Imputado por el desfalco en el Campus de la Justicia Alfredo Prada, encargado de detectar prácticas corruptas en el PP

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado en calidad de investigado al que fuese vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, así como a tres cargos del proyecto por el escándalo del Campus de la Justicia, informa Europa Press.

En concreto, Prada deberá comparecer ante el juez el próximo 27 de marzo, cuando también han sido citados el arquitecto y director general técnico del proyecto Isabelino Baños, el subdirector técnico José Sanz Piñar y el director del área financiera del Campus de la Justicia de Madrid, Alicia de las Heras.

El auto señala que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico -organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil. Además, todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados.

Irregularidades en el desarrollo y la gestión del Campus de la Justicia

De la Mata cita a estas cuatro personas en tanto que responsables del desarrollo económico y contractual de la sociedad que se constituyó para el Campus de la Justicia de Madrid, tras analizar el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 sobre el proyecto, que arroja diversas irregularidades en distintos ámbitos. 

En concreto, revela la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado y un archivo de documentación que era "un verdadero caos". Destaca que en materia de personal, "no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores", las nóminas y los documentos de la Seguridad Social "aparecieron desperdigados y por periodos incompletos" y pese a haber indicios de despidos que llegaron a la vía judicial, "no se dispuso de ningún expediente completo".

Ese documento expone que el CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. Había 432 cajas con documentación dispersa y desordenada, generando "gran incertidumbre acerca de los expedientes que realmente se tramitaron".

Discreción en las adjudicaciones

En lo relativo a contratación y pagos, ese informe de la Cámara de Cuentas describe, como resume De La Mata, "irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados". De la Mata destaca las supuestas irregularidades en el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007 pues para empezar, "no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad", en algún caso no hay pliegos y "prácticamente todas las licitaciones" se han basado en criterios "que tienden a suplir la falta de precisión en la definición de las prestaciones exigiendo a los licitadores que la completen", es decir "confiándose" a estas entidades.

Esta falta de concreción "permite excesiva discrecionalidad" en la evaluación de las ofertas, según expone De La Mata, quien apunta que "los parámetros concretos de la valoración de los diferentes criterios quedan sin posibilidad de control, al arbitrio de quien realiza el informe de valoración de las ofertas".

Valoraba ofertas un ex trabajador de la adjudicatura 

Precisamente, CJM encomendó la elaboración del Informe de valoración de las ofertas a Isabelino Baños, que había trabajado para la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004. Asimismo, esta persona formó parte de la Mesa de contratación y fue el encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato. "En aras de procurar una garantía razonable de objetividad y transparencia en esta licitación y para evitar potenciales conflictos de intereses habría sido deseable que CJM no hubiese encomendado la elaboración del Informe de valoración de las ofertas que fundamentó la propuesta de la Mesa de contratación y la propia adjudicación a una persona que había estado vinculada laboralmente a la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004", explica el auto.

De la Mata también hace referencia a otros gastos de CJM, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que CJM abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.

La instrucción tiene su origen en una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de septiembre al hilo de ese mismo informe de la Cámara de Cuentas, que cifró el importe total de la contratación analizada en más de 355,5 millones de euros para un proyecto del que sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal –que no llegó a tener ni luz–, aunque inacabadas y en situación de abandono.

El PP ha asegurado este martes que actuará contra el exconsejero madrileño si se le abre juicio oral, ya que, según recuerda, en este momento "no ocupa ningún cargo público", han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido. Ante esa imputación, Génova ha recordado que Alfredo Prada "no ocupa ningún cargo público". Por eso, se ha remitido a los Estatutos del PP que especifican que "hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación precisamente para garantizar todos sus derechos", han añadido las mismas fuentes.

Por lo tanto, el PP no actuará en este momento contra el exconsejero madrileño en virtud de esas normas internas del partido. Tras ganar Pablo Casado el congreso del PP en julio, en el que se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, designó a Prada presidente de la Oficina del Cargo Popular, un órgano encargado de velar por la idoneidad de los candidatos y cargos públicos de la formación.

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Según informó el PP en su momento, las funciones de este órgano son supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, y aprobar el formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio. Además, esa oficina se encarga de gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos; velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; y dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones.

Prada fue uno de los padrinos políticos del actual presidente del PP, Pablo Casado, quien trabajó en su Departamento cuando estaba al frente de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Tras distanciarse de Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy repescó a Alfredo Prada con un cargo orgánico en 'Génova' al designarle responsable del PP en el Exterior y después le hizo diputado por León.