Animal político incombustible, Luiz Inácio Lula da Silva se ha embarcado, a sus 80 años, en su séptima campaña electoral y aspira a un cuarto mandato presidencial. Dotado de un don especial para conectar con los más desfavorecidos sin renunciar al pragmatismo ideológico, el presidente de Brasil se enfrenta en el otoño de su vida a un doble desafío: frenar la injerencia de Trump en las elecciones de octubre y batir en las urnas a Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en prisión domiciliaria por planear un golpe de Estado contra Lula tras perder por la mínima en los comicios de 2022.

Para enterrar políticamente al clan Bolsonaro, Lula ha echado mano de un arma que podría resultar infalible: un fervor nacionalista que se aprecia en cada una de sus intervenciones públicas y asoma a lo largo y ancho de su programa electoral. Sin abandonar su preocupación por las políticas sociales para reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional se sitúa como una de las prioridades en el documento de 84 páginas titulado “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sostenible y creativo”. En el capítulo dedicado a la soberanía, se aboga por una política exterior independiente y un rechazo férreo a la subordinación a intereses extranjeros, una referencia velada a la embestida regional de Estados Unidos. Se apuesta además por fortalecer la industria de defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de una mayor capacidad para salvaguardar el territorio y los recursos naturales del país. Ante la amenaza estadounidense, la coalición progresista que encabeza Lula pretende profundizar las relaciones con el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los países del denominado Sur Global y el Mercosur.

La campaña electoral, que en Brasil se prolonga durante un mes y medio, arrancó el pasado 16 de agosto. Un día después, Lula viajaba a la desembocadura del Amazonas, donde la empresa Petrobras ha hallado un nuevo yacimiento petrolífero. “Un país que posee petróleo de esta calidad no permitirá que nadie lo toque. Esto es soberanía nacional”, se felicitó el mandatario de izquierdas. Con la apelación constante al sentimiento nacionalista, Lula espera captar votos entre la legión de indecisos que todavía duda sobre los beneficios y perjuicios de la subordinación a Washington.

La imposición de aranceles a Brasil por parte de Estados Unidos ha enrarecido las relaciones entre ambos países. Trump aprobó un primer tarifazo del 50% nada más llegar a la Casa Blanca en 2025 y hace apenas un mes su Administración ordenó nuevos impuestos del 25% sobre algunas importaciones brasileñas. El Gobierno brasileño no ha dudado en aplicar el principio de reciprocidad, una respuesta que ha generado una aceptación mayoritaria en la ciudadanía. El Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula junto a otros sindicalistas en 1980, ha aprovechado la guerra tarifaria para atacar a Flávio Bolsonaro. El senador y candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), de 45 años, viajó a finales de mayo a Washington para reunirse con Trump cuando ya se vislumbraba el castigo arancelario. Ese encuentro fue visto por la izquierda como una traición al país. El PT lanzó entonces una campaña en redes sociales —el Tariflávio— que se hizo viral y obligó al senador a dar explicaciones sobre su postura al respecto. Flávio dijo entonces que le había pedido al mandatario estadounidense un aplazamiento del nuevo tarifazo hasta después de las elecciones de octubre. Fue peor el remedio que la enfermedad. Las encuestas muestran un rechazo generalizado de la opinión pública a lo que se considera una agresión comercial de Washington. Casi la mitad de los entrevistados por la consultora Quaest relacionaron a Bolsonaro con esa medida.

Como ha sucedido en las más recientes citas electorales en Latinoamérica, los comicios brasileños estarán marcados por la influencia que pueda ejercer Trump en el electorado al respaldar al candidato que según la Casa Blanca cumple con los parámetros establecidos en su Estrategia de Seguridad Nacional. La injerencia norteamericana ya ha comenzado. Paralelamente a la guerra arancelaria, Washington quiso enviar a dos asesores del Departamento de Estado para cuestionar la viabilidad de las urnas electrónicas, una estrategia que Jair Bolsonaro ya puso en práctica hace cuatro años y que le costó su inhabilitación política. En el Palacio de Itamaraty, sede de la avezada diplomacia brasileña, se echaron las manos a la cabeza y negaron el visado a los asesores estadounidenses. Sin embajadores en Washington ni en Brasilia, ambos países mantienen sus relaciones bilaterales bajo mínimos. Para echar más leña al fuego, a finales de julio la Administración Trump prorrogó la “emergencia nacional” en Brasil, una declaración que sitúa al país sudamericano como una amenaza y abre la puerta a la aplicación de sanciones.

La intromisión de la Casa Blanca ha sido denunciada por varios medios de comunicación, incluso de tendencia conservadora. En un artículo publicado hace unos días en el diario O Estado de S. Paulo, la veterana columnista Eliane Cantanhêde advirtió sobre las consecuencias que tendría un triunfo electoral de Bolsonaro: “Existe el riesgo de que se entregue Brasil en bandeja a Estados Unidos”. Para Cantanhêde, la cercanía política de los Bolsonaro con Trump encaja con los planes de Washington para que Brasilia pase a formar parte de la órbita de Estados Unidos. Sería la guinda de la tarta que tanto ansía Trump para tener un control casi total de América Latina.

Las encuestas favorecen de momento a Lula, que concluye sus cuatro años de mandato con una economía en crecimiento, un descenso de la pobreza y el desempleo en mínimos históricos. Un sondeo reciente de Quaest proyecta un resultado ajustado para la segunda vuelta, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera el 50% en la primera cita, prevista para el 4 de octubre. Lula se sitúa ligeramente por delante de Flávio (43% frente a 40%). En 2022 la diferencia final con Jair Bolsonaro fue de tan sólo 1,8 puntos.

Con un discurso de mano dura contra el crimen organizado y propuestas económicas ultraliberales, Flávio Bolsonaro se presenta, ante todo, como agente vindicador de su padre, a quien sin duda tratará de indultar si llega al Palacio del Planalto. El valido de Trump, de quien espera un respaldo decidido durante la campaña, todavía está recuperándose de la caída de su popularidad tras las revelaciones periodísticas que lo relacionan con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil. Un audio publicado en mayo por el medio Intercept Brasil desveló una conversación entre Flávio y Daniel Vorcaro, ex-CEO del Banco Máster (la entidad bajo la lupa de las autoridades), en la que el candidato presidencial le pedía 24 millones de dólares para realizar una película biográfica sobre su padre. Lula, por su parte, también se ha visto afectado por las investigaciones que involucran a uno de sus hijos, Fábio Luís da Silva —conocido como Lulinha—, en un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

A la ofensiva soberanista, Lula ha sumado en su programa electoral otra de las banderas tradicionales de la derecha, una reformulación de la política de seguridad, con una mayor coordinación a nivel federal. Los sondeos coinciden en que la inseguridad ciudadana es la mayor preocupación de los brasileños. La cercanía de Flávio Bolsonaro y su hermano Eduardo a la Casa Blanca propició que recientemente Trump designara como grupos terroristas a las dos organizaciones del crimen organizado más poderosas de Brasil: el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital, una decisión a la que se opone Lula, pues podría implicar una intervención militar estadounidense.

Aunque la caracterización de títere al servicio de Estados Unidos que la izquierda le ha endosado a Bolsonaro debilita su campaña, la ultraderecha brasileña, apoyada por grandes grupos empresariales y buena parte del influyente lobby evangélico, cuenta con pólvora suficiente para disputar una batalla cerrada contra Lula. La izquierda sigue muy por detrás en la capitalización de las redes sociales, herramienta que en Brasil ha sido determinante para alimentar el antipetismo, un sentimiento que ha echado raíces en todas las clases sociales y que presenta a los dirigentes del PT como ladrones, con campañas de bulos y desinformación constantes.

Pero también hay en el país un robusto frente antibolsonarista. En la retina de muchos brasileños todavía están muy vivas las imágenes de enero de 2023, cuando una turba de seguidores del líder ultra se concentró en Brasilia e irrumpió en el Congreso y otras sedes institucionales. Replicaban así la toma del Capitolio por los seguidores de Trump dos años antes. Jair Bolsonaro tramaba desde hacía meses una conspiración contra Lula si perdía las elecciones y se veía obligado a dejar el poder. La justicia lo condenó a 27 años de prisión por orquestar un golpe de Estado y hoy en día, con 71 años, cumple la pena en su casa por razones de salud. Esas credenciales antidemocráticas, sin embargo, no le han hecho perder apoyos. Tras varios tiras y aflojas con los pesos pesados de la derecha brasileña, en especial con Tarcísio de Freitas, el influyente gobernador de São Paulo, el patriarca del clan logró encumbrar a su hijo Flávio como la nueva némesis de Lula.

“Mucha gente se pregunta: ¿por qué Lula quiere otro mandato más? Pues os lo voy a decir: ¡mientras siga vivo, no voy a dejar de luchar!”, afirma el presidente en ejercicio, de pie en medio de una multitud congregada en el estadio de São Bernardo do Campo, en el corazón del antiguo triángulo industrial paulista.

Tras una infancia marcada por la miseria en el noreste del país, Lula creció aquí. Aunque en una época se desinteresó por la política, luego se sumergió en ella para el resto de su vida. Bajo un sol abrasador, repasa sus años de juventud, rinde homenaje a los compañeros y compañeras asesinados y recuerda sus políticas pasadas.

Cinco décadas antes, siendo un joven sindicalista encaramado a una mesa, arengaba en este mismo estadio a los huelguistas sublevados contra la dictadura militar. La escena, inmortalizada en una foto icónica, marcó el inicio de su lento ascenso al poder. Al lanzar aquí su última campaña, Lula quiere recordar este legado a los votantes: “Debo evitar exponer mi cabeza al sol por motivos de salud, pero quiero quitarme el sombrero ante vosotros, que me acompañáis desde hace tanto tiempo.”

Bajo ese sombrero que no se quita desde que padeció un cáncer de piel, su cabello canoso se ha vuelto más escaso, mientras que su voz ya no tiene el alcance de antaño. Da igual, el viaje al pasado cautiva a Reinaldo, presente en la asamblea de los huelguistas. “Había más barro, menos estructura, pero la lucha continúa hoy. Tras todos los retrocesos, hace falta un cuarto mandato. No pensaba que tuviera que volver a votar por él, pero es el único que queda en la izquierda.”

Sus planes para el futuro quedan un poco relegados a la nostalgia, pero Lula esboza de todos modos un programa, en el que aboga por invertir en educación, en la explotación de las tierras raras y en la lucha contra la inseguridad. Insiste en este último tema, esencial para intentar recuperar terreno frente a la extrema derecha. Pero, como es habitual en él, enseguida abandona el teleprompter y se va por las ramas para deleite de los militantes del Partido de los Trabajadores (PT), que han venido desde lejos para el acto.

El partido ha dado la voz de reunión; se trata de mostrar fuerza en este inicio de campaña. “Hay que motivar a los nuestros, queremos al Lula luchador, no la versión peace and love; va a ser una campaña en la calle, dice entusiasmado Igor, un antiguo afiliado siempre dispuesto a plantar cara. “Solo hay que reorientar el discurso para unir fuerzas en la segunda vuelta.” En estas elecciones que se anuncian reñidas, volver a movilizar a su base también permitiría al partido reducir la abstención, tradicionalmente más alta entre los seguidores de Lula.

A sus 80 años, Lula quiere, en cualquier caso, demostrar que aún sabe luchar. Enérgico en el escenario, dramatiza y domina el espacio. Sabe que su actuación es objeto de un minucioso examen. Desde hace varios meses, su equipo hace todo lo posible para evitar que su edad sea un tema de debate, temiendo el “efecto Biden” y multiplicando los vídeos en los que aparece haciendo deporte para contrarrestarlo. “Es su último baile, está al final de su carrera, pero sigue estando en muy buena forma”, dice admirado Berenildo, venido desde São Paulo.

Pero el desgaste del poder es evidente, y el cansancio de verle participar en su séptima campaña presidencial afecta a una parte del país. El antipetismo, ese sentimiento de rechazo hacia el PT que nació al mismo tiempo que su partido, ha crecido a raíz de diversas crisis, pasando de las élites a contagiar a una parte importante de la sociedad.

“Es un odio auténtico, un sentimiento visceral; detestan a este Gobierno, haga lo que haga”, resume Francisco Fonseca, profesor de la PUC (Universidad Pontificia Católica) y de la FGV (Fundación Getulio Vargas) de São Paulo. Más allá de ese electorado irrecuperable, el tercer mandato de Lula no ha entusiasmado a nadie y está lejos de los picos de popularidad alcanzados en el pasado.

“En 2022, los innumerables errores de Jair Bolsonaro [el expresidente de extrema derecha, condenado por intento de golpe de Estado —ndr] le permitieron conquistar la mayoría de un electorado que, sin embargo, se había desplazado en gran medida hacia la derecha desde 2018”, analiza Creomar De Souza, director de Dharma Politics. “Ahora que lleva cuatro años en el poder, se le juzgará por su mandato. Tiene cosas que demostrar, pero hay una desilusión generalizada en el país.”

Estos cuatro años han estado marcados por algunos escándalos de corrupción —su hijo, en particular, es sospechoso de tráfico de influencias—, tensiones con un Congreso cada vez más voraz, ávido de desmantelar la legislación medioambiental, y luchas en el seno de su Gobierno.

Lula también ha cometido errores estratégicos, como un impuesto muy impopular sobre las importaciones de productos de bajo precio, mientras que el endeudamiento crónico de los hogares ha obstaculizado uno de los pilares de su modelo de desarrollo, que apuesta por el acceso al crédito de los más pobres para que participen en la sociedad de consumo. No obstante, se ha puesto en marcha un programa específico de renegociación de la deuda que podría servir para recuperar a algunas de las personas decepcionadas.

Aunque tiene un talento natural para comunicarse con las clases populares, Lula está, a pesar de todo, cada vez más desfasado, sobre todo en lo que respecta a las redes sociales y a los cambios en el mundo laboral, reconoce Vivianne, presente en el estadio: “La izquierda va muy a la zaga en Internet. Seguimos contando con la movilización en las calles y con los jóvenes en las universidades. Pero tenemos en frente a una extrema derecha que propone un modelo que seduce a muchos jóvenes de los barrios populares.”

Entre el fuerte rechazo hacia Lula y el que se siente hacia el clan Bolsonaro, un pequeño porcentaje de indecisos va a decidir el resultado de estas elecciones. Desde este punto de vista, la campaña descontrolada de su adversario favorece al presidente saliente. “La mejor forma de ganarse a los indecisos es hacer lo menos posible y dejar que a Flávio Bolsonaro se le crucen los cables”, opina Creomar De Souza.

El equipo de campaña del PT ha anunciado, además, una agenda por el momento mucho menos cargada que en 2022. Sin haber perdido a los evangélicos, fieles seguidores de Jair, los deslices del hijo han enfriado su entusiasmo y sus líderes, muy atentos a su base, están mucho menos comprometidos con el clan. Aunque Lula no supo acercarse a ellos durante su mandato, puede esperar beneficiarse de estos vínculos ahora más distendidos.

Pero el candidato del PT tampoco está a salvo de meteduras de pata. También tendrá que resistir las ofensivas del bando contrario, que podrían reavivar el pánico moral avivado por el padre de Bolsonaro. La extrema derecha, partidaria de las noticias falsas, ahora potenciadas por la IA, que ya ponen en duda la legitimidad de las futuras elecciones, sigue siendo dominante y pionera en el ámbito digital, y podría exacerbar las tensiones o incluso fomentar nuevos actos de violencia.

En la escena política, Lula sigue defendiendo sus argumentos. Ha sabido enderezar el rumbo del país tras los desvaríos golpistas de los años bolsonaristas, ha frenado la deforestación en la Amazonía, no tiene nada de qué avergonzarse en su balance económico y cuenta con algunas reformas en su haber, entre ellas una rebaja de impuestos para las clases medias. Sin embargo, carece de un mensaje lo suficientemente contundente para impulsar su campaña, sin tener que recurrir constantemente a su mejor baza: la exaltación de sus mandatos anteriores.

La aparente reconciliación con el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y la aprobación en mayo en la Cámara de Diputados de una reforma histórica para la reducción de la jornada laboral, podrían ayudarle a poner de relieve un proyecto muy popular, mucho más allá de su base. Sobre todo, el acercamiento de este líder político y varios de sus colegas envía una señal clara: para los expertos en política, aunque la campaña se perfila muy reñida, Lula sigue siendo el favorito.

Con siete partidos en su coalición, frente a los diez de 2022, ha sabido unir a toda la izquierda frente a una derecha muy dividida, y es el único que cuenta con un vicepresidente, Geraldo Alckmin, procedente de otro movimiento político. De este modo, disfruta de un mayor tiempo de propaganda televisiva que sus adversarios, una baza importante para llegar a los votantes menos interesados.

A pesar de todo, el hombre ha cambiado desde la década de 2000: más aislado, menos afable; Creomar De Souza ha percibido en él “un cambio tras su encarcelamiento. Se muestra mucho menos dispuesto a confiar en los demás y mucho menos abierto a un diálogo amplio”. Sus asesores más cercanos se cuentan con los dedos de una mano. Y dos de ellos han tenido que distanciarse recientemente, a raíz de las sospechas sobre su implicación en varios casos.

La sombra de Donald Trump, con sus sospechas de injerencia, también se cierne sobre estas elecciones, mientras el jefe de Estado del gigante sudamericano dirige uno de los últimos gobiernos progresistas de la región. La negativa brasileña a conceder visados a dos miembros del Departamento de Estado estadounidense, sospechosos de venir a preparar un expediente acusatorio contra el sistema electoral brasileño, las tensiones en torno al reciente nombramiento de un embajador del mundo MAGA y la imposición de aranceles aduaneros han exacerbado las tensiones.

Según Francisco Fonseca, “Lula está logrando, por el momento, sacar partido de estas presiones, denunciando las incursiones del clan Bolsonaro en el bando trumpista. La defensa de la soberanía es un eje importante de su estrategia”. En un país donde los presidentes salientes suelen tener ventajas, el PT, creado para conquistar la presidencia, cuenta, por última vez, con su figura tutelar e indestronable para alzarse con la victoria.

Traducción de Miguel López

“Los hombres que se ponen faldas y se mutilan no son mujeres. ¡Una mujer nace mujer, y punto! ¡Que os den!” Encaramada a un camión coronado por enormes altavoces que escupen decibelios, una oradora arenga a las cerca de 400 personas reunidas para la primera “Marcha por el lugar de las mujeres” en la avenida Paulista, en el corazón de São Paulo, a finales de mayo de 2026.

Lejos de las grandes concentraciones bolsonaristas del pasado, las filas están poco nutridas, pero han acudido figuras destacadas, entre parlamentarios y blogueros del bando conservador. Lo más importante es retransmitir el acto en las redes sociales.

Para guardar las apariencias, se invita a “un travesti de derechas” a tomar la palabra. Los oradores se suceden ante el micrófono; algunos abuchean profusamente a Erika Hilton, diputada federal trans que concentra todas las iras desde que fue elegida en marzo presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Cámara de Diputados.

“Por miedo a ser estigmatizadas, hemos guardado silencio durante demasiado tiempo, hasta llegar a este tipo de situaciones absurdas, ¡pero se acabó! No estoy en contra de las personas trans, pero que busquen su propio espacio, ¡no tienen por qué robarnos el nuestro!”, vocifera Valéria Bolsonaro, diputada del Estado de São Paulo y prima política del expresidente Jair Bolsonaro. Como el resto de manifestantes, considera a las mujeres trans como hombres y se refiere a ellas en masculino. “Las personas trans son menos del 2% de la población, nosotras somos el 50%, ¡tienen que respetarnos!”

El bando conservador, ya muy movilizado en torno a este asunto, se ha sumado a la ofensiva contra Erika Hilton lanzada por un presentador de televisión muy influyente. “No es una mujer, es una trans. Una mujer, para ser mujer, debe tener útero, debe ponerse insoportable tres o cuatro días a la semana”, soltó en directo a mediados de marzo.

El tono quedó marcado y la derecha aprovechó enseguida la ocasión. Una diputada del Estado de São Paulo llegó a hacer blackface, una práctica racista que consiste en pintarse la cara de negro, en plena sesión plenaria, y preguntó: “Ahora que soy negra, ¿por qué no podría presidir la comisión antirracista?”

Las demás reacciones de los diputados siguen el mismo tono y la tensión es palpable durante la primera sesión de la comisión. Las reacciones virulentas en las redes sociales alimentan los algoritmos, que amplifican los cruces de acusaciones más acalorados.

La extrema derecha ve en ello una oportunidad para llegar a un nuevo público, sobre todo al electorado femenino, ligeramente más numeroso pero tradicionalmente menos afín al bolsonarismo, reconoce Barbara Hannelore, organizadora de la marcha celebrada a finales de mayo: “Es una oportunidad para unirnos. Yo voy a votar a Flávio Bolsonaro [el hijo mayor de Jair y candidato a las presidenciales de octubre de 2026], pero esta historia ha conmovido a la población, tanto a hombres como a mujeres, tanto de la derecha como de la izquierda”.

Además de tratar de ampliar su base, el movimiento aprovecha para estrechar los lazos con el mundo evangélico antes de las elecciones. William Douglas, un juez federal evangélico que en su momento fue considerado por Jair Bolsonaro para el Tribunal Supremo Federal, destaca la diversidad de doctrinas, pero resume: “Para el fiel, dios creó al hombre y a la mujer. Por eso le cuesta aceptar la ideología de género [término conservador para referirse a los estudios de género]. Sobre todo porque el wokismo no busca la igualdad, sino imponer sus normas por la fuerza. Y eso genera reacciones”.

Las preocupaciones en torno a las cuestiones LGTBI+ ya habían motivado la entrada de los evangélicos en la política en la década de 1980, y el expresidente Bolsonaro logró forjarse una base fiel entre ellos acercándose a sus líderes desde principios de la década de 2010. Esos vínculos persisten y esta lucha también moviliza a los católicos.

En uno de sus vídeos, un influyente bloguero bolsonarista explica, en medio de una amalgama de teorías y conspiraciones, que, en el marco de la guerra cultural, la cuestión de la identidad transgénero es estratégica para la izquierda y tiene como objetivo traspasar los límites de lo aceptable: “Si aceptas que un hombre sea una mujer, puedes aceptar cualquier verdad que te impongan”.

En definita, las personas trans, en su mayoría aisladas, pobres y mal representadas, son el chivo expiatorio ideal, admite Dani Balbi, diputada del Estado de Río de Janeiro por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), con quien se reunió Mediapart mientras un aguacero la obligaba a hacer una breve pausa en su campaña para la reelección.

“En épocas de estabilidad económica, la sociedad tiende a aceptar la ampliación de los derechos a grupos históricamente marginados. Pero con la recesión, crece el resentimiento y, con él, el rechazo hacia cualquier grupo que pueda competir por unos recursos cada vez más escasos”, explica.

Sobre todo porque los prejuicios tránsfobos están profundamente arraigados en la sociedad y constituyen una base común. “Entre la población predomina la incomprensión y la ignorancia, pero nuestro papel es hacer sofisticado el debate. Aunque sea difícil, no podemos eludirlo”.

Todo esto responde también a cálculos políticos, asegura. “Desde el punto de vista electoral, la extrema derecha necesita identificar una amenaza común para movilizar a sus militantes. Alimentar el pánico moral funciona muy bien. La transfobia resulta, por tanto, rentable”.

Para Marco Prado, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y autor de un estudio sobre la ofensiva antigénero durante el mandato de Jair Bolsonaro, aquellos cuatro años han dejado huella. “Se produjo tanto el desmantelamiento de las escasas políticas existentes como una nueva forma de considerar los derechos de las minorías”, explica.

Y añade que, en lugar de la supresión brutal, se ha optado por una estrategia de erosión gradual: “Una ley escandalosa puede dar lugar a una fuerte movilización. Cambiar una resolución menor es más discreto. Además, es más rápido y resulta imposible impugnarlo todo ante el Tribunal Supremo. Hoy en día es un rompecabezas burocrático que hay que desenmarañar.”

En el ámbito nacional, todos los avances en los derechos de las personas trans han sido garantizados por el poder judicial, nunca por el poder legislativo. El Tribunal Supremo, la jurisprudencia internacional y la labor del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) —encargado de controlar la aplicación de las leyes— han suplido la falta de acción del legislador, que prefiere ignorar el tema. William Douglas sostiene que esta ausencia de textos normativos importantes es intencionada por parte de la representación nacional y denuncia un “activismo judicial que pretende imponer la tiranía de la minoría”.

Pero desde que está en la oposición, el bolsonarismo ha convertido el tema en una prioridad de su agenda legislativa, aunque centrándose en el ámbito local. El diario brasileño Folha de S. Paulo contabilizó en 2024 77 leyes antitrans en 18 estados, de las cuales un tercio entró en vigor en 2023. La escalada continúa desde entonces.

Aprovechando la actualidad reciente, una alcaldesa ha prohibido el uso de los aseos femeninos a las mujeres trans. Con esta nueva lógica, la extrema derecha también ha desarrollado un discurso más moderado. Al igual que en la manifestación de São Paulo, la mayoría de sus políticos evitan demonizar abiertamente a las personas trans, pero defienden una especie de derecho separado.

En el caso de los aseos, la ley permite a las mujeres trans utilizar los de mujeres. Ellos proponen una tercera categoría. “Es más sencillo responder a posiciones extremas que escandalizan a la sociedad. Pero en este caso, la frontera es más difusa para una parte de la población”, explica Marco Prado. Esa ambigüedad hace que esta discriminación resulte más aceptable para la mayoría.

El bando conservador y reaccionario también se adapta a la evolución de la legislación. Tras los ataques contra Benny Briolly, concejala de Niterói, ciudad vecina de Río de Janeiro, un diputado local fue condenado por primera vez, en 2024, en aplicación de una nueva ley contra la violencia de género en la política. Aunque su defensa intentó, sin éxito, alegar que no se trataba de una mujer, la ley se aplica efectivamente a todas las mujeres, tanto cisgénero como transgénero.

“La justicia considera ahora estos ataques una forma de obstaculizar la acción política y la víctima ya ni siquiera tiene que iniciar el procedimiento judicial, ahora es una obligación del Estado”, explica la fiscal del Ministerio Público Federal Raquel Branquinho, coordinadora del grupo de prevención y lucha contra la violencia de género.

“Hoy en día, ciertos discursos ya no son admisibles. No es que haya necesariamente menos violencia, pero se apoya más a las víctimas. Tanto los parlamentarios que son víctimas como los que son agresores son conscientes de ello”, precisa, aunque lamenta que la ley haya llegado tarde en comparación con los países vecinos.

Y es que esta violencia política también consume la energía de las víctimas, que pierden tiempo desmintiendo la desinformación, invierten dinero en iniciar acciones judiciales y ven su integridad física puesta en peligro por las amenazas de muerte. “La multiplicación de las fuentes de agresiones también obliga a elegir las batallas”, insiste Raquel Branquinho.

Por ejemplo, el peso de la ley suele caer sobre los adversarios políticos, que, por lo tanto, se vuelven más cautelosos. En cambio, la masa de odio sigue vertiendo sus horrores. “No es perfecto, pero es una buena base para actuar. Aún así, hay que hacerlo. No siempre es fácil en nuestro inmenso país y sus numerosas jurisdicciones”, concluye la fiscal.

Mientras tanto, persiste la transfobia en la política y los ataques son brutales. Según un estudio de la asociación VoteLGBT, es en el ámbito municipal donde los golpes son más duros. Benny Briolly, en el punto de mira constante de sus colegas, recibió más de 800 amenazas de muerte y tuvo que huir del país durante un tiempo.

Traducción de Miguel López

En mayo de 2016, hace un década, el nombre de Alejandro Salgado Vega no aparecía en el radar de los grandes organismos oficiales. Hace una década, sin embargo, un joven madrileño que aún no había cumplido los 38 años se daba de alta en la Receita Federal de Brasil, la Hacienda del país sudamericano, con su número en el Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), imprescindible para cualquier persona que pretenda realizar inversiones en el país. Entonces no se le conocía, que se sepa, como El Tigre ni Don Máquina, como reflejan las investigaciones posteriores de la Policía Nacional en el entramado del inspector jefe de los 20 millones en su vivienda. Pero parecía saber bien lo que tenía entre manos.

Alejandro Salgado Vega es hoy el objetivo prioritario de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, y como decía el anuncio "y cada día el de más gente". Y lo es por un motivo con fundamento: las autoridades judiciales españolas creen que es el narcotraficante español más poderoso a nivel internacional. Tanto es así que su nombre ya no sólo aparece recurrentemente en los juzgados especializados españoles, también ocurre en el extranjero. En ese escenario del narcotráfico internacional, un país clave a la hora de los envíos de cocaína hacia Europa es Brasil, y cualquier gran capo que se precie debe controlarlo.

Esta semana, la Policía Federal brasileña, una de las que más colabora con la española en cuestiones relacionadas con el crimen organizado, lanzó una operación para rastrear bienes patrimoniales al PCC (Primeiro Comando Capital) y a sus aliados. Su prioridad era encontrar las propiedades en Brasil del narcotraficante serbio Antun Mrdeza, que durante muchos años ha utilizado una identidad falsa italiana en la que se llamaba Nikola Boros hasta que cayó en Venezuela en 2025, y se le acabó eso renegar de su nacionalidad balcánica. Este narco serbio ha sido señalado por la DEA de forma reiterada porque tienen información de que controla rutas de cocaína hacia EEUU y Europa. Y en medio de esta operación aparece el nombre del Tigre porque, según la policía brasileña, es socio clave de Mrdeza.

La operación se desarrolló el martes con el nombre de Narco Sky, derivada de la operación Narco Vela, para desmantelar una organización criminal especializada en el narcotráfico internacional. Como se recordará, la operación Narco Vela sirvió para desmantelar la gran red criminal del PCC que introducía alijos de cocaína a gran escala que, procedentes de Brasil, acababan en África Occidental y en Europa con las Islas Canarias como puente. Las autoridades del país sudamericano apuntaron en su día a un famoso influencer, Buzeira, amigo personal del futbolista Neymar jr -llegó a regalarle una cadena de oro valorada en 400.000 dólares- como una pieza clave para el blanqueo de la red criminal. Así lo contó Narcodiario.

Las investigaciones, llevadas a cabo con el apoyo de mecanismos de cooperación jurídica internacional, identificaron esta misma semana una estructura criminal dedicada al transporte de cargamentos de drogas desde Brasil a países de Europa y África a través de rutas marítimas internacionales.

Se ejecutaron diez órdenes de arresto preventivo y tres órdenes de registro e incautación emitidas por el Juzgado Federal de Santos, en direcciones ubicadas en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul y Pará.

El Tribunal Federal también ordenó la congelación y el embargo de numerosos bienes y objetos de valor. La decisión autorizó además la inclusión de los investigados en la Notificación Roja de Interpol, dada la existencia de prófugos extranjeros buscados por las fuerzas policiales de otros países por su presunta participación en el narcotráfico internacional. En esta pieza aparece Salgado Vega, que, como hemos adelantado, tiene intereses en Brasil desde hace una década, como mínimo. Brasil se une a la lista de países que le reclaman para responder ante la Justicia. En concreto, le atribuyen su participación en el envío de 340 kilos de cocaína a bordo del buque Venezia que partió de Rio Grande do Sul en agosto de 2020. 

El Tigre posiblemente sea el narcotraficante español más poderoso conocido hasta la fecha debido a que coordina alijos de cocaína multimillonarios. Se ha labrado una red de contactos tan elevada que le ha permitido vivir con inmunidad en Emiratos Árabes Unidos. El nombre de Alejandro Salgado Vega sonó policialmente ya antes de la pandemia en España, pero no comenzó a circular por medios nacionales hasta el caso del inspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez, que salió a la luz pública tras descubrirse los 20 millones de euros en efectivo que guardaba en su casa. Fue en ese momento cuando encajaron todas las piezas del puzzle.

Ahora, cuando su paradero real es toda una incógnita -hay quien le sitúa aún en Dubái, pero los últimos movimientos policiales en el emirato pueden haberle hecho huir, quizá hacia Asia, quizá hacia África, buscando países sin tratados de extradición- se le vincula con el Cartel de los Balcanes, la Ndrangheta, la Mocro Mafia y el PCC, asó como con las principales organizaciones criminales colombianas, o la Mafia Albanesa.

Todo porque es un bróker de cocaína muy respetado en el hampa internacional. Ganándose la confianza de las mafias internacionales más potentes ha logrado tejer los mejores contactos para conseguir introducir en Europa alijos multimillonarios. Y esto es tan evidente que la Policía Federal brasileña maneja su ficha policial española. A diferencia de otros narcotraficantes españoles históricos que están retenidos en la memoria colectiva del país, el Tigre no es sólo simplemente el transportista. Es el dueño de buena parte de la mercancía, un detalle fundamental. En Dubái, además, era reconocido por el control de los puertos de entrada en Europa. Parte del mismo, al menos el de los españoles, se le ha caído tras la incautación de las 13 toneladas en Algeciras y el operativo contra el citado inspector jefe corrupto.

Sus alijos están al alcance de muy pocos. Se codea a otro nivel porque no sólo consigue que la droga llegue a donde sus clientes necesiten, sino que ofrece unas garantías de seguridad en las transacciones que son impensables para otras organizaciones criminales. En el caso de Óscar Sánchez conseguían saber si los contenedores cargados de droga o las empresas tapadera utilizadas en la operación estaban marcadas por la Policía. Y en vista de las operaciones de droga con las que se le está vinculando, no debe ser el único caso de supuesto funcionario corrupto que estaba en nómina del Tigre.

Esta última investigación dirigida desde Brasil presenta pruebas de que Salgado Vega es un aliado del Cartel de los Balcanes y del PCC, ya que utilizaban aviones para mover la droga hacia la costa brasileña para cargarla luego en el transporte decidido. Brasil es un país imprescindible para dar salida al stock de cocaína que existe en Sudamérica hacia Europa, tanto en narcosubmarinos como en puertos como el de Santos. La droga que parte del territorio carioca necesita de gente como el Tigre y él está encantado de que requieran sus servicios.

El Tigre ya pertenece a la Junta del Narcotráfico, tal y como la bautizó el presidente de Colombia, que viene a ser la unión empresarial de varios capos de la droga que ofrecen sus servicios de brókers a otras grandes organizaciones criminales. Básicamente, cada uno de ellos comparte ganancias y riesgos en alijos multimillonarios como el que la Guardia Civil descubrió en el Arconian. En la mesa de esos acuerdos estrictamente empresariales de capos como el Tigre, se encuentra capos de la 'Ndrangheta, capos colombianos, mexicanos, serbios o albaneses. Una amalgama de traficantes que al unirse consiguen acceder a puertos o territorios que les sería imposible si no existiera esta relación. Y junto a ellos, individuos concretos de alto valor, como el neerlandés Jos Leijdekkers o el español Alejandro Salgado.

El salto cuantitativo del Tigre tampoco pasó desapercibido para la DEA, y eso sí que le puede suponer un serio problema. Después de salir en prensa, sus movimientos se limitaron en Emiratos Árabes Unidos, tanto que, como se ha dicho, no se sabe dónde está en este momento.

La llegada de cargamentos de cocaína a los puertos europeos ocultos bajo la línea de flotación de grandes mercantes es una realidad desde hace años. Ha habido varios casos de incautaciones en las Islas Canarias, primer punto de referencia de estas embarcaciones al este del Atlántico, y también en la provincia de Pontevedra, ya en la Europa continental, donde se han detectado casos tan sofisticados como los que implican la recogida de la droga mediante seabob.

El origen de estos cargamentos es variado, pero desde hace tiempo se sospechaba de redes de envío con presencia en Brasil, un país tan extenso como difícil de controlar desde el punto de vista policial. Allí ya se habían desarrollado operaciones contra redes de narcobuzos, pero pocas con la dimensión de la desplegada el pasado martes.

La Policía Federal brasileña puso en marcha la Operación Tirocinium con el objetivo de desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico transnacional mediante este sistema, así como al envío de droga en contenedores marítimos y al lavado de dinero.

La operación se desarrolló simultáneamente en diez municipios del estado de Santa Catarina —Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Barra Velha, Garuva, Jaraguá do Sul e Imbituba—, además de en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná, y Uberaba, en Minas Gerais.

Los agentes ejecutaron 18 órdenes de prisión preventiva y 31 registros, además de cuatro medidas cautelares que incluyen vigilancia electrónica. El dispositivo buscaba desarticular el núcleo financiero de la organización criminal mediante la incautación de 36 propiedades, la confiscación de vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a 35 personas investigadas.

Las pesquisas revelaron que el grupo utilizaba la logística portuaria para exportar cargamentos de droga con destino a Europa y África. También se identificó una trama de blanqueo de capitales que recurría a empresas pantalla, intermediarios y operaciones comerciales ficticias para reintroducir en el sistema financiero los beneficios obtenidos del narcotráfico.

La operación es resultado de investigaciones iniciadas en 2023 a partir de detenciones realizadas en zonas portuarias de Santa Catarina, que permitieron identificar una estructura criminal de alcance internacional.

Durante la investigación se han incautado aproximadamente 4,6 toneladas de cocaína y se han practicado otros siete arrestos. También se han intervenido rifles, pistolas, granadas, munición y una ametralladora de calibre 50.

Como se aprecia en las imágenes, además de numerosas armas, los agentes intervinieron droga preparada en bolsas con doble y triple cobertura, así como cuerdas y sacos impermeables, material destinado a resistir largas travesías oceánicas en un entorno completamente húmedo. El cofre de mar, el lugar elegido para ocultar estos cargamentos, se utiliza habitualmente para la entrada de agua y la refrigeración natural de la zona de motores de los buques.

La Plaça de la Pau es un espacio efímero. Con olivos. En mitad del pabellón 8 de la Fira de Barcelona. Su duración: 48 horas. “Make love, not fascism”, reza la gorra de uno de los asistentes. Allí se cruzaron todos los caminos de la Global Progressive Mobilisation. Y se concentraba el sentimiento del evento: surge una nueva relación entre las izquierdas mundiales para hacer frente a la hiperorganizada internacional ultraderechista.

El dj que pinchaba en esta plaza enganchaba temazo tras temazo entre los distintos foros y diálogos. Preferencia por Bad Bunny. Pero no era una mera coincidencia, sino el reflejo del sentimiento compartido por más de tres mil progresistas llegados de todos los puntos del planeta. La izquierda se quita la cara agria y se pone rumbosa (o rumbera, que también sonaba Peret). Se acabó llorar. 

Durante 48 horas se ha compartido, desde todos los niveles, que la ultraderecha no es invencible y que empieza a dar signos de agotamiento con ejemplos palpables como la derrota en Hungría, el ‘no’ al referéndum de Giorgia Meloni en Italia y la caída de la popularidad de Donald Trump. Pero no se trata sólo de que se debilite el otro bloque. Barcelona supone un punto de inflexión. Los problemas son compartidos, y hay que empujar con soluciones a nivel internacional.

Y de esta cita sale un bloque con una alternativa clara configurado en muchos estratos. En la cabeza están líderes como Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Yamandú Orsi (Uruguay). Pero también reman con fuerza figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no estuvo presente en la ciudad condal, pero envió a Ana María Archila, una de sus colaboradoras más cercanas y encargada de asuntos internacionales. Sí acudió desde Minnesota el gobernador Tim Walz, que fue el tique electoral de Kamala Harris.

La red progresista impulsada en Barcelona cuenta con figuras emergentes como la italiana Elly Schlein y referentes con peso simbólico como el expresidente chileno Gabriel Boric, además del paraguas institucional global con pilares como Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El compromiso es firme: se abre una nueva etapa de unidad. Y se debe hacer con practicidad. Con medidas concretas y de la mano de intelectuales y de la sociedad civil. Prueba de ello, por ejemplo, es que de Barcelona sale la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, un órgano impulsado por el vicepresidente primero espñaol, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato (University College London).

El espíritu de derrotismo no ha existido en el foro en Barcelona, que se ha convertido en un gran referente progresista a través del triunvirato Pedro Sánchez-Salvador Illa-Jaume Collboni. “Estamos armando el ejército desde el bando correcto de la historia”, deslizan fuentes del Gobierno. Y es que la izquierda ha encontrado su narrativa durante estas horas, uniendo puntos en común. Desde el “No a la guerra” a la necesidad de frenar la especulación de los pisos turísticos, pasando por la reivindicación de la democracia y la exigencia de una política fiscal progresiva con impuestos globales.

“La izquierda necesita también narrativa”, analizan desde el entorno del presidente. La cita de Barcelona tiene una gran importancia política para Sánchez, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del espacio a nivel internacional. España será una de las grandes batallas políticas mundiales el año que viene. Es uno de los grandes objetivos de las derechas. Y una eliminatoria previa se vivirá en Brasil este otoño, con Lula a la cabeza. El brasileño ha sido el otro gran referente durante estos dos días en la capital catalana.

Pero esta cita también ha servido para reconstruir el puente entre España y México. Claudia Sheinbaum dejó atrás las rencillas por su choque con la Casa Real por sus exigencias de condena del pasado colonial: “No hay crisis diplomática, nunca la ha habido”. Y se implica de lleno en la construcción de este bloque progresista y se ha ofrecido como anfitriona de la cumbre para el próximo año. Asimismo, invitó a Sánchez a visitar el país.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", fue uno de los mensajes que llevó Sánchez a Barcelona, donde llamó a la acción conjunta del progresismo: “Si estamos aquí es porque compartimos una preocupación pero, sobre todo, una responsabilidad. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. Estamos aquí para responder y actuar”.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral. Un intento de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en las instituciones. Es el riesgo al que nos enfrentamos: que la democracia se vacíe por dentro mientras se le ataque desde fuera”, analizó Sánchez.

Por eso, el jefe del Ejecutivo pidió a los líderes y a todo el espacio progresista que la respuesta no sea meramente defensiva: “No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Es el espíritu de esta reunión”. La hoja de ruta de la izquierda a nivel internacional, marcó Sánchez, debe pasar por el multilateralismo. Y mirando en ese 'ahora qué', el presidente apostó por una reforma de la ONU y por una mujer como sustituta de António Guterres. Entre las favoritas están en estos momentos Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan, aunque el Gobierno español no ha concretado ninguna preferencia específica.

En esos pasos precisos que debe dar la izquierda, otra de las prioridades que se ha puesto sobre la mesa es la gobernanza digital. De hecho, varios equipos de los países participantes han estado en contacto en Barcelona para empezar a trabajar en temas de redes sociales. Otra de las columnas vertebrales del proyecto es el combate contra la desigualdad.

Esas sensaciones se extienden entre los líderes progresistas. Pero no sólo con el pegamento anti Trump. Lo definía así el colombiano Petro: “Es una cumbre por una alternativa en el mundo, no en contra. Es una especie de faro que, en medio de la confusión y del desorden global peligroso, marca una especie de flecha que sigue un rumbo. El rumbo de la vida y no de la muerte”.

Pero la red que se lanza desde Barcelona no solo se trata de un orden de mandatarios, sino que se enfoca con fuerza en lo local. Es donde se ejercen las políticas públicas más cercanas a los ciudadanos; donde la izquierda debe demostrar su forma de gobernar; y donde se frena a la ultraderecha puerta a puerta. Esto no va solo de grandes discursos.

Algo que se evidenció en la gran asistencia al foro sobre gobiernos locales pilotado por el alcalde de Barcelona, que ha centrado mucho la atención de sus colegas por la decisión de acabar con los pisos turísticos en la capital catalana, lo que hará que salgan al mercado más de diez mil viviendas. El regidor se prepara para una dura lucha contra los fondos buitre, pero, como confesaba en los pasillos, en lo más profundo se trata de una lucha “entre el poder democrático de una ciudad y los especuladores”. Él quiere que la gente pueda seguir viviendo en L'Eixample y en Gràcia.

Esas experiencias las llevó hasta Barcelona también Kicillof, uno de los políticos más aplaudidos en sus intervenciones y en los pasillos. Contó en primera persona lo que está sucediendo en Argentina: “La política de Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el modelo productivo, la salud y la justicia social. Este desastre recae sobre los gobernadores y alcaldes, que somos el escudo y la red para sostener la vida cotidiana. Estamos actuando con valentía. Tenemos que dar respuesta a la gente”. “Hay que decir que hay otro camino. Y también ‘No a la guerra’. Milei no representa lo que siente el pueblo argentino y de Buenos Aires. La solución ante esta política tiene que ser internacional. Acá la estamos construyendo”, remachó.

Barcelona lanza esa flecha internacional, como decía Petro. Y las luces se apagan, pero para encenderse de nuevo mañana entre los progresistas. Ahora toca poner en marcha todo lo dicho. El momento de la acción. “Creo que no somos conscientes de lo que ha pasado en estos dos días”, decía un organizador entre bambalinas al abandonar el recinto.

“No estamos solos. Ellos tienen las mismas estrategias en todo el mundo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Por eso es tan importante este evento. No hablar solo de los autoritarios, sino sobre lo que la gente necesita. Tenemos que hacer este networking. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es una gran oportunidad para empezar a reconstruir la democracia. No se trata de tener claro contra quién estamos, sino para quién nos levantamos”.

Estas palabras brotaron desde lo más profundo de Claudia Ortiz, la figura más visible que hace oposición a Nayib Bukele en El Salvador. Y representan el sentimiento que domina desde este viernes por la mañana la Global Progressive Mobilisation de Barcelona, un espacio sin precedentes en la izquierda internacional para forjar una alianza que haga frente a la ola de extrema derecha que sacude el tablero internacional.

Esta cumbre, impulsada principalmente por Pedro Sánchez, Stefan Löfven y Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a cambiar el paradigma en el mundo de la izquierda. No se trata de hacer grandes declaraciones con muchos puntos, sino de darse la mano casi literalmente entre más de cien partidos a lo largo y ancho de todo el mundo; arrancar un proceso de colaboración hasta ahora nunca visto en todos los niveles. No es cuestión de fotos de presidentes y dirigentes, sino de entrelazar a miembros de gobiernos, alcaldes, líderes sindicales y referentes en las redes y entre los jóvenes.

Un trabajo que se extenderá hasta el sábado por la noche, pero que ya en la primera jornada respondió a ese espíritu. Los participantes, tanto en los foros como entre el público, se identificaron con las intervenciones. De Barbados a Chile, de Estados Unidos a Australia, de Portugal a México. Un sentimiento, como señalan diferentes dirigentes a infoLibre, de que muchas vivencias son compartidas. Muchas preocupaciones. Muchas ideas. Muchos errores. Y muchas soluciones.

En este primer día los caminos empezaron a labrarse. Con la idea de que la democracia debe reforzarse desde muchos ámbitos en un mundo donde la desigualdad cabalga de manera imperante. Frente a la ola ultraliberal de los líderes autoritarios, la izquierda comparte que solo se saldrá de la crisis con mayor igualdad. ¿Y por dónde pasa la solución? Hay una expresión que se impuso durante todo el viernes: “Tax the super rich”. 

Un concepto que atraviesa a todo el mundo progresista, que ya se está abriendo paso en diferentes lugares del mundo, como en Brasil o en Nueva York, donde el alcalde, Zohran Mamdani, ha prometido gravar el parque inmobiliario de los multimillonarios. Precisamente, desde el Gobierno de Lula habló en uno de los foros la ministra de Finanzas, Debora Freire, que ha implementado este impuesto este año.

“No hay ninguna solución aislada. Debe haber progresividad fiscal, transparencia y equidad internacional”, recetó Freire, que indicó que esta acción no debe ser simplemente a escala nacional, sino que se debería implementar a nivel mundial. Un debate que, precisamente, está intentando evitar la Unión Europea, como recordó el eurodiputado socialista portugués Bruno Gonçalves, que avisó de que la izquierda va a dar la batalla en Bruselas y en Estrasburgo frente al bloque conservador y de extrema derecha: “Hay una falta de voluntad política. Pero lucharemos”.

Este concepto de lucha ideológica está muy presente en la cumbre desde su arranque. Y todos ponen sobre la mesa la importancia de las elecciones de Brasil del próximo mes de octubre. Cuando se nombra a Lula en algunos foros, inmediatamente hay un aplauso. Y es que es una pieza a abatir por parte de la ultraderecha internacional después de haber logrado dominar grandes países del área como Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast).

Precisamente, analizó en primera persona la experiencia de Chile Gabriel Jackson, una de las personas más cercanas al expresidente Gabriel Boric y ex ministro en el anterior Gobierno. Su radiografía: “Chile vive un contexto duro. Cometimos errores por las grandes expectativas, pero hicimos avances como la reforma de las pensiones, la subida histórica del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las ayudas familiares. Ahora tenemos un Gobierno de la extrema derecha heredera de Pinochet. Aplican el manual de Steve Bannon”.

Jackson hizo una llamada muy importante a la unidad de la izquierda, un eterno debate en todo el espacio, donde se suceden las luchas cainitas de manera constante. Una petición que también llevó en primera persona Luisa González, excandidata presidencial progresista en Ecuador, que denunció que el presidente de su país, Daniel Noboa, lo ha convertido casi en un régimen dictatorial, controlando las instituciones y a jueces y fiscales. Este mandatario ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, lo que evidencia cómo sí está engrasado el bloque de las derechas.

Esa sensación de lawfare es compartida por muchos dirigentes de la izquierda. Y está más presente que nunca también en España, donde el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un giro judicial que ha provocado un nuevo enfrentamiento contra el Ejecutivo, que pone en duda la instrucción llevada a cabo por el magistrado.

El lawfare ha marcado la política brasileña en las dos últimas décadas. Con Lula como máximo exponente. Barcelona tiene durante estos días también sabor a Pernambuco. Sánchez y el brasileño tuvieron un primer encuentro en la cumbre bilateral entre los dos países, a las puertas de la Global Progressive Mobilisation. Y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, también participó el viernes en el foro de partidos.

Lo hizo en uno de los paneles estrella bajo la idea del acceso global a la justicia de las mujeres y de las niñas. Un acto de reivindicación del feminismo en tiempos de crecimiento del negacionismo. Una charla clave en un momento también en el que sectores de la izquierda llaman a suavizar el discurso feminista. A su lado estuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana Maria Archila.

Esta mesa registró un lleno total en el ágora Ernest Lluch con un Rodríguez Zapatero como gran brújula moral del socialismo. “Esta es la cumbre progresista más importante de este siglo”, arrancó el expresidente, que enfatizó: “Nos estamos jugando en estos momentos qué siglo XXI queremos”. Marcó un objetivo a toda la izquierda: “Necesitamos más internacionalismo. Y, sobre todo, determinación y coraje. No podemos dudar de las grandes convicciones que arrancaron en la Ilustración. Tenemos dos grandes anhelos: la paz como tarea y la igualdad de género como la palanca transformadora”.

Y en el aire barcelonés pesó durante todo el día un tema que preocupa en toda la izquierda internacional: el acercamiento de los jóvenes a la ultraderecha. El año pasado, en la cumbre de la alianza progresista en Santiago de Chile, los líderes encargaron un informe al Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo. Un documento que vio la luz este mismo viernes, que señala que los menores de 30 años son los que tienen en estos momentos menos apego al sistema democrático (con un respaldo poco superior al 45%).

No obstante, sigue siendo el sistema predilecto entre la juventud. ¿Pero por qué hay ese desapego? Este observatorio, liderado por el brasileño Alexandre Pupo, determina cinco factores principales: el trabajo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental, la inseguridad climática y el entorno digital polarizado. La llamada a la izquierda de los jóvenes es clara: “Es el momento no sólo de reconstruir, sino de reimaginar la democracia”. En eso andan los progresistas, con olor a Mediterráneo. 

La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado, sin embargo, decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. 

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio. Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora". Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable de su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del exdirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018. Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una bronconeumonía en la prisión en Brasilia en que está recluido y no tiene previsión de alta, informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El líder de la ultraderecha brasileña, trasladado al hospital tras presentar escalofríos y vómitos en la madrugada de este viernes, fue diagnosticado con bronconeumonía, es decir con líquido en los pulmones, como consecuencia de una broncoaspiración, afirmó su primogénito en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario DF Star de Brasilia.

"Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago", afirmó.

Según el senador, esa condición está considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección.

El problema le provocó fiebre alta, reducción del oxígeno en la sangre y escalofríos, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las presidenciales del próximo octubre próximo.

El boletín médico divulgado poco después por el hospital DF Star confirmó lo dicho por el senador. Según sus médicos, los exámenes iniciales de imagen y de laboratorio "confirmaron bronconeumonía bacteriana bilateral", provocada posiblemente por broncoaspiración.

El informe agrega que el expresidente fue ingresado en una unidad de terapia intensiva, en donde es sometido a un tratamiento con antibióticos por vía venosa y soporte clínico no invasivo.

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliaria, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

"Están jugando con la vida de mi padre". No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", afirmó el senador, considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Jair Bolsonaro padece desde 2018 problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de la agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia. En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por el Supremo por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por Lula.

Además de la condena, Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

“Rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente y, por tanto, no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo”.

El presidente, Pedro Sánchez, expresó en estos términos en su declaración el miércoles en el Palacio de la Moncloa su visión sobre la manera en la que se tienen que buscar las soluciones en el orden internacional. La postura del Gobierno español pasa por el respeto al derecho internacional y la apuesta por las mesas de negociación y las vías diplomáticas bajo el paraguas del multilateralismo.

Una posición que no debería resultar extraña, porque ha sido la predominante prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora choca con el nuevo orden, sin reglas y basado en el autoritarismo, que quiere imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha orquestado junto a Benjamin Netanyahu (Israel), de manera unilateral y sin ningún tipo de amparo legal, un ataque contra Irán iniciado el pasado sábado y que ha desatado el auténtico caos en Oriente Medio.

La postura del “No a la guerra” de Sánchez ha activado todo un movimiento internacional en una escena occidental dominada por el seguidismo a Trump. Y ha convertido al español en un referente a nivel internacional y en la “némesis” del norteamericano, como lo ha definido Financial Times. El discurso del español ha puesto frente al espejo las prácticas abusivas del republicano y el silencio cómplice de muchos países, aunque algunos empiezan a recular.

Las palabras de Sánchez tienen ahora un eco inusitado y están siendo abrazadas con entusiasmo por la mayoría de líderes progresistas a nivel internacional. Su intervención ha tenido repercusión en numerosos medios a lo largo del mundo. Todo ello con un mensaje, como señalan en el Gobierno, que es coherente con lo que lleva defendiendo España desde hace años: aplicación del derecho internacional ya sea en Ucrania, en Palestina o en Irán.

Ese discurso será en el que ahonde de nuevo Sánchez en los eventos internacionales que tiene por delante. El jefe del Ejecutivo preside este jueves la cumbre hispano-portuguesa que se celebra en Huelva tras tener que posponerse por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba). Pero en el calendario del jefe del Ejecutivo hay otras dos citas de especial trascendencia en el mes de abril: un nuevo viaje oficial a China y la gran conferencia global de líderes progresistas de Barcelona.

Ese espíritu de defensa del multilateralismo y del comercio mundial frente a la guerra arancelaria de Trump estará muy presente en el viaje que hará Sánchez entre el 13 y el 15 de abril a China. El presidente español se ha convertido en una de las voces más fuertes dentro de la UE para estrechar lazos con Pekín, gran antagonista de Washington, en un momento de chantaje económico de Estados Unidos.

Y esa visita cobra todavía más importancia para la propia España después de que Trump amenazara este martes con cortar las relaciones comerciales por la negativa del Gobierno de coalición a permitir que se usen las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para su ofensiva militar en Oriente Medio. Unas críticas que el estadounidense retomó este jueves llamando “perdedora” a España. Moncloa se ha convertido en un actor fundamental para la interlocución con China y, además, en el contexto actual busca reforzar vínculos pensando en las empresas españolas y en una mayor inversión china en el país. En los últimos meses, otros países están intensificando su relación con Pekín, como evidencian las visitas de Emmanuel Macron (Francia), Keir Starmer (Reino Unido) y Mark Carney (Canadá).

En su intento de contener a China, Trump está consiguiendo justo el efecto contrario, ya que los tradicionales aliados de Washington miran ahora con otros ojos al gigante asiático ante los efectos de la tormenta arancelaria desatada por el estadounidense. Hace una semana estuvo en Pekín el canciller alemán, Friedrich Merz, quien apostó por aumentar las relaciones entre los dos países aunque también expuso sus quejas al entender que en materia comercial no hay una “competencia leal”.

A lo largo de las últimas horas, Pekín ha dejado muy clara su postura de apoyo a España tras las amenazas económicas de Trump. Desde el Ministerio de Exteriores de China se trasladó: "El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento". El gigante asiático ha asegurado durante estos días que el ataque de EEUU e Israel a Irán viola el derecho internacional y se ha presentado como un factor de estabilidad y de defensa del multilateralismo.

La visita de Sánchez a Pekín se producirá diez días después de la programada por Trump a este país, que está prevista del 31 de marzo al 2 de abril. Será la sexta vez que se encuentre con Xi Jinping desde 2017. El presidente de Estados Unidos ha avisado: “Voy a ir a China en abril, va a ser salvaje”.

Al volver de China, Sánchez tiene marcada en rojo en el calendario una gran cumbre de líderes progresistas en Barcelona los días 17 y 18 de abril, donde ejercerá de anfitrión. La idea es coordinar respuestas frente al autoritarismo, la extrema derecha y la erosión del multilateralismo. Y el presidente llegará a esa cita en medio del aplauso generalizado que ha levantado entre los dirigentes de la izquierda a nivel internacional, que han salido en tromba para apoyarlo frente a Trump. Entre esas figuras, están la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de California, Gavin Newsom; el líder del Green Party en Reino Unido, Zack Polanski, y el ex primer ministro italiano Enrico Letta, entre otros.

En la celebración de la cumbre de Barcelona está muy implicado también el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Precisamente es uno de los mandatarios que con más celeridad salió a apoyar a Sánchez después de la embestida de Trump. Los dos hablaron por teléfono y señalaron su apuesta por el multilateralismo y por la necesidad de poner fin a la guerra de manera inmediata a través de conversaciones de paz y sobre la base de la legalidad internacional.

“Hay un problema con esta película: le falta un momento What The Fuck”, decía la ejecutiva de Netflix. “What The Fuck?!”, gritaba un frustrado Nanni Moretti, poco después de la reunión, en una memorable escena de El sol del futuro (2023). Todo había sido planteado evidentemente como una parodia de las exigencias que el gigante de streaming suele imponer a los cineastas con los que trabaja, y son exigencias bien documentadas: hace poco Matt Damon explicaba con tranquilidad cómo Netflix obligaba a meter escenas de acción en determinados puntos y que el guion recontextualizara la trama a cada tanto, asumiendo que el espectador iba a estar mirando el móvil.

Es posible, sin embargo, proyectar el chiste de Moretti más allá del caso específico de la plataforma. Pensar en ese “momento WTF” como una obligación contractual, más o menos tácita, si se quiere hacer cine en nuestros días y prosperar. El momento WTF parece una estrategia útil en un escenario con tantísimas opciones de consumo audiovisual y, sobre todo, tanta congestión de estímulos ahí fuera (sociales, geopolíticos) como para que sea necesario llamar violentamente la atención del espectador. Al shock se puede responder con shock, y así destacar. No solo dentro de un catálogo de streaming, sino también en una carrera de premios o en un festival europeo. Es lo que ha hecho Sirat de Oliver Laxe. El shock es el motivo de que haya llegado donde ha llegado.

¿Qué es el shock, en resumen? Suspensión de entendimiento. Extrañeza, la total y paralizante rendición ante algo tan fuerte, caótico y ejem, ¿random?, que congela la razón, y que Naomi Klein diagnosticó sabiamente como una de las grandes estrategias del capitalismo para medrar en escenarios catastróficos. Pese a eso, dentro del cine no tiene por qué ser una estrategia ilegítima. Como decimos, hoy día es básicamente coyuntural. Vivimos en un mundo WTF, así que nos apelan momentos WTF. Lo que distinguiría a Kleber Mendonça Filho de una figura como Laxe es que él fue crítico de cine antes que director —de forma que podría armar todo un aparato teórico durante los segundos en que nos quedamos sin habla—, y que es alguien bastante más politizado.

Filho no ha utilizado el shock para alejarse de la turbulenta realidad de su país, sino para generar un escurridizo extrañamiento que ilumine desde rincones alternativos. Al poco de que Bolsonaro empezara a gobernar Brasil en 2019 él se consagraba a nivel internacional con Bacurau: un western que decía ser distópico para ocultarse geográfica e históricamente, y donde sin embargo no dejábamos de observar a élites políticas vendiendo sus lugareños a intereses extranjeros. Filho es consciente, pues, de cómo se ha cifrado siempre el poder y no tiene por qué subrayar nombres propios ni perseguir un realismo expositivo. Quiere utilizar el cine de otra forma, dar un rodeo.

Combatiendo el shock con el shock, quizá. Y de nuevo, es una estrategia totalmente legítima que, al envolver a su siguiente película tras Bacurau, acoge una capa extra de significado. Pues El agente secreto, nominada al Oscar a Mejor película, se pregunta qué es lo que posibilita ese mismo shock, construye una crítica al momento WTF a través del propio cine. No le queda otra para eso que descolocar severamente al espectador, ya desde el título. El personaje de Wagner Moura no es ningún “agente secreto”. Pero la clase de valentía que le empuja, toda vez que los métodos que emplea para perseguir sus objetivos, le emparentarían con esta figura seductora.

Así es como podría verle un hijo entusiasmado con las películas que Hollywood está exportando a mediados de los años 70 a Brasil, en plena dictadura militar. Así es como podría verle, desde una meridiana vocación escapista, un film más convencional que El agente secreto: uno que celebrara el heroísmo de aquellos activistas e intelectuales que quisieron rebelarse contra la barbarie. Pero no es eso lo que busca Filho exactamente. Sin duda quiere articular un discurso acerca de los abusos sufridos entonces en Brasil, pero en dicho discurso se confunden las energías que pueden convertirlo todo en espectáculo consumible —la tradición hollywoodiense— con las emitidas entonces desde el propio gobierno fascista. El estado policial/corporativo engañando a la ciudadanía.

¿Cómo? Con maniobras de distracción. Producción de shock. Que es la que trata El agente secreto desde su guion para cartografiar los avances de Moura —cuya motivación no conoceremos hasta llegado el ecuador del film—, y dedicando buena parte de su extenso metraje al empeño del poder por ocultar sus crímenes entre carnavales y marquesinas. Un andamiaje ciertamente complejo —mucho más que Bacurau, que al fin y al cabo dentro de toda su abstracción podía rendir como ejercicio de género— al que cabe afearle la contradicción o, mejor dicho, la comodidad que halla entre las recompensas inevitables del momento WTF. Cuando, ante la sorpresa y la complicidad calculada, las ocurrencias quieren parecer más inteligentes de lo que son.

Si El agente secreto busca desentrañar la verdad entre las cortinas de humo del sistema, ¿cómo hemos de tomarnos la mitomanía hacia los EEUU setenteros que marca la mirada de Filho? Sin duda como una concesión lúdica a su propia cinefilia, tamizada por el exquisito tratamiento fotográfico y un genial Moura que se mira en el reflejo del Al Pacino de Serpico. Pero también nos lo podemos tomar como una frivolidad, un deseo de “dar que hablar” en medio del ruido omnipresente que conduciría a ese fetichismo por el Tiburón de Steven Spielberg: problemático crisol de metáforas en El agente secreto que termina embarullando el rigor intelectual de la obra.

El agente secreto es, en resumen, una película frustrante. Una película a la que se le divisan las preocupaciones —y son todas ellas encomiables— poco antes de perderse en la arbitrariedad. Y esta tiene, evidentemente, su sentido interno —El agente secreto es una de esas películas, tan ingratas de abordar, que se hacen la crítica a sí mismas—, pero se antoja tan copiosa como para renunciar a cualquier organicidad, cualquier pretensión de que haya una ficción auténticamente significativa por debajo de esas capas cuyo carácter engañoso obsesiona tanto a Filho.

Tanta confusión recaba para sí —con sus elipsis, dilataciones y anticlímax— que no es de extrañar que El agente secreto al final se sienta obligada a asegurarse de que su tesis queda clara. Casi como pensando en las escuelas donde se recomendará su visionado para no repetir la historia y tal, en sus últimos minutos Filho recurre a una comunicación franca y aplanada que es la que se puede entender mejor… dentro de un prisma hollywoodiense. Conectando así tanto con el frágil llamamiento a revoluciones futuras de Una batalla tras otra como con la encorsetada visión de la memoria histórica que realizaba aquel otro film brasileño que también gustó mucho en los Oscar.

A Aún estoy aquí de Walter Salles le pasaba algo similar el año pasado a El agente secreto, siendo este un film mucho más simplón y transparente. Y es que se hallaba más cómodo cuanto más iconografía absorbía de la época rememorada —frente a los modismos Nuevo Hollywood de Filho, Salles proponía una fiesta de la radiofórmula brasileña—, y menos cuando había que preocuparse de cómo encajar todos esos recuerdos en el presente inmediato.

Aún estoy aquí era lineal por fuerza, por plantearse desde un recuerdo que se preciaba completo y ejemplarizante. El agente secreto lo acaba siendo también porque, aun siendo consciente de que la memoria es perfectible —y siempre nos acechará pidiendo cuentas—, no tiene otra forma de responder a ella. El shock, finalmente y aun cuando lo haya querido enfrentar con sus propias armas, lo ha dejado paralizado. What The Fuck.

¿Tiene sentido que una organización creada para proteger a sus miembros dé pasos en contra de los intereses de los mismos? Ninguno.

Partiendo de esta premisa, tampoco es creíble que la Unión Europea llegue a acuerdos comerciales con terceros países que perjudiquen a sus Estados miembros.

El intercambio comercial ha acompañado al ser humano prácticamente desde los albores de la humanidad. En el Neolítico hacían trueque con pieles de animales, herramientas… y con la agricultura nació el comercio. Es una práctica inherente al desarrollo de los pueblos y las sociedades, y no se detendrá. Por eso, el debate es si lo hacemos con o sin reglas, con imposición o con negociación. Y en estos momentos en el que Donal Trump ha optado por lo primero, haciendo saltar por los aires las reglas del comercio internacional y aplicando la ley del más fuerte, nuestra apuesta es la contraria, establecer reglas para que sea una práctica justa y sostenible, social y medioambientalmente. 

Desde que nació la Unión Europea, no ha habido ni un solo acuerdo comercial suscrito con terceros que no haya generado beneficios para Europa. Un ejemplo reciente lo encontramos en el Acuerdo Comercial y Económico Global con Canadá, conocido como CETA, frente al que se levantaron muchas voces en contra pero del que ya no se ha vuelto a escuchar más, quizá porque no se cumplió ninguno de los malos pronósticos que vaticinaban esas voces. Realmente, ha sucedido todo lo contrario; desde que entró en vigor en 2017 el comercio ha aumentado un 66% y se han creado más de 700.000 empleos en ambos lados del Atlántico. 

Los resultados nos han dado la razón a quienes entonces defendíamos que el acuerdo con un país con quien compartimos valores, estándares y cultura solo podría generar beneficios para ambas partes. Y las mismas expectativas tenemos con Mercosur, incluso más altas si hablamos en términos de población y volumen de bienes. 

El Acuerdo de asociación de la UE con Mercosur es un logro sin precedentes de la política exterior y comercial de la UE en los últimos años. La unión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay supone un mercado de 270 millones de habitantes, con un PIB de 2,7 billones de euros, es decir, que conjuntamente conforman la sexta economía del mundo. La Comisión Europea calcula que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo, a industrias como la química o la farmacéutica, y a la agroalimentación, en sectores como el queso, el vino o las bebidas espirituosas. Se estima que, como resultado de la liberalización, las exportaciones de mercancías y servicios de la UE a Mercosur aumenten entre un 52 y un 68%, y las importaciones de la UE procedentes de Mercosur lo hagan entre un 11 y un 14%.

Por eso las preguntas más pertinentes que caben hacerse son ¿quiénes? y ¿por qué se oponen a Mercosur? La respuesta es: aquellos que se oponen a cualquier acuerdo comercial porque eso engrandece y fortalece a la Unión Europea. 

Esto no va de agricultura. Precisamente uno de los pilares más sólidos de la Unión, si no el que más, es la Política Agraria Común (PAC). Desde que nació el proyecto europeo, la seguridad alimentaria y, por tanto, el cuidado de la agricultura, ha sido uno de sus ejes fundamentales. No es casualidad que el 25% del presupuesto de la UE se destine a la PAC, a pesar de que el sector agrícola aporta al PIB europeo un 1,5%.

Y así seguirá siendo. De hecho, en las actuales negociaciones del Marco Financiero Plurianual la comisión acaba de sumar 45.000 millones de euros a la partida dedicada a la PAC. 

Del mismo modo que tras 25 años de negociaciones con Mercosur, los derechos e intereses de todos los sectores europeos –pero especialmente del agroalimentario– están protegidos y podrán obtener grandes beneficios. Esto será así particularmente en sectores como el aceite de oliva, el vino y el porcino, que se verán favorecidos con la eliminación progresiva de los aranceles. Además, el acuerdo incluye contingentes arancelarios equilibrados para los productos más sensibles, así como medidas de defensa comercial y salvaguardias para proteger los productos agrícolas más sensibles para la UE, y una red de apoyo financiero de 6.300 millones de euros para afrontar eventuales perturbaciones en los mercados agrarios. En el caso de España, protege 59 denominaciones de origen.

La optimización de procedimientos aduaneros supondrá una gran ventaja para las pymes, al igual que se abren grandes oportunidades para todas las empresas, que podrán competir por contratos públicos a los que no tenía acceso. 

Frente a los falsos argumentarios, es importante que la ciudadanía sepa que los productos importados cumplirán las estrictas normativas de seguridad alimentaria de la UE, no permitiéndose importar productos con sustancias no autorizadas en Europa.

Desde este mismo 17 de enero, con la firma de la UE y los países del Mercosur, el acuerdo ya está en vigor. A partir de ahí continúa un largo proceso de ratificaciones que puede alargarse varios años, pero que no paralizará en ningún caso su aplicación. 

La alianza que sella Mercosur es única. Estamos hablando de países democráticos estables que están avanzando en su cooperación a nivel continental y al que se irán sumando otros países. La decisión de asociarse responde a una voluntad política y económica, y en estos momentos en los que otros actores internacionales que eran nuestros aliados han dejado de serlo, hay que poner todo el empeño en que este acuerdo de asociación sea un éxito.

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Javier Moreno es presidente de la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo y miembro titular de la Comisión de Comercio Internacional.

El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado, en Asunción, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones.

El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y los cancilleres de los países del Mercosur, Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay), sellaron el tratado con sus firmas en un acto en la sede del Banco Central de Paraguay, ante cientos de invitados y entre fuertes aplausos.

El pacto permitirá a los dos bloques, que juntos suman 31 países y representan cerca de un cuarto de la economía mundial, reducir o eliminar gradualmente los aranceles para alrededor del 90 % de sus importaciones y exportaciones.

A la ceremonia asistieron, en calidad de testigos de honor, tres de los cuatro presidentes de los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur): Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay, que ostenta la presidencia semestral del grupo) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El único ausente fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los grandes impulsores del acuerdo con los europeos y quien no acudió por cambios de protocolo de última hora.

La delegación de la UE estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El tratado envía un mensaje "fuerte" frente a los aranceles y el "aislamiento" creciente en el mundo, afirmó Von der Leyen en su intervención.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, cuyo país ocupa la presidencia rotativa del Mercosur, destacó que "el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino". "Usamos con ligereza muchas veces los calificativos, pero hoy no es el caso, estamos ante un día verdaderamente histórico y largamente esperado por nuestros pueblos, al unir dos de los mercado más importantes del mundo: Europa y Suramérica", añadió.

También fueron testigos de la rúbrica los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Raúl Mulino. Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del Mercosur y Panamá ingresó recientemente como Estado asociado.

El acuerdo entre el Mercosur y la UE es el resultado de 26 años de negociaciones y, aunque todavía quedan pasos que completar para su entrada en vigor, llega en un contexto internacional marcado por el auge del proteccionismo y el unilateralismo.

La guerra comercial emprendida por Estados Unidos desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la cada vez mayor dependencia de China y los impactos de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio han obligado a las partes a superar sus diferencias y culminar la asociación comercial.

Las negociaciones empezaron formalmente en el año 2000, se alcanzó un acuerdo general de carácter político en 2019, pero solo se cerró el texto el 6 de diciembre de 2024.

Su firma se produce en medio de las protestas de los granjeros europeos, que se han manifestado de manera ferviente contra un acuerdo que consideran que promueve la competencia desleal con sus pares suramericanos.

El competitivo sector agropecuario de los países del Mercosur será uno de los grandes beneficiados del pacto, al igual que la industria europea, para el que se abrirán las puertas de un mercado suramericano históricamente cerrado para productos como equipos eléctricos, máquinas y automóviles.

No obstante, el acuerdo incluye salvaguardias bilaterales en las que se concede el derecho a intervenir, si se produce un gran desequilibrio de precios o volumen.

Pese a la firma, su entrada en vigor no será automática, ya que aún tiene que superar trámites a ambos lados del Atlántico, si bien algunos países, como Brasil, esperan empezar a implementarlo a partir del segundo semestre. 

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News ha tenido acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que da instrucciones sobre negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

Aquel martes, 2 de febrero de 2021, marcaría el futuro del almirante Henrique Gouveia e Melo. Portugal, como el resto del mundo, luchaba por salir de la pandemia del covid y, tras un inicio desastroso del programa de vacunación, António Costa, el entonces primer ministro del país, elige a Gouveia e Melo para dirigir el plan. 

En los meses siguientes, el militar “entra en casa” de los portugueses todos los días. Alto, de barba blanca y ojos azules, vestido con traje de camuflaje militar y con un discurso sereno y firme, va dando cuenta de los avances en el proceso de vacunación, que se vuelve todo un éxito. En nueve meses, Portugal vacuna al 97% de la población y se convierte en el primer país en llegar a esa cifra. 

En medio de la distopía en la que se había convertido la vida en esos últimos meses, la imagen de Gouveia e Melo era la de un hombre seguro, decidido, comprometido con su trabajo y cuyo buen hacer había ayudado al país a salir adelante en el momento más complicado. Las entrevistas se suceden y es elegido por la prensa nacional como el hombre del año. Había nacido una estrella.

Es entonces cuando empiezan a preguntarle por sus aspiraciones políticas, apuntando a una posible candidatura a la presidencia de la República. “Si eso ocurre algún día, dadme una cuerda para que me ahorque”, dice, añadiendo en otra ocasión que “la democracia no necesita militares”. 

La frase le persiguió en otra fecha clave, el 14 de mayo de 2025, a cuatro días de las elecciones legislativas, cuando, en una entrevista en Radio Renascença, desvela la decisión de ser candidato. “Cuando dije que nadie necesita a militares en la política, lo hice de manera honesta y abierta. Pero el mundo ha cambiado mucho y nuestra política interna también”, justificó entonces. 

Estaba lanzada su candidatura que no era más que un secreto a voces. Gouveia e Melo se había retirado unos meses antes y los rumores empezaron casi de inmediato. Rumores que él mismo había alimentado, en febrero de ese año, en un artículo escrito para el periódico Expresso. “El presidente no está al servicio de los partidos, está al servicio de los portugueses y de Portugal”, escribió. “Ningún presidente puede ser 'de todos' si está asociado a una facción política, toda vez que no tendrá la independencia necesaria para representar el interés colectivo”, defendió. 

“Creó el slogan 'Mi partido es Portugal' para presentarse como el único capaz de ser el presidente de todos los portugueses, el de la unidad, el que va a aglutinar los portugueses en un proyecto”, explica José Pinto, politólogo, catedrático de la Universidad Lusófona de Lisboa. 

Su campaña intenta compensar su inexperiencia con su independencia política y se esfuerza por mostrar un perfil equilibrado, alejado del conservadurismo exacerbado que se asocia normalmente a los militares. “Es difícil caminar solo con la pierna izquierda, o solo con la pierna derecha. Yo camino con las dos piernas porque el país necesita las dos”, dijo en una entrevista para justificar su posicionamiento ideológico.

“Gouveia e Melo está intentando posicionarse en el centro para robar votos al Partido Socialista y al Partido Social Demócrata, porque sabe que es ahí donde puede encontrar su base de apoyo. No sacará votos de la extrema derecha ni de la izquierda radical, tiene que dirigirse al centro”, explica Pinto. 

El afán por la centralidad le viene de su padre, Manuel Henriques, un hombre de centroizquierda, cercano al Partido Socialista, y muy crítico del régimen dictatorial de Oliveira Salazar. Abogado de profesión, se fue a vivir a Mozambique, el país de su mujer, Maria Helena Passaláqua, en 1958. Dos años después nacería Henrique Gouveia e Melo.

Gouveia e Melo creció en un ambiente politizado por la época que le tocó vivir: la revolución y la consecuente descolonización de los territorios en África obligó a su familia a huir de Mozambique a Portugal casi solo con lo puesto. Pero también por herencia familiar: si el padre era un moderado, sus dos tíos eran polos opuestos: uno cercano a la dictadura y, el otro, comunista. 

“Mi padre estaba muy politizado y siempre me enseñó que la política es la más noble de las profesiones, porque es la dedicación a la causa común”, dijo hace poco en un programa de televisión. 

Vivió una infancia “verdaderamente feliz”, cuenta en el libro Los Motivos, de la periodista Valentina Marcelino. La salida abrupta de Mozambique, a sus 14 años, fue “traumática porque perdimos todo”, pero asegura que jamás sintió resentimiento. 

“Soy de los últimos portugueses del imperio, pero es que los imperios se acabaron. Jamás sentí rechazo por Mozambique y eso es por mi padre, que siempre supo que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada y sabía que esto pasaría. Siempre me ha transmitido comprensión por el proceso y nada de rabia”, cuenta. 

Se quedaron en Portugal por poco tiempo y enseguida se mudaron a Brasil, donde permanecieron dos años. Con 17, Gouveia e Melo le dice a su padre que quiere ser militar en Portugal y la familia, que ya pensaba en volver, regresó.

A partir de entonces, el joven Henrique empieza una carrera de éxito. Ingresa en la Escuela Naval pero su padre jamás lo vería con el traje de oficial. Se muere de cáncer el día en el que Gouveia e Melo cumplía 21 años. “Lo viví como si me estuviese pasando el testigo. Su muerte me ha marcado mucho”.

En su carrera en la Marina se dedica a los submarinos y gana fama de intransigente y duro. A lo largo de su vida profesional sumó más de 20.000 horas dentro de un submarino, algo como pasar dos años y cuatro meses bajo el agua. El espacio exiguo, la falta de comida y comunicaciones no se le hacen cuesta arriba. Define el submarino como una “extensión” de su cuerpo y su récord son 31 días seguidos sumergido. 

Con dotes comunicativas, llega a portavoz de la Armada, es director del Instituto de Socorro a Náufragos y, más tarde, comandante del EUROMARFOR, un equipo que junta fuerzas portuguesas, españolas, francesas e italianas. 

Después de la misión en la vacunación del Covid es ascendido al cargo más alto de la Marina: Jefe del Estado Mayor de la Armada. Antes, su contribución ya había sido esencial en las operaciones de apoyo militar al combate a los grandes incendios de 2017.

Pero el cargo no es lo que espera. Gouveia e Melo quería cambiar la forma de trabajar en la Armada y se encuentra con muchos obstáculos. “Sentí que me querían dar importancia sin darme poder real para hacer algo. Fue entonces cuando decidí entrar en el campo de las verdaderas decisiones: la política”. 

Gouveia e Melo se presenta como el outsider político, como el profesional eficaz y resolutivo que puso a Portugal a la cabeza en la lucha contra la pandemia. Reivindica que no hace falta ser un político de carrera para ser un presidente confiable, competente y a la altura de lo que el actual momento político internacional exige. 

“Su popularidad en una democracia estabilizada como la de Portugal es señal de los tiempos que vivimos: la aclamación de alguien con un compromiso firme, de alguien que está fuera del sistema partidario y que podrá contribuir con una visión libre de los vicios naturales del sistema democrático”, explica Paula Espírito Santo, profesora de Sociología Política en el Instituto Superior de Ciências Sociales y Políticas de Lisboa.

Cuando confirmó su candidatura, los sondeos se dispararon y le dieron la victoria. Con el pasar del tiempo, y la confirmación de otras candidaturas, los números están bajando, pero sigue presentándose como unos de los nombres más fuertes para pasar a la segunda vuelta. 

“Con los debates y la exposición pública, nos damos cuenta perfectamente de que Gouveia e Melo no viene de la política. Tiene una cultura militar en donde, muchas veces, le cuesta distinguir la autoridad del autoritarismo, lo que le lleva a asumir posiciones demasiado crispadas”, sigue el politólogo. “Y luego, es muy difícil conseguir, en pocos meses, dominar la jerga política para lograr pasar su mensaje. Y Gouveia e Melo está aún en ese proceso”. 

De hacerse con la presidencia de la República, sería la primera vez, en 40 años, que un militar ocuparía el cargo. El último fue Ramalho Eanes, uno de los militares involucrados en la Revolución del 25 de Abril, que acabó con la dictadura e instauró la democracia en Portugal. Ramalho Eanes fue presidente de la República entre 1976 y 1986, un periodo especialmente convulso en la política portuguesa, que marcó el final de la dictadura y la consolidación de la democracia.

“La revisión constitucional de 1982 terminó con lo que podemos designar como una democracia tutelada en Portugal. Porque hasta entonces, eran los militares, en el Consejo de la Revolución, quienes tenían la acción política. En 1982 los militares vuelven a los cuarteles y entregan el poder a los civiles, lo que supuso la normalización de la democracia”, recuerda José Pinto. 

Ahora, 40 años después, un militar puede volver a ocupar la presidencia del país. “Esto no pone en tela de juicio el normal funcionamiento de las instituciones. Ni significa que los militares están intentando volver a tener un papel político. Incluso porque el presidente, una vez elegido, es el Jefe de las Fuerzas Armadas”, dice Pinto. “Además”, recuerda, “Gouveia e Melo está retirado. No es un militar de facto intentando entrar en política. Él está retirado y no deja de ser un ciudadano con todos sus derechos, entre ellos, el de presentarse como candidato a la presidencia”.

En la papeleta se ve las caras con André Ventura (Chega); Luís Marques Mendes (PSD), António José Seguro (PS) y João Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal), sus principales adversarios, junto con Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António Filipe (Partido Comunista), y Jorge Pinto (Livre). Los sondeos dan por seguro una segunda vuelta entre dos de los cinco primeros candidatos, y los números están muy ajustados. Si ser un outsider es una debilidad o una virtud es algo que aún está por ver. 

“Gouveia e Melo trae sentimientos ambivalentes porque no tiene un pasado político y, por ello, solo se pueden evaluar las ideas que va expresando ahora. Su inexperiencia en los debates le está pasando factura y ya demostró no ser muy consistente a nivel argumentativo. Pero sabemos que, para el electorado, son los últimos momentos los que cuentan, así que de ellos dependerá su resultado”, analiza Espírito Santo. 

Por ahora, Gouveia e Melo no quiere guiarse por los sondeos y dice que “la única encuesta que importa es la del 18 de enero”. Ese día, en las urnas, los portugueses tienen la palabra.

Tras el brutal acto de guerra perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, la izquierda democrática latinoamericana ha entrado en estado de zozobra. Desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca hace ahora un año y hasta la madrugada del sábado pasado, sus amenazas contra Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) por cuestiones dispares se habían saldado con la imposición de aranceles (de quita y pon), la retirada de determinadas ayudas y un sinfín de exabruptos de distinto calibre en redes sociales. Pero a partir del 3 de enero, el mundo ha cambiado. Además del Fuerte Tiuna de Caracas, ese día saltaron también por los aires todas y cada una de las cláusulas del Derecho Internacional.

El nuevo orden en las relaciones de Washington con Latinoamérica queda reflejado en las cuatro páginas que dedica a la región el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional publicado a finales de noviembre por la Secretaría de Estado estadounidense: “Tras años de descuidos, Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental; para proteger nuestra patria y nuestro acceso a puntos clave de la región, negaremos a nuestros competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas (…) o de poseer activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”. Aunque no menciona a China, el “corolario Trump” a esa doctrina, según se denomina en el informe, expresa claramente el deseo de la Casa Blanca de minar la influencia de su rival asiático en el que siempre ha considerado su patio trasero.

Es probable que el nombre de Iván Cepeda todavía no le diga nada a Trump. Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, azote de la izquierda latinoamericana, lo tendrá a buen seguro anotado en su agenda con una fecha: 31 de mayo de 2026. Cepeda lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán ese día en Colombia. Se impuso en las primarias de la izquierda y es un firme candidato a suceder a Petro (quien no puede presentarse a la reelección por mandato constitucional). Junto a Brasil y México, Colombia completa el núcleo principal de países con gobiernos progresistas que resisten la embestida neocolonialista del magnate republicano en América Latina.

Aunque Trump no agreda militarmente a Colombia, se da por descontado un decidido respaldo político (y tal vez financiero) a cualquier líder opositor que tenga posibilidades de batir a la coalición progresista que encabezará Cepeda. Este senador de 63 años, hijo de un histórico dirigente del Partido Comunista de Colombia, Manuel Cepeda, asesinado por fuerzas paramilitares en 1994, se ha distinguido desde hace años por su labor de mediación en los procesos de paz en su país. Ha librado, asimismo, una larga batalla jurídica contra el todopoderoso expresidente derechista Álvaro Uribe, condenado en julio pasado a 12 años de prisión por soborno a testigos y fraude procesal y absuelto unas semanas después en segunda instancia. La derecha llega a las elecciones dividida pero podría aunar fuerzas en los próximos meses para hacer frente a una izquierda que ya cuenta con un candidato de consenso. Según la consultora Invamer, Cepeda obtendría un 32% de los votos, frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella (18%). El sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) también sitúa en primera posición al senador progresista con un margen más estrecho frente al aspirante de la extrema derecha (21%-14,5%).

Con el abordaje a Venezuela ya en marcha, Colombia aparece como el próximo enemigo a batir en el marco de esta nueva estrategia de control regional en la que los comandos de élite Delta Force reescriben a balazos las relaciones diplomáticas ante la pasividad de la OEA y la ONU. Petro, el líder latinoamericano más crítico con Washington, finaliza su mandato en agosto, cuando tomará posesión el presidente electo en los comicios de mayo y junio (habrá segunda vuelta si en la primera ningún candidato obtiene más del 50% de los votos). Trump ha lanzado duras amenazas contra el mandatario colombiano. Con el silabario de taberna que suele utilizar, le ha aconsejado que cuide su trasero. Durante el viaje de Mar-a-Lago (su residencia en Florida) a Washington el domingo por la noche, reiteró su advertencia ante un grupo de periodistas: “Me suena bien”, dijo cuando le preguntaron si planeaba un posible ataque a Colombia parecido al efectuado en Venezuela. Y abundó: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo”.

Petro fue el primer presidente latinoamericano en condenar la intervención armada en Venezuela. Bogotá, a su vez, ha firmado el comunicado de repulsa contra esa agresión que también han suscrito los gobiernos de España, Brasil, Chile, México y Uruguay. Muy activo en redes sociales, el líder colombiano no ha bajado el tono de sus críticas: “Lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe”, ha escrito en uno de sus últimos mensajes en la red X. Al acusarlo de narcotraficante, Trump coloca sobre él la misma espada de Damocles que le ha servido de pretexto para atacar Venezuela y secuestrar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Una imputación sin prueba alguna que la sostenga.

Las más recientes amenazas de Trump contra gobiernos de la región se han centrado, además, en Cuba (“está a punto de caer”) y México (“algo tendrá que hacerse” con los carteles de la droga). Con un tono sosegado pero resolutivo, Sheinbaum ha frenado hasta ahora las ambiciones comerciales y militares de la Casa Blanca al sur del río Bravo.

La sucesora de Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 2024 con un 60% de los votos, superando la marca de su mentor político en 2018. Con una popularidad todavía elevada, Sheinbaum tiene todavía cinco años de mandato por delante para consolidar la hegemonía del oficialismo de izquierdas. México comparte tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, su primer socio comercial. Más allá de la guerra arancelaria emprendida por Trump, el principal foco de tensión entre los dos vecinos es la lucha contra el crimen organizado. Con visiones opuestas sobre la estrategia a seguir, la línea roja para Sheinbaum es el deseo del líder republicano de enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los grandes carteles del narcotráfico como si fueran un ejército enemigo.

Tras condenar el ataque a Venezuela, la dirigente progresista ha insistido en que la presencia militar estadounidense en suelo mexicano “no es una opción”: “Lo más importante es la responsabilidad compartida (…) Ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos”.

Lula también ha criticado abiertamente la agresión a Venezuela: “Estos actos superan una línea inaceptable y representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”. Como gran potencia sudamericana, Brasil es hoy un dique de contención contra el avance de la extrema derecha en Latinoamérica. Las elecciones presidenciales previstas en octubre serán, por tanto, determinantes para el equilibrio de fuerzas en la región.

Trump pinchó en hueso cuando quiso entrometerse en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. Las amenazas de aranceles astronómicos y las sanciones contra jueces del Tribunal Supremo no evitaron que el excapitán del Ejército fuera condenado a 27 años de cárcel por golpismo. Lula salió fortalecido ante una opinión pública que aplaudió la defensa de la soberanía nacional ante las injerencias extranjeras. El mandatario ha crecido desde entonces en las encuestas mientras Bolsonaro purga su condena en instalaciones de la policía federal tras haber intentado reventar la tobillera electrónica que le imponía la prisión domiciliaria.

La ultraderecha brasileña se debate ahora entre aupar electoralmente a uno de los hijos del exmandatario —el senador Flávio Bolsonaro— o poner todos los huevos en la cesta de un candidato más competitivo: el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Cualquiera de ellos tendrá muy complicado batir a Lula en las urnas. En una reciente encuesta de la consultora Real Time Big Data, Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en 15 puntos (35%-20%) y a Freitas en nueve (35%-26%). Las alarmas para la izquierda brasileña pasan, no obstante, por la falta de recambio a un líder que ya ha cumplido 80 años.

Con la nueva versión de la Doctrina Monroe (ideario que data de 1823 y supuso el primer aviso para navegantes sobre las intenciones de Estados Unidos en su hemisferio), Trump ha querido dejar su impronta para extender su influencia -manu militari si es preciso- en toda la región. Además de contar con potentes herramientas comerciales y militares, tiene el apoyo incondicional de varios aliados en la zona. La lista va en aumento: Milei (Argentina), Bukele (El Salvador) Noboa (Ecuador), Mulino (Panamá), Jeri (Perú), Peña (Paraguay) o Kast (presidente electo de Chile). A los gobernantes díscolos les tiene reservada la sutil diplomacia de los cañones.

Los Gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay han rechazado este domingo "las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela", en las que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados", han señalado los seis países en un comunicado.

Los firmantes también han manifestado su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos", como lo manifestó la víspera el presidente estadounidense, Donald Trump.

En ese sentido, el mandatario norteamericano señaló el sábado que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada".

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha aclarado este domingo que su país gestionará la "dirección" hacia la que se moverá Venezuela sin el liderazgo de Nicolás Maduro.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, también manifestó que las compañías petroleras de su país van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en el país caribeño, de la que dijo que se encuentra "en muy mal estado".

En ese sentido, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay señalaron que la crisis venezolana "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

Por eso, han señalado que únicamente "un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

Los seis países han señalado, además, que América Latina y el Caribe es una zona de paz que está "construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención" y han hecho una llamada a "la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional".

"Asimismo, exhortamos al secretario general de las Naciones Unidas (Antonio Guterres) y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional", han concluido.

Maduro pasó su primera noche en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

El mandatario venezolano -acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal- afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo y quien este jueves se someterá a una cirugía por una hernia bilateral, reafirmó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026", dijo el líder ultraderechista en una carta escrita de su puño y letra durante su reclusión.

Fue el propio Flávio el que leyó la misiva a las puertas del hospital privado de Brasilia donde su padre pasará por el quirófano este jueves, día de Navidad, para corregir una hernia inguinal bilateral.

El capitán retirado del Ejército, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, indicó que su hijo Flávio representa la continuidad del "camino hacia la prosperidad", que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Titulada 'Carta a los brasileños' y escrita con bolígrafo de tinta azul, la carta pretende zanjar las dudas sobre la candidatura de Flávio de cara a los comicios de octubre de 2026.

El senador ya había adelantado el pasado 5 de diciembre que su padre, también inhabilitado, le había designado como su heredero político.

Sin embargo, Flávio luego insinuó que podría retirar su nombre de la contienda por el "precio" justo que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

En la carta, Jair Bolsonaro manifiesta que designar a su hijo como su sucesor es "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron" en él.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", expresó Bolsonaro, quien el pasado 11 de septiembre fue condenado por la Corte Suprema por "liderar" una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula ya anunció que se presentará a la reelección y, por el momento, los sondeos lo sitúan al frente de la carrera presidencial, con hasta dos dígitos de ventaja sobre los posibles adversarios del espectro de la derecha, incluido Flávio Bolsonaro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado en la Cumbre del Mercosur de que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

"Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia", afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval tendido de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario brasileño agregó que una posible intervención armada en Venezuela, como la amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sería una catástrofe humanitaria".

Lula, que se ha propuesto como mediador entre ambos países y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

Tras citar la ceremonia del viernes en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas para tal fin, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.

También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.

Lula aseguró que América Latina es la región del mundo mas letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once feminicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del feminicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.

La Unión Europea (UE) se comprometió en una carta enviada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a comienzos de enero, tras las divergencias internas que le impidieron suscribir el tratado este sábado como estaba previsto.

La misiva, fechada el viernes y divulgada este sábado por la Presidencia brasileña durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, está suscrita por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Nos gustaría trasmitirle nuestro firme compromiso en proceder con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Provisional de Comercio a comienzos de enero, en un momento a ser acordado entra las dos partes", aseguran.

Las autoridades europeas "lamentaron" que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo, exigidos para autorizar la firma, aún no fueron finalizados.

Agregaron que están trabajando intensamente para completar esos pasos lo más rápido posible.

Los signatarios reafirmaron su compromiso con la firma de los acuerdos, que calificaron como fundamentales para el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y estratégicos entre las dos regiones.

La rúbrica de los acuerdos, afirmaron, envía un "mensaje poderoso sobre nuestra determinación colectiva en profundizar la cooperación basada en valores compartidos, confianza mutua e intereses a largo plazo".

"Estamos confiados en que conducir este proceso a una conclusión rápida reforzará nuestros compromisos compartidos y generará claridad y confianza para todas las partes interesadas", aseguraron.

Von der Leyen y Costa agradecieron los esfuerzos hechos por Brasil para, en su condición de presidente temporal del Mercosur, realizar las gestiones para intentar firmar el acuerdo en la Cumbre que celebra el bloque sudamericano este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

"En ese sentido, esperamos que tenga la oportunidad de hacer consultas con los otros socios del Mercosur en Foz de Iguazú para ayudar a llevar estos preparativos a cabo, en el espíritu de unidad y de responsabilidad compartida con este paso histórico", asegura la carta.

Tras el rechazo frontal de Francia al acuerdo y las dudas de última hora de Italia que impidieron contar con el apoyo necesario para aprobar la firma de los acuerdos, la Comisión Europea aseguró el viernes que ya consiguió convencer a los países indecisos y que tiene intenciones de suscribir los tratados el 12 de enero.

La posible firma sería en Paraguay, que recibe este sábado de Brasil la presidencia temporal del Mercosur.

En la carta las autoridades europeas agradecen los esfuerzos hechos por Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo.

"Nos gustaría expresarle nuestro sincero agradecimiento por su liderazgo y por su compromiso personal con la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Su compromiso y visión han sido fundamentales para sustentar el ímpetu y la confianza en momentos decisivos de nuestra asociación", afirmaron.

En la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, Lula dijo que, mientras espera que la Unión Europea resuelva sus divergencias internas, el bloque sudamericano seguirá trabajando en negociaciones con otros socios comerciales, entre los que citó Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam. 

La Unión Europea apuesta por el próximo 12 de enero como la fecha para celebrar en Paraguay la firma del acuerdo comercial con Mercosur que se pospuso este jueves por las dudas de última hora de Italia y el rechazo de Francia, una opción que todavía deben confirmar los cuatro países del bloque latinoamericano, dijeron a EFE fuentes europeas.

Bruselas esperaba firmar el acuerdo junto a sus socios del Mercosur este sábado en Brasil, pero antes era necesario que los países de la Unión Europea validaran el acuerdo este viernes por mayoría cualificada (quince países que representen al 65% de la población) y en la víspera se constató que el apoyo no llegaba a los mínimos necesarios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó la pasada madrugada que los socios europeos necesitan "unas semanas más", por lo que se habían puesto en contacto con sus homólogos del Mercosur para acordar "posponer ligeramente la firma". "No se pierde mucho con estas tres semanas después de 26 años", añadió el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Antes de la potencial firma el 12 de enero, los países tendrán que volver a intentar reunir esa mayoría cualificada para el pacto, voto en el que será clave ver si Italia ha resuelto los problemas con su sector agrícola que obligaron a posponer la firma inicialmente.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó por su parte que "no sabe" si su Gobierno estará dispuesto a apoyar la firma en enero y condicionó su apoyo a "garantías" que incluyan una dotación suficiente de la política agrícola común (PAC) y ofrecer un "marco" a la agricultura francesa ante los desafíos que ha enfrentado en los últimos años.

Fuentes comunitarias se mostraron este viernes optimistas con poder culminar la firma en enero y señalaron que se está trabajando con Roma y París en las salvaguardas y en posibles compensaciones para agricultores con las que esperan poder contentar a ambos gobiernos.

En paralelo, los ministros de Exteriores de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron este viernes su cita semestral en Brasil con una reunión informal de media hora en la que abordaron a puerta cerrada la situación del acuerdo tras la petición de los europeos de que se aplace su firma hasta enero.