malestar se puso sobre la mesa después de que el primer ministro del país, Charles Michel, criticase el uso de la violencia durante el referéndum del 1-O.

Sin embargo, lejos de cerrarse, la herida alrededor del caso catalán volvió a abrirse el pasado domingo después de que el secretario de Estado de Migración y Asilo, el nacionalista flamenco Theo Francken, publicase un tuit en el que ponía sobre la mesa la opción de que Puigdemont solicitase "asilo político" en el país. "Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica. Puigdemont también pertenece a ellos. Eso es totalmente legal", completó en declaraciones a VRT News. Unas horas después, el primer ministro salió al paso, pidiendo a su secretario de Estado que "no eche leña al fuego" y dejando claro que esta posibilidad "no está en la agenda". La llegada de Puigdemont a Bruselas ha supuesto un nuevo quebradero de cabeza para el líder del Gobierno belga.

Una querella política

"Estamos hablando de jueces independientes", apostillan las fuentes jurídicas consultadas, que creen que, llegado el momento y en este caso, la justicia belga no dará luz verde a la extradición. "No le van a entregar porque ni Bélgica, ni ningún país más allá de los Pirineos, tienen por costumbre meter a la gente presa por hechos que no han sucedido o que no son delito. Lo más probable es, primero, que consideren que allí no es delito. Y segundo, que si interpretan la ley española van a llegar a la conclusión de que aquí tampoco lo es", explican. "Por tanto, si yo fuera su abogado alegaría que la conducta no es delictiva", completan las mismas fuentes a este diario.

Puigdemont, por su parte, ya ha dejado entrever durante la comparecencia de este martes por dónde pueden ir los pasos de su defensa. Así, ante medios nacionales e internacionales, el president quiso dejar claro que "la justicia española no persigue delitos, sino ideas" y criticó el "grave déficit democrático que hay a día de hoy en el Estados español", que, dijo, le quiere "meter en la cárcel" por cumplir su programa electoral. El destituido líder del Ejecutivo catalán, por tanto, podría optar por alegar que no tendrá en España, tal y como dijo ante los micrófonos, "un juicio justo, independiente, con plena separación de poderes". 

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