La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al Banco Santander a devolver a una ama de casa los 63.000 euros que había invertido en participaciones preferentes, al considerar que la comercialización de este producto se realizó "sin una previa información o explicación" de sus características, informa Europa Press.

La sentencia, con fecha de este 30 de enero y dada a conocer por el despacho Rúa Abogados, señala que el Banco Santander "incumplió sus deberes" de información con esta clienta.

La comercialización de este producto financiero se produjo en 2009 por parte del Banco Pastor, entidad que posteriormente fue absorbida por el Banco Santander.

De esa forma, tras formalizarse la fusión entre ambas entidades, el Santander, por sucesión procesal, "ocupó la posición de todas las entidades del Grupo Banco Popular en los procedimientos en curso", según ha explicado Rúa Abogados en un comunicado.

Desde comienzos de año, varios tribunales han fallado a favor de los demandantes en casos similares, referidos tanto a clientes titulares de acciones de Banco Popular, como a titulares de bonos, preferentes u obligaciones subordinadas.

Desde Rúa Abogados, despacho encargado de la reclamación, se ha destacado que "todas aquellas personas que han sido víctimas de una mala praxis bancaria pueden recuperar su dinero".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación relativa a la venta de preferentes y deuda subordinada por parte de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en aplicación de la conocida como doctrina 'Botín' al no ejercer acusación el Ministerio Fiscal y después de que las acusaciones particulares pidieran el sobreseimiento de la investigación, informa Europa Press.

El tribunal explica en un auto que, de esta manera, se archiva la causa abierta contra los exdirectivos de la caja alicantina Roberto López Abad y Dolores Amorós, que se enfrentaban a 10 años de prisión por delito de estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas y multa conjunta de 11 millones de euros.

El pasado 4 de julio, con motivo de la primera sesión de vista oral, el letrado Diego de Ramón, que representa a cerca de 1.000 clientes, y la asociación Adicae, que ejerce la defensa de 700 personas, se retiraron al exponer que la mayoría de sus representados habían sido resarcidos por el Banco Sabadell al ofrecerles la recompra de acciones de la entidad.

No obstante, Adicae solicitó la continuación del procedimiento en calidad de acusación popular, pero ahora el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo deniega la petición y sobresee la causa, aunque deja abierta la posibilidad de una sanción por la vía administrativa. Contra esta resolución se puede interponer recurso de casación en el plazo de cinco días.

No se constatan más perjudicados

"Es importante tener en cuenta que en autos no se constata la existencia de más supuestos perjudicados, distintos de los personados y de los que aparecen resarcidos en su derechos económicos, no dejando margen de actuación a la acusación solitaria de Adicae, pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento han manifestado su tajante voluntad de retirada", reza el auto.

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que no ejerce acusación en este procedimiento, solicitó al inicio de la vista oral que se aplicara la doctrina 'Botín', que establece que, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento, se archive la causa. De esta manera, los dos exdirectivos acusados evitarán un segundo juicio en estas dependencias judiciales ya que ya fueron juzgados y condenados a tres años de cárcel el pasado año por falseo de cuentas relativas a los ejercicios 2011 y 2012.

Tras la larga instrucción, la magistrada Carmen Lamela abrió juicio oral el pasado mes de enero contra los dos exdirectores de la caja alicantina, aunque fue en marzo de 2016 cuando propuso inicialmente juzgarles debido a las irregularidades en la venta de estos productos tóxicos.

No ocurrió lo mismo en la investigación que se hizo en una pieza separada de las cuotas participativas emitidas por la entidad y cuya instrucción archivó en varias ocasiones al considerar que los últimos estados financieros publicados en el momento de la emisión de este producto eran los de diciembre de 2007, que no estaban falseados.

850 millones en la emisión C

En lo que respecta a la venta de preferentes, la caja alicantina realizó tres emisiones: la serie A emitida en agosto del año 2001 por 300 millones de euros, la B de agosto de 2002 por 160 millones de euros y la serie C emitida el 29 de septiembre de 2009 por importe de 850 millones, según el escrito de las acusaciones particulares que recoge que, en lo que respecta a deuda subordinada, se realizó una emisión en febrero de 2004 por importe de 300 millones de euros.

La comercialización de la serie C a un total de 5.540 clientes se hizo en un momento en el que la Caja de Ahorros del Mediterráneo atravesaba graves problemas financieros, lo que le llevó a ocultar la verdadera situación económica de la caja y a presentar unos balances durante los ejercicios de 2011 y 2012 que reflejaban beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

Finalmente, la CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y recibió una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) recurrió el auto de archivo de la causa de las preferentes de Caja Madrid y Bancaja alegando que estas entidades "manipularon el mercado" para dar al producto una "apariencia de rentabilidad" y mantener la "ilusión de que tenía liquidez" e incluso "una buena cotización".

Según el escrito de la CIC que recurre el auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha tenido acceso Europa Press, la información contenida en determinados folletos de las emisiones de participaciones preferentes era "falsa en lo relativo a la cotización del producto", pues "garantizaban la existencia de un verdadero procedimiento de circulación y negociación de estos valores, que garantizaban su liquidez".

"Las entidades manipularon el mercado, dando al producto una apariencia de rentabilidad, solvencia y liquidez del que carecía, a fin de evitar que se descubriera la realidad y se multiplicaran las reclamaciones y acciones judiciales de los perjudicados", remarca.

"En definitiva, Caja Madrid, Bancaja (posteriormente Bankia) y las restantes entidades aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF para crear un mercado interno ficticio en el que literalmente se inventaron los precios de cotización, a fin de mantener la ilusión de que el producto tenía liquidez e incluso una buena cotización, fingiendo ante los inversores la existencia de un mercado secundario real", explica.

"Estrangulamiento" por parte de la Fiscalía

Pero además, la CIC argumenta su recurso denunciando que en esta causa ha existido un proceso de "estrangulamiento" de la instrucción que comenzó el Ministerio Fiscal oponiéndose desde el primer momento a la apertura del procedimiento.

Razona que puede admitir que la instrucción se limitara a las "cúpulas directivas" de estas entidades, pero lo que a su juicio resulta "censurable" es que no se investigara a las mismas por posible estafa o engaño provocado a los inversores por la simple emisión de las preferentes.

La CIC responde de esta forma al magistrado instructor Fernando Andreu, que el pasado 18 de mayo archivó esta parte de la investigación, tras más de un año sin acordar ninguna diligencia, y al entender que no quedó acreditado que las entidades emitieran este producto con el fin de engañar a los inversores.

Sin distinción entre su ideación y su comercialización

Respecto a la distinción que hizo el magistrado entre la planificación de este producto financiero y su comercialización, la CIC asegura que es "absolutamente artificial", ya que ambas cosas están "íntima e indisolublemente unidas".

"Por lo tanto, consideramos que es este el momento de reconsiderar y revisar la falsa premisa que ha condicionado la instrucción, consistente en la total separación entre lo que se llama 'la ideación y comercialización general' de las preferentes (de la que se responsabiliza a 'la cúpula directiva') y la 'comercialización individualizada por los empleados' (que sería imputable en su caso a los directores, comerciales y empleados en general)", reza el escrito.

Se trata de una mecánica –que compara con la que se puede llevar a cabo en una estafa piramidal– diseñada e implementada por parte de la dirección de Caja Madrid, Bancaja y Bankia y ejecutada por toda la red comercial, a la que se dotó "de los correspondientes incentivos económicos".

Falsa apariencia de ausencia de riesgo

La acusación denuncia que, desde la emisión de las preferentes a principios de mayo de 2010, todas las que le siguieron estuvieron cotizando al cien por cien de su valor e incluso algo por encima. Así, cuando un cliente minorista quería vender sus preferentes, la entidad se las compraba al precio que unilateralmente determinaban y posteriormente buscaba a otro cliente minorista de la propia red la que vendérselas, manteniendo artificialmente el precio alrededor del precio de colocación original.

Todo ello en un contexto que se vaticinaba negativo para las cajas teniendo en cuenta los problemas financieros que "barruntaban" de cara al cobro de los dividendos y cupones de la inversión. Con tales actuaciones consiguieron que la volatilidad en el precio de las preferentes fuera prácticamente cero, generándose una falsa apariencia de falta de riesgo.

Cuando en mayo de 2010 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) denunció la situación el mercado se paralizó por completo y se negó a los clientes la posibilidad de seguir operando con las participaciones preferentes, "quedando literalmente atrapados".

En su auto de archivo de la investigación, el juez descartó que el supervisor actuara como cooperador necesario de esta práctica, cuya investigación quedó acotada a la acometida desde el año 2009 ya que no podría existir reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por importe de 300 millones de euros) por prescripción del presunto delito.

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la pieza separada que abrió para investigar el diseño y la comercialización de las preferentes de Caja Madrid al considerar que no ha quedado acreditado que la entidad emitiera este producto financiero con el objeto de engañar a los inversores, informa Europa Press.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 expone que terminó la instrucción de la pieza separada del caso Bankia y que, de la misma tampoco se puso comprobar que los directivos de la caja extinta contra los que se dirigió la querella emitieran estas participaciones a sabiendas de que se trataba de un producto tóxico con el fin de engañar a los clientes.

Por ello descarta que actuaran como cooperadores necesarios la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, a quienes no incluyó en su investigación pese a que la querella presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) se dirigía contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y Julio Segura, expresidente de la CNMV, por la comisión de un presunto delito de encubrimiento.

Al contrario, recoge que la venta de preferentes como forma de financiación entre clientes minoristas no podía ser desconocida por las autoridades reguladoras y supervisoras porque fueron ellas las que las autorizaron "expresamente".

3.000 millones de euros en preferentes

El juez, que recuerda que no se practicó ninguna diligencia relativa a esta pieza en el último año, acotó la investigación a la venta de preferentes en Caja Madrid desde 2009 por valor de 3.000 millones de euros ya que no es posible reproche penal contra las emisiones hechas los años previos ni tampoco contra la emitidas por Bancaja durante los años 1999 y 2000 (por importe de 300 millones de euros) por prescripción del presunto delito.

Tampoco quedó acreditado, ni por la vía testifical ni documental, que los comerciantes de las entidades recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se contradijera lo recogido en los contratos y en los test de idoneidad que la caja extinta corrigió siguiendo las indicaciones del supervisor.

Con todo, reconoce que se pudieron producir "graves deficiencias" en la venta de este producto financiero y que incluso pudieron primar los propios intereses de los vendedores por encima de los de sus clientes; por ello remite a los preferentistas a la vía civil para satisfacer sus intereses.

Además matiza que en este caso no se acredita la existencia de estafa tal y como se reconoce en la jurisprudencia porque para ello hubiera sido necesario que los directivos de Caja Madrid que impulsaron la emisión de preferentes fueran conocedores en ese momento de la futura situación de insolvencia de la entidad que acabó integrando el Sistema Institucional de Protección (SIP) del que nació Bankia.

Cinco años de investigación

El magistrado inició la investigación en el año 2013 contra los directivos de estas entidades por su posible responsabilidad en la comercialización de preferentes, pero relegó a los juzgados territoriales competentes la instrucción por el papel que jugaron los empleados de las sucursales de Caja Madrid, Bancaja y Bankia que vendieron estos productos.

Andreu adoptó esta decisión con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción que considera que el lanzamiento y venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera un "plan preconcebido" para su gestión y diseño.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, defendió este martes que sin el rescate financiero España hubiese tenido que abandonar la zona euro y, por consiguiente, la divisa comunitaria.

Así lo señaló durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, donde esgrimió que el rescate financiero sirvió para evitar la salida de España de la zona euro y para que los depositantes tuvieran que asumir pérdidas como consecuencia de una "mala gestión" por parte de los responsables de las entidades.

Guindos explicó que el Fondo de Garantía de Depósitos no habría podido atender todos los depósitos garantizados, que solo en las entidades que recibieron ayudas ascendían a 250.000 millones de euros, lo que hubiese supuesto que el Tesoro hubiera tenido que emitir deuda para cubrir estos depósitos.

"Dada la coyuntura macroeconómica que vivíamos en esos momentos, hubiera supuesto, casi automáticamente, el rescate completo de nuestra economía o bien nuestra expulsión de la unión monetaria", señaló.

Actuación "exhaustiva e integral" del Gobierno del PP

Además, puso en valor que la actuación "exhaustiva e integral" de su Gobierno sobre el sector financiero permitió que España evitase el "rescate total".

"A diferencia del Gobierno anterior, que se había limitado a aportar dinero a fondo perdido a las entidades financieras sin tomar medidas que realmente eliminaran las dudas existentes, el nuevo Ejecutivo decidió afrontar la situación de manera exhaustiva e integral", apuntó en referencia del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Así, subrayó que los llamados decretos Guindos I y Guindos II para incrementar las provisiones inmobiliarias del sector financiero permitieron "arrojar luz" sobre los balances bancarios para cuantificar de forma "clara y definitiva la magnitud del problema".

"No había otra alternativa, dado el riesgo inminente de que las deudas sobre el sector financiero acabaran extendiéndose también al Tesoro, lo que hubiera terminado por conducir al rescate total de España", manifestó Guindos durante su intervención.

"En definitiva, en los primeros meses de 2012 el Gobierno arrojó luz sobre las situación de las cuentas públicas y de las instituciones financieras, aprobó reformas clave en el ámbito fiscal, financiero y laboral y permitió resolver las dudas de los mercados financieros, lo que posibilitó superar la amenaza de un rescate total de la economía", agregó el ministro.

Critica los parches de Zapatero

El titular de Economía también cargó contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al señalar que no tomó medidas hasta finales de 2008, pese a las "señales alarmantes" y aunque la crisis financiera había estallado varios meses antes.

En relación a las medidas aplicadas por el PSOE en 2010 para atajar la crisis, señaló que, aunque "hubo un fugaz atisbo de estabilización, los famosos brotes verdes, pronto se hizo patente que los parches que se estaban aplicando para capear el temporal de la crisis eran insuficientes".

Así, también recalcó que la burbuja inmobiliaria se gestó entre 2004 y 2007, durante la gestión socialista, y que el denominado Plan E de inversión pública "solo sirvió para desequilibrar aún más las cuentas del Estado" en 2009.

En relación a las cajas de ahorros, Guindos indicó que estaban "enormemente expuestas al sector inmobiliario" y que llevaban años mal gestionadas por cúpulas "politizadas y poco profesionales".

"Que tres de las entidades que habían recibido dinero público en 2010 volvieran a presentar problemas de solvencia unos meses más tarde es prueba irrefutable, a mi juicio, de que hasta ese momento el Gobierno no había entrado a resolver el problema de fondo", añadió.

Asegura que Bankia ya ha devuelto casi 7.000 millones a minoristas

Además, Guindos, señaló que a junio de 2017 Bankia ya había devuelto prácticamente 1.850 millones de euros a un total de 190.000 inversores minoristas que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad.

El ministro señaló que este importe, que incluye intereses compensatorios, se suma a los casi 5.000 millones de euros devueltos a los titulares de participaciones preferentes mal comercializadas por las cajas de ahorros que constituyeron BFA-Bankia (Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja).

La decisión de compensar a los accionistas minoritarios se efectuó después de que el Tribunal Supremo confirmase la nulidad de la adquisición de acciones de Bankia por parte de minoristas en su salida a Bolsa.

El rescate a Bankia lo cifró Bruselas y no Goirigolzarri

Negó además que la cifra final que el Estado inyectó en Bankia viniera determinada por la reformulación de las cuentas realizada por el equipo de José Ignacio Goirigolzarri tras la salida de Rodrigo Rato, y dejó claro que esta cantidad se definió en el marco del programa de asistencia financiera por parte de la Unión Europea.

Antes de la dimisión de Rato, Guindos aseguró que el entonces presidente de Bankia "planteó varias operaciones de fusión con diversas entidades" pero que "ninguna de estas se concretó". El ministro manifestó que el Gobierno "trabajó todo el mes de abril con la dirección de la entidad para tratar de solventar la situación con medidas creíbles", y que hasta la salida del entonces presidente las acciones cayeron un 35%.

Asimismo, desmintió que antes de la salida de Rato de Bankia el Banco de España hubiera aprobado los planes de ajuste presentados por la entidad, y aseguró que fue el propio exvicepresidente el que decidió su marcha del banco tras no poder presentar sus cuentas consignadas por el auditor de la entidad, Deloitte, algo calificado por Guindos como un "hecho realmente inaudito". "(Rato) Me pidió que hablase con José Ignacio Goirigolzarri para expresarle el apoyo del Gobierno a su futuro nombramiento como presidente de BFA-Bankia, llamada que realicé poco después", explicó Guindos. Además, aseguró que Rato trató de continuar al cargo de la entidad incluso una vez había comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su dimisión.

El Banco de España aconsejó intervenir

Respecto al papel jugado por el Banco de España, señaló que un día después de la salida de Rato el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez aconsejó la intervención pública, convirtiendo las acciones preferentes del FROB "de forma voluntaria por la entidad", una comunicación ya realizada por el propio supervisor.

Asimismo, recordó que el propio Banco de España respaldó el cambio en la cúpula de Bankia por estar orientada "en la dirección que habían indicado de profesionalizar la gestión", y que reclamaba a Goirigolzarri "un plan reforzado de saneamiento en el plazo más breve posible", con nuevos recursos públicos.

"No es el mercado, fue una estafa y es un expolio". Así se expresó este martes Xesús Domínguez, miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas, en su comparecencia en la Comisión de investigación sobre la crisis financiera, que comenzó el pasado mes de mayo. Domínguez, propuesto como ponente por En Marea, hizo un recorrido cronológico por la "macroestafa" de la comercialización de estos productos financieros a "pequeños ahorradores", que llevan cuatro años movilizándose para recuperar el dinero que han perdido. 

"Una parte de la banca se lanzó a una práctica de crédito irresponsable que se convirtió en insostenible con el estallido de la burbuja y la llegada de la crisis. La banca necesitaba dinero en efectivo y diseñó una campaña para apropiarse de los recursos de sus clientes", criticó. Sin embargo, según denunció durante su intervención, pese a que estos productos afectaron a 120.000 gallegos, "poco sabemos de las condenas a directivos de banca por la comercialización de estos productos".

De esta manera, especificó, de los 1.800 millones de euros que las cajas gallegas vendieron en preferentes, éstas solo han pagado multas por dos millones. A nivel político, financiero o penal, en cambio, no ha habido ninguna condena. "La ciudadanía ha sido la que ha soportado las consecuencias de la crisis financiera", lamentó. 

Las entidades "mintieron a sus clientes"

Tal y como recordó Domínguez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), afirmó que las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas son productos extraordinariamente complejos y de altísimo riesgo, así como difíciles de comprender para la ciudadanía que no se dedica a las grandes inversiones. Pese a ello, las entidades financieras no dudaron en comercializarlos. "Debían dirigirse a gente experta, pero se colocaron entre clientela tradicional para capitalizarse de forma más barata que con ampliaciones de capital". Y lo hicieron al amparo de la ley 19/2003 aprobada por el PP y el PSOE, tras la cual comenzaron a vender estos productos a personas "de edad avanzada con escasa formación  y a clientes desconocedores de los riesgos" que corrían sus ahorros. 

¿Cómo consiguieron venderlos? Para Domínguez, las entidades mintieron a sus clientes, dieron información falsa y ocultaron las consecuencias que podía tener su adquisición. Así, se apropiaron de sus ahorros sin su consentimiento. "Los empleados, o bien desconocían los riesgos o no informaron de que se podían perder", remarcó. Sin embargo, las directivas europeas, como recordó durante su comparecencia, imponen condiciones para comercializar este tipo de productos, como dar información suficiente y clara y asegurarse de que son convenientes para el cliente. Estas, sin embargo, no se tuvieron en cuenta.

Arbitrajes irregulares

Las irregularidades y malas prácticas de las entidades financieras, no obstante, no acabaron cuando los afectados comenzaron a movilizarse tras descubrir que habían perdido sus ahorros. En el año 2012, ante las movilizaciones, la Xunta de Galicia "improvisó" un sistema de arbitraje para dar solución a las reclamaciones de los miles de afectados. Este, sin embargo, "no fue controlado ni supervisado por instituciones públicas o independientes", lo que provocó la proliferación de irregularidades en los procesos. "Se vieron desde el primer momento", explicó, "por ejemplo, algunos de los primeros en recuperar los ahorros fueron familiares de miembros del PP", criticó. 

"Fueron los bancos los que eligieron a quién devolver el dinero y a quién no". Entre los afectados, además, "había menores de edad, personas mayores sin conocimientos y algunos contratos sin firmar", denunció. 

De entre los miles de casos de afectados, "la recuperación del ahorro ha sido un caso singular. El resultado de la crisis financiera ha dejado miles de damnificados en todo el Estado", lamentó Domínguez, quien recalcó que las consecuencias no han sido solo económicas, sino también morales y de salud. "Las víctimas de fraudes financieros presentan peor salud y peor nivel de vida que las personas de su edad" que no han sido afectadas por esta "macroestafa". 

Los inversores presentaron en 2016 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un total de 1.205 reclamaciones, de las que casi el 90% tenían por objeto los bancos: por sus manos pasa el grueso de los ahorros de los españoles. Y en el 51,3% de los casos el organismo regulador dio la razón a los clientes.

Según la última memoria elaborada por la CNMV, se tramitaron 743 denuncias, la mitad que en 2015 y el 16% de las que debieron estudiarse en 2014 –4.520–. La cifra se encuentra a años luz de las 10.900 recibidas –y 5.724 tramitadas– en 2012, cuando estalló el escándalo de las preferentes.

La mayoría de las reclamaciones se refieren a irregularidades en la información que los bancos facilitan a los clientes sobre los productos financieros que intentan venderles –el 26%– y en la evaluación por parte de la entidad de la idoneidad de los inversores para adquirir esos productos. También el cobro de comisiones acumuló un 11,3% de las quejas. Por lo que respecta al tipo de producto financiero, el 34% de las denuncias tenía por objeto “instituciones de inversión colectiva”; es decir, fondos y sociedades de inversión.

El informe analiza también las reclamaciones que los inversores presentan en los servicios de atención al cliente y defensores del cliente de los bancos. Son muchas más: 14.173 referidas sólo al mercado de valores, que son sobre las que tiene competencia la CNMV. De ellas, las entidades admitieron 9,299, pero los servicios de atención al cliente resolvieron a favor del inversor sólo el 27,8% y los defensores del cliente menos aún, el 23,7%. Es decir, la CNMV da más la razón a los consumidores –el doble, en realidad– que los servicios de atención de los bancos.

En cualquier caso, la memoria destaca que sólo un mínimo número de las quejas presentadas en los servicios de atención al cliente de los bancos se reiteran después ante la CNMV. Apenas 560 de las 14.173 registradas en 2016, sólo un 4%.

Además, el organismo que preside Sebastián Abella trasladó el 3,2% de las reclamaciones al Banco de EspañaBanco de España y un 1,2% a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía.

El 100% en contra: Catalunya Banc

Las entidades que mayor número de reclamaciones recibieron el año pasado son también las que mayor volumen de clientes tienen. Del Banco Santander la CNMV resolvió 133 quejas; del BBVA 106, del Banco Popular, 75; de Bankia, 75, y de Caixabank, 59. Pero, porcentualmente, el ránking cambia. En los casos de Catalunya Banc, Banco Popular-e y Deutsche Bank, la CNMV resolvió en su contra entre el 70% y el 100% de las quejas que atendió. Las ocho reclamaciones tramitadas sobre Catalunya Banc, antes de ser adquirido por el BBVA, terminaron en informes a favor de los clientes. Lo mismo ocurrió con 13 de las 14 denuncias contra el BancoPopular-e y con cinco de las siete cursadas contra Deutsche Bank. Contra Caixabank se pronunció en el 62,3% de los casos, y contra el Santander, en el 56,7%.

Por el contrario, las 10 reclamaciones tramitadas contra Abanca fueron resueltas a favor de la entidad gallega, y de las 13 estudiadas contra el holandés ING, sólo resultaron desfavorables cuatro.

La memoria resalta el aumento del número de ocasiones en que el banco acepta la pretensión del cliente o llega a un acuerdo con él. Así, la entidad más diligente en este aspecto fue Bankia, tras dar la razón a sus clientes en 15 ocasiones y cerrar un acuerdo con otros nueve de ellos. Banco de Sabadell cerró del mismo modo un total de 19 casos, BBVA lo hizo en otros 12 y el Santander en 11 más. Por el contrario, ING, Self Trade Bank, Bancopopular-e y Catalunya Banc no llegaron a ningún acuerdo con sus clientes en todo el año.

Los informes motivados que elabora la CNMV con cada reclamación admitida no tienen carácter vinculante. Sin embargo, cuando el dictamen da la razón al inversor, el organismo requiere al banco para que en el plazo de un mes conteste si acepta el informe y si va a rectificar o no. En el 45,8% de los casos, las entidades aceptaron la resolución de la CNMV, un considerable aumento respecto al escaso 7,3% de 2014, destaca la memoria.

Aun así, el organismo revela que en cuatro expedientes –dos del Banco Santander, uno de Bankinter y otro de ING—las entidades no le remitieron las alegaciones que les había pedido, lo que tacha de “mala práctica”.

Servicios de atención al cliente

Los servicios de atención al cliente de Bankia fueron los que mayor número de quejas recibieron el año pasado. Un total de 4.209, casi el doble de las 2.644 recibidas por el Santander y de las 2.053 presentadas al BBVA, pese a que el número de clientes de estos dos grandes bancos es mucho mayor. Al Defensor del Cliente acuden muchos menos inversores: sólo 248 al de Caixabank, el que más trabajo tuvo el año pasado, y 144 el de BBVA. No obstante, las quejas presentadas contra la entidad catalana representan el 42% de las reclamaciones recibidas por todos los defensores del cliente en 2016.

También fue Bankia la entidad que más denuncias desatendió, 1.170, seguida del Santander –248– y del BBVA –231–. Pero porcentualmente Liberbank es el banco que más quejas rechazó, un 30,7%, junto con el Banco Castilla-la Mancha—30,4%–, integrado en Liberbank, y del Banco Popular –29,9%–.

La memoria también clasifica los servicios de atención al cliente por su capacidad de resolución. Los que más reclamaciones dirimieron son los del Banco Santander, el BBVA y Bankia. Pero las entidades que más dictaminaron a favor de sus clientes fueron otras de mucho menor tamaño: Evo Banco les dio la razón en el 78,3% de los casos, BNP Paribas en el 66,7% y Uno-e Bank –integrado en el BBVA– en el 61,5%. En el otro extremo de la clasificación destaca Bankia, que sólo resolvió a favor del cliente en el 21,4% de las quejas; Banco Santander, en el 20%, y Banco Popular, en el 18,7%.

Los defensores del cliente más favorables a los inversores fueron el de Deutsche Bank –47,4%– y el del Banco Sabadell –44,4%–. Por el contrario, el menos inclinado a dar la razón al consumidor fue el de Caixabank –en sólo un 6,3% de los casos–, curiosamente el que mayor número de quejas recibe en toda España.

Numerosas consultas, no demasiada información

Además de reclamaciones, la CNMV recibe consultas de los inversores, un total de 8.028 en 2016. La mayor parte de ellas se referían a la devolución a los accionistas minoritarios de Bankia del dinero invertido en la salida a Bolsa de la entidad, que investiga la Audiencia Nacional. De ese reintegro quedaron excluidos los inversores que compraron acciones en el mercado secundario, después de la salida a Bolsa de la entidad.

Pese al interés suscitado por la cuestión, la respuesta del organismo regulador fue en todos los casos que carece de competencias para pronunciarse sobre el acuerdo ofrecido por Bankia a sus clientes o sobre las compensaciones económicas recibidas por éstos.

Parecida contestación recibieron los inversores que preguntaron a la CNMV sobre las sociedades de inversión chipriotas inscritas en los registros oficiales del organismo pero sin sede permanente en España: para resolver sus reclamaciones deben acudir a la institución competente de Chipre.

Finalmente, la CNMV reconoce que son “numerosos” los escritos donde se le solicita información sobre los procedimientos sancionadores que tramita. Una información que el regulador deniega siempre por su carácter reservado y confidencial.

El presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz, ha advertido este martes de que la regulación financiera y contable antes de la crisis, aun siendo "mejorable", era mejor que la actual: "La tendencia en regulación y supervisión nos puede conducir a un desastre mayor al sufrido", ha alertado.

Así lo ha expresado el representante de este colectivo de trabajadores del supervisor financiero durante su comparecencia ante la comisión de investigación del rescate bancario, la crisis financiera y la quiebra de las cajas de ahorro del Congreso, a la que ha acudido este martes, según ha informado Europa Press.

Aunque cree que la regulación financiera y contable "era claramente mejorable", Sánchez Ruiz ha asegurado que era "más que suficiente para evitar tanto daño" como el causado tras el estallido de la burbuja financiera y la crisis económica y financiera. "Lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido. O al menos no con la virulencia con la que tuvo lugar y que ahora sufrimos", ha aseverado.

"Pudo haberse hecho mucho más"

Así, Sánchez Ruiz se ha mostrado convencido de que "pudo haberse hecho mucho más, no necesariamente más cosas, pero sí más relevantes", para afrontar la crisis financiera. "No se utilizó con suficiente firmeza el amplio abanico de posibilidades que ofrecía la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito", ha dicho. En este sentido, ha criticado la deriva regulatoria, antes, durante y después de la crisis financiera. La legislación mencionada, por ejemplo, se encuentra derogada y adoptada para trasponer las sucesivas directivas europeas.

Sánchez Ruiz ha lamentado la desaparición de las provisiones contracíclicas de antes de la crisis, que ha calificado como "un poderoso incentivo para frenar la expansión crediticia", y "el precio elevadísimo" que supuso, a su juicio, la entrada en vigor de Basilea II para determinar los recursos disponibles, que especialmente para las grandes entidades perjudicó la ponderación de riesgos.

Asimismo, también se ha referido a cuestiones internas del Banco de España, como la eliminación de la obligatoriedad de firmar los informes por parte del cabecera —inspector con más experiencia que lidera la inspección— o el "sucesivo deterioro de las condiciones de trabajo de los inspectores y los auditores informáticos".

En el organismo supervisor también ha destacado la creación de los llamados CTCs, comités técnicos de coordinación en los que, ha dicho, coordinadores y otros jefes de la institución "proceden a reinterpretar" determinadas normas y su aplicación, lo que supone, ha denunciado, una "regulación en la sombra".

Otras críticas han ido dirigidas a la falta de control del Banco de España y la CNMV en la emisión de preferentes, que, a su juicio, "no hubieran podido emitirse sin su beneplácito". Del mismo modo, ha criticado la dejadez de la administración para pinchar la burbuja por los ingresos fiscales que le reportaba y la "pésima praxis bancaria" que permitió la sobrevaloración de la vivienda como garantía. "Se ha olvidado que antes de valorar, las entidades deben de analizar la capacidad de reembolso y nunca antes estudiar la existencia de garantía. Es una pésima praxis bancaria conceder una operación en base a garantías subyacentes", ha dicho.

El coste no cuantificado del rescate

Sánchez Ruiz también discrepa de las cifras oficiales del coste del rescate financiero pues, en su opinión, contabilizar únicamente las ayudas directas o indirectas "es olvidarse de que la crisis financiera se tradujo en cierre de empresas solventes", la reducción de 72.000 empleos directos en la banca, el impacto fiscal y de reputación sobre bancos centrales y agencias de supervisión.

Respecto a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, más conocida como banco malo), Sánchez Ruiz ha dicho que, pese a ser un instrumento "habitual", los inspectores ven con "enorme preocupación el procedimiento de contabilización de activos incorporados por coste medio ponderado", por su financiación y porque, ha dicho, "quizás no exista suficiente transparencia en el procedimiento de enajenación de activos".

Los riesgos de la regulación europea

En su comparecencia, el presidente de los inspectores del Banco de España también ha expresado sus dudas por la deriva en la normativa europea. Manifestando que "en absoluto" se consideran "antieuropeos", pero que sí que creen que ni los mecanismos únicos de supervisión ni de resolución garantizarán una mayor estabilidad financiera.

"Nos resistimos al Mecanismo Único de Supervisión y de Resolución tal y como están hoy en día planteados", ha dicho, declarándose "seriamente preocupado". Así, ha advertido tanto de conflictos de interés entre las funciones encomendadas a cada institución como una "integración a machamartillo" entre las entidades nacionales y del Banco Central Europeo (BCE) "sin tener en cuenta suficientemente conflictos jurídicos en materia laboral, y legislación mercantil y civil, relativamente distintas".

En la misma línea, ha dicho que la entrada en vigor de la normativa comunitaria de supervisión no ha sido neutra, ya que en España "la elevada concentración" bancaria hace que el 90% de los activos dependan de Bruselas, mientras que en otros países ese porcentaje se sitúa en el 60%. "La cesión de soberanía no ha sido igual", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que, hasta la entrada en vigor del Fondo de Garantía Único, España tendrá que pagar rescates sobre los que no pueda decidir. "Las decisiones finales se toman en Frankfurt, pero el rescate lo soportamos nosotros", ha explicado.

"Un espejismo regulatorio"

Sánchez Ruiz ha lamentado que las sucesivas directivas regulatorias a partir de Basilea II estén "construyendo un entramado regulador y supervisor cuya complejidad se quiere confundir con rigor", un "espejismo regulatorio" que, a su juicio, no garantiza una mayor eficacia y eficiencia, sino que únicamente provoca mayor complejidad.

Frente a ello, ha justificado que la supervisión está "completamente sobrepasada por esta implantación de criterios" y también por tener que "competir" con equipos de centenares de ejecutivos, frente a pequeños grupos de inspección. "Es una entelequia. Es una especie de obedézcase y no se cumpla", ha dicho.

Por otro lado, ha criticado que las nueva normativa ha reducido los requisitos de capital, por ejemplo en los modelos de riesgo de crédito, que son "diseñados" por las propias entidades. "Los modelos internos permiten alinear las exigencias de riesgo al perfil de la entidad", ha explicado.

El control interno de cada entidad era insuficiente

Otra normativa que delega en las propias entidades financieras y criticada por los inspectores es la determinación de las provisiones para deterioros, pues no precisan de autorización ni validación supervisora. "Las provisiones no gustan a la industria ni al gestor, porque afectan al reparto de dividendos y al pago de remuneración variable", ha explicado, abogando por un procedimiento similar a la de la comercialización de valores y seguros.

Sánchez Ruiz ha aseverado que este tipo de regulación afectó a la evolución de las entidades de crédito, pues ha manifestado que las entidades financieras españolas no eran insolventes, pero "no disponían de suficientes provisiones" ni de carteras "suficientemente sanas", y en estas circunstancias "la solvencia se va agotando". "Si los activos son improductivos, no generan resultados y están deteriorados", ha dicho.

"Cuando en 2006 estaban reguladas sin Basilea II, las ponderaciones de riesgo no son tan dañinas como los modelos internos de las propias entidades", ha subrayado, criticando que entidades finalmente quebradas, como Caja Madrid, Caixa Catalunya y Banco Popular, contaban con este tipo de modelos internos.

Los grupos políticos presentes en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorros y el rescate bancario reprocharon este martes al exgobernador del Banco de España Jaime Caruana su falta de autocrítica al analizar el papel de la institución durante su mandato.

Por una parte, el diputado socialista Pedro Saura manifestó que el papel del Banco de España durante la crisis de las cajas fue "importante" por su labor como supervisor. Saura consideró que los años en los que Caruana fue gobernador de la institución, de 2000 a 2006, fueron aquellos en los que "se gestó la burbuja" inmobiliaria, por lo que cuestionó los instrumentos con los que contaba el Banco de España para hacer frente a la crisis y sobre las medidas que pudo poner en marcha.

El segundo grupo político que replicó a Caruana fue Unidos Podemos a través de la diputada de En Marea Yolanda Díaz Pérez, que reprochó al ahora director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS) que hablase de la crisis financiera como si de una "catástrofe natural" se tratara, al tiempo que le achacó que la crisis produjo "suicidios" en la gente corriente, mientras que una "élite" consiguió "enormes beneficios".

"Si usted y su cúpula hubieran tomado las decisiones correctas se podría haber evitado el rescate, el fraude de las preferentes, los sueldos astronómicos de los gestores, los blindajes de las jubilaciones, la concesión de créditos fallidos, el endeudamiento de por vida de las familias, los miles de desahucios, los suicidios... En definitiva, se habría evitado mucho sufrimiento a la ciudadanía", le espetó.

El diputado Francisco de la Torre, de Ciudadanos, afirmó que "la realidad" demostró que las entidades financieras realmente no estaban bien gestionadas y apuntó que "no parece que se tomasen medidas" por parte del Banco de España para poner freno a la burbuja inmobiliaria.

En su opinión, bajo la supervisión de órganos como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se llevaron a cabo actuaciones como la comercialización de participaciones preferentesparticipaciones preferentes, también durante el mandato de Caruana, por lo que le replicó que echa en falta "una visión crítica de todo esto".

Por parte del PNV intervino Idoia Sagastizabal, que reprochó a Caruana que durante su intervención no haya hablado "de ningún tipo de responsabilidad" y le cuestionó, entre otros aspectos, por qué las entidades financieras podían conceder créditos por el 80% del valor del inmueble.

El representante del Grupo Popular, Ramón Aguirre, contestó a Caruana que el Banco de España sí contaba con instrumentos suficientes para atajar la quiebra de las cajas de ahorro, así como con "todas las competencias y herramientas en su mano en materia de supervisión y regulación".

Según dijo, el Banco de España "sí hubiera podido hacer algunas aportaciones", como controlar las tasaciones inmobiliarias, limitar el valor de las hipotecas en función del valor de la vivienda y los pagos mensuales en función de la renta disponible del deudor, además de haber intervenido en la composición de los órganos de gobierno de las cajas.

Por último, el comisionado del Grupo de Esquerra Republicana Joan Capdevilla, que consideró a Caruana "colaborador necesario" del "sufrimiento" provocado por la crisis financiera, le cuestionó si deberían responder con su patrimonio las autoridades responsables en la crisis, así como qué opinión tiene sobre el exministro de Economía Rodrigo Rato, presidente después de Caja Madrid/Bankia.

Tras conocerse la noticia, el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, pidió diferenciar entre el "trágico final" del fallecido y el "comportamiento nefasto y dañino" que el expresidente de Caja Madrid tuvo "para los intereses de los españoles". Preguntado por si Blesa había estado sometido a una "excesiva presión social", el dirigente de la formación morada dijo que eso es lo que han "sufrido a quienes les han desahuciado o los jubilados a los que robaron sus ahorros con las preferentes", algo que ha dejado "muchos suicidios y sufrimiento". Entonces, ¿se puede establecer una relación clara entre crisis económica y suicidios?

"No son suicidios, son asesinatos"

Muchos han sido los casos de este tipo que asociaciones y colectivos han denunciado en los últimos años. Félix, un agricultor valenciano casado y con un hijo menor de edad, se quemó a lo bonzo en febrero de 2012 tras perder su empleo en una masía. Fue la misma decisión que tomó un año después Inocencia en una sucursal bancaria de Almassora (Castellón) al grito de "¡Mirad lo que me habéis hecho, me lo habéis quitado todo!". Suicidios que se suman a los de Carlos Midón, que en 2015 se quitó la vida en el aniversario de su desahucio, o Santiago, que se pegó un tiro justo antes de que le arrebataran su vivienda.

"Claro que la crisis económica mata", señala en conversación con infoLibre Paco Morete, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El activista no duda de que uno de los primeros "efectos" de la crisis que lleva azotando España desde hace años es el aumento "de la tasa de suicidios", un incremento que, según recuerda, tuvo su punto álgido en 2013. Por ello, señala, el colectivo impulsó una campaña bajo el lema "No son suicidios, son asesinatos". "La gente se quedaba sin trabajo, perdía su salario y, en muchos casos, lamentablemente optaba por esta vía", señala Morete, quien afirma que, aunque ahora "no son tan evidentes", estos casos luctuosos "no han dejado de producirse".

Roberto Serrano, presidente de ADA Bankia –asociación de afectados por la inversión en participaciones preferentes de Bankia–, lo vivió incluso en su propio entorno familiar. Una persona cercana a él decidió quitarse la vida de un disparo para liberar la carga de dos hipotecas que tenía pendientes. Sin embargo, la cara visible del colectivo explica que es muy complicado estudiar esta relación por la "ausencia de un registro" que recoja casos de este tipo. "Es muy difícil, por lo tanto, acudir a la estadística", dice.

Crisis y suicidios

El efecto de las recesiones sobre los suicidios es un tema que lleva años analizándose. Una de las investigaciones más completas y recientes se publicó en junio de 2014 en la revista British Journal of Psychiatry. El estudio, elaborado por investigadores de las universidades de Oxford y Londres a partir de los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 24 países de Europa y dos de América del Norte (Canadá y EEUU), cifra en 10.000 el número de personas que se quitaron la vida entre 2008 y 2010 a ambos lados del Atlántico como consecuencia de los recortes provocados por la crisis.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de suicidios durante los años más duros de la recesión se incrementó casi un 20%, pasando de los 3.263 en 2007 a los 3.910 en 2014. Sin embargo, la tendencia no reflejó un crecimiento estable, sino que registró altibajos: de las más de 3.400 personas que decidieron quitarse la vida en 2008 y 2009 se pasó a menos de 3.200 en 2010 y 2011 y a más de 3.500 en 2012, 2013 y 2014. A pesar de estos movimientos, hay un elemento que se repite en todos los ejercicios: el perfil más propenso al suicidio fue el de hombre de entre 40 y 44 años.

"La literatura científica dice que en épocas de crisis económica tiende a aumentar el suicidio, especialmente en aquellos países con una pobre cobertura de desempleo", señala en conversación con este diario Antonio Cano, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Coincide con él Miguel Anxo García, psicólogo del Hospital Clínico de Santiago experto en los efectos de la crisis sobre la salud mental y los suicidios. "En 2012, la OMS predijo un incremento de los suicidios si los gobiernos no aplicaban varias medidas: refuerzo de las políticas activas de empleo y de protección social, mejora de la atención primaria y reducción de la carga de deuda de las familias. Hay estudios que señalan que las personas que deben dinero y no pueden pagar la deuda piensan en el suicidio cuatro veces más que las que no están en esa situación".

Por lo tanto, para García, recesión y suicidio "tienen una relación", aunque "duela a los gobiernos y a todos los que se han beneficiado de la crisis". El psicólogo, que explica que los datos "han ido aumentando" en España y en países como Grecia, donde se han producido incrementos "descomunales" que en algún momento han llegado "hasta el 40%", reconoce, sin embargo, que "es muy complicado" establecer con claridad dicha "relación directa". "Hay que tener en cuenta la multifactorialidad de los determinantes que hacen que una persona tome una decisión. Por lo tanto, atribuir un suicidio a un solo factor es enfrentarse al ABC de la psicología", señala.

Hombres desempleados

Por ello, explica que no hay que quedarse sólo en el dato general, sino que es necesario analizar "por grupos de edad". "En este caso ves que se incrementó particularmente en varones de mediana edad en situación de desempleo", apostilla. Una conclusión que también quedó reflejada en el estudio Economic crisis and suicidal behaviour: the role of unemployment, sex and age in Andalusia, southern Spain. La investigación, acotada a suelo andaluz, detectaba un incremento de los suicidios en grupos de edad de entre 35 y 54 años y, especialmente, en "hombres desempleados", que supusieron casi "la mitad de los casos registrados durante los cinco primeros años de crisis".

Sin embargo, no todos los especialistas en la materia son tajantes en este sentido. José Alameda, psiquiatra del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, analizó la mortalidad por suicidio en la comunidad andaluza entre 1975 y 2012 en su estudio Suicide, antidepressant prescription and unemployment in Andalusia. Una investigación en la que concluyó que el "dramático aumento del desempleo en los últimos años" no ha supuesto "un incremento de la mortalidad por suicidio". "Al inicio de la crisis económica, en 2008, se produjo un incremento de la mortalidad por suicidio en los hombres de edad laboral, que se ha atenuado en los últimos años a pesar del aumento del desempleo".

Salud mental y consumo de psicofármacos

Lo que sí está claro para Miguel Anxo García es que la recesión ha traído consigo un "agravamiento de las problemáticas de salud mental". Es algo de lo que alertó en 2014 la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) en su informe Crisis y sanidad. Según los datos manejados por el organismo, las depresiones mayores entre 2006 y 2010 crecieron un 19,4%. "Hay amplio consenso en cuanto a que la salud mental se ve negativamente afectada en los periodos de recesión económica", afirmaba el Sespas en su estudio, en el que también detectaba un incremento de un 4% en el consumo de psicofármacos entre 2009 y 2012.

"Está claro que este tipo de situaciones económicas y laborales tienen efectos perjudiciales", asevera el presidente de ADA Bankia. La asociación, incluso, ha investigado la influencia que el fraude financiero tiene sobre la salud de las personas. Los resultados de su informe, Financial fraud and health: the case of Spain, se dieron a conocer el pasado mes de mayo. Más de la mitad de los encuestados reconocieron haber tenido crisis de ansiedad y, de ellos, la mitad las sufrían desde que perdieron sus ahorros. Y a un cuarto les diagnosticaron enfermedad psiquiátrica desde el 'robo' de sus ahorros.

Es bien sabido que, en la mayoría de las ocasiones, la claridad narrativa brilla por su ausencia en textos judiciales, administrativos o documentos bancarios. Tampoco ayuda la inmediatez que demanda normalmente el periodismo cuando se tratan causas judiciales tan complejas como la del caso Bankia, en la que se investiga por corrupción y fraude a la cúpula directiva (hasta principios de 2012) de esta entidad financiera. Esta razón, la de contar esta historia de una manera coloquial y hacerlo, además, de una forma lineal, atando todos los cabos, es una de las que han llevado a dos integrantes del colectivo 15MpaRato, Simona Levi y Sergio Salgado, a plasmar las bambalinas del caso en una obra de teatro (Hazte banquero) que ahora presentan ampliada en formato libro.

“Nosotros consideramos que los correos de [Miguel] Blesa explican cómo se ha construido la crisis”, cuenta Simona Levi, directora de teatro, artista multidisciplinar y coautora de Votar y cobrar. Al buzón de filtraciones de Xnet –grupo de ciberactivistas en el que están integrados ambos autores- llegaron de manera anónima los 8.000 e-mails enviados o recibidos por el que fuera presidente de Caja Madrid hasta 2010 y que revelarían el escándalo de las tarjetas black. Las primeras informaciones sobre esta correspondencia salieron a la luz en exclusiva en infoLibre en noviembre de 2013, semanas antes de que lo hicieran en otros medios.

15MpaRato está personada como acusación popular en dos de las tres piezas del caso Bankia (tarjetas black, las preferentes y la salida a Bolsa de la entidad). “La información que ha aparecido en los medios de comunicación, a excepción de infoLibre, se concentra en la noticia rápida y en el titular, lo que ha provocado que, en el caso de los correos de Blesa, se dé una lógica muy fragmentada”, explica Salgado. A lo que habría que añadirle el morbo que provocó todo lo relacionado con la vida de lujo de los consejeros (designados por el PP, el PSOE, IU, los sindicatos CC OO y UGT, y por la CEOE): noches en suites a 1.100 euros, 3.000 euros por elefante abatido en cacerías (con un límite de cinco por cazador), botellas de vino que superan los 700 euros.

Pero más allá del lujo, los correos del que fuera compañero de José María Aznar en el Cuerpo de Inspectores de Hacienda desvelaron aspectos tan espinosos como que el propio Blesa sabía en 2006 que los preferentistas no recuperarían el 100% del dinero invertido. O el correo del ministro de Economía, Luis de Guindos, a la sazón responsable de Lehman Brothers en España y Portugal, mostrando su interés por colaborar con Bankia en la “posible emisión de preferentes”.

Por eso, insisten en la necesidad de que sean dos miembros de 15MpaRato, la plataforma ciudadana que impulsó el caso en la Audiencia Nacional gracias a una campaña de micromecenazgo, quienes cuenten cómo se cocinó todo el proceso. “Resulta muy importante que la historia la cuenten quienes están detrás. En los últimos años, la sociedad civil ha adquirido protagonismo en todo lo que ha sucedido en España, pero si los partidos políticos o los grandes medios de comunicación se apoderan del relato volveríamos al estado anterior”, dice Salgado. Ahí está la PAH o los ciudadanos y asociaciones que plantaron cara a los abusos de Ignacio González, expresidente de Madrid ahora encarcelado como presunto jefe de una "organización criminal". “La batalla se ganará en la narrativa”, sentencia Levi.

Votar y cobrar. La impunidad como forma de gobierno, que edita el sello Capitán Swing, incluye una serie de manifiestos de Xnet y 15MpaRato, la obra de teatro –aderezada con gráficos y extractos de los correos– y una detallada cronología del caso. Entre peticiones de consejeros no satisfechos con los regalos o la velocidad que ha alcanzado el presidente del banco en su Ferrari, hay espacio para el humor. “Hay una parte muy divertida que nos gustaría fuese mérito nuestro, pero está redactada de puño y letra de los banqueros que se intercambiaron e-mails. Es un retrato costumbrista de la corrupción en España que pone de manifiesto que no son gigantes, sino personas y, en algunos casos, bastante chapuceras”. “Nosotros nos hemos leído los 8.000 correos de Blesa de pe a pa y ahí no había genios de las finanzas, sino que se dedicaban a las baratijas de dame el reloj o el dinero”.

España como cortijo

Y después de estudiar tanto a estos personajes, ¿cómo describirían la moral de los implicados? “Las personas malvadas, sea cual sea el mal que estén cometiendo, no se creen malvadas; sino que probablemente lo hagan porque lo justifican de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que es normal y legítimo que todas esas personas pensasen que estaban operando bien, que siempre se había hecho así, y que la población del país era básicamente su cortijo extractivo”. “De hecho”, añade Levi, “les resulta sorprendente que cinco o seis pringados como nosotros vayan a decirles que no lo podían hacer”. “A nosotros, más allá de esa labor de psiquiatría forense, nos interesa que tiren de la manta y se acusen unos a otros”, completa Salgado.

El objetivo que se marcaron en este trabajo multidisciplinario, que probablemente llegue también al cine, como ya lo hizo la obra Ruz-Bárcenas, podría resultar una entelequia: construir una opinión pública libre, activa y que forje su propia historia. Ahí tocaron hueso. “Sentar en el banquillo a varias decenas de banqueros y políticos no es tan difícil como lograr que la opinión pública sepa que está al alcance de todo el mundo”, escriben en el preámbulo. Ahora, que la primera pieza, la de las tarjetas black, ya ha condenado con penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados del caso por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012, y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo, ¿creen que lo han conseguido? “Es una lucha constante. Nosotros decimos que el mal siempre triunfa y el bien avanza. Lo interesante es aportar para que las cosas vayan cambiando”, reflexiona Levi.

Mientras, la moraleja de todo el proceso, desde que 15MpaRato se constituyó en Barcelona en el primer aniversario de las manifestaciones de mayo de 2011, la ofrece Salgado: “La inmensa mayoría de la gente nos decía que éramos un colectivo muy simpático, pero que no íbamos a conseguir nada porque [Rodrigo] Rato era intocable. Hoy en día, Rato ha pasado a ser alguien que nadie quiere tocar ni sacarse una foto con él, porque mancha a todo el mundo. Nosotros nos hemos dado cuenta del poder que tiene la sociedad civil para decir que aquí no hay nadie intocable”.

La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España (Adicae) ha pedido este jueves en la junta de accionistas de CaixaBank un procedimiento para devolver las cláusulas suelo como el que la entidad aplicó para las participaciones preferentes, según ha informado Europa Press.

Adicae ha criticado que la atención actual está "llena de trabas y cortapisas" y que se vuelca la carga de la prueba en el cliente, que debe aportar la documentación sobre la firma de la hipoteca y la falta de transparencia en las cláusulas suelo.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha argumentado que las cláusulas suelo que gestionan proceden de otras entidades financieras adquiridas en los últimos años, con "una casuística muy diferente por todo el conjunto de España", pero que CaixaBank se está acogiendo a la nueva legislación que permite un marco extrajudicial de resolución y con retroactividad total en los casos en que hubo falta de transparencia.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón ha condenado a Banco Santander a devolver 500.000 euros a una pareja que adquirió Valores Santander sin contar con la información suficiente, y le obliga a indemnizar a los afectados con 74.967 euros por colocarles participaciones preferentes de Sos Cuétara incumpliendo las obligaciones de "diligencia, lealtad e información" en la venta.

Los afectados, pertenecientes a la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), suscribieron en enero 2006 participaciones preferentes de Sos Cuétara por 50.000 euros y en octubre del año siguiente adquirieron 100 títulos de los llamados Valores Santander por 500.000 euros.

Las preferentes las canjearon por acciones, que vendieron el 29 de agosto de 2012 con una pérdida patrimonial de 74.967,84 euros, mientras que los Valores Santander fueron canjeados por acciones en octubre de ese mismo año "con un valor nominal inferior al invertido", según consta en la sentencia. Informa Europa Press.

La resolución jurídica señala que los compradores eran dos personas de avanzada edad, con conocimientos académicos prácticamente inexistentes y "no probados conocimientos y formación en materia financiera", aunque poseedores de preferentes de otra ocasión.

Información cuidadosa y clara

Teniendo en cuenta sentencias anteriores, la Sala apunta que una entidad financiera que comercializa valores convertibles en acciones "está obligada a suministrar al inversor minorista una información especialmente cuidadosa y clara de que si bien en un primer momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, a la postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y puede suponer la pérdida de la inversión".

"Dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor de cotización bursátil equivalente al capital invertido", subraya el tribunal al respecto.

Tras estudiar el caso, la jueza llega a la conclusión de que Santander no pudo demostrar en el juicio que la información que se ofreció a los clientes pusiera el acento en los riesgos del producto, especialmente en lo referente a la pérdida de parte de la inversión.

Respecto a la venta de las participaciones preferentes de Sos Cuétara, la resolución jurídica precisa que los demandantes deseaban un producto seguro y la entidad bancaria "les ofreció y colocó un producto complejo y con riesgo de pérdida de todo el capital".

La sentencia no es firme, por lo que podrá ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias. Banco Santander ya ha confirmado su intención de presentar recurso contra esta resolución, según han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

Un Juzgado de Madrid ha rechazado este martes la devolución por parte de Caja Madrid de la inversión en preferentes de un grupo de inversores minoristas encabezado por Adicae por haber presentado una acción colectiva en lugar de una individual, según ha informado Europa Press.

La demanda fue interpuesta por Adicae y otros 3.057 inversores a través de una acción colectiva. El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid no ha estimado la pretensión de devolución a estos inversores minoristas de lo invertido en la compra de preferentes de Caja Madrid.

No obstante, ha declarado nulas, por abusivas, algunas condiciones generales de tres contratos de compra de preferentes. En concreto, se refiere al contrato de orden de compra/suscripción/canje de valores, al de depósito o administración de valores y al de información de las condiciones de prestación de servicios de inversión.

Así, el Juzgado madrileño ha condenado a Caja Madrid Finance Preferred y a Bankia a eliminar estas condiciones y poner fin a su utilización. En concreto, condena a las entidades a cesar en la comercialización de preferentes como un valor de deuda, como si fuera un producto de renta fija o como si fuera un producto con fecha de vencimiento.

La sentencia pone de manifiesto algunas irregularidades en el proceso de comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid. Sin embargo, determina que las consecuencias de estas irregularidades deben hacerse valer mediante una acción individual de nulidad por error en el consentimiento y no a través del "planteamiento general y abstracto" de una acción colectiva.

El magistrado justifica esta decisión en que en una acción individual puede preguntarse al consumidor minorista si pensaba erróneamente que firmaba un depósito a plazo en lugar de una participación preferente y declararlo nulo.

En todo caso, la sentencia deja abierta la posibilidad a los inversores minoristas de obtener la restitución de lo invertido ejercitando acciones individuales de nulidad del contrato por error en el consentimiento.

“Los organismos supervisores son perros que no pueden morder, porque están atados con una cadena, pero que sí deberían ladrar cuando llegan los ladrones”. Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga, explica con esa metáfora la función del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encargados de velar por la solvencia del sistema financiero y de garantizar la transparencia de los mercados de valores, respectivamente. El problema aparece cuando “no ladran, sino que además les hacen la ola a los ladrones”, como ocurrió con la salida a bolsa de Bankia y con el resto de los escándalos que han acompañado al estallido de la burbuja y la crisis financiera.

Ruiz Ojeda forma parte del servicio jurídico de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que ha pedido una “depuración completa y plena de las responsabilidades” en que, a su juicio, han incurrido el Banco de España y la CNMV en el caso Bankia. Aemec no tiene dudas: las irregularidades descubiertas son “directamente achacables” a los organismos supervisores.

“Aquí no funcionó todo un régimen de controles y de criterios de buena gestión y transparencia”, resume Ruiz Ojeda. Y como no se cumplieron esas “condiciones de higiene” en el comportamiento de los supervisores, el único “resorte” que le quedó al Estado de Derecho fue el Derecho Penal: “Cuando acudes al Banco de España y a la CNMV solicitando la responsabilidad patrimonial del Estado y la respuesta que obtienes es el silencio administrativo, sólo te queda o la cacerolada o la vía penal”.

De forma que la imputación de los antiguos máximos responsables del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de la CNMV Julio Segura, dictada por la Audiencia Nacional, no ha hecho más que confirmar las sombras que ya se cernían sobre la gestión de ambos organismos desde que saltó el escándalo, apunta por su parte Ignacio López Domínguez, profesor de Economía Financiera de la Universidad Complutense.

Tanto Ruiz Ojeda como López Domínguez descartan que el mal funcionamiento de los supervisores se deba a la falta de competencias o instrumentos para llevar a cabo un control eficaz de bancos y mercados. Sus herramientas y funciones cumplen en España el estándar europeo. “Los inspectores del Banco de España son de los mejores, tienen una excelente formación y, de hecho, alertaron de la crisis hipotecaria y de la concentración de riesgos en las cajas de ahorro”, explica el profesor de la Complutense, “el problema es que sus informes se mantuvieron en secreto para seguir echando gasolina al que entonces era el motor de la economía, el sector inmobiliario”.

La CNMV, por su parte, tiene poderes suficientes “para suspender cotizaciones o expulsar a empresas del mercado, por ejemplo”. Aunque sí cree López Domínguez que, a diferencia del Banco de España, a la CNMV le faltan inspectores para supervisar a los múltiples agentes que operan en los mercados: entidades cotizadas, agencias de valores, los 3.000 fondos de inversión… “Se ven superados”, concede.

Figuras muy políticas

Ambos académicos coinciden en que, si los supervisores no cumplen, es sólo por motivos políticos. Su pecado capital es la falta de independencia. Los máximos responsables del Banco de España y la CNMV son nombrados por el Gobierno entre “personas de reconocida competencia” en sus respectivos campos. Pero Alberto Ruiz no cree que ni Fernández Ordóñez, ni Julio Segura ni Elvira Rodríguez cumplan ese requisito. Ni el primero de ellos era experto en el sistema financiero, ni los dos últimos tenían experiencia alguna en los mercados de valores, destaca. “Con esos perfiles, eran más sensibles a una operación política concertada para disimular el estado patrimonial lamentable de Bankia”.

López Domínguez también piensa que el gobernador del Banco de España y el presidente de la CNMV se han convertido en “figuras muy políticas”, por lo que echa de menos los tiempos de Luis Ángel Rojo o de Manuel Conthe, personas de reconocida valía profesional y con marchamo de independencia, según resalta.

Ruiz Ojeda no considera necesarias más competencias inspectoras, auditoras o sancionadoras. “En absoluto”, descarta, “los supervisores no pueden actuar manu militari, no son autoridad gubernativa, pero sí deberían haber advertido, para empezar a la propia entidad financiera, de que la salida a bolsa no era una operación ni económica ni jurídicamente correcta”. En cambio, lo que hicieron los organismos fue “alentar” la salida a bolsa de una entidad que era un “zombi financiero”zombi. Es decir, concluye, “la idea del perro guardián se deshizo por completo”.

A vueltas con las competencias

El Banco de España debe asegurarse de que las entidades financieras estén capitalizadas e incluso de que sean “prudentes en la gestión y control de sus riesgos”. También analiza la viabilidad futura de las entidades, para prevenir problemas y evitar las situaciones de crisis; es decir, debe trazar un “perfil de riesgo” de bancos y cajas. Además, elabora análisis especiales de sectores en crisis y mide de forma periódica la evolución del crédito y de la morosidad del sistema financiero. Finalmente, puede “limitar, prohibir o sancionar prácticas inadecuadas”sancionar prácticas inadecuadas, e intervenir entidades, como ya ocurrió, por ejemplo, con Banco Urquijo, Banesto, Banco Madrid o las cajas de ahorro durante la última crisis financiera.

Por su parte, la CNMV supervisa a todas las sociedades que emiten valores, a las que prestan servicios de inversión y a las instituciones de inversión colectiva –fondos, SICAV, Socimi–. Como debe también proteger a los inversores, tiene que garantizar la seguridad, transparencia y solvencia del sistema.

No obstante, tanto Julio Segura como su sucesora al frente de la CNMV, Elvira Rodríguez, se escudaron en la falta de competencias frente a las críticas que se les lanzaron por la venta de las participaciones preferentes a pequeños inversores sin formación financiera. La normativa, dijeron, no les facultaba para prohibir la comercialización de productos complejos entre minoristas “aunque sean claramente inconvenientes”. Ni para obligar a los bancos y cajas a restituir el daño infligido a los clientes.

Hace un año fue Fernando Restoy, entonces subgobernador del Banco de España, vicepresidente de la CNMV cuando Bankia salió a bolsa y también imputado por la Audiencia Nacional, quien encendió la polémica al reclamar para el supervisor bancario competencias del supervisor bursátil y de la Dirección General de Seguros. Según planteó entonces, el Banco de España debería encargarse no sólo de supervisar a los bancos, sino también a los seguros y a los operadores de mercados, mientras la CNMV vigilaba la comercialización de productos financieros. De esa forma, sostenía, se garantizaría mejor la independencia y se evitarían conflictos de interés. Fue inmediatamente rebatido por el Ministerio de Economía: el Banco de España ya cuenta con más competencias que sus equivalentes europeos.

Macrosupervisor o cambiar la cultura de gestión

Para Ignacio López Domínguez, en cambio, la solución a la dependencia política de los organismos supervisores podría ser que sus máximos responsables fueran nombrados por “todos los actuantes de los sectores que vigilan”, aun reconociendo lo complicado del sistema: un voto ponderado de las empresas cotizadas, los fondos de inversión y las entidades financieras. O bien que fueran elegidos entre personas realmente de valía profesional.

También recuerda una propuesta que aparece cíclicamente: crear un supervisor único, un macroorganismo que asumiría las competencias tanto del Banco de España como de la CNMV y la Dirección General de Seguros. “Conceptualmente, la idea es muy buena, pero en la práctica plantea problemas”, objeta el profesor de la Complutense, quien teme que un macrosupervisor sea objeto de un control político aún mayor.

A Ruiz Ojeda no le disgusta el sistema actual para nombrar al gobernador del Banco de España y al presidente de la CNMV. Cree que la falta de independencia más bien tiene su origen en una cuestión “cultural, de cultura de la gestión”. Según explica, hay una regla de oro que los supervisores no han cumplido: “No hagas nada que no puedas explicar con un micrófono delante”. Ni el Banco de España ni la CNMV, sin embargo, se opusieron a la salida a bolsa de Bankia, pero tampoco “justificaron debidamente” por qué consideraban que esa operación, que hizo perder 15.000 millones de euros a preferentistas, accionistas y contribuyentes, era viable.

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a los antiguos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la salida a bolsa de Bankia ha activado de inmediato la investigación de las responsabilidades políticas, paralizada, cuando no paralizada, tanto en el Congreso de los Diputados como en algunos parlamentos autonómicos.

El Pleno del Congreso debatirá el miércoles de la semana que viene la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de crear una comisión de investigación sobre la crisis financiera y el rescate de las cajas de ahorros, incluida Bankia. La petición se suma a las iniciativas en la misma dirección presentadas por Ciudadanos –inadmitida el pasado 31 de enero–, ERC, Compromís –el pasado martes– y el PSOE, que acaba de registrar la suya sobre la salida a bolsa de Bankia. Aunque todavía falta por decidir hasta dónde llegará la investigación –sólo Bankia o el rescate financiero al completo–, el PP ya ha anunciado que no se opone a crear la comisión y el resto de los grupos han expresado su pleno apoyo. El Congreso, por tanto, investigará lo ocurrido en las cajas de ahorro desde el estallido de la crisis financiera, su posterior nacionalización y las irregularidades y fraudes descubiertos.

Así se pone fin al bloqueo que han sufrido todas y cada una de las iniciativas que sobre el asunto se presentaron en el Congreso desde 2012. La que presentó Joan Baldoví, de Compromís, para crear una comisión no permanente sobre Bankia ni siquiera fue admitida. Las dos del PSOE para investigar el rescate financiero fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Otra de la Izquierda Plural –IU, ICV y CHA– junto a PNV y el Grupo Mixto fue bloqueada por el PP en la Junta de Portavoces y terminó caducando.

En diciembre de 2013 los socialistas volvieron a intentarlo. En la Diputación Permanente –se discutió en enero de 2014, periodo de vacaciones en el Congreso–, consiguieron el apoyo de IU y UPyD, pero ni el PNV ni CiU los secundaron. Entonces prefirieron esperar a que se dilucidaran primero las responsabilidades judiciales. Los populares, por su parte, rechazaron la comisión asegurando que las decisiones en Caja Madrid las habían tomado por unanimidad representantes de los partidos políticos que ahora exigían una investigación.

En octubre de 2014 Izquierda Plural registró una nueva iniciativa junto al Grupo Mixto para investigar los fraudes y casos de corrupción cometidos en las cajas de ahorro. Tampoco pasó de la Junta de Portavoces.

Ni en la Asamblea de Madrid ni en las Cortes manchegas

La fusión de cajas que dio lugar a Bankia, su rescate, las tarjetas black y la salida a bolsa llegaron también a la Asamblea de Madrid. UPyD pidió que se creara una comisión de investigación en mayo de 2012. Contó con el respaldo del PSOE e IU, pero el PP rechazó la solicitud con el argumento de que Bankia es una entidad financiera de ámbito estatal, no madrileño –como si lo era Caja Madrid, su precursora– y, por tanto, la Asamblea carecía de competencias para investigarla.

En parecidos términos fundamentó el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, su negativa a crear un comisión sobre el rescate a Caja Castilla La Mancha (CCM), que costó 7.300 millones de euros. “Es al Banco de España al que le compete investigar”, aseguró en julio de 2010 en las Cortes manchegas. En este caso fue el PSOE el partido que se negaba a dirimir las responsabilidades políticas de la nefasta gestión de las cajas. Lo hizo “hasta ocho veces”, según repetía María Dolores de Cospedal, entonces en la oposición pero luego presidenta de la comunidad autónoma. Tras prometer una comisión durante la campaña electoral e incluso repetir su “compromiso” nada más llegar al poder, tampoco permitió, sin embargo, que las Cortes investigaran qué había pasado en CCM para terminar siendo intervenida por el Estado. En febrero de 2016, su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel por manipular las cuentas de la entidad financiera.

Galicia, Cataluña y Valencia sí investigaron

Por el contrario, el PP sí accedió a crear comisiones de investigación en otras comunidades autónomas. El Parlamento gallego abrió la suya en 2012 sobre la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que dio lugar a Novacaixagalicia, finalmente nacionalizada. Tras vendérsela al venezolano Banesco, que la ha convertido en Abanca, el Estado ha dado por perdidos en su rescate 8.532 millones de euros. La convocatoria anticipada de elecciones en octubre de 2012 cerró la actividad de la comisión en falso. Hasta el pasado mes de enero. El ingreso en prisión de la cúpula de Novacaixagalicia, con Julio Fernández Gayoso al frente, fue la espoleta que resucitó la comisión parlamentaria.

El PP ya ha anunciado que admitirá nueva documentación, pero no nuevas comparecencias, justo lo que le pide el resto de los partidos. El BNG ha solicitado que acuda a dar explicaciones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entusiasta defensor de la fusión y de la venta a Banesco. También quiere que se investigue la indemnización de 18 millones de euros que se llevó el histórico exdirector de Caixa Galicia José Luis Méndez. Aunque fue denunciado al igual que el resto de los directivos de las cajas gallegas, se libró de la imputación al jubilarse justo antes de que se fusionaran.

Los populares gallegos, por su parte, quieren “cerrar” la comisión cuanto antes. “De una manera rápida, pero sin ansiedad, hay que hacer el informe que cierre esta cuestión”, ha declarado el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. A su juicio, “no es bueno andar siempre revisando, la cuestión está suficientemente clara”. Como en otras cajas, también en este caso el Gobierno autonómico implicado responsabiliza al Banco de España de las libertades que la cúpula de Novacaixagalicia se tomaron con sus retribuciones.

Las Cortes valencianas abrieron igualmente una comisión para investigar las irregularidades en sus cajas. En octubre de 2011 aprobaron la petición de Esquerra Unida de poner bajo la lupa la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que el Estado inyectó 11.064 millones. El PP apoyó la iniciativa, no sin antes achacar la responsabilidad de lo ocurrido al Banco de España. “La CAM es lo peor de lo peor”, declaró Miguel Ángel Fernández Ordóñez en septiembre de 2011.

Un dictamen a la Fiscalía

El Parlamento catalán comenzó a investigar la gestión de las cajas de ahorro en 2013, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendiera la primera subasta de CatalunyaCaixaCatalunyaCaixa, que quedó desierta. El Estado la recapitalizó con 12.676 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Casi un centenar de comparecencias, entre ellas las de los expresidentes de CatalunyaCaixa Narcís Serra y Adolf Todó. Ambos están siendo juzgados en la Audiencia de Barcelona por administración desleal: se subieron los sueldos cuando la situación financiera de la caja era crítica y habían despedido a 1.600 trabajadores.

En junio de 2014 el Parlament emitió su dictamen, que trasladó a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Catalana del Consumo –por la responsabilidad de las cajas catalanas en la venta de preferentes y subordinadas– para que incorporaran su documentación y comparecencias a los procesos judiciales abiertos sobre las entidades financieras bajo sospecha.

Finalmente, en Castilla y León Podemos acaba de pedir en las Cortes que se indague en la fusión de Caja España con Caja Duero y su posterior integración en Unicaja, la entidad malagueña.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado un vuelco al caso Bankia llamando a declarar como investigados –antiguos imputados– al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, así como a la cúpula de la Inspección del supervisor –Pedro Comín, Mariano Herrera García-Canturri, Pedro González y Jerónimo Martínez Tello– y los exsubgobernadores Fernando Restoy y Javier Aríztegui.

Tres veces intentaron las acusaciones particulares que el juez instructor, Fernando Andreu, investigara la actuación del Banco de España en la salida a bolsa de Bankiala salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011. Pero Andreu siempre rechazó imputar a la cúpula del organismo supervisor, una petición que consideraba “impertinente e inútil”. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, fueron los consejos de administración de BFA [la matriz] y de Bankia los que decidieron qué alternativa adoptar”. Así, esa decisión era “perfectamente legítima” y, aunque errónea, no debía ser objeto de una investigación penal.

Por el contrario, la Sala de lo Penal encuentra “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” contra los responsables del Banco de España y de la CNMV “en cuanto garantes e indicativos de su corresponsabilidad” en la posible salida fraudulenta a bolsa.

La clave para que la sala estime parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), al que se adhirió la CGT, y ordene la declaración como investigados de las cúpulas de los dos organismos supervisores son los correos enviados por el responsable de la Inspección del Banco de España, José Antonio Casaus Lara, a sus jefes. Como los emailsno fueron aportados hasta octubre de 2016, la Sala de lo Penal rechazó la solicitud de investigación de los sindicatos en sus dos anteriores resoluciones, de julio y octubre de ese año. Pero una vez examinados los mensajes, dicen ahora los jueces, su “contenido explícito es altamente significativo del alcance, extensión y claridad” de las “reiteradas advertencias” hechas por el equipo de inspección a los directivos del Banco de España sobre la inviabilidad del banco.

“Una máquina de perder dinero”

Los correos confirman la declaración que el propio José Antonio Casaus hizo ante el juez el pasado septiembre. Entonces aseguró que los inspectores habían informado “hasta cuatro veces” a la dirección del supervisor bancario de que no debía aprobarse la salida a bolsa de Bankia, porque “no solucionaba los problemas del grupo”. A juicio de los inspectores, el banco que presidía Rodrigo Rato era “una máquina de perder dinero” que terminaría siendo nacionalizado “en pocos meses”, como de hecho ocurrió. Es más, reseña el auto judicial, la salida a bolsa supuso un “grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes”, que las acusaciones particulares cifran en 15.000 millones de euros.

“A ver quién es el guapo (auditor externo, Banco de España) que le manda una carta al FROB diciendo que en BFA hay un agujero de 5.000 millones”, advertía José Antonio Casaus en un correo al jefe de grupo de la Inspección, José Antonio Gracia Sanz, el 2 de diciembre de 2011, cinco meses después de la salida a bolsa. “El panorama del grupo bueno cotizado [el malo era BFA], pese a ser sobre el papel, que todo lo soporta, sólo podemos calificarlo de desolador, pese al buenismo de las proyecciones”.

La interpretación que hace la sala de estos correos, por tanto, es opuesta a la que sirvió al juez Andreu para desechar la imputación de los directivos del Banco de España y la CNMV. En su último auto sobre el asunto, Fernando Andreu considera que los correos tienen carácter informal y espontáneo. Lo que realmente cuenta, argumenta, son los “informes de seguimiento de los inspectores, que constituyen el cauce oficial para que estos funcionarios expongan el resultado de su trabajo. De esos documentos, añade el juez, “no se desprende que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento”.

Los informes revelan las irregularidades

Sin embargo, una vez más, la Sala de lo Penal contradice a Fernando Andreu. Y asegura que los indicios de criminalidad revelados por la declaración de Casaus Lara y ratificados por los correos electrónicos quedan “reforzados” precisamente por los informes de seguimiento emitidos por los inspectores.

Estos documentos, “aunque de modo suavizado en relación con los emails”, dan cuenta de “graves y reiteradas irregularidades” en Bankia. El de 21 de diciembre de 2011 denuncia que la dirección de BFA-Bankia anteponía sus propios intereses a los de la entidad, por ejemplo proporcionando “excesivamente generosas políticas retributivas y de prejubilaciones”. También ponía en cuestión, según reproduce el auto de la sala, que el banco fuera a ser capaz de devolver los fondos aportados por del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El rescate de Bankia le costó a las arcas públicas 24.500 millones de euros.

Otro informe de marzo de 2012 revela que Bankia no reflejaba en sus cuentas la morosidad real de su cartera de créditos, “en particular la del sector promotor, que tiene 20.000 millones contabilizados como riesgo normal”. Los inspectores explicaban que esos créditos morosos se estaban refinanciando con carencia total de 24 y 36 meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses”. “Bankia debe ser gestionada como una prensa en crisis y hasta ahora no está haciendo así”, concluía el informe.

La Sala de lo Penal también ve en los informes periciales indicios adicionales de que la salida a bolsa de Bankia fue fraudulenta. Todas las cuentas del ejercicio de 2011 contenían “errores contables” e incluso eran “falsas”, según explican las acusaciones particulares y el auto incluye. Así, los beneficios oficiales obtenidos en 2011, 305 millones de euros, resultaron ser 2.979 millones de pérdidas tras reformularse sus cuentas en mayo de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri al mando. En ese “engaño contable continuado” fue parte activa el Banco de España, destacan las acusaciones. Que también califican de “sorprendente” la actuación de la CNMV.

Fernández Ordóñez presionó a Olivas

Finalmente, el auto de la Audiencia Nacional acepta igualmente como indicio de delito la reunión que el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantuvo con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas. Según declaró éste ante el juez, Fernández Ordóñez le “conminó” a fusionarse con Caja Madrid o se le intervendría la entidad. “En unas condiciones normales no habría aceptado la integración”, concluyó Olivas, también imputado en el caso Bankia. Además, asegura que recibió una llamada del entonces subgobernador, Javier Aríztegui: “El gobernador quiere que lleguéis a un acuerdo”. Además, le urgió a alcanzarlo en el plazo de una semana, por lo que tuvieron que “trabajar contrarreloj” para cumplir con lo que se les “estaba exigiendo”.

A juicio de las acusaciones, el Banco de España no sólo intervino “durante todo el proceso”, desde la misma fusión, sino que también lo “impulsó”.

Por todo ello, en definitiva, la Sala de lo Penal considera “razonable y razonada” la petición de las acusaciones particulares de que de declaren como investigados las cúpulas del Banco de España y de la CNMV. Aunque no entra a calificar el posible delito de sus actuaciones como estafa de inversores.

Horas después de conocerse su imputación, dimitieron de sus cargos los máximos responsables de la Inspección del Banco de España: Mariano Herrera García-Canturri, Pedro Comín y Pedro González. Al tiempo, la CNMV se mostraba “convencida” de que su actuación en la salida a bolsa de Bankia fue “correcta y se llevó a cabo con la debida profesionalidad y diligencia”.

Sólo dos días después de repartir entre sus accionistas 315,5 millones de euros en dividendos, Abanca anuncia que pagará con año y medio de adelanto el último plazo de los 1.003 millones que le costó Novacaixagalicia cuando la compró al Estado en 2013. Abonará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 300 millones de euros. Mientras Abanca, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, ha obtenido un total de 1.754 millones de beneficios1.754 millones de beneficios desde que adquirió el quebrado banco gallego, el Estado ha dado por perdidos 8.532 millones de los casi 10.800 millones de euros con que lo rescató.

En la nota donde anuncia la operación, Abanca presume de haber cumplido su compromiso público de “acelerar el pago de las cuotas lo máximo posible”. La factura de 1.003 millones que debía abonar al FROB se dividió en plazos hasta 2018. En 2014, nada más firmar la operación, Escotet pagó 313 millones de euros y otros 90 millones al Fondo de Garantía de Depósitos –que nutren los bancos con sus aportaciones–. En mayo de 2016 ingresó 300 millones más: la cuota de ese año, el 50% de la de este ejercicio y el 33% de la de 2018, explica en su comunicado Abanca.

Según la entidad, el pago adelantado al Estado ha sido posible gracias a que ha aumentado su cuota de mercado y su solvencia, hasta convertirse “en una de las entidades más sólidas del sector”. Abanca cuenta con 4.541 empleados y una red de 668 oficinas repartidas por España y otros ocho países. Dice contar con una cuota de mercado en Galicia del 31% en crédito y del 41% en depósitos.Ampliación de capital, costes judiciales, activos tóxicos

Ampliación de capital, costes judiciales, activos tóxicos

Pero para llegar a ese punto, el Estado tuvo antes que nacionalizar Novacaixagalicia, fruto de la fusión de las dos grandes cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, y comprometer en ella los 10.800 antes citados. También recibió otros 1.484 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. Un total de 12.279 millones de euros en ampliaciones de capital, conversión de preferentes en accionistas y garantías que incluyeron la cobertura de los costes judiciales por la venta de preferentes y las cláusulas suelo. Además, los activos tóxicos del ladrillo que guardaba Novacaixagalicia pasaron a la Sareb, el banco malo. En resumen, unos recursos inyectados que el Estado no recuperará.

En cambio, Abanca Holding Financiero, la sociedad a través de la cual Juan Carlos Escotet posee el 86,79% de la entidad financiera gallega, se ha embolsado ya 273,82 millones del dividendo repartido en 2015 –fue también 315,5 millones el total– y otro tanto del correspondiente a 2016: 547,65 millones de euros en dos años, la mitad de lo que ha pagado por el banco.

El Tribunal Supremo ha ordenado la devolución de 24.000 euros a un anciano que tiene ahora 90 años y que hace diez, siendo jubilado del sector de perfumería, invirtió aconsejado por el Deutsche Bank en participaciones preferentes del banco islandés O.B. Kaupthing Bank.

La entidad alemana fue liquidando los rendimientos pactados hasta el tercer trimestre de 2008, por un total de 2.015 euros. No obstante, el nominal que en julio de 2007 era de 24.000 euros había disminuido a noviembre de 2008 a 34,40 euros, ya que un mes antes el banco islandés fue declarado insolvente e intervenido por las autoridades bancarias de aquel país.

El jubilado demandó al Deutsche Bank y, aunque el Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián le dió la razón, la Audiencia Provincial estimó después que en la orden de compra se contenían las características del producto y que el cliente ya había adquirido con anterioridad participaciones preferentes, por lo que conocía su funcionamiento y riesgos. Por esta razón estimó el recurso del banco y evitó la restitución del dinero al anciano.

Orden de compra con casillas en blanco

Ahora, el Tribunal Supremo aplica a este caso la jurisprudencia existente en otras resoluciones similares sobre preferentes de bancos islandeses y destaca que no consta que se informara al cliente sobre la naturaleza, características y riesgos del producto. Informa Europa Press.

Tampoco ve demostrado que la orden de compra diera cumplimiento a la normativa existente sobre la venta de estos productos financieros ya que en ella las preferentes se identifican como "acciones" y la casilla de plazo de validez está en blanco, por lo que no figura si el mismo era perpetuo o sometido a una duración determinada.

En su sentencia, la Audiencia de Guipúzcoa tampoco afirma que se hiciera un estudio previo del perfil inversor del cliente o que se considerase si la inversión en participaciones preferentes era adecuada a dicho perfil.

El Supremo recuerda que el deber de información compete a la entidad financiera y es "un deber activo, no de mera disponibilidad", sin que conste que en su momento se ofreciera al cliente información suficiente y adecuada. Por todo ello el alto tribunal estima el recurso del anciano y ordena la devolución del depósito, haciendo expresa imposición de las costas del recurso de apelación al Deutsche Bank.