El Congreso vota este próximo jueves la convalidación del decreto que permite prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. No es perfecto, pero tumbarlo sería un error histórico.

En 2026 vencen más de 630.000 contratos. En 2027, otros tantos. En total, más de 1,2 millones de contratos y hasta 2,7 millones de personas afectadas. La subida media prevista al renovar a precio de mercado es de 1.735 euros al año por hogar. Eso supone 1.100 millones de euros adicionales solo en 2026 y más de 2.000 millones en dos años.

En un país donde el 36,42% de los inquilinos ya destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, no aprobar el decreto significa empujar a cientos de miles de familias al sobreesfuerzo, la pobreza o el desahucio.

Se ha dicho que el decreto “invade la propiedad privada”. No es cierto. No expropia, no congela rentas de por vida y no altera la titularidad. Es una prórroga temporal, excepcional y prevista en la LAU desde hace décadas.

Se ha dicho que “genera inseguridad jurídica”. La inseguridad real es dejar 630.000 contratos sin protección. Además, los decretos‑ley tienen plena validez desde su publicación: las prórrogas solicitadas antes del jueves no pueden ser revocadas, aunque el decreto no se convalide. Tumbarlo generaría un limbo legal inmediato.

Se ha dicho que “reduce la oferta”. Pero la oferta lleva cayendo desde 2013 por razones estructurales: falta de vivienda protegida, desaparición del crédito convenido, parque público insuficiente. Este decreto afecta a contratos existentes, no a nuevas promociones. No aprobarlo no creará ni una sola vivienda nueva.

Y se ha dicho que “es insuficiente”. Y lo es. Pero su insuficiencia no justifica tumbarlo. Justifica aprobarlo ya y negociar un decreto complementario que recupere la protección frente a desahucios con garantías para arrendadores, introduzca avales públicos al pago del alquiler y empiece a reconstruir una política de vivienda basada en oferta y estabilidad.

Ese decreto complementario debe incluir medidas que amplíen consensos. Entre ellas, una propuesta razonable: la opción de compra con apoyo público, no para este decreto, sino para los siguientes. Un modelo voluntario en el que parte de la renta pagada pueda computar como ahorro para la compra futura, con ayudas públicas que beneficien a ambas partes.

Otra medida viable es la desgravación del 100% del alquiler en IRPF para propietarios que acepten la prórroga o mantengan precios estables. Si se pide un esfuerzo extraordinario, debe haber una compensación extraordinaria.

España ya sabe lo que ocurre cuando se deja caer a las familias: desahucios masivos, ocupación por necesidad y fractura social. Repetir ese error sería irresponsable.

Convalidar el decreto no es ideología. Es responsabilidad institucional. No hacerlo significa:

Aprobarlo significa evitar un daño inmediato y abrir el camino a una reforma real.

Se vota un decreto. Se vota si España evita un incendio o lo deja crecer.

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José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre.

Veintidós millones de afiliados, válgame el Señor. La Seguridad Social viste tiros largos y el presidente se calza la camiseta de la selección. En el dorsal, los dos patitos. "España tiene el mejor equipo": retahíla de topicazos. "Sois quienes labráis, quienes construís, quienes cuidáis", para los gordos, para los bajos, beba Coca-Cola.

No me malinterpreten, que vivan las cotizaciones y los compatriotas con jornal, pero me ahorraría el triunfalismo. Con la inflación disparada y la vivienda prohibitiva, mejor no nos cuentes que vamos como un tiro, no sea que te salga por la culata. Pocas cosas más humillantes que fichar tus ocho horitas y estar a una mala noticia de pedir la vez en Cáritas. "Si los inquilinos ejercen su derecho y piden la prórroga, ganamos", decía la otra mañana el ministro Bustinduy.

Si aspiramos a estas victorias, ¡qué derrotas nos esperan! Conste, ni un pero al señor don Pablo (tiene mucho mérito hacer política de verdad con un ministerio de mentira), pero vamos a cumplir ocho años de Gobierno coaligado (¡progresista!) y no hay mejora social que no se haya ido por el sumidero de la especulación inmobiliaria. Qué deprimente que la prorroguita de marras nos haya venido de Oriente, como los Reyes Magos. Decreto de emergencia, como si antes de lo de Ormuz Idealista fuera una arcadia. Me imagino la zapatiesta en el Consejo de Ministros: "¡Orden!, pero, ¿de verdad es necesaria esta prórroga?, ¡si ya le cambiamos el nombre al SEPES!".

Escasean las alegrías. Ni dos horas han tardado los israelíes en desbaratar el alto el fuego —cortesía de Paquistán, superhéroe inesperado— entre los yanquis y los iraníes. ¡Viva Islamabad y la madre que la parió! La noticia felicísima (ninguna civilización iba a desaparecer esa noche, a qué clavos flamígeros tiene uno que agarrarse) hacía hocicar al petróleo (catorce por ciento a la baja): albricias, los buques volverían a procesionar por el Estrecho. Todos contentísimos porque una vía que estaba abierta volvía a transitarse miles de muertos después. ¿Los ayatolás? En su poltrona. ¿El suministro energético global? Temblando. ¿La bomba atómica? Ni está ni se la espera. No habían terminado de redactarse los teletipos cuando llegó Netanyahu (otra vez). "Israel lanza en una jornada más bombas sobre el Líbano que en toda la guerra", decían los titulares. No me cansaré de repetirlo: por menos de la mitad de la quinta parte de un tercio de lo que ha hecho Israel en la última semana se han invadido países.

Me pregunto qué hará falta para que la comunidad internacional haga el vacío a estos chalados genocidas. Sesenta años llevan los cubanos chupándose un bloqueo so pretexto de lo guapos que están sus líderes vestidos de verde oliva. Claro que Castro financiaba peor a sus voceros. "Sí a la guerra contra Irán", tuiteó hace un mes la portavoz adjunta de los populares en el Congreso. "En momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto", apostilló, severísimo, Alberto Núñez Feijóo la tarde en que Trump amenazaba con practicar el genocidio más rápido de la historia. Algo olerá a podrido en Washington cuando hasta sus grupis menos espabilados empiezan a cobardear en tablas. Pero vamos, no pienso entusiasmarme: seguro que luego me la pego.

La empresa pública de vivienda, Casa 47, comienza a avanzar en la puesta en marcha de su primera oferta pública de adquisición de vivienda. Con una dotación de 100 millones de euros, fuentes de la entidad señalan que prevén adquirir entre 500 y 600 casas para incorporarlas al parque público. Casa 47 está abierta a ofertas tanto de particulares como de personas jurídicas y primará la adquisición de pisos en zonas tensionadas. Fuentes de la empresa señalan que ya han recibido algunos contactos, principalmente de particulares, y que se encuentran en conversaciones con fondos de inversión que buscan deshacerse de sus activos de vivienda.

El procedimiento de adquisición se llevará a cabo mediante concurso. Se priorizarán las ofertas localizadas en zonas de mercado residencial tensionado, es decir, aquellas áreas donde los hogares destinan más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda. Además, fuentes conocedoras señalan que la etiqueta de mercado tensionado se podrá aplicar independientemente de que la comunidad autónoma aplique o no el reglamento de vivienda. También se priorizarán las ofertas de bloques completos o conjuntos de viviendas frente a las casas sueltas.

En cuanto a los precios de compra, la entidad pública utilizará como referencia los precios que establece el Portal Estadístico del Notariado. "Casa 47 comprará por el precio que se ofrezca en la propuesta, siempre y cuando se adecúe al valor de tasación de la vivienda y no exceda del precio medio de venta que marca el Portal Estadístico del Notariado en cada zona", señalan en una nota de prensa. La tasación, explican las mismas fuentes, la llevará a cabo una entidad externa acreditada por el Banco de España y se considerará la oferta de vendedor siempre que no exceda los parámetros del notariado.

El presupuesto de la convocatoria se destinará a cubrir el precio de adquisición de las viviendas, así como todos los gastos e impuestos que se deriven de su compraventa y, en su caso, el coste de las actuaciones necesarias para su adecuación, mejora o rehabilitación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.

En cuanto a los plazos que se manejan, Casa 47 prevé cerrar la fase de concurso el próximo 9 de julio y a partir de esa fecha se irán conociendo las adjudicaciones.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .

Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.

En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

Alquiler Seguro va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. Sostienen que esta resolución es "injusta y arbitraria" y defiende que todos los servicios prestados son legales y así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo les sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

España fue el cuarto país en el que más se incrementaron los precios de la vivienda en la UE en el cuarto trimestre de 2025, con una subida del 12,9% con respecto a 2024, más del doble de la media en la Europa de los 27, que se sitúa en el 5,5%, según los últimos datos de la oficina estadística de la UE Eurostat, que recoge EFE.

La subida de la vivienda en España se produce en un contexto de crisis en este mercado, caracterizado por máximos históricos de precio tanto de compra y alquiler y de tensión en acceso a la residencia, especialmente en las zonas más demandadas.

En la zona euro, la subida media fue del 5,1%, de acuerdo con estos datos, que desprenden que a España únicamente le superan Hungría, con un 21,22% de subida interanual en el cuarto trimestre de 2025, con respecto a 2024; Portugal, con un 18,9%, y Croacia, 16,1%.

En el conjunto de la UE, de los 27 países, nueve de ellos registraron subidas interanuales de dos dígitos en el cuarto trimestre de 2025: además de España, Portugal, Croacia y Hungría, se encuentran Bulgaria (12,6%), Eslovaquia (12,8%), Letonia (11%), Lituania (10,8%) y Chequia (10,4%). 

Finlandia fue el único país en el que cayó el precio de la vivienda a finales de 2025 y lo hizo un 3,1%. En el resto de Europa, subió en todos, aunque en Luxemburgo el alza quedó casi plano, al ser de un 0,1%.

En España se registró un incremento interanual del precio de la vivienda los cuatro trimestres de 2025 por encima del 12%, el más bajo un 12,3% el primero, de enero a marzo, y el más alto, de octubre a diciembre, con un 12,9%. Las crecidas medias en la UE sobrepasaron el 5% durante todos los trimestres del año con respecto a 2024.

Si comparamos con el tercer trimestre de 2025, los precios de la vivienda se encarecieron en el cuarto trimestre un 1,8%. Un porcentaje por encima de la media europea situada en el 0,8%.

España fue el décimo país en el que más se encareció la vivienda en este cuarto trimestre con respecto al tercero, por detrás de Eslovenia, con 5,1%; Hungría, con 4,2%; Portugal, con 4%; Croacia, 3,4%; Eslovaquia, 3,1%; Lituania, 2,4%; Irlanda, 2%; Chequia, 2% y Letonia, 1,9%.

Si se ajusta el precio por la inflación, la vivienda se encareció en España un 9,7% en 2025, siendo el cuarto país donde más crecieron los precios, por detrás nuevamente de Portugal, 14,7%, Hungría, 11,7% Croacia, 10%.

Los precios ajustados con la inflación cayeron en cinco países: Finlandia, 3,6%; Rumanía, 1,7%; Suecia, 1,6%; Luxemburgo, 0,5%; y Austria, 0,1%.

En el conjunto de la UE, desde el 2010 la tasa de crecimiento anual alcanzó un máximo del 10,7% en el primer trimestre de 2022 y un mínimo del -2,5% en el segundo y tercer trimestre de 2012, así como en el primer trimestre de 2013. 

A partir del primer trimestre de 2020, las tasas de crecimiento anual tanto de la zona del euro como de la UE aumentaron a niveles no registrados desde 2006.

La memoria justificativa de la nueva regulación de usos hoteleros impulsada por el Ayuntamiento es un ejemplo paradigmático de esta disfunción. Desde su primer párrafo, el documento parece alinearse con las reivindicaciones de las plataformas en defensa de la vivienda: alerta sobre los riesgos del crecimiento turístico descontrolado, advierte de la pérdida de tejido residencial y subraya la necesidad de proteger la vida ciudadana. Sin embargo, cuando llega el momento de concretar las medidas, el discurso se diluye, se relativiza y termina proponiendo una regulación que contradice abiertamente el diagnóstico previo.

El contraste es tan evidente que basta con leer algunos fragmentos del propio documento. En él se afirma que “el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda puede romper el equilibrio que debe garantizar que la ciudad continúe siendo un lugar donde desarrollar la vida ciudadana”. También se sostiene que es necesario regular el uso turístico para “evitar la pérdida del uso residencial”, “evitar interferencias en el mercado de la vivienda”, “garantizar el acceso a la vivienda” y “proteger el tejido comercial de los barrios”. Con semejante punto de partida, cabría esperar una regulación firme, restrictiva y orientada a frenar la presión turística. Pero no es así.

El diagnóstico que desarrolla la memoria es, de hecho, demoledor. Habla de “saturación”, “sobreexplotación”, “especulación inmobiliaria”, “sobredimensionamiento de la oferta turística”, “crecimiento exponencial”, “carestía del alquiler”, “huida de la población joven”, “uso indebido de plataformas tecnológicas”, “deterioro de la convivencia” y “colonización turística”. Incluso incorpora conceptos como “turistificación” y “gentrificación”, cuyo origen remite a la sustitución de la población trabajadora por clases más acomodadas. Es decir, el documento describe un conflicto social profundo, aunque evita nombrarlo como tal.

Este diagnóstico no surge de la nada. Se apoya en estudios de la Cátedra MESVAL, EXCELTUR, ReviTUR, la Fundación Visit Valencia y diversas universidades, además de la Sentencia del Tribunal Supremo 5958/2019. Todo ello en las primeras treinta páginas, reforzado por datos —aunque suavizados y no actualizados— del servicio de licencias urbanísticas. El documento recoge ejemplos de ciudades como Málaga, Barcelona, Sevilla o San Sebastián, donde se han aplicado medidas estrictas para contener el turismo. Incluso rechaza explícitamente las estrategias que buscan convertir las ciudades en destinos turísticos mediante la inversión pública. Y reconoce que las medidas actuales son insuficientes para controlar los efectos negativos. Hasta aquí, la coherencia es impecable. Con semejante acumulación de evidencias, parecería lógico que la memoria concluyera con una propuesta regulatoria contundente. Pero ocurre justo lo contrario.

Sin embargo, a partir de la página 40, la memoria da un giro inesperado. De pronto aparecen conceptos como “unidad de mercado” y “derecho a la implantación de servicios”, apelando a la Directiva de Servicios de 2006, que —según reconoce el propio documento— no es aplicable en materia urbanística. A partir de ese punto, la regulación se reduce a una mera “ordenación urbanística del uso de viviendas turísticas”, evitando cualquier interpretación que pudiera resultar restrictiva. Se introduce incluso la idea de que la “razón imperiosa de interés general” es un concepto “dinámico”, lo que se utiliza para justificar una lectura favorable a la libertad de empresa.

El resultado es una propuesta que, lejos de limitar, apuesta por “ordenar y hacer compatibles” los intereses de residentes y promotores turísticos. Es decir, después de diagnosticar una enfermedad grave, la solución propuesta no es evitar aquello que la provoca, sino intentar hacerlo “compatible”. Una contradicción difícil de justificar, más si tenemos en cuenta que ya existe una realidad -reconocida igualmente en la memoria- de una saturación general con miles de pisos ilegales. Por tanto, la equiparación de la industria turística con otras actividades terciarias no es un buen punto de partida. Esta tiene su propia dinámica con impactos mucho mayores.

La comparación resulta inevitable: ¿aceptaríamos la existencia de 5.000 panaderías ilegales en Ciutat Vella? ¿O de inmobiliarias, bares, oficinas, badulaques o museos clandestinos? ¿Toleraríamos que se instalaran entre viviendas residenciales estas actividades terciarias, alterando la convivencia y expulsando a los vecinos? La respuesta es obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con los pisos turísticos. La industria turística, por su naturaleza y su impacto, no puede equipararse al resto de actividades terciarias. Pretenderlo es un despropósito.

La lógica utilizada para fijar los porcentajes de saturación es otro ejemplo de incoherencia. En lugar de partir de las características intrínsecas del turismo —ampliamente descritas en la propia memoria—, se aplica una lógica contable basada en la edificabilidad total. Si una actividad tiene un límite del 20% y otra del 50%, las viviendas turísticas se fijan en el 1,5%, aunque finalmente se estime que el 2% “está mejor”. Así, sin justificación, un salto en el vacío aumenta un 0,5%. Una conclusión arbitraria que no responde al diagnóstico previo ni a la gravedad del problema.

Tan arbitraria como es la exclusión de sus propios criterios de saturación, ya de por sí permisivos, la excepción a Ciutat Vella que facilita la compra de inversores turísticos si rehabilitan y ponen “en valor” –su valor, su negocio, sus pisos turísticos y hoteles– nuestro patrimonio catalogado como bienes de relevancia local o con máxima protección. Una alfombra roja para fondos de inversión que va a destrozar –aún más– Ciutat Vella.

La memoria justificativa, en definitiva, es un ejemplo de cómo la administración puede diagnosticar con precisión una enfermedad y, aun así, negarse a aplicar el tratamiento adecuado. Un ejercicio de análisis brillante que desemboca en una regulación tímida, insuficiente y contradictoria. Y un recordatorio de que, en política, el exceso de análisis no siempre conduce a mejores decisiones. A veces, simplemente las paraliza.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

El mercado inmobiliario y el problema de la vivienda son dos conceptos muy diferentes. Dos caras de una misma moneda que atañe a algo tan básico y necesario como tener una casa, pero donde también prosperan negocios como el alquiler de oficinas, los centros de datos, las residencias..., que requieren de suelos, de obras y de grandes caseros. En el ámbito de la vivienda, mientras el ladrillo brilla al calor de la especulación, de la falta de oferta o de la necesidad de construir más casas, los precios de compra y alquiler cada vez se separan más de los presupuestos de los ciudadanos. Algo que ha creado una crisis que la coloca como el principal problema para la ciudadanía en las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los datos de las principales empresas del sector inmobiliario dan una pista del despegue del sector, que, sin embargo, no muestra síntomas de contención en los precios. En el caso de las promotoras y las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que se dedican a adquirir, promover o rehabilitar inmuebles para su arrendamiento, el despegue de sus cuentas es llamativo. Entre las seis principales (Colonial, Merlín Properties, Metrovacesa, Neinor, Realia y Renta Corporation) firman unos beneficios de más de 980 millones de euros y, en conjunto, el resultado neto agregado supera los 1.440 millones, casi duplicando los resultados obtenidos en 2024, de en torno a 733 millones. 

Por otro lado, en el conjunto del sector había, al cierre del año pasado, 159 socimis en España, tras haberse incorporado 21 durante el ejercicio, según un informe de la consultora ArmanexT.

Las cifras marean y se concretan en productos como la vivienda, las oficinas, los centros de datos, las residencias, los centros comerciales, etc. Todo unido muestra un sector en auge a nivel macro, que contrasta con los precios a los que se enfrentan los ciudadanos cuando intentan comprar o alquilar una casa. El primer trimestre de 2026 cerró con un incremento trimestral del precio de la vivienda del 4,7% y uno interanual del 21,1%, según el portal inmobiliario Fotocasa. Con los alquileres, la dinámica se replica y, si se observa la serie en el Instituto Nacional de Estadística, entre enero de 2019 y diciembre de 2025, los precios habrían aumentado más de un 30% para los arrendatarios.

"La iniciativa privada no puede producir viviendas asequibles. No va a producir vivienda a 300 o a 700 euros porque a lo más que llegan los Planes Vive de colaboración público-privada es a precios de 1.200 euros, inasumibles para dos tercios de los trabajadores", apunta el arquitecto y profesor de urbanismo Gerardo Roger. La única forma de contrarrestar la concepción de la vivienda como negocio y como mercado es, insiste, crear modelos de gestión íntegramente pública. "Las empresas no son ONG y no pueden permitirse construir y recuperar a largo plazo la inversión, pero la Administración sí, porque ademas el suelo le cuesta cero. Por eso lo ideal sería que se creasen más modelos como Casa 47 a nivel autonómico y municipal, para crear bolsas de vivienda y gestionarlas", señala. "Porque además es una inversión que tiene retorno", concluye.

Colonial es la que más beneficios firmó el año pasado, con 344 millones, un 12% más que en 2024. La multinacional, que se fusionó con la francesa SFL, habría vendido edificios por valor de 300 millones de euros y su principal negocio es el alquiler de oficinas. Por su parte, Merlin Properties obtuvo un resultado neto de 786 millones de euros, un 176% más que los 284 millones de 2024 y un beneficio de 327 millones. Su fuerte son los centros de datos y, al igual que Colonial, apenas se dedican a la vivienda residencial. 

La compañía madrileña Metrovacesa es una de las principales promotoras de España. Obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en 2025, una cifra que multiplica por más de tres las ganancias de 2024. Entregó 1.805 viviendas en 2025, con un precio medio de 374.000 euros, y poseía al cierre del año 3.917 en construcción. En sus propias cuentas detallan que adquirió suelos por valor de 60 millones de euros en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, cuatro de las plazas más caras de España en materia de vivienda.

Neinor es otro de los grandes nombres del sector que aportó en beneficios 122 millones de euros a los resultados del conjunto. Este importe aumentó en un 80% con respecto al año anterior gracias a la adquisición de uno de sus rivales, Aedas, lo que la convierte en la mayor promotora del país. Esta compañía de origen vasco cuenta con banco de suelo para construir 38.000 viviendas y el año pasado alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 euros por unidad, según sus propios datos.

Realia, la promotora inmobiliaria de FCC que también tiene una participación en Metrovacesa, ganó 129,4 millones de euros en 2025, un 74% más. Entre las circunstancias que la han ayudado a llegar a estas cifras está el incremento del precio de los alquileres, tanto de viviendas, como de oficinas. "La mejora de la actividad de patrimonio se explica por el alza del 3,8% en las rentas que cobra a sus inquilinos", señalaba un análisis de Europa Press.

Finalmente, Renta Corporation, con un beneficio en 2025 de 2,5 millones, es la única que ha visto menguar sus cifras en un 24,2% con respecto al ejercicio previo. Una merma que ellos achacan a un "mayor gasto impositivo". Aunque sus ingresos sí crecieron un 72%, hasta los 45,6 millones.

Si en algo suelen coincidir los expertos es en la necesidad de construir más vivienda. Las discrepancias suelen surgir al tratar de ponerle número a ese déficit o al trazar el papel que debe tener lo público en el control de los precios. Con todo, el ritmo de construcción ha crecido un 8% el año pasado si se observan los datos sobre visados de obra nueva que proporciona el Ministerio de Vivienda, pero nada se ha notado en los precios, que siguen al alza. También se puede apreciar en el gráfico la espectacular diferencia con los años previos a la burbuja, cuando los visados llegaron a superar los 800.000 anuales.

El despegue del sector no ha conseguido que la tensión en la demanda se alivie. Un reciente estudio de BBVA Research señala que la escasez de oferta "limitará las ventas y mantendrá la presión al alza sobre los precios", mientras que la demanda se mantendrá fuerte. "El precio de la vivienda crecerá con fuerza, con estimaciones de un repunte del 10,2% para 2026 y una posterior moderación hasta el 6,8% durante 2027", señalan los analistas de la entidad financiera.

En cuanto a su análisis sobre las empresas del sector, BBVA Research apuntaba que "la rentabilidad de las empresas españolas en 2024 continúa siendo inferior a la media europea". Esto se debe, explican, a que el tamaño medio de las empresas es más pequeño y hay un gran peso de las pymes en el sector. Estas son, en general, "más dependientes de la financiación y poseen menos recursos propios", lo que termina repercutiendo en la capacidad de ampliación del parque de viviendas.

Para Roger, la Administración pública debería ganar músculo con respecto a la iniciativa privada, de forma que al mercado llegue una oferta suficiente de casas públicas a precio asequible que pueda torcer las dinámicas del mercado. Para él, lo público y lo privado no son excluyentes, pero un mayor equilibrio sería la clave para calmar el comportamiento de los precios y el malestar social. "Si renunciamos a la promoción pública y nos movemos solo con musculatura privada, pues tendremos que terminar ayudando con subvenciones a los inquilinos. Y eso sí que es a fondo perdido", concluye el urbanista.

Días de descanso y reflexión para la mayoría de los políticos. Pero también tiempo para repensar las estrategias y coger fuerzas para una primavera política con temperaturas casi de agosto. Unos meses decisivos para el escenario público, que mira ya a las generales del año que viene. Y todo está por escribir.

Con la última remodelación del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez, busca centrar el discurso en la economía elevando a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero. Tras las fotos, toca la hora de testar el nuevo perfil del ministro de Economía, con el que Moncloa quiere hablar de los buenos datos y obligar al Partido Popular a abordar la cuestión durante todos los miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Pero el Gobierno sigue teniendo una gran asignatura pendiente: el proyecto de presupuestos generales del Estado. Cuerpo ha prometido que se presentarán. Esta labor le tocará al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, que asume unas cuentas saneadas por parte de María Jesús Montero, pero también otras carpetas abiertas como la búsqueda de apoyos para el nuevo modelo de financiación autonómica y para el proyecto de la quita de la deuda. 

La política internacional copa cada día más importancia en el tablero doméstico. El ‘no a la guerra’ de Sánchez se nota ya en las encuestas, con una recuperación del PSOE, pero, sobre todo, refuerza la imagen de estadista del presidente, que ha conseguido que la mayoría de países de la UE haya cambiado su posición y se muestre en contra de participar en una guerra ilegal.

Sánchez se ha erigido como la némesis de Donald Trump, que, por el momento, no ha cumplido su amenaza de un embargo comercial a España. El presidente español continúa su ronda por medios internacionales y tiene prevista una agenda internacional muy apretada durante las próximas semanas. Los días 13, 14 y 15 de abril volverá de viaje oficial a China en un momento de máxima tensión con Washington, con la idea de reforzar lazos económicos pero también de contrarrestar el poder de Trump y defender el multilateralismo. A la vuelta, tiene una cita muy simbólica con la cumbre internacional de líderes progresistas en Barcelona, donde ejercerá de anfitrión. Allí estarán, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el máximo representante del Consejo Europeo, António Costa.

El 17 de mayo se celebrarán elecciones en Andalucía, la comunidad más poblada de España. Es una batalla muy importante para el termómetro nacional, aunque sus resultados no son del todo extrapolables a unas generales. La gran duda en estos momentos es si Juanma Moreno (PP) conseguirá revalidar la mayoría absoluta o tendrá que pactar con Vox para seguir en el Palacio de San Telmo. Esta última opción sería un revés para el popular, que se ha presentado como el barón moderado frente a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con postulados similares a la ultraderecha.

El PSOE tiene el gran reto de no caer en su peor resultado histórico. El socialismo lleva como candidata a la exvicepresidenta María Jesús Montero, que aspira a romper las encuestas con un discurso basado principalmente en la defensa de los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia. En la sala de máquinas de la calle de San Vicente en Sevilla no paran de repetir que hay margen para crecer, ya que hay más de medio millón de votantes del PSOE que se quedaron en casa en las elecciones de 2022.

La derecha tiene por delante una apretada primavera de cortejo. El Partido Popular y Vox tienen sumidas en la incertidumbre a tres autonomías: Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de que dan los números, no logran ponerse de acuerdo para esta nueva etapa que enfrenta el bloque por la vuelta a los Ejecutivos de coalición.

Aunque Alberto Núñez Feijóo quería cerrar cuanto antes estos acuerdos, la dirección de Vox ha ralentizado este proceso. Sobre la mesa vuelve la sombra del 28M: a qué pactos llegarán, hasta dónde cederán los populares y qué consejerías exigirán los de Abascal. Y se debate la propia fórmula: María Guardiola y Jorge Azcón aceptan que haya consejeros de la ultraderecha, mientras que Alfonso Fernández Mañueco prefiere gobernar en solitario con el apoyo externo de los de Santiago Abascal.

Estos meses antes del verano serán cruciales para saber el estado de salud de la ultraderecha en España, en un momento en el que en Europa se aprecian frenazos en este espectro como el resultado de las presidenciales en Portugal y la pérdida del referéndum constitucional por parte de Giorgia Meloni en Italia, además de las encuestas en Hungría que apuntan a la posibilidad de que pierda Viktor Orbán.

En España, varias encuestas empiezan a apuntar una ralentización del fenómeno Vox. Por un lado, las elecciones de Castilla y León fueron frustrantes para el partido de Santiago Abascal al no lograr sobrepasar el simbólico 20% de votos. Vox tiene ahora mismo dos elementos de desgaste principalmente: su apoyo sin fisuras a Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la guerra de Irán y la herida interna abierta por el choque entre el líder y varios de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith. Además, su incorporación en los Ejecutivos autonómicos pondrá la lupa sobre su gestión y se rebajará el discurso antisistema sobre el que cabalga ahora mismo la extrema derecha española.

Las izquierdas siguen explorando vías para las próximas elecciones generales tras los fracasos de Aragón y Castilla y León. En pleno Viernes Santo, el espacio logró un gran acuerdo en Andalucía que parecía impensable incluso hace una semana. Finalmente, compartirán papeleta IU, Podemos y Movimiento Sumar bajo el paraguas de Por Andalucía (en el que también están Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde).

El próximo 9 de abril se producirá asimismo en Barcelona un movimiento muy simbólico con la charla programada entre Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) e Irene Montero (Podemos). Un nuevo paso en busca de herramientas comunes tras el inicio de la gira del catalán con Emilio Delgado 

De manera paralela se darán pasos por parte del frente amplio que han conformado Izquierda Unida, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar, que se han citado a otro gran acto, como el que hubo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, en Sevilla el próximo 19 de abril, en plena precampaña de las elecciones andaluzas 

No obstante, el espacio sigue huérfano de liderazgo tras la decisión de Yolanda Díaz de no repetir como número uno y el autodescarte del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Todas las miradas están puestas en Rufián, cuya distancia con la dirección de ERC aumenta cada día con Oriol Junqueras señalando, por ejemplo, que él no pasó por la cárcel para que Ada Colau vaya en una lista con los republicanos. 

La política española seguirá pendiente también de lo que pase en Cataluña, ya que afecta directamente a las mayorías en el Congreso. Salvador Illa consiguió salvar una bola de partido con los presupuestos, pero ahora debe abrir un periodo de negociación con Esquerra. No tener cuentas públicas puede ser un problema para su estabilidad e incluso abriría un escenario de elecciones adelantadas.

Los republicanos en Madrid van a seguir empujando para el traspaso del IRPF a la Generalitat, algo a lo que se negó María Jesús Montero. En ERC confían en el talante de Arcadi España para asumir sus postulados y encajar un enfoque más federalista del Estado. Además, todos los partidos están muy atentos al ascenso fulgurante de Aliança Catalana, un elemento que puede romper los equilibrios de la política catalana y, por ende, de la española.

La vivienda sigue como la principal preocupación para los españoles. Y ninguno de los partidos ha logrado imponer sus recetas. “Quien dé con la tecla de la vivienda ganará las próximas elecciones”, disecciona un veterano parlamentario. Y será la principal batalla en el Congreso en las próximas semanas a través del decreto aprobado por el Gobierno.

El texto deberá pasar por votación en la Cámara Baja antes del próximo 22 de abril (está un mes en vigor hasta que se pronuncie el Congreso). Se ha convertido en la gran batalla política del ala de Sumar en el Gobierno, que presionó hasta el final para que el PSOE aceptara las medidas dentro del paquete de ayudas por la guerra de Irán. Una de sus columnas es la prórroga de los contratos de alquiler con un tope de subida. Ahora mismo no cuenta con los votos suficientes, ya que el PP, Vox y Junts ya han anunciado su rechazo. No obstante, la izquierda transformadora cree que todos deben retratarse y que el ‘no’ tendrá un coste social para esos partidos.

La vivienda nunca ha estado entre las prioridades de Vox. El partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal está más cómodo con temas como la inmigración, la seguridad, la natalidad, las bajadas de impuestos, el campo o la unidad nacional. Pero la crisis habitacional, la subida de los alquileres y la expulsión de amplias capas sociales de los grandes núcleos urbanos han convertido el problema del acceso a la vivienda en un terreno demasiado relevante como para dejarlo fuera de su ofensiva política.

Los de Abascal han decidido entrar en esa batalla sin renunciar a su marco ideológico de defensa del mercado, la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado por la derecha para criminalizar a los inquilinos— y con los migrantes como el principal problema para el acceso a la vivienda. Desde hace unos meses, la formación trata de unir sus postulados clásicos con otros más sociales, pero siempre con un lema por delante: prioridad para los españoles en ayudas, acceso y protección frente a inmigración de carácter irregular y los compradores extranjeros.

Esta operación política tiene dos rostros. Uno es José María Figaredo, portavoz económico y representante de la vena neoliberal más reconocible del partido. El otro es Carlos Hernández Quero, un perfil ascendente al que Vox ha situado como portavoz de vivienda y cuyo discurso se ha comparado con el de la francesa Marine Le Pen porque añade a la receta económica habitual una capa identitaria. Entre ambos se reparte una estrategia que busca disputar el malestar social sin romper con los intereses de quienes se benefician del modelo inmobiliario vigente, con propietarios, promotores y grandes patrimonios a la cabeza.

El portavoz de vivienda, sin embargo, habla menos de bajar impuestos y más de expulsar a migrantes. Menos de eficiencia del mercado y más de saturación de servicios. Menos de desregular y más de identidad nacional. En ese discurso, los extranjeros aparecen como quienes presionan la vivienda, colapsan servicios públicos y erosionan la comunidad nacional.

Hernández Quero no es una figura menor dentro del partido. Doctorado en 2020 con una tesis titulada El desborde de la ciudad liberal: cultura política y conflictos en los suburbios de Madrid (1880-1930), que analiza por qué la corona metropolitana madrileña acabó convertida en el llamado "cinturón rojo", se presenta como una persona "de barrio" que busca que el sur madrileño pase a teñirse del verde de Vox. Su ascenso interno le ha reforzado internamente. Designado portavoz en la Comisión de Vivienda del Congreso, entró en febrero en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, el máximo órgano de dirección entre congresos y uno de los espacios donde se deciden las listas electorales. Aunque, según los críticos, el único que manda ahí es el propio Abascal y su corte.

Su ascenso se ha interpretado como parte de un intento de dar al partido una apariencia más "social", más pegada a los problemas materiales de las clases populares. Pero ese supuesto giro tiene un límite nítido: la protección que se ofrece no es universal, sino nacional. El ultraderechista no está en contra de la intervención del Estado en materia de vivienda, como sí defiende Figaredo, pero sí lo restringe a los españoles, los únicos que, desde esa lógica, serían merecedores de amparo por parte de las administraciones.

En sus mensajes recientes, Hernández Quero combina tres ideas: que faltan casas porque se construye poco y se regula demasiado, que esa escasez se agrava con la inmigración y la compra extranjera y que la salida pasa por construir más, densificar el suelo urbano y dar prioridad al "comprador nacional". El ultraderechista también aborda el concepto de "densificación" o "redensificación", en referencia a levantar más vivienda en ciudad ya hecha —más altura, más bloques, más intensidad edificatoria—, un término que también utilizan dirigentes como el presidente catalán, Salvador Illa, aunque con un significado político distinto. En Vox sirve para apuntalar una agenda de liberalización urbanística y preferencia nacional, en el PSC va asociado a planificación sostenible.

"No tiene mucho sentido estar haciendo nuevos desarrollos de vivienda donde hay cuatro alturas, pista de pádel y piscina. Hay que pensar en la idea de densidad", explicaba el diputado de Vox en una reciente entrevista en en Quorvm Podcast, en la que también reflexionaba sobre la importancia del sentimiento de "pertenencia" en comunidad. Illa, por su parte, utilizó el término para defender más vivienda en zonas ya construidas y llegó a plantear elevar la densidad en 69 áreas estratégicas para crear 240.000 pisos.

Aunque el verbo es el mismo, el concepto no lo es: en la tesis de Illa la densificación está asociada a planificación, sostenibilidad, parque asequible, reutilización de suelo y equilibrio territorial. En el caso de Hernández Quero, forma parte de una agenda de liberalización urbanística, con más oferta y menos trabas para las "familias españolas" que son las que forman "comunidad".

Con todo, la convivencia entre Figaredo y Hernández Quero es pacífica. Al menos por ahora. Lo suyo es un coordinado no reparto de papeles. La corriente encabezada por el portavoz económico está centrada en reivindicar el liberalismo en su versión más dura: bajar impuestos, deshacer regulaciones y dejar al mercado ordenar la sociedad. Es la voz que sale en defensa de cualquier actor económico al que la intervención pública pueda incomodar. Su función política es blindar la ortodoxia neoliberal de Vox frente a cualquier intento de redistribución o de limitación de la acumulación. Figaredo sostiene que el problema de la vivienda no se arregla con intervención pública sobre los precios, sino con oferta, desregulación y estímulos a la compra.

Esa es también la línea política de Vox en el Congreso. En una proposición registrada en febrero de 2025, la formación ultra reclamó reformas del suelo para facilitar la construcción, un entorno fiscal favorable a la compra, fórmulas como la venta a plazos, el alquiler con opción a compra y nuevas facilidades de financiación hipotecaria para jóvenes y rentas bajas. Sin embargo, Vox no contempla gravar las viviendas vacías, no apoya topar los alquileres ni tampoco plantea prohibir la venta de vivienda protegida. Es decir, no hay una impugnación del funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario, ni una voluntad de recortar el poder de quienes concentran vivienda como activo de inversión. España, según el marco de Vox, expulsa ahorro, castiga la propiedad y dificulta la formación de familias porque el Estado recauda demasiado e interviene. Y todo es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el programa económico y de vivienda presentado en junio de 2025 por Figaredo y Hernández Quero, el partido resumió esa visión con una combinación de ampliación de suelo, simplificación administrativa, reducción "drástica" de impuestos y derogación de las medidas que, a juicio de la formación ultra, distorsionan el mercado del alquiler. La única medida dirigida al capital es la de "atajar la adquisición masiva de viviendas por capital extranjero" mediante una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. Así, para Vox, el problema no es que la vivienda se convierta en mercancía financiera, sino que los que compran sean extranjeros.

¿Y qué hay de sus propuestas electorales? Si nos fijamos en las medidas en vivienda en las recientes elecciones en Castilla y León, Aragón o Extremadura, el marco de fondo encajan más con la visión neoliberal de Figaredo que con el nacionalismo social de Quero. El tronco sigue siendo rebaja fiscal, desregulación, propiedad, construcción y protección del propietario; la capa más nueva añade "familias españolas", prioridad nacional y rechazo a la inmigración.

Mientras tanto, la "okupación" sigue ocupando un lugar central en el relato del partido, muy por encima de otros factores mucho más decisivos en la crisis habitacional. También aparece su visión demográfica y nacional de la vivienda. Vox insiste en promover hogares "en especial para familias españolas que tengan o vayan a tener hijos". No se trata simplemente de facilitar acceso residencial, sino de proteger una determinada idea de familia, reproducción social y comunidad nacional.

Los datos de la opinión pública ayudan a entender por qué Vox intenta esa maniobra. La vivienda preocupa personalmente más a los electorados de izquierda que a los de derecha, según datos recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre quienes votaron a Sumar, un 19,8% la señala como el problema que más le afecta; entre los votantes socialistas, un 15,1%. En cambio, entre los del PP ese porcentaje baja al 9% y entre los de Vox al 8,8%. En este electorado ultra pesan más la crisis económica y la inmigración. Precisamente por eso, el partido busca utilizar la vivienda como un puente entre malestar material y la xenofobia.

El precio de la vivienda creció en el primer trimestre del año un 14,3% en tasa interanual (aunque en términos reales, descontando el efecto de la inflación lo hizo un 11,8 %) hasta los 1.987 euros/m2, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa by Accumin, que recoge EFE.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda (nueva y usada) creció un 3,2% en tasa trimestral con incrementos generalizados, especialmente en torno a los polos de empleo y focos turísticos.  

Desde los máximos que registró en 2007 coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, el precio está un 4,5% por debajo, mientras que se ha encarecido un 68% desde el mínimo que registró tras su pinchazo, en el verano de 2015.

Descontando el efecto de la inflación (en términos reales), el valor se ha incrementado un 32% desde el mínimo de 2015 y se mantiene un 34% por debajo de los máximos de 2007. 

Por comunidades, los mayores crecimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (19,2%); Comunitat Valenciana (19,1%); Castilla-La Mancha (18,8%); Canarias (17,8%); Cantabria (16,2%); Murcia (16%) e Illes Balears (15,5%). 

En términos nominales, exceden los niveles máximos alcanzados en 2007 Illes Balears, Comunidad de Madrid, Melilla y, como novedad este trimestre, Canarias. Sin embargo, si se descuenta el efecto de la inflación (en términos reales) tan solo Baleares está a punto de rebasar este máximo, situándose a -0,1%.

Por provincias, los crecimientos más intensos se localizan en Toledo (23,2%); Albacete (19,6%); Madrid (19,2%); Santa Cruz de Tenerife (19%); Alicante (18,3%) y Castellón (18 %). Zamora es la única con caídas, del 3,8%. 

Con ello, 7 provincias superan los máximos históricos en términos nominales, aunque excluyendo la inflación, todas se sitúan por debajo, a excepción de Baleares, que recupera su valor máximo desde 2007 (-0,1%). 

Por capitales, hasta 30 de ellas superan el 10% interanual siendo las más caras San Sebastián (4.975 euros/m2), Madrid (4.600 euros/m2) y Barcelona (4.417 euros/m2).

Con ello, la tasa de esfuerzo para acceder a una vivienda se mantiene "en niveles razonables", con un 33,9%. Sin embargo, en Baleares se eleva al 54% y en Madrid al 49%.

Según apunta Tinsa, la demanda de vivienda se mantiene en niveles robustos pese a la caída interanual de las compraventas en enero y mantiene una tendencia hacia una estabilización de las transacciones.

No obstante, la guerra de Oriente Medio introduce un factor de incertidumbre para los próximos meses ante la posible afectación en la tasa de inflación y en los tipos de interés, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor coste hipotecario.

En este sentido, Tinsa indica que la inestabilidad geopolítica podría alimentar un nuevo encarecimiento de la vivienda de obra nueva y acentuar las dificultades de acceso a la vivienda para la población general.

El euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, y cerrará marzo con la mayor subida mensual desde 2023, con lo que encarecerá las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años.

A falta de una sola sesión para que finalice marzo, la tasa media provisional del indicador alcanza el 2,532%, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221%.

Este incremento es el mayor ascenso mensual del indicador desde enero de 2023, cuando escaló 31,9 puntos básicos (respecto al mes previo).

Asimismo, con esa tasa media, el euríbor ha vuelto a niveles de octubre de 2024 (2,691%), y encarecerá las hipotecas por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente.

Esto se debe a que hace un año, en marzo de 2025, la tasa media del euríbor era inferior a la actual, del 2,398%.

Como ejemplo, para una hipoteca de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del euríbor más un punto, el incremento será de unos 132 euros al año.

Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 260 euros anuales.

El euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio de la energía.

El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales.

Los analistas de Ebury explican que el incremento del euríbor responde directamente al aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés a lo largo de este año.

"El detonante principal ha sido el conflicto en Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y el consiguiente repunte en los precios del petróleo y del gas natural. Como importador neto de energía, Europa es especialmente vulnerable a este tipo de disrupciones en el suministro", añaden los mismos expertos, para quienes dicha exposición no solo genera un riesgo de inflación importada, sino también de desaceleración económica.

En este sentido, precisan, el BCE ya "ha abandonado la idea de que se encontraba en una buena posición y ha puesto especial énfasis en los riesgos derivados de la situación en Oriente Medio", en particular en los posibles efectos de segunda ronda sobre la inflación.

En consonancia, y tras revisar al alza sus proyecciones de inflación, el BCE ha dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos.

Pese a ello, los mismos analistas prevén que el euríbor se estabilice en torno a los niveles actuales, al menos hasta que aparezcan señales más sólidas y creíbles de desescalada en el conflicto bélico.

Desde Asufin, advierten de que, ante este escenario donde el euríbor mantiene una tendencia compleja y volátil, la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles depende directamente de la modalidad de sus contratos.

Según sus datos, aproximadamente el 59% del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, y por tanto, "cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas, reduciendo su renta disponible para el consumo".

Por el contrario, los hogares con "blindaje financiero" suponen el 41% restante, al disponer de cuotas fijas, dice Asufin, que no obstante, alerta de que las nuevas hipotecas fijas se están revisando al alza.

El ascenso del euríbor ha roto con varios meses de estabilidad, ya que el mercado no espera movimientos por parte del BCE con una inflación controlada.

No obstante, tras el estallido de la guerra, el euríbor ha pasado de una tasa diaria del 2,222% en el último día de febrero, hasta alcanzar un máximo en 2,929% el pasado día 24, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

Asimismo, ha llegado a registrar sus mayores subidas diarias desde 2008.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

Sumar empuja con toda su fuerza. El objetivo es que el Congreso convalide el decreto con medidas de vivienda aprobado el pasado viernes tras un duro enfrentamiento con el ala socialista durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para alumbrar ayudas que reduzcan el impacto económico de la guerra de Irán. Ahora mismo no salen las cuentas en la Cámara Baja.

La vivienda se ha convertido en la principal bandera política para los partidos del espacio de Sumar, que van a llevar la presión también a la calle hasta la votación en la Cámara Baja (aún sin fecha concreta, pero el texto debe pasar por la Carrera de San Jerónimo en un plazo máximo de 30 días). Para esta ala del Gobierno, la crisis habitacional es el principal problema del país y por eso busca poder aplicar medidas más intervencionistas en un mercado desbocado.

Pero no es solo una cuestión de sus dirigentes. Las propias bases de esos partidos y sus simpatizantes también empujan para que se adopten soluciones más efectivas para controlar los precios del alquiler y de la venta, que baten récords cada mes. Y es que el electorado progresista muestra unos grados de preocupación más altos que los votantes del PP y de Vox por la vivienda.

¿Cuál es el problema que más te afecta personalmente? Ante esta pregunta del barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 19,8% de los votantes que eligieron Sumar el 23J (donde se incluye Podemos) responde que la vivienda. En el caso de los socialistas, el porcentaje es del 15,1%, mientras que esa primera contestación la da el 9% de los que apoyaron al PP en las últimas elecciones y el 8,8% de los de Vox.

En el caso del Partido Popular, entre sus votantes hay más preocupación personal por la crisis económica (15,4%). Y en el ámbito de Vox, sus electores colocan por encima de la vivienda las cuestiones de la crisis económica (23,4%) y de la migración (9,3%). En cambio, la vivienda aparece en primer lugar tanto para los que apoyaron a Sumar como los que respaldaron a Pedro Sánchez.

Si se tienen en cuenta los tres problemas personales más citados, como recoge el CIS, los votantes de Sumar son los que están más preocupados (con un 40,8%), por delante de los del PSOE (28,9%), de los del PP (21,1%) y de los de Vox (19,4%).

Además, los votantes de la izquierda transformadora son también los que consideran en mayor medida que la vivienda es el principal problema del país (lo cita como primera opción el 46,3%). Después aparecen los electores de EH Bildu (40,9%), ERC (36,8%), BNG (35,6%) y PSOE (31,8%). En cambio, sólo cita la vivienda como primera gran preocupación del país el 17,2% del electorado del PP y el 5,8% de Vox.

Las miradas están puestas de igual manera en Junts, que ha cargado duramente contra el decreto de vivienda aprobado el viernes. ¿Qué opinan sus electores? Según la encuesta del CIS, la vivienda es el segundo problema que más afecta personalmente a los votantes de Puigdemont, ya que el 9% la cita en lo más alto. Solo lo superan las cuestiones de índole económica (15,8), y tiene muy cerca la inseguridad ciudadana (8,7%). Cuando se pregunta a nivel general cuál es el principal problema de país, los votantes posconvergentes sí sitúan a la vivienda en primer lugar (23,7%), por delante de la inmigración (13,8%).

A pesar de que ahora mismo el decreto parece abocado a no salir adelante en el Congreso, los ministros de Sumar están planteando una gran ofensiva para convencer a los partidos que están en el no. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señaló este lunes: "Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa”.

El ministro calculó que la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que recoge el decreto afecta a un millón de revisiones y a dos millones de ciudadanos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, animó a los inquilinos a reclamar ya esa aplicación al estar vigente el texto acordado por el Consejo de Ministros.

El ala de Sumar en el Gobierno quiso escenificar este lunes una foto de unidad en la reunión del grupo parlamentario en el Congreso, a la que acudieron todos los ministros. Díaz lanzó este mensaje: "Yo quiero dar la enhorabuena a los ministros y ministras, y a todo el espacio político de Sumar, porque la batalla fue gruesa. Hemos tenido ya tantas de estas dentro del Gobierno que es importante darlas para justamente ganarlas”. Acto seguido, remarcó: "Lo que os pido es que hagamos lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Que sigamos ganando derechos, que tengamos mucha fortaleza, mucha entereza”.

En esta reunión, la titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, expresó: “No sabéis la cantidad de gente que me ha escrito durante el fin de semana, a izquierdas y derechas, para darme la enhorabuena por habernos plantado y haber puesto esto en el foco”. “Necesitamos hacer un torniquete al principal motivo de sangría de los salarios y de la vida tranquila de nuestro país. Nos han llegado a decir que era un paripé. Pues bienvenidos todos los paripés que les ahorren 400, 500 o 600 euros a las familias”.

En el espacio de Sumar hay una queja constante a los frenos que ponen los socialistas a la hora de tomar medidas efectivas y hay un enfrentamiento constante con el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez. Asimismo, hay un convencimiento de que se debe ir mucho más allá en esta materia si se quiere conservar el Palacio de la Moncloa en las elecciones del próximo año.

El ala socialista era reacia a incluir estas medidas ante el escenario de que no salga el decreto en el Congreso. Finalmente aceptó otro texto específico. En cambio, los ministros de Sumar asumen ese riesgo de perder la votación, pero creen que todos los partidos deben quedar retratados con su posición en la Cámara Baja.

Esta presión de Sumar llega también en un momento de convulsión en la izquierdas tras los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Los partidos del espacio de Sumar están organizando nuevos actos en Cataluña y en Andalucía, aunque también se ha acelerado el debate sobre los nombres. La semana pasada el ministro Bustinduy descartó ser el número uno, una plaza ahora vacía tras la decisión de Díaz de no volver a presentarse. Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, continuará con su agenda de actos con uno en Barcelona junto a Irene Montero (Podemos) el próximo 9 de abril.

Funcionan las 24 horas, no requieren de personal y suelen ocupar espacios en el centro de las ciudades más turísticas de España. Son los locales de taquillas para guardar equipaje, un negocio que crece de la mano del turismo y de los apartamentos vacacionales. Basta con abrir alguno de los buscadores de consignas online y situarnos en la capital para que al momento aparezcan decenas de puntitos señalando sus ubicaciones, casi medio centenar en Madrid. Algo similar ocurre en otras ciudades con alta afluencia de visitantes como Barcelona, Sevilla o Valencia y en zonas cercanas a grandes nodos de comunicaciones como estaciones o aeropuertos.

En el centro de la capital, al lado de la madrileña sala de conciertos El Sol, un local amarillo con un cajero ATM incrustado en el escaparate ofrece taquillas que van desde seis euros al día por guardar una maleta pequeña a los 19 euros diarios por un espacio para tres unidades. En la misma calle se puede ver algún signo más de lo que se denomina turistificación: varias franquicias de comida, un local para reservar bicis y tours guiados o apartamentos turísticos a los que se accede con un código QR.

La demanda de estos servicios está vinculada a turistas que llegan a la ciudad o regresan hacia su lugar de origen y necesitan un espacio donde aparcar sus maletas por unas horas antes de poder entrar a su alojamiento o tras el check-out. Un servicio que los hoteles suelen prestar, pero que en el caso de los apartamentos no siempre está disponible. Los cambios en la composición de los barrios turísticos más demandados empiezan por el tipo de comercios que albergan y, en este caso, las taquillas para maletas son uno de los servicios que se ve reforzado.

La mayoría de estos negocios se sitúan en bajos comerciales y funcionan sin apenas personal, ya que las taquillas son automáticas y el acceso está regulado por un código que reciben los usuarios. “Negocio innovador con alta automatización, ideal para inversión y con bajo coste laboral”, publicita una de las empresas que ofrece franquicias para personas dispuestas a invertir en el sector.

En Madrid, varias empresas y algunos nombres como Locker in the City o Lock & Be Free cuentan con más de una decena de bajos en la zona centro. Otras como Locker4rent cuentan con siete y Lock & Enjoy suma hasta cinco, según señalan en su web. No todas registran beneficios, pero en este último caso, su depósito de cuentas recoge que cerraron 2024 con un resultado de 89.108 euros y dos empleados. "A diferencia de otros negocios, no es necesario contratar empleados para la atención al cliente, ya que el sistema automatizado permite a los usuarios gestionar sus propias reservas y acceder a las taquillas sin intervención humana", señala otro anuncio para atraer franquiciados. En este caso ponen en valor la rapidez del retorno y la baja inversión inicial: taquillas físicas y un software que controle su funcionamiento. Un pequeño detalle que no se suele mencionar es que hay que contar con un local, o con pagar un alquiler en caso de que el emprendedor no cuente con uno.

Fuentes del sector señalan a infoLibre que el sector ha crecido mucho en los últimos años. Si bien el turismo y las viviendas vacacionales son uno de los motores de su actividad, también matizan que la crisis inmobiliaria les ha complicado el proceso de apertura por el encarecimiento en el alquiler de los locales. Amortizar una inversión inicial con un modelo empresarial que se basa en muchas y pequeñas cantidades de dinero ya no resulta tan sencillo y tampoco conseguir más ubicaciones para escalar el negocio y trabajar con mayor volumen. Aunque en este segundo caso, puntualizan, se vuelve necesario contar con personal que gestione reclamaciones o incidencias y los gastos aumentan.

En un rastreo por la web y por el listado de locales que ofrece la Comunidad de Madrid, se pueden identificar hasta casi medio centenar de establecimientos dedicados a esta actividad, con especial incidencia en la zona centro. En la lista hay desde sociedades limitadas de titularidad particular hasta franquicias o compañías que diversifican su actividad con este tipo de negocios. Desde el sector señalan que este modelo de negocio, pese a proliferar, también tiene un alto porcentaje de cierres.

Haciendo un repaso por otras empresas que ofertan servicios similares en la capital, aparecen, además de las ya mencionadas taquillas, locales como estancos, floristerías, mercerías, bares..., dedicados a otras actividades, pero que sirven también como puntos para dejar el equipaje y con ello ganan una comisión por cada maleta o artículo almacenado.

El turismo y el empuje de la vivienda vacacional están cambiando el perfil de los barrios, con una oferta de comercios más centrada en los visitantes y que ha desdibujado los negocios de toda la vida. El número de viviendas vacacionales en Madrid ha ido creciendo en los últimos tiempos.

En el distrito Centro, el 5,9% de su parque residencial, un total de 5.098 pisos, está destinado al alquiler vacacional, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) fechados en noviembre del pasado año. Esta concentración es muy superior a la del resto de la ciudad, que de media alcanza el 0,82%. Es el caso de la sección que incluye la Puerta del Sol, Canalejas y el entorno de la parada de metro de Sevilla; los pisos turísticos alcanzan el 19% sobre el total de viviendas. Esto sin contar aquellas que podrían estar operando sin las licencias precisas, las ilegales. De hecho, el verano pasado apenas un 10% de los pisos turísticos estaban inscritos en el registro obligatorio. El Ministerio de Consumo, en un informe publicado hace un año en base a anuncios de viviendas en portales inmobiliarios, apuntaba que en Madrid habría hasta 16.335 alojamientos ofertados sin licencia.

Cinco de los diez distritos que más se han gentrificado en toda España durante la última década están en Madrid y el resto en Barcelona, de acuerdo con un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Los investigadores han analizado datos desde el año 2012 hasta 2021 para ver cómo actuaba el encarecimiento de los precios y la sustitución demográfica de las clases bajas por otras más elevadas. Otro fenómeno que constatan es la llegada de la gentrificación a zonas más populares y alejadas del centro. En Madrid cita, por ejemplo, el barrio de Carabanchel, más allá de la M-30. Mientras todos estos cambios reconfiguran el espacio urbano, el precio de la vivienda sigue su tónica habitual y el pasado viernes los datos definitivos del INE corroboran que al cierre de 2025 el incremento anual fue del 12,7%, su mayor alza desde 2007.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este viernes que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, uno de los dos aprobados este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán "en profundidad" para decidir su voto.

Tellado lo ha apuntado así en rueda de prensa en la sede del partido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la aprobación de ambos decretos ley en la Moncloa, los cuales tendrán que ser convalidados próximamente en el Congreso, aunque surtirán efecto desde su publicación.

El número dos del PP ha llamado al decreto ley de vivienda, "el de izquierdas", al provenir de Sumar, mientras que el otro, "el de derechas", ha dicho que incluye medidas ya propuestas por el PP, por lo que ha añadido dirigiéndose a Sánchez: "Bienvenido a la 'fachosfera'".

Fuentes del PP han precisado que su voto a favor solo estaba garantizado si el decreto con las medidas frente a la guerra incluía "todas y cada una" de sus propuestas y ninguna otra.

Estudiarán el texto que publique mañana el Boletín Oficial del Estado y tomarán una decisión más adelante, pero "Sánchez haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que le apoyen", apunta.

Tellado ha advertido de que Sánchez ha sido chantajeado por los ministros de Sumar y ha subrayado que "un presidente digno de serlo les habría cesado en cinco segundos", por el plante que ha retrasado el inicio de la reunión del Consejo de Ministros casi tres horas.

Además, ha criticado que el presidente se dedique a desafiar a Donald Trump y a Javier Milei, mientras "le doblan el pulso" Ernest Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego.

Ha dicho que Sánchez es "un problema con patas", "un presidente vapuleado" e "hipotecado" que ni merece "tal nombre", para añadir: "Allá cada cual cómo entiende lo que es ser presidente del Gobierno".

"Su dignidad política está por los suelos", ha continuado, debido a que, en su opinión, "para que ese Consejo de Ministros se pudiese celebrar tuvo que dar su brazo a torcer y aceptar elaborar otro decreto".

También ha apuntado que "España merece que los ciudadanos puedan expresar y decidir la España que quieren en las urnas, democráticamente, y dejar atrás este esperpento que es el 'sanchismo'", en el que los ministros se dedican a "pelearse entre ellos", en una "batalla campal" protagonizada por los del 'no a la guerra'.

"La mitad del Gobierno amotinada contra la otra mitad", ha descrito Tellado, además de llamarlo "duelo a garrotazos" en un "Gobierno en llamas", el cual "no puede seguir ni un día más".

Este viernes el Ejecutivo ha dado a conocer el Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio. Tras una semana de contactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la respuesta a la crisis se articularía en dos reales decretos. El primero, centrado en temas de vivienda; y un segundo, más amplio, que busca una "reducción drástica de la fiscalidad energética" con bajadas de impuestos en los carburantes, la electricidad y el gas.

Los dos decretos, que se han aprobado en el Consejo de Ministros, entrarán en vigor cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —previsiblemente este sábado— y luego contarán con 30 días para su ratificación. El segundo, que incluye las medidas fiscales, pasará por el Congreso la semana próxima, ya que cuenta con los avales necesarios, según explican fuentes del Ejecutivo. En cuanto al primero, relativo a la vivienda, es más polémico y requerirá previsiblemente de más tiempo para negociarlo con los grupos parlamentarios. Cabe recordar que las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts.

La vivienda ha estado en el centro de la polémica durante toda la negociación. A lo largo de esta semana, el ala de Gobierno de Sumar insistía en ella, pero el Ministerio de Economía pedía tiempo para valorar el impacto de la crisis en este ámbito. Finalmente, este viernes, se ha incluido una propuesta para prorrogar por dos años todos los contratos de alquiler que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

El plan también prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas mientras dure esta crisis. Por otro lado, trata de imponer medidas para evitar que las rebajas se transformen en un aumento de los beneficios empresariales y no lleguen a la gente. Así, articula un control de los márgenes de las empresas que vigilará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El escudo social se complementa con un bono social eléctrico para familias vulnerables que será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos. También propone reforzar el bono social térmico, prohibir el corte de suministros a los consumidores vulnerables y flexibilizar por ley los contratos de suministros de energía para empresas y autónomos.

En el ámbito laboral también se ha acordado acelerar la implementación de planes de movilidad sostenible. Así, las empresas deberán promocionar formas de movilidad colectiva para sus trabajadores, de forma que su factura en combustibles se reduzca. Esta era una regulación que se esperaba para el año próximo, pero que ahora se adelanta en el marco de la crisis por la guerra de Irán.

En la parte que toca a la energía, las bajadas impositivas son el centro de la propuesta. El Ejecutivo reducirá el IVA del gasóleo, gasolina y otros combustibles del 21% al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante o de 20 euros por depósito medio. También se reduce el impuesto especial a los hidrocarburos y se aplica una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.

El paquete contempla una bajada del IVA de la electricidad y el gas natural al 10% y también lo hace para otros productos como los pélets y la leña. El impuesto especial eléctrico, que se refleja en las facturas de los hogares, se reduce del 5% al 0,5%, y se suprime temporalmente el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que pagan las empresas. Todo junto supone, según el Ejecutivo, una rebaja fiscal del 60%. Por otra parte, a la bombona de butano y propano también se le aplicará un tope de precio.

En este punto es donde la CNMC tendrá un papel importante, para controlar que las compañías no absorban las bonificaciones y terminen cobrando un precio superior a los consumidores. Según ha explicado Sánchez, se ampliará la supervisión y las sanciones a las empresas que lleven a cabo estas prácticas.

Por sectores, el Ministerio de Economía había insistido esta semana en la necesidad de respaldar a aquellos que tienen una mayor incidencia en la cesta de la compra, en aquellos que sufrirían un choque más severo con el precio de la energía disparado o los que no podían abastecerse de materias primas necesarias para su producción. Por eso el plan pone el foco en la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas.

Primero ofrecerá una ayuda extraordinaria y temporal de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional. Ayudas para la compra de fertilizantes y líneas de financiación pública. En este último caso, se han anunciado préstamos ICO/MAPA/SAECA, creados para ayudar a compensar las pérdidas de rentabilidad en el campo y la pesca.

Sobre la industria, se planean bonificaciones del 80% de los peajes eléctricos a las empresas electrointensivas, lo que les supondría un ahorro de 200 millones de euros en total.

Para completar el paquete de respuesta en lo que tiene que ver con el consumo energético, el decreto de ayudas incluye una deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y para la instalación de placas solares. También mantiene otra deducción del 15% en el IRPF por comprar vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible y la simplificación de los procedimientos administrativos para renovables.

Es cada vez más cara, escasa, supone la principal preocupación de los españoles y hasta pone un punto de sombra en el momento favorable que vive la macroeconomía. La vivienda está en el centro de la economía social y, a la hora de negociar el paquete de respuesta a los posibles efectos de la guerra de Irán, ha surgido como la principal polémica dentro del Ejecutivo. Sumar, ERC, Bildu y Podemos presionan para que el paquete anticrisis recoja medidas de apoyo a los alquileres, pero por el momento no parece que esta presión vaya a tener efecto. Desde la parte socialista, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicaba que las medidas del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio están ajustadas al impacto económico que se está observando e insistía en que el escenario es distinto al que se vivió en 2022 con la invasión de Ucrania. Así, un eventual escudo en materia de vivienda quedaría condicionado al comportamiento de los precios.

“La principal medida que estamos pidiendo es la prórroga de todos los contratos de alquiler que vencen este año”, señalan fuentes de Sumar. De hecho, el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, había declarado esta semana que la vivienda estaría entre los pilares del paquete. “En primer lugar, un nuevo escudo energético que proteja de manera reforzada a los consumidores más vulnerables. En segundo lugar, medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España”, enumeró. Del lado de Economía insisten en la “flexibilidad” y en “hacer seguimiento continuo de este impacto para evaluar la eficacia de las medidas”, aunque no han concretado si a medio plazo se contemplan intervenciones específicas en el ámbito inmobiliario.

En el centro de la polémica están los alquileres, uno de los principales factores de gasto para las familias y que podría verse agravado en un eventual escenario de aumento de la inflación y subida de precios generalizada. “Las inquilinas ya necesitaban apoyo por parte de las instituciones antes de la guerra de Irán, pero la situación derivada del conflicto hace que esta intervención sea más urgente que nunca”, señalan fuentes de Sumar. Las medidas antidesahucio, prorrogadas desde 2020 —cuando se implantaron para responder a la crisis del covid y se mantuvieron por la guerra de Ucrania—, decayeron en febrero al no obtener respaldo en el Congreso por los votos negativos de PP, Vox y Junts. Pero en el escenario de una nueva crisis, Sumar, Podemos, ERC y Bildu ven una oportunidad para recuperar este escudo. La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pedía intervenir el mercado, a la vez que Podemos criticaba la "inacción del Gobierno" y señalaba que "no se va a tomar ningún tipo de medida en materia de vivienda".

Para el Ministerio de Economía, las medidas que eventualmente se puedan tomar están condicionadas a la evolución de los precios. Por ahora, el golpe más acusado ha llegado al precio de los combustibles, pero en los organismos monetarios internacionales como la Reserva Federal estadounidense, coloquialmente conocida como la Fed, o el Banco Central Europeo (BCE) se observa la evolución de la inflación con cautela. Al igual que había hecho la Fed, el BCE decidió ayer mantener sin variación los tipos de interés en el 2%, pero aventuraba un repunte en los precios a corto y medio plazo.

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", apuntaba el BCE en su balance. Además, en esta nueva coyuntura, el organismo aumentó al 2,6% la subida de los precios para 2026, siete décimas más de inflación que en sus últimas previsiones. Pese a todo, la presidenta del organismo, Christine Lagarde, lanzaba también un mensaje de calma: "Estamos bien situados para navegar en esta incertidumbre", señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Otra variable a considerar a la hora de ponderar el impacto de la guerra en los bolsillos son las hipotecas. Se espera un repunte del euríbor —índice de referencia para los préstamos hipotecarios mixtos o variables— para el mes de marzo que alcanza ya el 2,4% y ha hecho que los bancos ya se centren en ofertar modalidades de hipoteca fija al 3%.

Cuerpo ha insistido en que "con Ucrania se aprobaron siete paquetes de ayuda" y no ha descartado incluir medidas más adelante, aunque tampoco ha concretado en qué podrían consistir. En anteriores experiencias, además del escudo social, el Gobierno aprobó medidas que incluían la posibilidad de alargar los plazos de pago, periodos de carencia o protocolos de refinanciación de deuda en el caso de hipotecas.

Del lado de Sumar insisten en la urgencia de la medida más allá de la crisis internacional. "En un contexto de subidas de alquiler que van desde el 25% al 70% en algunos territorios, se suma un evidente encarecimiento del coste de vida derivado del aumento de los precios del petróleo, y la vivienda tiene un impacto extraordinario en estas economías familiares que ya van al límite", señalan a infoLibre fuentes del grupo.

Hasta ahora, las iniciativas para mantener el escudo social en materia de vivienda han naufragado al pasar por el Congreso y las mismas fuentes aseguran que las negociaciones en el seno de la coalición continúan en marcha. "Seguimos negociando e insistiendo en que son medidas necesarias para este escudo social, aunque el PSOE eche balones fuera".

Este miércoles comenzó el proceso judicial entre el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la inmobiliaria Alquiler Seguro. La demanda, interpuesta en 2024 por los inquilinos organizados en torno a la agrupación, acusa a la empresa de cobrar “honorarios encubiertos” y de retener “de forma irregular el depósito de la fianza de los alquileres”. Azael Babiano, abogado de la acusación, explicó a la salida de los juzgados que, tras la audiencia previa de hoy, la primera vista se ha fijado para febrero de 2028. “A los inquilinos que estaban pagando estas cláusulas les hemos dicho que dejaran de hacerlo porque son abusivas”, explican desde la agrupación sindical. Pese a que el juicio se dilatará otros dos años, este es un capítulo más en la batalla que muchos arrendatarios libran contra los sobrecostes que imponen ciertas agencias de alquiler de vivienda. 

El caso más llamativo son los honorarios de agencia, una tasa que se declaró ilegal en 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda. Desde ese momento, la normativa entiende que estas empresas ofrecen un servicio a los caseros y, por tanto, el inquilino no es quien debe abonarla. “Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia”, señalaba a infoLibre el portavoz del Sindicato de Inquilinas madrileño, Pablo Pérez. La “asimetría” de poder y “la urgencia del mercado”, explicaba, terminan por obligar a la gente a aceptar “condiciones abusivas o ilegales” si quieren tener un techo. En el caso de esta demanda, el sindicato afirma en su nota que “Alquiler Seguro camufla esta práctica bajo el sobrenombre de ‘servicio de atención al inquilino’, un servicio inventado que los inquilinos no reciben, no firman y del que no pueden desistir”.

La empresa tiene dos frentes abiertos: por un lado, una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Consumo por prácticas ilegales; por otro, la denuncia del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que este miércoles ha llegado a los juzgados de Plaza Castilla. "No lo decimos únicamente nosotras. Tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3,6 millones de euros por esas mismas prácticas abusivas", explica Rufina Parra, una de las afectadas y portavoz de los inquilinos. 

La agrupación sindical señala que la documentación aportada durante el procedimiento investigador “proveniente de varias afiliadas al sindicato”, demostraría que la inmobiliaria “exige en concepto de ‘garantía adicional’ unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino con las que se quedaba la propia empresa”, apunta en una nota de prensa. “Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico seguro de impago”, añaden. Además de estos dos puntos, también denuncian un presunto delito contra la protección de datos, al “obligar” a ceder sus datos a las dos partes implicadas en los contratos de alquiler.

La demanda comenzó su recorrido hace dos años y para sustentarla, el sindicato enumera diversas prácticas de dudosa legalidad: “Solicitan una cantidad de 200 euros por reservar un piso y puedes acabar perdiéndolos si al final no eres el inquilino elegido. Hay una letra aún más pequeña en la que se indica que, si pagas ocho euros, te aseguran la devolución de la reserva”. En otros casos hablan de exigencias como revisar “los últimos tres meses de movimientos bancarios” o exigir "un pago de 180 euros" por un estudio de solvencia cuando haya un cambio de nombres de las personas que habitan la vivienda.

La sanción del Ministerio de Consumo tenía también como objetivo poner el foco en una práctica que no se limita solo a una compañía. "Es un mensaje a otras empresas", señalaba el ministro Pablo Bustinduy tras anunciar la apertura de expediente. Su intención, apuntaba, era "enviar un mensaje a las empresas que están incurriendo en este tipo de prácticas, especialmente en materia de vivienda". Por su parte, Alquiler Seguro sostenía en una nota de prensa que cumplía con la ley y que "todos los servicios de la compañía son públicos, transparentes y voluntarios".

Estas tasas abusivas son, para los colectivos de vivienda y las asociaciones de consumidores, el gran elefante en la habitación. Facua ha denunciado en varias ocasiones y el propio sindicato ha mediado en reclamaciones que no llegaron finalmente a los tribunales. "Los tiempos de la justicia son lentos", apuntó Babiano a la salida de los juzgados, quien también se mostró optimista sobre el desenlace de la sentencia. "El resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando", concluyó.

Pero también hay sobrecostes abusivos que van más allá de este caso concreto: seguros de impago que debería abonar el casero, pero repercuten en el inquilino; cobros por visitar una vivienda que ni siquiera sabes si vas a alquilar; o gastos indebidos de comunidad y basuras son algunos ejemplos habituales que denuncian quienes buscan piso en la vorágine del mercado inmobiliario. 

Además, un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA, por sus siglas en catalán) titulado El impacto de las inmobiliarias en el mercado del alquiler constata que estas prácticas han aumentado en los últimos años. En el caso de Madrid, entre quienes llevan más de 5 años en la misma vivienda, un 29,8% afirma haber pagado honorarios a la inmobiliaria. Entre personas que llevan menos de cinco años, ese porcentaje se dispara al 62%. El informe también constata que las agencias gestionan una parte cada vez mayor de las viviendas en alquiler; en concreto, median en el 34% de las operaciones en Madrid y en el 74,8% en Barcelona.

El informe de IDRA coincide con la sensación de los sindicatos de inquilinas. "Los honorarios de las inmobiliarias suelen calcularse en base al precio del alquiler, y todo parece indicar que en una parte significativa se sigue repercutiendo al inquilino y no a quien contrata el servicio de gestión, a pesar de que contraviene la Ley de Vivienda de 2023", concluyen.

Los sindicatos advierten que la persistencia de esta práctica se alimenta de la presión por conseguir un piso y de la altísima demanda. Ambas hacen que muchas personas terminen pagando estas tasas ilegales, aun sabiendo que tienen derecho a negarse, para conseguir un techo. Un dato que ayuda a ponderar la velocidad del mercado del alquiler es que el 15% de las viviendas que se anunciaron en el portal Idealista tardaron menos de 24 horas en encontrar un inquilino. En Barcelona y Girona ese porcentaje se elevó hasta el 36% y en Madrid se quedó en un 11%.

En cuanto a los precios, este miércoles un informe de UGT apuntaba que las mensualidades del alquiler cada vez se llevan un bocado mayor de los salarios. Constata, en base a 4.300 entrevistas, que casi el 40% de los inquilinos destina más del 40% del salario al pago y que un 31% se había mudado de piso cinco veces o más. "El alquiler es insostenible", remataba el estudio. Y más aún, si se le suman costes extra.

En España, la vivienda se ha convertido en el germen de las desigualdades sociales. El coste del alquiler y la compraventa se ha disparado en el último lustro. Ya hoy, una de cada tres personas dedica más de la mitad de sus ingresos al pago de la renta y una de cada cinco, invierte también más del 50% al pago de su hipoteca. Así lo reflejan los datos del nuevo informe de la ONG Oxfam Intermón que ahonda en la crisis de la vivienda como un problema coyuntural que está agravando la desigualdad económica en España. 

Los datos, extraídos de la encuesta realizada por la organización en 2025 a 4.102 personas, reflejan una crisis palpable que se ha convertido, según la última encuesta del CIS, en el principal problema de los españoles. De hecho, el pasado 2025 finalizó con un incremento interanual del 13% y el nuevo récord histórico: 2.230 euros por metro cuadrado.

Pese a que la compra de vivienda es ya algo de por sí visto como un ‘imposible’ por muchos españoles, sobre todo los más jóvenes y precarizados, esta situación se amplifica para aquellos que pagan un alquiler. Según el informe, el 61% de las personas inquilinas no logra ahorrar debido a los elevados costes de la renta y más de la mitad de ellas (58%) considera improbable poder adquirir una vivienda en el futuro.

Para las personas que ya poseen una vivienda en propiedad la situación es bien distinta. El 60% de quienes tienen su casa completamente pagada sí ahorra todos los meses. Lo que prueba que la vivienda se ha consolidado como el mayor obstáculo que se interpone entre el bienestar socioeconómico de más de la mayoría de la población. 

“El acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas pero es especialmente difícil para quienes pagan una renta. En esta situación se perpetúa la ‘trampa del alquiler’: los altos precios impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante”, señala Alejandro García-Gil, autor del informe y responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón.

Tener una vivienda o vivir de alquiler puede ser el factor más determinante de una persona para lograr ahorrar a fin de mes. Mientras que para los propietarios es la norma, para los inquilinos la palabra ahorro se ha convertido casi en un espejismo. El informe lo deja claro: una persona inquilina que ingresa 2.000 euros al mes tiene prácticamente la misma capacidad de ahorro (51,9%) que alguien con hipoteca que gana 1.500 euros (50,2%). 

“Corremos el riesgo de consolidar una brecha cada vez mayor entre quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y quienes ya cuentan con vivienda y capacidad de ahorro. Una desigualdad que puede marcar el futuro social y económico del país”, alerta García-Gil.

Otro de los grandes riesgos de esta dinámica es el conocido como el de los ‘desahucios invisibles’, un problema que sufren una de cada tres personas que pagan renta. Esto se define en el informe como “finalizaciones de contrato o subidas inasumibles que derivan en mudanzas forzosas”. 

Esto afecta, sobre todo, a los sectores de población más vulnerables. Las personas extracomunitarias lo sufren en un 37% de los casos y los menores de 35 años en un 32%. Esto se tradujo para estos últimos en que la mitad tuvo que volver al hogar familiar. Además, esta situación va ligada con el fenómeno de la gentrificación. El 60% de las mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, con el consiguiente debilitamiento de redes sociales y comunitarias.

Las condiciones de vida son las primeras afectadas por la crisis y muchos se han visto abocados a tener que realizar grandes renuncias en elementos básicos para la vida como los suministros esenciales, algo cuyo pago no pudo enfrentar el 19,2% de la población en el último año. El informe sitúa a los alquilados, de nuevo, en el centro de esta problemática: el 13% comparte su hogar con personas sin parentesco, una proporción que alcanza el 22% entre la población migrante. Una realidad, además, que parece no entender de edad ya que afecta también a una de cada diez personas de entre 35 y 54 años. 

“Hablar de vivienda es hablar de vidas y de modelo de sociedad”, explica García-Gil. “La vivienda es la puerta de entrada a otros derechos: salud, seguridad, intimidad y cohesión social. Cuando el acceso es inestable, el impacto se extiende al conjunto del bienestar”.

El informe de Oxfam Intermón propone “una respuesta coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”. Tras la negativa del Congreso a la aprobación del escudo social con los votos en contra de PP, Vox y Junts, los más perjudicados vuelven a ser los hogares vulnerables: más de 70.000 desahucios podrían volver a reactivarse, se anula la prórroga del bono social eléctrico y se acaba con la prohibición de cortar suministros básicos, entre otras medidas. 

Es por esto que la organización también pide garantizar “la protección necesaria y alternativas dignas para los más de 60.000 hogares vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciados tras el rechazo del Escudo Social”.

Esta situación de crisis genera una incertidumbre que también tensiona los mercados. Las opciones son cada vez más escasas y el optimismo por poder poseer una vivienda mengua. Por eso la herencia se erige ahora como un mecanismo más relevante para el acceso, algo que sigue perpetuando las desigualdades sociales. El 21,2% de quienes ya tienen casa en propiedad cree probable heredar otra, frente al 11,6% de las personas arrendatarias. 

El informe centra el foco en los problemas de los inquilinos, los más vulnerables. De ahí surgen tres medidas que consideran elementales para ponerle freno a la brecha de la desigualdad que genera el acceso a la vivienda: reforzar la protección a las personas inquilinas mediante la regulación de precios y ampliar la duración de sus contratos, frenar todo tipo de prácticas especulativas y ampliar el parque de vivienda pública impulsando modelos alternativos. 

“Es urgente actuar para asegurar que vivir de alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que permita desarrollar un proyecto de vida con seguridad. Y que, al mismo tiempo, quien desee acceder a una vivienda en propiedad pueda hacerlo”, concluye García-Gil.