A comienzos del año 2012, Patrick Buisson tiene la cabeza en las nubes. Este asesor cercano a Nicolas Sarkozy ha recibido aquel el 6 de enero una carta firmada por el obispo de Luçon (Vendée), Alain Castet, conocido por ser uno de los más conservadores de su generación. El prelado le escribe para “felicitarle vivamente”, ya que viene a anunciarle una noticia divina: el “Santo Padre”, el papa Benedicto XVI, ha decidido nombrar a Buisson comendador de la Orden de San Gregorio Magno, una de las distinciones más prestigiosas del Vaticano.

En su carta, monseñor Castet precisa a Patrick Buisson –quien fue director del periódico de extrema derecha Minute y especialista en sondeos– que el gobierno “de Su Santidad” quiere, con este gesto contundente, consagrar su “papel determinante junto al presidente de la República para promover los grandes principios del derecho natural [en oposición al derecho positivo aplicable por la justicia humana] y el papel esencial de la Iglesia católica en el país”.

Patrick Buisson, inspirador en diciembre de 2007 del discurso de Letrán de Nicolas Sarkozy, según el cual “el maestro nunca podrá sustituir al cura o al pastor”, sabía desde hacía varias semanas que la partida estaba ganada. Otro obispo influyente, también conservador, monseñor Thévenin, ya se había movilizado activamente ante el primer círculo papal para convencer al sumo pontífice de los buenos oficios católicos de Patrick Buisson en el Elíseo.

“Parece evidente que, en opinión de muchos, gracias a su profundo conocimiento de la realidad francesa, su acción junto a Sarkozy ha impedido que influencias más hostiles al mensaje de la Iglesia pudieran ejercer presión sobre la política francesa”, se lee en una carta enviada por monseñor Thévenin al Gobierno del Vaticano.

¿Es Patrick Buisson un mensajero de dios en la cúspide del Estado? Cuando la cuestión del “entrismo islamista” de los Hermanos Musulmanes en la sociedad francesa está dando mucho que hablar desde la reciente publicación de un informe oficial cuanto menos controvertido, Mediapart ha reunido numerosos elementos inéditos que dan testimonio de la implantación de otra forma de entrismo, en este caso católico tradicionalista, en el corazón mismo del poder público.

Los documentos obtenidos por Mediapart proceden precisamente de los archivos personales de Patrick Buisson, un spin doctor tan metódico como paranoico, que lo anotaba y grababa todo. “Entre 2010 y 2012, Patrick Buisson está en su apogeo, es el más poderoso”, confirma su exdiscípulo Nicolas Diat, hoy editor de Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional (RN), en la editorial Fayard, adquirida por el grupo Bolloré.

Los actores y las estrategias que se pusieron en marcha hace unos quince años revelan los nombres de aquellos que, formados en la escuela Buisson, continúan hoy de diferentes maneras su empresa político-religiosa en la cumbre del Estado y en los medios de comunicación.

Discreto y solitario, Patrick Buisson no aparece en ningún organigrama; trabaja en la sombra, apoyándose en un puñado de asesores políticos o eclesiásticos. Todos comparten la misma visión de Francia y de sus “raíces cristianas”, de la “familia” y de la Iglesia, en sus formas más tradicionalistas.

Además de Nicolas Diat, asesor especial de Laurent Wauquiez en el ministerio de Asuntos Europeos (2010-2011) y luego en el de Educación Superior (2011-2012), se ganó la confianza del “plumilla” de Nicolas Sarkozy en el Elíseo, Camille Pascal, con quien se coordina para radicalizar la línea política del presidente contra “los tecnócratas” del Elíseo, en palabras de Patrick Buisson. 

El 1 de marzo de 2011 se inicia así un pulso con los asesores del jefe del Estado, que quieren eliminar el discurso “sobre los orígenes cristianos de Francia”, escrito por Camille Pascal, catedrático de Historia al que "Benedicto XVI devolvió la fe".

Nicolas Sarkozy debía pronunciarlo dos días después en Le Puy-en-Velay, la ciudad de Laurent Wauquiez y punto de partida de la peregrinación a Santiago de Compostela, para allanar el terreno de una campaña presidencial identitaria. “Le he dicho al PR [presidente de la República] esta mañana que había leído tu discurso y que me había parecido excelente”, le dice en un mensaje Patrick Buisson a Camille Pascal.

Para evitar los obstáculos y las luchas de influencias en el Elíseo, ambos hombres han desarrollado sus propias artimañas. “Mi querido Patrick, aquí tienes a ‘mi’ Juana, te la entrego...”, escribe Camille Pascal a Patrick Buisson el 4 de enero de 2012, enviándole la primera versión de otro discurso que Nicolas Sarkozy debe pronunciar en homenaje a Juana de Arco, encarnación de las “raíces cristianas de Francia”.

“Te dejo que juzgues y espero con impaciencia y ansiedad tu opinión y tus propuestas de enmiendas”, precisaba el autor, que se tomaba su tiempo en transmitir su versión al resto de miembros del gabinete del presidente. “Aquí me acosan para que entregue mi copia lo antes posible, incluso esta misma tarde. Ya te imaginas por qué...".

Aparte de Patrick Buisson, que es su “segundo lector”, solo ha dejado leer el proyecto a otra persona: su esposa, Caroline Pascal, alta funcionaria de Educación Nacional. Ahora convertida en la número dos del ministerio dirigido por Élisabeth Borne, Caroline Pascal está actualmente imputada por querer proteger el colegio católico Stanislas o por haber impedido el encargo de una versión revisada en cómic de La Bella y la Bestia.

La lucha entre Patrick Buisson y Camille Pascal llega a veces a los más mínimos detalles. Como cuando el primero coló un símbolo católico durante una gran concentración de la UMP en Marsella, en septiembre de 2011.

“¿Te has fijado en la gran foto de Marsella que servía de telón de fondo a la tribuna? Todos los oradores hablaron bajo la protección de Notre-Dame-de-la-Garde sin que nadie le prestara realmente atención. Creo que esta presencia no debió de pasar desapercibida para nuestros amigos de las logias [masónicas], cuyo ojo es más agudo que el de los medios de comunicación. Oh, Madre Santa...”, se regocijaba.

“Me di cuenta”, le respondía Camille Pascal, igualmente encantado: “Esas imágenes, casi subliminales, tienen más fuerza que muchos despachos de agencias :-).”

Preguntado por Mediapart sobre su relación con Patrick Buisson, el alto funcionario explica que lo conoció en el Elíseo. “Siempre intervenía como analista y no como polemista”, precisa Camille Pascal, recordando “que no era el único y que otros asesores externos aportaban al presidente sus reflexiones sobre el estado de la opinión y la sociedad” (su respuesta se puede encontrar íntegra en estos anexos).

Patrick Buisson, miembro del movimiento de extrema derecha Occident en su juventud, teorizó desde mediados de los años setenta sobre la importancia de esta batalla cultural que, según él, debía inspirarse en las estrategias de la extrema izquierda tan apreciadas por el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, como cuenta su hijo, Georges Buisson, en un libro, L'Ennemi (edit. Grasset), publicado en 2019. 

Tener a un hombre como Patrick Buisson al lado del presidente de la República fue, por tanto, una verdadera bendición para los católicos tradicionalistas. Empezando por la comunidad Saint-Martin, una de las guaridas de los “tradis” en Francia, cuyos representantes recurren al asesor de Nicolas Sarkozy para los favores.

Patrick Buisson aprecia mucho a un prelado de la comunidad Saint-Martin: el obispo Marc Aillet, convertido en un icono de la extrema derecha católica. Fue párroco de la diócesis de Fréjus-Toulon (Var), donde oficiaba a las órdenes de monseñor Rey —otro obispo tradicionalista valorado por Patrick Buisson, que acabó siendo apartado por el papa Francisco en enero de 2025—, y fue nombrado en 2008, para sorpresa general, obispo de la diócesis de Bayona (Pirineos Atlánticos).

Desde su nombramiento, el obispo ha protagonizado provocaciones, desde la organización de una reunión internacional “provida” con integristas rusos y estadounidenses, hasta la proyección de un vídeo contra el aborto en una catedral de la diócesis, pasando por la creación de un movimiento radical, el Printemps français (la primavera francesa), contra el matrimonio igualitario, a pesar de la oposición del clero local.

Marc Aillet no ha denunciado claramente la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También es el único obispo de Francia que se ha negado a abrir sus archivos a la comisión Sauvé sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Esto no deja de llamar la atención en un departamento afectado por varios casos sonados, entre ellos el escándalo de Notre-Dame-de-Bétharram.

El nombramiento de este obispo tradicionalista era hasta ahora un enigma. Se entiende que fue puramente político al leer una nota de Nicolas Diat, dirigida el 18 de abril de 2010 a Patrick Buisson. Según cuenta el asesor en este documento, sería incluso “obra personal” del arzobispo Nicolas Thévenin, también miembro de Saint-Martin.

Nicolas Diat, que en aquel momento era asesor ministerial, también es conocido por haber sido, paralelamente a sus actividades políticas, el “plumilla” del cardenal integrista Robert Sarah, quien cuenta entre sus fervientes fieles con Vincent Bolloré, magnate de los medios de comunicación de extrema derecha. En particular, impuso que su foto apareciera en la portada de Paris Match en 2022, en contra de la opinión de la redacción, y llevó a cabo una intensa campaña para que sucediera al papa Francisco.

La nota en la que Nicolas Diat cita a monseñor Aillet tiene un objetivo mucho más amplio: pretende reflexionar sobre “el uso de la embajada ante la Santa Sede” para llevar a cabo una agenda política. Según explica a Patrick Buisson, habría sido redactada tras “consultar” a Nicolas Thévenin, nombrado nuncio apostólico (“embajador” del Vaticano) por Benedicto XVI, según explica a Patrick Buisson. Al ser consultado, el arzobispo, actualmente en funciones diplomáticas en Egipto, no ha querido responder a nuestras preguntas. 

Nicolas Diat, por su parte, asume ante Mediapart la autoría de este documento, que “expone el punto de vista de un hombre de derechas”, según relativiza. Pero su alcance va más allá, ya que propone, en particular, garantizar el “control” de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF) anticipando los futuros nombramientos. “Hay que realizar un trabajo minucioso con respecto al episcopado, cuyas declaraciones pueden resultar delicadas”, precisa Nicolas Diat, abogando por la “neutralización de la inquietante politización hacia la izquierda de una parte cada vez mayor del episcopado”.

El consejero basa su argumentación en el terreno ideológico, sugiriendo, por ejemplo, la organización de un gran simposio sobre el islam. El objetivo sería reflexionar sobre “cómo proteger el legado histórico y social de Occidente cristiano frente al avance constante del mundo musulmán”.

Pero, de manera más prosaica, Nicolas Diat también piensa en la campaña presidencial que se avecina, una oportunidad para mezclar cuestiones políticas y clericales. Por ello, propone a Patrick Buisson “organizar reuniones bilaterales con cada uno de los obispos de Francia para pacificar toda la Conferencia de aquí a 2012”, asumiendo que esa iniciativa se inscribe en el “marco de una verdadera estrategia de influencia”.

En efecto, considera además que “será importante conseguir organizar intervenciones públicas a favor del presidente, que necesitará respaldos morales y espirituales”. El asesor toma como “buen ejemplo” el de monseñor Aillet, que en 2010 concedió una entrevista al periódico de extrema derecha Valeurs actuelles para apoyar al jefe del Estado.

“Teníamos una Iglesia de Francia que no seguía en absoluto el juego de Benedicto XVI”, justifica hoy Nicolas Diat ante Mediapart.

En otras notas enviadas a Patrick Buisson en noviembre y diciembre de 2010, transmite las preocupaciones del Vaticano sobre los textos legales relativos a la ayuda activa a la muerte o sobre la evolución de la ley de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado. “Como le he dicho a menudo, las cuestiones morales que afectan a la ética, la familia y el equilibrio de valores son temas en los que la Santa Sede no transige. Por lo tanto, la Santa Sede es susceptible de reaccionar con severidad ante esas cuestiones”, explicaba entonces.

El 9 de noviembre de 2011, también recomendó posponer el nombramiento de un nuevo embajador en Roma. En efecto, le preocupaba que “el gabinete de Alain Juppé [entonces ministro de Asuntos Exteriores] propondrá un único candidato, René Roudaut, actual embajador de Francia en Hungría”. Este último está ciertamente “dotado de auténticas cualidades humanas” —incluso se comprometió personalmente a ayudar a Nicolas Diat en su carrera—, pero “puede calificarse de centrista, cercano a los viejos principios de la democracia cristiana”.

No obstante, René Roudaut es todo menos un enemigo de la derecha. “Lo conozco bien. Es un católico profundo que ama verdaderamente a la Iglesia, con un sincero deseo de servirla —sin renunciar a su rigor profesional— y que siente una gran admiración por Benedicto XVI”, defendía, por ejemplo, el periodista Guillaume Tabard, actual redactor jefe de Le Figaro, en un correo electrónico dirigido a Patrick Buisson en marzo de 2011.

Patrick Buisson, mientras intrigaba en el Elíseo y se enriquecía facturando 2,7 millones de euros en honorarios por encuestas, también se dedicó a elaborar una lista de unos treinta sacerdotes y obispos franceses a los que “promocionar”, basándose, una vez más, en criterios ideológicos.

El 13 de marzo de 2011, tal y como relataron las periodistas de Le Monde Ariane Chemin y Vanessa Schneider en el libro Le Mauvais Génie (edit. Fayard), “hacía de maestro de ceremonias, saboreando su triunfo con deleite” en la ceremonia de condecoración de la Legión de Honor de Nicolas Thévenin. Una ceremonia cuyo discurso fue preparado por Camille Pascal y a la que fueron invitados los obispos Marc Aillet, Dominique Rey y Alain Castet, así como el asesor Nicolas Diat.

Este último ve hoy en el lugar que ocupa Patrick Buisson en la cúspide del Estado un “caso de estudio impresionante”, que da testimonio de un “sistema institucionalmente muy cuestionable”. “Estaba obsesionado por demostrar a Nicolas Sarkozy que era el gran interlocutor en materia religiosa, del Vaticano y de los obispos de Roma”, recuerda, reconociendo el lado “fascinante” de sus métodos, cuyo espíritu critica hoy en día.

En retrospectiva, Nicolas Diat lamenta que Patrick Buisson adoptara una “postura maurrasiana de instrumentalización de la Iglesia, en la que solo prima la política”, en beneficio de intereses puramente electoralistas.

Esa “instrumentalización” se acentuó a medida que avanzaba la campaña de 2012 y aumentaban las dificultades para Nicolas Sarkozy. El 22 de abril, el presidente saliente quedó segundo en la primera vuelta, un punto por detrás de François Hollande. Al día siguiente, un colaborador de Claude Guéant en el ministerio del Interior, Louis de Raguenel, se reunió con Camille Pascal y un destacado sacerdote parisino, el padre Matthieu Rougé, hoy obispo de Nanterre (Hauts-de-Seine).

Por la tarde, Louis de Raguenel, convertido en un pilar de Europe 1 (emisora del grupo Bolloré) y director de redacción de JDNews, el semanario del Journal du dimanche (también del grupo Bolloré), les envía desde su buzón de correo electrónico del ministerio del Interior un mensaje, según él, de “alta” importancia.

“En lo que respecta a los católicos reaccionarios, el PR [presidente de la República, Nicolas Sarkozy], en su profesión de fe, evoca muy claramente su rechazo a la eutanasia, al matrimonio y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo”, insiste Louis de Raguenel. Camille Pascal y Matthieu Rougé son los encargados de tranquilizar a los más reacios.

“He podido mantener una larga conversación con Vincent Montagne [director de la publicación Famille chrétienne]. El mensaje ha calado. Quiere una movilización total”, explica Camille Pascal. El alto funcionario también indica que Patrick Buisson está recogiendo firmas para un “artículo del tipo: Somos católicos, creemos en una serie de valores que solo Nicolas Sarkozy se compromete a defender”. Por su parte, el padre Rougé se encarga de tranquilizar a los “partidarios de Frigide” (Frigide Barjot, portavoz del colectivo La Manif pour tous, actualmente Sindicato de la familia, que reagrupa a asociaciones contrarias al matrimonio homosexual) y de redactar un artículo de opinión. “El objetivo son los católicos que quieren votar a FH [François Hollande] a pesar de sus ‘pequeñas’ transgresiones...”, explica el sacerdote.

Cuando se le pregunta por su iniciativa, Matthieu Rougé explica hoy que su “artículo no era partidista, sino ético”. “No formaba parte de ningún equipo electoral, sino que dialogaba con todos aquellos que lo deseaban, en virtud de la misión pastoral que se me había encomendado”, añade el obispo de Nanterre, que se declara “totalmente contrario a cualquier tipo de entrismo”.

“Que yo sepa, nada prohíbe dirigirse directamente al electorado católico a través de mensajes de alcance político”, responde Camille Pascal, antes de preguntarse: “En un país que, según una reciente encuesta del Ifop, cuenta hoy con un 76% de bautizados y un 46% de franceses que se declaran católicos, ¿se puede realmente hablar de posicionamiento comunitario?”.

En su correo electrónico del 23 de abril de 2012, Louis de Raguenel —que no atendió a Mediapart— también explica a sus dos interlocutores la necesidad de “reconquistar el electorado católico en el oeste de Francia”. Y para ello, señala, hay que “impulsar a B. Retailleau”. Apenas dos semanas después, el diputado por Vendée subió a la tribuna para inaugurar el último mitin de campaña de Nicolas Sarkozy en Les Sables-d'Olonne, un acto en el que el presidente insistió en “el largo manto de catedrales e iglesias” que cubre el territorio francés.

Como recordaba una reciente encuesta de Le Nouvel Obs sobre “el muy católico” ministro del Interior, Bruno Retailleau nunca ha ocultado su fervor. No es ningún secreto: antiguo escenógrafo jefe del espectáculo del Puy-du-Fou, se inició en la política junto al soberanista católico Philippe de Villiers, al que le gustaba soltar que “la República es una mierda” alrededor de la mesa familiar, según uno de sus hijos (en Tais-toi et pardonne!, Cállate y perdona, edit. Flammarion, 2011). 

Tras una larga ausencia mediática, Philippe de Villiers se ha convertido desde hace algún tiempo en una estrella de la cadena CNews gracias a Vincent Bolloré, para gran alegría de la extrema derecha. “Philippe de Villiers es una importante personalidad intelectual en el país. Desde la muerte de Patrick Buisson, es él quien ocupa el papel de figura tutelar de la derecha: tiene una gran influencia”, escribía a principios de junio en Libération la eurodiputada Sarah Knafo, compañera sentimental de Éric Zemmour (político polemista ubicado a la derecha de Le Pen) .

La fe de Bruno Retailleau, también mimado por todos los medios de comunicación del grupo Bolloré, parece concordar con muchos de sus compromisos políticos, desde sus primeros años en la Asamblea Nacional (1994-1997) y luego en el Senado (2004-2024).

Muchos de los temas que ha defendido en el Parlamento han sido los de la extrema derecha católica integrista y su prensa, como el diario Présent: contra el matrimonio igualitario y a favor de la libertad de los alcaldes para no celebrarlo; ataques contra la asociación Act Up-Paris, que supuestamente “promueve conductas desviadas” en su lucha contra la propagación del sida; rechazo a que la Seguridad Social reembolse la amniocentesis que, en caso de detectarse una trisomía —Bruno Retailleau habla de “mongoloide”—, podría dar lugar a un aborto; rechazo a la creación de una comisión de investigación senatorial sobre la pederastia en la Iglesia, etc.

Aún hoy, sigue “opuesto a la inclusión del aborto en la Constitución, se ha negado a prohibir las terapias de conversión para los homosexuales y, diez años después, sigue oponiéndose al matrimonio igualitario”, alertaba el 26 de junio el ex primer ministro Gabriel Attal en una entrevista en Le Monde.

Y hay lealtades que no engañan. Uno de los principales colaboradores actuales de Bruno Retailleau en el ministerio del Interior se llama Jean-Baptiste Doat, responsable de comunicación. Muy politizado en la derecha de la derecha (fue responsable de las juventudes del Movimiento por Francia, el partido de Philippe de Villiers), Doat fue también protegido de monseñor Castet, uno de los obispos de la galaxia Buisson, que causó polémica en 2009 al nombrarlo secretario general adjunto de su arzobispado en Vendée.

“Hay una verdadera diferencia ideológica entre Patrick Buisson y Bruno Retailleau”, afirma sin embargo Jean-Baptiste Doat. El asesor explica que “Patrick Buisson ha dividido Francia en estratos, prevé la confrontación de dos bloques. Un bloque formado por aquellos que han comprendido la historia de Francia, sus raíces cristianas, y otro bloque, aquellos que no han comprendido nada y a los que hay que combatir”.

Mientras que “Bruno Retailleau siempre se ha mostrado hermético a ese enfoque positivista, contrario al enfoque gaullista. Esta visión maurrasiana conlleva una percepción del mundo bastante contradictoria con una visión cristiana de la política, lo que supone un problema cuando se quiere, como hacía Patrick Buisson, defender el legado cristiano de Francia. No se puede considerar el país como un campo de divisiones ineludibles”, precisa.

El asesor del ministro del Interior ve aquí un punto de división entre la derecha conservadora, incluida la “muy conservadora”, y la derecha denominada “extramuros”, al tiempo que reconoce el valor de las contribuciones del ideólogo a la derecha francesa.

Con ocasión de la muerte de Patrick Buisson en 2023, Bruno Retailleau publicó un largo homenaje en la red social X, en el que elogiaba la fuerza espiritual del exasesor del Elíseo: “Patrick Buisson había comprendido y analizado una causa esencial de la vida colectiva: que son los elementos inmateriales, más que los hechos materiales, los que animan a los individuos y a las naciones […]. Patrick Buisson demostró muy bien que el ser sustituía al tener en el corazón del hombre. Teorizó a la perfección lo esencial de una política de civilización”.

Bruno Retailleau es ahora ministro del Interior y de Cultos, garante del respeto a la laicidad.

Traducción de Miguel López

El papa Francisco ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Bagdad tras 4 horas y 30 minutos de vuelo, donde retomará su agenda internacional y mostrará su apoyo a los más de 250.000 cristianos que viven en el país, una población que ha sufrido en su piel la guerras y la persecución del Estado Islámico, según informa Europa Press. El avión, un A330 operado por Alitalia en el que también viajan 75 periodistas acreditados, despegó del aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 07:45 (hora local).

Se trata del primer viaje del papa desde el inicio de la pandemia de coronavirus ya que, por motivos sanitarios, el Vaticano decidió suspender todos los viajes internacionales del Pontífice. Su último viaje fue a Tailandia y a Japón, del 19 al 26 de noviembre de 2019.

El representante de la Santa Sede ha señalado ante las cámaras que sentía "la obligación" de visitar la "tierra martirizada" por las guerras y el terrorismo de Irak.

Vacunados y con mascarilla

El pontífice, la comitiva que lo acompaña, la tripulación del avión y los periodistas que viajan con él han sido vacunados contra el coronavirus, pero el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio para todos.

De hecho, se ha visto al papa con mascarilla al bajar la escalerilla del avión que lo ha dejado en el aeropuerto internacional de Bagdad. Su primera cita ha sido un encuentro privado con el primer ministro de Irak, Mustafa Al-Kadhimi, en la sala VIP del mismo aeropuerto. La última vez que se reunió con él fue el 25 de enero en el Vaticano.

En el mismo aeropuerto, Francisco también ha realizado la tradicional visita de cortesía privada al presidente de la República de Irak, Barham Salih. Al finalizar, el papa participará en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático que se realizará en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad y pronunciará su primer discurso.

A final del día, está previsto que el papa se traslade a la catedral siro-católica de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad para el encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y catequistas, donde pronunciará otro discurso. En 2010, el templo cristiano sufrió un atentado terrorista en 2010 en la que perdieron la vida más de 45 personas entre ellas dos sacerdotes llamados Thair y Wasim, a los que el pontífice rendirá homenaje.

"No más violencia, extremismos, facciones e intolerancias"

El Ppapa ha clamado contra "la violencia", "los extremismos", "las facciones" y "las intolerancias" en su primer discurso en Irak, y ha instado a reconstruir el país, un mosaico de culturas que ha sido asolado durante años por la guerra y el terrorismo yihadista, desde la "discusión franca y sincera".

"Que cesen los intereses particulares, esos intereses externos que son indiferentes a la población local", ha pedido el Pontífice en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en un salón del Palacio Presidencial de Bagdad.

En su alocución, el papa ha recordado a todos los que "a causa de la violencia, de la persecución y del terrorismo han perdido familiares y seres queridos, casa y bienes esenciales".

Pero también se ha referido a toda la gente "que lucha cada día buscando seguridad y medios para seguir adelante, mientras que aumenta la desocupación y la pobreza".

Igualmente, ha pedido que se dé voz "a los pequeños, a los pobres, a la gente sencilla, que quiere vivir, trabajar y rezar en paz" tras elogiar los esfuerzos que está realizando el país para tratar de poner las bases de una sociedad democrática.

El movimiento laicista pone en el punto de mira los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976-1979, esos cuyo contenido aún aparece en los fundamentos de derecho de las sentencias del Constitucional y el Supremo que apuntalan la posición singular de la Iglesia en España. No hay discrepancias. Ese es, según los defensores de la estricta separación Iglesia-Estado, el principal tema que habría que abordar en un trato de tú a tú con el Vaticano. No obstante, tampoco hay autoengaño: la cuestión previsiblemente no entrará en agenda del encuentro de este sábado en el Vaticano. A las puertas de la primera reunión del presidente Pedro Sánchez con el papa Francisco, este sábado en el Vaticano, infoLibre reúne cuatro puntos de vista de activistas del laicismo. Sus expectativas son bajas.

“En nuestro país, incluso en la democracia, la Iglesia católica ha intentado tutelar durante años los derechos civiles en muchos aspectos (aborto, matrimonio igualitario, escuela laica) y los gobiernos, de todo signo, han buscado siempre el beneplácito del catolicismo y ello pese al avance imparable de la secularización social”, escribe el presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán. Y añade: “En nuestro país, tenemos en verdad un Estado con una religión semioficial que es financiada públicamente y que goza de privilegios propios de una religión oficial, particularmente en el sistema educativo, donde la segregación por motivos religiosos es el principal factor, después de la renta, según la OCDE, de la amplificación de la desigualdad social”.

Gómez Movellán desconfía de la reunión entre el presidente y el papa. “El viaje sorpresivo del presidente del Gobierno Sánchez al Vaticano busca, en primer lugar, arropar su propia figura con el aura de la espiritualidad papal, además de mantener, en esa visita, una especie de agenda oculta o por lo menos ocultada a la opinión pública, donde se pretende sacrificar la hoja de ruta del laicismo en el altar de la estabilidad gubernamental”, señala. Y apunta dónde debería Sánchez poner el énfasis, a su juicio: “Lo más necesario y urgente, para una hoja progresista en la secularización estatal, sería la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que constituyen el marco jurídico de los privilegios del catolicismo en España, pero parece que no es tema de discusión en la agenda oculta de la visita de Pedro Sánchez a ese oscuro y extraño Estado que es el Vaticano”.

La filóloga Asunción Villaverde, activista por la separación Iglesia-Estado, coincide en lo esencial. Lo principal, dice, es “la derogación de los acuerdos del 76 y 79, porque es el marco en el que se envuelven todos los privilegios: económicos y educativos, legislativos...”. “Lo primero exigir la autofinanciación de la Iglesia católica”, dice. Villaverde señala el punto 5 del artículo II del pacto económico, que dice así: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". “Muy hábilmente”, añade, “no puso fecha". "Han pasado 41 años. Aún seguimos esperando, supongo que in aeternum”, protesta.

A su juicio , tampoco se sostiene el mantenimiento de la casilla de la equis de la declaración de la renta, que “está pensada para colaborar en el sostenimiento de la curia y sin embargo se utiliza para pagar la propaganda de la ruinosa televisión Trece”, protesta.

Aunque es realista sobre las opciones de meter en agenda estos temas, sigue apuntando alto. A la Constitución, en concreto. “Es injustificable que un Estado que se declara aconfesional tenga un artículo en la Constitución que sea contradictorio, con lo cual se incumple constantemente. ¿Qué aconfesionalidad es esa que incluso nombra una religión específicamente en su artículo de la Constitución?”.

Primero de los acuerdos del Estado con la Santa Sede de 1976-1979, firmados por el cardenal Jean Marie Villot y Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores. IL

¿Algo más? Sí. El catálogo más habitual de reivindicaciones laicistas, que incluye eliminar el artículo del Código Penal que protege los sentimientos religiosos y retirar la asignatura de religión de la escuela pública. Y hacerlo, recalca, sin caer en el “multiconfesionalismo”. “Por ejemplo, en Cataluña se ha propuesto incluir la oferta de la asignatura de religión islámica en los centros escolares”, denuncia. Cierra con las inmatriculaciones. “Han sido demasiados años de expolio. Desde 1946, la Iglesia se ha ido apropiando de numerosos bienes. Puede que la cifra supere los 100.000. De todo tipo: templos dedicados al culto, parques, pisos, fincas, locales, cementerios.. Todo ello con el oscurantismo propio de la Iglesia”.

Tampoco Villaverde espera gran cosa de la reunión, ni de las negociaciones con la Iglesia. “Mucho me temo que el Gobierno y la Iglesia católica hayan llegado ya a un acuerdo con la nueva ley de educación, porque contempla que la asignatura de Religión siga en el horario lectivo”, afirma. En inmatriculaciones espera que al final se llegue alguna solución de compromiso. “La Iglesia cederá alguno de los bienes inmatriculados indebidamente, pero a cambio de que no se publique el listado completo de inmatriculaciones”, pronostica. Es lo que temen las organizaciones contra las inmatriculaciones, como ha expuesto reiteradamente la coordinadora de las mismas.

Juanjo Picó, histórico de Europa Laica, tiene el mismo objeto en el punto de mira. “Los acuerdos con la Santa Sede son la piedra angular de los privilegios de la Iglesia. Sin quitarlos, es imposible. Son la clave”, señala. ¿Cree que hay posibilidades? “En absoluto”, responde. “No está en el programa de gobierno”, resume. A su juicio, falta voluntad política. “No hay firmeza. En todo caso, se exigirá algo con las inmatriculaciones, ya veremos. Yo temo una salida en falso”, señala Picó, que en un segundo nivel –más realista– de reivindicación pide “sacar la religión del horario lectivo”. De lo que sí se muestra convencido Picó es de que el Gobierno aguantará su agenda legislativa, incluida la Ley de Eutanasia. Lo que teme es que ello sea comprado con privilegios, como a su juicio ocurrió con la subida del 0,5239% al 0,7% de la aportación a la Iglesia por cada equis marcada, que habría servido para compensar a la Iglesia por la ley que regulaba el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Fotos y buenas palabras"

“Temo que como siempre se quede todo en fotos y buenas palabras. El PSOE ha llevado y ocultado en sus programas electorales la derogación del Concordato, mucho me temo que esto no se va abordar”, señala Carles Mulet, senador de Compromís, insistente en el traslado a las instituciones de iniciativas laicistas. Su planteamiento es de máximos. Hay que cuestionar “el propio papel de la Iglesia en todos aquellos ámbitos que no le corresponden en un Estado en teoría aconfesional, la derogación del Concordato [en referencia a los acuerdos de 1976-1979] que da privilegios a la Iglesia respecto a otras confesiones, las injerencias en materia educativa, biotética...”.

También hay que replantear la política sobre el patrimonio de la Iglesia, afirma Mulet. “No se puede por una parte inmatricular frenéticamente patrimonio civil a nombre de la iglesia, que está exenta de tributos, por otra ser insolvente para el mantenimiento de ese patrimonio y tener que recurrir a fondos públicos para su mantenimiento”. Mulet también incide en que la Iglesia tiene una “asignatura pendiente con memoria histórica”, ya que “la mayoría de placas e inscripciones franquistas perviven en edificios religiosos”. Son muchos, dice, los privilegios “injustificables” de la Iglesia, como que “del erario público se pagan capellanes para centro sanitarios públicos, profesores de Religión católica en los centros educativos, casilla en la declaración de renta, exenciones fiscales incluso para inmuebles de uso no religioso..”.

Habrá un homenaje civil de Estado, una ceremonia aconfesional, sin contenido religioso. No será un acto católico, ni tampoco multirreligioso. Sino neutro. Estarán invitados los representantes de distintas confesiones religiosas, pero sólo eso: invitados. Así despedirá oficialmente España a las víctimas del covid-19, este jueves en Madrid. No conducirá el acto el arzobispo de Madrid. Ni tendrá lugar bajo el signo del crucifijo. Parece lo lógico. Entre los casi 30.000 muertos reconocidos, seguramente bastantes más cuando tengamos la fotografía completa, los habrá católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, agnósticos, ateos y todo lo contrario. Y, sin embargo, como resaltan fuentes del Gobierno, se trata del "primer homenaje de Estado aconfesional". Es decir, es un acto inédito. Hasta cierto punto, una innovación.

¿Por qué? Porque la norma ha sido la contraria: la ocupación por parte de la Iglesia de espacios civiles, políticos, públicos, correspondida por la participación de autoridades estatales en actos, religiosos, confesionales, privados. Desde la concesión de medallas oficiales a vírgenes, hasta la presencia de cargos públicos en procesiones, el ceremonial democrático no ha logrado librarse de una pátina litúrgica, ni el ceremonial religioso ha dejado de reclamar la participación del Estado. ¿Será el homenaje sin misa del jueves un punto de inflexión?

Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, subraya la consustancialidad de la oficialidad española con la religiosa, que hace que lo que debería ser natural parezca rupturista. "La propia Corona tiene una identificación absoluta con el catolicismo. La monarquía borbónica es católica", subraya Gómez Movellán, que recalca cómo la corona real en la bandera española que llevan tantas embarcaciones va rematada por una cruz. "Si sumas a esto los acuerdos con la Santa Sede, y teniendo en cuenta que no hay protocolos cívicos obligatorios para actos oficiales, el resultado es que se acaban imponiendo los protocolos católicos. ¿Qué ocurre después? Que cuando hay responsables públicos, como algunos del actual PSOE, o de Compromís, o de la izquierda en el País Vasco, que adoptan una posición de neutralidad, se les monta un conflicto simbólico. La derecha convierte la esencia católica en esencia española, y por lo tanto un simbolismo neutral es señalado como traición", señala.

Hay una intervención emblemática de Teodoro García Egea, secretario general del PP, en diciembre de 2018, que resume esa asimilación de lo católico con lo oficial y viceversa. "Porque nosotros celebramos la navidad, ponemos el belén, ponemos el árbol, celebramos nuestras tradiciones, nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos, ¡y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles!" [ver aquí]. En esa mentalidad hay que inscribir, a juicio de Gómez Movellán, las críticas a Pedro Sánchez por no acudir al funeral en la Catedral de La Almudena, al que sí fueron los reyes de España, en memoria de las víctimas del covid-19, como si ese fuera el "funeral de Estado". Está por ver si las críticas se extienden ahora a la ceremonia aconfesional.

Será una ceremonia, de duración prevista de algo más de media hora, que tendrá lugar el jueves en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. Al aire libre, por seguridad. Acudirán más de 400 personas, según prevé el Gobierno, que busca una imagen de "unidad" de la sociedad frente la pandemia. Cada detalle subraya el carácter civil del acto. Tres quintos de los invitados son parte de eso que se ha dado en llamar "sociedad civil". Habrá familiares de víctimas, por supuesto, pero también sanitarios, representantes sindicales y de empresas que mantuvieron su actividad durante la pandemia o hicieron donaciones, trabajadores de servicios esenciales (agricultores, basureros, cocineros, farmacéuticos, periodistas, cajeros, trabajadores de imprenta, profesores, riders, empleados de residencias de mayores)... Dos quintos serán representantes institucionales. Los Reyes. El Gobierno en pleno. Los presidentes autonómicos. Congreso. Senado. Poder Judicial. Ayuntamiento de Madrid. Embajadores. Autoridades europeas. Organización Mundial de la Salud. OTAN. Representantes de partidos políticos. El Gobierno persigue una imagen de consenso, de unidad del Estado y la sociedad frente a la tragedia. Hay prevista una sola ausencia: Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado que no asistirá a la "ceremonia exculpatoria" del Gobierno.

En el acto tomarán la palabra un hermano de una víctima de Madrid y una enfermera del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El rey Felipe VI cerrará la ceremonia, que se desarrollará en torno a un pebetero en el centro de la Plaza de la Armería, en el que se realizará una ofrenda como homenaje a las víctimas. El actor José Sacristán leerá el poema Silencio, de Octavio Paz. Tras Sacristán, un minuto de silencio. Y fin.

El origen en los acuerdos del 76-79

Lo seguro es que será un "homenaje de Estado" innovador, por aconfesional, en un país en el que el entrañamiento Iglesia-Estado está tan arraigado que a veces ni se ve. Para empezar a observarlo con nitidez, hay que ir a los acuerdos con el Vaticano. En uno de sus éxitos propagandísticos, la Iglesia ha logrado que los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede sean popularmente datados en 1979. "Los acuerdos del 79", se suele decir. Pero no es exacto. Y es relevante. De los cinco acuerdos, uno, el que crea el marco jurídico, es de 1976, es decir, preconstitucional, y cuatro son de 1979: jurídico; sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas; educativo y cultural; y económico. Los detalles de la privilegiada posición de la Iglesia en la esfera pública española están recogidos en el retablo de los cuatro acuerdos del 79. Ahí está el marco para sus exenciones, su ventajosa posición educativa, su asignación constante dinero público, su preeminencia simbólica... Pero es en el texto del 76 donde sigue cincelada la frase que, a los ojos de hoy, más chocante resulta: "La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica" (las mayúsculas son del original). A final de mes, el 28 de julio, hará 44 años de la inscripción de esa controvertida frase en el BOE. Aquí puede comprobarse.

El acuerdo del 76 funda una suerte de oficialidad popular de la Iglesia católica, que mantiene rasgos informales de religión de Estado pese a que tal condición ha quedado no sólo formalmente abolida, sino también socialmente: la secularización en España a lo largo de las últimas cuatro décadas ha sido de una intensidad y velocidad de proporciones revolucionarias [ver aquí y aquí informaciones en detalle]. A pesar de todo, aquel acuerdo dio cobertura jurídica para, a su vez, introducir una mención a la Iglesia católica en la Constitución. Y no una mención cualquiera. El artículo 16, después de garantizar la "libertad religiosa y de culto" y de establecer que nadie puede ser obligado a "declarar sobre su ideología, religión o creencias", llega a su punto 3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". De este artículo viene la frecuente afirmación de que España es un "Estado aconfesional", que suele obviar la segunda parte: las "relaciones de cooperación con la Iglesia católica", única que se menciona, y "las demás".

Este marco de aconfesionalidad asimétrica se desarrolló después con leyes como de la Libertad Religiosa, que avanza en la línea de superación del nacionalcatolicismo pero sin amenazar en nada el trato preferente del Estado a la Iglesia. ¿Un ejemplo? Sólo hay una institución con casilla en la declaración de la renta, gracias a la cual la Iglesia recibe más de 250 millones de euros públicos al año. Eso es una "relación de cooperación" que el Estado no tiene con el Islam. El particularísimo estatus de la Iglesia ha desplegado tales efectos que algunos juristas observan en conflicto con la propia Constitución. Por ejemplo, el acuerdo educativo entre el Estado y la Santa Sede, que también está en el BOE, indica y sigue vigente: "La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana". Chocante, ¿no? Hay más prácticas constitucionalmente controvertidas. Por ejemplo, el Estado delega en los obispados la selección de los docentes de Religión en los colegios públicos, caso excepcional de desaparición de la tutela estatal en la contratación pública. ¿En qué queda entonces el artículo 14 de la Constitución, que establece que "los españoles son iguales ante la ley", sin que pueda prevalecer discriminación alguna por religión? El pago con dinero público de profesores católicos y seleccionados por un obispo podría entrar en contradicción con un buen ramillete de artículos constitucionales: libertad religiosa (16), derecho a la intimidad (18) igualdad de acceso a la función pública (23)... Pero el Constitucional jamás lo ha tocado. Lo mismo ocurre con el papel de la Iglesia como tutora de las liturgias del Estado.

Confusión entre esferas

Los intentos de eliminar privilegios fiscales, educativos o simbólicos a menudo se topan con los tribunales –sobre todo Supremo y Constitucional–, que suelen invocar los acuerdos del 76-79 y las "relaciones de cooperación" con la Iglesia católica para justificar ventajas a priori anacrónicas. Lo mismo ocurre en el terreno simbólico. La Iglesia ha seguido siendo, sin un asidero jurídico claro, administradora de actos oficiales. Y la religión ha seguido metida hasta el tuétano en las solemnidades del Estado.

Hay una parte de este posición que entronca directa y lógicamente con la libertad religiosa. Ejemplos: los ministros y presidentes del Gobierno frecuentemente han jurado sus cargos ante un crucifijo, práctica con la que cortó Sánchez –que pareció con aquel gesto preludiar una legislatura de contenido laicista que finalmente sigue en el tintero–, pero que cualquier futuro cargo público que lo vea de otro modo podrá recuperar. Más discutible es la asistencia de cargos públicos –en calidad de tales– a ceremonias religiosas. Fue emblemática la asistencia de cuatro ministros del PP al canto del himno de la Legión en la procesión del Cristo de la Buena Muerte en Málaga. Es frecuente, a izquierda y derecha, la participación de ediles en procesiones de Semana Santa y Corpus Christi. El antropólogo Isidoro Moreno suele bromear diciendo que en Andalucía se pasó del "nacional-catolicismo" al "municipal-cofradierismo". En Andalucía la confusión se sublima. Colegios públicos celebran procesiones a la parroquia del barrio en los días previos al Viernes de Dolores, algo bastante extendido en Sevilla y que los padres contrarios rara vez denuncian porque, al fin y al cabo, ¿por qué enfrentarse a los otros padres si siempre se ha hecho así? Además, el mensaje que da el Estado en ocasiones va en la misma dirección. Con Dolores Cospedal en el Gobierno, el Ministerio de Defensa ordenaba izar sus banderas a media asta como símbolo de duelo por la muerte de Cristo durante Semana Santa porque "es fruto de nuestra historia como nación".

El que fuera alcalde de Santiago entre 2015 y 2019, Martiño Noriega, de En Marea, tuvo en su negativa a asistir a la Ofrenda al Apóstol y en las presiones de los sectores más tradiciones para que lo hiciera uno de sus caballos de batalla. Fue una situación similar, con matices, a la que ha tenido que encarar ahora el presidente Pedro Sánchez cuando no ha asistido a la misa celebrada en La Almudena en memoria de las víctimas del covid-19, investida de un carácter de "funeral de Estado" que en realidad no tenía.

Esa confusión, según la cual es "de Estado" lo que es organizado por una confesión religiosa –de fuerte arraigo, pero no oficial–, viene fomentada prácticas de los propios poderes públicos. Más ejemplos. El alcalde de Granada, sea del PP o del PSOE, acude cada año a la Toma de Granada, celebración oficial de la Reconquista de regusto nacionalcatólico que se convierte en espacio de confusión de autoridades civiles, militares y religiosas, sirviendo además de atracción para grupos ultraderechistas locales. El Ejército participa en fiestas en honor a las patronas. El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, condecoró a la Virgen del Rosario, uno entre muchos ejemplos de confusión entre esferas. Con Jorge Fernández Díaz al frente, el Ministerio del Interior le entregó la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor, una decisión luego avalada por el Tribunal Supremo. La Candelaria es Presidenta Honoraria del Cabildo de Tenerife.

Una ley pendiente

Hay infinidad de casos para el estudio. La mayoría suelen generar breves polémicas puntuales que quedan en casi nada. Pocos ayuntamientos han cogido el toro por los cuernos y han aprobado "reglamentos de laicidad" para poner negro sobre blanco las reglas. Uno de ellos ha sido el de Rivas Vaciamadrid, que abrió una puerta que aún están por cruzar los grandes consistorios. El Gobierno tampoco dispone de una ley que clarifique conceptos. En su segunda legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero aparcó su proyecto de Ley de Libertad Religiosa. El actual Ejecutivo aún tiene pendiente de impulsar "una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas", como recoge el acuerdo PSOE-Unidas Podemos [ver aquí]. La pregunta es: ¿Hasta dónde llegaría esa ley? ¿Dejaría el Estado de pagar el sueldo de capellanes carcelarios, hospitalarios y militares, así como de profesores de Religión elegidos por los obispos? ¿Cerrarán las capillas en más de una treintena de universidades públicas? Gómez Movellán, de Europa Laica, tiene claro que deberá al menos establecer de un protocolo claro para la celebración de ceremonias de Estado que deslinde claramente la esfera pública de la religiosa y ahorre a la sociedad polémicas como la actual.

En el caso de los "funerales de Estado", hasta ahora han tenido un contenido confesional que este no tendrá, recalcan fuentes del Gobierno. Lo tuvo el último celebrado hasta ahora, el de Adolfo Suárez, en 2015, en la Catedral de La Almudena, en Madrid. En las honras fúnebres, el reglamento de honores militares establece que se cumple la voluntad de la familia. Y la familia Suárez es católica. Lo mismo puede decirse de otros funerales de Estado de personalidades significativas para el Estado: Juan de Borbón (1993), Leopoldo Calvo-Sotelo (2008), María Mercedes de Borbón y Orleans (2000). Más controvertida, por afectar a mayor número de personas, puede ser la celebración en la catedral de La Almudena del adiós a las víctimas 11-M, en una misa revestida de oficialidad y oficiada por Antonio María Rouco Varela. O el acto de Estado religioso en memoria de las víctimas del Yak-42, un año antes, en la base aérea de Torrejón de Ardoz. 

Los conceptos son sinuosos. Una misa a la que acuden autoridades públicas, como ocurrió en 2015 en la basílica de Barcelona en memoria de los 150 muertos que arrastró en su suicidio un piloto de avión en Los Alpes, no tiene por qué ser un "funeral de Estado", como explica en este artículo en El País Juan G. Bedoya. La presencia de los reyes en el funeral de La Almudena por las víctimas del covid-19 no convirtió la ceremonia en un "funeral de Estado", pese a lo que han publicado diversos medios. Tampoco lo fue la misa en la misma catedral en 2016 por las víctimas de un terremoto en Ecuador, a la que acudieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, entonces en la oposición. En cambio, sí tuvieron promoción y organización oficial la misa y la ceremonia interreligiosa –no aconfesional– organizadas en 2017 en Barcelona por las víctimas de los atentados de Las Ramblas y Cambrils. Como ha explicado en su blog el experto en protocolo Carlos Fuentes, el término "funeral de Estado" suele usarse equívocamente para referirse a lo que en realidad son misas solemnes a las que acuden altos responsables del Estado. En cualquier caso, tanto actos de Estado como otros religiosos auspiciados y promovidos por el Estado, con representación oficial de Este, todos han tenido hasta ahora un componente religioso. El de este jueves no.

Jorge García, presidente del Movimiento Hacia un Estado Laico, defiende la fórmula elegida por el Gobierno, "una práctica inédita en España a pesar de declararnos un país constitucionalmente aconfesional a priori y a posteriori". Lo habitual ha sido la misa de Estado. "No ha gustado a ciertos sectores que han anticipado sus propios intereses ideológicos en celebraciones de corte confesional en claro intrusismo sobre las atribuciones del Estado constitucional. Solapar funciones para visualizar un interés privado que determine la validez emocional de los sentimientos ciudadanos para reconducirlos a una propia parcela dogmática", explica García, que recalca que una celebración oficial desprovista de contenido religioso no supone un desdén hacia los que profesan una religión –especialmente la católica, la más asentada e influyente en España–, sino un trato respetuoso y en pie de igualdad a todos. "Es la máxima expresión constitucional de respeto, reconocimiento y honra a nuestros conciudadanos fallecidos durante la pandemia sin distinción de credos, raza, sexo o condición social", afirma García.

Existe una elevada "coincidencia" del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las "críticas" de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. "Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como 'Concordato', por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado", señala la organización, que hace hincapié "en la desidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica".

"El Tribunal de Cuentas", señala Europa Laica, ha comprobado que "la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos" es a través de la entrega de una "memoria justificativa de gastos" que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, "no es tal". La memoria es una "patraña", añade, y sólo debería considerarse "una memoria de actividades". El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado "no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios" y el Gobierno debería "exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado", señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

No es extraño que la entidad que preside Gómez Movellán –y que, antes que él, presidió Francisco Delgado– ponga especial énfasis en la memoria que cada año publica la Conferencia Episcopal. Año tras año Europa Laica ha presentado un "contrainforme" [ver aquí el último, con la autoría de Enrique Ruiz del Rosal] poniendo de relieve las omisiones y contradicciones de la supuesta política de "transparencia" de la Conferencia Episcopal. Sin el acceso que el Tribunal de Cuentas ha tenido a la información y con las limitaciones propias de una organización que vive de sus afiliados, Europa Laica ha llegado grosso modo, antes que el Tribunal de Cuentas, a varias conclusiones similares. La diferencia es que Europa Laica lleva su análisis más allá de la casilla de la Iglesia y las exenciones fiscales, para recorrer toda una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones de euros de dinero público.

Europa Laica cuestiona todo el caudal de fondos públicos que recibe la Iglesia para multitud de entidades, y que calcula en unos 11.000 millones al año sumando todos los conceptos y metiendo ahí desde el presupuesto de la Fundación Pía de los Santos Lugares, hasta todos los conciertos educativos y sanitarios con organizaciones de la iglesia, pasando por subvenciones a ONG católicas, IRPF, sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses, una estimación de las exenciones... La organización que preside Gómez Movellán continuará denunciando todos los espacios de intersección entre las esferas pública y religiosa, pero de momento obtiene una reforzamiento en cuanto a aquellos aspectos en los que se centra el Tribunal de Cuentas.

Responsabilidad del Estado

Más incluso que hacia la Iglesia, Europa Laica apunta el dedo hacia la Administración pública, a la que considera responsable de haber permitido sus privilegios económicos. Por "desidia en el escrutinio", señala la organización en su comunicado, "nunca se ha puesto pega alguna a la memoria y nunca se han formulado objeciones". El tribunal declara, en su informe provisional, que la memoria no permite conocer el destino efectivo de los fondos asignados vía IRPF, lo cual impide saber si llegan a entidades con finalidades económicas. Ello compromete el cumplimiento de la legislación comunitaria y del principio de libre concurrencia. Dicho principio "claramente se violaría", según Europa Laica, en el caso del dinero del superávit destinado a la televisión 13TV.

Dicho superávit, logrado gracias al dinero público ingresado por el Estado vía IRPF, "es atípico ya que no existe ningún acuerdo" que permita obtener beneficios gracias a esta asignación, expone Europa Laica. "El hecho mismo de declarar la existencia de superávits es una señal de que el Estado, a través de la asignación tributaria, da más dinero de lo necesariamente declarado como necesidades de sostenimiento de la Iglesia", añade la organización, que también destaca la alerta sobre la falta de acción del Gobierno para forzar a la Iglesia a "alcanzar la autofinanciación".

También está "en cuestión todo el sistema de exenciones", señala Europa Laica, que destaca la "censura" que el informe provisional hace de la gestión de la Fundación Pluralismo y Convivencia. "Hay un desorden de gestión que hace imposible valorar convenientemente el cumplimiento de los objetivos pretendidos con estas subvenciones [a las confesiones minoritarias], en parte por la incapacidad de estas entidades religiosas, evangélicas, judías o musulmanas, de cumplir con las obligaciones que requieren la recepción de subvencione públicas", señala. Y añade: "El Tribunal de Cuentas, visto el desorden en la concesión de estas subvenciones, recomienda que se establezcan nominativamente en el Presupuesto del Estado, recomendación que Europa Laica, obviamente, no comparte".

Aviso de la casilla de la Iglesia

Aparte de pedir la supresión de la casilla de la Iglesia, algo que lógicamente no puede hacerse de un día para otro –de hecho, es poco probable que el Gobierno abra ese melón, que no está en ningún programa electoral–, Europa Laica sí solicitó medidas inmediatas a la Agencia Tributaria para garantizar su neutralidad en el proceso de presentación de declaraciones de la renta. La aplicación informática de la Agencia Tributaria para la declaración anual del IRPF "introduce en los pasos finales un aviso de alerta en caso que el/la contribuyente no haya señalado ninguna de las dos casillas de asignación tributaria, incitando con ello a dudar de que se trate de un dato obligatorio que debe cumplimentar", señala Europa Laica. A juicio de la organización, esto supone una "actitud proactiva a favor de dar un paso atrás en la declaración para señalar cualquiera de ellas o ambas [la de la Iglesia, la de fines sociales o las dos], siendo así que en tal aviso ni siquiera se informa del derecho que asiste a no marcar ninguna de estas casillas".

Europa Laica cree que se produce una "inicitación" a marcar la casilla de la Iglesia, a pesar de que la orden por la que se regulan los modelos de declaración "no incluye ninguna referencia a que dichas casillas deban tener un tratamiento equivalente a los datos obligatorios para la declaración de dicho impuesto"."No se entiende, por tanto, a qué motivos obedece ese aviso paraconfesional de la Agencia Tributaria", añade, por lo que insta a la Agencia Tributaria a retirar del programa informático de la declaración del IRPF, a partir de este mismo ejercicio, el aviso de alerta que aparece cuando no se ha marcado ninguna de las casillas de asignación tributaria.

El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los CaídosValle de los Caídos, Santiago Cantera, ha defendido que la Abadía ha actuado "siempre dentro de la legalidad", en cuanto a la exhumación de los restos de Francisco Franco, que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo dentro de las próximas dos semanas.

Según afirman a Europa Press fuentes directas de la Abadía del Valle de los Caídos, el prior defiende que "siempre" han actuado "dentro de la legalidad" con respecto a la exhumación de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. Así lo indican después de que este jueves 10 de octubre, el Tribunal Supremo respondiera a la petición de autorización por parte de la Abogacía del Estado para que el Gobierno pueda acceder "ya" a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos del dictador.

Si bien, un día antes, el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, contestó al Gobierno en funciones que no autorizará la entrada a la Abadía para proceder a la exhumación. "Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y res sacra católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", aseguró.

Así lo indicó Cantera en una carta enviada como respuesta a otra misiva que le envió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación.

Libertad religiosa e inviolabilidad de los templos

En la carta, el prior del Valle de los Caídos explicaba que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados", en concreto, el derecho a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto. Además, señalaba que los monjes alegaban en su mayor parte vulneraciones de derechos fundamentales "cuya última palabra no le corresponde al Tribunal Supremo sino al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".

Ante la respuesta del prior, fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press afirmaron que no ven que tenga "mucha lógica" la postura de Santiago Cantera, de no autorizar la entrada a la basílica para exhumar los restos de Franco. Las mismas fuentes se remitieron a la sentencia del Tribunal Supremo, que calificaron de "contundente" y que avala por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador. Asimismo, se remitieron a la postura del Vaticano al ser preguntados por si acudirán a instancias eclesiásticas superiores ante la negativa del prior.

El Abad de Solesmes y el Papa

Sobre el prior de la abadía solo tiene autoridad el Abad de Solesmes, Philippe Dupont, y el Papa. Precisamente, a finales de septiembre, Dupont señaló a Europa Press que no le corresponde pronunciarse sobre la exhumación de los restos del dictador y apuntó que su posición "siempre será seguir las decisiones y las instrucciones de la Santa Sede".

Fuentes cercanas al Abad de Solesmes aseguraron que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos es una cuestión que está "vinculada a la historia de España y a los elementos políticos". Por ello, sostiene que no le corresponde él, "que es francés" pronunciarse sobre estos asuntos "que pertenecen a los españoles". En cualquier caso, para el Abad de Solesmes, "también es necesario respetar los derechos de la familia", tal y como expresó hace algunos meses.

Por su parte, el Vaticano se remitió a la postura oficial reiterada en diversas ocasiones en relación a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, tras la negativa del prior Santiago Cantera a autorizar la entrada en la basílica, según señalaron a Europa Press fuentes de la Santa Sede. La postura oficial de la Santa Sede es que no se opone a la exhumación del dictador, "si así lo han decidido las autoridades competentes".

El Vaticano se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a la exhumación de Franco, y concretamente a través de una carta que el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, envió el pasado mes de febrero a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo. En definitiva, la Santa Sede defiende que la decisión "concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local". Asimismo, señalaba que la exhumación es "competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española".

El Vaticano se ha remitido este martes a la postura oficial reiterada en diversas ocasiones en relación a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, tras la negativa del prior Santiago Cantera a autorizar la entrada en la basílica, según han señalado a Europa Press fuentes de la Santa Sede. La postura oficial de la Santa Sede es que no se opone a la exhumación del dictador, "si así lo han decidido las autoridades competentes".

Las mismas fuentes señalan que la Santa Sede ya se ha pronunciado en su momento sobre este tema, del que se ha hablado ampliamente en los medios. De hecho, esta misma posición ya la reiteró recientemente el pasado mes de septiembre cuando el Tribunal Supremo avaló por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, que había sido recurrida por la familia del dictador. Precisó entonces que no tenía "nada más que añadir".

"La Santa Sede se ha manifestado ya en su momento sobre el caso Franco. No hay nada más que agregar", señalaron a Europa Press fuentes de la Santa Sede.

El Vaticano se ha pronunciado en varias ocasiones en relación a la exhumación de Franco, y concretamente a través de una carta que el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, envió el pasado mes de febrero a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo. En definitiva, la Santa Sede defiende que la decisión "concierne a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local". Asimismo, señalaba que la exhumación es "competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española".

Posteriormente, en julio de este mismo año, el Vaticano también se refirió a la declaraciones del ya exnuncio en España, Renzo Fratini, que aseguró en una entrevista con Europa Press que con su medida el Gobierno había conseguido "resucitar a Franco". La Santa Sede aseguró que estas declaraciones se realizaban "a título personal".

El entonces director "ad interim" de la Oficina de Prensa, Alessandro Gisotti, reiteró que la posición de la Santa Sede sobre el tema de la exhumación de Franco "es clara" y "ha sido ya expresada oficialmente".

No llegó a pronunciarse sobre la Almundena

Aunque el Vaticano ha mantenido reiteradamente que la exhumación de Franco es una cuestión que compete a Gobierno y familia, no ha llegado a pronunciarse sobre una posible inhumación en la Catedral de la Almudena.

De hecho, en octubre de 2018, tras la reunión mantenida entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, la Santa Sede precisó en un comunicado que no se opone a la exhumación de Francisco Franco, "si así lo han decidido las autoridades competentes".

Pero también aclaró que en ningún momento se había pronunciado sobre el lugar de la inhumación, ante la posibilidad de que fuera enterrado en la catedral de la Almudena. En el comunicado del Gobierno español, Calvo afirmaba que había manifestado su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia" y que al cardenal secretario de Estado "le pareció oportuna esta solución".

El nuevo nuncio del Papa en España, el filipino Bernardito Auza, no se incorporará a su cargo hasta el próximo mes de diciembre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de que la jerarquía eclesiástica mueva ficha para abordar de una vez el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia en España. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes que la Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene desde “hace tiempo” sobre la mesa una “propuesta” del Gobierno para sentarse a negociar aspectos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las inmatriculaciones, dos cuestiones que los socialistas llevaban en su programa electoral de 2016 pero que desaparecieron del documento programático presentado de cara a las elecciones generales del pasado 28 de abril. El Ejecutivo, además, ya ha nombrado a dos representantes para que lideren las negociaciones con la institución eclesiástica y se encuentra a la espera de que la Conferencia Episcopal Española haga lo propio para abrir con la mayor celeridad posible el melón tributario. Una cuestión que lleva años, por no decir décadas, instalada en el debate político español y que no termina de abordarse seriamente.

“Queremos que contribuyan a la justicia social que supone aportar con sus impuestos a las políticas de igualdad y de solidaridad y fraternidad, que es lo que se construye con la fiscalidad de un país democrático”, ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, recordando que la jerarquía eclesiástica ya tiene “una propuesta” suya “mediante carta” en la que se advertía a la institución religiosa que había llegado el momento, “cuanto antes mejor”, de sentarse a negociar el replanteamiento de “la fiscalidad de la Iglesia Católica”. “Esto es lo que hay que rematar, porque saberlo ya lo saben”, ha continuado Calvo, que ha pedido este lunes no dejar pasar “mucho más tiempo”. Por ello, ha apremiado a la Conferencia Episcopal Española a mover ficha: “Por nuestra parte ya tiene a las dos personas que del lado del Gobierno van a sentarse con la Iglesia Católica para ver todo el tema de la fiscalidad. […] Esperamos que la Conferencia Episcopal nombre a las dos personas que de su lado tienen que sentarse a hablar de esto”.

El laicismo fue uno de los pilares sobre los que se sostuvo el programa electoral del PSOE para las elecciones generales de 2016. Entre otras cuestiones, el documento socialista de cara a aquella cita con las urnas prometía claramente “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede”, que rigen las relaciones con el Vaticano, así como “avanzar en la autofinanciación de las confesiones religiosas” y promover “una escuela pública laica y gratuita como garantía de los valores públicos y respeto de las creencias privadas”. Y, por supuesto, planteaba sin rodeos “establecer la fiscalidad general para aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a uso de culto o social” y “reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica si dicha inmatriculación se produjo sin la existencia de un título material”. Medidas que desaparecieron por completo del programa electoral de los socialistas para las pasadas generales.

Nada más llegar a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el Gobierno socialista empezó a dar tímidos pasos en la dirección marcada tanto por el documento programático de 2016 como por las resoluciones del 39º Congreso del PSOE, el cónclave que confirmó el resurgir de Pedro Sánchez. Así, por un lado, dieron el pistoletazo de salida a la exhumación de los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos cuatro décadas después de la muerte del dictador. Por otro, anunciaron la publicación de un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia y abordaron con las altas esferas del Vaticano una reforma de la fiscalidad de la Iglesia para intentar ajustarla a la vía italiana, obligándola a tributar por “aquellos inmuebles o actividades en las que no se produce culto”. Promesas que, sin embargo, no ha conseguido materializar. La exhumación, se encuentra atascada en el Supremo. Y el melón de la fiscalidad y las inmatriculaciones continúa sin abrirse.

El Gobierno no desvela el nombre de los negociadores

Ahora, dos meses después de que las urnas dieran la victoria a Pedro Sánchez y con la investidura todavía en el aire, el Ejecutivo socialista en funciones vuelve a poner ambas cuestiones sobre la mesa y presiona a la Conferencia Episcopal para que mueva ficha. Fuentes del Gobierno explican a este diario que los dos funcionarios a los que se ha encargado liderar las negociaciones con la jerarquía eclesiástica fueron designados “hace meses”, poco tiempo después de que la vicepresidenta Carmen Calvo tratase en Roma con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, el espinoso asunto de los privilegios fiscales de la Iglesia. Sin embargo, rechazan revelar el nombre de ambos negociadores. La Conferencia Episcopal, por su parte, prefiere no hacer comentarios cuando se le pregunta por qué a día de hoy sigue sin designar a sus representantes para sentarse en la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo socialista. “No vamos a comentar nada de eso”, responden desde la institución religiosa a este diario.

Uno de los privilegios que más controversia suscita es la exención del IBI. La Iglesia y sus diferentes organizaciones no lo abonan, por lo cual los ayuntamientos dejan de percibir cientos de millones de euros al año. El acuerdo de 1979 entre el Estado y la Santa Sede establece la exención de la “contribución territorial urbana”, es decir del IBI, para templos y dependencias anejas, residencias de obispos, oficinas de la curia, seminarios y conventos de las órdenes. Esto es, cuando la finalidad es religiosa. Sin embargo, en muchos casos estos inmuebles se utilizan para desarrollar actividades económicas, ya sea alquilando aparcamientos en ciudades como Almería y Lugo o un hotel de cuatro estrellas en la Costa Brava. El pasado noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó, en una sentencia que afectaba a Italia pero que podría ser extrapolable a España, que las autoridades deben cobrar el tributo por aquellos inmuebles con uso comercial. Una opinión que comparte, incluso, el papa Francisco y que rechaza tajantemente la jerarquía eclesiástica española.

La otra cuestión que levanta una enorme polvareda es la de las inmatriculaciones, un problema que se remonta a hace más de dos décadas. El 29 de septiembre de 1998, el Gobierno de José María Aznar aprobó el Real Decreto 1867/1998, una modificación legal que permitió a la Iglesia Católica poner a su nombre la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, entre otros templos religiosos. Aquella norma reformó la normativa hipotecaria franquista de los años 1946 y 1947, que equiparaba a los obispos con funcionarios del Estado al atribuirles la potestad de inscribir por primera vez a nombre de las diócesis bienes inmuebles –inmatricular– sin título acreditativo. Pero no la reformó para eliminar esta potestad, sino para ampliarla al otorgarle también algo que ni siquiera el franquismo había permitido a la Iglesia: inscribir bienes de culto. Además ampliaba los supuestos de inmatriculación y señalaba: “Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción”.

Los otros incidentes diplomáticos con el Vaticano

Pero la vicepresidenta no sólo ha anunciado este lunes, en declaraciones a la Cadena Ser, la intención del Ejecutivo socialista de pisar el acelerador para culminar a la mayor brevedad posible la reforma de la fiscalidad de la Iglesia. También ha puesto sobre la mesa la intención de trasladar una queja formal a Roma por las declaraciones realizadas por el nuncio del Vaticano, Renzo Fratini, quien ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha “resucitado” a Franco con su intención de exhumar del Valle de los Caídos los restos del dictador, un proyecto detrás del cual subyacen “motivos sobre todo políticos” e “ideológicos” de aquellos que “quieren de nuevo dividir a España”. Unas afirmaciones que, en opinión de Calvo, son “improcedentes e inaceptables” en el “fondo y en la forma” porque un embajador de la Santa Sede “no tiene que entrar en los asuntos internos de un Estado” y en una cuestión “tan importante” como la exhumación de los restos de “un dictador”. “Va a recibir una queja por una injerencia de esta naturaleza”, ha apuntado.

No son nada habituales los conflictos diplomáticos entre el Estado español y el Vaticano. Pero esto no quiere decir que en los últimos años no se hayan producido algunos enfrentamientos entre Madrid y la Santa Sede. Uno de ellos se registró en febrero de 2008, cuando a menos de dos meses de las elecciones generales la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado cargando contra algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e instando a los ciudadanos, aunque sin mencionar nombres, a no introducir en las urnas la papeleta del PSOE. Un llamamiento que llevó al entonces embajador español en el Vaticano a ponerse en contacto con el número dos de la Santa Sede para mostrarle la “perplejidad y sorpresa” del Ejecutivo socialista por la posición “integrista, fundamentalista y neoconservadora”, en palabras del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de la jerarquía eclesiástica española.

También el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido algún tira y afloja con la Santa Sede. Pero en este caso, por el apoyo de algunos sacerdotes catalanes al referéndum del 1-O. Así, en septiembre de 2017, cuando quedaban pocos días para que se celebrara la consulta declarada ilegal, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó, a través del entonces embajador español en la Santa Sede, una nota verbal de protesta al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, por el manifiesto que cuatro centenares de sacerdotes y diáconos catalanes trasladaron al papa Francisco apoyando el referéndum independentista. Un escrito en el que respaldaban la consulta movidos “por los valores evangélicos y humanísticos” y “empujados por el amor sincero al pueblo que queremos servir”. En su nota verbal, el Gobierno señaló que dicho manifiesto vulneraba el Código de Derecho Canónico y el espíritu de los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979.

La organización ECA (Ending Clergy Abuse), una de las organizaciones de víctimas de abusos por parte del clero más activas, presente en más de 90 países, ha presentado un compendio de 21 normas que a su juicio debería adoptar el Vaticano si de verdad quiere erradicar el flagelo de la pederastia y los obispos encubridores, informa Europa Press.

En primer lugar, los miembros de ECA exigen que cualquier hombre del clero que haya sido encontrado culpable de cualquier tipo de agresión o abuso contra un menor, así como cualquier eclesiástico cómplice de mantener en secreto el caso sea "expulsado de su cargo y del oficio del sacerdocio de forma inmediata".

Las líneas guía están divididas en tres subgrupos que responden a la responsabilidad del obispo, la rendición de cuentas y la transparencia, que son precisamente los ejes temáticos que guiaron los debates de la histórica cumbre sobre la protección de menores que concluyó el domingo con una promesa del papa para que estos crímenes no vuelvan a repetirse.

También instan a que la documentación e informes sobre las investigaciones canónicas relativas a los casos de abuso sean trasmitidas automáticamente a las instancias de la justicia ordinaria, lo que en la práctica supone el fin del secreto pontificio. Asimismo, pide que sean los órganos jurídicos de cada país los que se hagan cargo de las denuncias de abusos a menores.

También piden al Vaticano que ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que publicó un informe en 2014 en el que le exigía que "destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores". Las víctimas también solicitan que se elimine la inmunidad de los diplomáticos vaticanos para que puedan así ser juzgados en los lugares donde cometen los delitos.

Igualmente, han propuesto que las Conferencias Episcopales reservan parte de su presupuesto a las indemnizaciones a las víctimas de abusos, algo que ya ejercitan algunos países. Por otro lado, piden que se hagan público todos los registros y archivos con los religiosos que han cometido abusos a menores, incluidos los ya apartados o fallecidos.

Nuevo motu proprio

Las expectativas de las víctimas quedaron insatisfechas tras las conclusiones presentadas por el papa después de la cumbre antipederastia. Miguel Hurtado, primera víctima que denunció abusos sexuales cometidos por el monje de Montserrat Andreu Soler, las tildó de "bofetada a todas las víctimas", pero tal y como ha anunciado uno de los organizadores de la cita vaticana, padre Federico Lombardi, la cumbre "no es el final".

Así, ha informado de que, en el plazo máximo de uno o dos meses, el Vaticano contará con una nueva legislación para luchar contra los abusos, entre ellos. Esto incluirá un nuevo motu proprio papal sobre la protección de menores y un manual de instrucciones para que los obispos afronten las denuncias y acompañen a las víctimas. "Un nuevo motu proprio del papa sobre la protección de menores y de las personas vulnerables para reforzar la prevención y el combate contra los abusos sexuales en la Curia romana y en el Estado de la Ciudad de Vaticano será publicado", ha anunciado el jesuita.

El papa considera que "todo feminismo acaba siendo un machismo con falda". Así lo ha manifestado al elogiar la ponencia que ha pronunciado la profesora italiana de Derecho Canónico, Linda Ghisoni, durante la cumbre antipederastia que reúne en el Vaticano a 190 jerarcas eclesiásticos para poner fin a la lacra de los abusos sexuales, informa Europa Press.

"Invitar a hablar a una mujer no es entrar en la modalidad de un feminismo eclesiástico, porque al final todo feminismo acaba siendo un machismo con la falda", ha sentenciado el Pontífice, sentado al lado de Ghisoni en el atrio del Aula Nueva del Sínodo donde tienen lugar las sesiones de trabajo.

"Escuchando la intervención de Ghisoni, he escuchado la Iglesia hablar de sí misma. O sea, todos hemos hablado de Iglesia, en todas las ponencias, pero esta vez esta la misma Iglesia la que hablaba. No es solo una cuestión de estilo: el genio femenino que se refleja en la Iglesia es mujer", ha determinado.

Así, ha señalado que invitar a una mujer a pronunciar un discurso sobre las heridas de la Iglesia es invitar a la Iglesia a "hablar de sí misma". "Es este el paso que debemos hacer con mucha fuerza: la mujer es la imagen de la Iglesia es esposa, madre. Un estilo. Sin este estilo hablaríamos del pueblo de Dios, pero como organización, quizás sindical, pero no como familia alumbrada por la madre Iglesia".

Primera mujer en intervenir en la cumbre contra la pederasita

La profesora italiana de Derecho Canónico, Linda Ghisoni, ha propuesto constituir comisiones consultivas independientes en el territorio de cada Conferencia Episcopal para consejar y asistir a los obispos y a los superiores religiosos, y para promover un nivel uniforme de responsabilidad en las diversas diócesis.

"Tales comisiones consultivas pueden estar formadas por laicos, sin que se excluya a los religiosos y los clérigos. No se trataría de personas que juzgan a los obispos, sino de fieles que ofrecen su consejo y asistencia a los pastores valorando su actuación con criterios evangélicos; y que informan a todos los fieles del territorio sobre los procedimientos apropiados", ha explicado.

Para la experta, es necesario "revisar la normativa actual sobre el secreto pontificio". A su juicio, este debe "tutelar los valores que quiere proteger -la dignidad de las personas implicadas, la buena fama de cada uno, el bien de la Iglesia-" y, al mismo tiempo, debe consentir "el desarrollo de un clima de mayor transparencia y confianza, evitando la idea de que el secreto se utiliza para esconder los problemas en vez de para proteger los bienes en juego".

Además, ha señalado que en la gestión de los abusos sexuales "la exigencia de transparencia debe equilibrarse con la confidencialidad". "Una confidencialidad injustificada, al igual que una divulgación incontrolada, puede generar mala comunicación y no servir a la verdad. Rendir cuentas es también saber comunicar", ha destacado en su alocución.

Ghisoni, que también es la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, ha pedido que este foro "se haga cargo de lo sucedido para que la prevención no se agote en un bonito programa, sino que se convierta en actitud pastoral ordinaria".

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, trasladó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en su carta del pasado 14 de febrero que la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos es "competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la Justicia española", informa Europa Press.

Así lo explica el número dos de la Santa Sede en la citada misiva sobre la postura del Vaticano ante la exhumación de los restos del dictador. El Independiente ha difundido este viernes una parte de la carta que no había facilitado el Ejecutivo, si bien el pasado 20 de febrero trasladó un párrafo de la misma, en la que se recoge que "la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone". "Confirmo que la Santa Sede respeta plenamente el texto y el espíritu del Acuerdo con el Estado español sobre cuestiones legales del 3 de enero de 1979, que reconoce y protege las respectivas esferas de competencia y jurisdicción", recoge uno de los párrafos revelados este viernes.

En este sentido, indica que "en cumplimiento del principio de no intervención en asuntos que pertenecen esencialmente a la competencia de otro Estado, la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española". Asimismo, el cardenal Pietro Parolin asegura que el Vaticano sigue "con gran atención la cuestión del traslado de los restos mortales de Franco, que afecta a la familia, al Gobierno español y a la Iglesia local".

El secretario de Estado del Vaticano apunta en la carta que estas consideraciones son la respuesta a las inquietudes mostradas por Calvo sobre la posición del prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera en una misiva del 18 de enero. "Deseo reiterar lo que señalé a Vuestra Excelencia durante nuestra reunión en el Vaticano, el pasado 29 de octubre, es decir, que la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone. A la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue recordado y se seguirá recordando su deber cívico de observar plenamente el ordenamiento y de respetar a las Autoridades civiles", señala el párrafo que facilitó el Ejecutivo.

Por su parte, el prior del Valle de los Caídos Santiago Cantera, precisó este jueves que la comunidad benedictina acatará la decisión de los tribunales y no del Gobierno sobre la exhumación de los restos de Franco. "La comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial", explicó Cantera en declaraciones a Europa Press.

En la rueda de prensa de este viernes posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Celaá ha asegurado que no cree que el Gobierno "tenga ningún problema para publicar" la carta que Pietro Parolin escribió a la vicepresidenta. "No lo conozco (si hay problema), al menos no tengo esa sensación", ha agregado, preguntada sobre la decisión de no publicar íntegra esa misiva. Solicitada la misiva al Ejecutivo tras la rueda de prensa de Celaá, ésta no ha sido facilitada.

El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha presentado su renuncia al cargo por cumplir este viernes 75 años, siguiendo el procedimiento establecido por el Código de Derecho Canónico para la jubilación episcopal, han informado a Europa Press fuentes del Arzobispado.

La renuncia coincide en el tiempo con varios casos destapados de presuntos abusos sexuales a menoresabusos sexuales a cargo de párrocos de la archidiócesis, pero fuentes del arzobispado han descartado que la decisión tenga alguna relación.

Esta semana, la archidiócesis de Tarragona abrió una comisión interna de investigación de los casos que afectan a los párrocos señalados, de Arbeca (Lleida) y otras poblaciones cercanas, Josep Maria Font, y el de Constantí (Tarragona), Francesc Xavier Morell.

El código canónico indica que, al cumplir la edad 75 años, "se le ruega que presente la renuncia de su cargo al Sumo Pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias".

Pese a la renuncia presentada, el mandato del arzobispo puede prorrogarse durante meses o incluso años hasta que el papa decida su sucesor.

"Previendo la proximidad de la edad de jubilación, muchas veces antes de la misma se inicia el proceso de provisión de la sede que quedará vacante", han indicado.

Y han añadido que corresponde a la Nunciatura Apostólica de cada país, encabezada por el Nuncio, iniciar una serie de contactos con los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, algunos de los miembros de la Iglesia diocesana y también con la Conferencia Episcopal Española.

El arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, ha afirmado sobre los presuntos abusos sexuales a menores de dos párrocos de Arbeca (Lleida) y Constantí (Tarragona), que han sido apartados de sus funciones: "Han podido tener sus errores y han podido tener sus faltas, pero no son tan graves como para poder decir que tienen que ser secularizados, de ninguna forma", informa Europa Press.

"Los he apoyado hasta este momento y los continuo apoyando", de acuerdo con lo que les ha dicho la Santa Sede, de que no ha habido un proceso penal, ha afirmado en declaraciones a los medios este miércoles. "A veces pienso: ¿Y no hay un mal momento, en un mosén?". Así ha reflexionado y ha dicho que cree que puede haber un mal momento en la vida que les lleve a hacer una cosa de la que quizás se arrepentirán toda la vida.

Ha añadido que opina que desde el Arzobispado han actuado bien con las familias afectadas y, sobre los dos religiosos, ha añadido: "Para mí, no son unos desgraciados". El arzobispo ha firmado este miércoles el documento en el que aparta del servicio al rector de la parroquia de Arbeca (Lleida), Josep Maria Font, un día después de haber apartado de sus funciones al párroco de Constantí (Tarragona), Francesc Xavier Morell, ambos presuntamente involucrados en tocamientos a menores.

Hay otro religioso acusado de abusos en Constantí, Pere Llagostera, pero falleció hace dos años.

Horas después, el arzobispo de Tarragona ha matizado en un comunicado las declaraciones: "Deseo aclarar que cualquier actuación de este tipo, impropia de nadie y aun más de un presbítero, me parece gravísima". "Algunos han interpretado estas palabras como si pretendiera rebajar la importancia de los hechos", ha agregado. Ahora le parece un hecho "doloroso", por lo que ha pedido perdón en nombre de la Iglesia de Tarragona y se ha puesto personalmente a disposición de escuchar a las víctimas.

La familia Martínez-Bordiú Franco ha presentado este martes su escrito de alegaciones finales en el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno para exhumar los restos de su abuelo, Francisco Franco, del Valle de los Caídos, han informado fuentes del entorno de la familia. Informa Europa Press.

El mismo día en que vencía el plazo para alegar, la familia Franco, por medio de su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, argumenta en un escrito de 55 páginas las "múltiples irregularidades" que ha detectado en los trámites para proceder a la exhumación, que llegan a calificar de "farsa administrativa" para dar cobertura legal a una decisión tomada de antemano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio pasado. El escrito de alegaciones dedica especial atención a poner en evidencia el informe redactado por la Delegación del Gobierno de Madrid sobre los supuestos problemas de seguridad que desaconsejan una eventual reinhumación de los restos de Franco en la Cripta de la Catedral de la Almudena.

Citando a "expertos consultados en materia de seguridad", la familia advierte de que estos han concluido que los riesgos de llevar los restos a la cripta de La Almudena, como querría la familia en caso de que la exhumación se ejecute, son reducidos, avanzan las fuentes consultadas. Así lo aseguran, en primer lugar, porque la zona en la que se ubica la cripta es de por sí "altamente segura" debido a la elevada presencia de fuerzas de seguridad del Estado, medidas de control antiterrorista y restricciones que se aplican en ella como consecuencia de que la catedral de La Almudena linda con el Palacio Real, una de las sedes utilizada por la jefatura del Estado para actos institucionales y parada obligada de visitas turísticas.

Tendría menos afluencia que un partido de fútbol 

Pero la familia cuestiona también los supuestos riesgos que entraña la cripta de La Almudena como lugar alternativo para albergar los restos de Franco "por no ser objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad" y porque no se prevé una afluencia masiva de visitantes a la cripta una vez que los restos de Franco recalasen allí. Como máximo habría unas 1.000 visitas diarias, estiman. Y esta cifra dista mucho de la afluencia de personas que generan otros grandes eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante tres horas, o las visitas que recibe el Museo del Prado, con casi 3 millones de visitantes anuales, se argumenta en el escrito de alegaciones.

Además, la familia considera "despreciable" el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico que podría provocar el traslado de los restos de Franco a La Almudena. Citan, en este sentido, el precedente de la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CC.OO contra el traslado de los restos a la Almudena que apenas congregó a 200 personas. El escrito denuncia asimismo la doble violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa que constituyen, a su juicio, tanto la exhumación de los restos mortales en contra de la voluntad de la familia, como la injerencia del Gobierno en el ejercicio del derecho de la familia a decidir el destino de tales restos en caso de que se procediera a la exhumación.

La familia hace referencia en este punto a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el caso Solska y Rybicka contra Polonia, en la que se condenó al Gobierno polaco por realizar una exhumación de restos mortales en contra de la voluntad de los familiares y sin dar a estos la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para invocar la violación de sus derechos humanos. En este sentido, los nietos de Franco se hacen eco de la advertencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en su auto de 17 de diciembre pasado con respecto a que el eventual acuerdo de exhumación, recurrible ante dicha Sala, no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y la Sala se haya pronunciado al respecto.

Los nietos de Franco denuncian también que el Gobierno no tiene jurisdicción alguna para acordar la exhumación, dado que en su acuerdo del 8 de noviembre por el que abrió el procedimiento para la exhumación reconoce de manera expresa el carácter inviolable de la Basílica del Valle de los Caídos, circunstancia que emana del Tratado entre España y la Santa Sede.

El desacuerdo del prior de la Basílica: un argumento para la familia Franco

A esto se une la expresa denegación por la autoridad eclesiástica competente -el Prior Administrador de la Abadía- para permitir el acceso a la Basílica a los técnicos que designe el Gobierno para llevar a cabo la exhumación. Otro de los elementos que, a juicio de la familia, prueba el carácter "fraudulento" del procedimiento tiene que ver con el hecho de que se dirija única y exclusivamente a la exhumación de Franco cuando el decreto ley que da cobertura legal a esta acción aparentemente se aplica a todos los cadáveres inhumados en el Valle de los Caídos que no cumplen los requisitos del artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, es decir, que no fallecieron como consecuencia de la guerra civil española.

La familia se pregunta por qué tiene que "soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intención de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situación". Las alegaciones se completan con el cuestionamiento de que el proyecto del Gobierno cumpla la legalidad urbanística y con la denuncia de que la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid incumple la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria por haber obviado la condición de cadáver embalsamado que, a juicio de la familia, tienen los restos de Franco.

Solicita declarar improcedente la exhumación

Por todo ello, la familia solicita declarar improcedente la exhumación de su abuelo. Y sólo para el hipotético caso de que se estimase procedente la exhumación, exigen que se les haga entrega de los restos para reinhumarlos en la sepultura que tienen en propiedad en la Cripta de la Catedral de Santa María de la Almudena de Madrid.

Aunque el Gobierno está obligado a permitir que la familia presente sus alegaciones, también puede no tenerlas en cuenta, por lo que en las próximas semanas el Consejo de Ministros puede aprobar la orden definitiva de exhumación del dictador. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha advertido al Gobierno de que no podrá ejecutar la exhumación sin que previamente las partes interesadas hayan podido recurrir ese acuerdo definitivo del Consejo de Ministros y la Sala se haya pronunciado al respecto.

La mera decisión de la familia de recurrir esa decisión impediría al Ejecutivo de Pedro Sánchez ejecutar la exhumación al menos por unos meses más, ya que las partes personadas -además de la familia Franco están la Fundación Francisco Franco y la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos- cuentan con un plazo de dos meses para recurrir la orden definitiva de exhumación. Así, si decidiesen agotar el plazo, los restos de Franco en ningún caso podrían abandonar el Valle antes de abril.

El Vaticano se vuelve a lavar las manos en la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El portavoz interino de la institución católica, Alessandro Gisotti, ha confirmado a través de una nota emitida este sábado en respuesta a las preguntas de los periodistas que "no tiene nada que agregar con respecto a lo ya afirmado por la Santa Sede". Y, en esta ocasión, va más allá y concluye que "el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local". 

Esta aclaración de la postura del Vaticano llega en la misma semana en la que se ha conocido la postura oficial del prior del Valle de los Caídos sobre la exhumación de los restos del dictador. El benedictino Santiago Cantera remitió el pasado 26 de diciembre una misiva al Gobierno en la que desautorizaba la salida de la basílica de Cuelgamuros del general golpista, enterrado hace ya casi 44 años. La respuesta llegó tan sólo dos semanas después de que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitara por escrito el preceptivo permiso para entrar en el templo. El prior, que fue candidato de Falange Española Independiente en las elecciones de 1993 y en los comicios europeos de 1994, dio una razón a su juicio clara: ni hay consenso de la familia Franco ni han finalizado los pleitos judiciales.

La respuesta no fue una sorpresa para el Gobierno. Es más, el Ejecutivo esperaba esta actitud por parte de Santiago Cantera por sus antecedentes ideológicos. Pero es que, además, la actitud de poner piedras en el camino hacia la exhumación no es nueva. "El prior se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas sobre este proceso por las autoridades eclesiásticas españolas, tanto desde el Arzobispado de Madrid como desde la Conferencia Episcopal", dijo el Gobierno.

Las dos instituciones, no obstante, declinaron responder a la decisión del prior. Según informaron fuentes del Arzobispado a infoLibre, "la abadía del Valle de los Caídos es independiente", ya que solo responde ante su orden, los benedictinos, que tienen su sede en Francia, en la Abadía Saint-Pierre de Solesmes. "El Arzobispado sólo entraría en cuestiones doctrinales, y en este caso no hay ninguna cuestión doctrinal", indicaron. "Nosotros, lo que hemos hecho a lo largo de estos meses, y es a lo que nos vamos a limitar, es apelar al acuerdo entre el Gobierno y la familia" del dictador. La misma respuesta que dio la Conferencia Episcopal a preguntas de este diario. 

A la espera de que llegue ese acuerdo, el Gobierno no se dará por vencido. Al menos, eso ha querido manifestar. "La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala la negativa del prior y la negativa de la propia familia Franco", dijo Moncloa este mismo jueves. "Dentro de las gestiones previstas por el Gobierno, figura el traslado de todas los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera", añadió el Ejecutivo.

Ese es el siguiente paso a seguir para que, al fin, la momia del dictador salga de su actual tumba. En un primer momento, el Gobierno aseguró que sería en verano de 2018; después, en Navidad; y, ahora, a principios de este recién estrenado 2019. Los pasos estaban claros, pero el problema han sido los obstáculos que los socialistas se han ido encontrando a lo largo del camino. Porque este del prior no es el único al que se enfrentan: la familia y la decisión del Supremo son los siguientes escollos. 

La Policía de Italia está investigando el hallazgo de huesos humanos en la Embajada de Vaticano en el país durante unos trabajos de remodelación en el edificio, tal y como ha confirmado la Santa Sede.

El Vaticano ha indicado que los restos han sido localizados "en un local anexo a la Nunciatura Apostólica en Italia", ubicada en el número 27 de vía Po de la capital italiana, antes de señalar que la Gendarmería trabaja en el lugar y que el fiscal jefe, Giuseppe Pignatone, encabeza la investigación.

Asimismo, ha apuntado que Pignatone ha pedido a la Policía científica que intente determinar la edad, sexo y fecha de fallecimiento de la persona o personas a quienes pertenezcan los restos.

Según el diario italiano La Repubblica, el hallazgo podría llevar a la reapertura del caso de la desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, la hija de 15 años de un empleado de Vaticano.

La desaparición de Orlandi, que sigue sin esclarecerse, fue vinculada inicialmente a un supuesto intento de lograr la liberación de Mehmet Alí Agca, quien abrió fuego contra el papa Juan Pablo II en 1981.

Sin embargo, una llamada anónima en 2005 a un programa de televisión indicó que los restos estaban enterrados junto a los del mafioso Enrico Renatino De Pedis, quien encabezó la banca Magliana. La Policía abrió su tumba en 2012, sin encontrar pruebas.

El ariete de la ofensiva es el arzobispo Carlo Maria Viganò. Sostiene que el papa conocía, desde el inicio de su mandato en 2013, los abusos sexuales cometidos por el cardenal Theodore McCarrick. Viganò no es un cualquiera, fue nuncio (embajador) del Vaticano en Washington entre 2011 y 2016. Es conocido por sus ideas homófobas. Para él, la pedofilia está relacionada con la penetración homosexual en la Iglesia. Forma parte del núcleo ultra que trata de derribar al papa desde que Francisco le destituyó.

En España, los ultras están dirigidos por los cardenales Rouco Varela y Cañizares, entre otros.

Esta corriente preconciliar forma hoy parte de un movimiento más amplio, en el que caben Trump, Le Pen, Salvini y el PP de Casado.

Francisco no ha querido responder, pese a que se trata de una acusación grave. Más allá del personaje de Viganò, es consistente con la actuación de este papa en Chile, uno de los epicentros del abuso de menores. ¿Recuerdan la película El Club de Pablo Larraín? Deberían verla.

El papa defendió al obispo Juan Ramos, sospechoso de encubrir casos de abuso. Su condescendencia provocó una insólita dimisión en cadena de obispos chilenos. La rectificación llegó, pero Francisco perdió una oportunidad de pasar del territorio de las palabras, en el que se mueve bien, al de los hechos, en el que tiene más dificultades. En este sentido es un papado decepcionante, una oportunidad perdida.

El riesgo que corre la extrema derecha eclesiástica es grande porque en el envite puede caer algo más que un papa. La carrera delictiva de McCarrick empezó hace 50 años. Entre 1994 y 2008, los obispos de EEUU y el papa Benedicto XVI recibieron informes sobre sus actividades sexuales. Juan Pablo II murió en 2005. ¿Tuvo algún conocimiento el papa santo? Fue él quien le ordenó cardenal en 2001.

Décadas de abusos están saliendo a la luz en todo el mundo. Un informe interno de la Iglesia fechado en 2004 reconocía más de 4.000 casos de sacerdotes que afectaban a unos 10.000 niños, la mayoría chicos. Las cifras actualizadas deben ser demoledoras. Solo en Filadelfia afecta a mil menores.

Francisco aprovechó su última visita a Irlanda, menos cálida de lo previsto, para pedir perdón. Irlanda es la zona cero de todo tipo de abusos. ¿Vieron la película Las hermanas de la Magdalena?

Afirmar que el abuso es masivo sería exagerado e injusto, pues existen miles de monjas y sacerdotes que hacen su trabajo decentemente. Lo que es masivo es la política de ocultamiento sistemático. La película Spotlight se basa en las investigaciones del diario The Boston Globe sobre este encubrimiento masivo auspiciado por el cardenal Bernard Law.

Boston es la ciudad más católica de EEUU. El periódico realizó su investigación en un terreno hostil. Las presiones debieron de ser formidables. Seguro que se  escuchó la frase de que ‘esas informaciones ponen en riesgo la seguridad de la institución’. Lo mismo sucede en España con el caso del comisario Villarejo. Las informaciones no ponen en riesgo al Estado, ponen en riesgo la impunidad de personas que viven del Estado. No es lo mismo.

Las acusaciones de Viganò llegan en un momento peligroso para todos los protagonistas. El movimiento #MeToo ha reducido a cero la tolerancia. La sociedad está sensibilizada. Aunque se trata de casos anteriores, lo que persiste es la impunidad organizada. No se castiga ni denuncia a los culpables, solo se les cambia de diócesis. Ni siquiera se avisa a los nuevos fieles de que el pastor que llega está manchado.

Igual que en otros sectores, como en el cine, el primer abuso, el que ampara todo lo demás, es el abuso de poder. El de un sacerdote con conexión directa con un dios que decide quién se salva y quién se condena debe ser de los más fuertes. ¿Quién se atreve a denunciar a un hombre así? Los testimonios de Filadelfia muestran a personas que se sintieron desamparadas.

La Iglesia católica ha llevado el peso de la campaña contra el aborto en Argentina. Antes se opuso a la ley de divorcio. Entre sus grandes enemigos están las leyes de matrimonio homosexual y todo lo que huela a laicismo, convertido en un anatema diabólico. Cuando solo es el espacio de convivencia entre las distintas religiones, los agnósticos y ateos en un Estado aconfesional con leyes iguales para todos.

Los abusos afectan al mensaje ético y la catadura moral de quien predica en nombre de un ser superior. Una de las grandes batallas es la educación. No solo es dinero, se trata del control de la formación de millones de niños. Son la garantía de que la fuerza del lobby se mantendrá intacta otros 50 años.

En las puertas del mundo de la robótica, los niños necesitan otro tipo de saberes. La ética, tener claro qué está bien y qué está mal, se refuerza desde la duda y el pensamiento, dos valores que cotizan poco en las organizaciones de obediencia debida, sean religiosas, militares o partidos políticos.

A menudo cunde el equívoco de que el gobernante puede hacer su voluntad sólo por ocupar el poder. Pero no es así. Ni es tanto su poder, ni su voluntad es ejecutiva. Detrás de los grandes anuncios y compromisos políticos, presentados bajo deslumbrantes neones, se suele esconder una trastienda de dificultades para llevarlos a cabo. El Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez ha anunciado la activación de los trámites para sacar Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos, donde permanece como símbolo exaltador de la victoria del bando sublevado contra la República democrática, para solaz de nostálgicos de la dictadura y el nacionalcatolicismo. Sánchez se apoya en una resolución aprobada en mayo de 2017 por el Congreso, no vinculante pero expresiva de la voluntad de la mayoría parlamentaria, que instaba al Gobierno, entonces del PP, a exhumar los restos del dictador. Bien, si el poder legislativo así lo demanda y el poder ejecutivo así lo desea, hágase cuanto antes, ¿no? No es tan fácil. Y no sólo porque el PSOE desee buscar una solución de consenso tanto con el resto de partidos como con la Iglesia, custodia de los restos, sino porque existe una significativa traba legal: los Acuerdos de 1976-1979 entre España y la Santa Sede.

Es una constante. Cada vez que hay una tentativa de limitar, matizar o cuestionar los privilegios de la Iglesia católica en España, aparecen los acuerdos. En esta ocasión, el apartado 1.5 de su apartado jurídico, que establece la "inviolabilidad" de "lugares de culto". El Gobierno parte con la ventaja de que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, se muestra abierto a la exhumación. Los acuerdos no implican que los restos de Franco no puedan ser exhumados, sino que la última palabra la tendrá la Iglesia. Las opciones para evitar a la Iglesia si ésta se opusiera serían, o bien los tribunales, o bien la derogación del pacto internacional España-Vaticano. De hecho, Sánchez podría decir que tiene un mandato para su derogación: si el presidente invoca para sacar los restos de Franco que lo pidió el Congreso, lo mismo valdría para la denuncia de los acuerdos del 79, reclamada por la Comisión de Educación de la cámara en una resolución en febrero con el apoyo del PSOE y recogida en el programa socialista y en las resoluciones del 39º congreso.

Pero la denuncia de los acuerdos, sostén del privilegiado estatus económico-fiscal, jurídico, simbólico y educativo de la Iglesia católica, es harina de otro costal. Es algo definitivamente más fácil de prometer que de hacer. Un candado difícil de romper. "Pacta sunt servanda", resume Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, que se cuenta entre los más exhaustivos conocedores de las relaciones entre Estado e Iglesia en España. Traducido de la locución latina, "lo pactado obliga". "Ahora mismo hay firmado un acuerdo internacional entre dos Estados. Si el Gobierno no lo quiere, lo tiene que denunciar. Es decir, el Congreso tiene que aprobar su denuncia y el Gobierno comunicarla por vía diplomática a la Santa Sede", explica. En efecto, la derogación de los acuerdos internacionales debe ser autorizada por los Cortes, como establece el artículo 96 de la Constitución. "Esto es una cuestión de matemáticas, sin más. El problema es otro, las consecuencias políticas, un conflicto con la Santa Sede o a lo mejor la ruptura de las relaciones diplomáticas. Porque la denuncia tiene un claro significado político de hostilidad", añade Torres.

  Una simbiosis histórica

España, "martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio", como la describió para la historia Marcelino Menéndez Pelayo, acumula una trayectoria secular de hermanamiento entre el Estado y la Iglesia, que desde su origen fue soporte de una ideología conservadora en el orden social. No ha habido poder más longevo ni más contundente, ni más útil para las élites políticas y económicas. Administradora de la salvación, tutora de la conducta, confesora e inquisidora, garantía de jerarquía clasista, dique contra vientos liberales y socialistas, cuando se han producido excepciones en la relación de simbiosis con el Estado, la más reseñable la Segunda República, la Iglesia se ha aplicado sin concesiones a su destrucción.

La moderna sucesión de alianzas se abre con los concordatos de 1737 y 1753. Sigue con el Estatuto de Bayona de 1808, que establece: "La religión Católica, Apostólica y Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra". El artículo 12 de la Constitución de Cádiz, teóricamente liberal, señalaba: "La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquiera otra". He aquí una particular característica de la política española desde hace 200 años: el infradesarrollo de una idea política liberal emancipada de la sotana. "El liberalismo español [del siglo XIX] rechazó la idea de un Estado laico y prefirió continuar con la tradición regalista de controlar los asuntos eclesiásticos para conseguir una mayor estabilidad política y social", escribe Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea.

El ideal católico, la noción de que España es católica, "pueblo de Dios", impregna el constitucionalismo del siglo XIX, en un contexto de coalición de intereses entre el Estado oligárquico y la Iglesia. De las leyes supremas de 1837 y 1845 al Concordato de 1851, que puso punto y final a los tímidos impulsos reformistas, el Estado moderno se fue construyendo sobre la base del blindaje de un elevado estatus de protección de los bienes eclesiales y de su primacía en el orden simbólico y en el ámbito educativo. Eran breves las interrupciones de este hilo histórico, como la Constitución de 1869, nacida tras la revolución que acabó con el destronamiento y exilio de Isabel II, dando pie al Sexenio Democrático, y que hacía un primer amago de libertad religiosa. No duró. La Constitución de 1876 de Antonio Cánovas del Castillo volvió a dejar fuera de la ley el culto público de cualquier religión no católica. Posteriormente el papado de León XIII (1878-1903), de profundo calado en España, identificó ya al socialismo, y hasta cierto punto a la democracia pluripartidista, como enemiga de la Iglesia, bastión contrarreformista.

  Del sobresalto republicano al paraíso franquista

"España será católica o no será", dejó dicho Isidro Gomá, cardenal primado de España durante la Guerra Civil, resumiendo la posición de la Iglesia durante la experiencia republicana. La tricolor fue la última constitución que pretendió extirpar a la Iglesia del Estado. Así decía el artículo 3: "El Estado español no tiene religión oficial". Y el 26: "El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas". El mismo artículo estableció a las órdenes religiosas la "prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza", así como "la sumisión a todas las leyes tributarias del país" y la "obligación de rendir anualmente cuentas al Estado". Para la jerarquía católica fue una declaración de guerra. El sobresalto terminó con la victoria de Franco, saludada así por el papa Pío XII en un telegramo al Caudillo victorioso: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España".

El franquismo reintegró con creces a la Iglesia todos sus privilegios. Lo hizo primero con un acuerdo provisional entre la Santa Sede y el Gobierno, de junio de 1941, que volvía a conectar a la Iglesia a la sala de máquinas del Estado. Le devolvió todo el protagonismo en las aulas con la ley educativa del 45. Le entregó las llaves del registro –origen del escándalo de las inmatriculaciones– con la ley Hipotecaria del 46. Garantizó su presencia en el ejército con otro acuerdo de 1950. Y tres años después remató la tarea con el Concordato: "La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico". Este texto, que recoge un amplio catálogo de privilegios en todos los órdenes y supuso junto a los Pactos de Madrid el indulto a España en el concierto internacional, es el antecedente inmediato de los acuerdos del 79. El Estado se convirtió en sostén económico de la Iglesia y lo sigue siendo. Carrero Blanco, siendo vicepresidente del Gobierno, declaró el 7 de diciembre de 1972, y así lo recogió al día siguiente el diario Pueblo: "Desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera".

  Herencia del Concordato, no de la Constitución

Hay que deshacer dos equívocos. El Concordato, en contra de la creencia popular, nunca fue formalmente derogado, sino reformado por los acuerdos. Y, más importante, dichos acuerdos, que suelen anclarse cronológicamente en el 79, lo cual les hace aparentar un carácter postconstitucional, en realidad son del 76-79. Los acuerdos emanan del Concordato del 53, no de la Constitución del 78. Los primeros movimientos para la modificación del Concordato comenzaron de hecho a finales de los 60, antes de cualquier hipótesis constitucionalista, en el contexto de unos desajustes en la relación entre el régimen y las autoridades eclesiásticas y por la certeza de que su sola mención era recordatorio del carácter radicalmente obsoleto del franquismo en una Europa ya democrática.

El primero de los acuerdos, firmado en julio de 1976, menos de cuatro meses antes de la aprobación por parte de las Cortes franquistas de la Ley para de Reforma Política, es un "Instrumento de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español" que obedece al "profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años". Con España inmersa en un imparable proceso de apertura, había que borrar las huellas nacionalcatólicas y cambiar el acuerdo sin tocar lo esencial. De este acuerdo marco cuelgan cuatro convenios en "materias de interés común" que se firman en 1979: 1) jurídico; 2) sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas; 3) educativo y cultural; 4) económico.

  Sostén de privilegios

En ellos está garantizado el grueso de los privilegios eclesiales. Ninguna otra confesión goza de un estatus siquiera mínimamente parecido. Aunque hay dudas sobre si es un tratado internacional sólo de facto o también de iure, lo esencial es que el Estado español reconoce la religión como una suerte de derecho que está obligado a garantizar, pero no sólo como una libertad de los creyentes, sino como una obligación del propio Estado. Obligación, claro está, que implicará una financiación pública. La sobrerrepresentación simbólica del catolicismo en la esfera oficial, las masivas exenciones fiscales, el uso privativo de los templos, la discrecionalidad en la administración de sus bienes y de sus cuentas, la incrustación en el sistema educativo público en paralelo a las facilidades para el desarrollo de una amplia red concertada, la financiación con cargo al Estado de la estructura de la Iglesia y de sus pastores en escuelas, cárceles, cuarteles... Todo está atado o encauzado por estos acuerdos, con los que la simbiosis Iglesia-Estado revalida su carta de naturaleza jurídica, al mismo tiempo que la Constitución, con su mención expresa a la "cooperación" con la "Iglesia católica", genera un incierto marco donde a la postre han cabido infinidad de beneficios.

El texto ha planteado serias dudas sobre su constitucionalidad, como detalla el catedrático Dionisio Llamazares, director de la Cátedra Fernando de los Ríos sobre Laicidad y Libertades Públicas, en Los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede. Los vicios sobre los que más han alertado los juristas afectan al artículo 16 de la Constitución: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". Es cierto que el artículo está redactado de forma alambicada: no dice que el Estado sea aconfesional, mucho menos laico, una enunciación afirmativa que hubiera ofrecido menos margen a la interpretación legal. No obstante, con esta redacción ya es dudosa la constitucionalidad de no pocos preceptos de los acuerdos: Por ejemplo: 1) "La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana"; 2) ""El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico". También es dudoso que las atribuciones sobre contratación y despido de profesores por parte de los obispos, que pueden largar si les place a una madre soltera o a un homosexual si considera que su modo de vida va en contra de los "valores cristianos", encaje con el artículo 16.2 de la Constitución: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".

  Europa Laica y la coherencia

Dudas jurídicas aparte, lo cierto es que los acuerdos del 76-79, el Concordato Bis, siguen en pie nuevos y relucientes como el primer día. Teóricamente hoy se cierne una amenaza sobre ellos, porque ocupa La Moncloa un secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se ha comprometido de todas las formas posibles con su derogación. No obstante, el propio secretario de Laicidad del PSOE, el catedrático de Filosofía del Derecho José Manuel Rodríguez Uribes, autor del ensayo Elogio de la laicidad y profundo conocedor de la materia, admite que es un asunto que aún no tiene fecha. El movimiento laicista, que aplaudió la toma de posesión sin crucifijo ni Biblia del presidente y sus ministros, observa con expectación. Y exige. "La prioridad es denunciar los acuerdos. Y ojo, una denuncia sin nueva negociación, porque podemos acabar volviendo al punto de parida. Si consideramos que es un tratado internacional, cosa que no está clara, pues que autorice el Congreso la denuncia con la misma mayoría que aprobó la resolución. A partir ahí habrá que ponerse manos a la obra con las tareas pendientes, como dejar de pagar la formación religiosa y centrarse en la educación pública", señala Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica, que añade: "Conocemos lo que dice el programa del PSOE y lo que el PSOE ha apoyado en la oposición. Sería incoherente que no lo llevara a cabo".

El teólogo Juan José Tamayo, presidente de la Asociación Juan XXIII y referencia intelectual del ala reformista de la Iglesia, afirma: "Todavía quedan muchos restos de nacionalcatolicismo. Ahora mismo no sabría ni definir si el Estado español es confesional o no". Tamayo sitúa sus críticas no sólo en los acuerdos del 76-79, sino en la propia Constitución, que privilegia el lugar de la Iglesia, especialmente en el ámbito educativo. "Se deben denunciar los acuerdos con la Iglesia, así como con el resto de confesiones, porque refuerzan la concepción nacionalcatólica del Estado. No de la sociedad, que es de las más secularizadas de Europa, sino del Estado", subraya.

  Un "adolescente de 40 años"

Tamayo señala que incluso con los acuerdos vigentes podrían atacarse determinados privilegios, ¡debido al incumplimiento de los mismos por parte de la Iglesia! Un ejemplo. El acuerdo económico señala que "la Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Casi 40 años después, la autofinanciación sigue siendo una quimera. Alejandro Torres traza una metáfora para explicar la siempre pospuesta independencia económica de la Iglesia. "Es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va de casa".

El teólogo Juan José Tamayo considera que "la transición que más retraso lleva en España" es precisamente la que lleva del Estado confesional al Estado neutral en materia religiosa. "España no es neutral. Da a la Iglesia beneficios fiscales, educativos e incluso militares. Es un escándalo y una incoherencia impresionante que haya un arzobispado castrense bendiciendo comportamientos armados, cuando el cristianismo primitivo excluía a los que ejercían funciones militares", señala.

Los siete hermanos Martínez-Bordiú Franco han enviado una carta a Santiago Cantera,  prior del Valle de los Caídos, pidiéndole que informe a la Santa Sede que su deseo es que los restos de su abuelo no salgan del recinto, según informa el diario La Razón.

La autoridad del Vaticano afectaría al mausoleo franquista, según el acuerdo entre la Iglesia y el Estado del 3 de enero de 1979, firmado por Juan Pablo II y Marcelino Oreja, pero no a los restos mortales que allí se encuentran, recuerda el diario, que insiste en que la máxima autoridad de la Iglesia católica no tiene el propósito de pronunciarse sobre esta cuestión. 

Fuentes del Arzobispado de Madrid, señala el diario, destacan que el cardenal y arzobispo Osoro no tiene "ningún interés" en oponerse a que el cuerpo del dictador salga del Valle, es más, "está abierto a colaborar y dispuesto a poner todos los medios para alcanzar una solución de consenso". 

Se da la circunstancia, recuerda La Razón, de que el Valle de los Caídos es "inviolable" ya que se trata de una basílica pontificia. Además, según la Ley de Memoria Histórica, ese espacio se rige por la legislación aplicable a los lugares de culto y cementerios públicos. En este caso, la normativa que rige en Madrid sobre exhumaciones establece que estas las tiene que solicitar un familiar o allegado del difunto y ninguno de los siete nietos del dictador está dispuesto a solicitarlo.

El Papa ha denunciado este sábado que el aborto es lo mismo que lo que hacían los nazis pero "con guante blanco" en un discurso improvisado ante el Forum Familia, una organización de la que forman parte 25 asociaciones italianas "pro vida".

"El siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo pero con guantes blancos", ha defendido el pontífice en el Vaticano.

"Está de moda, es habitual. Cuando en el embarazo se ve que quizás el niño no está bien o viene con cualquier cosa: la primera oferta es '¿lo tiramos?'. El homicidio de los chicos. Para resolver una vida tranquila, se tira un inocente", ha continuado Francisco.

En su discurso también ha pedido a los gobiernos que favorezcan la natalidad y ha asegurado que tener hijos es la inversión más grande que puede hacer un país. "No os canséis de ayudar al crecimiento de la natalidad en Italia, sensibilizando a las instituciones y la opinión pública sobre la importancia de dar la vida a políticas y estructuras más abiertas al don de los hijos", ha considerado.

"El nacimiento de hijos constituye la más grande inversión para un país y es la primera condición de su prosperidad futura", ha agregado.

Por otro lado, ha definido el aborto como "una atrocidad" al compararlo con lo que hacían los espartanos con los niños con malformaciones. Y ha manifestado: "Cuando de chico la maestra nos enseñaba lo que hacían los espartanos cuando nacía un niño con malformaciones: lo llevaban al monte y lo tiraban para abajo para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo. Una atrocidad".

Así, ha criticado "las lógicas individualistas y egoístas" por las que se guía el mundo frente al "amor de Jesús por los niños" que declara lo "sagrado e indisoluble" del puesto que ocupa la familia en el proyecto de Dios. Y ha añadido: "No es raro que pierda el sentido de la belleza y de los lazos estables, del compromiso hacia las personas, del cuidado sin condiciones, de la asunción de responsabilidad a favor del otro, de la gratuidad y del don de sí".

"Por este motivo es difícil comprender el valor de la familia, y se termina con concebirla según las mismas lógicas que privilegian al individuo en lugar de las relaciones y el bien común", ha sentenciado.

Finalmente, ha reclamado a las instituciones civiles que favorezcan y hagan crecer "familias sólidas y serenas que se ocupen de la educación de los hijos y se hagan cargo de las situaciones de debilidad".