La batalla judicial entre la periodista Silvia Intxaurrondo y el diario El Mundo, propiedad del empresario italiano Urbano Cairo, suma un nuevo capítulo. Un juzgado ha ordenado al rotativo y a su director, Joaquín Manso, ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre en el plazo de tres días y publicar la rectificación de la información sobre el sueldo de la presentadora en RTVE, tal y como establecía el fallo firme dictado en su contra. Es el cuarto varapalo judicial que encaja el periódico en este litigio.

La propia Intxaurrondo lo anunció este martes en su cuenta de X con un mensaje escueto pero contundente: "Hoy, nuevo varapalo judicial para El Mundo y Joaquín Manso (ya van cuatro): el juzgado despacha ejecución y les da 3 días para publicar la rectificación del bulo contra mí, en los términos fijados por la sentencia. Otra vez la Justicia obligándoles a cumplir".

El litigio arranca de una información publicada por El Mundo en la que el periódico afirmaba que RTVE había renovado el contrato de Intxaurrondo por un total de 537.000 euros, una operación que según el rotativo habría coincidido en el tiempo con la entrevista que la presentadora de La hora de la 1 realizó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le reprochó sus declaraciones sobre la subida de las pensiones a pocas semanas de las elecciones generales.

Intxaurrondo siempre negó esos datos. Según defendió ante los tribunales, las negociaciones con la cadena pública comenzaron mucho antes de aquella entrevista y se prolongaron después de ella. Además, denunció que El Mundo había inflado su sueldo en 150.000 euros, sumando indebidamente la remuneración que percibía por el programa El mejor de la historia.

Un camino judicial con ida y vuelta

El proceso no fue lineal para la periodista. En una primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid desestimó su demanda en enero de 2024, ya que las cifras aportadas por el periódico coincidían con documentos internos de RTVE. El juez también tuvo en cuenta que algunos datos erróneos habían sido corregidos tras una conversación entre El Mundo y el marido de Intxaurrondo, administrador de la sociedad que gestionó la renovación contractual. Tras esa resolución, fue la periodista quien tuvo que hacerse cargo de las costas.

Sin embargo, Intxaurrondo recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón: condenó a El Mundo y a Manso a rectificar y a asumir las costas de ambas instancias. En noviembre, el Supremo ratificó ese fallo, en una decisión también celebrada por la periodista: “Es una pena” que El Mundo “se haya transformado en el juguete de una banda que avergüenza a la profesión”.

En aquel momento, Intxaurrondo también señaló la connivencia del diario con el PP:

A partir de ese momento, el periódico ha ido acumulando sucesivos incumplimientos y reveses procesales, hasta llegar a esta nueva resolución que le exige ejecutar la rectificación en el plazo improrrogable de tres días.

El caso ha tenido una amplia resonancia en el debate sobre la desinformación y la responsabilidad mediática. La propia Intxaurrondo lo quiso sintetizar en una frase que se ha hecho viral durante estos años: "Es muy fácil colar un bulo que arruine la reputación de una mujer".

Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que reveló la noche del 13 de marzo el correo clave del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que tuvo acceso a su contenido seis horas antes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con quien no habló "en ningún momento", según informa EFE.

Su declaración se antoja crucial habida cuenta de que el instructor acotó la revelación de secretos en la supuesta filtración del fiscal general a este redactor, quien en fase de instrucción dejó claro que él tenía la información antes de que el fiscal tuviera acceso al correo a las 21:59 del 13 de marzo de 2024 y negó que se lo hubiera proporcionado García Ortiz. De ambas cosas se ha ratificado.

Así, ha negado que su fuente fuera el fiscal general y, como todos aquellos periodistas que han comparecido hasta la fecha, se ha acogido a su secreto profesional para no revelar su fuente. Pero sí que ha precisado que desde la Fiscalía de Delitos Económicos, a donde llegó el correo del abogado Carlos Neira. se produjeron "reenvíos" de ese email, es decir, que más personas tuvieron acceso a su contenido.

Como ya dijera en instrucción, Campos ha detallado que su fuente le llamó para que fuera a su despacho y ver el email, en formato correo y no un word con el mismo, que decía que la propuesta de conformidad había partido del letrado de Alberto González Amador, cuyo contenido escribió por completo. Llegó a las 15:34 horas del día 13. García Ortiz no tuvo acceso hasta las 21:59 horas.

Luego, ha explicado que cuando se dirigía a su trabajo, esa fuente le llamó para decirle que no podía revelar el correo porque se podía "meter en un lío" dado que no sabía "cuantas personas habían tenido acceso al correo", por tanto, no le deja publicarlo pues él "podía resultar identificado" como fuente.

Tras ello, trató de buscar "otra fuente de confirmación" sin decir nada a nadie del correo, para evitar una "voladura controlada", ni tampoco a sus jefes para "no provocar una situación de tensión".

Así las cosas, se fue a ver el partido del Atlético de Madrid a un bar cuando recibió una llamada de su trabajo avisándole de la noticia de El Mundo, que decía que el pacto había salido de Fiscalía.

De inmediato, se puso a llamar a muchas personas, entre ellas a su fuente, que no le cogió el teléfono, y al fiscal general "para verificar si esa información era cierta o no". "Le llamé, sí, como estuve llamando a mucha gente aquella noche. Tenía, creo, el mismo móvil, estaba desesperado, necesitaba esa información, pero saltó el buzón de voz", ha explicado.

Por eso, ha dejado claro que "en ningún momento" habló con García Ortiz, ni tampoco le envió un mensaje ni le llamó por WhatsApp al tiempo que ha precisado que no ha tenido "nunca una relación personal ni siquiera profesional intensa con García Ortiz". Mientras seguía con las llamadas, Campos, además, dio instrucciones a sus jefes para que no publicaran ninguna información citando a El Mundo porque "sabía que era falsa, que era un bulo".

Finalmente, la fuente le respondió poco antes de las 23 horas y le autorizó a revelar el contenido del correo tras convecerle "con el argumento de que no había ningún secreto porque el secreto eran las negociaciones". Entró en antena a las 23.25 horas. "Mi noticia revelaba la verdad". Campos informó del contenido del email, de su contenido y de que la Fiscalía preparaba una nota de prensa para desmentir a El Mundo.

La periodista Silvia Intxaurrondo  ha anunciado este jueves que ha ganado su demanda contra El Mundo por una información sobre su sueldo en RTVE que condena al periódico y a su director, Joaquín Manso a una rectificación y a hacerse cargo de los costes del proceso. La presentadora de La hora de la 1 había demandado al rotativo por una pieza en la que afirmaba que la cadena pública renovó su contrato por un total de 537.000 euros coincidiendo con su entrevista al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le afeó sus mentiras sobre la subida de las pensiones a pocos días de las elecciones generales.

“Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a El Mundo y a su director Joaquín Manso a rectificar los bulos que publicaron sobre mí y a pagar las costas de ambos juicios. Tienen 3 días para hacerlo”, ha escrito la periodista en X. Intxaurrondo siempre ha mantenido que, tanto el sueldo, como la fecha en la que se produjo la renovación, son incorrectos. Según hizo ver en el juicio, las negociaciones entre ella y la cadena comenzaron mucho antes de la entrevista a Feijóo y continuaron después de esta. Además, su sueldo, al que El Mundo añadió 150.000 euros, la remuneración que percibía la periodista por el programa El mejor de la historia, también era más alto que el real.

La periodista había perdido su primera batalla judicial contra El Mundo en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid, que desestimó su demanda en enero de este año, ya que las cifras aportadas por el periódico coincidían con los documentos internos de RTVE. Además, el juez tuvo en cuenta que algunos datos erróneos fueron corregidos tras una llamada entre el periódico y el marido de Intxaurrondo, administrador de la empresa que negoció la renovación del contrato.

Tras esa decisión, la periodista fue condenada a pagar los costes del proceso, pero decidió recurrir la sentencia. Ahora, la Justicia le ha dado la razón y tendrá que ser el periódico quien se haga cargo de esos costes además de rectificar la información.

El aguafuerte de Goya sobre la amenaza de los monstruos ha servido con frecuencia para señalar momentos de crisis en la historia contemporánea. Sí, el sueño de la razón produce monstruos. Cuando el fanatismo y la irracionalidad se convierten en el motor de los acontecimientos, la historia cae en manos de la monstruosidad y se imponen las dinámicas de violencia, los horrores, las humillaciones de la dignidad humana. Pero también pueden plantearse las cosas al revés, porque el ideario de la Ilustración se fundó en la apuesta por equilibrar las razones y los sentimientos, los valores universales y el respeto a la experiencia de cada corazón. Si los sentimientos se quedan dormidos, los cálculos razonables de la ciencia y la tecnología desembocan en armas de destrucción masiva y en genocidios.

Hay mucho de reflexión profesional sobre el futuro del arte y la realidad en Los Caprichos de Goya. Tan peligrosos son los fanáticos de corazón como los profesionales que utilizan sus conocimientos para suprimir lo razonable. Goya nos muestra a un hombre con ropas ilustradas que se duerme, apoyando su cabeza sobre lo que podría ser una mesa de trabajo. Puestos a sacar conclusiones en la decencia profesional, el peligro no sólo está en los que se quedan dormidos, sino también en los que utilizan sus conocimientos y el sueño de los demás para provocar estrategias cargadas de monstruos. Por desgracia, debajo de los fanatismos suelen encontrarse metódicos cálculos de estructuras para favorecer el mal. La democracia se llena de monstruos, vampiros salvajes que imponen la ley del más fuerte y la degradación de la política, debido a profesionales que abandonan su decencia y someten sus actuaciones a la lógica de las pesadillas.

En este sentido, el periodismo cobra un valor decisivo, porque es un eje clave para la democracia. Acabamos de vivir dos situaciones significativas que parten de un pseudoperiodista, o de un demagogo público, y de un reconocido medio de comunicación.

Es grave que un activista de la infamia interrumpa una rueda de prensa en el Parlamento. Pero es más grave que ese activista tenga un carné de profesional que facilite su entrada para ejercer parlamentariamente el vandalismo. Y mucho más grave que, cuando los profesionales decentes protestan y se abre la posibilidad de negarle el permiso oficial de periodista a quien no es más que una tristísima estafa mediática, salga el Partido Popular para confundir la necesaria transparencia reguladora con un ataque a la libertad de expresión. La decencia profesional no puede confundirse con la demagogia que quiere impedir la información pública.

También son muy graves las alianzas de algunos medios de comunicación con los que pretenden degradar la política y extender la idea de que la representación pública está fundada en la mentira y la corrupción. El filtrado de los wasaps de Pedro Sánchez es un ejemplo claro, porque lo escandaloso no está en el contenido de esas conversaciones privadas, sino en el uso público que se hace de ellas. Resulta lógico que una primera pregunta se dirija a la filtración, a las personas que han violado la decencia para facilitar un secreto a un medio de comunicación. Pero es inevitable después, más allá de cualquier tentación gremial, preguntarse por la decencia de los profesionales que convierten la información en una infame estrategia de fango. Ofrecer una noticia exige plantear el contexto de la información, enmarcar profesionalmente los datos que se dan, analizar su significado, contar el sentido o, incluso, negarse a participar en dinámicas que tengan más que ver con el fango que con el conocimiento. Por desgracia hay profesionales que no sólo se quedan dormidos en su decencia, sino que someten los cálculos y la lógica de su oficio a la indecencia.

Vivimos en un mundo en el que el sueño de la razón y la indecencia de las razones vuelven a producir monstruos. El periodismo es una clave decisiva para la democracia, un valor imprescindible. Resulta necesario pedir a los profesionales que sean conscientes de la importancia de su honestidad y pedir a las autoridades que regulen ya un marco de transparencia profesional. Nada tiene que ver con la censura comprometerse en la necesidad de que no se confunda a un profesional con un activista de la infamia. También hay que pedir información pública sobre los intereses económicos que provocan los sesgos y las estrategias de basura en los medios de comunicación.  

La caída de Bashar Al Asad el pasado 8 de diciembre dejó al descubierto un país en ruinas. Ciudades enteras arrasadas, una población sumida en la pobreza y más de seis millones de refugiados en todo el mundo. Las imágenes de decenas de edificios oficiales despojados de sus burócratas y sus secretos también ilustran a la perfección el fulgurante desplome del régimen que gobernó Siria con mano de hierro durante 53 años. En uno de esos recintos, el de la Dirección General de Inteligencia, situado en el barrio de Kafr Sousa, en Damasco, periodistas de Siraj (Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism), que al igual que infoLibre es miembro del consorcio de medios de investigación OCCRP, encontraron el pasado 27 de diciembre una lista negra de periodistas extranjeros. Ése es exactamente el título del documento, que incluye los nombres de 150 reporteros de todo el mundo. Trece son periodistas españoles.

Javier Espinosa, Mónica García Prieto y Rosa Meneses (El Mundo); Álvaro de Cózar y Mayte Carrasco (El País); Daniel Iriarte (Abc) y Ethel Bonet (La Razón) se unen en el documento al premio Pulitzer Manu Brabo y a Ricardo García Vilanova y Antonio Pampliega, ambos secuestrados por los yihadistas en 2013 y 2015, respectivamente. También aparece Roberto Fraile, que fue asesinado en Burkina Fasso en abril de 2021 por terroristas de Al Qaeda. Los fotógrafos Daniel Leal-Olivas y Sergi Cabezas completan la lista española.

Todos ellos comparten el honor de haber sido señalados por la inteligencia de Al Asad, junto con el estadounidense Austin Tice, periodista de The Washington Post que desapareció en agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil en Siria y del que aún no se sabe si está vivo o muerto. También aparecen en la lista negra la norteamericana Marie Colvin, reportera de The Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, de Paris Match, asesinados en un ataque del ejército sirio en la ciudad de Homs en febrero de 2012. Además, el informe menciona a James Foley, secuestrado en noviembre de 2012 por el Estado Islámico y decapitado en agosto de 2014, en una ejecución filmada por los yihadistas.

La lista, que tiene fecha del 4 de marzo de 2013, fue elaborada por el Ministerio de Información sirio, en concreto por el Departamento de Medios Extranjeros, e iba dirigida al comandante director de la Dirección General de Inteligencia. Está redactada en árabe y formaba parte de una carpeta etiquetada como Periodistas en Siria. Era la portada del expediente donde se halló un documento sobre Austin Tice.

El documento no es más que una prueba más del control que el régimen de Bashar Al Asad pretendía ejercer sobre los periodistas. Como publicó OCCRP, el Gobierno sirio abrió también una operación para investigar a Siraj, que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos de Al Asad, y a cuyos reporteros acusaba de espionaje.

La lista negra hallada en diciembre apenas incluye una corta anotación por periodista, con las fechas y lugares por los que cada uno de ellos entró “ilegalmente” en Siria en 2012 y 2013. En algún caso, ni siquiera eso. O sólo se añaden las fechas en que los reporteros publicaron sus crónicas sobre la guerra en sus respectivos medios.

Es más, en el caso de los españoles, se incluye el nombre de una enfermera danesa de Médicos sin Fronteras, Adriana Ferracin Kleivan, que publicó en un blog del gratuito 20 Minutos una breve reseña de su experiencia en el hospital donde trabajaba, tras el bombardeo de un mercado.

Ninguno de los periodistas, todos ellos curtidos en zonas de conflicto y conocedores de Oriente Próximo, se ha sorprendido cuando infoLibre les ha comunicado su inclusión en la lista negra de Al Asad. Algunos de ellos no sólo conocían la existencia de semejante documento, sino que incluso sabían que formaban parte de uno similar. Ricardo García Vilanova fue, junto con Javier Espinosa y Antonio Pampliega, de los primeros que entraron en Siria en diciembre de 2011, cuando apenas había periodistas extranjeros cubriendo la guerra. En el documento no aparece ninguna referencia a ese año. “Entonces ya nos hablaron de una lista en la que estábamos los tres, colgada en la pared de una comisaría de policía y que estábamos buscados”, recuerda el fotoperiodista, freelance al que el Ministerio de Información sitúa al servicio de la agencia France Presse. “También trabajé entonces para The New York Times, CNN o Der Spiegel”, explica, “porque esos primeros meses casi éramos los únicos periodistas en Siria, y hasta julio y agosto, cuando se abrió la frontera turca, no empezaron a llegar reporteros de otros medios”.

“El régimen te hacía saber que estabas bajo vigilancia, te lo decían en el consulado cuando ibas a pedir el visado”, asegura Mónica García Prieto, entonces reportera de El Mundo. Cuando, semanas después del segundo asedio a la ciudad de Homs, la televisión siria emitió un documental en el que un activista confesaba unos supuestos crímenes tras haber sido torturado, aparecieron también unas capturas de pantalla de Mónica García Prieto y Javier Espinosa, asegura la periodista.

A García Prieto no le extraña en absoluto que el Ministerio de Información fuera el autor de la lista. Cuando ésta se elaboró hacía pocos meses que ya no figuraba al frente de ese departamento Mohsen Bilal, su titular desde 2006. Bilal había sido embajador en España durante cinco años y habla un perfecto castellano. “Tenía muy buena relación con él”, destaca Mónica García Prieto. “Cuando visitaba Siria, con visado, pero no le avisaba, me enviaba un ramo de flores al hotel con una nota del estilo ‘no vuelvas a hacerlo sin avisarme’, para que no hubiera duda de que él sabía dónde estaba yo”, cuenta la reportera. “El control del régimen era extremo”, subraya, “y se tomaban como una ofensa personal que nos lo saltáramos”.

Javier Espinosa acaba de volver de Siria, adonde llegó hace tres semanas. Pese a que el régimen de Al Asad ya no existe, en la misma frontera le recomendaron que fuera al Ministerio de Información para que le sacaran de la lista negra y evitarse problemas en el futuro. “Tienes prohibida la entrada en el país”, le dijeron. Estuvo en el ministerio pero, de momento, los funcionarios “no están en condiciones de ocuparse de esos trámites”, concede el periodista. Espinosa apunta que su relación con el régimen hasta el estallido de la guerra era “más o menos normal”. En 2010, con ocasión del décimo aniversario de la llegada al poder de Bashar Al Asad, formó parte de la comitiva oficial. Así que en 2011 solicitó visado desde Líbano, donde residía, para entrar legalmente en el país. Y se lo concedieron, pero sólo cuando él ya había cruzado la frontera con los rebeldes por Idlib, en el norte del país.

Todos los reporteros permanecieron en zonas controladas por los rebeldes, el Ejército Libre Sirio (ELS), durante el tiempo en que cubrieron el conflicto –“No se podía cruzar la línea del frente”–, por lo que no fueron controlados por agentes del régimen o sufrieron ningún tipo de acoso. “Estuve en Siria cerca de 100 días, siempre en territorio liberado”, detalla el fotógrafo Daniel Leal-Olivas, “así que el Gobierno sirio no podia hacernos nada en esa zona”.

Mayte Carrasco, sin embargo, cree que los periodistas eran vigilados. Se remite al ataque que sufrió el centro desde el que trabajaban los reporteros en Homs, y donde fueron asesinados Marie Colvin y Rémi Olchik, que luego se demostró intencionado. “No usábamos los teléfonos móviles porque eran localizables”, recalca.

El problema, añaden todos, se presentaba si intentaban entrar en el país solicitando un visado. A Rosa Meneses se lo denegaron a final de 2012 cuando quiso regresar tras haber pasado dos semanas en el país. Ethel Bonet, que ahora trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario catalán Ara, sólo retornó a Damasco tras el 8 de diciembre. “Era casi una cuestión personal”, subraya, “poder decir ‘por fin he vuelto”. Mayte Carrasco, que informaba para El País, Canal Plus Francia, Telecinco y el periódico argentino La Nación, menciona que estar en la lista negra siria impidió a muchos periodistas utilizar el aeropuerto de Beirut, por el control que Hizbulá, aliado del régimen sirio, ejercía en Líbano. Antonio Pampliega ni se plantea viajar a Irán, también aliado del régimen caído, ahora que sabe que aparecía en los informes de inteligencia de Al Asad.

Adriana Ferracin, la enfermera que el Ministerio de Información catalogó por error como periodista, también tuvo problemas para conseguir un visado en 2022, que le fue denegado sin ninguna explicación. “Les pasó lo mismo a muchos otros compañeros de Médicos Sin Fronteras”, precisa. Diez años antes había trabajado en Alepo y Al Salamah. “Fueron tiempos intensos, montamos hospitales que recibieron muchos heridos por bombardeos sobre infraestructuras civiles, escuelas y mercados. También perdimos a colegas sirios e incluso vimos el resultado de las bombas de fósforo blanco en niños”, describe la enfermera, que entró en Siria “cuatro veces” por periodos de tres o cuatro meses cada una.

El entonces corresponsal de Abc en Estambul, Daniel Iriarte, sólo estuvo 72 horas en Siria, tiempo suficiente para que le colocaran en la lista negra. Estando aún en la capital turca, ya le hablaron de la existencia de semejante documento. “Fue el primer periodista en mencionar la presencia de elementos extranjeros en las filas de los grupos armados”, anotó sobre Iriarte el autor del documento. “Sí, el régimen sirio explotó para su propaganda la historia que escribí sobre la presencia de milicianos libios en las tropas rebeldes”, lamenta. Pero eso no fue óbice para incluirlo en la lista negra. Al mismo tiempo, los rebeldes le acusaron de ser un espía de Al Asad. “Ninguno de los dos bandos me quería ver”, se ríe ahora, así que tuvo que escribir sus crónicas desde el otro lado del frontera, en Turquía.

Los reporteros aseguran que lo normal en aquellos día era “entrar y salir” de Siria cada cierto tiempo. “La frontera con Turquía era un coladero, podías entrar andando”, resalta Manu Brabo, premio Pulitzer en 2013 precisamente por las fotos que había hecho en Alepo –junto con otros cuatro reporteros de AP– un año antes. En la lista figura dos veces, como Manu Brabo y como Manuel Varela Brabo, como si fueran dos personas distintas que hubieran entrado ilegalmente en el país en fechas y lugares diferentes: por Aleppo en septiembre de 2012 y por Idlib en noviembre. Además, figura como reportero de France Presse. Las informaciones del Ministerio de Información no parecen haber sido recopiladas con demasiada precisión.

Según fue transcurriendo 2012 y elementos de Al Qaeda y el Estado Islámico empezaron a infiltrarse en los grupos rebeldes, el trabajo de los periodistas extranjeros fue haciéndose más difícil. Álvaro de Cózar llegó a Alepo en julio de 2012 y allí permaneció un mes. “Al poco tiempo, los periodistas nos convertimos en objetivos”, relata, “empezamos a no ser bien vistos”. De hecho, recuerda que James Foley le advirtió a él y a otros reporteros españoles de que no fueran a Idlib, de donde acababa de salir, porque allí abundaban los radicales. Fue en esa zona donde el estadounidense fue secuestrado. La misma sensación de inseguridad y miedo tuvo Rosa Meneses. Ella llegó cuando acababa de desaparecer Austin Tice. En un pueblo que había caído en manos de los salafistas, vio cómo empezaban a instaurarse los tribunales islámicos y cómo trataban a los soldados del régimen que habían hecho prisioneros.

“Les robaron la revolución”, sentencia Ethel Bonet tras detallar que pasó de poder “dormir casi en casa de cualquiera” a tener que llevar pañuelo para pasar inadvertida. Los activistas en el bando rebelde tuvieron que marcharse y fueron sustituidos poco a poco por salafistas.

La hostilidad a la prensa extranjera fue sólo el anticipo de lo que vendría después. El fotógrafo Sergi Cabeza abandonó Siria en marzo de 2013, cuando “empezaron los secuestros”. El 4 de septiembre el Estado Islámico capturó en Raqa a Marc Marginedas, reportero de El Periódico de Catalunya. Doce días después fueron secuestrados en la misma provincia y por el mismo grupo Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova. Marginedas estuvo cinco meses y 26 días en poder de los yihadistas; Espinosa y García Vilanova, seis meses y 14 días. El secuestro de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre a manos de Al Nusra, la filial de Al Qaeda en Siria, ocurrió en Alepo casi dos años más tarde, en julio de 2015, y fue mucho más largo. “299 días”, cuenta Pampliega.

Posiblemente fueron Pampliega y García Vilanova, rememora éste, los últimos que vieron a Austin Tice en Homs antes de desaparecer: “Nos dijo que se iba a Damasco, que tenía contactos allí”.

Además de Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Manu Brabo han vuelto a Siria tras la huida de Bashar Al Asad a Moscú. García Vilanova, de hecho, no ha dejado de viajar al país árabe en todos estos años, pese a su secuestro en 2013. El pasado diciembre entró por el norte, donde se sigue librando otra guerra: la de los kurdos. Y regresará en un par de semanas, asegura. Ni él ni Espinosa ni Ethel Bonet son optimistas respecto al futuro de Siria. “El país está arrasado, como Gaza, y tiene por delante unos desafíos brutales: carece de recursos económicos, todo el mundo tiene armas, hay muchísimas facciones…”, enumera Javier Espinosa. Pese a que los gestos del nuevo gobierno parecen “positivos, de momento, la lógica dice que saldrá mal”, advierte el periodista de El Mundo. El nuevo líder sirio, Ahmed Al Shara, ha sido “bastante pragmático, hasta ahora, lo que no significa que sea fiable, ”, apunta con cautela. “Que, con las muertes causadas por el régimen, no estén pasando a cuchillo a los alauíes y no se haya desatado una guerra civil ya es un milagro”, destaca.

Ése es precisamente el temor de García Vilanova, que la población no acepte las leyes religiosas que pretenda imponer el nuevo gobierno y estalle un nuevo enfrentamiento. Sin olvidar las injerencias de otros países, como Turquía o Irán. “Es una locura que [Al Shara] haya retrasado las elecciones hasta dentro de cuatro años”, protesta el fotógrafo. Manu Brabo ya ha visto “tensiones” entre radicales y minorías, pero de momento cree que la situación es “estable” y, como Espinosa, alaba que los sirios “no se estén matando entre ellos” pese a la “mucha sangre que algunos tienen en las manos”.

Por el contrario, Siria fue el último conflicto que cubrieron Álvaro de Cózar y Sergi Cabeza. Desde 2007, el periodista de El País venía informando de los conflictos más relevantes desatados en África y Oriente Próximo. En 2011 llegó a Siria procedente de Túnez y Libia, siguiendo el rastro de la primavera árabe. También Mayte Carrasco, qu ahora trabaja para Canal Sur y filma documentales en zonas de conflicto, venía de Libia, Túnez y Egipto, cuando entró ilegalmente en Siria en enero de 2012. Sergi Cabeza, que formó equipo con Antonio Pampliega y José Manuel López para AP, después de informar para La Vanguardia y Berria, llegó a El Cairo apenas un mes después de que cayera Mubarak, y tuvo allí su base hasta 2015. Después de Siria, dejó el periodismo. Pero no por lo que vio allí, sino “por la precariedad”, aclara. Esa otra guerra.

Los trabajadores del periódico Abc están llamados a la huelga los próximos 26 y 27 de este mes, los días en que se celebrará el debate y la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, en demanda de una subida salarial del 4% para este año que la empresa se niega a conceder. La plantilla del periódico del grupo Vocento se suma así a las protestas que este año han llevado a cabo los periodistas de El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, entre los de mayor tirada, para poner fin a más de una década de congelación e incluso recortes salariales.

El pasado mes de julio el comité de empresa del Abc reclamó al grupo Vocento una subida del 4% para toda la plantilla con carácter retroactivo –aplicable desde el 1 de enero–, y del 3% tanto en 2024 como en 2025. También pedía un día de teletrabajo a la semana para toda la redacción y sin vetos, según explican fuentes sindicales. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue, tras 14 años de congelación salarial –excepto una subida lineal en 2018 sólo para los sueldos más bajos–, que la negociación de cualquier mejora quedaba postergada a 2024. “Una mera declaración de intenciones”, lo califican las citadas fuentes. Y sin hacer ninguna contraoferta sobre el teletrabajo.

Ante la perspectiva de quedarse sin periodistas para cubrir la investidura, la empresa ya ha convocado al comité antes de esa fecha.

La inflación ha sido la gota que ha rebosado el vaso de la congelación salarial en las redacciones de los principales periódicos españoles. En El Mundo llevaban 15 años sin subir los sueldos, en La Vanguardia y Cinco Días 10 años y en el Diario Sur –también de Vocento–, 12 años. Fue la resaca de los múltiples ERE con que los grupos de comunicación intentaron solventar sus malos resultados durante la crisis financiera.

En abril los periodistas de El Mundo comenzaron a protestar un día a la semana en unas convocatorias que llamaron los Miércoles Negros, copiando los Viernes Negros con los que llevan más de cinco años denunciando la manipulación informativa los trabajadores de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG). Y de la que responsabilizan a Alberto Núñez Feijóo. No llegaron a convocar una huelga, pero sí consiguieron que Unidad Editorial, su grupo editor, les concediese el pasado mes de julio una gratificación de 550 euros este año para los salarios brutos inferiores a 40.000 euros anuales y de 500 para los que superen esa cifra. En 2024 los que cobran menos de 40.000 euros consolidarán 400 euros de esa subida y los que exceden ese sueldo anual consolidarán esa misma cantidad cuando la empresa entre en beneficios. También han conseguido un día de teletrabajo semanal, “siempre que sea posible”. El convenio colectivo, que llevaba años caducado y con la negociación para renovarlo bloqueada, se ha prorrogado hasta 2025.

Un acuerdo parecido han conseguido sus compañeros de Expansión, pero en su caso la gratificación es de 700 euros. También en el deportivo Marca se han pactado subidas lineales del mismo tipo.

Las plantillas de El País y Cinco Días llegaron a convocar dos días de huelga el 7 y 10 de julio, pero la empresa se apresuró a negociar para evitarla. La subida salarial conseguida es de un 4% este año para quienes gana entre 24.000 y 41.000 euros, y del 2% en 2024 y 2025 para todos los niveles salariales. Lo que no significa que la vida en los medios del grupo Prisa sea pacífica. Este mismo mes, Cinco Días ha despedido a dos de sus 44 trabajadores. Según ha denunciado el comité de empresa en su cuenta de X –antes Twitter– la dirección de recursos humanos de Prisa ha dicho que la plantilla está “muy mal acostumbrada” y que deben “acostumbrarse a la cultura del despido”. El comité lo interpreta como una advertencia de que puede haber nuevos despidos en el futuro.

Los periodistas de La Vanguardia también convocaron una huelga, en su caso coincidiendo con las pasadas elecciones generales del 23 de julio, después de nueve meses de negociaciones infructuosas con la empresa. El acuerdo llegó dos días antes de las votaciones: subidas de hasta el 15% para las categorías inferiores y aumentos de 1.700 euros para los sueldos por debajo de 40.000 euros anuales o 1.300 para quienes cobren hasta 50.000. El teletrabajo será voluntario los fines de semana.

Por el contrario, siguen con los Miércoles Negros los trabajadores del Diario Sur de Málaga, que calculan en casi un 25% el poder adquisitivo perdido en 12 años de congelación salarial mientras la plantilla se ha recortado en 50 personas. La batalla también continúa para los redactores de El Periódico de Catalunya, que añaden a las reivindicaciones salariales otras profesionales: que se corrija la falta de periodistas en algunas áreas básicas de la redacción y que se garantice “un plan de futuro digno para la edición digital en catalán”.

Tampoco tiene buenas perspectivas la negociación del convenio colectivo de prensa diaria, el que se aplica a los medios más pequeños y precarios. El próximo día 28 está prevista una nueva reunión entre la patronal del sector, AMI, y los sindicatos. El convenio lleva caducado dos años. Las empresas ofrecen una subida salarial de sólo el 1% que los sindicatos rechazan de plano. El Acuerdo de Negociación Colectiva firmado este año por la CEOE, CCOO y UGT establece un alza para este año del 4%. Y la inflación hasta agosto –2,6%– más que dobla la cifra ofrecida por la patronal. El salario anual de un redactor está fijado en ese convenio en 21.683 euros.

Este ha sido un año salpicado de protestas en los medios de comunicación no sólo españoles. En realidad, comenzó la plantilla de The New York Times en diciembre de 2022, que convocaron la primera huelga en 40 años, para reclamar subidas salariales con que afrontar la inflación. En junio fueron los periodistas de Gannet, el mayor grupo de prensa de EEUU, que publica entre otros USA Today y posee más de 200 cabeceras en todo el país. Los trabajadores denunciaban bajadas salariales del 20% sólo en el último año, el último de los cuatro en que se han sucedido recortes de plantilla que, según explican, han “vaciado las redacciones”.

En Francia, en cambio, los motivos de los periodistas del Journal du dimanche, están lejos de la economía. El dominical no se publicó durante cinco semanas este verano por la huelga de sus redactores, que protestaban así por el nombramiento como director de Geoffroy Lejeune, hasta entonces a la cabeza de una publicación de la derecha radical, Valuers Actuelles, que fue condenada por injurias racistas. Es partidario del político ultra Eric Zemmour.

Pero, en este caso, la batalla se perdió. Los periodistas votaron en agosto por poner fin a la huelga y abandonar el dominical. La mayor parte de su centenar de redactores lo ha hecho ya. La fecha límite para comunicar si se quedan o continúan trabajado para Lejeune es el próximo 15 de octubre.

Emiratos Árabes Unidos utilizó la agencia de detectives suiza Alp Services para intentar influir en la opinión pública actuando como fuente –tóxica– de algunos periodistas de toda Europa. También españoles. Pero, además, encargó a los suizos que investigaran a los que consideraba informadores hostiles a su causa. Uno de ellos fue el corresponsal de El Mundo en Egipto, Francisco Carrión. Hubo sólo un periodista más entre sus objetivos: Aram Roston, quien ahora trabaja para Reuters, pero antes lo hizo para Buzzfeed o Newsweek, entre otros medios estadounidenses. Ambos fueron sometidos a una completa investigación personal, financiera y profesional, según los documentos obtenidos por Mediapart y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. También han formado parte de la investigación los medios suizos Heidi News y RSI Television, así como Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano).

Carrión mereció un proyecto para sí solo, que Alp bautizó como Noatak, el nombre de una reserva natural en Alaska y del personaje de una serie de animación estadounidense. El encargo lo hizo Ariaf Studies and Research, la tapadera de la agencia de inteligencia emiratí, al igual que el resto de las investigaciones, y el informe se terminó enseguida: fue ordenado el 1 de agosto y entregado sólo siete días más tarde.

Como en el resto de los trabajos relacionados con España, Alp Services subcontrató la investigación con la agencia barcelonesa Castor & Polux. Los suizos cobraron a Emiratos 10.000 euros por el informe, de apenas ocho páginas; a los detectives españoles, Alp sólo les pagó 2.000 euros por el suyo, de la misma extensión.

Por qué interesaba a la inteligencia emiratí el periodista español no se precisa, pero en la documentación a la que ha tenido acceso EIC hay dos buenas pistas. La primera, el encargo para investigar a Aram Roston –también incluyó un informe adicional sobre su esposa–, que buscaba “información sobre sus antecedentes, cualquier señal de alarma, rumor o información negativa”. Emiratos quería averiguar si el periodista estadounidense tenía “vínculos con servicios de seguridad o gobiernos extranjeros (es decir, si es un periodista independiente de verdad o no)”.

La segunda se halla en las actas de una reunión que mantuvieron el dueño de Alp, Mario Brero, y otras dos personas más con su interlocutor emiratí, el agente Matar, en el hotel Baur au Lac de Zürich los días 9 y 10 de agosto de 2018, cuando Alp entrega a su cliente en un USB varios informes, entre ellos el realizado sobre el periodista español. Uno de los asuntos que se comentan en el lujoso hotel es el reportaje que Francisco Carrión había publicado el 27 de julio en La Otra Crónica (LOC), el suplemento rosa de El Mundo, sobre Matar Suhail al Yabhuni Al Dhaheri, de quien dice que es la “mano derecha” del príncipe heredero de Abu Dabi.

La información no versaba precisamente sobre alta política internacional. Pero despertó las suspicacias de Emiratos. Carrión explicaba que Matar Suhail era el dueño de un equipo ciclista italiano, el Lampre, al que había rebautizado como UAE Team Emirates. También detallaba que había hecho una fortuna con proyectos inmobiliarios en Serbia y que su nombre y el de su hermano aparecían en los Papeles de Panamá como titulares de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los más generosos paraísos fiscales del mundo. Y destacaba que el emiratí, propietario de una gran constructora en su país con el nombre serbio Kopaonik, había conseguido la nacionalidad del país eslavo “en agradecimiento por sus esfuerzos para desarrollar las relaciones comerciales” entre ambos estados.

Esos datos ya habían sido publicados por un periodista serbio, Milivoje Panotiv, en mayo de 2016. Aparecieron en Middle East Eye, un medio online con sede en Londres al que Emiratos acusa de ser financiado por el Gobierno de Catar. “¿Por qué escribir sobre ello dos años más tarde?”, se lee en las actas. “El periodista es claramente un simpatizante de los Hermanos Musulmanes”, se da como única respuesta.

“No me sorprende en absoluto”, responde Carrión al saber del interés de Emiratos por su trabajo. El corresponsal regresó de Egipto en 2021 y desde entonces trabaja en Madrid para El Independiente. Francisco Carrión explica que su regreso a España tuvo que ver precisamente con el “acoso continuado” al que le sometió el Gobierno del general Al Sisi tras el golpe que en 2013 derrocó a Mohamed Mursi, elegido tras la primavera árabe y miembro de los Hermanos Musulmanes. “Mis informaciones eran muy críticas con el régimen de Al Sisi, que llegó a publicar comunicados oficiales acusándome de mentir y de amenazar la seguridad nacional”. Incluso tuvo que intervenir la Embajada española en El Cairo porque las autoridades egipcias le amenazaron con retirarle las credenciales y deportarlo, tras enviar el Servicio de Información del Estado un comunicado de cuatro páginas a los medios nacionales e internacionales donde repasaba las supuestas “opiniones parciales”, “errores profesionales” y “vergonzosas contradicciones ”de sus informaciones. Carrión asegura, no obstante, que no fue el único periodista extranjero que sufrió el mismo trato: Bel Trew, corresponsal de The Times, y Ruth Michaelson, de The Guardian, fueron expulsados. Y Reuters recibió un “toque de atención”.

Algunas de esas informaciones se utilizaron en los juicios a los que se sometió a cientos de Hermanos Musulmanes tras la caída de Mursi. En concreto, Carrión cita la entrevista que le hizo al portavoz internacional de la hermandad, que se usó como prueba de cargo en la sentencia a cadena perpetua que recibió.

A Francisco Carrión tampoco le sorprende la campaña que Emiratos ha desplegado en Europa a través de la agencia Alp Services. “Pretenden fomentar las sospechas hacia los Hermanos Musulmanes y han presionado en Reino Unido y otros países para que se les considere una organización terrorista”, apunta. En España, por ejemplo, “se llevaron a cabo deportaciones exprés de ciudadanos egipcios vinculados con la hermandad que fueron denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos”.

A su juicio, el motivo de esa animadversión es claro: para las autocracias del Golfo, los Hermanos Musulmanes, que abogan “a través de la religión por el aperturismo” en esos regímenes, representan todo un “desafío”.

El informe que elaboró Alp Services sobre la base del que antes había entregado Castor & Polux se esfuerza por apoyar el argumento de las simpatías de Carrión por la hermandad, aunque las pruebas sobre las que pretenden sostenerlo los detectives suizos son ciertamente débiles. Las seis primeras páginas se limitan a hacer una relación de los datos personales del periodista y de su currículo profesional, desde que fue becario en la agencia Efe hasta sus 10 años como corresponsal de El Mundo en Egipto, donde cubrió “el auge y caída de los Hermanos Musulmanes”: la primavera árabe contra Hosni Mubarak en 2011, la elección de Mohamed Mursi como jefe de Estado en 2012 y el golpe de Estado del general Al Sisi en 2013. También se enumeran todos sus premios de periodismo. Y poco más. Resulta que Carrión no tiene ni coche, ni piso, ni deudas, ni sociedades a su nombre.

Así que las dos últimas páginas del informe sirven para rellenar lo que los datos no proporcionan. Los detectives de Alp Services hacen un rapidísimo examen de los artículos publicados por el corresponsal. En 2012, señalan, presentó a los Hermanos Musulmanes como “la mayor organización islámica del mundo”, cuyo objetivo es “extender las leyes islámicas a todos los aspectos de la vida “de forma pacífica”. Aunque no por ello deja de reconocer que uno de sus ideólogos lo es igualmente de organizaciones terroristas como Gama Al Islamiyah. Y asegura que existen dos corrientes: una reformista y otra conservadora. Presenta a los Hermanos Musulmanes como “pragmáticos moderados”, que aceptan el capitalismo y la democracia, aunque sin abandonar su programa ultraconservador.

Sin embargo, lo que el informe de Alp resalta como acusatorio es el hecho de que en 2017 Carrión escribiera en otra información publicada en la sección de internacional del periódico que los Hermanos Musulmanes habían abandonado la violencia y aceptado el sistema de partidos, que no había pruebas para considerarlos una organización terrorista y que los hombres de negocios que se sitúan en su núcleo han sido objeto de una “represión sangrienta y demonizados por los medios de comunicación”.

El segundo elemento incriminatorio para Alp Services es el artículo de LOC sobre Matar Suhail. De hecho, subrayan que se publicó a los pocos días de acabar el Tour de Francia “para conseguir más lectores”. Aunque, al mismo tiempo, los suizos reconocen que, en otros reportajes, el periodista “no escatima críticas” contra Catar y Turquía, los dos países que apoyan a los Hermanos Musulmanes.

Castor & Polux intentó, además, vestir un poco más un informe que, probablemente, se le había quedado bastante desnudo. Pero se limitó a buscar referencias en una única fuente, “confidencial” y procedente del mismo periódico en el que trabajaba el corresponsal. Aunque tampoco ahí consiguió material peligroso. “Es un buen periodista, analítico y preciso en su trabajo, y muy fiable”, le contestaron. También le dijeron que Carrión estaba “fascinado por el mundo árabe”. “Tiene un poco de síndrome de Estocolmo”, fue la expresión literal, “algo que le ocurre a la mayoría de los periodistas enviados a esa zona y que pasan muchos años allí”, matizó esa fuente confidencial a los detectives de Barcelona.

Semejante contención no debió de satisfacer a los suizos, que en su informe final a los emiratíes eliminaron la segunda parte de la frase y cargaron las tintas: “En otras palabras, Carrión se ha obsesionado un poco con el país”. No fue el único subrayado de Alp. Donde Castor decía que el trabajo del corresponsal había estado “relacionado” con la caída de Mubarak, el golpe de Estado de 2013 y la posterior represión de los Hermanos Musulmanes, los suizos aseguraban que era en esos tres asuntos donde el español había “centrado” sus reportajes.

Los suizos también suprimieron de su informe final otra referencia que no cuadraba con el enfoque pretendido: que el interés de Carrión se centraba más en el “componente social” de los conflictos que cubría. “Ha hecho entrevistas y artículos sobre víctimas de tortura, personas desaparecidas y asesinatos, represión contra las mujeres y los homosexuales, y sobre la libertad de expresión”, describía la fuente de Castor. Finalmente, la misma tijera aplicó Alp a la mención que la fuente de Castor hizo a la postura del corresponsal sobre Israel: Carrión rechaza la política del Estado hebreo, pero –esta parte no llegó al informe final– “cuando hay un ataque terrorista palestino lo cubre con imparcialidad”.

Todo vale para que el cliente quede satisfecho.

La muerte de Silvio Berlusconi, el ex primer ministro y magnate televisivo italiano, amenaza con avivar aún más las turbulencias que han agitado Mediaset España los últimos meses, tras la salida del todopoderoso Paolo Vasile y la cancelación de su programa estrella, Sálvame. “Aire de liquidación” es como describen fuentes de Telecinco el estado de ánimo que se respira en la cadena desde que la matriz italiana destituyó a quien fue su primer ejecutivo durante 23 años. No sólo se está desmantelando –“y con gran rapidez”, aseguran las fuentes– el modelo televisivo que desplegó con gran éxito Vasile, sino que al mismo tiempo se ha librado una pugna de poder en la cúpula cuyo desenlace aún está por ver.

Hace sólo cinco días que MFE-MediaForEurope NV, la nueva matriz holandesa del grupo italiano, anunció que había culminado la fusión por absorción de Mediaset España. Y que remodelaba su estructura directiva. El presidente, Borja Prado, nombrado en abril de 2022, ha dejado de tener competencias ejecutivas y se limitará a dirigir el área de Relaciones Institucionales. Es Alessandro Salem, uno de los dos consejeros delegados –el otro es Massimo Musolino–, quien empuñará el bastón de mando. Incluida la línea editorial. Los italianos dieron así un golpe en la mesa, y en la nuca de Borja Prado, que el pasado noviembre había conseguido del consejo de administración competencias “en materia de relaciones externas e institucionales, asuntos jurídicos y regulatorios, auditoría interna, cumplimiento normativo y responsabilidad social”. Según constaba en el comunicado remitido a la CNMV, también iba a asumir “labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos”.

Los cambios de rumbo en la cadena fueron inmediatos. En febrero se prohibió a los presentadores o colaboradores de sus programas de entretenimiento expresar opiniones o hacer comentarios políticos. En mayo se anunció el fin de Sálvame, que emitirá su último programa el próximo día 23. El viraje se ha achacado a las directrices de Borja Prado, presidente de Endesa entre 2009 y 2019, y máximo ejecutivo para España y Latinoamérica de la italiana Mediobanca hasta 2014. Prado no es un recién llegado a Mediaset: llevaba sentado en su consejo de administración desde 2004.

También es uno de los gestores españoles de mayor relumbre en los últimos tres lustros. Siempre ha disfrutado de un extraordinario vínculo con Italia y se le atribuyen buenas relaciones con José María Aznar, a cuyo 70 cumpleaños acudió el pasado mes de febrero. Cuando trabajaba en el banco de inversión Lazard, pergeñó la operación que permitió a RCS, la editora de Il Corriere della Sera y La Gazzetta dello Sport, hacerse con el grupo Recoletos y el periódico El Mundo en 2007. Ese mismo año había saltado a la presidencia de Mediobanca para Iberia y Latinoamérica, al mismo tiempo que ocupaba un asiento en el consejo de Endesa y la italiana Enel se hacía con el 92% de la eléctrica española ayudado por la constructora Acciona.

Durante los 10 años que permaneció al frente de la eléctrica española fundó su propia gestora de fondos de capital riesgo, Peninsula Capital, que, como ha publicado EIC, la red de periodismo de investigación a la que pertenece infoLibre, pagó tres millones de euros al presidente francés Nicolas Sarkozy por una supuesta asesoría en una operación que le sirvió para ganar 181,5 millones de euros: la compraventa del operador privado del AVE italiano, NTV.

Para Prado en Peninsula trabaja el Jean Sarkozy, hijo del expresidente francés. Es su director general desde 2017.

Como también informó este periódico, la gestora y el propio Borja Prado están siendo investigados por la justicia francesa por esa operación. Policías franceses y luxemburgueses registraron a mediados de abril las oficinas del fondo de inversión en la capital del Gran Ducado. Sólo un par de semanas más tarde, Prado había cenado con Nicolas Sarkozy y José María Aznar en el restaurante Horcher de Madrid, uno de los más exclusivos de la capital, tal y como publicó eldiario.es.

Una vez despojado de poder ejecutivo, las labores de Prado han quedado igualadas a las que tenía su antecesor en el cargo, Alejandro Echeverría, básicamente la representación institucional. Pero las fuentes consultadas advierten de que la muerte de Silvio Berlusconi incluso puede poner en peligro la continuidad del directivo español, tras fracasar su intento de hacerse con todo el poder en la cadena. Mejor suerte puede que corra el despacho que se ha hecho construir en la sede de Telecinco, un área con cocina, cocinero y comedor privados al que sólo puede accederse con una clave numérica que cambia cada día, según publica eldiario.es. “Los italianos le han frenado; tiene los días contados”, auguran. “Vasile decía que podía permitirse ser políticamente independiente porque se le daba bien ganar mucho dinero”, recuerdan, en referencia a los años en que Telecinco era líder de audiencia. Desde 2022 Antena 3 está a la cabeza.

La cancelación de Sálvame y su sustitución por El programa de Ana Rosa también se ha interpretado como una muestra del cambio editorial que Borja Prado quería imprimir en Telecinco. A un presentador que públicamente ha manifestado su apoyo a la izquierda va a reemplazarle otra que no oculta su afinidad con la derecha.

Cierto que el modelo televisivo de Telecinco nunca se cimentó en las tareas informativas tanto como en el entretenimiento más tosco, lo que se ha dado en llamar telebasura. Empezó con las mamachicho en los años 90 y explotó con Gran Hermano. Luego vinieron el resto de los reality shows con los tronistas y famosillos de cuarta fila. Sálvame añadió aún más morbo y sexo, si cabe, a los cotilleos de Tómbola, el formato que creó en 1997 Canal Nou, la televisión pública valenciana, emitido en el resto de las autonómicas. Y reventó las audiencias: llegó al 18,1% en 2011, rozando los dos millones de espectadores. “Vasile hizo la televisión más barata de Europa con el mejor resultado de Europa”, alaban las fuentes consultadas.

No obstante, cabe recordar que Telecinco entrevistó al dictador iraquí Sadam Hussein en enero de 1991, nada más invadir Kuwait, lo que no deja de tener su mérito teniendo en cuenta que Javier de la Rosa, el hombre de los kuwaitíes en España, era el propietario del 25% del capital de la cadena, a través de su empresa Grand Tibidabo. Eso no significa que la información fuera una prioridad. Valerio Lazarov, el consejero delegado de los primeros años, no permitió que se prolongara ni un minuto más el informativo en el que se anunció la invasión iraquí de Kuwait. “Esta es una televisión para tiempos de paz; si hay guerras, que las cuente TVE”, aseguran que dijo otras fuentes de la cadena preguntadas por infoLibre.

Un modelo de televisión que, aun eficaz –tanto en audiencias como en beneficios–, puede haberse quemado, a tenor al menos de la caída de espectadores sufrida en el último año.

De ahí también la posibilidad de que los italianos, con Pier Silvio Berlusconi, el hijo del magnate, al frente del grupo, quiera poner en venta Mediaset España. O incluso que toda la compañía termine en manos del grupo francés Vivendi, hasta enero de este año accionista de Mediaset –de la que llegó a tener más del 25% de la empresa italiana— y poseedora del1,8% del capital de Prisa. También Urbano Cairo, el dueño de RCS, el grupo editor de Il Corriere della Sera, además de El Mundo, Expansión y Marca, ha manifestado su interés por la compañía de Berlusconi. No sería de extrañar: Cairo trabajó en los años 90 en Finninvest, la empresa televisiva del magnate; en 2005 compró el Torino FC, en 2013 la cadena de televisión La Sette y, tres años más tarde, el gigante RCS.

Los movimientos en Mediaset España y la muerte de Silvio Berlusconi coinciden además en el tiempo con la marcha de otro italiano, Nicola Speroni, de Unidad Editorial, el grupo que publica El Mundo, Expansión, Marca y Telva, entre otras cabeceras. Speroni era el director general de Negocio, y quien se encargaba de la gestión junto a Stefania Bedogni, la directora general corporativa. Ambos comunicaron a RCS su deseo de volver a Italia por motivos personales, pero la empresa se ha negado, según explican a infoLibre fuentes de Unidad Editorial. Así que Speroni ha decidido abandonar el grupo mientras Bedogni se mantiene, de momento, en el puesto.

Unidad Editorial se encuentra “a la espera” de que se sustituya, o no, a Speroni, en un ambiente de “incertidumbre” –como en Mediaset– y “nervios” entre los responsables de las redacciones. Al tiempo, han quedado en suspenso las negociaciones con los comités de empresa, que reclaman subidas salariales tras años de congelación y recortes de gasto, y convocan a la plantilla a celebrar “miércoles negros” cada semana. Pero, mientras, no se descarta que Cairo quiera poner a la venta Unidad Editorial, más interesado en hacerse con un imperio televisivo como Mediaset, un negocio que aporta mayor rentabilidad que los periódicos de su filial española. Pero que aún poseen un importante activo: dos licencias de TDT, alquiladas a Discovery Max y a Gol T.

Joaquín Manso es, desde este viernes, el nuevo director de El Mundo. El hasta ahora director adjunto se pondrá a los mandos después de que Francisco Rosell anunciara su jubilación anticipada tras cinco años al frente de la cabecera de Unidad Editorial. Así lo ha decidido RCS Mediagroup.

El nombre de Manso era el que más sonaba en todas las quinielas, ya que con Rosell ascendió desde su posición de jefe de la sección de España hasta el puesto que ocupaba hasta este viernes desde que llegó el propio Rosell en 2017. Manso, además, es un viejo conocido de El Mundo, puesto que ha desarrollado allí 16 años de su carrera y ha sido también jefe de Opinión y de Investigación. Además, estudió el máster del periódico.

Antes, el nuevo director del periódico trabajó también en Diario 16 de Andalucía, donde Francisco Rosell ocupó el cargo de director entre 1985 y 1996 para fundar después El Mundo de Andalucía, al frente del cual estuvo hasta el año 2015.

Manso se pondrá ahora a los mandos de un medio que ha sido dirigido también por Pedro J. Ramírez —que estuvo al frente 25 años—, Casimiro García-Abadillo —que estuvo un año—, David Jiménez —que estuvo otro año— y Pedro García Cuartango —que también dirigió El Mundo durante un año.

La junta general de accionistas de Unidad Editorial ha destituido a Antonio Fernández-Galiano como presidente ejecutivo del grupo en una reunión de carácter extraordinario convocada para este viernes. La salida de Fernández-Galiano se ha producido tras llegar a un acuerdo con la empresa, por lo que el ejecutivo no demandará en los tribunales en busca de una cuantiosa indemnización.

En el cargo le sustituirá Marco Pompignoli, director financiero de Cairo Communication, una de las sociedades de Urbano Cairo, el empresario italiano que adquirió RCS MediaGroup –a su vez propietario de Unidad Editorial– en 2016. Según explican a infoLibre fuentes de la redacción, al director de El Mundo, Francisco Rosell, se le ha comunicado que se mantiene en el cargo. Tanto Rosell, que llegó a la dirección del periódico en mayo de 2017, como el resto de los directores de las principales cabeceras del grupo –Marca, Expansión–e incluso Aurelio Fernández, director general de publicaciones de Unidad Editorial, son cargos nombrados por o ligados a Fernández-Galiano, que lleva una década a los mandos de Unidad Editorial. Pero que había sido consejero delegado desde 2005 y había empezado como gerente en la antigua Unedisa, la editora de El Mundo, en los años 90. En total, por tanto, llevaba más de 30 años en la empresa.

Las diferencias entre el ex presidente ejecutivo y los dueños italianos del grupo se esgrimen como causa del cese del español, que había sobrevivido incluso al cambio de propiedad: se mantuvo en el cargo cuando Urbano Cairo se hizo con RCS Mediagroup, también propietario de Il Corriere della Sera, tras una dura pugna en bolsa con los principales accionistas del grupo italiano. Pero el idilio no duró demasiado. Fernández-Galiano fue desposeído de poderes ejecutivos con la llegada de dos gestores desde Italia, Nicola Speroni y Stefania Bedogni.

Desde 2009, Unidad Editorial ha ejecutado cuatro ERE que se tradujeron en el despido de más de 800 trabajadores, así como planes de bajas incentivadas y el cierre de todas sus ediciones regionales. Ahora tiene en marcha otros dos ERE, uno en Logintegral, la filial de distribución del grupo, y otro en el área de revistas. La continua pérdida de ingresos, tanto por la venta en quiosco como por publicidad, han abocado a Unidad Editorial a una delicada situación financiera, agravada por la pandemia. En 2020 sus ingresos totales cayeron más de un 31%, mientras que los proporcionados por las suscripciones digitales aún no son un refuerzo suficiente. Gracias al ahorro de casi 26 millones de euros el año pasado resultado del ERTE que aplicó a parte de su plantilla, del menor gasto que supuso el recorte en las tiradas y de otros ajustes, aún consiguió un resultado bruto de explotación positivo de 15,5 millones de euros. En todo caso, un tercio del alcanzado el año anterior al covid.

Otro motivo

No obstante, fuentes de la redacción apuntan a otros motivos para explicar el alejamiento progresivo de Fernández-Galiano de los dueños italianos de Unidad Editorial. En concreto, citan el acuerdo que RCS MediaGroup firmó con Google el pasado marzo, por el que se adhiere a Google News Showcase, su nueva herramienta de recomendación de noticias. De esta forma, Google paga una tarifa a los medios de comunicación a cambio de abrir a sus usuarios noticias reservadas para suscriptores. Por el contrario, la Asociación de Medios de Información (AMI), que integran las cabeceras tradicionales de prensa y presidía desde 2019 Antonio Fernández-Galiano, defiende una “gestión colectiva obligatoria”; es decir, que la negociación con Google no la lleve a cabo cada medio de forma individual, sino a través de un intermediario que represente a todos los grupos. El pasado octubre emitió un duro comunicado en el que expresaba sus temores de que Google utilice esa herramienta para “presionar a los editores de prensa” y se imponga un sistema del que se beneficien “sólo algunos editores en detrimento de los demás”.

Unidad Editorial pasó a formar parte de RCS MediaGroup en 2007 y desde 2016 se encuentra en manos de Urbano Cairo –empresario de televisión y dueño del Torino FC–. Su diario de cabecera, El Mundo, ha vivido tiempos convulsos desde el despido de su fundador, Pedro J. Ramírez, en 2014. Desde entonces, ha tenido cuatro directores, casi uno por año, hasta la llegada de Francisco Rosell en 2017.

En definitiva, cómo ha podido esa opinión pública, a cuyo servicio ellos van realizando un constructo diario con los acontecimientos, las noticias y los hechos, unívocos o alternativos, resistirse al relato de que Illa es el máximo responsable de la catástrofe de la pandemia -ayudado por incapaces como el Dr. Simón-, el grupo científico al que ha preservado del martillo de sus editorialistas, así como de un inexistente, según ellos, plan de vacunación que pese a no existir resulta cada día burlado por gestores sin escrúpulos.

Y se contesta alegando que la razón para esa resistencia, y que “el estudioso de la filosofía que cayó en un Ministerio” siga encabezando las encuestas en Cataluña, ha sido su talante y el reparto de las culpas que ha hecho para diluir la suya propia. Y con esta explicación complementa y cierra el argumento de por qué su relato de la nefasta gestión de Illa se ha mostrado altamente resistible por el licenciado en Filosofía.

No cabe para este ingenioso diario, concluir que quizá el mainstream del cuerpo electoral español lo que percibe es a una persona que, con una formación del campo de las humanidades, ha sido capaz de imprimir una impronta a su gestión ante la catástrofe con empatía evidente, humildad, trabajo y siendo capaz de dirigir las distintas fases de la pandemia desde Sanidad con enorme capacidad de adaptación e implicando, además, a una gran mayoría tanto en las administraciones sanitarias autonómicas como entre la ciudadanía. Así como de uno de los partícipes en la construcción de una herramienta común en Europa para la compra de las vacunas que, por lo que estamos viendo, hubiese sido un enorme desastre que se hubiese abordado por los Estados de manera separada.

De este otro enfoque de los mismos hechos, se deduciría que los enormes esfuerzos que se vienen llevando a cabo para desgastar al Gobierno y a sus miembros, instrumentalizando y abusando de la pandemia, en este caso, como de cualquier otro asunto que no requiriese tanto el apoyo inequívoco desde todas las sensibilidades de la política para ser enfrentado, que toda esa ingente inversión, en definitiva, no acaba de producir los efectos deseados en la percepción de los ciudadanos, y lo que ahora les duele, del electorado. Illa resiste. Sostiene Illa un estilo eficaz y apreciado por una importante parte de la ciudadanía, por encima de viento y mareas, de la crítica feroz y de la saña de su relato de éste gobierno de socialcomunistas.

Para mí hay una interpretación de todo esto mucho más sencilla y, aplicando la navaja de Occam, probablemente más acertada. Y es que una parte muy importante de la población española y catalana, europeos, en definitiva, desea políticos como Illa. Capaces de hacer política sin crispación, sin permanentes aspavientos, constructores de acuerdos que se tomen en serio cómo afectan sus actuaciones a las condiciones de vida de las personas bajo su administración. Que respeten a los ciudadanos tanto como al resto de los representantes de éstos. Y que proceda del ámbito intelectual del que proceda, sea honrado, aseado en su discurso y capaz para la política antes que para una comunicación para el espectáculo que parecen adoptar hoy tantos partidos antes considerados como centrales o de gobierno en los distintos ámbitos electorales patrios, y entregado al histrionismo, la provocación y la labor de zapa.

Puede que, aunque efectiva para arrastrar, al menos temporalmente, a sectores importantes del electorado, la estrategia comunicativa trumpista, más que populista, que hoy campa por la oferta electoral en España, no afecte a una parte muy importante del electorado del país, que se resiste de una manera crítica y se molesta con la infantilización de los mensajes, tan necesaria para el arraigo de los suyos entre otros grupos, no por amplios menos minoritarios.

Puede que el efecto Illa acabe siendo la demostración empírica de que nuestros conciudadanos no son esos tontos de baba para los que a veces parece que se escribe desde determinadas tribunas y medios, a los que hay que explicarles todo para que les quede claro la interpretación de los hechos que interese en cada caso. Antes bien parecería que una gran mayoría de ellos y ellas son capaces de tomar sus propias e informadas decisiones. Puede que alguna vez, como ésta, podamos sentirnos más orgullosos de la mayor parte de nuestros vecinos y vecinas de lo que parece que conviene a estos artífices del imaginario que aún se siguen preguntando cómo se ha zafado Illa de su derribo hasta el punto de ser hoy el candidato con mejores expectativas en las próximas catalanas.

Juan Carlos Rodríguez de la Coba es socio de infoLibre

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha imputado al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín en el marco de la pieza separada número 25 que está relacionada con un supuesto encargo de la empresa Persán al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo.

Tal y como adelanta El Mundo, y ha podido confirmar Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 investiga en esta pieza ese posible encargo de la empresa de detergentes al comisario que tendría por objetivo mejorar la posición jurídica y negociadora de la empresa de José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda de Martinsa-Fadesa.

El encargo, que fue denominado por Villarejo poyecto Saving podría tener un precio que iba desde los 375.000 euros a 1,2 millones, e incluiría análisis incluso del tráfico de llamadas de una decena de personas.

En la pieza se imputan delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, al representante de Persán José Moya Sanabria y al exsenador del PSOE, Francisco Rodríguez Martín como intermediario.

Proyecto Saving

Ese proyecto saving tiene su origen en la operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

Cuando en 2010 Moya ejercitó esa opción de venta, la constructora ya había decretado la suspensión de pagos dos años antes, por lo que el empresario de productos de limpieza e higiene personal llevó a cabo varias acciones para reclamar el crédito sin éxito.

Al sospechar que "podría haber algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", el empresario en 2011 decidió acudir a Villarejo.

El diseño de Villarejo para abordar el problema constaba de tres fases, debía recuperar el estatus jurídico de José Moya, disponer de capacidad negociadora para beneficiar sus intereses y ayudarlo a dejar de figurar como deudor ante la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía.

Según destaca El Mundo, en la investigación se ha podido acreditar la existencia de al menos cuatro abonos realizados por el Persán a las cuentas de las mercantiles de Villarejo. Y en los audios que fueron incautados en la entrada y registro de la casa del comisario queda claro el preponderante papel que desarrolló el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín, persona de la entera confianza de José Moya.

Soledad Gallego-Díaz deja la dirección de El País cuando se cumplen los dos años que estipulaba su contrato. Ya antes de la pandemia había comunicado a los responsables del Grupo Prisa que no había cambiado el compromiso firmado en junio de 2018 de permanecer ese tiempo en el cargo y ni un día más. Con ella deja su puesto como adjunto a la dirección Joaquín Estefanía. También la escritora Maruja Torres ha anunciado ya en Twitter que no seguirá escribiendo las columnas que reanudó el pasado mes de marzo. A Gallego-Díaz la sustituirá Javier Moreno, quien ya dirigió el periódico entre mayo de 2006 y febrero de 2014.

En principio, más que la salida de Gallego-Díaz las incógnitas rodean la elección de Moreno para timonear un periódico que no se salva de la caída de los ingresos de la publicidad y ventas en quiosco que azota a la prensa española y mundial, mientras se decide con mucha timidez a ponerle precio a las noticias de su página web y duda sobre cómo adaptarse a los cambios de hábito de lectura de los ciudadanos. De hecho, en los dos últimos años El País ha perdido casi un 20% de su difusión ordinaria, un recorte que se eleva hasta el 32% si la mirada incluye los tres primeros meses de 2020. Que fueron terribles para las principales cabeceras españolas. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País ha dejado de vender una media de 27.167 ejemplares diarios entre enero de 2018 y diciembre de 2019. En 2018 tenía una difusión media diaria de 120.940 ejemplares, que un año después había descendido a 110.385. Pero entre enero y marzo de este año esa cifra cayó por primera vez por debajo de 100.000: sólo 93.502 ejemplares en promedio.

El descalabro procede de todos los tipos de venta de periódicos de papel, pero ha sido muy acusado en las suscripciones individuales, que eran 58.347 en mayo de 2018, pero que sólo un mes más tarde quedaron reducidas a 20.110. La caída ha sido constante desde entonces, hasta llegar al mínimo de 9.779 el pasado mes de marzo. Es decir, el periódico de papel ha perdido 48.568 suscriptores en dos años, el 83% de los que tenía.

Y si en los quioscos colocaba en 2018 una media diaria de 85.594 ejemplares, el pasado mes de enero se quedó en su mínimo, sólo 71.347. Aunque subió algo en marzo, no superó los 76.223 periódicos. Por tanto, ha perdido 11.800 ejemplares, un 13,4%. En estos dos años y medio, El País ha reducido su tirada según iban menguando sus ventas: ha pasado de imprimir una media de 188.065 periódicos en 2018 a apenas 133.800 el pasado marzo, casi un 26% menos de papel.

Apuesta por la experiencia

Aun así, Prisa anunció un Ebitda (resultado bruto de explotación) de su unidad de prensa de 12,1 millones de euros en 2019, casi el doble que el ejercicio anterior. El grupo en su conjunto, no obstante, perdió 182,3 millones de euros, una mejora del 32,3% respecto a los números rojos de 2018, 269,3 millones. Según explica la empresa, frente al declive del papel, la publicidad digital aumentó un 9% y ya representa el 31% de los ingresos de la división de prensa, y un 57% de los ingresos publicitarios del grupo. Eso sí, la pandemia ha recortado sus ingresos en 25,5 millones, con una caída en la publicidad en prensa de 4,1 millones de euros y de otros 8,4 millones en la radio.

De forma que ha puesto en marcha un plan de reducción de costes de 40 millones de euros. Que se ha concretado en un ERTE en El PaísEl País con un recorte de jornada del 11% y un compromiso por parte de la empresa de no despedir a nadie en el periódico sólo hasta diciembre. Y ahí es donde se centra parte de la preocupación con que ha sido acogido el nombramiento de Javier Moreno en la redacción. Moreno fue quien ejecutó el primer y único ERE que ha sufrido El País en su historia y que se llevó por delante a 129 trabajadores en 2012El País .

Algunas de las fuentes de la actual dirección consultadas por infoLibre precisan, no obstante, que al menos antes de la pandemia la intención de la empresa era “contratar, tanto aquí como en América”. También aseguran que con Javier Moreno, actualmente director de El País América, Prisa ha “apostado por la experiencia”, un perfil “económico” y “de confianza” para encarar un momento muy complicado para el periódico. Precisamente, en plena crisis sanitaria y económica y después de muchas vacilaciones y continuos retrasos, El País acaba de poner en marcha su sistema de suscripción digital. Las mismas fuentes destacan que está siendo todo un éxito e incluso mencionan la cifra de 50.000 suscripciones desde el 1 de mayo.

Niega el ERE y el cambio de línea editorial

El otro motivo de preocupación de la plantilla de El País, advierten las fuentes consultadas, se refiere al cambio que pueda operar Javier Moreno en la línea editorial del periódico. En concreto, mencionan su temor a que su regreso se traduzca en una pérdida de “todo lo ganado estos dos años en la recuperación de la credibilidad” del diario tras la salida de Antonio Caño. Su miedo es que el periódico vuelva a la línea que ya han apuntado en algunos artículos tanto el propio Caño como el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, y el expresidente del Gobierno Felipe González, cuyo ascendiente en el diario no dudan en calificar de “preocupante”. González es miembro del consejo editorial del periódico. En un reciente artículo, Caño apoyaba la creación de un Gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos, que no llegaba a llamar “de concentración”, pero que dejaba fuera a Unidas Podemos.

En cualquier caso, las fuentes precisan que Javier Moreno no es un nombramiento que venga de la mano de Cebrián, alejado de toda decisión ejecutiva en el grupo Prisa desde abril de 2018. Por el contrario, fue Juan Luis Cebrián quien encargó en 2014 un informe a Antonio Caño, entonces corresponsal en Washington, sobre los cambios que debía poner en marcha el periódico para salir de la crisis de audiencia e ingresos en la que estaba sumido y que proponía directamente la sustitución de Javier Moreno.

Su segunda designación ya ha sido comunicada al comité de redacción, tal y y como estipula el Estatuto de Redacción del periódico, y se someterá este miércoles a votación en la plantilla. Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía seguirán en El País, escribiendo sus columnas, según confirman las fuentes consultadas. Convocados por la empresa, los trabajadores de El País asistieron la tarde del lunes a la despedida de Soledad Gallego-Díaz y a la presentación de Javier Moreno. Éste negó a los redactores que regrese para ejecutar otro ERE, tampoco para poner en marcha un cambio editorial en la línea del ejecutado por Antonio Caño. Por el contrario, aseguró que su intención es conservar el capital de Gallego-Díaz e incluso culpó de su cese en 2014 al Partido Popular, explican a infoLibre fuentes de la redacción.

Los movimientos de Amber Capital

El movimiento en la cabecera del primer periódico español se produce también cuando el fondo Amber Capital, el principal accionista de Prisa, se ha hecho con el 29,84% de las acciones, lo que le acerca al porcentaje a partir del cual la ley le obliga a lanzar una OPA si quiere seguir adquiriendo títulos del grupo. Amber Capital ha pugnado estos últimos años para hacer caer a Juan Luis Cebrián y puso en duda la idoneidad de Javier Monzón para presidir la compañía, puesto que terminó imputado en el caso Púnicacaso Púnica. El anterior presidente de Indra fue finalmente exonerado por la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

El accionariado de Prisa se lo reparten, además de Amber Capital, el Banco Santander –4,14%–, el HSBC –9,1%–, Telefónica –9,4%–, la familia Polanco –7,6%–, el Grupo Herradura Occidente –5%–, el jeque catarí Al Thani –5,1%–, el empresario mexicano Carlos Slim –4,3%– y el inversor Carlos Fernández -4%–, entre otros. La acción de Prisa cotiza a apenas 60 céntimos –ha llegado a estar a 52 céntimos durante lo peor de la pandemia–, cuando en 2015 valía hasta cinco euros. Este mismo mes de mayo Prisa consiguió vender un 30,22% de Media Capital, la firma de medios que posee en Portugal, a un empresario portugués por 10,5 millones de euros, lo que supone valorar la compañía en 130 millones de euros. En septiembre de 2019, el grupo cifraba en 255 millones el valor de Media Capital. Esa cantidad debía ayudar al grupo a reducir su elevada deuda, 1.067 millones de euros, que ha aumentado seis millones sólo en los tres primeros meses de este año.

En cualquier caso, las caídas de difusión y publicidad de El País no distan mucho de las que sufren el resto de las grandes cabeceras españolas. Según los registros de OJD, El Mundo El Mundoha pasado de una difusión de 89.580 ejemplares diarios de media en 2018 a sólo 69.466 entre enero y marzo, un descenso del 22,5%. En quiosco sólo vendió en promedio en el trimestre 45.186 ejemplares. Tiene 12.881 suscriptores, un 26% menos que en 2018. Abc ha perdido un 12,8%Abc de su difusión desde 2018 hasta ahora. Entre enero y marzo su media de ventas no superó los 64.788 ejemplares. Tiene 11.560 suscriptores. La Razón La Razónno fue capaz de colocar a través del quiosco más que 40.062 periódicos, nada menos que un 38,5% menos que en 2018, cuando aún vendía 65.098 ejemplares. Pero con las suscripciones la debacle es aún peor: sólo cuenta con 763 suscriptores, un 73,6% menos que hace dos años. La Vanguardia aún tiene una difusión de 85.236 en el primer trimestre, pero es un 11,5% menor que en 2018. Eso sí, posee 50.158 suscriptores, un 8,7% menos que hace dos años. Finalmente, El Periódico se quedó en marzo por debajo de los 50.000 ejemplaresEl Periódico, que a duras penas mantuvo en enero y febrero. La caída es del 18,5% desde 2018. Y sólo cuenta con 5.704 suscriptores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no se sintió "cómoda" cuando se hizo las fotos de la entrevista que publicó este fin de semana el diario El MundoEl Mundo y ha asegurado que no buscó "transmitir nada" con ellas.

"La verdad es que en esos momentos cuando me estaba haciendo las fotos te confieso que no estaba tampoco muy cómoda. Lo que pasa es que había sido un día muy largo, una semana durísima, viernes por la tarde. 'Ponte así, ponte asá'... bueno, pues lo haces", ha contado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Ayuso ha desgranado que estaba "deseando irse a casa" y no reparó "en más". En todo caso, ha sostenido que es "responsabilidad" suya. "No le hago tampoco daño a nadie, no tenía tampoco intención de transmitir nada y simplemente es que estoy a otras cosas", ha manifestado.

En este punto, ha trasladado que está deseando "encontrar el punto exacto entre la lucha por la vida y por la salud" así como dar "el paso adelante" que les hace falta "para reactivar la economía" teniendo en cuenta que son "un motor económico para España" y que no pueden "estar permanentemente encerrados".

A tres semanas para las elecciones, y en medio de un momento político especialmente convulso por las protestas en Cataluña en contra de la sentencia del procés, las encuestas siguen arrojando datos sobre los posibles escenarios tras el 10N. Las últimas estimaciones de ABC/GAD3 pronostican 123 diputados para el PSOE frente a los 102 del PP, que recorta distancias con los socialistas y se recupera del descalabro de los pasados comicios, cuando los conservadores obtuvieron 66 escaños. El caos en Cataluña no sólo pasaría factura a Sánchez, sino a Rivera, que se hunde en las encuestas con 18 diputados.

Mientras, según la encuesta de Abc, Vox consolida su posición como tercera fuerza con 33 diputados; casi el doble que la formación naranja. La encuesta, realizada entre el 14 y el 18 de octubre –esto es, desde que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y hasta el viernes, la jornada con más altercados en  Cataluña- también castiga a Unidas Podemos: los morados obtendrían un 11,2% del voto y 31 escaños, por detrás de la formación de Santiago Abascal.

Por su parte, la encuesta de El Mundo, elaborada por Sigma Dos hasta el 18 de octubre, confirma el estancamiento de Sánchez, a quien da 123 diputados, y la subida de Casado, que lograría 97 escaños. El Mundo señala, asimismo, que quien más puede rentabilizar los efectos de la sentencia del procés es Vox, que se situaría como tercera fuerza con hasta 36 diputados. Unidas Podemos se sitúa un punto por encima de la formación ultraconservadora, pero su bajo rendimiento en zonas rurales se traduce en una peor capacidad para convertir votos en escaños dejando a los de Iglesias con 32 diputados. El hundimiento de Ciudadanos se hace patente en todas las encuestas, y la formación naranja obtendría 19 escaños frente a los 57 que consiguió en abril.

Las estimaciones de eldiario.es, no obstante, predicen un empate técnico entre los de Rivera y el partido de Santiago Abascal, que obtendrían 27 y 24 escaños, respectivamente. La encuesta, elaborada por Celeste-Tel, concede 36 diputados a los de Pablo Iglesias, mientras que el PP sería segunda fuerza política con 103 escaños, muy por encima del 28A. De confirmarse estos resultados, el PSOE repetiría victoria electoral, pero se quedaría en los 117 representantes, casi dos puntos por debajo de las elecciones del pasado abril, cuando se hizo con 123 escaños.

La encuesta de IPSOS para Heraldo de Aragón sigue la misma línea: la tendencia a la baja del PSOE deja a Pedro Sánchez  con hasta 7 diputados menos que el pasado abril; el PP escala hasta los 100 diputados y Cs perdería 34 escaños. Vox, ubicado en una horquilla entre los 32 y los 36 diputados, sería tercera fuerza política, mientras que Unidas Podemos baila entre los 31 y 35 representantes en el Congreso.

Por último, OkDiario otorga 117 escaños al PSOE, de quien dice que "resiste la crisis catalana". Según su encuesta, el PP obtendría 104 diputados; Unidas Podemos, 35; Vox, 28; y Ciudadanos, 24. 

El presidente de Editorial Ecoprensa y fundador de elEconomista, Alfonso de Salas, ha fallecido esta madrugada en Madrid, según informa la editorial.

Sus comienzos profesionales se remontan a 1975, en Alcatel (Standard Electric), como responsable económico, donde consigue sacar adelante el Proyecto Sonelec en Argelia, que consistía en construir fábricas de material telefónico.

Cuatro años después, y de la mano de Juan Belloso, recala en Endesa, como director de Planificación. En julio de 1982, De Salas aterriza por primera vez en el mundo de la comunicación y se dedica al negocio editorial, al incorporarse a la empresa editora de la revista política Cambio 16 para proceder a la creación del Grupo 16, que llegó a tener más de 15 cabeceras de éxito y ocho emisoras de radio, y relanzó uno de los periódicos históricos en los años de la Transición, Diario 16, hasta lograr situarlo en la tercera posición de los rotativos del país.

En 1989 fundó el diario El Mundo del Siglo XXI junto con Pedro J. Ramírez, exdirector, y Juan González, secretario general de Editorial Ecoprensa, la empresa editora de El Economista. Posteriormente, De Salas creó junto a Juan González, en febrero de 2006, el periódico elEconomista.lEconomista

A lo largo de su trayectoria profesional, el fundador de elEconomista, licenciado en Derecho y máster en economía por la Universidad de la Sorbona, puso en el mercado español más de una veintena de productos en soporte de papel, radio e internet; algunos de los cuales se mantienen a día de hoy entre los primeros puestos de la prensa nacional.

En 2014 inició la gran apuesta por América, con la apertura de una sede principal en México y otras en Colombia, Chile, Perú y Argentina.

De Salas también presidió las bodegas de Ribera del Duero que llevan el nombre de su marquesado, Montecastro y Llanahermosa.

El Ministerio de Empleo presume de haber regularizado a 32.067 falsos autónomos desde agosto de 2018, como parte del Plan Director por un Trabajo Digno que concluyó el pasado junio. De ellos, 8.076 fueron trabajadores de plataformas digitales y de comercio electrónico. No es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que las organizaciones de autónomos calculan que en España existen entre 100.000 y 200.000 trabajadores con contratos mercantiles que en realidad deberían ser asalariados con contrato laboral y alta en el Régimen General de la Seguridad Social. Es decir, la Inspección de Trabajo puede haber pillado hasta a un tercio de los falsos autónomos en sólo un año.

El propio Plan Director se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para aproximarse al número de falsos autónomos existente en España. Unos 165.900, el 5,5% de los 3,04 millones de trabajadores por cuenta propia, declaran que “no pueden influir ni en el contenido ni el orden de las tareas” que realizan. Unos 185.500 aseguran que no han tenido ningún cliente o a lo sumo uno en los últimos 12 meses. Son más, 222.400, los que reconocen que su horario de trabajo lo decide su cliente. Todos ellos, en uno u otro grado, por tanto, cumplen algunos de los requisitos con los que la ley define una relación laboral y que ha precisado después el Tribunal Supremo: la dependencia –trabajan según las directrices del empresario– y la ajenidad –los resultados de su trabajo revierten en el empresario y sus riesgos también recaen en él–.

Mientras arranca un nueva edición del Plan Director, se suceden las sentencias que dilucidan si los repartidores de plataformas como Deliveroo o Glovo son falsos autónomos o no. La última, de un juzgado de lo Social de Madrid con fecha del pasado 22 de julio, declaró laboral la relación que mantenían 537 riders con esta empresa. En junio un juzgado valenciano se pronunció en el mismo sentido con relación a 97 repartidores. Ambas demandas partían de los correspondientes informes de la Inspección de Trabajo.

Según el criterio de estos jueces, los repartidores trabajan con unas condiciones que organiza la empresa, bajo una marca controlada por la empresa y con su aplicación informática. De hecho, se les proporciona un vídeo explicativo de cómo deben realizar la recogida y entrega de los pedidos o cómo deben dirigirse a los clientes, así como una guía de comportamiento. De forma que su margen real de autonomía es limitado, lo mismo que su libertad para rechazar pedidos, pues su negativa puede terminar en despido.

Para Empleo, un falso autónomo no es sólo una forma de reducir fraudulentamente los costes laborales por parte de las empresas, sino también “una lesión a los derechos de los trabajadores”. Además de precarizar el empleo porque se priva a estos trabajadores de protección social, el recurso al falso autónomo supone una competencia desleal para las empresas que sí pagan sus cotizaciones sociales y un fraude a la Seguridad Social. La Unión de Autónomos Uatae calcula que la Seguridad Social deja de ingresar unos 562,3 millones de euros al año por las cotizaciones que eluden las empresas evitando contratar a estos trabajadores.

En cualquier caso, esta huida del Derecho del Trabajo, que es como la denominan los expertos laboralistas, no es nueva, pese a haber recibido tanta atención mediática con los empleos de la economía digital. Casi el mismo interés han conseguido de los inspectores de Trabajo y de los sindicatos los falsos autónomos de las cooperativas del sector cárnico. Las denuncias de CCOO y los informes de la Inspección de Trabajo han permitido obtener un contrato laboral a cerca de 20.000 de estos trabajadores en fraude, empleados como falsos cooperativistas en algunos de los principales grupos de mataderos del país, desde el Grupo Jorge en Aragón hasta Coren en Galicia. El pasado mayo Empleo le retiró a Servicarne, que suministraba trabajadores a esas empresas, la licencia para operar como cooperativa. CCOO asegura que aún quedan unos 2.000 más en otras compañías del sector. Y que, en algunos casos, lo que han hecho los empresarios denunciados es derivar al personal a empresas multiservicios, para pagar salarios por debajo del convenio sectorial. A su juicio, se trata de otro delito: la cesión ilegal de trabajadores.

Aseguradoras

Incluso una actividad tan tradicional y sometida a una gran supervisión como los seguros es un “nicho importante” de falsos autónomos, admite Fernando Escudero, responsable del sector en la Federación de Servicios de CCOO. Tras una denuncia del sindicato contra cinco agencias exclusivas de Santalucía Seguros, desde Andalucía y Extremadura hasta las dos Castillas, la Inspección de Trabajo ha obligado a la de Valencia a firmar contratos laborales y gestionar el alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 26 agentes comerciales. Cuando CCOO cursó la denuncia la cifra de falsos autónomos se elevaba a 49. “Son un personal con un alto nivel de rotación, si no cumplen objetivos, se deshacen de ellos”, explica Escudero a infoLibre.

El año pasado otra aseguradora, Divina Pastora, contrató como asalariados a toda su plantilla de comerciales, que hasta ese momento trabajaban como autónomos. Según hizo público la propia empresa, la medida le costó un millón de euros, una cantidad que, no obstante, quedará compensada por la “establidad” ganada en su red de ventas. “Queremos que nuestros vendedores tengan los mismos derechos que cualquier otro de los trabajadores de este grupo. Trabajan cada día en la calle y los días que no conseguían venta les ocasionaban una inestabilidad familiar que a nadie nos gustaría tener en nuestras casas”, justificó el presidente de Divina Pastora en la presentación de los resultados del grupo.

En Mapfre y Pelayo, sin embargo, se procede a la inversa. Las empresas ofrecen a sus empleados cambiar su contrato laboral por uno mercantil, con su cartera de clientes y un local con la marca, indica el dirigente de CCOO. Tras ser despedidos por no alcanzar unos objetivos cada vez más exigentes, muchos de estos antiguos empleados de Mapfre se han organizado y denunciado ante la Inspección de Trabajo que eran falsos autónomos. Según aparece citado en el Plan Director por un Trabajo Digno, al menos 32.800 autónomos declaran que comenzaron como tales “porque su anterior empleador les pidió que trabajan por cuenta propia”.

Hasta en los grandes medios de comunicación

En los medios de comunicación el recurso a los falsos autónomos también es antiguo. Al periódico El Mundo le costó dos millones de euros regularizar la situación de una docena de sus fotógrafos, algunos de los cuales habían trabajado como falsos autónomos durante más de una década e incluso más de dos. La historia comienza en 2008, cuando los primeros ocho denunciaron a la empresa, Unidad Editorial, a partir del momento en que ésta dejó de encargarles trabajos y los sustituyó por otros colaboradores. La última sentencia, de momento, es de abril de este mismo año. En este tiempo, todos los tribunales han dado la razón a los fotógrafos, reconociendo que “se encontraban disponibles las 24 horas”, no podían realizar trabajos para otros medios de comunicación y estaban sujetos a las órdenes del periódico. Unidad Editorial ha tenido que afrontar también varias multas por negarse a cumplir las sentencias que le obligaban a contratar a los fotógrafos e incluso por tomar represalias contra ellos, trasladándoles al departamento de preimpresión y prohibiéndoles hacer fotos.

En la Cadena Ser, en cambio, no ha habido denuncias de momento. Excepto las anónimas que algunos falsos autónomos han dejado en el buzón ad hoc creado en el Ministerio de Trabajoad hoc. Hasta tres distintas ha presentado uno de ellos, que prefiere guardar el anonimato y que lleva cinco años con un contrato mercantil en la emisora del grupo Prisa. “Pero los hay que suman más de 10 y de 15 años trabajando en estas condiciones”, apunta. Aunque no puede precisar cuántos falsos autónomos puede haber en la cadena, asegura que incluso existe una “lista fantasma” de todos ellos con un orden de prioridad para su eventual conversión en asalariados. Según explica, está completamente “normalizada” la idea de que en la Ser se pasa de “becario a autónomo” –ése fue su caso–, tanto por parte de los becarios como de la empresa.

Pese a que factura cada tres meses a la emisora “como si fuera un tertuliano”, su trabajo es idéntico al de sus compañeros asalariados: tiene su mesa, su silla, su ordenador y su cuenta de usuario, le organizan las vacaciones junto con los demás… Sólo que por una cantidad inferior a la que cobran ellos y él mismo tiene que hacer frente a sus cotizaciones a la Seguridad Social. En 2017, una inspección obligó a la Ser a deshacerse de hasta unos 80 becarios a algunos de los cuales llevaba años manteniendo como tales ilegalmente. Pero Trabajo no ha actuado hasta ahora contra las decenas de falsos autónomos de la cadena.

Aunque hay un precedente de demanda judicial. En julio de 2011 fue despedido el periodista Carlos Carnicero, que entonces llevaba 17 años con un contrato mercantil. Pese a que el juzgado de lo Social dio la razón a la empresa, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como después el Tribunal Supremo fallaron a favor del periodista. En una sentencia de febrero de 2014, el Alto Tribunal determinó que la colaboración de Carnicero en diversos programas de la emisora de forma continuada y regular, remunerada con una misma cantidad fija, mensual, conformaba una relación laboral, no mercantil. Una vez más, el Supremo reitera que el trabajo de este falso autónomo se realizaba siempre bajo las directrices y previo encargo del empresario.

Dentistas, médicos y peluqueros

La aparición de las cadenas de clínicas dentales ha dado un vuelco a la profesión de dentista. De ser profesionales inmejorablemente instalados en sus propios despachos a demandar a Vitaldent o Sanitas Dental por explotación laboral. Tanto los colegios de odontólogos como la propia Seguridad Social han denunciar a ambas cadenas por emplear a falsos autónomos. Según informó en su día El Mundo, Sanitas Dental dejó de ingresar 1,3 millones de euros por los 55 falsos autónomos que trabajaban en siete de sus clínicas de la Comunidad Valenciana. En ellas, sólo los administrativos, auxiliares y directores formaban parte de la plantilla; los dentistas eran trabajadores por cuenta propia. En el caso de Vitaldent, un juzgado de Valencia multó con 160.000 euros a una clínica de Xàtiva por mantener como trabajadores por cuenta propia a 13 odontólogos.

También ha actuado la Seguridad Social contra los llamados centros médicos de medicina libre, donde considera que los facultativos mantienen una relación laboral encubierta. Según Diario Médico, unos 25.000 profesionales trabajan como autónomos en España. Las clínicas les ceden la consulta y el material, así como enfermeras y secretarias a cambio de un porcentaje de lo que facturan a aseguradoras o centros privados. La Plataforma de Centros Médicos de Medicina Libre (Pacenmed), integrada por unas 200 de estas clínicas, presentaron el año pasado una queja ante la Comisión Europea por el “acoso” a que las somete la Seguridad Social, cuyas multas, asegura, han provocado el concurso de acreedores de muchas de ellas.

Que la huida del Derecho del Trabajo tiene menos que ver con los nuevos empleos tecnológicos que con la búsqueda de la competitividad basada en el empleo precario lo demuestra el hecho de que hasta en las peluquerías se han colado los falsos autónomos. Se utiliza el llamado “alquiler de sillón”. La cadena pone la marca –y el sillón o tocador–, pero todo lo demás corre cargo del peluquero o peluquera, que abona a la empresa una cantidad por alquilar ese puesto y que, al menos en teoría, debería aportar su propia clientela.

Vuelven los despidos a El Mundo. El periódico comunicó este miércoles al comité que en los próximos días va a comunicar la salida de un total de nueve trabajadores de las delegaciones regionales del medio de comunicación propiedad de Unidad Editorial: tres en la de Cataluña, dos en la de Baleares, dos en la de la Comunitat Valenciana y una en la de Euskadi. Entre ellos se encuentran los directores de la delegación catalana y balear, Álex Sàlmon y Tomàs Bordoy. Este movimiento responde, según fuentes consultadas, a una remodelación de las delegaciones para orientarlas editorialmente de "otra manera". 

En Cataluña, el número de ceses se elevan a tres: además de su director, también serán despedidos la secretaria de Sàlmon y otro periodista. En el caso de la delegación de Baleares, además de la salida de Bordoy, también se ha comunicado el despedido de una periodista que llevaba a cabo funciones de cierre. En la Comunitat Valenciana, por el momento, sólo se sabe que son dos los despedidos. Por último, en Euskadi, la salida será la de un periodista.

Según ha informado el comité de empresa a los trabajadores, la causa de estos despedidos en El Mundo responde a una remodelación de las delegaciones ya que desde la dirección del periódico se habrían dado cuenta que "no podían competir con la prensa regional". Por ello, desde esta cabecera buscarían darle un nuevo enfoque y una nueva función más centrada en apoyar a la edición de Madrid. Estos nueve despidos se producirán de forma inmediata conforme la empresa vaya comunicando la decisión. 

Estos nuevos despidos se suman a los cuatro ERE en Unidad Editorial desde 2009 y los recortes de sueldos sucesivos que suman de un 15% a un 20%. La plantilla se encuentra en mínimos de efectivos y en máximos de esfuerzo, lamentaban a infoLibre a principios de año fuentes del comité de empresa. "Llevan tres años sin cubrir las bajas", destacan. Además, el pasado noviembre la empresa anunció que desde el 1 de enero no habría más becarios en las redacciones. Tampoco correctores –estudiantes de Periodismo que suministran las universidades al igual que los becarios– desde el mes de mayo: eran un centenar en todo el grupo cada año, que cobraban unos 300 euros al mes.

Ninguno de los 10 principales periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. Lo certifica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) con los datos de 2018. La continuada e imparable caída de la prensa escrita en la última década permite a El Paísmantenerse como diario más vendido en la calle con un promedio de sólo 85.594 ejemplares el año pasado. Es el único, además, que supera los 60.000 ejemplares. Porque los tres siguientes vendieron de media en quiosco sólo 56.091 periódicos –El Mundo–, 54.950 –La Vanguardia– y 52.161 –Abc–. El resto no llega ni a 50.000 ejemplares diarios.

Aunque todos bajaron el año pasado en su difusión total con respecto a 2017, con una pérdida conjunta de 91.161 ejemplares, el 11,2%, el que más ha acusado la caída ha sido El País, que casi duplica esa media con un desplome del 21,4%. Le sigue en el retroceso El Periódico, con un recorte en su difusión total del 16,3%El Periódico. La bajada de los ocho restantes no llega a los dos dígitos, pero aun así es considerable: un 8,9% La Vanguardia y un 7,8% El Mundo, como más destacados. La difusión total incluye la venta en quiosco, las suscripciones, las ventas especiales (por ejemplo, suscripciones colectivas) y las entregas gratuitas.

Si se pone el punto de mira sólo en la venta en quiosco, la pérdida de los 10 principales periódicos es de 48.755 ejemplares en conjunto, un 10,1%. En este caso la cabecera que más cae es La Vanguardia, La Vanguardiacon unas ventas medias en 2018 un 16,1% por debajo del año anterior. El Periódico retrocede en quiosco un 12,5% y El País, un 12,4%. El Mundo pierde un 10,8%. Los diez principales periódicos bajaron las ventas en el quiosco: el que sufrió la menor pérdida fue El Diario Vasco, con una bajada dle 6,5%.

Esas caídas de venta en la calle, traducidas en ejemplares, suponen que El País dejó de colocar una media de 12.180 periódicos diarios el año pasadoEl País, el que más, seguido de El Mundo, con 6.860El Mundo. El Abc perdió 4.748 ventas en promedio y El Periódico, 4.726.

Por lo que a las suscripciones se refiere, es El Periódico el más perjudicadoEl Periódico, con un importante descenso del 38,1%. El País le sigue de cerca con una caída del 36,6%. El resto de los diarios pierden también suscriptores, pero en porcentajes muy alejados: La Razón retrocede un 6,37% y La Vanguardia un 5,92%. El único que crece en suscripciones es El Diario Vasco, pero sólo un 0,52%.

  EL PAÍS

La espectacular caída del diario del grupo Prisa se explica por la supresión de su edición impresa en Latinoamérica a partir del mes de junio del año pasado. En suscripciones El País ha perdido 23.190 copias de media en 2018.

A la vista de los datos de OJD, el cambio de dirección en el periódico, también ocurrido en junio del año pasado, no ha revitalizado las ventas en el quiosco, aunque se mantienen sin grandes oscilaciones mes a mes. En cualquier caso, El País terminó diciembre con una media de ventas en la calle de 84.420 ejemplares, tras alcanzar un mínimo del año de sólo 80.705 en noviembre. Había terminado diciembre de 2017 con 93.585 periódicos vendidos en quiosco.

El País es el único periódico que en difusión total –la suma de la venta en quiosco, las suscripciones individuales y colectivas, los ejemplares gratuitos y otros canales especiales– superó en 2018 la barrera de los 100.000 ejemplares, al situarse en 137.552.

  LA VANGUARDIA

La cabecera catalana es la que más suscriptores individuales tiene, más incluso que El País, una media de 54.950. La cifra, además, duplica el número de ejemplares que vende en quiosco –sólo 22.070–. Sólo La Vanguardia y La Voz de Galicia colocan más periódicos mediante suscripciones que en la calle, pero las del diario gallego apenas superan en 3.300 a sus ventas en quiosco. Ambos son periódicos con difusión autonómica y, pese a que la población de Cataluña casi triplica la gallega, La Voz de Galicia vende en quiosco más que La Vanguardia. De hecho, es el diario catalán el que vende menos en la calle de las 10 primeras cabeceras.

En 2018, su difusión total se situó en 96.345 ejemplares.

  EL MUNDO

El periódico de Unidad Editorial apenas pierde suscripciones en 2018, sólo 277, un 1,56%, pero es el segundo que más retrocede en ventas en quiosco, con una media de 6.860 ejemplares. De ahí que, con 56.091 diarios colocados en la calle, y sólo 17.417 suscriptores individuales, su difusión total no llegue a los 90.000 ejemplares en promedio –89.580–.

  ABC

En quiosco la cabecera de Vocento vende 52.161 ejemplares, tras perder un 8,34% el año pasado. Las suscripciones han bajado un 5,3%, por lo que se quedan en 12.227. En total, su difusión media el año pasado fue de 74.271 diarios.

  LA RAZÓN

El periódico que diige Francisco Marhuenda es la cabecera nacional con menos suscriptores individuales, sólo 2.895. Tan sólo cuentan con menos entre los 10 primeros de la clasificación de OJD dos diarios regionales, El Diario Vasco y La Nueva España. También es el que más oscilaciones experimenta en su venta en quiosco según el mes. El motivo son las promociones. Así, pasa de colocar un máximo de 60.938 ejemplares de media en septiembre de 2018 a un mínimo de 25.531 el mes anterior. Pese a ese esfuerzo comercial, La Razón ha perdido un 7,6% de sus ventas en la calle.

Este periódico logra, además, un 30% de su difusión por la vía de lo que OJD califica como de "pago especial", aquella en la que el diario se vende conjuntamente con otra publicación por menos del 50% del precio de portada.

Su difusión total se situó el año pasado en 65.135 copias.

  LA VOZ DE GALICIA

De las cabeceras de difusión autonómica, el diario de A Coruña es el segundo del ránking, con 61.868 ejemplares. Pero sólo vende en el quiosco 25.049, menos que por suscripción –28.443–. Y la caída en las ventas en la calle ha sido considerable, un 10,8% en 2018.

  EL PERIÓDICO

El diario del grupo Zeta atraviesa horas bajas, con un desplome de las suscripciones del 38,0% que le ha dejado con sólo 6.570 abonados individuales. En la calle se ha dejado otro 12,6% y consigue colocar 32.818 ejemplares.

Al igual que ocurre con La Razón, el 30% de la difusión del periódico catalán es de "pago especial".

Con una difusión total de 60.870 diarios, es la segunda cabecera con mayor pérdida de ejemplares en términos absolutos, 11.917 ejemplares.

  EL CORREO

El periódico vasco de Vocento también tiene un número pequeño de suscriptores, 6.556. En quiosco coloca 48.153 ejemplares, más que La Razón, pese a haber perdido un 7,2% de esas ventas en el último año. Su difusión total es de 57.547 diarios.

  EL DIARIO VASCO

Es la cabecera con menor número de suscriptores, 1.732 de media en 2018, pero también la única que los ha aumentado en el último año, aunque con una cifra mínima: nueve, un 0,52% de mejora. En quiosco vende 40.814 ejemplares, tras haberse dejado un 6,5%. Su difusión total ascendió a 43.652 copias diarias.

  LA NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano del grupo Prensa Ibérica tiene una difusión total de 34.877 ejemplares, de los que 31.793 los vende en quioscos. La cifra es un 8,6% inferior a la de 2017. Suscriptores individuales posee 1.828 en promedio, más que El Diario Vasco.

La última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2018, contaba 26.500 periodistas en paro, la segunda cifra más baja desde 2008. No obstante, de julio a octubre la cifra sufrió un repunte del 6,4%, el primero desde enero de 2017. Hasta ese momento el número de trabajadores de la información desempleados no había dejado de caer tras alcanzar su máximo en el tercer trimestre de 2013, con 64.400 parados.

En los últimos cuatro años remitieron los Expedientes de Reestructuración de Empleo (ERE) en los grandes grupos de comunicación, pero los recortes salariales y de funcionamiento no han parado. Y con el final del año y el comienzo de 2019 vuelven los despidos y las bajadas de sueldo. El sector no recupera la salud, convaleciente de una anemia de ingresos que no consigue curar.

La Voz de Galicia, que es el sexto periódico de mayor difusión en España, acaba de poner en la calle a cuatro trabajadores del área administrativa y comercial en plena negociación del convenio colectivo. Y fuentes del comité de empresa aventuran que habrá más despidos en esos departamentos de la empresa gallega [este viernes han sido despedidos otros dos trabajadores más]. Son los primeros desde 2012, aunque estos ocho años de “paz social”, como la definen en el comité, ha venido jalonada de un buen número de bajas incentivadas y de rebajas de sueldo. “Hasta ahora la fórmula había consistido en ceder salarios a cambio de mantener el empleo”, explican los representantes de la plantilla, “pero parece que a la empresa no le satisface y, por tanto, nosotros damos por rotas las negociaciones”.

Este mismo jueves los trabajadores del periódico gallego han llevado a cabo concentraciones de protesta a las puertas de las 14 delegaciones con que cuenta. La inicial “inquietud” que manifestaba la plantilla por la lentitud en que se desarrollaban las negociaciones para renovar el convenio se ha convertido en “indignación” con los despidos, justificados en “razones económicas” y a cambio de 20 días por año trabajado, la indemnización mínima legal. Uno de los trabajadores ha aceptado adherirse al plan de bajas incentivadas que ofrece 28 días por año de compensación. Pero el resto pretende acudir a los tribunales para denunciar sus despidos.

La inquietud también tiene su origen en el planteamiento que hizo la empresa nada más sentarse a renegociar el convenio colectivo: un recorte salarial de entre el 12,5% y el 14,5%, en función de la nómina, y el compromiso de mantener el 80% de la plantilla, integrada por unos 300 trabajadores. Es decir, quedaba en el alero el futuro de unas 60 personas. Además, el periódico ofrecía un convenio de sólo un año de duración, en lugar de los dos que se habían venido firmando hasta ahora.

La negociación se produce al tiempo que La Voz de Galicia reorganiza sus redacciones para integrar el papel y el digital, lo que de momento ha implicado el adelantamiento temporal del cierre diario de los contenidos pero también puede provocar despidos. El cambio, además, vendrá acompañado de la instalación del pago por contenidos en la web. Porque, aunque la empresa publica beneficios, los ingresos no remontan. De hecho, la garantía de mantener el 100% del empleo, establecida en el convenio colectivo, se sustenta sólo si el periódico alcanza un determinado nivel de ventas y de ingresos publicitarios que, según fuentes del comité, no se cumplieron en 2018. “Por tanto, la empresa podía haber despedido a 16 trabajadores a 31 de diciembre”, indican. No lo hizo hasta nueve días después.

Como hasta el momento el nuevo convenio no está firmado, tampoco lo está el anexo que cada dos años habilitaba a la empresa a recortar el sueldo de sus trabajadores. Por tanto, explican las mismas fuentes, La Voz de Galicia va a tener que pagar una nómina de enero completa, con las retribuciones de 2012, el año en que comenzaron a aplicarse las reducciones salariales, que no son acumulativas. De hecho, al final de cada ejercicio, el periódico les ha devuelto hasta ahora la mitad del recorte anual practicado. “La empresa debería tener prisa en cerrar un acuerdo con la plantilla, por eso no entendemos cómo ha preferido este conflicto y tener a los trabajadores detrás de una pancarta en la puerta”, advierte el comité, que espera una explicación de los responsables del diario la próxima semana.

Según las cifras de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), La Voz de Galicia tuvo una difusión media –ventas más suscripciones– de 64.070 ejemplares entre julio de 2017 y junio de 2018. Desde 2012 ha perdido 20.824 ejemplares, un 24,5%. En 2008 vendía en quiosco y a suscriptores 102.859 periódicos. Es decir, su difusión media ha caído un 38,8% desde que empezó la crisis.

Ajustes en plena integración digital

El Economista también tiene previsto llevar a cabo este año la integración de las redacciones digital y convencional. Pero, a diferencia de La Voz de Galicia, sufre pérdidas. De hecho, no ha abandonado los números rojos desde su creación, en 2005. En 2017 superaron los 400.000 euros y el presidente del diario económico, Alfonso de Salas, anunció en su mensaje navideño a la plantilla que en 2019 serán necesarios “ajustes”, que no concretó, y reducir los salarios. Porque su objetivo en el ejercicio es duplicar los ingresos por publicidad y los inversores le piden un millón de euros de ahorro en costes antes de arriesgar más capital en la empresa, según explican a infoLibre fuentes de la redacción, que carece de comité de empresa. Ecoprensa, la editora de El Economista, ha realizado una quincena de ampliaciones de capital desde que se fundó.

De hecho, este mes de diciembre se han amortizado cinco puestos de trabajo en la redacción, añaden las mismas fuentes, bien porque no se han renovado contratos temporales bien porque quienes han abandonado la empresa no han sido sustituidos. En el área administrativa también ha habido alguna salida más, apuntan. Al tiempo, Ecoprensa ha fichado un nuevo consejero delegado, Pablo Caño –antes director general en El Independiente, el diario digital de Casimiro García-Abadillo–, que se presenta como experto en desarrollar un modelo de negocio rentable para los medios de comunicación.

Al igual que en La Voz de Galicia, El Economista ha adelantado un par de horas el cierre del periódico de papel, pero las fuentes consultadas advierten de la existencia de “muchas duplicidades” en las dos redacciones del económico, por lo que pende la amenaza de los recortes de plantilla. Ésta no ha dejado de crecer, no obstante, desde 2011, cuando el periódico atravesó su momento más delicado y puso en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), con reducciones de jornada y sueldo del 20%, que prorrogó hasta 2014.

Según OJD, El Economista tiene una difusión de 10.665 ejemplares y presume de ser el primer diario económico en internet.

La Razón está en plena renegociación del convenio igualmente. La primera oferta de la empresa tampoco resultó muy halagüeña: rebajas salariales del 20% para los recién contratados y del 15% para quienes cobren más de 25.000 euros al año. También ha puesto en marcha un plan de bajas incentivadas. Desde 2012, su difusión ha caído un 25%, por lo que ahora coloca sólo 68.298 ejemplares en quiosco y a los suscriptores. El periódico que dirige Francisco Marhuenda se ha mantenido en beneficios, aunque exiguos, desde 2014 hasta 2016.

Sin becarios ni correctores en 'El Mundo'

En El Mundo y el resto de las cabeceras de Unidad Editorial la renegociación del convenio colectivo está a punto de empezar. Fuentes del comité de empresa aseguran que su intención era prorrogar un año más el convenio en vigor, pero el grupo lo ha denunciado para negociar un nuevo texto. Después de sufrir cuatro ERE en el grupo desde 2009 y recortes de sueldos sucesivos que suman de un 15% a un 20%, la plantilla se encuentra en mínimos de efectivos y en máximos de esfuerzo, lamentan las mismas fuentes. “Llevan tres años sin cubrir las bajas”, destacan. Además, el pasado noviembre la empresa anunció que desde el 1 de enero no habría más becarios en las redacciones. Tampoco correctores –estudiantes de Periodismo que suministran las universidades al igual que los becarios– desde el próximo mes de mayo. Son un centenar en todo el grupo cada año, que cobran unos 300 euros al mes. 

Unidad Editorial sorprendió también al comité cuando propuso llevar a cabo una evaluación de la productividad y talento de los trabajadores. Según expuso la empresa, se trata de una iniciativa puesta en marcha por el dueño del grupo, Urbano Cairo, en Rizzoli, la matriz italiana. Esa evaluación, que pretende ser una “medida objetiva del potencial” de los redactores, la realizarán no obstante, los jefes de cada sección. El comité mostró su rechazo, ante el temor de que sus resultados puedan ser utilizados para justificar futuros despidos: pidió que las evaluaciones fueran públicas y que también se las hicieran a los jefes.

Los diarios de Unidad Editorial, como los de Prisa, Vocento y El Economista, están pendientes de instalar el pago por contenidos en sus versiones digitales. Todos ellos han anunciado oficiosamente que el muro de pago comenzaría a funcionar este mismo año. El Mundo tiene una difusión de 93.635 ejemplares, según la última medición de OJD, tras perder un 39,4% desde 2012. Gracias a una política draconiana de ahorro de costes, el grupo que preside Antonio Fernández-Galiano volvió a registrar un resultado bruto de explotación de 24,6 millones de euros en los tres primeros trimestres de 2018, pese a que los ingresos por la venta de periódicos sufrieron una caída de 8,5 millones de euros.

Un ERE también en un medio nativo digital  

Esta misma semana también se hizo público otro ERE, aunque en un medio nativo digital: Playground, con sede en Barcelona, un híbrido de noticias en vídeo y contenidos patrocinados enfocado al público más joven, va a despedir a 70 de sus 150 trabajadores. El próximo martes se constituirá la mesa de negociación, explica Sergio Calahorro, de CCOO. Playground fue creado en 2008 a partir de un blog musical y se convirtió en un medio con amplia audiencia sobre todo a través de Facebook. La decisión de la empresa de Mark Zuckerberg de cambiar su algoritmo y dejar de priorizar las noticias de los medios de comunicación, en febrero de 2018, ha hundido el tráfico de Playground. Según Similar Web, pasó de 12,9 millones de visitas en julio a sólo 3,7 millones en diciembre. El 44% de su tráfico procede de redes sociales, y de éste, el 94% de Facebook.

Ya antes del verano la empresa empezó a reorientar el negocio, potenciando los contenidos audiovisuales, indica Calahorro, por lo que pidió a sus trabajadores que cambiaran el convenio sectorial de prensa no escrita por el de la industria de producción audiovisual. El comité aceptó. Pero casi al mismo tiempo comenzaron los despidos individuales. Casi una docena en los últimos seis meses. Entonces se les indemnizó con 28 días por año trabajado. También abandonaron la empresa el editor jefe, Antonio J. Rodríguez, y la editora de Cultura, Luna Miguel.

La semana próxima la plantilla celebrará una asamblea en la que decidirán cómo se enfrentan a la decisión de la empresa. El comité, avanza el representante de CCOO, pretende sustituir los despidos por recortes salariales y un plan de bajas voluntarias.

Al frente de Playground figura Isaac Marcet, hijo de Mahala Alzamora, fundadora de la agencia de comunicación que lleva su nombre. Junto con su familia, participan en la empresa Mario Rotllan Sol, de la familia propietaria de la embotelladora española de Coca-Cola, y Solmunian SL, de los dueños de las clínicas Tres Torres. En 2016 facturó 3,3 millones de euros y su resultado de explotación ascendió a 438.025 euros.