Apenas presente como un mero complemento en la agenda de la reunión de los máximos dirigentes del G7 que se celebra estos días en Évian—les—Baines (Francia), Ucrania prácticamente ha desaparecido no solo del foco mediático, sino también del político. Parecería haberse convertido en uno más de los 59 conflictos activos en el mundo que siguen arrasando vidas e infraestructuras, pero sin lograr ya activar la necesaria voluntad política para ponerle fin.

Actualmente ya ha superado la duración de la I Guerra Mundial, sin que sea posible vislumbrar su final en una situación en la que lo único que parece claro es que ninguno de los actores directamente implicados está en condiciones de lograr una victoria definitiva. Y, de hecho, que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, haya sido invitado a la reunión no parece más que un gesto vacío, ya habitual en todos los eventos internacionales de estos últimos años. Un gesto que no supone ningún cambio sustancial a favor de su causa, incluso, como bien sabe Turquía después de tantos años, aunque venga acompañado de la decisión de iniciar negociaciones formales para su futura adhesión a la Unión Europea.

A este punto se ha llegado con Vladimir Putin obsesivamente empeñado en imponer su dictado, pero sin poder ocultar ya las señales del fracaso de una aventura militarista que no ha logrado más que ocupar en torno al 18% del territorio de su enemigo. Y para ello —muy lejos del objetivo que se había fijado al iniciar la “operación especial militar”— ha puesto su economía al servicio de la guerra y ha convertido a Rusia en un paria internacional, sancionada y marginada por quienes hasta hace poco eran sus mejores clientes en materia energética. Asimismo, en términos militares Putin ha destruido la imagen de poderío de una maquinaria militar que ha dejado a la vista su ineficacia en el campo de batalla, lastrada por su endémica corrupción y por un proceso de toma de decisiones que se basa en la reiteración de esfuerzos, convencido de que añadiendo más carne de cañón al matadero terminará por imponerse (sin preocupación alguna por el inmenso coste humano que eso le pueda suponer).

Atrapada en una guerra de desgaste sin final a la vista, no parece que Rusia tenga en sus manos alternativas claras para provocar un cambio radical a su favor. No hay nada en el ámbito militar —ni un nuevo sistema de armas ni una estrategia disruptiva ni las aportaciones de ningún aliado— que permita imaginar que sus tropas van a lograr romper el sistema defensivo ucraniano. A estas alturas también ha perdido sentido la creencia de que el tiempo jugaba a favor de Moscú, dada su inicial ventaja demográfica, industrial y económica; de tal modo que solo quedaba esperar a que Zelenski y los suyos asumieran esa cruda realidad para poder cantar victoria. En consecuencia, nada apunta a que Putin vaya a lograr en una mesa de negociaciones la aceptación de unos términos que Kiev sigue interpretando hoy como una capitulación.

Por otra parte, Ucrania está demostrando una capacidad tan extraordinaria que no resulta excesivo calificar a sus fuerzas armadas como el ejército más operativo de Europa. Los que ayer eran considerados soldados poco instruidos, que eran enviados al territorio de algunos aliados europeos a recibir instrucción antes de ser desplegados en el frente, son los mismos que hoy se han convertido en experimentados operadores y creativos planificadores y ejecutores de tácticas que Rusia no sabe cómo neutralizar. Su renovada capacidad industrial —con evidente apoyo presupuestario de los miembros del grupo de Ramstein—, la voluntad de resistencia de su ciudadanía y su destreza para explotar los puntos flacos del ejército ruso explican que ahora mismo sea capaz de batir exitosamente objetivos en la profundidad de Rusia y desbaratar los ataques recibidos a lo largo de los más de mil kilómetros de frente.

A pesar de ello es evidente que, por sí misma, Ucrania no tiene capacidad para dar vuelta a la situación, expulsando de su territorio a las fuerzas invasoras para conseguir restablecer su integridad territorial. En términos realistas, solo con el decidido respaldo de Washington y de Bruselas puede obtener algún tipo de acuerdo. Pero es precisamente en ese punto—dando por descontado que, a pesar de todos sus defectos y carencias, los ucranianos no están dispuestos a rendirse— en el que se multiplican las dudas.

Por una parte, Donald Trump ya ha dado sobradas muestras de su hartazgo con un Zelenski al que ha maltratado sistemáticamente, al tiempo que ha cortado el apoyo económico y militar como parte de un proceso que busca forzarlo a aceptar las condiciones de Putin para llegar a algún tipo de acuerdo. De hecho, en su nueva reunión cara a cara en Évian parecen haberse reproducido las acusaciones mutuas, evidenciando que, en definitiva, Ucrania no puede ya esperar que Washington le entregue el material militar que precisa ni actúe como un intermediario honesto ante Moscú. Pero es que, al mismo tiempo, tampoco parece que ni el resto de los mandatarios del G7 ni los de la UE estén decididos a ir más allá de lo que han hecho hasta ahora; es decir, apoyar a Ucrania para que resista algo más, pero no para que pueda vencer. Una patada a seguir propia del rugby, a la espera de tiempos ¿mejores?

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

El Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para que el Tribunal Supremo pueda continuar investigándole por supuesto delito electoral y financiación irregular de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Es la segunda vez que el pleno del Parlamento Europeo vota a favor de un suplicatorio solicitado por el alto tribunal español después de que hace apenas tres semanas también diese luz verde a que el líder de SALF pueda ser investigado por un presunto delito de acoso hacia la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En este caso, el hemiciclo al completo avaló en un voto a mano alzada el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, quien valoró que los hechos por los que se investiga a Pérez tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación busque perjudicar su actividad política.

Bruselas romperá un tabú en pocas semanas cuando reciba a una delegación talibana, acabando con el aislamiento diplomático e internacional de ese gobierno desde que en 2021 los integristas islámicos asaltaron el poder en Afganistán y volvieron a aplicar su régimen de apartheid a las mujeres. La Comisión Europea y los ejecutivos de Bélgica y Suecia son los impulsores de un movimiento oculto durante semanas en la capital comunitaria hasta que finalmente ha estallado.

El ejecutivo liderado por Úrsula von der Leyen confirma ahora que los preparativos están en marcha después de un primer encuentro a principios de año en Kabul, que existen “contactos exploratorios” y que se discute la participación de algunos Estados miembros en unas conversaciones para las que todavía no hay formato oficial. Se descarta su celebración en instalaciones de las instituciones europeas.

Los portavoces de la Comisión explican que se “ha enviado una carta a las autoridades de facto de Afganistán para preguntarles sobre su disponibilidad para un encuentro a nivel técnico en Bruselas” y que “la UE tiene el mandato de mantener una relación operacional” con esos gobernantes, aunque la visita “no constituya de ninguna manera un reconocimiento”.

Suecia es uno de los impulsores de este acercamiento al régimen talibán. Pese al secretismo con el que se llevan las negociaciones para el encuentro a varias bandas, el gobierno sueco reconoce su papel en la iniciativa. Dirigido por un primer ministro conservador, “el país se unirá a la Comisión en la invitación a una delegación de Kabul para continuar el diálogo a nivel técnico en Bruselas”. Su ministro de migración está personalmente involucrado en la iniciativa.

Bélgica es el otro socio comunitario que trabaja en este movimiento diplomático. En enero, una delegación técnica de estos países y de funcionarios de la UE visitó la capital afgana y sentó las bases de las negociaciones a principio de junio en Bruselas. El papel de Bélgica es todavía más relevante, ya que ejercerá como país anfitrión del encuentro y debe ofrecer visados o permisos de estancia a la delegación talibana.

Si controvertida es la presencia de los talibanes en Bruselas y el que vayan a sentarse en una misma mesa con diplomáticos y funcionarios europeos o de varios países, todavía lo es más el principal asunto que se abordará, facilitar la repatriación de migrantes afganos a su país, una iniciativa sobre la que llevan presionando desde hace meses numerosos gobiernos conservadores y de extrema derecha de la UE.

“Estamos también convencidos de que los retornos a países políticamente sensibles suponen desafíos que necesitan se afrontados completamente y de una manera coordinada”, reconocen dentro de la Comisión, “así que nos coordinamos con los Estados miembros”.

En el ejecutivo comunitario califican las deportaciones de migrantes en situación irregular como retornos y no entran en la controversia política de entregar eventualmente a miles de personas a un régimen dictatorial basado en la aplicación estricta de la sharia, que cercena los derechos de las mujeres hasta recluirlas en la oscurantismo. Una situación denunciada por el propio Tribunal de Justicia de la UE tras las consultas de cortes nacionales sobre la protección como refugiados que ofrecer a mujeres de ese país.

Desde el ECRE, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, Reshad Jalali denuncia que “es profundamente alarmante celebrar discusiones sobre la deportación de afganos a un Afganistán controlado por los talibanes mientras la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra los líderes talibanes y millones de afganos, especialmente mujeres y niñas, viven bajo una persecución institucionalizada”.

La alianza de 125 ONGs centradas en la defensa de los derechos humanos y la protección de las minorías, pertenecientes a 40 países europeos, ya había advertido sobre “la clara regresión para los estándares de los derechos fundamentales y el riesgo de erosionar los principios fundamentales de las normas de la UE” que supone la Regulación de Retorno impulsada por la Comisión Europea, recientemente aprobada dentro del Consejo con el voto en contra de España. Son estas nuevas normas migratorias las que legitiman ahora las conversaciones con el régimen talibán para deportar de la UE a miles de afganos.

Los países europeos dirigidos por gobiernos de derecha o extrema derecha llevan meses presionando en favor de este acercamiento a Kabul con fines migratorios. En octubre, veinte de estos gobiernos escribieron a la Alta Representante Exterior, Kaja Kallas, y al comisario de Migración, Magnus Brunner, apremiando en favor de una coordinación conjunta de toda la UE para deportar a criminales y migrantes en situación irregular de Afganistán. Entre sus argumentos, que en 2024 algo más de 22.000 afganos habían recibido órdenes de expulsión y sólo 435 habían vuelto a su país, un porcentaje de apenas el 2%.

“La organización de retornos voluntarios y forzosos a Afganistán es un desafío común europeo que requiere de una respuesta coherente y colectiva. Es, por lo tanto, esencial que la Unión Europea afronte esta cuestión”, demandaron los veinte países. Tras varios meses de presiones y la visita exprés en enero de funcionarios de la Comisión y belgas, ahora el ejecutivo de Von der Leyen finalmente accede a las demandas de gobiernos populares y ultras, sin prestar atención a las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente contra las mujeres y las niñas, que practican los talibanes, recogidas incluso por la justicia europea.

El TJUE sentenció ya en octubre de 2024 que las medidas de los integristas islámicos afganos, sistemáticas, discriminatorias y restrictivas contra las mujeres de su país constituyen “actos de persecución”, según las normas de asilo comunitarias, abriendo la posibilidad de que los Estados miembros pudiesen considerar a toda esa población como susceptibles de obtener el estatus de refugiado por los “matrimonios forzados, que son comparables a una forma de esclavitud”, o “la falta de protección ante la violencia de género y la violencia doméstica, que constituyen formas de trato degradante e inhumano”.

Haciendo caso omiso a esta sentencia, países como Alemania, Austria, Suecia o Bélgica llevan ya más de dos años deportando a ciudadanos afganos. Desde 2024, Berlín ha expulsado a más de cien de estas personas bajo la premisa de que están sujetos a cargos criminales, empleando vuelos facilitados por Qatar. Afganistán ocupa, tras Argelia, Marruecos y Turquía, el cuarto país a donde más personas se han deportado durante los dos últimos años en la UE, según los datos de Eurostat.

*En una versión anterior de esta información, por un error de edición, se incluía la forma "talibán" tanto para el plural "talibanes" como para el femenino "talibana". Se ha corregido después de la advertencia de una socia.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

“El nuevo Gobierno debe estar en marcha, estaremos en contacto inmediatamente” celebró Ursula von der Leyen con sonrisa pero sin excesivo triunfalismo la derrota de Viktor Orbán en Hungría y la llegada de un nuevo primer ministro, del que destacó su compromiso “muy claro con una senda europea”. “Para mí”, dijo Von der Leyen, “es muy importante que trabajemos de una manera intensa con el nuevo Gobierno húngaro sobre los fondos que deben entregarse, reformas que deben hacerse, pero, sobre todo, los fondos a entregar porque lo merecen los húngaros”.

Sin mojarse, la presidenta de la Comisión Europea aludía a frentes como los de la independencia judicial, la libertad académica, la lucha contra la corrupción o la cooperación intracomunitaria policial y de la fiscalía que tiene por delante el futuro mandatario Péter Magyar y su formación Tisza. Reformas necesarias para desbloquear los 10.000 millones de euros que Hungría no ha recibido de los Next Generation por la deriva iliberal contra el Estado de derecho de Viktor Orbán. Es la partida más jugosa, pero no la única guardada en un cajón de Bruselas.

En el día después de que Magyar y su Tisza obtuviesen 138 de los 199 escaños en juego en las elecciones generales al Parlamento húngaro, poniendo punto y final a la hegemonía de 16 años del Fidesz de Orbán y haciéndose con el control de las dos terceras partes de esa cámara, margen suficiente para revertir el sistema construido por el todavía actual primer ministro, la felicidad es evidente en Bruselas. El alivio por deshacerse del enfant terrible que lleva años bloqueando la UE se nota en el ambiente y los mensajes de la Comisión son optimistas, aunque marcados por la dificultad política que se avecina, y con respeto a los tiempos y la soberanía de los húngaros.

El nuevo Parlamento del país debe estar constituido para el 13 de mayo, justo cuando vence el estado de emergencia declarado por Orbán desde 2022 debido a “un conflicto armado en un país vecino”, es decir, la guerra en Ucrania. Posteriormente, con la cámara salida de las elecciones ya formada, se configuraría el nuevo Gobierno. Y entonces sí, Budapest y Bruselas pisarían el acelerador de la cooperación.

“Me gustaría decir que hoy Europa es húngara, los húngaros han hablado y han demandado una senda europea”, felicitó Von der Leyen, al tiempo que mostraba la disposición del Ejecutivo comunitario para “empezar a trabajar con el Gobierno elegido lo antes posible, para hacer un rápido y completo progreso en beneficio de los húngaros. Hay mucho que hacer”.

El tiempo apremiará al nuevo Gobierno húngaro cuando esté plenamente operativo si quiere obtener los 10.000 millones de euros que le corresponden del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento creado durante la pandemia. Tiene una fecha límite para solicitarlos, el 31 de agosto, y para ello debe elaborar un plan específico de reformas económicas, administrativas, judiciales o digitales junto con medidas concretas y un calendario de aplicación, como han hecho todo las capitales.

Acceder a ese dinero exige implementar 27 grandes condiciones exigidas por la UE, según la decisión del Consejo de diciembre de 2022 que denunciaba “la vulneración de los principios del Estado de derecho en Hungría”. Ese mandato concluía que el Gobierno de Viktor Orbán estaba incurriendo en “irregularidades sistemáticas, deficiencias e insuficiencias en los procedimientos de contratación pública” y que no había una “detección, prevención y corrección de los conflictos de intereses”. Además, denunciaba “una incapacidad, insuficiencia o falta de voluntad sistemáticas por parte de las autoridades húngaras” para solucionar esos problemas y validaba los análisis de la Comisión sobre “problemas relativos a la investigación y enjuiciamiento, así como al marco de lucha contra la corrupción, la organización de los ministerios fiscales” y de “vulneraciones de los principios del Estado de derecho. En particular de los principios de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo y de tutela judicial efectiva”.

La Hungría de Orbán no cumplía unos mínimos estándares democráticos y garantistas en los relativo a la independencia de poderes –con el Gobierno asaltando al judicial–, ni tampoco sobre imparcialidad, transparencia o lucha contra la corrupción. Esta deriva iliberal es la que ahora deberá corregir Péter Magyar. Para ello, tendrá que incorporar al país a la Fiscalía Pública Europea , emprender una reforma judicial para limitar las injerencias en el Tribunal Supremo, aumentar los poderes de la independiente Corte Nacional Judicial y restar poderes del Supremo para intervenir en las cuestiones prejudiciales a la UE de los magistrados son claves para Bruselas. Con estas medidas llegarían también otros 7.000 millones vinculados a fondos regionales pendientes.

Si Magyar cumple con estos hitos, Bruselas abrirá también otro dossier en su favor: el plan de 16.000 millones destinados a financiar inversiones en seguridad y defensa dentro del nuevo fondo SAFE (por sus siglas en inglés, Security Action for Europe) de la UE. La Comisión mantiene paralizado desde hace meses este documento con inversiones y compras concretas de armamento sin más explicación que la de que su análisis está en marcha.

El cambio de Gobierno en Hungría refuerza la posición del PP europeo en la UE, una formación a la que se sumó Tisza en 2024 tras conseguir el 30% de los votos de su país en las elecciones europeas. Con 13 primeros ministros o jefes de Estado entre sus filas, los populares son amplia mayoría en el Consejo Europeo y ahora suman un miembro más. También controlan la Comisión con Von der Leyen y el Parlamento Europeo con su presidenta Roberta Metsola.

Los liberales sólo cuentan con cinco líderes, uno de ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con cuatro los socialdemócratas, encabezados por el presidente Pedro Sánchez y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los populares dominan absolutamente la UE y presumieron de ello tras destronar a Orbán. “Es la victoria del pueblo de Hungría. Confirma que nuestras políticas de centroderecha y centradas en la gente ganan elecciones”, celebró el presidente del PP Europeo, Manfred Weber.

Con la derrota de Orbán, la extrema derecha y los ultranacionalistas pierden en la UE a su principal baluarte. El eslovaco Robert Fico se queda solo entre los euroescépticos prorrusos dentro del Consejo y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con posturas atlantistas y alineadas con Bruselas en el apoyo a Ucrania, no contará con un firme apoyo para empujar en favor de políticas migratorias más estrictas o del desmantelamiento parcial del Pacto Verde. El grupo de Patriots, donde está la formación francesa de Le Pen, la neerlandesa de Geert Wilders o Vox, sufre un varapalo inmenso en su objetivo de asaltar los debates de la Unión.

“El ciclo populista será pasajero. La derrota de Orbán es un fracaso para quienes subestiman la UE y la democracia liberal. La libertad está más de moda de lo que muchos pensaban en Budapest, España o Moscú”, analiza en clave comunitaria el eurodiputado del PP, Adrián Vázquez Lázara, sobre el resultado de las elecciones húngaras.

Con Péter Magyar sentado en la Cumbre Europea de junio en Bruselas y Robert Fico en una minoría total fácilmente superable con ofertas concretas en debates de interés para Eslovaquia, la UE tiene camino expedito para acelerar nuevas medidas contra Rusia por invadir Ucrania. En cuanto el nuevo Gobierno de Tisza esté operativo entre mediados y finales de mayo, los 27 podrían desbloquear ya a nivel interno de Consejo los 90.000 millones de euros en ayuda para Kiev, una medida paralizada hasta ahora por Viktor Orbán.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue pendiendo de un hilo tras el fracaso de la negociación abierta en Pakistán y esa incertidumbre se traslada a la apertura del Estrecho de Ormuz. Donald Trump no quiere ni oír hablar de que Teherán cobre peajes de paso a los buques en la autopista marítima por la que navega una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. El bloqueo permanece como principal riesgo económico global en las próximas semanas y meses, proyectando su sombra a los flujos comerciales entre países, a sectores industriales y a la actividad diaria de empresas y familias.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advierte que "incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno limpio y claro al statu quo anterior” por culpa de la espiral alcista de los precios energéticos, la destrucción en la infraestructura petrolífera, refinadora y gasista o las interrupciones en las cadenas de suministro que se están experimentando durante las últimas semanas. El FMI está preparando una rebaja en sus previsiones de crecimiento global y para regiones como Oriente Medio, Norteamérica o Europa, como ya ha hecho el BCE para la zona euro.

Las cuentas de la institución dirigida por la economista búlgara, que antes dirigió el Banco Mundial o fue vicepresidenta de la Comisión Europea, hablan de un aumento de la inflación provocado por los shocks en los precios del crudo o de los fertilizantes. El escenario es de estanflación, estancamiento o desaceleración de la actividad en paralelo a la subida de los precios. “La economía europea permanece en riesgo de shock estanflacionista”, ha asegurado el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que “las perspectivas a largo plazo siguen oscurecidas por una profunda incertidumbre”.

La Unión Europea está en el ojo del huracán al que el belicismo de Israel ha arrastrado en Oriente Medio a unos proclives Estados Unidos de Trump. En la Comisión Europea temen que esta coyuntura reste al menos cuatro décimas al crecimiento del PIB de la UE este año y dispare un 1% la inflación, según lo explicado esta semana en la Eurocámara por Dombrovskis, el responsable de todo el departamento económico.

Este es el escenario base que manejan en Bruselas, el que ya estaría sucediendo en el conjunto de los Estados miembros, pero si continúan el conflicto bélico y el cierre del Estrecho de Ormuz los problemas serán “más sustanciales”, señaló el político letón, con una caída del PIB comunitario más pronunciada y también un impacto mayor en los precios, tanto este año como previsiblemente en 2027.

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Irlanda o Portugal ya han activado medidas excepcionales y temporales para sus empresas y ciudadanos ante el encarecimiento de los precios de los hidrocarburos, con la gasolina un 15% más alta en abril respecto a comienzos de febrero y el diésel un 30%. Según el Boletín Semanal de Precios del Crudo de la Comisión Europea, publicado hace unos días, la gasolina Euro95 escaló ya de media hasta los 1,871 euros el litro y el gasóleo superó ligeramente los dos euros.

Este aumento de los precios del combustible es más pronunciado en Países Bajos, Dinamarca, Alemania y Finlandia, mientras que España se encuentra en el rango bajo de la horquilla. Sólo en Malta, Hungría, Eslovenia, Bulgaria y Eslovaquia es más barato, de acuerdo con los datos del informe de la Comisión. Por el momento, la respuesta de los gobiernos europeos ante esta situación se basa principalmente en aplicar topes a los precios y retirar o rebajar impuestos como el IVA, aunque ya se abren paso los cheques o ayudas fiscales a las familias más necesitadas. La Comisión ha pedido por carta a los 27 que estudien la viabilidad de aplicar medidas adicionales de ahorro energético mientras sus propias propuestas e iniciativas siguen esperándose desde hace dos semanas. Por eso, varios gobiernos han preguntado a Bruselas sobre la posibilidad de introducir algún tipo de gravamen a los beneficios extraordinarios que están disfrutando las compañías energéticas gracias a los altos precios en el mercado de los combustibles y, con esos recursos, financiar el gasto público adicional de las medidas de apoyo lanzadas sólo desde el ámbito estatal.

Es lo que quieren Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. “Los que se benefician de las consecuencias de la guerra deben hacer su parte para aliviar la carga del interés público”, señala la carta firmada por los ministros de Economía de los cinco países y enviada a Bruselas. Ahora, la Comisión Europea ha aceptado estas tesis.

“No hay nada que prevenga a los Estados miembros de aplicar esto”, detalló durante su comparecencia en el Parlamento Europeo el comisario Valdis Dombrovskis. “Estamos analizando si podemos presentar algún tipo de enfoque más coordinado a nivel europeo. Es lo que estamos valorando actualmente”, reconoció el político europeo, basándose en la experiencia previa de lo sucedido en 2022 cuando, tras la invasión de Ucrania por Rusia, los precios de la energía se dispararon y la Comisión permitió este tipo de fiscalidad temporal con la que paliar las medidas anticrisis introducidas.

Medidas más radicales como suspender las reglas de déficit para que los Estados incumplan esos límites proyectando su gasto público en favor de los hogares o las Pymes están, por el momento, descartadas. En la Comisión explican que esa decisión sólo se activaría en caso de “tener una desaceleración económica severa y actualmente no estamos en ese escenario”. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no quiere descartarla si empeora la situación en los mercados energéticos. En Bruselas confían en la mejoría de las tensiones geopolíticas para no tener que aplicar una medida que provocaría tensos debates en la UE entre los halcones de la austeridad, como Alemania, Austria o Finlandia, y las palomas del endeudamiento que habitan en los gobiernos del sur europeo, sea cual sea su color político.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

Los ministros de Economía y Comercio de España, Alemania, Italia, Portugal y Austria pidieron a la Comisión Europea a través de una carta publicada este sábado un impuesto a los beneficios de las empresas energéticas para distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", señalaron los ministros en la carta, fechada el 3 de abril y dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, según informó hoy en X el titular de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo.

Para ello, los ministros de los cinco Estados miembros proponen que el Ejecutivo Europeo desarrolle medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas a través de un "instrumento de contribución a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida".

"Ya en 2022 se introdujo un instrumento similar mediante una contribución solidaria temporal (...) como medida de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía" provocada por la invasión rusa de Ucrania, recordaron los ministros.

Sin embargo, plantearon a la Comisión estudiar si los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica de lo que se hizo en 2022.

Los ministros de Economía aseguraron que esta "solución europea" permitiría financiar "ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos".

Asimismo, mandaría "un mensaje claro" que quienes se beneficien de la guerra deben aportar "para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

"Nos complace que la Comisión Europea haya prometido examinar rápidamente la cuestión", concluyeron.

La eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido de La Francia Insumisa, ha sido convocada este viernes por la policía judicial por un caso diferente al que motivó ayer su detención y por el que será juzgada el próximo 7 de julio por presunta apología del terrorismo por una publicación en sus redes sociales, según fuentes judiciales. La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, han pedido la liberación inmediata de Hassan y denuncian la "criminalización de quienes denuncian el genocidio en Oriente Medio".

En esta ocasión, Hassan, de 33 años, ha sido convocada por la Brigada de Represión de la Delincuencia contra Personas (BRDP, en sus siglas en francés), precisaron fuentes judiciales citadas por la prensa local; mientras que la víspera había sido detenida en el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Lucha contra el Odio en Internet (PNLH).

Durante su detención de la víspera, los agentes encontraron "sustancias parecidas al CBD (cannabidiol, un compuesto químico que se encuentra en la planta del cannabis) y al 3MMC (una droga sintética estimulante), sobre las que fue interrogada", señaló la Fiscalía de París, al precisar que se trata de asuntos "independientes y serán objeto de un procedimiento distinto" al caso por el que será juzgada en julio próximo.

El coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, aseguró en la emisora Sud Radio que Hassan no llevaba "ninguna droga encima" y denunció, al igual que otros miembros del partido, "informaciones mentirosas" para "ensuciar" su imagen.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, al origen de la denuncia que motivó el arresto de ayer de la eurodiputada, calificó hoy en declaraciones a la televisión BMFTV de "grave" el tuit de Hassan en sus redes sociales del pasado 26 de marzo por el que será juzgada por apología del terrorismo y rechazó que se trate de una "caza de brujas", ya que "nada -dijo- debe quedar impune" y "la acción política debe mantenerse dentro del marco del Estado de derecho".

En ese tuit, Hassan, jurista de 33 años, hacía referencia en X a Kōzō Okamoto, autor de un ataque armado en 1972 en el aeropuerto internacional Ben Gurión, en Israel, que causó 26 muertos.

En su tuit, que iba acompañado de banderas japonesas y palestinas, Hassan recuperaba una frase de Okamoto: "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber".

La eurodiputada también compartió un texto en inglés sobre Okamoto, recordando que había participado en este ataque y una foto en la que era llevado a hombros por hombres vestidos con uniformes militares y kufiyas, según declaró la Fiscalía.

La publicación fue denunciada ante la Fiscalía por el ministro del Interior y posteriormente por la Organización Judía Europea (EJO) y la LICRA (Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo).

La eurodiputada está implicada en otros seis casos, sobre los que la Fiscalía declinó pronunciarse por estar "aún en curso". La mayoría se refieren también a mensajes en redes sociales u otros comentarios denunciados por el Observatorio de Igualdad Judicial, otras organizaciones o diputados.

Belarra ha escrito en un mensaje en X pidiendo la liberación de Hassan en el que se podía leer que "terrorismo es lo que hace Israel con la connivencia de Europa" y ha zanjado: "Basta ya de tanta criminalización a quienes denuncian el genocidio". Ha expresado su apoyo a la eurodiputada de Francia Insumisa y ha remarcado que Podemos exige "su puesta en libertad inmediata".

Montero, compañera en el Europarlamento, ha denunciado que se reprima "la solidaridad" con Palestina, porque es otra "forma de complicidad" con un "Estado terrorista" como Israel, y ha opinado que "los gobiernos europeos deben terminar en el banquillo por ello".

"Terrorista es el Estado de Israel, a quien Europa mantiene como gran socio comercial y militar", ha escrito.

Hassan es muy activa en redes y crítica con la política del Gobierno israelí, al tiempo que ha formado parte en dos ocasiones de las flotillas con ayuda humanitaria a Gaza.

La visita de Santiago Abascal a Budapest en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), es más que un gesto de cortesía entre aliados ideológicos. El primer ministro y anfitrión del evento, Viktor Orbán, es la brújula ideológica para el resto de la extrema derecha europea con asiento en el Consejo de Europa y también un importante aliado y fuente de financiación para Vox —y otras formaciones—, ya que la banca húngara otorgó un préstamo millonario a la formación española para sufragar sus campañas para las elecciones generales de 2023 y para las europeas de 2024, tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco.

El líder de Vox viajó a la capital húngara el fin de semana para arropar a su primer ministro y este lunes protagonizó un mitin junto a otros mandatarios ultraderechistas en el tramo decisivo de una campaña que culminará con las elecciones del próximo 12 de abril. Se trata de la campaña más difícil desde su ascenso al poder y que podría acabar con 16 años de poder absoluto de Orbán. Su rival, Péter Magyar, antiguo miembro de Fidesz y hoy líder de Tisza, va encabeza según las encuestas y ha planteado los comicios como un referéndum entre "Unión Europea o Consejo Túrquico, Bruselas o Rusia, nacionalismo excluyente o democracia liberal". Para recuperar su popularidad y conseguir un quinto mandato consecutivo, Orbán está movilizando todos los recursos del Estado.

Abascal lo tiene claro. Ante un auditorio entregado, el líder de Vox definió a Orbán como "uno de los mejores políticos de este siglo" que "ha puesto a Hungría en el centro del mundo". El mandatario español lo calificó como "el auténtico protector de Europa", un dirigente "valiente" que "cumple con su mandato" y se mantiene fiel a "los intereses de la nación húngara". "Nunca decepciona, él siempre sabe dónde está y qué defiende", señaló. Cuarenta y ocho horas antes el primer ministro húngaro se refirió a Abascal como su "jefe", en referencia a su condición de presidente del partido Patriots. "No podríamos tener un líder mejor que tú", aseguró Orbán.

El líder de Vox aprovechó su intervención —que realizó en español con traducción simultanea— para reivindicar a Europea no como un proyecto político compartido sino como una suma de naciones soberanas que comparten una identidad gracias a la civilización cristiana. "Queremos que Europa siga siendo así, con su propia identidad y tradiciones, las dignas portadoras de la civilización occidental y cristiana", señaló, una de sus frases más ovacionadas. Vox utiliza la "civilización occidental" como una forma intercambiable de “cultura occidental” o “valores occidentales”, un concepto estelar del pujante nacionalismo esencialista que hace fortuna en Estados Unidos, Europa y España. El primer ministro húngaro la ha utilizado para justificar, entre otras cuestiones, la deportación masiva de migrantes a terceros países sin permitirles una defensa ni si están expuestos a algún tipo de riesgo.

En su alocución, Abascal insistió en que "las elecciones nos afectan a todos" porque los "títeres de Bruselas" buscan "acabar" con Orbán. Así, aseguró que hay una entente "de populares, socialistas y verdes que tratan de intervenir en nuestros procesos electorales presionando a las plataformas digitales para que cancelen las opiniones de nuestros pueblos": "Todos estamos detrás de Viktor apoyándolo hasta el final", incidió. El de Orbán es un Gobierno que ha hecho de la xenofobia, la homofobia y el autoritarismo sus señas de identidad. La deriva ultraderechista de su partido, Fidesz, llegó al punto de que el Grupo Popular del Parlamento Europeo lo expulsó de sus filas. El líder de Vox le ha declarado su "admiración" y lo ha definido como "un ejemplo del rumbo que merece Europa".

El estudio publicado por Correctiv en febrero describe a Hungría como un auténtico "laboratorio de iliberalismo", un terreno de ensayo donde se prueban, perfeccionan y exportan métodos de degradación democrática que luego imitan otros gobiernos y movimientos de derecha radical. La clave del "método Orbán" es su apariencia de legalidad, según la investigación. Primero se conquista la mayoría, luego se reescriben las reglas desde dentro, se coloniza el poder judicial, se captura el ecosistema mediático mediante regulación y publicidad institucional, tal y como explicó infoLibre, y se vacían los contrapesos sin necesidad de abolir formalmente las elecciones.

Según ese trabajo, Budapest se ha convertido en un nodo de una red transnacional que comparte dinero, métodos, estructuras de lobby y marcos ideológicos para erosionar las democracias liberales sin necesidad de golpes de Estado, utilizando la propia ley, las mayorías parlamentarias y el control paulatino de las instituciones. Un análisis que va en la línea de las conclusiones del instituto V-Dem en 2019, cuando ya rebajó a Hungría a la categoría de "autocracia electoral". En 2022 el Parlamento Europeo afirmó que el país había dejado de ser una democracia plena.

A ello se le suma que este lunes la Comisión Europea ha pedido explicaciones al Gobierno húngaro por las informaciones que apuntan a que Budapest habría trasladado a Rusia detalles de debates confidenciales mantenidos en el Consejo de la Unión Europea. Según la información de The Washington Post que ha desatado la crisis, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría comunicado a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, contenidos de conversaciones cerradas celebradas en el marco del Consejo. La Comisión Europea calificó esas revelaciones de "muy preocupantes" y reclamó aclaraciones inmediatas a Budapest, subrayando que la confianza entre Estados miembros e instituciones es un requisito básico para el funcionamiento de la Unión Europea.

Lo cierto es que Orbán lleva años actuando como el socio europeo más próximo al Kremlin, obstaculizando sanciones, condicionando ayudas a Ucrania y usando su posición dentro de la UE para erosionar respuestas comunes frente a Rusia. Hace apenas unos días volvió a tensar al bloque al amenazar con bloquear financiación europea para Kiev mientras no se garantizara el petróleo ruso para Hungría. En ese contexto, las sospechas de intercambio de información sensible con Moscú se han incrementado.

Ese es precisamente el punto más delicado para Vox. En julio de 2024, tras las elecciones europeas, la decisión de la dirección de Vox de abandonar el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en Bruselas, liderado por los italianos de Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, para incorporarse al recién creado 'Patriotas por Europa' de Orbán suscitó las primeras críticas públicas en el partido, que ahora se han cristalizado en la petición de una asamblea extraordinaria liderada por su exportavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Por parte de la dirección de Abascal, su portavoz en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha calificado en más de una ocasión de "pura propaganda" los vínculos de Orbán con el presidente ruso.

Desde la invasión de Ucrania, el partido de Abascal ha procurado evitar cualquier identificación explícita con el Kremlin. Sabe que en España la cercanía a Putin tiene un alto coste político y que la invasión rusa hace inasumible cierta vieja fascinación de sectores de la extrema derecha europea por el autoritarismo ruso. Y es que para Abascal Orbán no es un aliado más. El líder de Vox le debe su posición de presidente en el grupo de Patriotas y lo pone como ejemplo de la "Europa que merece la pena", una Europa iliberal, nacionalista, ferozmente hostil a los consensos liberales en derechos y cómoda en la guerra cultural permanente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no es precisamente una de las grandes aliadas del Partido Popular español ni tampoco de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El conservador tiene más sintonía con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y rival interno de Von der Leyen, Manfred Weber, que en 2019 vio cómo su compañera de partido de la CDU conseguía el puesto que él ambicionaba. En privado, el PP ha llegado a criticar a la presidenta de la Comisión Europea por su buen entendimiento con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que la alemana ha alabado en más de una ocasión públicamente por sus reformas pese a pertenecer a la familia política de los socialistas.

Este martes, sin embargo, varios cargos de la dirección nacional del PP suscribieron las palabras de Von der Leyen tras asegurar ante los embajadores extranjeros en Bruselas que "Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá". Unas declaraciones que han generado multitud de críticas en el seno de la UE porque implica aceptar el dominio sin reglas ni consecuencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que choca con la tradicional defensa europea del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la soberanía territorial de los Estados. En Génova, sin embargo, consideran que la alemana acierta porque "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". "El mundo ha cambiado. Está cambiando", señaló la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En la misma línea se expresó también el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que apeló al "realismo" ante un escenario internacional marcado por "Rusia atacando a Ucrania y amenazando continuamente a la Unión Europea" y por "lo que está ocurriendo en Irán". "Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", sostuvo. Bendodo insistió en que nadie quiere una guerra, "pero tampoco derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres, que persigue homosexuales" y que no respeta los derechos humanos.

Tras ese apoyo explícito, Génova guardó silencio este miércoles después de que Von der Leyen se haya visto obligada a matizar su posición y a reafirmar que el compromiso europeo con el derecho internacional es "inquebrantable". "La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios", sostuvo ante el Parlamento Europeo. Preguntados por esta rectificación, en el PP señalan que "solo" van a hablar de las medidas fiscales que han presentado para paliar los efectos económicos de la guerra. De nada más.

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, apenas ha hecho una breve mención a la postura de la alemana en el citado pleno del Parlamento Europeo para señalar que hay quien trata de "manipular" sus palabras. Sin embargo, las polémicas sobre sus extralimitaciones no son nuevas. Al final de su anterior mandato, varios dirigentes europeos reprocharon a la presidenta de la Comisión Europea haber ido más allá de sus funciones. El episodio más criticado fue su visita sin autorización de los Estados miembros al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pocos días después de los ataques del 7 de octubre.

La tesis de Génova es que la Unión Europea no ha estado a la altura en los últimos años porque no tiene autoridad sobre nadie. "Si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponerlas, y la Unión Europea no la tiene", dijo en rueda de prensa Ester Muñoz desde el Congreso. A su juicio, mientras otros países se rearmaban, Europa estaba "en otras cuestiones", en referencia a decisiones como el cierre de minas, el fin de explotaciones ganaderas o el tapón de las botellas. Se trata de decisiones avaladas por su familia política, mayoritaria en la Eurocámara, y por la propia Von der Leyen, con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Sobre la guerra, la dirigente popular insistió en que la UE "quiere la multilateralidad y el Derecho Internacional, cree en las normas internacionales y en la resolución de conflictos de forma pacífica", pero lamentó que no disponga de la "capacidad" ni de la "influencia" necesarias para "garantizar que eso se haga así en todo el mundo". En su repaso, Muñoz evitó mencionar de forma expresa las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una ofensiva que el PP ha procurado no criticar abiertamente y en la que la formación conservadora tiene posiciones encontradas.

Es más, mientras algunos dirigentes autonómicos han entonado el 'No a la guerra' que tanto critica Feijóo a Sánchez, otros como su portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, han justificado los ataques contra Irán por ser una "teocracia criminal, que oprime, lapida y mata a su propio pueblo" y que" patrocina el terrorismo internacional y sabotea la paz en Gaza y en todo Oriente Próximo". "Sí a la guerra contra Irán", escribía en X la pasada semana. Una reflexión compartida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, que este miércoles afirmaba que "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen —el iraní— que altera completamente las reglas internacionales" y reivindicaba a EEUU como un aliado clave.

El de Oriente Medio no es el único frente del PP español en el marco europeo, también lo es el acuerdo entre la UE y Mercosur, capitaneado por la propia Von der Leyen y que da luz verde a la mayor zona de libre comercio del mundo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un acuerdo que, sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte del sector del campo, un granero de votos clave para el ascenso de la ultraderecha española, que lleva años cultivando apoyos en el mundo rural con la baza de los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas. Una estrategia que también ha dado réditos a la ultraderecha internacional y que fue clave en el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó recientemente un mensaje en el que identificó a su formación como la que defiende los intereses de los agricultores durante la conferencia interparlamentaria de los populares. "Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno", proclamó.

Sin embargo, el propio Feijóo ha defendido durante sus años como presidente de la Xunta en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de ese pacto comercial. Ahora que ya no lo es su discurso ha virado mientras lidia con una fuerte presión interna por parte del PPE pero también de sus barones autonómicos, que ven cómo Vox está cada vez más fuerte y ha utilizado ese acuerdo como eslogan electoral. Por ello, en plena campaña de las elecciones de Aragón, el líder del PP dio un golpe de timón y salió a reclamar a la Comisión que el acuerdo no entrara en vigor hasta la "plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

El principal ponente sobre el pacto en el Parlamento Europeo es, además, el eurodiputado español del PP, Gabriel Mato, que ha defendido con firmeza durante años este nuevo vínculo comercial. Al mismo tiempo, algunos barones territoriales ya han mostrado su rechazo público, como el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que lo considera "perjudicial". La gran incógnita es ahora qué hará el PP español cuando el acuerdo llegue al Parlamento Europeo para su ratificación, una vez firmado. Los eurodiputados deberán votar sí o no, sin posibilidad de introducir cambios.

La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con cortar las relaciones comerciales con España por la negativa del Gobierno de coalición a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en su ofensiva militar en Oriente Medio ha activado una reacción política en cadena en Europa en defensa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Frente a la crítica posición de la derecha española, que ha apoyado públicamente la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán bajo la premisa de que que "el mundo es mejor cuando cae un tirano", el socialista ha conseguido el apoyo público del presidente francés, Emmanuel Macron, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, e incluso el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Mientras el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que Sánchez está "solo" y que su objetivo es "aislar" a España, lo cierto es que Sánchez ha conseguido el respaldo en los últimos días de figuras destacadas en el ámbito internacional y no únicamente del espectro progresista. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró el viernes que su partido tiene "la misma posición que tienen todos los países europeos" y acusó a Sánchez de no ser "un aliado solvente" pero lo cierto es que, a diferencia del PP, Bruselas, Francia e Italia se han alineado con España y se han desmarcado de los bombardeos.

El PP está especialmente incómodo con este conflicto porque, además de situar a Sánchez como un referente a nivel internacional, se evidencia la falta de un discurso claro y sin fisuras dentro del partido, que no puede recurrir al 'antisanchismo' ni tampoco cuestionar de forma abierta a Trump. Por ello han tratado de minar la credibilidad del Gobierno recurriendo a bulos como el vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que le decía supuestamente al embajador de EEUU en España: "Yo estoy con Trump". El Ministerio de Defensa desmintió la información y aseguró que Robles dijo "estoy cómoda", pero el PP sigue manteniendo el post.

En clave interna, el PP se divide entre los líderes autonómicos que apoyan la postura de Génova y defienden que el Gobierno debería permitir que el ejército norteamericano use sus bases para organizar operaciones militares —los mayoritarios— porque su guerra es contra el régimen de los ayatolás; los que se ponen de perfil; y los que han mostrado su rechazo a la ofensiva de EEUU e Israel. Todas estas posturas evidencian, sin embargo, la incomodidad que hay en el PP ante cualquier asunto que se escape de las lógicas nacionales y partidistas y que están consiguiendo situar a Sánchez como la "némesis" de Trump, según el Financial Times.

Una de las que mejor encarna la postura más dura es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que el jueves desde la Asamblea de Madrid animó a las políticas de izquierdas a "ir solas y borrachas por Teherán" o "con minifalda a Kabul". "Ánimo. Vayan allá y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas, porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", señaló. Una estrategia —la de utilizar la situación de las mujeres iraníes para justificar la guerra contra Irán— que después replicó el PP en su acto del 8M en el Congreso.

En una posición más centrada trata de situarse el Gobierno de Juanma Moreno, que en apenas unos meses se enfrenta a las elecciones autonómicas. En esta crisis ha tratado de ponerse de perfil y evitar cualquier posicionamiento claro al respecto. Es decir, ni a favor ni en contra del uso de las bases —ambas situadas en Andalucía—y la colaboración con Estados Unidos como defiende la dirección de Génova ni en contra de cualquier apoyo a esta intervención militar como defiende Sánchez. "La competencia de la política exterior no es de este gobierno, es del Gobierno de España. Pero España no es un ente aislado, lo normal es que esté alineada con nuestros socios", fue la respuesta de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, que apeló a actuar con "prudencia, responsabilidad y diplomacia".

Por su parte, el líder autonómico del PP que más ha explicitado su rechazo a "cualquier guerra" es el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, que en otras ocasiones también se ha mostrado mucho más cercano con el Ejecutivo de Sánchez que el resto de de sus homólogos. En una comparecencia el jueves ante la prensa, aseguró que "cualquier guerra es absolutamente negativa" y apeló a la "cordura, el diálogo y la diplomacia" para evitar mayores consecuencias, sin lanzar ningún reproche a Sánchez.

A nivel internacional el movimiento más destacado lo protagonizó la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La ultraderechista presume de su cercanía con Trump, pero tras la presión de la oposición italiana se vio obligada a señalar que no apoya la ofensiva norteamericana en Irán. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, aseguró después en el Parlamento que el uso de las bases italianas es equiparable al de las españolas "porque el tratado es idéntico" pero que Sánchez "es el héroe", dijo a modo de queja tras el eco que ha tenido en Italia la decisión del presidente español. También el vicepresidente Matteo Salvini se desmarcó de cualquier implicación militar directa. El líder de la Liga, otra formación de extrema derecha, aseguró que Italia "no está en guerra con nadie", que no prevé enviar tropas a Irán y que la prioridad debía ser evitar que la crisis se extienda.

Desde Francia, Emmanuel Macron trasladó a Sánchez su "solidaridad" ante las "amenazas de coacción económica" lanzadas por Trump contra España en una conversación telefónica. La posición del presidente francés ha sido, además, especialmente crítica con la guerra. Según el Elíseo, Macron considera que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se ha producido "al margen del Derecho Internacional" y que Francia "no puede aprobarla". Al mismo tiempo, en la declaración conjunta con Alemania y Reino Unido, aseguró que el país galo no participó en los bombardeos y reclamó volver a una solución negociada.

También Bruselas cerró filas con el Gobierno español. La Comisión Europea expresó su "plena solidaridad" con España y avisó de que actuará "si es necesario" para proteger los intereses comunitarios frente a las amenazas comerciales de Trump. "La Comisión garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos", señaló en un comunicado. En el plano bélico, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen y António Costa, presidente del Consejo Europeo, reclamaron "máxima moderación", la protección de la población civil y el pleno respeto del derecho internacional. La primera calificó, además, de "muy preocupante" la situación en Irán.

Incluso el canciller alemán Friedrich Merz se ha visto obligado a recular tras la presión mediática de su país después de que Trump cargara contra España ante él y desde la Casa Blanca por negarse a colaborar con Estados Unidos en los bombardeos sobre Irán y él no protestara públicamente. El conservador aseguró que, en privado, trasladó al presidente estadounidense que no puede amenazar al Gobierno español porque España forma parte de la Unión Europea.

Una postura que choca con la de Alberto Núñez Feijóo, al que no le parece bien que el Gobierno haya decidido impedir a Estados Unidos utilizar las bases militares de Morón y Rota. "La política exterior está por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de turno", argumentó, después de que el presidente del Gobierno respondiera a Trump con el "No a la guerra". El viernes, insistió en que "Sánchez está obligado a cumplir la ley y pedir autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a una zona de guerra" pero añadió que "no lo ha hecho por miedo a sus socios". "La política exterior de España no la puede decidir unilateralmente el Gobierno", afirmó a través de X, aunque depende exclusivamente del Ejecutivo.

La Comisión Europea ha publicado este jueves el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado el pasado junio entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, y que incluye el derribo de la verja que delimita el enclave británico y facilita su acceso al espacio Schengen y al mercado único, según informa EFE.

Este tratado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido viene a completar el marco legal de las relaciones entre ambas partes tras el Brexit, ya que Gibraltar no está incluido en el pacto inicial entre Londres y Bruselas, y su principal objetivo es "promover la prosperidad" de todos los territorios implicados, según el Ejecutivo comunitario.

Para ello, se prevé eliminar todas las barreras físicas y controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, al tiempo que se preservan el espacio Schengen, el mercado único de la UE y la unión aduanera.

Una de las consecuencias más visibles será la desaparición de la verja física que separa desde hace más de un siglo el Peñón de la Línea de la Concepción (Cádiz), lo que facilitará el tránsito diario de unas 15.000 personas y afectará a una población de alrededor de 300.000 ciudadanos en la zona.

Además, se establecerán controles fronterizos duales en el puerto y el aeropuerto de la colonia británica. Los controles Schengen serán realizados por España, mientras que los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora. Este modelo busca garantizar la integridad del área Schengen sin introducir una “frontera dura” en el paso terrestre. En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, se aplicarán principios de imposición indirecta en Gibraltar, incluyendo el tabaco, con el fin de evitar distorsiones y contribuir a la prosperidad regional. El documento contempla una convergencia fiscal progresiva en determinados ámbitos.

El proyecto de texto legal deja de lado la disputa sobre la soberanía del Peñón y salvaguarda las posiciones jurídicas de España y el Reino Unido en materia de soberanía y jurisdicción, tal y como pactaron todas las partes en junio de 2025, en un acuerdo político que calificaron de "histórico".

Este documento pasará ahora a manos del Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros, que procederá con los pasos necesarios para la firma y conclusión del acuerdo. También el Parlamento Europeo tendrá que dar su consentimiento, así como el órgano legislativo británico, mientras que el texto no pasará por el Congreso de los Diputados al no ser España parte firmante del tratado, compuesto de 336 artículos y 43 anexos.

El Gobierno español sí fue una de las partes negociadoras del pacto político en el que se basa el documento, alcanzado el pasado verano, casi una década después del referéndum que decidió la salida de la UE del Reino Unido y cuatro años y medio tras el Acuerdo de Nochevieja, en el que se perfiló el encaje de la colonia británica tras el Brexit.

El ministerio de Exteriores británico ha recalcado en un comunicado, que el texto protegerá la soberanía del Reino Unido sobre el peñón, la autonomía militar británica y asegurará el futuro económico del territorio. También han subrayado que el compromiso de Londres con la Roca es "inquebrantable".

El Gobierno ha trabajado codo con codo con el Gobierno de Gibraltar para resolver una situación heredada, que puso en peligro el estilo de vida y la prosperidad de Gibraltar, añade el ministerio, que insiste en que el texto establece claramente que no afecta a la soberanía en modo alguno y protege la autonomía del Reino Unido sobre instalaciones militares clave.

El secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, señaló que este tratado "garantiza la protección de la economía, la población y el futuro de Gibraltar como parte integral de la familia británica."

"Trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno de Gibraltar, y sin acordar nada sin su consentimiento, contamos con un tratado que preserva la soberanía y brinda certidumbre cuando el estilo de vida de Gibraltar se vio amenazado. El compromiso del Reino Unido con Gibraltar será inquebrantable", resaltó Doughty.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, indicó en la nota que se trata de "un acuerdo seguro y protegido que hemos negociado junto con el Reino Unido y que protege inequívocamente nuestra posición sobre la soberanía, salvaguarda nuestra economía y brinda la certidumbre que nuestros ciudadanos y empresas necesitan".

Agregó que permite a Gibraltar mirar al futuro con confianza, protegiendo su estilo de vida británico y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad. "Es un acuerdo muy beneficioso para las personas y empresas gibraltareñas y que generará un gran crecimiento para nuestra economía", agregó Picardo.

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación a la plataforma china Shein por lo que considera un "diseño adictivo", su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen "material de abuso sexual infantil", según informa EFE.

La apertura de un procedimiento formal se centra en los sistemas que tiene la plataforma para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea (UE), incluido "el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales", informó este martes la CE en un comunicado.

La investigación abierta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) está orientada a los "riesgos" relacionados con lo que Bruselas considera "un diseño adictivo del servicio", incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como en "los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos".

"Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea", explicó el Ejecutivo comunitario.

Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma "debe revelar los principales parámetros utilizados (...) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación".

Tras la apertura del procedimiento formal, la Comisión continuará reuniendo pruebas a través de solicitudes de información adicionales a Shein o a terceros, así como a través de la realización de "actividades de seguimiento o entrevistas".

Esta investigación faculta a la Comisión para adoptar nuevas medidas, incluidas cautelares, así como aceptar los compromisos de Shein "a fin de remediar las cuestiones objeto del procedimiento".

La duración de la investigación no está contemplada en la DSA, y depende de varios factores, como la complejidad del asunto, el grado de cooperación de la empresa afectada y el ejercicio de los derechos de defensa de la misma. En noviembre del pasado año, la CE solicitó información a Shein por tercera vez sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, "en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas". 

Bruselas dio este paso después de que el Gobierno de Francia iniciase los trámites ante los tribunales para bloquear a Shein en ese país y tras la reunión que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, Henna Virkkunen, mantuvo con la ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, para analizar la cuestión.

La ofensiva del Partido Popular contra la regularización de medio millón de migrantes aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros ha viajado este fin de semana desde Madrid hasta Zagreb (Croacia) con parada final en Aragón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quería aprovechar la cumbre de los conservadores europeos celebrada durante el viernes y el sábado para lograr una respuesta unitaria del Partido Popular Europeo (PPE) contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la "legalización masiva de inmigrantes ilegales", sin una mención explicita a España ni al presidente del Gobierno español.

En esa cumbre, el líder de la oposición solicitó a la Comisión Europea, liderada por la conservadora Ursula Von Der Leyen —presente en el evento—, una respuesta a la decisión de Sánchez. Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo de alertas internas: presión sobre los "servicios públicos", tensión en el "mercado de la vivienda", "problemas de convivencia" y, sobre todo, "efecto llamada".

No hubo, sin embargo, mención alguna por parte del líder del PPE, Manfred Weber, a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez en su discurso de clausura. Tampoco en el documento ratificado por el PP europeo, en el que solo se reiteró la apuesta por "una política migratoria legal, ordenada y controlada" porque "la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable". Pero sin una alusión específica a ningún Estado ni Gobierno, ya que países como Portugal e Italia llevaron a cabo regularizaciones durante la pandemia.

El PPE también sostuvo en esas conclusiones que sus dirigentes están liderando el trabajo para reducir la inmigración irregular, con una disminución del 35% en los cruces fronterizos de la UE entre julio de 2024 y junio de 2025, y el fortalecimiento de la agencia fronteriza Frontex. Del mismo modo, los conservadores europeos señalaron la renovación demográfica de Europa no solo como una "necesidad económica, sino como una responsabilidad civilizatoria".

A ello se le suma que el recorrido europeo que pretendía Alberto Núñez Feijóo se topó con una rápida respuesta de Bruselas, que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la "responsabilidad" para tomar esa decisión. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro en que es el país el que "tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" para "ver si hay necesidad de mano de obra": "Es lo que está haciendo España", dijo.

Asimismo, el responsable del departamento de Interior europeo defendió que no hay contradicción directa con el objetivo de la Unión Europea de reducir la migración irregular, como señala el PP, al estar estas personas dentro del país y por tanto, es "un tema distinto". A la vez, remarcó que la Comisión Europea "no tiene competencias" en estas regularizaciones y que su papel es, como mucho, "preparar el camino" para vías legales que luego implementan los países.

En la UE, según los promotores de la iniciativa en España, se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. El PP alega, sin embargo, que la regularización española va a tener "un número elevado de beneficiarios" con "efectos directos sobre el resto del espacio Schengen" y apoyó en el Parlamento Europeo que se realice un debate sobre la regularización en un grupo de trabajo en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El líder del PP volvió a insistir, además, en que la decisión va a tener impacto en el censo electoral, pese a la rectificación de la vicesecretaria Alma Ezcurra. En una entrevista en RNE, la número tres de Génova reconoció que la regularización no afectará en ningún caso a los próximos comicios generales, que deberán celebrarse como tarde en 2027. "Hemos dicho en el medio plazo. En el corto plazo, no", admitió. La también eurodiputada incidió en que hay países latinoamericanos que tienen un convenio con España que les permite participar en las elecciones municipales, pero por norma general se exige residencia legal previa de cinco años. Así, concluyó que en las próximas —también en 2027— "ese censo no va a engordar":"Engordará en las siguientes, cuando se produzcan".

Un matiz que, sin embargo, Feijóo obvió durante su discurso del domingo. "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", dijo el líder de la oposición en Calatayud, donde participó en un mitin de campaña junto al presidente aragonés, Jorge Azcón. El líder del PP está teniendo mucho protagonismo en Aragón, a diferencia de lo ocurrió en Extremadura, y desde allí tachó la medida de "electoralismo para comprar votantes en el futuro". El conservador recurrió, de nuevo, al bulo que inició Vox sobre un supuesto plan de Sánchez para conseguir nuevos votantes pese a que la regularización del Gobierno no comporta, en ningún caso, que los migrantes que logren legalizar su situación puedan votar, pues no se les otorga la nacionalidad española.

Los conservadores siguen sin aclarar qué haría Feijóo si llegara a La Moncloa, pese a que estas regularizaciones también se han llevado a cabo con el PP en el Gobierno. En concreto, José María Aznar realizó tres durante su mandato, con un balance de 453.891 regularizaciones, el 72,7% de un total de 623.995 solicitudes. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, en línea con lo que defiende Vox y abriendo una brecha con la postura de la Iglesia católica.

La regularización extraordinaria de personas extranjeras que residen en España pero que no cuentan con ningún amparo legal es ya una realidad. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que beneficiará a quienes acrediten estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a más de 800.000. Deberá resolverse caso por caso.

La iniciativa llega tras un acuerdo con Podemos pero no tiene que pasar por el Congreso. De hecho, si hiciera falta ese trámite, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendría garantizados los votos, ya que tanto el Partido Popular como Vox han dejado claro que no la apoyarán, pese a que en abril del 2024 la formación de Alberto Núñez Feijóo aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas siguiera su curso en la Cámara Baja.

Feijóo se posicionó el el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. Ahora, sin embargo, el Partido Popular no solo está en contra, sino que tratará de paralizarla "por todos los medios" a su alcance, según trasladan fuentes de Génova. El principal partido de la oposición no descarta iniciar acciones judiciales o acudir a Bruselas cuando "conozca los detalles".

El PP seguiría, así, la estela de Vox, que anunció este martes que va a presentar un recurso contra el decreto ante el Tribunal Supremo. Según explicó su portavoz, Pepa Millán, por esta vía solicitarán "la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria". Es más, la propia Millán recurrió a un bulo para justificar su rechazo a la medida, al señalar que lo que pretende Sánchez es "alterar" el censo electoral, aunque lo cierto es que la regularización no iría acompañada del derecho a voto, que llegaría entre dos y diez años después en caso de que se conceda.

La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, apostando por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no. Pero ese no es el único motivo. El jefe de la oposición asegura que no pactará nada "con el PSOE de Pedro Sánchez" porque, a su juicio, lo que que busca es "desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos", según señaló en su cuenta de X tras el anuncio.

Fuentes de su equipo adelantan que el líder del PP tratará esta cuestión con sus homólogos europeos en la cumbre del PPE que tendrá lugar este fin de semana en Zagreb. "El presidente comentará, entre otras cuestiones, la regularización porque afecta a todos los Estados miembros", explican las citadas fuentes. En ese sentido, creen que la regularización puede generar un "efecto llamada" que podría afectar a otros países de la Unión Europea. "A ver cómo ve Merz [el canciller alemán] que se permita esta regularización masiva, cuando toda la UE va en otra dirección con el pacto migratorio presente".

Los promotores de la iniciativa destacan, en cambio, que se trata de un mecanismo que ha sido utilizado por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas. Solo en la Unión Europea, subrayan, "se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros" —las más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia— mientras España, desde el año 1985 hasta el 2005, activó seis regularizaciones extraordinarias, de las conocidas como masivas o en bloque.

La postura actual del PP contrasta con las palabras de Feijóo en una entrevista radiofónica difundida en abril de 2024, en la que prometió abiertamente "una solución" para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. "Hay un debate que debemos dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", argumentaba.

También se pronunció en esa línea el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en agosto de 2024. "Hay que darles una salida, faltaría más", dijo, y mencionó expresamente a "los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores". Con todo, en septiembre de 2025, la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, ya dijo que no apoyarían esa iniciativa "en tanto que no fueran admitidas" sus enmiendas. Lo que argumenta el PP en privado es que los criterios del Gobierno son "demasiado laxos" y que, de haberse debatido en el Congreso, se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo.

Sin embargo, tal y como apunta la cofundadora y directora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón, la regularización extraordinaria "era una tarea pendiente del PP de Mariano Rajoy, y de hecho en su gabinete Fátima Báñez estuvo planteándolo seriamente, pero no lo llegó a hacer "por miedo a la repercusión en el espacio y debate públicos", explica la experta en comunicación en conversación con infoLibre. "La única forma de tener una inmigración ordenada es que estas personas estén en situación regular", añade.

Los conservadores no desvelan qué haría Feijóo si llegara a La Moncloa, pese a que estas regularizaciones también se han llevado a cabo con el PP en el Gobierno. En concreto, José María Aznar realizó tres durante su mandato, con un balance de 453.891 regularizaciones, el 72,7% de un total de 623.995 solicitudes. Génova también se sacude de la presión de la Iglesia, que ha celebrado este martes la decisión del Ejecutivo. "La postura la fijamos por criterios políticos, no por lo que diga la Conferencia Episcopal", resumen en el partido.

El PP considera que su postura es la "intermedia" entre un Vox que "dice que todos fuera" y un PSOE que "dice que todos dentro". Sin embargo, sus postulados son más cercanos a los de la extrema derecha. Aunque evitan hablar de una "alteración del censo", como sí hace Vox, desde el equipo de Feijóo matizan que la regularización dará paso a una nacionalización, que tarda en dos y diez años. "Eso sí es alterar de alguna forma el censo", apuntan.

Paradójicamente, los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, tradicionalmente contrarias a la inmigración, y eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regularización de extranjeros. Casi la mitad de los votantes nacidos fuera de España que se decantaron por votar al Partido Popular (PP) en las elecciones generales de 2023 procede de tres países: Colombia, Venezuela y Marruecos.

Los promotores de esta regularización señalan que en España hay entre 390.000 y 470.000 personas —de las cuales una tercera parte son menores de edad— que, a pesar de vivir y trabajar en el país, no pueden obtener un permiso de residencia legal. El trámite, denuncian, es "lento, burocrático" y hasta "discrecional", y los criterios para obtenerlo, además, "son altamente restrictivos". Y todo eso, lamentan, los condena a "una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social".

En primer lugar, porque "la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos como la educación y la sanidad". Por ejemplo, según el informe Un arraigo sobre el alambre, elaborado por la asociación Cáritas junto con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas (IUEM), el 75% de los migrantes irregulares se ocupa en empleos elementales y mal pagados tengan o no formación universitaria.

También opera un componente económico que la derecha no obvia. Según una estimación de la Universidad Carlos III citada en la propia proposición de ley, la aportación neta que de media aportarían los trabajadores si fueran regularizados ascendería a más de 3.250 euros por persona cada año.

La Comisión Europea obligó este martes a Google a abrir el sistema operativo Android a los competidores que quieren ofrecer servicios de inteligencia artificial en los dispositivos móviles, así como a fomentar la libre competencia entre los motores de búsqueda.

En el marco de la ley de mercados digitales, que establece la libre competencia entre las grandes empresas de internet, dio hoy seis meses a la compañía para cumplir con la normativa y, si no lo hace, podría abrirle un expediente en el futuro.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó este jueves la participación de España en la 'Junta de Paz' para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que considera que "es evidente que está fuera del marco de Naciones Unidas", según recoge EFE.

Sánchez desechó la participación de paz en esa iniciativa en la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término de la reunión extraordinaria de los Veintisiete que analizó las intenciones de Trump sobre Groenlandia, encuentro en el que informó de la decisión española sobre este asunto.

Para el presidente del Gobierno, esa propuesta presentada este jueves por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos, concebida inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, además de estar fuera del marco de la ONU, no incluye a la Autoridad Nacional Palestina.

"Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa 'Junta de Paz' propuesta por la Administración estadounidense", recalcó antes de señalar que lo hace sobre todo por coherencia con la política que ha venido desplegando el Gobierno respecto al futuro de los palestinos y la apuesta con el orden multilateral, el sistema de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Sánchez hizo hincapié en que el futuro en conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos, como también este pueblo e Israel deben dirimir su coexistencia pacífica en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, permita la entrada de la ayuda humanitaria y garantice la paz entre ambos países.

El presidente del Gobierno aseguró que España va a continuar trabajando y comprometiéndose con un proceso de paz que busca desde hace 30 años junto con otros muchos socios europeos y del resto de la comunidad internacional.

De la misma forma, seguirá apostando por garantizar la ayuda humanitaria, la reconstrucción, la estabilización y la seguridad de Israel y de Palestina.

El pasado junio, un petrolero sancionado por Europa salió de un puerto en el extremo oriental de Rusia cargado con 770.000 barriles y lo descargó un mes después en la refinería china de Quingdao. Una vez convertido en queroseno, se volvió a cargar en un barco –ahora fletado por una compañía multinacional– y fur transportado hasta Malta, donde se traspasó a otro petrolero con bandera de Bahamas antes de acabar en Italia. Desde allí, pudo moverse libremente por todo el continente sin que nadie supiese que ese cargamento estaba financiando al Kremlin.

Esta compleja red es la que utiliza ahora Rusia para vender en Europa su crudo tras los 19 paquetes de sanciones aprobados por Bruselas, pero a partir de este miércoles será ilegal en el bloque comprar combustibles que participen de estas tramas. De hecho, las compañías europeas tendrán que demostrar que lo que venden en sus gasolineras no ha pasado por Rusia en ningún punto de la cadena, una medida que afectará a entre el 20% y el 30% del diésel y del combustible de aviones que entran en el continente.

La normativa, que entra en vigor el 21 de enero, prohíbe comprar derivados del petróleo a refinerías extranjeras que trabajen con crudo ruso, incluso aunque el combustible ruso suponga una cantidad ínfima de las materias primas que utilicen. Los países más afectados serán India, Turquía y China, que son los principales aliados de Moscú en este negocio: compran barriles de crudo a un precio descontado –porque está sancionado internacionalmente– y venden el combustible a Europa borrando su trazabilidad mezclándolo con el de otros orígenes.

Los expertos normalmente recelan del impacto que tienen las sanciones europeas sobre la compra de combustibles rusos, argumentando que el Kremlin tiene maneras de sortearlas con facilidad, pero en esta ocasión coinciden en que podrían ser realmente efectivas. "Estas sanciones son potencialmente muy, muy disruptivas", dijo este lunes Benedicto George, experto en petróleo de la firma británica Argus, en una rueda de prensa.

El analista calcula que afectará a entre el 20% y el 30% del diésel y el combustible de aviones que importa la Unión Europea, ya que proceden de refinerías indias y turcas que trabajan con petróleo ruso. Aunque estas plantas trabajan con crudo de todo el mundo y solo una parte es ruso, la nueva normativa garantiza que ninguna refinería que venda productos a Europa que en los últimos 60 días haya recibido la materia prima de Rusia, por poca que sea.

George dijo que el grado de impacto sobre el precio del combustible es incierto, y dependerá de si las refinerías extranjeras deciden romper con Rusia para seguir vendiendo a Europa, o concluyen que es más rentable dejar de vender al bloque y buscar nuevos compradores. En principio, la principal empresa de refino de India (Reliance) ya ha dicho que lleva desde el 20 de noviembre sin comprar petróleo a Rusia, de manera que cumpliría con el nuevo requisito.

En todo caso, no se espera una escasez de diésel por las nuevas sanciones. "Las sanciones no cambiarán el stock de combustible, solo reconfigurarán quién compra a quién", añadió el experto. Los investigadores de Argus tampoco temen por ahora un encarecimiento de la energía porque "la demanda de diésel está bajando estructuralmente y en enero y febrero el consumo es débil" en Europa.

Otro punto destacado es que las sanciones solo afectan a una parte de los derivados del petróleo, los que tienen más de un 50% de aromáticos, principalmente el diésel y el queroseno, pero deja fuera a los GLP, algunas gasolinas y muchos productos químicos.

Las nuevas sanciones también limitarán la capacidad de España de importar diésel y queroseno, ya que compra importantes cantidades a los tres países sobre los que Bruselas ha puesto el foco. Según datos de la Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (Cores), España importó el año pasado el 8% de sus derivados del petróleo de Turquía, India y China (principalmente de Turquía), aunque también compró grandísimas cantidades a Italia, Países Bajos y Gibraltar, tres puertas de entrada a combustible de todo el mundo, incluido el de orígenes sospechosos.

Gibraltar es un caso reseñable porque en 2024 fue el cuarto mayor vendedor de derivados del crudo a España, pese a que hasta 2021 no vendía ni una gota. La nueva normativa podría obligar a buscar nuevos proveedores de queroseno, ya que en 2024 India fue el principal vendedor de combustible para aviones a España.

Antonio García Amate, investigador de Energía de la Universidad Pública de Navarra, ha analizado el tráfico de más de 800 buques rusos de petróleo y gas sancionados por la Comisión Europea, y afirma que los puertos españoles donde más han atracado desde 2021 son Ceuta, Huelva y Cartagena, y los tres se encuentran entre los 20 puertos europeos que más barcos sancionados han recibido de Europa.

Las nuevas sanciones que se activan este miércoles son el último paso tras numerosos intentos de estrangular los ingresos del Kremlin por la vía de la venta de combustible. Hasta ahora, Bruselas ha prohibido la importación de petróleo y de sus derivados que llegan desde Rusia por vía marítima, y obliga también a que las empresas europeas presten servicios de transporte o seguros para el transporte de hidrocarburos rusos si este se vende a terceros países a un precio superior a 47,60 euros por barril, reduciendo su rentabilidad en el mercado.

Esto ha provocado que el porcentaje que representa el petróleo ruso sobre el total de las importaciones haya caído al 1% a finales de 2025, frente al 29% antes de la invasión de Ucrania. 

La segunda consecuencia de esas medidas es que India, China y Turquía hayan absorbido todo ese flujo de materias primas, hasta el punto de que ahora son los únicos que ahora lo compran, y se han dedicado a refinarlo para venderlo después a Europa.

Como Bruselas es consciente de ese entramado, ha sancionado hasta ahora a 597 buques que participan en ese ciclo con banderas de terceros países, como Liberia, Camerún, Islas Marshall o Guayana, pero hasta ahora no han conseguido el freno efectivo de este tránsito porque cada día surgen nuevos barcos que participan en este circuito.