El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reconocido que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante Leire Díez en la sede del partido, en abril de 2024, si bien nunca volvió a verla, aunque ha recordado que ella le llamó cuando él salió de prisión, el pasado mes de noviembre, informa EFE.

Cerdán, investigado por presunta corrupción en adjudicaciones de obra pública en otro proceso, ha acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para declarar como testigo en el marco de la causa abierta a Leire Díez por presunto cohecho y tráfico de influencias al maniobrar, supuestamente, contra fiscales y mandos de la UCO para desbaratar investigaciones.

Quien fuese número 3 del PSOE ha entrado en la sala después del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que ha declarado antes que él también asistió a una de esas reuniones, en la que ha dicho que Leire Díez y Javier Pérez Dolset, investigado en la causa, le ofrecieron información sobre supuestos seguimientos de la denominada policía patriótica a Pedro Sánchez y su familia para tratar de acabar con su carrera política.

El exsecretario de Organización del PSOE, quien, al igual que Hernando, ha negado que reportase a sus superiores lo que se habló en esa reunión, no ha recordado con exactitud quién le convocó, aunque ha dicho que quizá fuese una periodista.

Santos Cerdán, según él mismo ha declarado ante el juez, estuvo en las dos reuniones, celebradas en días consecutivos de abril de 2024, en la planta quinta de la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, cerca de su despacho, explican a EFE fuentes jurídicas.

Fue la primera vez que vio a Leire Díez, ha explicado Cerdán, que ha negado que la exmilitante socialista fuese su "mano derecha", posición que ostentaba en el partido Juan Francisco Serrano, y ha dicho que solo estuvo con ella esas dos veces.

Sí ha admitido, no obstante, que al salir de prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, recibió una llamada de la también exconcejal socialista.

En relación con las reuniones, según las fuentes, Cerdán ha señalado que Leire Díez y Pérez Dolset le informaron de que existían audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el negocio de saunas del suegro de Pedro Sánchez, ya fallecido.

Cerdán, de acuerdo a las fuentes, ha dicho que se trataba de información que ya estaba publicada y que no les interesaba, y ha ubicado también en la reunión a un abogado del partido y al entonces director de comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Antes, Hernando también ha situado en el encuentro a Juan Francisco Serrano, a quien la acusación que ejerce Hazte Oír quiere llamar a declarar como testigo junto a Antolín.

Cerdán Ha señalado que no recuerda muy bien todo lo que se habló en el encuentro, del que entraba y salía al recibir llamadas telefónicas, y ha recordado que se encuentra en una situación personal muy complicada.

El exdirigente socialista en un principio ha anunciado su decisión de no declarar al estar investigado en otros procedimientos, si bien el magistrado Arturo Zamarriego ha señalado que estos no tenían relación con su investigación y que debía declarar, y le ha permitido hacerlo en presencia de su abogado.

Ha precisado que en las reuniones Leire Díez no le pidió nada a cambio ni le entregó ningún tipo de documentación, según las fuentes.

Tanto Hernando como Cerdán, que han esperado en los juzgados sentados en sendos bancos, uno frente a otro, sin hablar, han salido de Plaza de Castilla sin hacer declaraciones a los numerosos medios que les esperaban.

El PSOE tiene desde este sábado una nueva dirección planeada por el secretario general, Pedro Sánchez, tras la irrupción del caso Cerdán. El presidente mantiene como vicesecretaria general a María Jesús Montero y ficha a Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, como secretaria de Organización.

La Ejecutiva es paritaria, pero sigue habiendo más hombres (23) que mujeres (20). A última hora la hoja de ruta de Sánchez se quebró por la información de la denuncia de varias mujeres contra Paco Salazar por sus comportamientos abusivos, lo que llevó al dirigente andaluz a renunciar a su puesto en la nueva dirección como adjunto a Organización.

El nuevo organigrama del PSOE deja también sobre la mesa el gran peso que tendrá a partir de ahora el socialismo valenciano con Torró como 'número tres' y con Pilar Bernabé como 'numero cuatro' y responsable de Igualdad. Asimismo, tienen puestos de responsabilidad Arcadi España y Alejandro Soler.

Aunque deja su puesto como Adjunto a la Organización, se mantiene en la dirección Juanfran Serrano, que había sido durante estos años la mano derecha de Cerdán en Ferraz. El dirigente jienense pasa a ocupar ahora el área de Política Municipal.

Entre las novedades de esta remodelación se encuentra la vuelta de Antonio Hernando, que ocupará una de las Vocalías. Además, se mantienen dentro de la dirección algunos socialistas como Isabel Rodríguez, Jordi Hereu, Pilar Alegría, Elma Sáiz y Félix Bolaños.

Esta es la lista completa de la nueva Ejecutiva:

El hasta ahora director adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, será nombrado secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, un cargo que depende directamente del nuevo ministro de Transformación Digital, Óscar López.

Fuentes del Gobierno han confirmado a EFE su próximo nombramiento, dentro de la conformación del nuevo equipo ministerial de López, quien al igual que él ha dado el salto desde Moncloa.

De hecho, Hernando trabajaba en Presidencia a las órdenes de López como su brazo derecho, ya que el ahora ministro era director de Gabinete de Presidencia hasta que fue llamado por el presidente Pedro Sánchez para sustituir a José Luis Escrivá cuando dejó la cartera para ser gobernador del Banco de España.

Será el Consejo de Ministros de mañana, martes, el que previsiblemente acuerde su designación como secretario de Estado para un puesto en el que releva a María González Veracruz. 

El exportavoz parlamentario socialista Antonio Hernando vuelve a Moncloa. Lo hará como director adjunto al jefe de Gabinete, tal y como ha adelantado este lunes elDiario.es y ha confirmado el propio Pedro Sánchez en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. "Lo vamos a fichar este martes" en el Consejo de Ministros, ha asegurado. De este modo, Hernando trabajará codo con codo con Óscar López, que desde el pasado mes de julio ocupa el puesto de jefe de Gabinete en sustitución de Iván Redondo.

"Es un gran político y debemos tener a los mejores", ha indicado Sánchez antes de anunciar que Hernando será nombrado este martes. Al ser preguntado si el nombramiento de Hernando, al igual que el de López, supone una vuelta atrás, ya que ambos dirigentes fueron cercanos al presidente pero se distanciaron cuando fue cesado como secretario general del PSOE, Sánchez ha respondido que significa "reconocer la capacidad de cada uno" y que Hernando es una persona "con capacidad".

Tanto Hernando como el propio López se enfrentaron durante el proceso de primarias de 2017 a Sánchez al apoyar a Patxi López como candidato a la Secretaría General del partido.

Hernando ocupará el puesto que hasta ahora ocupaba María Llanos Castellanos, que se incorpora a la Ejecutiva Federal como responsable de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Política.

La nueva dirección del PSOE en el Congreso y los diputados que forman parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez copan la primera y segunda filas de la bancada de los socialistas en el hemiciclo, mientras que los exdirigentes parlamentarios Antonio Hernando y el andaluz Miguel Ángel Heredia han sido relegados a la cuarta.

Los cambios que el congreso federal que el PSOE ha celebrado este fin de semana han provocado este martes modificaciones en la ubicación de los diputados socialistas. El primero, el de la nueva portavoz, la jueza en excedencia Margarita Robles, que ha estrenado el escaño que se suele reservar al líder o al portavoz del grupo.

Junto a ella, se han situado en la primera fila el resto de miembros de la nueva dirección del Grupo Socialista: la número dos del partido, Adriana Lastra, y el diputado madrileño Rafael Simancas como secretario general, que apoyó a Patxi López en las primarias.

Les acompañan los portavoces adjuntos: la catalana Meritxell Batet, los susanistas Isabel Rodríguez y Felipe Jesús Sicilia y el balear Pere Joan Pons, otro de los que votó no en la investidura de Mariano Rajoy, rompiendo la disciplina de voto.

Ya en la segunda fila se ha ubicado a los diputados que forman parte de la nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez. Justo encima de Robles se encuentra el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien hasta el viernes se encargaba de forma interina de la Portavocía del partido en el Congreso.

La tercera fila llena de 'susanistas'

Y, a continuación, se encuentran Patxi López (secretario de Política Federal), Pilar Cancela (secretaria de Políticas Migratoria), Manuel Gabriel González Ramos (secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca), Susana Sumelzo (secretaria de Política Municipal), Odón Elorza (secretario de Transparencia y Democracia Participativa) y María Luz Martínez Seijo (secretaria de Educación).

La tercera fila la copan diputados susanistas, desde Soraya Rodríguez a Juan Carlos Campo Moreno pasando por Antonio Pradas o José María Barreda, y en la cuarta se mantiene el diputado vasco Eduardo Madina, que comparte fila con el exportavoz socialista Antonio Hernando y el que fuera su número dos, Miguel Ángel Heredia.

El diputado Antonio Hernando, que dimitió como portavoz del PSOE en el Congreso tras la elección de Pedro Sánchez como líder del partido en las primarias, ha rechazado asistir al 39 Congreso Federal de la organización de la que saldrá una nueva dirección de la formación y un proyecto político renovado.

Hernando tiene un viaje privado que coincide con las fechas del cónclave —que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de junio— por lo que no asistirá a la cita, pese a estar invitado por su condición de integrante de la dirección del Grupo Parlamentario, han informado a Europa Press fuentes socialistas.

El exportavoz, al que ha sustituido de manera provisional José Luis Ábalos —mano derecha de Pedro Sánchez y al que muchos apuntan como próximo secretario de Organización del PSOE—, es el único miembro de la actual dirección del Grupo Parlamentario Socialista que ha excusado asistencia al Congreso Federal.

Tras su dimisión, Pedro Sánchez pidió a Hernando que se mantuviera en la dirección del Grupo Socialista para facilitar la transición y aceptó. Pero el distanciamiento entre los dos se convirtió en insalvable desde que Hernando, que había sido uno de los hombres de la máxima confianza de Sánchez, asumió el viraje hacia la abstención decidido por el Comité FederalComité Federal del partido, algo que muchos acérrimos a Sánchez vieron como una traición.

El resto de la actual dirección del Grupo Socialista sí que participará en el Congreso Federal. Algunos lo harán como parte del millar de delegados que habrán de votar la nueva Ejecutiva Federal y el programa político —Ponencia Marco— que guiará el rumbo de la organización en los próximos años. Es el caso de Ábalos, el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Angel Heredia, y la secretaria adjunta, Meritxell Batet.

Otros miembros de la dirección, como Soledad Pérez Domínguez e Isabel Rodríguez, también asistirán al cónclave, pero lo harán como invitados. Es decir, no tendrán derecho de voto.

Sánchez y Hernando se citaron este jueves en la sede socialista de Ferraz. Según fuentes del entorno de este último, fue Sánchez quien le pidió que siguiera en ese cargo. Hernando aceptó, siempre según estas fuentes, para que el traspaso de información sea "eficaz".

Hernando también aprovechó la ocasión para ponerse a disposición del nuevo secretario general y de la dirección que salga del congreso del partido. Igualmente se dijo dispuesto a ayudar al nuevo portavoz provisional del grupo, José Luis Ábalos.

Ábalos asumió este jueves la portavocía de los 84 diputados socialistas, aunque únicamente hasta la celebración del Congreso Federal. Después, previsiblemente, habrá una renovación generalizada tanto en la dirección del grupo como entre los portavoces del PSOE en Congreso, Senado y Parlamento Europeo.

Este cambio fue obligado tras dimitir Antonio Hernando el domingo, tan pronto como conoció los resultados de las elecciones primarias. Hernando fue portavoz ya en la anterior etapa de Pedro Sánchez como secretario general, y después mantuvo el puesto cuando la comisión gestora asumió las riendas del PSOE.

Sánchez mantuvo en la mañana de este viernes una nueva reunión, en este caso con todos los miembros de la dirección del grupo socialista. El nuevo secretario general del PSOE no es diputado ni senador, y tendrá que dirigir a sus parlamentarios y liderar la oposición desde fuera de las Cortes Generales, una circunstancia inédita.

Tras el encuentro, al que también asistió la diputada Adriana Lastra, coordinadora de su campaña a las primarias y que suena como posible futura portavoz, el PSOE comunicó a la Mesa del Congreso la designación de Ábalos como portavoz del Grupo, mientras que Hernando seguirá en la dirección parlamentaria del partido y mantendrá su acreditación para ir a la Junta de Portavoces. Hasta el Congreso Federal no habrá más cambios.

Por tanto, el grupo en el Congreso queda ahora encabezado por Ábalos como portavoz y se mantendrá al andaluz Miguel Ángel Heredia como secretario general, pese a que los sanchistas pidieron su dimisión por sus descalificaciones a compañeras del grupo y por afirmar que Sánchez había pactado con los independentistas catalanes para ser investido presidente.

Como adjuntos a la dirección seguirán Isabel Rodríguez (Castilla-La Mancha), Meritxell Batet (PSC), Soledad Pérez Domínguez (Extremadura), Pedro Muñoz (Castilla y León) y el citado Hernando, diputado por Madrid. Entre las decisiones a adoptar próximamente está el reparto de escaños, la división de tareas y la designación de los intervinientes en el Pleno de Presupuestos de la semana que viene.

El PSOE sustituirá a Antonio Hernando como portavoz parlamentario en el Congreso por un vocero provisional hasta el próximo Congreso Federal del partido de mediados de junio, que renovará la dirección de la organización y, por ende también, el Grupo Parlamentario.

Así lo ha anunciado este miércoles la diputada socialista Adriana Lastra, que pertenece al entorno más cercano del secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, y que está llamada a desempeñar un papel destacado en el nuevo liderazgo de la formación.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Lastra no ha dado sin embargo el nombre de la persona que ejercería esa portavocía de manera provisional.

Tras la dimisión de Hernando, las labores de portavoz corresponderían al secretario general del Grupo Socialista, el malagueño Miguel Ángel Heredia, afín a Susana Díaz, y que se ha puesto a disposición del nuevo secretario general.

Pero se da por hecho que no será el sustituto, entre otras cosas porque antes de las primarias los sanchistas pidieron su dimisión como secretario generalsanchistas por unas grabaciones en las que aseguraba que Sánchez había llegado a un pacto con los independentistas para ser investido presidente del Gobierno y descalificaba a algunas compañeras de bancada.

Esta semana, diputadas pedristas como Susana Sumelzo o Zaida Cantera han apostado públicamente por delegar esa labor en la portavoz adjunta Isabel Rodríguez, que apoyó a Susana Díaz.

Lastra ha despejado este miércoles la incógnita sobre la sustitución de Hernando, ya que incluso en el sector afín a Sánchez había tanto diputados como senadores que defendían la posibilidad de renovar ya las portavocías de ambas Cámaras de forma permanente, sin necesidad de esperar al Congreso Federal, siempre que se hiciera con consenso.

Como portavoz parlamentario del PSOE tras el Congreso Federal, todas las miradas apuntan a los dos coordinadores de campaña de Sánchez, el diputado valenciano José Luis Ábalos, que ahora es portavoz adjunto, y la propia Lastra.

En principio, Ábalos tiene un perfil más orgánico -ha tenido varios cargos en el partido en València y ahora es secretario general de su provincial-, pero en su entorno aseguran que aceptaría la portavocía parlamentaria, si bien Sánchez podría reservarlo para su Ejecutiva.

Eso sí, si se hubiera optado por nombrar ya un portavoz definitivo, las normas internas obligan a que su elección sea refrendada por el Plenario del Grupo Socialista, que hasta el día 21 tenía una clara mayoría de diputados susanistas, lo que hubiera obligado a Pedro Sánchez a elegir una persona sin excesivas aristas y que pudiera ser aceptada por los parlamentarios para evitar una crisis interna a las puertas del congreso federal.

Adriana Lastra, diputada socialista y estrecha colaboradora del nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido que los barones que apoyaron a Susana Díaz en las primarias que pidan disculpas a su militancia, porque en todos esos territorios ha quedado claro que los afiliados han estado en contra de lo que hicieron en los últimos meses.

"Ha sido una lección ejemplar para muchos de esos barones, porque dejaron de representar a sus militantes. Lo que ayer les dijeron fue: ‘Compañeros, o volvéis a representarnos o vais a dejar de hacerlo’, esa es la lección, o empiezan a representar bien a sus compañeros o van a dejar de hacerlo", ha añadido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

"No sé qué precio tienen que pagar, pero sí pediría que pidieran disculpas a la militancia", ha dicho también refiriéndose expresamente a Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunitat Valenciana y su propia comunidad, Asturias. Lastra ha dejado claro que ella no se postulará para liderar la federación asturiana y ha opinado que en ella hay "compañeros" que harán que esté bien representada.

Por otro lado, la diputada ha defendido que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas supone que ha ganado "la ortodoxia del PSOE", es decir, "el sentir unánime a la negativa al Gobierno de Rajoy".

Según ha dicho, los diputados que se mantuvieron fieles a Sánchez, unos 20 de los 84 del grupo, han sido "purgados" y se han mantenido "como socialistas honestos" apoyando una candidatura en la que creían.

A su modo de ver, el PSOE de Pedro Sánchez no es "irreconciliable" con lo que han defendido socialistas históricos como el expresidente Felipe González o el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sí cree que estos "líderes de antaño" se han equivocado y "no entendieron lo que estaba pasando en el país ni en el partido". También ha recordado que su voto y el de cualquier militante vale tanto como el de González.

A todos ellos, también a los barones, les ha aconsejado que pisen más las casas del pueblo, porque los militantes están cansados de hacer "gimnasia ideológica", y ahora "necesitan nuevas esperanzas y que lo que se diga se cumpla", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. "Creo que es la última oportunidad que nos da nuestra gente y tenemos que aprovecharla", ha añadido.

Lastra, que no ha adelantado si será la nueva portavoz parlamentaria socialista, sí ha afirmado que Antonio Hernando, que dimitió el domingo de este puesto, tenía que haber dimitido el pasado 1 de octubre, cuando Sánchez dejó de ser secretario general.

"No es cuestión de coser (el partido), sino de principios y de convicciones. Hernando defendía y muy bien el 'no' al PP y esperaba que lo hubiera hecho después del 1 de octubre pero no fue así", ha lamentado.

Por su parte, la diputada del PSC en el Congreso Meritxell Batet ha subrayado la importancia de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, que ha definido como "cargada de épica en un momento en el que a la política le hace falta", y ha celebrado su buen resultado en Cataluña.

En una entrevista este lunes en Rac1 recogida por Europa Press, ha considerado que la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a dirigir el PSOE, Susana Díaz, "podría haber sido más generosa" tras conocer los resultados, aunque ha señalado que estuvo correcta durante una comparecencia pública difícil para ella, porque pensaba que iba a ganar.

El alcalde de Valladolid y uno de los portavoces de la candidatura de Sánchez, Oscar Puente, ha explicado que aunque su candidato ha contado con parte del aparato del partido en contra, "lo líderes son gente inteligente que sabrá adaptarse y leer el resultado".

Asu juicio, en el resultado de las primarias del PSOE, la realidad ha sido "contundente y tozuda". "Los militantes del PSOE son los que mandan, ni los antiguos cargos, ni los antiguos referentes", ha añadido Puente.

Ene sta línea, ha apuntado que no sabe cuántas veces tiene que ganar Pedro Sánchez para que "algunos se den cuenta de que esto es lo que queremos los socialistas".

El PSOE ha advertido este jueves que acudirá al Tribunal Constitucional si se ratifica en el Congreso el anunciado veto sin debate a enmiendas de la oposición a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según ha anunciado el portavoz socialista del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos, con los votos de PP y Ciudadanos, anticipó este miércoles por la noche la exclusión de todas las enmiendas que, recurriendo al Fondo de Contingencia de imprevistos, implicaran un gasto superior al presupuestado (15 millones). Y avisó de que, aquellas de importe inferior también podrían ser excluidas una vez el fondo se agote por la incorporación de otras propuestas al proyecto en el curso de la tramitación.

De esta forma, cerca de 4.000 enmiendas de los grupos podrían quedarse fuera del debate parlamentario, ya que la Mesa decidió que se remitirían todas estas propuestas al Gobierno, que ya anunció su criterio de que todo aumento de gasto debería ser vetado.

Mordaza presupuestaria a al oposición

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha subrayado que esta decisión adoptada por el PP y Ciudadanos supone poner "una mordaza a la libertad de los grupos en materia presupuestaria", dirigiendo especialmente sus críticas al voto de calidad de la formación naranja, que ostenta la presidencia de la Comisión: "La cacicada que ha cometido Ciudadanos no se ha atrevido a hacerla el PP en tiempos en los que tenía mayoría absoluta", ha dicho.cacicada

"Ha tenido que llegar la nueva política del señor Rivera para, por primera vez en 20 años, poner la mordaza a los grupos", ha apostillado, calificando de "gravísima" esta situación. "Nunca se había llegado tan lejos y tan bajo como han llegado Ciudadanos y el señor Rivera", ha insistido.

Además, el portavoz socialista ha incidido en el riesgo de que esta decisión pueda suponer un precedente para toda tramitación presupuestaria posterior ya que, de prosperar, ha dicho que "nunca más se tramitarán enmiendas que superen el gasto presupuestado por el Gobierno". "La libertad para proponer enmiendas habrá cambiado por la mordaza que nos ha traído Ciudadanos con su nueva política", ha dicho.

También se recurre a la Mesa

Por todo ello, Hernando ha confiado en que la Mesa del Congreso atienda al recurso que registrarán para impedir el veto de las enmiendas -"qué menos que resuelva un recurso que afecta al derecho de los grupos y a los miles de enmiendas que afecten a todo el territorio"-, pues en caso de no atenderlo supondría, ha dicho, "un gesto antidemocrático".

En caso de no prosperar su recurso, Hernando ha asegurado que llevarán sus demandas "hasta las últimas consecuencias" y que, en todo caso, la próxima semana presentarán las enmiendas por todo el país para que Ciudadanos "dé explicaciones de por qué se opone a aumentar el gasto y la inversión".

El candidato a liderar el PSOE, Pedro Sánchez, ha descartado este miércoles mantener a Antonio Hernando como portavoz parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados si resulta elegido secretario general en las primarias de este domingo.

Así lo ha revelado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. "Eso seguro", ha respondido cuando le han preguntado si descarta mantener a Hernando como hombre de confianza en Madrid y portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara Baja. Aunque no ha revelado el nombre, ha adelantado tener "más o menos una idea de quién puede liderar el Grupo Parlamentario Socialista".

Sánchez renunció a su acta de diputado después de dimitir como secretario general del PSOE en el fratricida Congreso Federal del 1 de octubre, por lo que, si resulta elegido secretario general, no podrá ejercer de líder de la oposición en la Cámara Baja.

En la misma situación está Díaz, aunque Sánchez ha querido diferenciarse de la presidenta andaluza, a la que ve en desventaja con respecto a él. Sánchez ha puesto en valor que él ya lideró el Grupo Parlamentario y se enfrentó a Rajoy en debates parlamentarios.

A diferencia de Díaz, se ha definido como un "militante de base en paro" con capacidad y voluntad de dedicarse 100% a la Secretaría General. El caso de Díaz, ha dicho, es "más complejo", puesto que ella preside la Junta de Andalucía.

Actuar con "lealtad"

Gane quien gane en las primarias del domingo, Sánchez se ha comprometido a actuar con "lealtad" porque lo que no puede volver a ocurrir es lo que pasó en su corta etapa como secretario general y anteriormente con su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando al líder del partido le cuestionaban "constantemente" de manera interna, lo que "da armas a la derecha política".

Sánchez ha esperado que la votación del domingo represente el "kilómetro cero" de un proyecto nuevo y sirva para "fortalecer" la formación, a la que ha emplazado a "entender" a los militantes y permanecer todos unidos en torno al proyecto político que se decida.

No ha querido responder, sin embargo, a la pregunta de si barones como el presidente de Aragón, Javier Lambán, que tan claramente han rechazado su candidatura, tienen algo que temer en caso de ser él el candidato elegido por la militancia para liderar el partido en los próximos años. Eso sí, no ha evitado calificar de "desafortunados" los adjetivos con los que Lambán se ha referido a su persona, llamándole "rojo" y "radical".

Respecto a las manifestaciones que otros barones del partido, como el extremeño Guillermo Fernández-Vara, han realizado sobre él, admitiendo que tendrían dificultades para obedecerle si vuelve a ser elegido secretario general, Sánchez se ha limitado a señalar que a él no le gusta el verbo obedecer. "El ordeno y mando creo que es para organizaciones conservadoras" como el PP, que funcionan como "un cuartel", ha indicado.

Tacha a Díaz de "liberal"

Por otro lado, Sánchez ha tildado de medida "de corte liberal" la propuesta de la presidenta andaluza y rival en las primarias del domingo, Susana Díaz, de conceder una ayuda pública de 24.000 euros destinada a jóvenes al final de su etapa académica para que amplíen estudios o inicien un proyecto empresarial, un dinero que devolverían posteriormente a través del IRPF.

Ha señalado que le llama la atención que Díaz se erija como la máxima representante de la socialdemocracia y presente en cambio "un programa de corte liberal", que proponga un programa de gobierno "y deje gobernar a la derecha".

"Hablar de becas o posgrados como si fueran hipotecas es repetir modelos fracasados de corte liberal" que ya se han ensayado en países como Chile o EEUU, donde la Administración de Barack Obama tomó cartas en el asunto para poner "coto" a lo que se convertía en una forma de "endeudamiento para los jóvenes".

La propuesta de Díaz contempla que los jóvenes devuelvan las ayudas recibidas a través del IRPF a lo largo de 10 a 20 años y una vez que empiecen a tener renta suficiente, superiores a los umbrales mínimos declarables.

El coordinador de la Ponencia Económica del PSOE, el economista José Carlos Díez, ha reaccionado a estas declaraciones preguntándose si Sánchez "se ha leído el documento" que en esta misma jornada ha presentado la andaluza.

El pleno del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles fue casi un monográfico de los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular. Superada la primera fase de los Presupuestos Generales del Estado, la oposición sacudió fuerte a Mariano Rajoy y al ministro de Justicia a cuenta de la operación Lezo y la forma en el que el Ejecutivo ha gestionado este caso que mantiene en prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Con el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el punto de mira por la forma en la que ha llevado las riendas de esta operación, el presidente del Gobierno y Rafael Catalá cerraron filas con él.

"Es un profesional con una amplia trayectoria que actúa con independencia y personalidad", defendió Rajoy en respuesta a Pablo Iglesias (Unidos Podemos). Por su parte, Catalá puso también el énfasis en los "30 años" de carrera de Moix. "Funciona con eficacia cada día. Está actuando cada vez más", subrayó el ministro de Justicia. Después, en una interpelación urgente del PSOE fue más contundente todavía al señalar que "la fiscalía anticorrupción funciona de manera brillante".

El pleno de este miércoles vino cargado de preguntas al Ejecutivo relacionadas con la operación Lezo. En total, siete preguntas dirigidas a Rajoy, Catalá y al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, y una interpelación al titular de Justicia sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal.

El presidente del Gobierno consideró que el líder de Podemos "debería alegrarse" de funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción y subrayó que postura es la de "independencia absoluta" de esta para la "persecución del delito".

Pablo Iglesias recordó la campaña de 2009 del Partido Popular, entonces en la oposición, para que dimitiese el ministro Bermejo tras conocerse que había estado de cacería con el juez Garzón en plena operación Gürtel. Y Rajoy le respondió recordándole que su programa del "Gobierno del cambio", que quiso consensuar con el socialista Pedro Sánchez, pretendía "jueces y fiscales" comprometidos con ese Ejecutivo.

"Yo creo que los jueces y fiscales no tienen que estar comprometidos ni con el Gobierno del cambio, ni del recambio, ni por el mismo. Creo que deben estar comprometidos con el Estado de Derecho", sostuvo el presidente de los conservadores.

Antes había sido el turno del socialista Antonio Hernando, que se había interesado por qué piensa hacer el Gobierno para "recuperar la confianza de los ciudadanos" en medio de los escándalos de corrupción que afectan al PP.

Rajoy respondió que el Ejecutivo está en "mejorar los controles", "apoyar a quienes persiguen el delito" y en "endurecer" las sanciones.

A Hernando no le satisfizo la respuesta: "Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción, sino como cómplices". Además, le recordó cómo en su día creyó al extesorero del PP, Luis Bárcenas citándole literales de su comparecencia parlamentaria en el Senado en la que pidió perdón por haber creído "a un falso inocente".

No entrar en el "juego del PSOE"

"No voy a entrar en su juego", espetó Rajoy a Hernando al tiempo que presumió del "sinfín" de iniciativas que el PP ha aprobado contra la corrupción en la Cámara. Además, le dijo que no iba a enumerar los escándalos del corrupción del PSOE porque se le iba a acabar el tiempo.

Apuntando, sin mencionarlo, al proceso abierto de renovación de liderazgo del PSOE, Rajoy achacó la intervención de Hernando "a un problema interno". 

"Le animo a aprobar los Presupuestos", sostuvo. Donde, señaló, se incluyen los "refuerzos" planteados por las Fiscalía.

"Lo que ha hecho usted hoy sólo sirve para consumo interno", zanjó Rajoy.

El 'bloqueo' de Moix

Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. 

En 2007, archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.

Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni "indicio", ni "rastro", ni "la más leve sospecha" de irregularidad por parte de Ignacio González.

Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.

Comparecencias

Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán en la tarde de este miércoles ante la Comisión de Justicia para dar explicaciones de la operación Lezo y las discrepancias nacidas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, tras las últimas decisiones tomadas por el fiscal jefe de este departamento, Manuel Moix, relacionadas con la mencionada investigación o la sustitución de los fiscales de la presunta financiación ilegal de Convergència, informa Europa Press.

La Sala de lo Civil Tribunal Supremo ha ratificado que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, no vulneró el honor del PP por señalar que se habría financiado ilegalmente en unas manifestaciones que realizó a los medios de comunicación el 6 de febrero de 2015 en Castellón.

Dijo concretamente que "podría llegarse a la conclusión de que el señor Monedero podría ser el Bárcenas de Podemos. Bárcenas traía el dinero de Suiza para financiar al Partido Popular".

El auto dado a conocer este jueves por el Supremo inadmite el recurso de casación presentado por el PP contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que tampoco vio vulneración del honor del partido en estas declaraciones.

El alto tribunal señala en su resolución que el recurso del PP incurre en causa de inadmisión por "carencia manifiesta de fundamento", ya que pretende convertir el recurso de casación en una tercera instancia "combatiendo, desde su particular óptica, el juicio de ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor" realizado en la sentencia recurrida en casación, cuando resulta que éste se ajusta a la doctrina de su Sala Primera, según ha informado Europa Press.

"En efecto, el juicio de ponderación de los derechos en conflicto que realiza la sentencia recurrida se ajusta a la doctrina de esta Sala, debiendo en el presente caso prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor del recurrente", dice el Supremo.

Añade que el recurso del PP "desconoce o discurre al margen de la valoración efectuada por la sentencia de la audiencia provincial, confirmatoria de la de primera instancia, y respetándose las circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia, no se opone dicha sentencia recurrida a la jurisprudencia de la Sala".

El alto tribunal subraya además la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor está reforzada en contextos de contienda política, como lo ha reconocido en sentencia de 26 de enero de 2010 (en la que se relaciona a un partido político con un grupo terrorista); 13 de mayo de 2010 (repulsa al partido de la oposición); 5 de noviembre de 2010 (referida a imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposición en un boletín popular); y 1 de diciembre de 2010 (discusión política).

El PP alegaba en su demanda que las declaraciones de Hernando no estaban amparadas en la inviolabilidad parlamentaria prevista en el artículo 7.1 de la Constitución y constituyeron una vulneración del derecho al honor. La defensa de Hernando mostró sin embargo su disconformidad con el carácter injurioso que el PP atribuía a sus declaraciones y argumento que, a su juicio no existió intromisión ilegítima en el citado derecho.

Aunque sea una cuestión menor, la fórmula de “el tiempo nos dio la razón” no era las más afortunada en boca de un partido político como el PSOE que ha perdido la mitad de los votos con respecto a los resultados de 2008. No estoy muy seguro de las razones que el tiempo da y quita, pero el juicio de los votantes progresistas parece inapelable: a base de renuncias y contradicciones, el PSOE obtuvo un 23% en las últimas elecciones generales.

Han pasado ya unos meses desde que, gracias al ‘sí’ de Ciudadanos y la abstención del PSOE, Rajoy volvió a formar gobierno. Cabe preguntarse hasta qué punto el tiempo ha dado la razón a los socialistas, como sugería Hernando que acabaría sucediendo con la abstención de su grupo parlamentario.

No es fácil responder a esta cuestión, pues la primera medida que tendría que haber tomado el Gobierno de Rajoy y que habría permitido comprobar el grado de presión que la oposición puede ejercer sobre el Ejecutivo, era la presentación de los presupuestos generales del Estado y su posterior negociación. Dicha presentación estaba prevista para diciembre de 2016, pero el Gobierno la ha retrasado arbitrariamente, resistiendo las presiones de la Comisión Europea, hasta hace unas pocas semanas, con el propósito poco disimulado de “facilitar” la elección a la secretaría general del PSOE.

Lo que ha quedado claro en estos meses es que el PSOE ha permitido con su abstención “responsable” que la democracia española transija con unos niveles de corrupción intolerables. Porque intolerable resulta seguir acumulando evidencias de que el PP ha sido hasta el momento una maquinaria político-financiera que ha incumplido la ley y ha saqueado las arcas públicas. Cómo pueda seguir gobernando el PP en estas circunstancias es la gran anomalía de nuestra democracia.

El escándalo de Murcia, las revelaciones sobre el masivo fraude fiscal de Rodrigo Rato, el desarrollo del juicio de la trama Gürtel (con declaración testifical de Rajoy incluida) y ahora la operación contra la trama del Canal de Isabel II, con todas sus derivadas políticas, empresariales y mediáticas, confirman la urgencia de desalojar al PP del poder cuanto antes. El PP podría al menos reconocer los hechos, pedir disculpas y tomar medidas efectivas: la primera y más urgente sería la dimisión de Rajoy, quien no solo es el responsable último de la degradación del PP y de la caja B del partido, sino que él mismo aparece en más de treinta ocasiones en la famosa libreta de Bárcenas recibiendo sobresueldos en negro. En lugar de eso, el Gobierno ha optado por poner al frente de la Fiscalía Anticorrupción a Manuel Moix para obstaculizar las investigaciones judiciales y proteger los intereses corruptos del partido, en una instrumentalización política de la justicia que repugna a la idea de democracia.

Las posibilidades de controlar  al Gobierno desde el Congreso son muy escasas. La mayoría de iniciativas parlamentarias son rechazadas por suponer modificación del gasto. La comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP no ha echado a andar y la otra comisión, la de la guerra sucia del Ministerio de Interior de Fernández Díaz en Cataluña, se encuentra paralizada.

El enquistamiento de la corrupción tiene efectos deletéreos en la sociedad. Altos niveles de corrupción producen mayores niveles de desconfianza social, desafección política y fraude fiscal. La gente se desentiende de los asuntos públicos y renuncia a creer en la posibilidad de mejora colectiva a través de la acción política. Como país, no podemos resignarnos ni considerar normales las cotas de corrupción alcanzadas.

En estas condiciones, es preciso que los partidos de la oposición, débiles y divididos, se unan para desalojar cuanto antes al PP, partido que se niega a colaborar en el esclarecimiento de la interminable lista de casos de corrupción que le acechan. La gran responsabilidad de PSOE y Podemos es no haber sido capaces de pactar una solución extraordinaria que evitara un nuevo gobierno del PP. Ambos partidos merecen una fuerte reprobación por ello. Con el empeoramiento de la situación, tienen que explorar todas las opciones posibles (forzar nuevas elecciones y que se forme una alianza electoral para restablecer el juego limpio, moción de censura que de paso a un gobierno provisional de amplio espectro encargado de limpiar toda la basura institucional que deja el Partido Popular, etc.). Cualquier fórmula de cambio parece mejor que permitir que la democracia española siga pudriéndose por la corrupción descontrolada del partido en el gobierno.

El Pleno del Congreso de los Diputados tenía previsto dar luz verde este jueves al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Un documento en el que el citado órgano de la Cámara baja autoriza a sus señorías para el desempeño de otro tipo de actividades a la par que mantienen el escaño. A última hora del miércoles, una decisión de la presidenta de la institución, Ana Pastor (PP), cambió el orden del día de la sesión para aplazarla a otra semana, todavía sin concretar. La idea, según fuentes parlamentarias, es "buscar mayor consenso para una votación en la que tradicionalmente lo ha habido". Estaba previsto que el dictamen saliese adelante sin el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista que, como norma general y salvo excepciones muy concretas, está ahora en contra de que sus diputados apuesten por el pluriempleo.

Los socialistas demandaban que el pleno votara por separado unos 40 expedientes de parlamentarios que habían solicitado compatibilizar el escaño con actividades profesionales privadas remuneradas.

El dictamen que, a puerta cerrada, se iba a votar este jueves a primera hora, autorizaba a 35 parlamentarios a ejercer la abogacía o participar en empresas privadas sin desvelar quiénes serán sus clientes.

Por grupos, es el PP, con 20 miembros, el más numeroso en lo que a estas autorizaciones se refiere. Le sigue Ciudadanos con seis, Podemos con cinco y el Mixto y el PSOE, con dos respectivamente

infoLibre ha tenido acceso al borrador de este dictamen, con fecha de 16 febrero de 2017. La reunión de la Comisión se celebró una semana después, el día 23.

Son los parlamentarios los que tienen la obligación de comunicar a la Comisión del Estatuto de los Diputados cualquier cambio en la información consignada inicialmente tanto en sus declaraciones de bienes como de actividades. Hasta la fecha, la Cámara no ha comprobado la veracidad de los datos facilitados ni ha hecho un seguimiento de los mismos a lo largo de las legislaturas. Todos los escándalos que han saltado a cuenta de las incompatibilidades de sus señorías o de la falta de exhaustividad a la hora de proporcionar la información han partido de investigaciones periodísticas, como la que destapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte. O que Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, no había declarado al Congreso ni su empresa energética ni que asesoraba a una inmobiliaria.

A continuación, infoLibre repasa de forma detallada algunas de las compatibilidades que la Comisión de Estatuto de los Diputados tenía previsto haber llevado al pleno este jueves:

  16 abogados, 2 procuradores y 2 consultores 

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos recoge para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".

Entre los abogados del PP destaca su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, y Leopoldo Barreda. Este último, diputado por Gipuzkoa, es el presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano que visa y debate a puerta cerrada las declaraciones de bienes. 

Coinciden con ellos en actividad privada, también del PP, Francisco Martín Bernabé Pérez; Javier Calvente Gallego, que también es concejal en el Ayuntamiento de Baeza (Jaén); Celso Luis Delgado; el también concejal en A Coruña Miguel Lorenzo; José Vicente Marí;Francisco Martínez Vázquez;Pablo Matos;Francisco Molinero;  el concejal en Viveiro  (Lugo) Jaime de Olano y Juan Carlos Vera Pro. 

Por parte del PSOE sólo hay una autorización para el ejercicio de la abogacía: la de Pedro José Muñoz. Su caso es muy particular. Tiene permiso para ejercer como abogado "en procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas actuaciones".

El caso de Muñoz es similar al de Gloria Elizo, de Unidos Podemos. Abogada del Colegio de Madrid, es "letrada del partido político Podemos; representante legal a efectos penales, civiles o electorales, sin retribución". Su compañera de grupo Sara Carreño también ha reclamado a la citada comisión autorización para ejercer la abogacía.

En cuanto a los procuradores de los tribunales, uno es del PP, Avelino de Barrionuevo, y el otro pertenece a En Comú Podem. Se trata de Jaume Moya.

En Ciudadanos, sólo una diputada, Patricia Reyes, está autorizada para el ejercicio de la abogacía.

Los dos diputados que han solicitado autorización para labores de consultoría pertenecen al PP. Uno de ellos, Teófilo de Luis, reclamó, según recoge el citado dictamen, permiso para algo tan genérico como "asesoría a empresas por cuenta propia sin relación con el sector público". El otro, Javier Ruano, es algo más específico. Es "consultor de organización" y su especialidad es la "elaboración de protocolos familiares y supervisión de la sucesión entre generaciones, sin ninguna relación con la Administración Pública".

  18 diputados relacionados con empresas privadas

La Comisión del Estatuto de los Diputados también suele autorizar la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas siempre que no se contrate con el sector público ni los afectados se sirvan de su condición de parlamentarios para hacer negocio. 

Por parte del PP, Raquel Alonso es arquitecta socia de Pejarbo SL, "sociedad del sector privado, dedicada al cálculo de estructuras de edificación, sin contratar con el sector público". María Carmen Álvarez-Arenas es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios cuyo nombre no precisa.

Celso Delgado, también con autorización para ser abogado, ejerce de administrador único de la mercantil Delgado Arce Abogados SLNE, cuyo objeto es la prestación de servicios jurídicos. Juan Manuel Juncal declara tener el 100% de participaciones en Juncal Auditores SL, una sociedad que, según se señala en el dictamen, "no tiene actividad, y en todo caso, no contrata con el sector público".

Por su parte, Jordi Roca, es administrador de la entidad Presencia Internet SL. Se dedica a la administración de sistemas informáticos. 

Del PSOE sólo una diputada, María Mercè Perea i Conillas, tiene compatibilidad para la administración del patrimonio familiar de Perea i Conillas CB y Avperme CB, "ambas en liquidación y sin facultades de administración".

Seis son los diputados de Ciudadanos con cargos en empresas. José Cano Fuster es apoderado de una empresa familiar, Xato Restauración SL. Elena Faba es administradora de varias mercantiles dedicadas a la informática, telecomunicaciones y ofimática, asesoramiento informático, relaciones públicas, marketing y comunicación. Su compañero Miguel Ángel Garaulet es administrador único de Garaulet y Asociados, "consultoría de servicios de valor añadido para empresas", socio trabajador de una cooperativa de instalación de telecomunicaciones y administrador único de una mercantil intermediaria de comercio inactiva desde diciembre de 2015.

Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez es administrador único de una sociedad limitada de consultoría de seguridad de la información "sin actividad desde enero de 2015"; Patricia Reyes, que pidió compatibilidad para ejercer la abogacía, es administradora de Yatay Ediciones SL y José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja, es administrador único de Mabex Gestión SL, "dedicada a la asesoría jurídica, fiscal y laboral".

Según informó infoLibre a finales de 2015, Villegas usó esta sociedad para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para Ciudadanos en 2011 y 2012. Cobró 72.100 euros a través de Mabex Gestión SL, según admitió él mismo a este diario. Al no declarar ese ingreso como renta personal pagó unos 15.000 euros menos a Hacienda.

De Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, trasladó al órgano del Congreso que eleva a pleno las demandas de compatibilidad de sus señorías que es administradora de la productora Señor Paraguas SL. En la actualidad, señala el dictamen, continúa como socia solidaria de la misma pero no tiene actividad como trabajadora.

Iñigo Alli, de UPN, integrado en el Grupo Mixto, declara ser socio fundador "con el 50%" de la sociedad Síndrome Up, una "consultoría en responsabilidad social corporativa e innovación social". Y su compañera de grupo Miriam Nogueras (PdeCAT) es socia de Bonclasif SL, una firma del sector textil especializada en la fabricación y comercialización de hilos.

Por último, dos parlamentarios declaran también tener relación con la energía fotovoltaica. Es el caso de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, del Partido Popular, que señala ser "titular de planta fotovoltaica". Y de Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos. Según figura en el citado documento es "propietario de central solar fotovoltaica de 2,5 kw".

En este caso, el fiscal general del Estado dijo en su día que la decisión de la Fiscalía, que entendió que no hubo perjuicio para las arcas públicas porque el contrato de la trama que se le atribuía a Sánchez no llegó a formalizarse, fue una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

El parlamentario socialista, por su parte, le reprochó que al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "lo pilló toda España" hablando con Sánchez, en referencia a la conversación que ambos mantuvieron en el congreso del PP un día antes de que Fiscalía decidiera no investigarle por delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

Para el presidente del Gobierno, la pregunta formulada por Hernando en el Pleno "no conduce a nada" porque no ha explicado "por qué el Ejecutivo no ha hecho bien los nombramientos ni por qué no son aceptables las palabras del fiscal general del Estado", que compareció el pasado 1 de marzo en la Comisión de Justicia tras la petición formulada por el grupo socialista.

Además, aseguró este miércoles que es "absolutamente falso" que la anterior fiscal general del Estado Consuelo Madrigal dejara su cargo debido a la imposición de los nombramientos en la cúpula fiscal.

A preguntas del portavoz socialista, Antonio Hernando, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Rajoy se ha remitido a la comparecencia que ofreció el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la cámara baja la pasada semana en la que descartó que el Ministerio Fiscal recibiera órdenes del Ejecutivo en sus actuaciones.

"Estos cargos son discrecionales, se hacen por periodo de tiempo de cinco años. Se han convocado 35 plazas, de las 25 se han renovado a 19 y se han cambiado solamente a 5. Las ha propuesto el fiscal general del Estado después de oír al Consejo Fiscal y el Gobierno los ha ratificado", defendió Rajoy.

De estos nuevos nombramientos Rajoy se ha referido aunque sin citarle al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que, pese a que aspiraba a su tercer mandato tras once años en el cargo, ha sido relevado por Jesús Alonso, hasta ahora su número dos. Sobre este cambio ha dicho que "no hay ninguna razón por la que no pueda ser sustituido" y que, por tanto, no comparte el razonamiento del diputado socialista.

La bancada socialista del Congreso observa estas semanas con atención los cambios en sus escaños vecinos: los de Unidos Podemos. La formación morada celebró su segundo congreso, Vistalegre II, hace apenas quince días, y reforzó en esa cita el poder de su líder, Pablo Iglesias. En los últimos días Iñigo Errejón ha perdido la portavocía del grupo parlamentario y se ha visto relegado a la tercera fila de escaños, mientras que Irene Montero –de la máxima confianza Iglesias– se ha convertido en la nueva número dos. El PSOE cree que Podemos se ha radicalizado, pero confía en seguir teniendo su apoyo en la Cámara baja.

Los socialistas son conscientes de que sólo tienen dos caminos para hacer prosperar sus iniciativas en el Congreso. La primera es pactarlas con el PP. Esa gran coalición entre conservadores y socialistas ya se ha producido, en lo que va de legislatura, en materias como la subida del salario mínimo, el mecanismo de devolución de las cláusulas suelo, la financiación del bono social para consumidores de energía eléctrica, el objetivo de estabilidad presupuestaria, el reparto de déficit entre administraciones... más de una veintena de votaciones relevantes en el Pleno de la Cámara, como informó este diario.

Esta vía, sin embargo, no satisface a todos los sectores de un PSOE metido de lleno en la preparación del Congreso Federal previsto para junio –o lo que es lo mismo, en una lucha por el liderazgo– y donde los dos aspirantes declarados hasta la fecha, Pedro Sánchez y Patxi López, reivindican un giro a la izquierda. Muy especialmente Sánchez, abanderado del no a Rajoy y que acusa a la gestora de dejar al PSOE en tierra de nadie con sus reiterados pactos con el partido de Rajoy. Pero también el exlehendakari, que reclama un PSOE de "izquierda exigente" que no se dedique exclusivamente a arañar pequeñas victorias a los conservadores.

Entendimiento con Podemos

Cuando Iglesias ganó a Errejón en Vistalegre II, la gestora socialista proclamó por boca de Mario Jiménez la victoria del "pablismo-leninismo", anunció la era de las "juventudes comunistas" en el partido morado y lo acusó de virar hacia la "radicalidad" y la "extrema izquierda", rompiendo "todos los puentes" con las instituciones. "Va a ser muy difícil trabajar juntos, porque el proyecto que ha sido ratificado en Vistalegre es el del alejamiento de la posibilidad de encontrarse en las instituciones". Cargos del PSOE andaluz sostuvieron que la victoria de Iglesias complicaba "cualquier posible acuerdo".

Pero, declaraciones al margen, el PSOE sabe que para no depender del PP y apuntarse tantos en el Parlamento, para gobernar desde la oposición y crujir a Rajoy –como pronosticó Eduardo Madina–, sólo le queda un segundo camino: llegar a acuerdos con Podemos. Antes de Vistalegre II, socialistas y morados votaron juntos contra el PP en más de quince ocasiones. La duda es si el nuevo Podemos se alejará o no del PSOE definitivamente. Cargos socialistas afines a la gestora y a la actual dirección del grupo parlamentario confían en que eso no suceda y pronostican, de hecho, que seguirán votando juntos en multitud de ocasiones.

"Podemos dice que va a priorizar la calle, pero tampoco puede abandonar el Congreso. No pueden desentenderse de todo lo que pasa aquí", dice un diputado socialista con larga experiencia en el hemiciclo. Tanto él como compañeros de bancada preguntados por este diario creen que "con algunas medidas no podrán esquivar" apoyar al PSOE, porque con independencia de los discursos "hay coincidencias en los programas" en distintos aspectos. Así que, aunque el tono entre socialistas y morados pueda ser duro, "a la hora de la verdad acabaremos votando juntos muchas veces", apuntan fuentes socialistas.

Lo que sí esperan en el PSOE es que el nuevo Podemos "radical" de Iglesias "endurezca su discurso": "Van a insistir más aún en la idea de la triple alianza, pondrán más el foco sobre los pactos que cerremos [con el Gobierno], pero no creo que vayan más allá", dice una diputada socialista. Hay otra cuestión que tranquiliza a sector oficialista del PSOE: creen que es para ellos "un milagro que haya ganado Pablo", porque su discurso es "mucho menos atractivo" para el votante "tradicional" del PSOE. "Errejón habría sido letal para nosotros, pero claro, cuando un rival se equivoca y elige al malo no se le corrige", comenta esta fuente.

Iglesias no cambia de estrategia

¿Y qué opinan de esta cuestión los dirigentes del grupo morado? Fuentes del círculo de confianza de Pablo Iglesias consultadas por infoLibre confirman, por su parte, que no hay previstos grandes cambios de estrategia, más allá de matices en el discurso o del mayor o menor poder que atesoren determinadas figuras: "Nuestra oposición será la misma", dice un cargo próximo al secretario general. "Seguiremos haciendo nuestra labor parlamentaria y nuestro papel como oposición en función de nuestro programa", apunta una dirigente del entorno de Iglesias, informa Daniel Ríos.

Estas voces siguen mostrando disposición a pactar con los socialistas –"si se puede llegar a acuerdos puntuales, bien", dicen– pero, tal y como se esperan en el propio PSOE, también pronostican que emplearán un discurso duro para afear al PSOE que sea "un aliado del Gobierno". "Denunciaremos que el PSOE hace de aliado del PP en todo lo importante y en eso no nos temblará la voz, claro", dicen fuentes de Podemos, donde se acusa a los socialistas de pactar con ellos las proposiciones no de ley, que "no tienen incidencia real y son un gesto a la galería", y de cerrar pactos con Rajoy "por fuera del parlamento".

Goteo de acuerdos

En los primeros compases del Podemos post Vistalegre II, el goteo de votaciones conjuntas con los socialistas no se ha detenido. En el pleno de la semana pasada, el PSOE respaldó una proposición no de ley del grupo de Iglesias para la creación de un poco bancario público –que fue derrotada por la alianza PP-Ciudadanos–, aunque votó junto al PP en dos cuestiones: una moción sobre la "falta de previsión del Gobierno" a la hora de afrontar el temporal de frío y nieve de principios de febrero y la trasposición de una directiva europea sobre contratos del sector público.

En las sesiones parlamentarias de esta semana, finalmente, PSOE y Unidos Podemos votaron juntos a favor de la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para reformar y recuperar la justicia universal y también en una moción que los independentistas catalanes transaccionaron con los socialistas, relativa al valor catastral de construcciones rústicas y agrícolas. En los últimos siete días no ha habido votaciones en el Pleno donde PP y PSOE hayan unido sus votos en contra del grupo morado.

En las últimas semanas, a raíz del informe del Consejo de Estado que pone en el punto de mira la actuación del Ministerio de Defensa en la tragedia aérea del Yak-42, el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido dando pasos para la asunción de responsabilidades. Unos pasos que arrancaron con una reunión entre los familiares de las víctimas y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y que siguieron con una petición de perdón pública por parte de ésta en nombre del Estado y un encuentro, este martes, entre las familias y el propio presidente del Gobierno. No obstante, Mariano Rajoy no ha pedido todavía perdón de forma expresa. Se ha limitado ha hacer suyas las palabras de su titular de Defensa.

Este miércoles, en respuesta a una pregunta del socialista Antonio Hernando, el jefe del Ejecutivo tuvo la oportunidad de verbalizar ese perdón. Pero lo evitó. "Quiero asumir como propias lo que dijo María de Cospedal, porque es de justicia", dijo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno echó en cara a los socialistas no haberse preocupado por este tema en los años que lleva en Moncloa. "Llevo 5 años de presidente y nadie del PSOE me ha hecho una pregunta sobre esta cuestión. La tragedia fue uno de los hechos más terribles de nuestra historia y ha causado un gran dolor", dijo.

Hernando  sostuvo que el accidente "se pudo evitar" y que los 62 militares españoles perdieron la vida "cumpliendo con su deber porque otros no cumplieron con el suyo".

El socialista calificó los errores en la identificación de los cadáveres como "uno de los hechos más vergonzantes en la historia reciente" y lamentó que familias que esperaban "reconocimiento, verdad y justicia" recibieron "desprecio y amenazas".

El PSOE y Unidos Podemos han lamentado que, ante la constante subida de la luz, el presidente Mariano Rajoy se limite a actuar como "hombre del tiempo" o como un "chamán" pronosticando que pronto bajarán los precios de la electricidad porque "va a llover".

Así lo han señalado los portavoces del PSOE y Unidos Podemos en el Congreso, Antonio Hernando e Íñigo Errejón, en sendas ruedas de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, en respuesta a las declaraciones de Rajoy en las que descartaba acometer nuevas medidas para abaratar el recibo de la luz ante la previsible disminución por las previsiones de lluvia en los próximos días.

Hernando ha dicho ver "sorprendente" que Rajoy "haya actuado más como hombre del tiempo que como presidente del Gobierno" al decir que "va a llover" en referencia al precio de la electricidad.

Más presidentes y menos meteorólogo

"Debe actuar más como presidente del Gobierno que como comentarista del tiempo", ha apostillado Hernando, que ha avanzado que desde el Grupo Socialista pedirán explicaciones al Gobierno en la sesión de control del próximo miércoles para que explique los "vaivenes" en el recibo de la luz y las actuaciones previstas para frenar su alza.

Asimismo, el secretario político de Podemos y portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Iñigo Errejón, ha calificado de "cómicas y lamentables" las declaraciones de Rajoy sobre el precio de la electricidad, ya que "en vez de presidente del Gobierno parece que tuviésemos un chamán".

En este sentido, ha criticado que Rajoy se "encomiende a la lluvia" garantizando que "cuando caigan cuatro gotas bajará el precio", un argumento de "alguien que se desentiende del Gobierno y de las cuestiones que preocupan a los españoles".

Errejón ha recordado que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró el miércoles, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, una proposición de ley en el Congreso para eliminar el impuesto al sol y favorecer el autoconsumo colectivo, lo que redundaría en una bajada de los precios de la electricidad.

Errejón critica el "cinismo atroz" del sector eléctrico

Además, Errejón ha calificado de "cinismo atroz" el argumento esgrimido por el sector eléctrico respecto al perjuicio que sufre cuando se encarece la electricidad por la disminución de la demanda, y ha recordado que "la gente pobre no tiene otra que seguir pagando hasta que les cortan la luz".

"Hay alternativa en el problema del precio de la luz, pero exige decisión política", de forma que "en lugar de ponerse del lado del oligopolio eléctrico, se ponga del lado de los españoles", ha remachado Errejón, quien ha vuelto a exigir la realización de una auditoría de los costes energéticos.