Rodrigo Rato pide personarse como perjudicado en el caso 'Tándem' por ser objeto de presuntas escuchas telefónicas

El exvicepresidente del Gobierno del PP de Aznar, Rodrigo Rato, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem su personación en calidad de acusación particular como perjudicado de unas presuntas intervenciones y escuchas telefónicas ilícitas en el marco de los encargos del BBVA al comisario José Manuel Villarejo.

En un escrito con fecha de 11 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Rato reitera una petición anterior de 16 de diciembre en la que ya interesaba entrar en esta pieza separada número 9. Ahora, tras dos meses sin obtener respuesta del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, insiste en su intención.

De esta manera, Rato mueve ficha de nuevo, después de lograr la libertad condicional hace apenas cinco días. El viernes 12 de febrero el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, se la concedió por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y porque realizó un programa de justicia restaurativa.

Según reitera en este escrito, él era una de las diversas personas que fueron objetivo de escuchas telefónicas e intervenciones "sin que existiera la preceptiva autorización judicial", y recuerda al magistrado y a Fiscalía que aportó ya en diciembre un bloque documental de las noticias publicadas en diversos medios de comunicación que se hicieron eco sobre el asunto.

En uno de los principales encargos de BBVA a Villarejo, la denominada Operación Trampa, el excomisario Villarejo habría espiado hasta 15.000 llamadas con el objetivo de evitar que Sacyr, de Luis del Rivero, se hiciera con el control de la entidad bancaria en el año 2004, según la información a la que tuvo acceso El Confidencial y Moncloa.com.

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Cuatro años por las 'black'

El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid.

En octubre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado al expresidente de Bankia y del FMI bajo control telemático, una decisión que se comunicó dos días después de conocer la sentencia que le absolvía por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió.