El Domingo de Resurrección es uno de los días más importantes del año en Sevilla. Solazo. Tras una semana de pasión llena de procesiones y de calles abarrotadas, la plaza de toros de La Maestranza se viste de largo. Alta sociedad, celebrities, nobleza y también influencers y wannabes. Gran ovación. ¿Quién ha llegado? El rey emérito, junto a la infanta Elena.

Juan Carlos I, con residencia en Abu Dabi, ha pasado dos días en la capital andaluza. El PP le anima a volver a España, pero el emérito no da el paso con el trasfondo de su fortuna y la obligación de tener que pagar impuestos. En Zarzuela evitan hablar del padre de Felipe VI aunque recuerdan que es libre de regresar, siempre que esté al día con sus obligaciones fiscales.

El emérito vuelve de manera asidua a España para eventos lúdicos, con especial predilección por las regatas en Sanxenxo (Pontevedra) y los encuentros gastronómicos en buenos restaurantes con vinos caros y suculentas mariscadas. Y en su particular universo se ha rodeado de una troupe nutrida por empresarios, millonarios, personajes ligados a la derecha, regatistas, periodistas conservadores y toreros, principalmente.

Todo ello cristalizaba este domingo con su presencia en la plaza de toros de La Maestranza para ver a Morante. ¿Una casualidad? Su asistencia manda un mensaje muy simbólico y político a poco más de un mes de que los andaluces acudan a las urnas el 17 de mayo para elegir a sus nuevos representantes en el Parlamento. Este torero ha estado vinculado durante años a Vox y ha apoyado directamente a Santiago Abascal. Pero el de La Puebla del Río ha dado un giro y ahora se ha convertido en un respaldo público para Juanma Moreno (Partido Popular), con quien ha compartido jornadas de finca que han hecho públicas en las últimas semanas en sus redes sociales.

Su paso por la capital andaluza sirvió también para reconocer a parte de los amigos del rey. El monarca cenó en casa del periodista Carlos Herrera, que se ha convertido en portavoz muchas veces del emérito. Al día siguiente, en el monólogo inicial de su programa reveló que el rey había estado "a gusto" durante sus horas en Sevilla acompañado de "buenos amigos".

Entre esos amigos que le gustan al rey están Javier Benjumea y Vicente Dalmau, con los que comió en Sevilla, según informa El Correo de Andalucía. Ellos organizaron el encuentro en el club Pineda, el sitio más elitista de la sociedad sevillana. El primero de ellos es el actual marqués de la Puebla de Cazalla y es uno de los puntales de la todopoderosa y millonaria familia andaluza de los Benjumea. En su currículum cuenta con cargos como vicepresidente de Telefónica Argentina, consejero de Abengoa, consejero del diario ABC y miembro de la Junta Rectora y del Patronato de la Fundación Universitaria Comillas-ICAI-ICADE (la universidad privada donde estudian muchos hijos de la alta sociedad española).

Su vinculación con la Casa Real es directa. De hecho, fue teniente del rey en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a petición del propio Juan Carlos. El título nobiliario fue creado directamente por el emérito para entregárselo a su padre.

En la comida en el restaurante Hoyo 16, dentro del exclusivo club Pineda, también estaba Dalmau, convertido ya en otro de los grandes apoyos de Juan Carlos I durante sus visitas de ocio a España. Se trata del dueño de las bodegas Marqués de Murrieta con quien comparte sus largas estancias en Sanxenxo y mantiene una amistad labrada durante años. El rey es un declarado fan del vino que produce, especialmente de Ygay. Poco después de abdicar, Juan Carlos I reapareció en la inauguración de las instalaciones de la bodega, un acto que la Casa Real difundió en su propia web con una noticia y un vídeo.

Dalmau también se ha convertido en un referente para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le condecoró en 2022 con la Cruz de la Orden del Dos de Mayo porque "ha hecho del vino, que es cultura y salud, el mejor del mundo en Nueva York".

El bodeguero tiene igualmente contacto con el rey Felipe, con quien posó en una foto durante un acto de los cien años de la denominación de origen de Rioja. La empresa Marqués de Murrieta celebró la instantánea en Instagram: "Nuestro agradecimiento a la Casa Real por su continuo apoyo a los innumerables españoles que luchan por la excelencia y protegen el nombre de España fuera de sus fronteras".

En los encuentros en Sanxenxo tiene un papel especial Pedro Campos, el empresario gallego que le da cobijo en su casa cuando va a regatear a la costa. Los dos se conocieron a través del armador Josep Cusí, otro de los inseparables durante años del emérito. La pasión por el mar y los deportes náuticos son los principales pegamentos entre estos hombres, además de su afición a la gastronomía.

Campos es el presidente del Club Náutico de Sanxenxo, otro de los lugares más elitistas del norte de España. Su gran empeño ha sido que el monarca pudiera volver a navegar y competir en las regatas. Hijo de un empresario propietario de las termas Cuntis, uno de los balnearios de más renombre en Galicia, viene de una familia muy bien situada en España y es sobrino del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo.

Al rey siempre le ha gustado esa mezcla de deportes y empresas en su vida personal. Por ejemplo, en los últimos años ha aparecido en algún partido de tenis de Rafael Nadal, con quien tiene hilo directo. En alguno de esos eventos deportivos estuvo acompañado por empresarios como Borja Gervás, ligado al sector financiero, y José María López de Letona, vicepresidente del Círculo de Empresarios. 

En el entorno del rey Juan Carlos I hay un nombre que evita aparecer en las fotografías: Félix Sanz Roldán. El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia se ha convertido en una de las columnas del emérito, al que suele ir a visitar a los Emiratos. Su amistad se forjó durante su etapa como jefe de los espías españoles y fue uno de los hombres clave en la sombra para la materialización de la abdicación del monarca en junio de 2014. 

En las últimas semanas el rey emérito ha vivido la pérdida de dos periodistas con los que tenía una relación muy directa: Raúl del Pozo y Fernando Ónega. Los dos han sido parte esencial en su estrategia de comunicación. Y a sus familias les envió sendas coronas de flores con un lazo con los colores de la bandera de España.

Además, en el círculo más cercano del rey hay dos hombres clave: el teniente coronel Vicente García-Mochales (conocido como ‘Mochi’) y el cabo Cabello, que son los encargados de la seguridad de Juan Carlos I y los que le ayudan a caminar o a sentarse.

Hace unas semanas, la prensa informaba de un estudio de la Harvard Business School según el cual el acto de dar produce más satisfacción que el acto de recibir. Y es cierto que la generosidad, la entrega y el pundonor son una fuente de felicidad, un oficio de madurez que colma nuestra autoestima. Sin embargo, hay una excepción; a la hora de darlo todo, mejor no dar pena. 

El reciente libro de Juan Carlos de Borbón es un claro ejemplo; siempre da un poco de pudor, incluso vergüenza ajena, ver a alguien suplicar que le quieran; si es un rey, convertido aquí en un pequeño Gatsby, pues más. ¿Por qué escribir un libro para decirnos lo desgraciadito, monarca, que eres teniéndolo todo? Porque no ha entendido nada. 

Resulta elocuente, por ejemplo, su afirmación de que se marchó de España para “no complicar la tarea de mi hijo en sus funciones de soberano”. Basta una frase para resumir un mundo. Tan solo y tan mal informado está este hombre que nadie le ha dicho que en España el rey no es soberano, aunque él haya actuado toda su vida como si lo fuera. 

Curiosamente, no es cosa sencilla identificar quién es el soberano en esta democracia que nos hemos dado. En las ponencias constitucionales se enfrentaron dos teorías opuestas: las derechas defendían que la soberanía residía en la nación y las izquierdas, por el contrario, que el soberano era el pueblo. El debate parecerá una bagatela, pero cada una de las posturas tiene detrás un artilugio dogmático bastante considerable y multitud de tratadistas han glosado, en disquisiciones que llenan estanterías de bibliotecas jurídicas, las diferencias entre la soberanía nacional y la popular. No hay consenso posible entre ellas. Pero el espíritu de la Transición, ese tan denostado, dio con una fórmula prodigiosa, que apunta a la influencia de los gin-tonics en nuestro germen constituyente: “La soberanía nacional reside en el pueblo” (artículo 1.2). ¡Gran hallazgo! Podía haber dicho “la soberanía popular reside en la nación” o “este plátano verde es azul” con la idea de contentar a todos. Los teóricos del Estado se tiraron de los pelos porque la expresión no significa nada, pero no frivolicemos sobre la importancia de lo inexistente. Bajo esta expresión un tanto absurda, más próxima a un oxímoron que a una paradoja, el consenso abrió una cancha abierta en la cual será lícito defender opciones contrapuestas, de tal manera que los defensores de ambas perspectivas podrán encontrar cobijo en el texto; un cobijo puramente formal, desde luego, porque en realidad el artículo no dice nada. En fin, es importante decir cosas que tengan sentido; pero a veces es más importante decir cosas en las que todos estemos de acuerdo, aunque no tengan sentido. Eso fue la Transición. 

De una forma o de otra, estemos ante una nación soberana o ante un pueblo soberano, lo cierto es que quien no es soberano es el rey, y tendría que saberlo. Aunque para dejar más clara esta exclusión, la Constitución debería no haber incurrido en el error de proclamar que la justicia se administra en nombre del rey, cosa que hizo para no dejarla en manos del pueblo, como en los Estados Unidos. [Aunque a estas alturas, todo el mundo sabe ya que la justicia se administra en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero eso es otra batalla]. Esta proclamación, a pesar de su orientación protocolaria, tiene unas consecuencias trascendentales, sobre todo unida a la interpretación expansiva que los tribunales han dado a la inviolabilidad del monarca. Recordemos que, siendo rey, los jueces inadmitieron a trámite demandas de paternidad contra este señor, que es un truhan, aduciendo su inviolabilidad. Después de su abdicación se las han vuelto a presentar, pero igualmente las han inadmitido por un quítame allá esas pajas. Una interpretación razonable del artículo 56.3 de la Constitución permitiría limitar la inviolabilidad a los actos cometidos en su condición de monarca, pero los jueces la han equiparado, por las bravas, a una pura y simple impunidad total. Yo recomendaría a Felipe que no cogiera el coche. 

Esta equiparación parecerá un poco loca, pero bien pensado, si realmente la justicia se administra en nombre del rey, entonces el monarca no puede ser nunca parte en ningún procedimiento: ni demandante ni demandado, ni denunciante ni denunciado, porque en caso contrario estaríamos ante la paradoja jurídica de quien se administra justicia a sí mismo. Así que no sabemos qué pasaría si Letizia quisiera presentarle una demanda de divorcio; probablemente no podría, y no solo por conservar, todavía, el título de reina católica con privilège du blanc. 

Todo es muy antiguo, pero la Transición no dejó mucho margen de maniobra en este sentido. Las derechas impusieron este arcano medieval porque ni entonces ni ahora quieren oír hablar de una república, pero no porque rechacen la figura, sino porque eso supondría reponer la legalidad anterior a la guerra que ganaron. Y como resultado de todo ello, ahí tenemos a una chica de mirada aterrada subiéndose a los mandos de un avión militar porque entre todos hemos decidido su agenda, su vida, su futuro y el lugar donde será enterrada, como si hubiera nacido en una tribu pastún.  

Atiéndase en este sentido a otro detalle muy esclarecedor: cuando los padres constituyentes redactaron el último título de nuestra Constitución, que regula de forma bastante generosa su reforma, los ponentes de izquierda propusieron una excepción para imponer un sistema especialmente rígido y complejo (de hecho, inviable por exigente) si se pretendía reformar el capítulo de los derechos fundamentales. Los ponentes de derechas pusieron sobre la mesa su propia excepción. ¿Cuál? La han adivinado: hicieron intocable el título de la Corona, que hoy no se puede cambiar, si no es de una manera tremendamente azarosa y alambicada, ni siquiera para incluir la igualdad de sexos en la sucesión. En fin, cada cual peleó por lo que le importaba: unos por la Corona, otros por los derechos; como ven, no hemos superado la Revolución Francesa.

En resumen, el libro de Juan Carlos no es más que un ejercicio de vanidad, un tanto frustrado, de quien se echa flores sobre sí mismo. Arrogarse el mérito de traer la democracia a España es una hermosa flor que se tira sobre su cabeza, aunque le viene con la maceta incluida, al no explicar qué mérito tendríamos que agradecerle si en el fondo Franco era un tipo estupendo. 

Y hablando de méritos, no me resisto a insistir sobre la cuestión de su condición de emérito. Cuentan quienes saben de ciertas interioridades que Juan Carlos, tras abdicar, no quiso saber nada del condado de Barcelona, que con tanto aplomo había llevado su padre; se empeñó en seguir siendo rey. Le contestaron que la Constitución sólo prevé el título de rey de España, y que el país no podía tener dos. Pero se empeñó tanto que finalmente, por Real Decreto 470/2014, el Gobierno consintió en mantenerle el título de rey y majestad. Pues que así sea. Como decíamos, las palabras son importantes aunque no digan nada: a Juan Carlos y a Sofía no se les nombra reyes “eméritos”, título que la prensa --la misma prensa valiente que calló sus desmanes durante décadas-- se apresuró a concederles aunque no aparece en la disposición. No se les reconoce ningún mérito; son simplemente reyes. De hecho, ni siquiera se les reconoce el título de reyes “de España” porque este título, previsto en el artículo 56.2 de la Constitución, es único y lo ostenta en exclusiva su hijo. Así que Juan Carlos sigue siendo el rey pero ya no lo es de España ni de ninguna otra parte; ni siquiera, ya le gustaría, del Reino de Redonda. Es un rey sin territorio que, por no tener súbditos, puede atribuirse ya la condición de soberano, como único habitante de este u-topos sobre el que gobierna. 

Sin trono ni reina, ni nadie que le comprenda, Juan Carlos podría arrancarse cualquier día por José Alfredo. Y podremos esperar tal cosa ahora que, de manera extraña y sutil, se le está poniendo un perfil a lo Julio Iglesias, con quien comparte un prototipo de masculinidad decadente, un mismo gusto por paraísos de palmeras, unas mismas camarillas de aduladores, una misma moralidad abotargada a caprichos y una misma impunidad.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

“Este anuncio significa que me rechazas. No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas”. Esto le dijo el rey emérito a Felipe VI cuando su hijo, en marzo de 2020, renunció a su herencia y le retiró  la asignación anual en pleno escándalo por la fortuna en el extranjero de Juan Carlos I.

Las palabras textuales han sido reveladas por el propio Juan Carlos I en su explosivo libro de memorias, bajo el título de Reconciliación, que acaba de ver la luz en Francia y que llegará a las librerías españolas el próximo mes. Pero lejos de ser un tratado de paz familiar, la obra ha supuesto un nuevo terremoto entre padre e hijo. Un ajuste de cuentas en el que el emérito carga duramente también contra la reina Letizia, situándola como su principal enemiga en las intrigas palaciegas. 

Si el emérito buscaba tender puentes con su país y con su familia, su obra ha tensado mucho más la relación. Tanto por sus ataques personales como políticos. La Casa Real guarda un absoluto silencio sobre este libro, lo que quiere decir mucho en el lenguaje monárquico, donde los gestos valen mucho más incluso que las palabras. Fuentes del Palacio de la Zarzuela consultadas por infoLibre declinan entrar en la guerra abierta por el emérito:  “No vamos a hacer ningún comentario respecto de las memorias ni de las entrevistas que el rey Juan Carlos ha concedido a algunos medios franceses”.

Un silencio frío y atronador. Con una distancia que se reflejará además de manera muy gráfica en los actos por los cincuenta años de la restauración de la monarquía en el Palacio Real y en el Congreso el día 21, donde no ha sido invitado el emérito.

Juan Carlos I ha decidido escribir sus memorias para plasmar en primera persona su vida, dejando muchos titulares que van en contra de la propia corona. Defiende, por ejemplo, a Francisco Franco, a quien respetaba “enormemente”: “Apreciaba su inteligencia y su sentido común”. “Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí”, relata. Todo ello en el contexto del cincuentenario de la muerte del dictador y en pleno revisionismo histórico por parte de la ultraderecha.

Pero esa defensa del dictador no la aplica a su hijo Felipe, de quien se distanció a lo largo de los años. El actual monarca siempre se ha sentido más cercano a su madre y a su esposa desde que asumió la corona. Su padre dice de él: “Me dio la espalda por deber pero me duele verlo tan insensible en lo personal”. 

Juan Carlos I reconoce que fue un error aceptar el regalo de 100 millones de dólares de la monarquía saudí, pero argumenta que fue un regalo que no pudo rechazar y que lo hizo para “la institución” y para “asegurar su vejez”. El regalo, sin embargo, no fue para la institución, sino para él: las fiscalías suiza y española investigaron su origen y destino, y no pudieron acreditar su devolución a la corona ni un uso institucional de ese dinero. Y lanza en sus memorias, de más de quinientas páginas, el lamento de que es “el único español que no cobra una pensión tras casi cuarenta años de servicios”.

Las memorias sacan a la luz un secreto a voces durante años en el palacio y fuera de él: su mala relación con la reina Letizia, con la que chocó desde el primer día y cuyo matrimonio puso en cuestión. Y lanza otro torpedo a la línea de flotación al criticar que la actual reina “no contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”. Con la queja sobre la imposibilidad de tratar con sus nietas Leonor y Sofía: “Son muy elegantes y cariñosas, pero me entristeció no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, viajes, llevarlas a ver partidos, como hice con mis otros nietos”.

El emérito deja patente su desencuentro con Letizia Ortiz a través de otras revelaciones como: “Le repetí una y otra vez: ‘La puerta de mi despacho estará siempre abierta para ti, ven cuando quieras’. Pero nunca vino”.

El libro supone, por tanto, una afrenta directa a los reyes actuales. Y, además, conlleva un ataque al núcleo familiar, un tema especialmente sensible para Felipe VI, que siempre ha valorado mucho el hogar que ha formado después de la vida ajetreada de su padre durante décadas en el Palacio de la Zarzuela. Asimismo, vuelve a poner en la palestra la imagen internacional de la monarquía, con medios como The Guardian citando las buenas palabras sobre Franco de Juan Carlos I.

Además rompe el principio de neutralidad política de la corona. Porque el emérito lanza dardos contra los gobiernos progresistas de Pedro Sánchez y de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el primero llega a decir que le hizo una “caza de brujas” por las investigaciones fiscales y apunta directamente a la exministra de Justicia Dolores Delgado como culpable de acusarle “sin pruebas” sobre una cuenta en Jersey: “Todo era falso, pero reactiva la máquina de los rumores”.

A Zapatero le recrimina el “error político” de no haberse levantado en el desfile del 12-O cuando pasaba la bandera de Estados Unidos (en protesta por la guerra de Irak). Y reivindica que él salvó la situación con la Administración estadounidense. El expresidente respondió al rey emérito: "No lo sé, puede que me equivocara, pero los ciudadanos votaron y además votaron sacar las tropas de Irak, que es la decisión que un poco está ahí detrás de fondo". Expuso al hilo esta idea: "Hay que comprender todas las cosas, aunque la neutralidad es una característica esencial de la Jefatura del Estado monárquica".

El ala socialista del Gobierno no ha querido entrar de lleno contra el emérito, pero sí dejó este mensaje el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: la democracia en España ha sido una “obra colectiva” y hoy el país “tiene un rey y una monarquía que es moderna y ejemplar”. También el titular de Transportes, Óscar Puente, trasladó: “Tengo mucho respeto por el rey emérito, espero que se respete él también”. Desde el ala de Sumar, el responsable de Cultura, Ernest Urtasun, tachó de "vomitivo" que el emérito defienda a Franco.

Las memorias del rey han visto la luz en Francia apenas dos semanas antes de que se celebren los actos de conmemoración del cincuenta aniversario de la restauración de la monarquía en la figura de Juan Carlos I. Pero el emérito no ha sido invitado ni al Congreso ni al Palacio Real.

En el acto del Palacio Real, Felipe VI pronunciará un discurso y además se condecorará con el Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Previamente, en el Congreso habrá otro acto en el que estarán presentes los reyes actuales y sus hijas, y que estará moderado por los periodistas Iñaki Gabilondo y Fernando Ónega.

Ajeno a la tensión que genera a la corona, no obstante, Juan Carlos I está de nuevo en España para participar otra vez en las regatas en Sanxenxo (Pontevedra). ¿Tiene ganas de volver definitivamente al país? "Muchas", respondió a los periodistas este jueves. A sus memorias todavía le faltan capítulos.

Juan Carlos I lanza libro. Y como todo autor, está de promoción. El que fuera jefe del Estado durante 39 años y que acabó, según él, “exiliado” o, como defienden otros, fugado, ahora quiere mostrar su versión de la historia y recuperar el foco mediático, que nunca ha llegado a perder, para quizá tratar de reconciliarse con su familia y con su pueblo. 

En una entrevista con Le Figaro Magazine lo explica todo, desde su polémico viaje para cazar elefantes en Botsuana, su intervención (o no) en el golpe de Estado de Tejero, su relación con Franco, su abdicación en favor de Felipe VI… Y también reprocha bastantes cosas a la familia y al Gobierno, entre ellas, que no puede ver a su nieta, la princesa de Asturias, que no ve a su esposa, que le han acusado “falsamente" de tener cuentas en Suiza… 

Reconoce que dudó en escribir este libro, “pero me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían la menor idea de Franco ni de la transición democrática que le siguió”, asegura un Juan Carlos que parece erigirse en el encargado de escribir la historia de la democracia.

Pero muchas de estas “verdades y vivencias” que relata el Borbón en la entrevista están, en realidad, plagadas de imprecisiones e incluso de falsedades. Mención aparte merecen las valoraciones subjetivas del firmante de la entrevista, como que el Gobierno utiliza al rey emérito para desacreditar la monarquía. Le Figaro se define discursivamente como independiente y abierto a “todas las corrientes de pensamiento", pero es un medio de derecha liberal–conservadora y su línea editorial se ha endurecido en los últimos años.

Lo que parece claro es que el emérito quiere volver al espacio público y con este libro, que se publicará primero en Francia, el 5 de noviembre, y tres semanas después en España, parece pretender hacer la vuelta más rápida. Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d'Espagne (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España, en español) ha sido escrito por Laurence Debray y será publicado por Planeta en nuestro país. 

El anterior jefe del Estado califica su situación actual como la de un "rey caído" y, de hecho, así es como quería titular en un principio la obra. "Espero sobre todo, durante mi vida, tener una jubilación tranquila, renovar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar", cuenta en esas páginas, según varios extractos –entre ellos esta última frase– publicados en exclusiva por el semanario francés Le Point. Extractos a los que hay que sumar ahora sus declaraciones para Le Figaro Magazine. Ambos medios viajaron hasta Abu Dabi para reunirse con él, en la pequeña isla en la que vive, después de que se la cediera el jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Ben Zayed. 

"Tras cuarenta años de dictadura, le di a los españoles una democracia que sigue viva; es mi herencia", dice con orgullo, tras explicar en la entrevista a Le Figaro cómo estuvo años tratando de llevar la libertad al Estado español. Aunque no parece que Franco se diera cuenta. Según dice el propio Juan Carlos, el dictador le trataba de una forma “paternal”, que queda patente en un hecho histórico completamente objetivo: el sucesor del franquismo era el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón.

"¡La democracia española no cayó del cielo! La quise desde el principio, y mi libro cuenta esta historia", asegura Juan Carlos I. Recuerda que, cuando llegó al poder tras la muerte de Franco, "tenía la brújula, pero no el plan". 

“Franco quería un régimen más abierto”, afirma, aunque la Historia ha demostrado que, cuando el dictador le nombró sucesor, lo que siempre quiso fue asegurar la continuidad del régimen bajo su control, no abrir la democracia. Tanto es así, que la Transición solo fue posible tras su muerte.

Precisamente se ha aplazado la publicación del libro en España para evitar que coincida con la efeméride del cincuentenario de su muerte, el 20 de noviembre de 1975. 

En la entrevista y a lo largo de las páginas del libro se lamenta de que nunca ha sido dueño de su destino: "Mi vida estuvo dictada por las exigencias de España y el trono. Di libertad a los españoles al establecer la democracia, pero nunca pude disfrutarla para mí".

En la entrevista se dice que el rey de España, Felipe VI, quiso persuadir a su padre de escribir sus memorias. Precisamente, el jefe del Estado siempre ha temido la actitud “sin filtros” en la que puede caer su padre, explican en Le Figaro. 

Pero, para Juan Carlos, su hijo es lo primero. Por ello, dice, decidió “marcharse” de España: para no dañar la imagen de Felipe y "no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni a mi hijo en el ejercicio de sus funciones soberanas". Es aquí cuando asegura que tanto su hijo como el Gobierno fueron los que le impusieron este aislamiento que “acepta con fatalismo”.

El emérito también habla de la familia, a la que apenas ve, salvo a Froilán, que vive con él. Dice sentirse “resignado y herido por una sensación de abandono” y asegura emocionarse “al pensar en ciertos miembros de mi familia para quienes ya no importo”.

Juan Carlos también se atreve con un consejo para su nieta Leonor, heredera al trono de España, a la que recomienda “seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española". "La obra de mi vida", concluye, preocupado por un mundo donde el autoritarismo y el populismo vuelven a afianzarse: "Es más fácil destruir una democracia que construirla".

En estas memorias, Juan Carlos traza la traición de uno de sus amigos más cercanos, el general Armada. "No hubo un golpe, sino tres. El golpe de Tejero, el golpe de Armada y el golpe de los cargos electos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo a mi lado durante diecisiete años. Lo quería mucho, y él me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre", señala.

En la entrevista para el medio francés, confiesa la sensación de vértigo que sintió al encontrarse, a los 37 años, como monarca absoluto. "Durante dos años, tuve todos los poderes. El poder de indultar o refrendar la pena de muerte. No tuve que hacerlo, gracias a Dios, porque en ese momento, si hubiera dicho que no, los generales me habrían derrocado".

Y relata una cena con Javier Cercas, a propósito de su libro Anatomía de un instante, en la que reprocha al escritor que sugiriera su empatía con la intentona golpista: "Le dije: '¿Cómo puedes creer que yo estuve involucrado?'".

Admite como un error su cacería en Botsuana, por la que ya ha pidió disculpas en aquel vídeo en el hospital asegurando que “no se volverá a repetir”. Y reconoce también que fue "un grave error" haber aceptado el regalo de cien millones de dólares que le hizo el rey Abdulá de Arabia Saudí en agosto de 2008, pero afirma que esa cantidad era "para la corona española”.

Sin embargo, no existe documentación que vincule tal dádiva con la institución. Las fiscalías suiza y la española investigaron su origen y destino, y no pudieron acreditar su devolución a la corona ni un uso institucional de ese dinero. Los cien millones fueron, por tanto, una transferencia personal al entonces rey.

También apunta Juan Carlos que "todos los procesos judiciales [contra él] han sido desestimados" y que no se le ha imputado "nada". La realidad es que el rey emérito nunca fue juzgado por blanqueo de capitales, delitos fiscales o cohecho. La Fiscalía archivó las investigaciones en 2022 al considerar prescritos los posibles delitos o por la inviolabilidad constitucional, pero, por tanto, ningún tribunal le absolvió.

Minucias todas ellas si se comparan, según se desprende de su testimonio, con sus aportes a la democracia: saca pecho de haberse relacionado con líderes de todo signo e ideología política asegurando que ha sido “el reconciliador de mi pueblo. Espero que mi libro exorcice nuestros demonios, que están volviendo”.

En los primeros días de septiembre hay una cita habitual en la agenda del palacio de la Zarzuela: la reina Letizia inaugura el curso escolar en un colegio público. Es el pistoletazo de salida de un año de carteras, pizarras, deberes y juegos en el patio para miles de escolares. Pero esa imagen no tiene luego espejo dentro de la propia Casa Real, donde la educación pública española se ha evitado hasta el momento para la formación de la princesa Leonor y de la infanta Sofía.

La Casa del Rey trasladó este jueves que la infanta Sofía, segunda en la línea de sucesión, estudiará a partir del próximo curso Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. Tiene previsto realizar un grado de tres años en Lisboa, París y Berlín, como permite esta institución adscrita a la Universidad de Londres.

De esta manera, la infanta proseguirá sus estudios en el extranjero tras haber cursado, como hizo su hermana mayor, el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Zarzuela ha comunicado que Sofía de Borbón quería seguir estudiando fuera del país como el resto de sus compañeros. El centro escogido fue fundado en 2021, el coste anual está en torno a los 18.500 euros anuales, los títulos están reconocidos por el Espacio Europeo de Educación Superior y la dirección académica corresponde a la London School of Economics.

Mientras, su hermana Leonor continúa su formación militar después de que Zarzuela priorizarse su formación en las Fuerzas Armadas a su paso por la universidad. La futura reina de España acaba de terminar su paso por la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), con estancias en alta mar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Este miércoles recibió de manos de su padre la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco.

Después de recalar en las academias de Zaragoza y de Marín en los últimos dos años, la princesa de Asturias tendrá una última etapa de formación militar a partir de septiembre en la Academia General del Aire y del Espacio ubicada en la localidad de San Javier, en Murcia. Posteriormente, la previsión es que estudie en la universidad, aunque la Casa del Rey no ha concretado aún ni la carrera ni el centro al que irá. 

Tanto Leonor como Sofía estudiaron el bachillerato internacional en Gales, a cerca de 30 kilómetros de Cardiff. El centro UWC Atlantic College reúne a estudiantes de la élite económica e intelectual y el diario The Times hizo un reportaje explicando que se había convertido en un lugar de destino de la realeza europea bajo el título de "Las princesas acuden al Hogwarts para hippies". Por su pasillos han pasado Elisabeth de Bélgica y Alexia de Holanda.

Según informó la Casa Real cuando la segunda hija ingresó en el centro, el coste de los estudios fue abonado por sus padres y ascendió a 74.000 libras (82.707 euros) por los dos cursos. Estas cifras son abismales comparadas con la media de gasto de las familias españolas, que desembolsan en la educación en secundaria de sus hijos 2.600 euros al año, según las estadísticas del INE.

Antes de estudiar en Gales, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía cursaron sus estudios en el colegio de Santa María de Los Rosales, un centro privado en Aravaca en el que estudió también el rey Felipe VI. Esta institución está relacionada históricamente con la aristocracia y fue fundada por el duque del Infantado, el conde de Fontanar y el duque de Aveyro. 

El rey Felipe estudió en este exclusivo centro hasta BUP. Posteriormente, cursó el equivalente a COU en Lakefield College School, en Canadá. Después realizó su formación militar en los tres ejércitos y pisó por primera vez un centro publico al estudiar a partir de 1988 la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Concluyó su preparación con un máster en Georgetown, en Washington (Estados Unidos).

La formación de la princesa y de la infanta dista mucho de la de su madre, la reina Letizia, que pasó por todos los niveles de la educación pública. Comenzó sus estudios en Oviedo en el colegio público La Gesta, como resalta la propia web de Zarzuela, y, posteriormente, en el Instituto Alfonso II. Al trasladarse de adolescente con su familia a Madrid se matriculó en el Instituto Ramiro de Maeztu. Estudió después Ciencias de la Información, rama de Periodismo, en la Universidad Complutense, también pública.

En abril del año 2022 Felipe VI dio un paso inédito en la historia de la Casa Real española publicó en un comunicado que su patrimonio ascendía a 2,57 millones de euros. Zarzuela enmarcó esta decisión en el espíritu de “transparencia” y de compromiso de renovación de la monarquía iniciado en su proclamación en junio de 2014 tras la abdicación de su padre en plenos escándalos de corrupción.

El monarca no está obligado, como sí tienen que hacer otros cargos públicos, a publicar sus bienes, pero decidió hacerlo de manera voluntaria en un contexto marcado también por los negocios de su padre y su renuncia de parte de la herencia. Pero ese paso se ha estancado en el tiempo y tres años después el rey no ha actualizado su patrimonio.

En 2002 la Casa Real concretó que Felipe VI había atesorado un patrimonio de 2.573.392,8 euros. En la nota que emitió palacio se recogía que, guiado por el espíritu de servicio y compromiso cívico, añadía “a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio”.

Entonces Zarzuela explicó que el rey presenta anualmente la correspondiente declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. En la tarea de preparación, elaboración y presentación de dichas declaraciones Felipe VI es asistido por los Servicios competentes de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

El patrimonio del monarca, según explicó Zarzuela, está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido de los presupuestos a lo largo de estos últimos 25 años, primero como príncipe de Asturias (a partir de 1998) y luego como rey. Hasta 2022, dichas retribuciones brutas ascendieron a 4.275.796,94 euros. 

“De dichas cantidades han de deducirse las retenciones fiscales practicadas, así como el importe de los impuestos satisfechos a lo largo de esos 25 años. Dicho patrimonio está integrado por 2.267.942,8 euros”, detalló la Casa Real. Una cantidad distribuida en depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad. Además, 305.450 euros corresponden a objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal que fueron objeto de la correspondiente tasación.

Cuando se hizo público ese patrimonio, el rey no se comprometió a actualizarlo anualmente, aunque tampoco se descartó. Pasados tres años, no ha hecho ningún movimiento para que la sociedad española conozca la cifra vigente. Este acto de transparencia sólo se ciñó a Felipe VI, ya que no se hizo público el de la reina Letizia. Tampoco se ha revelado el patrimonio de la princesa de Asturias (que cumplió la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023).

En Zarzuela señalan que no tienen novedades respecto a si piensa el rey hacer público de nuevo su patrimonio y remarcan que fue una iniciativa personal del propio Felipe VI tanto como jefe de Estado como contribuyente.ç

La Casa Real publicó el pasado mes de julio sus cuentas en las que detalla que Felipe VI recibió en 2023 una remuneración de 270.609 euros, en tanto que la renta Letizia recibió 148.826 euros. Por parte de la reina Sofía la cantidad percibida fue de 121.776 euros. Las cantidades fueron un 3% superior al año anterior al aplicarse la subida acordada para los empleados públicos. Juan Carlos I no tiene cantidad asignada desde 2020, cuando el actual rey la retiró en plenos escándalos por el patrimonio de su padre y la aparición de fundaciones en el extranjero.

Zarzuela también hizo público el informe del Tribunal de Cuentas sobre la institución (elaborado a raíz de un convenio firmado en 2022), que certificaba la “imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera” de la casa real, que tuvo un presupuesto asignado de 8,4 millones de euros (que ascendió a unos 9 millones por los remanentes).

El rey con estas acciones trató de marcar distancia con su padre, que nunca hizo público su patrimonio. El emérito ha estado investigado por sus actividades fiscales, pero finalmente el caso fue archivado por tres factores: su inviolabilidad, la prescripción de los delitos y la regularización fiscal que hizo ante Hacienda. Este mes de mayo el Tribunal Supremo volvió a cerrar la puerta a investigar a Juan Carlos I al decidir inadmitir la querella presentada por un grupo de prestigiosos juristas. 

El patrimonio de Juan Carlos I es uno de los grandes agujeros negros de la transparencia en la vida pública española. Según estimó en 2012 The New York Times el patrimonio del emérito estaba en torno a los 2.300 millones de dólares. En 2002 la revista Eurobusiness la calculó en 1.700 millones de euros. La revista Forbes también puso sobre la mesa que el anterior monarca tenía una fortuna de unos 2.000 millones de dólares.

El emérito vuelve a estar en todas las portadas en España después de que decidiera interponer acción judicial contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. No se llegó a un acuerdo en el acto de conciliación y el proceso sigue adelante, en el que Juan Carlos I pide al político que retire sus afirmaciones y le abone 50.000 euros.

Los miembros de la casa real miden sus palabras al milímetro. Pero los gestos lo dicen todo. Y el rey emérito ha decidido mandar señales externas e internas esta semana con su primera visita a España en este año. El mensaje es claro: una reivindicación entre amigos en las regatas en Sanxenxo (Pontevedra), fotos ante la prensa y salidas para disfrutar en marisquerías.

Juan Carlos I ha vuelto a España unos días desde Abu Dabi (Emiratos Árabes) para participar a bordo del barco Bribón en la competición de la clase seis metros. Es la primera vez que se deja ver en el país, alojado en la casa de su amigo Pedro Campos, después de que haya emprendido la inédita ofensiva judicial para defender su honor con demandas contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y su expareja Corinna Larsen.

Una visita de placer y actividades de élite en un país que acaba de salir de tres días de luto oficial por el fallecimiento del papa Francisco (el rey siempre ha vinculado su figura a la Iglesia durante décadas con tradiciones como la misa de Pascua en Palma de Mallorca) y en el que no están los reyes actuales por haberse desplazado precisamente hasta Roma este sábado para el funeral del argentino.

La imagen de contraste es total con los reyes Felipe y Letizia encabezando la delegación española en el Vaticano, en la que están también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en un momento de máxima solemnidad para la Iglesia y las casa reales de países católicos.

Asimismo, el rey emérito ha vuelto a la primera línea mediática en España por su decisión de emprender acciones legales contra Revilla y Larsen. El acto de conciliación entre Juan Carlos I y el expresidente cántabro tendrá lugar el viernes 16 de mayo en la sala de vistas número 10 de la sede judicial de Las Salesas, en Santander.

El emérito, bajo la representación legal de la abogada que defiende también a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha demandado a Revilla al entender que lo ha calumniado “gravemente” con expresiones “injuriosas, difamantes y oprobiosas” en diferentes entrevistas en medios de comunicación. Le exige al político del PRC que rectifique ante sus palabras “lesivas para su honor” y le reclama 50.000 euros en concepto de “daños morales”, que donaría a Cáritas.

Revilla, tras conocer la demanda, calificó el hecho de “mezquino e injusto” y puso sobre la mesa la desigualdad que supone la condición de inviolable del rey.  "Que esto me ocurra con 82 años y nada menos que lo haga el que fue para mí un ídolo y ahora rey emérito me deja perplejo", señaló ante la prensa.

El emérito también ha llevado a los tribunales suizos a Larsen por entender que ha atentado contra su honor y por supuestos delitos de difamación. Detrás también está el enfado del emérito por el rechazo de su expareja de devolverle 65 millones de euros que le donó de manera “irrevocable”. A lo largo de estos años, ella ha contado, por ejemplo, que el emérito le mostró en el Palacio de la Zarzuela una máquina para contar dinero.

Los negocios y la fortuna del emérito han estado en los últimos años en el ojo del huracán. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó las causas investigadas por el supuesto cobro de comisiones por el AVE a la Meca, la creación de sociedades en paraísos fiscales al otro lado del Atlántico y la utilización de tarjetas black pertenecientes a amigos empresarios millonarios. Pero el cierre del proceso se debió a razones como su propia inviolabilidad, la prescripción de los delitos y la regularización fiscal que llevó a cabo ante la Agencia Tributaria.

La primera visita del rey emérito a España este año ha sido recibida con calor por parte de los dirigentes del Partido Popular. Núñez Feijóo afirmó que le “agrada mucho” su vuelta a Sanxenxo: "Aquí está muy bien, aquí puede regatear y nos agrada mucho que esté por aquí". También le dio la “bienvenida” el actual presidente de Galicia, Alfonso Rueda.

“Felicito a Victoria Federica por ser la imagen de la Feria de San Isidro 2025, quien combina moda, juventud y pasión por la fiesta y por España. Decirte que a tu abuelo se le echa mucho de menos en esta plaza. Y en Madrid se le quiere mucho”. Gran aplauso en un acto en Las Ventas a principios de febrero. Sobre el escenario está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le dedica estas palabras a la nieta mayor de Juan Carlos I.

Poco más de un mes después el emérito ha vuelto a sacudir la actualidad política y a convulsionar la imagen de la monarquía al poner su primera demanda contra un político, con la idea de que el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla sea condenado a pagar 50.000 euros por verter contra él supuestamente “expresiones calumniosas e injuriosas lesivas contra su honor”.

Y en este inédito flanco judicial iniciado por Juan Carlos I vuelve a aparecer el nombre de la presidenta de la Comunidad de manera paralela. El rey emérito ha elegido para su defensa a Guadalupe Sánchez, la abogada contratada también por Alberto González Amador, pareja de la líder autonómica que está imputado por delitos como fraude fiscal, administración desleal y falsedad en documento mercantil. La gerente del bufete Novalex Spain es colaboradora habitual en medios y tertulias de la derecha, donde critica duramente a Pedro Sánchez,  lanza proclamas contra la selección española femenina de fútbol y rechaza que haya un genocidio en Gaza. Además, en sus redes sociales hace retuits a mensajes de la formación de ultraderecha de Vox.

Díaz Ayuso se ha convertido en la política que con más ímpetu defiende al rey emérito, que se fue a vivir a Abu Dabi tras saltar el escándalo por la existencia de una fundación con fondos millonarios (incluso Felipe VI acudió a un notario para rechazar esa herencia). La presidenta de Madrid ha defendido incluso la regularización fiscal que hizo el monarca para evitar sentarse en el banquillo, un hecho que fue crucial, junto a su inviolabilidad y a la prescripción de los delitos, para que la Fiscalía del Supremo archivara las causas por el cobro de comisiones del AVE a la Meca, la utilización de tarjetas black de empresarios amigos y la creación de sociedades en paraísos fiscales.

Tras conocerse que el rey se iba a vivir a los Emiratos en verano de 2020, la presidenta de Madrid escribió una tribuna en ABC donde decía: “Se me parte el alma ver al rey emérito despojado de la presunción de inocencia y del agradecimiento debido de su legado histórico, incluso del mínimo respeto a su dignidad personal”.

En la Asamblea de Madrid en diciembre de ese mismo año, Díaz Ayuso sostuvo: “Aquí todos los ciudadanos regularizan su situación cuando consideran en tiempo y forma. Todos los ciudadanos. Pueden ser futbolistas, famosos de todo tipo o políticos de cualquier partidos. Los hay, le aseguro, de todos los partidos. Y, por supuesto, la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. El rey don Juan Carlos no es como usted ni muchísimo menos. Para empezar ha sido un gran embajador de este país durante muchísimos años. Gracias a su trabajo pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien a una democracia de la ley a la ley y con unas instituciones tan fuertes y tan bien representadas que han permitido que personas como ustedes, que las quieren derribar desde dentro, estén en esos escaños criticando al monarca. Su problema no es el rey Juan Carlos, sino Felipe VI y la monarquía parlamentaria”.

A lo largo de estos años, la presidenta madrileña también ha rechazado que Juan Carlos I tenga que explicar su comportamiento ante los españoles. “¿Explicaciones de qué?”, dijo durante una entrevista con Carlos Alsina en relación a la primera visita a España en 2022 del emérito tras dos años viviendo en los Emiratos Árabes. Con este mensaje al hilo: “Los enemigos odiadores de España están celebrando un trato humillante al rey, frente al silencio cómplice y cobarde del presidente del Gobierno”. En otras ocasiones asimismo ha evidenciado su “simpatía y aprecio” por el emérito. 

La presidenta de Madrid también salió en defensa del rey emérito el año pasado tras revelarse las grabaciones entre Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey. “Por cada audio, me gustaría que salieran dos o tres hitos”, subrayó Díaz Ayuso, que alabó el trabajo hecho por el anterior monarca y subrayó que los españoles le deben “tanto” a su figura.

Los gestos llegaron también en la presentación de la Feria de San Isidro el pasado mes de febrero. La plaza de Las Ventas ha elegido como figura de su cartel a Victoria Federica, hija de la infanta Elena, el gran apoyo de Juan Carlos I dentro de su familia. Fuentes de la Comunidad de Madrid dicen que la elección no depende de la administración (a pesar de que es una concesión), sino de la empresa que gestiona el coso taurino. Fuentes de esa compañía (Plaza 1) señalan que es una decisión de esta empresa privada, de Simón Casas y Rafael García Garrido, y que se debe a la afición de la influencer por el mundo de la tauromaquia. Indican que no se le ha pagado por poner su imagen. 

También Díaz Ayuso y la infanta Elena han mostrado complicidad en algunos actos en los últimos años. La hija mayor del emérito y la presidenta de Madrid han amadrinado juntas corridas de toros como la de Navalcarnero a favor de FESBAL y han presidido actos como la gala Anual de la Asociación de Prensa Deportiva de Madrid. 

El rey emérito sacude de nuevo la vida de Zarzuela y de la escena institucional. Juan Carlos I ha decidido abrir un inédito frente judicial y llevar por primera vez a los tribunales a un político con la excusa de las declaraciones de Miguel Ángel Revilla respecto a las investigaciones y negocios del patriarca de la familia Borbón, quien, sin embargo, no ha dado ninguna explicación pública durante estos años de sus actividades privadas lucrativas.

Juan Carlos I trata de poner contra las cuerdas al expresidente de Cantabria, al que le pide 50.000 euros para donar a Cáritas, por sus palabras durante tres años en entrevistas en diferentes medios. Una decisión que choca con su silencio ante los españoles por los casos en los que se ha visto envuelto el anterior monarca: el cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, la supuesta utilización de tarjetas black pertenecientes a amigos empresarios y la creación de sociedades en paraísos fiscales allende el Atlántico.

El rey emérito abre de esta manera su primer gran frente judicial contra un político, que incluso llegó a sentarse en el banquete nupcial de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz en el Palacio Real. Un giro sorpresivo, del que ni siquiera sabía la propia Casa Real. Fuentes de la Zarzuela remarcan que se trata de una “iniciativa personal” de Juan Carlos I “a través de sus abogados privados” sobre “la que la Casa Real no ha sido consultada”. Asimismo, ante una posible vuelta del emérito a España, indican que no tienen referencias sobre sus movimientos privados.

En el comunicado elaborado por la abogada del emérito, Guadalupe Sánchez, se señala que se inician estas acciones legales por “protección del derecho al honor” y se remarca que se trata de declaraciones hechas en medios entre mayo de 2022 y enero de 2025, en las que se “calumnió gravemente” al monarca con “expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas”. Se formula además la petición de celebrar un acto de conciliación en los juzgados de Santander para tratar de llegar a un acuerdo.

Juan Carlos I exige a Revilla “la rectificación a través de los mismos medios y de manera pública de las expresiones calumniosas e injuriosas lesivas para su honor” y le reclama una indemnización “por los daños morales causados que asciende a cincuenta mil euros”, que serán donados “íntegramente” a Cáritas España.

El rey emérito ha elegido para su defensa a Guadalupe Sánchez, la misma abogada contratada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por corrupción, administración desleal, fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Él, como sucede con el emérito, tiene en el foco la supuesta evasión fiscal, ya que los investigadores de Hacienda sostienen que el comisionista defraudó 350.951 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, y por trabajar para el grupo sanitario Quirón. El imputado también se ha convertido en una máquina de emprender acciones por calumnias contra políticos, desde Pedro Sánchez hasta María Jesús Montero y Diana Morant, hasta periodistas y analistas como Xabier Fortes, Luis Arroyo y Pablo Simón.

La abogada es habitual en tertulias y medios de la derecha. Es colaboradora en la Cope en el programa de Carlos Herrera, una de las personas con mayor relación actualmente con el emérito y que suele actuar en alguna ocasión de portavoz del mismo.  También es colaboradora en The Objective y en sus artículos principalmente azota a Pedro Sánchez. Tiene textos como El Estado al servicio del tirano, donde escribe: “Hay quien se pregunta, sorprendido, que cómo es posible que Sánchez pueda atreverse a tanto. A mí lo que me sorprende es que haya gente que se sorprenda”. En Salt, el orden y la ley expresa: “La supervivencia política de Sánchez depende de que la sociedad normalice la inseguridad jurídica por parte de la izquierda radical y sus socios independentistas”.

Y asimismo en otras columnas la abogada del rey emérito se ensaña contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido al que llega a comparar con el anterior Gobierno de ultraderecha de Polonia y critica su “ego”. Además, en otro escrito sostiene que “el conflicto entre israelíes y palestinos dista mucho de poder considerarse un genocidio y ni tan siquiera podría hablarse de crímenes de guerra por parte del ejército de Israel, con arreglo a lo estipulado por la Convención de Ginebra”. Dedicó a la vez una columna a las campanadas de TVE, bajo el título de Lalachús y el timo de la estampita. 

La fortuna del rey emérito ha estado en el punto de mira desde hace años. La Fiscalía del Tribunal Supremo cerró las causas abiertas por las comisiones del AVE a La Meca, la sociedad en Jersey y el supuesto uso de tarjetas black pertenecientes a empresarios después de la regularización fiscal hecha por el propio Juan Carlos I, por haber prescrito algunos de los supuestos delitos investigados y por la inviolabilidad que le otorga la Constitución durante su reinado.

No obstante, un grupo de juristas (entre ellos, José Antonio Martín Pallín y Javier Pérez Royo) ha tratado de reabrir el caso a través de una querella presentada ante el Tribunal Supremo al entender que el emérito habría cometido cinco delitos agravados contra la Hacienda Pública entre los años 2014 y 2018. Unos hechos que, consideran los querellantes, violan “no sólo los preceptos del Código Penal, sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos”.

Los hechos se circunscriben a las actividades que realizó presuntamente el rey emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Según expone la querella, con estas fundaciones, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tres millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales y significarían unas penas de cárcel que irían de los 2 a los 6 años por cada uno de los delitos además de tener que pagar en concepto de multa seis veces el importe defraudado.

La Fiscalía del Supremo movió ficha a principios del mes de marzo para tratar de archivar la querella, aludiendo a que "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba distintos" a los que ya consideró el ministerio público en 2022 para cerrar "tras una exhaustiva investigación" las diligencias que abrió dos años antes en relación al rey emérito.

Martín Pallín, ex magistrado del Supremo, considera en declaraciones a infoLibre que la demanda del emérito contra Revilla es un "auténtico disparate": "Estamos ante un hecho de libertad de expresión y hay una presunción de veracidad porque todo lo que ha dicho Revilla está basado en unos informes de Fiscalía". "No sé quién le habrá aconsejado, pero me parece que se ha metido en un charco que le va a salpicar", añade.

Pallín explica que cree que la demanda será admitida a trámite porque va por la vía de lo civil, pero sostiene que el juzgado pedirá que se concrete porque se pide investigar a Revilla por declaraciones de 2022 a 2025. 

Respecto a la querella que hay en el Tribunal Supremo, Pallín subraya que está envuelta en "un manto de silencio" en el Alto Tribunal. "Estamos a la espera sobre su admisión o archivo", añade, para recordar que han pedido que se dé traslado para que el querellado "tenga oportunidad de alegar". Esto podría hacer que el rey emérito tuviera que pronunciarse sobre esta cuestión, pero por el momento no ha habido contestación por parte del propio Supremo.

El Gobierno a lo largo de la jornada del martes no quiso entrar a valorar la acción judicial del rey Juan Carlos y fuentes de La Moncloa señalan que se enteraron por los medios y que ya se ha pronunciado sobre el asunto el Palacio de la Zarzuela. La relación del Ejecutivo y la Casa Real es totalmente cordial en las formas, aunque se han producido en los últimos meses algunos choques internos, como pasó con la gestión de la visita a Valencia tras la dana. Asimismo, entre ministros del Gobierno hay suspicacias sobre el ritmo que está imponiendo el nuevo jefe de la Casa, Camilo Villarino, que trabajó en la administración socialista durante un tiempo de la mano de Josep Borrell y Arancha González Laya.

El rey emérito navega en Sanxenxo estos días, se refugia en la casa de su amigo Pedro Campos. Se ve con familiares y conocidos. Los paparazzi le persiguen camino del Club Naútico. Vive una vida al margen de los escándalos que vuelven a azotar a su figura tanto del presente como del pasado. Y no abre la puerta a dar ninguna explicación.

Juan Carlos I se encuentra de vacaciones unos días en Galicia, donde ha mantenido encuentros privados con los actuales reyes y la princesa Leonor, además de contar con el apoyo personal de la infanta Cristina, que vuelve a dejarse ver en sociedad en España tras años de retirada por el escándalo del caso Nóos. El motivo de su estancia en el país: defender el título del Bribón en la competición europea de la clase 6M.

Pero fuera de esas cenas y regatas, hay una realidad que vuelve a cercar a Juan Carlos I: la polémica por la creación de una fundación en Abu Dhabi para vehicular su herencia y la publicación por parte de la revista holandesa Privé de unas fotografías suyas junto a la actriz Bárbara Rey, que fueron tomadas por el hijo de ella, según el propio Ángel Cristo junior, en 1994 cuando tenía 13 años. El medio habla de que esas instantáneas se utilizaban para chantajear al monarca y que tuvieron que intervenir hasta los servicios secretos españoles.

De esta manera, la figura de Juan Carlos I vuelve a estar en el centro de la polémica, mientras él se queja en privado de que le han robado la historia sobre su persona y su reinado. Acaba de terminar precisamente de elaborar un libro de 500 páginas, según avanzó Point de Vue, con sus memorias, que verán la luz el año que viene en Francia bajo el título de Reconciliación. El motivo, añade el medio, lo expresa así el emérito: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia".

Juan Carlos I quiere contar así su vida. Pero las polémicas ya están en el propio Congreso de los Diputados, donde parlamentarios de la izquierda quieren más transparencia. Este mismo martes, Podemos registró una batería de preguntas destinadas al Gobierno. La exministra y líder morada, Ione Belarra, aduce en su escrito que “en los últimos días han aparecido en la revista holandesa Privé unas fotos del antiguo Jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, junto a una conocida artista, Doña María García García, conocida como Bárbara Rey, con la que supuestamente mantenía una relación personal”. “A raíz de dicha publicación han aparecido recurrentes noticias en prensa que se hacen eco de una posible utilización de dinero público proveniente de fondos reservados para ocultar esta relación, señalando al CESID (antigua denominación del CNI) en esta cuestión”, recalca.

Por ello, pregunta al Gobierno directamente: “¿Cuántos fondos públicos y provenientes de qué partidas se han destinado a la ocultación de la supuesta relación de Juan Carlos de Borbón con Doña María García García? ¿Se han destinado fondos públicos a la ocultación de otras relaciones análogas?”.

Estas preguntas de Podemos se unen a las recientemente registradas por Gabriel Rufián, de ERC, en la Cámara Baja con destino al Ejecutivo en relación a la fundación creada por Juan Carlos I en Abu Dhabi. En el escrito, el portavoz explica en la iniciativa sus motivos: “En los últimos años, las informaciones sobre los presuntos escándalos financieros y personales relacionados con el rey emérito Juan Carlos I han sido constantes, poniendo en duda la transparencia de la Casa Real española. Según diversos informes periodísticos y judiciales, el monarca emérito habría utilizado su posición para realizar negocios turbios, como el cobro de comisiones ilegales en transacciones internacionales, particularmente con monarquías árabes. Un ejemplo notable es la supuesta recepción de 100 millones de euros de Arabia Saudita, transferidos a una cuenta en Suiza a nombre de una fundación panameña”,

“Estas prácticas, investigadas por las fiscalías suiza y española, incluyen el uso de cuentas offshore y tarjetas de crédito con fondos no declarados, como las transferencias millonarias a examantes. El caso de Corinna Larsen, quien recibió 65 millones de euros, ha sido especialmente relevante, ya que ha denunciado amenazas y persecuciones por parte de los servicios secretos españoles para proteger la imagen del rey. El documental Salvar al Rey revela el papel del CESID (actual CNI) en encubrir estos escándalos, incluyendo espionaje al propio monarca y presiones a examantes”, traslada el diputado en el texto.

El argumento de ERC para hacer estas preguntas pasa por: “Además, se ha señalado la implicación del rey emérito en el cobro de comisiones relacionadas con la construcción del AVE a La Meca, en una trama que involucra al excomisario Villarejo. A pesar de la regularización fiscal que Juan Carlos I realizó ante Hacienda, las investigaciones no han cesado. Recientemente, se ha revelado que ha creado una fundación en Abu Dhabi para gestionar su patrimonio y garantizar la herencia a sus hijas, lo que plantea nuevas dudas sobre la transparencia de sus finanzas y la supervisión por parte de las autoridades españolas”. “El actual rey, Felipe VI, renunció públicamente a la herencia de su padre cuando estos escándalos se hicieron públicos, pero se ha señalado su implicación como beneficiario de algunos de los fondos opacos. Esto no solo afecta a la figura de Juan Carlos I, sino también a la propia institución monárquica, sumiendo a la Casa Real en una crisis de legitimidad”, recoge el documento.

Para él, “ante esta acumulación de irregularidades, tanto fiscales como penales, es imprescindible que el Gobierno español adopte medidas para garantizar la fiscalización y transparencia de las finanzas de la Familia Real”. En opinión de Esquerra, la creación de la fundación en Abu Dhabi “podría ser un nuevo intento de desviar fondos del control fiscal español, lo que plantea la necesidad de un mayor escrutinio para proteger la credibilidad de las instituciones públicas y evitar que se perpetúen privilegios ilegales.

ERC pide al Gobierno que responda por escrito a las siguientes cuestiones: “¿Qué conocimiento tiene el Gobierno sobre las investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por Juan Carlos I, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca? ¿Qué medidas prevé el Gobierno para asegurar la transparencia y fiscalización del patrimonio del rey emérito, incluyendo los fondos transferidos al extranjero a través de fundaciones como la recientemente creada en Abu Dhabi? ¿Tiene conocimiento el Gobierno de las actuaciones presuntamente ilegales de los servicios secretos para encubrir los escándalos de Juan Carlos I? En caso afirmativo, ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar al respecto?”.

Además, exige al Ejecutivo que responda si se van a impulsar reformas para eliminar el privilegio de inviolabilidad de los monarcas y acciones “para garantizar que no se puedan utilizar fundaciones extranjeras, como la creada por Juan Carlos I en Abu Dhabi, para eludir el control fiscal y la transparencia que exige la legislación española”.

Mientras se suceden estos movimientos parlamentarios exigiendo transparencia, desde el Gobierno se trata de reducir la polémica y la propia vicepresidenta segunda y titular de Hacienda, María Jesús Montero, eludió entrar de lleno cuando le preguntaron en el Senado argumentando que no podía comentar “recortes de prensa”. Asimismo, quiso desentender al Ejecutivo diciendo que, si el emérito vive fuera de España, “evidentemente la Agencia Tributaria no tiene ninguna competencia sobre esta cuestión”.

En cambio, el ala de Sumar sí ha criticado abiertamente la actitud del emérito. El portavoz en el Congreso de este espacio, Íñigo Errejón, afirmó en una rueda de prensa: “Si fuera monárquico, se me caería la cara de vergüenza de que el monarca se esté riendo de toda España". Remarcó al hilo de conocerse la creación de la fundación que Juan Carlos I fue durante muchos años la justificación de la institución y ha resultado “de lo peorcito” eludiendo impuestos. “Ahora crea la fundación para que sus herederos, que ya tienen la vida garantizada y que iban a vivir de maravilla sin tener que hacer nada en toda la vida, además puedan recibir una herencia inmensa”, resumió.

La fortuna del rey emérito está en el punto de mira desde hace años. La Fiscalía del Tribunal Supremo cerró las causas abiertas por las comisiones del AVE a La Meca, la sociedad en Jersey y el supuesto uso de tarjetas black pertenecientes a empresarios después de la regularización fiscal hecha por el propio Juan Carlos I, por haber prescrito algunos de los supuestos delitos investigados y por la inviolabilidad que le otorga la Constitución durante su reinado.

Las izquierdas también se unieron pero de manera infructuosa durante este pasado mes de septiembre para presionar para que el Congreso retire todos los bustos y retratos del emérito en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa fue sometida a votación en la Mesa de la Cámara Baja a petición de Podemos, contando solo con el apoyo de los dos miembros de Sumar, que no pudieron romper con la mayoría representada en el órgano por el PSOE y por el Partido Popular.

Desde el ala del Gobierno de Sumar también se presiona para que en el plan de regeneración democrática se materialice una reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona. Desde la parte socialista no se concreta que esto pasará, pero el propio ministro de Cultura y negociador del plan, Ernest Urtasun, reconoció en una entrevista con infoLibre: “Lo hemos acordado con el PSOE, es medieval”.

A pesar de estas polémicas, desde Zarzuela y el entorno del rey se trata de revestir de normalidad estos días. El pasado viernes se vieron en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) los reyes Felipe y Letizia, Juan Carlos I y la princesa Leonor en un encuentro “familiar y privado”, según informó la Agencia Efe citando fuentes de Zarzuela. Los monarcas habían ido a ver a su primogénita a Galicia, donde pasa unos meses dentro de su formación militar, y “en ese contexto, al saberlo, el rey emérito ha pedido ir a ver” a su nieta. Los dos no coincidían, que haya trascendido, desde el 31 de octubre del pasado año en la fiesta privada en El Pardo con motivo de la mayoría de edad de la heredera.

Durante estos días también el rey emérito ha recibido la visita de la infanta Cristina, que se trasladó a Sanxenxo el lunes para estar junto a su padre. La hija mediana está volviendo a reactivar su agenda social en España después de años retirada a un segundo plano por el caso Nóos, que terminó con una condena de cárcel para su ex marido, Iñaki Urdangarin. Además, la relación con Felipe VI se ha retomado: los dos coincidieron en un acto hace unos días en el Teatre-Museu Dalí en Figueras (Girona)  y los dos acudieron juntos y posaron en el mismo retrato de la boda de Victoria López-Quesada, ahijada del rey.

Las imágenes de la majestuosa recepción a Carlos III en septiembre de 2023 en el castillo de Versalles, con langosta azul y macarons rosas, decoración real y los mejores vinos para más de 150 invitados, suscitaron preguntas de inmediato. ¿Cuánto gastó la Presidencia francesa para organizar semejante acontecimiento? La respuesta ya está disponible: según el Tribunal de Cuentas, 474.851 euros.

En su informe anual sobre las cuentas de la Presidencia de la República, publicado el lunes 29 de julio, los magistrados financieros advierten de un fuerte aumento de los gastos del Jefe del Estado en 2023, sobre todo en viajes y recepciones. El Elíseo cerró el año con déficit (8,3 millones de euros en un resultado de 117,2 millones), lo que no fue el caso el año anterior (superávit de 300.000 euros).

“Aunque hay varios factores externos que explican este nivel de gasto imprevisto (inflación, actividad presidencial condicionada por el contexto internacional)”, el Tribunal de Cuentas también advierte de la necesidad de "reforzar la vigilancia" ante los "factores internos” que han provocado este desplome. A finales de año, los gastos del departamento encargado de la organización de actos, viajes y restauración superaban en 7 millones de euros el presupuesto previsto.

La decisión de celebrar la “cena de Estado” en honor de Carlos III en el castillo de Versalles pesó mucho en la balanza, ya que el Presidente de la República tuvo que subcontratar un gran número de servicios: catering externo (y no las cocinas del Elíseo) por 166.193 euros, “personal extra” contratado para el servicio por 100.428 euros, escenografía y montajes por 42.720 euros, y otros 42.515 euros para vino, champán y otras bebidas.

El coste total del ágape (474.851 euros) no tiene en cuenta los demás gastos asociados a la “visita de Estado” –el más alto nivel de protocolo– organizada para la estancia de tres días del monarca británico a Francia, ni los costes de cancelación de la primera visita (80.000 euros), aplazada a causa de las protestas contra la reforma de las pensiones. “Francia mantiene estrechas relaciones diplomáticas con un gran número de países, que organizan actos equivalentes cuando reciben al Jefe del Estado”, dicen en Presidencia.

Otra “cena de Estado” costó también casi medio millón de euros: la celebrada en honor del primer ministro indio, Narendra Modi, el 14 de julio de 2023, en el Museo del Louvre. También en este caso, la decisión del Presidente de organizar la comida fuera del Palacio del Elíseo –a diferencia de las recepciones al Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o al Emir de Qatar en 2024– tuvo un alto coste: casi 173.000 euros para el catering, 72.000 euros para “personal extra”, etc. El coste total fue de 412.363 euros.

A modo de comparación, otras dos recepciones organizadas en el Elíseo –la cena de Estado del Presidente de Mongolia y la del Foro de la Paz de París– costaron respectivamente 62.000 y 67.000 euros. “Esta comparación entre cenas pone de manifiesto la importancia de la elección del lugar en el coste total de cada evento”, señala el Tribunal en su informe.

Pero más que las recepciones, lo que suponen una carga para el presupuesto son los viajes de Emmanuel Macron. En su informe, el Tribunal de Cuentas destaca una paradoja: el Presidente de la República no viaja mucho más que antes, pero sus desplazamientos cuestan cada vez más al contribuyente. El coste medio de los viajes nacionales del jefe del Estado casi se ha duplicado desde 2018, alcanzando un máximo el año pasado de 60.462 euros.

En perspectiva, la tendencia del gasto es vertiginosa. François Hollande, en 2016, último año de su mandato quinquenal,  viajó 142 veces, con un presupuesto global de 17,7 millones de euros. Emmanuel Macron, en 2023  realizó 112 viajes, con un coste de 23,2 millones de euros. Es decir, el coste medio de un viaje presidencial ha pasado de 125.000 euros a 207.000 euros en siete años.

¿Cómo se explica semejante aumento? Sin negar el peso de la inflación en ciertas partidas de gastos, el Tribunal de Cuentas atribuye una pesada carga al funcionamiento del Elíseo, señalando “el número de viajes, los cambios en su estructura y el tamaño de las delegaciones”, así como “problemas de organización interna”.

La explosión de los gastos de viaje es consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas en su momento por Emmanuel Macron. Tras pasar un primer trimestre enclaustrado en el Elíseo, a causa del movimiento social contra la reforma de las pensiones, para el Jefe del Estado era una cuestión política central su capacidad de ocupar espacio público: se trataba de demostrar que nada le impedía, a pesar de la impopularidad de su reforma, recuperar el control de un mandato considerablemente empantanado.

“Tengo que volver a participar en el debate público”, advirtió a finales de abril. En pocas semanas, el presidente de la República fue a hablar de la falta de médicos a Loir-et-Cher, de las escuelas de formación profesional a Charente-Maritime, de la regeneración industrial al Norte, del atractivo de Francia a Yvelines, de la soberanía industrial en Ardèche y del transporte aéreo a Seine-et-Marne.

A finales de junio, pasó tres días en Marsella (Bouches-du-Rhône) para hacer balance de la situación de la ciudad. El viaje costó al Estado 342.828 euros, un presupuesto “especialmente alto” según el Tribunal de Cuentas.

El Tribunal también critica el coste excesivo de otras dos visitas oficiales, a Córcega en septiembre (278.209 euros) y a Toulouse (Alto Garona) en diciembre, para visitar la sede de Airbus (205.022 euros). La gira por Oceanía (Nueva Caledonia, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea), en pleno verano, batió récords (3,1 millones de euros), seguida de la gira por África (1,9 millones de euros) en primavera.

Además del número de viajes, el Tribunal de Cuentas tiene la mirada puesta en la pompa y la envergadura de los mismos. Para la visita de Estado de Emmanuel Macron a China en abril de 2023, el Elíseo fletó dos aviones A330 para transportar a una enorme delegación, entre ellos el ex primer ministro Jean-Pierre Raffarin, gran amigo de China, y el ex ministro socialista Jean-Marie Le Guen, miembro del consejo de administración de Huawei. A su llegada, además del coche presidencial transportado hasta allí, se alquilaron cincuenta vehículos para el convoy presidencial.

Además del transporte y el alojamiento, se sumaron a la factura de esta visita otros gastos, como servicios audiovisuales contratados a empresas privadas (55.084 euros). En total, la escapada a China costó 1,8 millones de euros, revela el Tribunal de Cuentas, que también señala la diferencia entre el presupuesto provisional y el coste final del viaje. Un aumento del 40%, según el Tribunal, lo que se traduce en un sobrecoste de 520.000 euros.

Una diferencia nada desdeñable, según el órgano administrativo. El informe señala repetidamente "problemas de organización interna” en el Elíseo, citando por ejemplo las numerosas anulaciones y reprogramaciones de última hora. «Aunque existen imposiciones propias de la actividad presidencial, se constata que a menudo se retrasan los arbitrajes a distintos niveles, lo que hace imposible cumplir con el proceso previsto y obliga a operar con prisas”, señala el Tribunal de Cuentas.

El creciente número de anulaciones no es sólo culpa del presidente de la República: también es fruto de su impopularidad en 2023. El movimiento social contra la reforma de las pensiones obligó al Elíseo a anular varios viajes y giras previstos. Sin embargo, no se puede resumir a este contexto. Desde su elección en 2017, Emmanuel Macron ha acostumbrado a sus interlocutores, socios y colaboradores a una inestabilidad permanente. En los últimos años, varios ministros han relatado a Mediapart su hastío ante las contraórdenes de última hora del Elíseo.

En total, se cancelaron doce viajes en 2023, un récord si excluimos 2020, hecho excepcional por la situación sanitaria. Sin entrar en esas consideraciones, el Tribunal de Cuentas señala un hecho: esta forma de funcionar tiene un coste para el contribuyente, con pérdidas de 832.328 euros en 2023. Sólo la anulación del viaje a Alemania en julio de 2023 costó al Estado 429.100 euros, mientras que la visita a Suecia en febrero costó 180.150 euros.

Como recomendaciones para el futuro, el Tribunal de Cuentas sugiere, entre otras cosas, que el Elíseo anticipe mejor la agenda presidencial y que limite el tamaño de las delegaciones. También anima a Presidencia a moderar el recurso a las misiones preparatorias, es decir, los viajes de los colaboradores de Emmanuel Macron para "tantear el terreno” y preparar su llegada.

El informe señala que esas misiones son muy costosas. Antes de viajar a Brasil este año, Emmanuel Macron envió cuatro equipos diferentes para preparar las cuatro etapas de su viaje. Esas misiones preparatorias, decididas en el último momento con demasiada frecuencia, salen caras, más aún cuando los consejeros presidenciales deciden tomar un avión para ganar tiempo.

Es el caso de la misión que debía preparar el homenaje en Roubaix (Norte) en mayo de 2023 a tres policías que mató un automovilista. “A pesar de la norma que obliga a hacer en tren los desplazamientos de menos de cuatro horas”, el equipo de Emmanuel Macron tomó un vuelo comercial hasta la localidad norteña. Presidencia “tendrá en cuenta las observaciones del Tribunal para mejorar su organización y sus procedimientos internos”, respondió el Elíseo, asegurando que estaba «decidida a gestionar eficazmente su presupuesto en un contexto de inflación, por un lado, y de factores geopolíticos y políticos que influyen en la agenda del Ejecutivo, por otro”.

Traducción de Miguel López

El rey Felipe VI recibió en 2023 una asignación de los Presupuestos Generales del Estado de algo más de 270.000 euros mientras que la partida final percibida por la reina Letizia se elevó a los 168.000 euros, según los datos relativos al último año publicados este jueves por Zarzuela que recoge Europa Press.

En concreto, la retribución íntegra del monarca ascendió a 270.609,60 euros, mientras que la de la Reina fue de 148.826,44. A esto se suma la asignación de 121.776,14 de la reina Sofía, ya que por el momento ni la princesa de Asturias ni la infanta Sofía tienen una partida reservada dentro del presupuesto de la Casa del Rey.

En total, la familia real percibió asignaciones por 542.587 euros, 4.000 euros más de los previstos inicialmente. Aunque el Gobierno congeló por tercer año consecutivo la partida de los presupuestos destinada a la Casa del Rey en 2023, las retribuciones experimentaron un incremento del 2,5% como consecuencia de la subida salarial prevista en los mismos para personal al servicio del sector público, según explica en su informe la Intervención de la Casa del Rey.

Además, según la Intervención, a la partida de 8.431.150 euros destinada a la Casa del Rey en los presupuestos de 2023 se añadieron 579.000 euros con cargo a los recursos propios y procedentes del "fondo de remanentes presupuestarios". Así pues, el presupuesto final del año pasado se elevó a 9.010.150 euros, de los cuales a 31 de diciembre se habían ejecutado el 85,66%.

Este incremento, según se explica en el documento, vino motivado por "determinadas obligaciones presupuestarias consecuencia del nuevo marco contable, junto con el mayor impulso de la agenda" de los reyes, "especialmente de la agenda internacional y de los viajes".

El montante más elevado de este presupuesto fue el destinado a gastos de personal donde, además de las asignaciones a la Familia Real, se incluyen el personal de alta dirección, de dirección y laboral de la Casa del Rey y los complementos retributivos a otro personal que presta sus servicios a la misma. En 2023 se elevó a 4.793.837 euros, de los que se ejecutaron el 95,68%.

Aquí hay que computar, entre otros, los 157.646,36 que percibió el entonces jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín; los 155.301,21 que cobró el secretario general de la Casa, Domingo Martínez Palomo; o los 153.668,08 del consejero diplomático, Alfonso Sanz Portolés.

Zarzuela también ha dado a conocer el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas. En el mismo, se indica que las cuentas anuales expresan "la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la Casa del Rey a fecha del 31 de diciembre de 2023 "así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto".

Esta es la primera vez que el Tribunal de Cuentas realiza la auditoría de las cuentas anuales de la Casa del Rey "como supremo órgano de control externo de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público", según ha restaltado este organismo en un comunicado.

Dicha auditoría es resultado del convenio firmado entre la Casa del Rey y el Tribunal de Cuentas después del Real Decreto Ley de reestructuración de la Casa del Rey aprobado en 2022. El mismo prevé la realización de una auditoría externa de las cuentas correspondientes a la ejecución y liquidación de las dotaciones presupuestarias incluidas en la sección 01 de los presupuestos.

A las 11.30 horas la princesa Leonor juró la Constitución en el Congreso, como manda la Constitución, en un acto que emuló al de su padre en 1986, pero con la ausencia de los grupos nacionalistas e independentistas y escasa presencia de miembros de Sumar y Podemos.

De esta manera, la heredera formalmente ya puede ser reina de España en cualquier momento si su padre falleciese, fuese incapacitado o abdicara en su figura. Un acto al que la Casa Real y el Gobierno le han dado un gran simbolismo como garantía del sistema de Estado.

El acto fue una sesión conjunta de las Cortes Generales (Congreso y Senado) para materializar el artículo 61 de la Carta Magna, pero también tuvo un alto componente militar, una cuestión que mima la Casa Real. La propia heredera ha comenzado sus estudios superiores como militar, con una formación de tres años en Zaragoza, por delante de una carrera universitaria.

El evento arrancó a las 11 horas con la llegada de la Familia real a la Carrera de San Jerónimo. Escoltada por un escuadrón de la Guardia Real y recibida por el Batallón Mixto de Honores (con miembros de los ejércitos de Tierra y de Aire y Espacio). Antes de entrar en el Hemiciclo, se rindieron honores militares y el rey pasó revista al Batallón de Honores.

El Congreso se engalanó como en las ocasiones más especiales (como la apertura solemne de las Cortes). Símbolo de ello fue el despliegue del baldaquino (de 1902, de la época de Alfonso XIII). Está compuesto por dos piezas, el paño central, con escudo en el centro, y el bando frontal donde están representadas las provincias, que tiene un peso de 215 kilos y ocupa una superficie de 147 metros cuadrados, para cubrir todo el atrio de la Puerta de los Leones. 

Para la ocasión, el Congreso se transformó, colocándose un estrado, donde habitualmente están la tribuna de oradores, Y allí se situaron el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán. También en ese espacio estaban el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de las Mesas de las Cámaras completaron el escenario.

La única persona que pronunció unas palabras fue Armengol durante la sesión solemne, a la vez que pidió a los parlamentarios que se pusieran en pie para el juramento de la Constitución por parte de la heredera.

Armengol, durante su discurso, subrayó: "Este acto histórico muestra el compromiso de la princesa heredera con nuestra ciudadanía. Porque el juramento de doña Leonor de Borbón y Ortiz es la expresión pública del respeto a nuestra Constitución y del respeto al resto de nuestro ordenamiento jurídico".

"En estos 45 años nuestra sociedad ha cambiado y nuestras instituciones se han ido adaptando a las transformaciones, tal y como debe seguir sucediendo. Esto nos ha permitido llegar hasta el día de hoy como una democracia consolidada, moderna, anclada en una Carta Magna que ha alumbrado el periodo de mayor progreso y estabilidad de nuestro país", indicó.

Para añadir este mensaje: "Somos hoy una España plural, abierta y europea que, desde la diversidad, afronta los retos de un mundo en profunda mutación y aquejado de conflictos que no pensábamos presenciar en este siglo XXI".

Armengol lanzó palabras en catalán, gallego y euskera, al citar a los literatos Xohana Torres. Vicent Andrés Estellés y Felipe Juaristi. Y citó como retos de la sociedad la lucha por el cambio climático y contra la violencia de género, además de perseguir un empleo digno y acabar con las desigualdades sociales.

La presidenta remarcó: "Este país somos hoy. Un país cohesionado, respetuoso, consciente y orgulloso de su diversidad. Un país abierto y próspero, donde la paz social permite la convivencia y donde se persigue el bienestar de la ciudadanía. Un país cuya sociedad es un ejemplo de tolerancia y solidaridad, que confía en la ciencia, en la innovación, en la educación, en la formación para conseguir un futuro mejor y en la cultura para construir libertad, belleza, memoria e identidad".

"La Princesa Leonor es digna representante de este país moderno y abierto al mundo. Una mujer joven, cercana al sentir mayoritario de su generación. Una juventud consciente de que el país próspero y moderno que somos tiene importantes retos por delante. Retos que son colectivos y que han de estar presentes en cada paso que demos como sociedad", apostilló. 

La princesa, tras el discurso, juró la Constitución, provocando un enorme y largo aplauso de los presentes en la Cámara Baja (además de parlamentarios, estaban los presidentes autonómicos o los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

En el Hemiciclo no estaban los miembros del PNV, BNG, Blldu, ERC, Junts y Podemos. A pocas horas de que arrancara el acto emitieron un comunicado los miembros de Esquerra, de la izquierda abertzale y de los nacionalistas gallegos, que sentenciaron que no participaban "del enésimo intento de perpetuar una institución arcaica, opaca, que ha amparado sistemáticamente la corrupción y que resulta contraria a los intereses populares como es la monarquía".

 "No participaremos en la jura de la constitución de la princesa Leonor. No participaremos de la legitimación de la casa real y sus privilegios, ni de la legitimación de la propia Constitución española que ni reconoce ni respeta los anhelos presentes y futuros de las mayorías sociales de nuestras naciones", sostuvieron en el texto.

Por parte de Sumar, sólo acudieron la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la portavoz parlamentaria, Marta Lois, y la diputada Esther Gil, que forma parte de la Mesa del Congreso. No acudieron las ministras en funciones de Igualdad, Irene Montero, y de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Tras el acto en el Congreso, la familia real, el Gobierno y partes de los invitados se trasladaron hasta el Palacio Real, donde se produjo la entrega de la orden de Carlos III, concedida por el Ejecutivo. Entonces, la princesa hizo un breve discurso: "Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad".

 "Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro", lanzó ante los asistentes al Palacio Real, donde también afirmó: "Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos".

El saldo de la Casa del Rey en las cuentas de tesorería asciende a 6,05 millones de euros en 2022, depositados en su mayoría en distintos bancos, año en el que logró ahorrar 273.643 euros, según se desprende del desglose de la ejecución de su presupuesto correspondiente al pasado ejercicio, publicado por el Palacio de la Zarzuela y recoge Europa Press.

Así, al final del pasado ejercicio, la tesorería fue de 6,05 millones, lo que supone un incremento de 273.643 euros respecto a 2021, cuando alcanzó los 5,78 millones de euros, según los datos auditados por la Intervención General del Estado. De este modo, la Casa del Rey tiene 5,3 millones en fondos depositados en entidades financieras; así como 631.363 euros en el Banco de España y 91.159 euros en caja.

Además, la Jefatura del Estado contó en 2022 con una partida de 8.431.150,00 euros. En cuanto a los gastos de personal, ascienden a 4,02 millones de euros, la partida más elevada.

En el caso de las retribuciones de los miembros de la familia real, ascienden a 517.854 euros, de los que 258.927 fueron para Felipe VI, 142.402 para la reina Letizia y 116.525 euros para la reina Sofía.

Por otro lado, a fecha de cierre contable la Casa del Rey mantiene deudas con diversos acreedores por un total de 764.309,41 euros mientras que mantiene derechos pendientes de cobro por un total de 133.691,48 euros.

176. Es el número mágico con el que sueña la política española. Es la cantidad de diputados para lograr la mayoría absoluta en el Congreso y asegurarse la investidura para ser presidente del Gobierno en una primera votación. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez aspiran a habitar el Palacio de La Moncloa para los próximos cuatro años tras los resultados del 23 de julio.

Tanto Núñez Feijóo como Sánchez buscan esa investidura en los próximos meses para ser el jefe del Ejecutivo. Y en estos momentos todos hacen cálculos para superar los requisitos establecidos en la Constitución española, en la que prima el número de diputados que consiga aunar un candidato, con la izquierda partiendo como favorita en estos momentos ante una derecha a la que parece casi imposible sumar y con el horizonte de una posible repetición electoral.

La investidura está regulada por el artículo 99. Una vez constituidas las Cortes –acto previsto para el día 17 de agosto–, el rey debe realizar una ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios para, “a través del presidente del Congreso”, proponer un candidato a la Presidencia.

El aspirante deberá exponer su programa ante la Cámara Baja y tiene que conseguir mayoría absoluta (como mínimo 176 de los 350 diputados). De no lograrla, se llevaría a cabo otra votación 48 horas después y valdría una mayoría simple (más síes que noes). En caso de fracaso, se “tramitarán sucesivas propuestas”. El 99.5 establece finalmente: “Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones”.

En estos momentos, el bloque de la izquierda cuenta teóricamente con más posibilidades al aunar más apoyos. El PSOE (122) y Sumar (31) podrían llegar a 172 sumando a ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y BNG (1). Con la abstención de Junts (7), se asegurarían salir en la segunda votación con Sánchez como presidente.  El bloque de las derechas suma 169, entre PP (136) y Vox (33), con Génova pensando también en CC (1) y UPN (1) y soñando con los cinco del PNV, algo que es incompatible si están los de Santiago Abascal. El PNV, de hecho, rechazó en la noche del lunes favorecer la investidura de Alberto Núñez Feijóo, porque, para "esta operación", necesitaría a Vox, y reiteró que el líder de los populares "ha cruzado una línea roja al meter en las instituciones" a la formación ultra.

Ahora mismo, los caballos de Sánchez y Feijóo cabalgan hacia la investidura. El presidente del Gobierno en funciones reunió este lunes a la cúpula del partido en la reunión de la Ejecutiva Federal, donde trasladó el mensaje de que no va a hacer movimientos de manera inmediata y remarcó que el sistema tiene sus “plazos y procedimientos”, por lo que ahora toca esperar a la constitución de las Cortes el día 17. 

Pero, a puerta cerrada y según fuentes de Ferraz, descartó que haya que repetir elecciones: “Esta democracia encontrará la fórmula de gobernabilidad”. El presidente entiende que no hay prisa inmediata y señaló ante su cúpula que la gente necesita “descansar y disfrutar de las vacaciones”. Aunque no habló concretamente de la investidura, subrayó que España había dicho no a la involución y el retroceso.

Los socialistas creen que ahora todos los partidos tienen que “reposar” los resultados y entender su papel. Ven al PP en un “diálogo consigo mismo”, es decir que prevén un fuerte debate internos dentro de las familias del PP sobre cómo actuar ante la imposibilidad de aunar una mayoría suficiente. En el otro flanco, esperan que Junts también reflexione en un contexto en Cataluña en el que el PSC ha arrasado y Sumar ha quedado en segunda posición.

Desde Sumar sí se han dado ya pasos y se ha designado a Jaume Asens, que ha sido el portavoz de los comuns en el Congreso, como punto de contacto con Junts, ya que tiene contacto directo con el partido de Carles Puigdemont.

Las caras largas son la tónica durante estas horas en Génova 13, aunque mantiene Feijóo el mensaje de que va a intentar la investidura. El líder de los conservadores reconoció ante la Junta Directiva Nacional que el resultado no se ajustó a sus “expectativas” y avanzó que ha abierto contactos con Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria. “No voy a renunciar a intentarlo”, lanzó ante los suyos, en un momento en el que intentan lanzar la idea de un bloqueo por parte del Partido Popular.

Por lo tanto, ahora son una semanas de incertidumbre sobre los posibles pactos, que tendrán como primera prueba de fuego la constitución de la Mesa del Congreso el próximo 17 de agosto. Esto servirá para medir qué fuerza tiene cada candidato, aunque la izquierda ve que su suma aritmética le dará el control del órgano de gobierno de la Cámara.

La política española posteriormente se puede ver en una situación inédita: que dos candidatos se ofrezcan al rey para tratar de lograr la investidura. Felipe VI encarará, previsiblemente a finales de agosto o principios de septiembre, su décima ronda de consultas desde que es monarca (su padre, Juan Carlos I, hizo diez en sus 38 años de reinado).

El rey Felipe ha vivido ya muchas situaciones en las rondas de consultas por las continuas repeticiones electorales, pero este escenario, en cambio, todavía no lo ha afrontado. Lo que sí tuvo que encarar en 2016 fue que Mariano Rajoy se negara a someterse a una investidura, por lo que el reloj del calendario no se inició y España fue abocada al bloqueo (los plazos empezaron a contar cuando Pedro Sánchez se presentó a la investidura fallida de la mano de Albert Rivera).

La Constitución española en su artículo 99 no especifica qué criterio tiene que seguir el rey en el caso de que dos candidatos quieran ir a la investidura en la misma ronda de consultas. Varios expertos consultados por infoLibre difieren sobre qué criterio tendría que adoptar el monarca ante esa situación si ninguno de los dos se aparta o deja que el otro lo intente primero.

Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, entiende que se trata de una fórmula “aritmética” y tiene que ir quien cuente con mayor apoyo en el Congreso. Para eso, señala, se hace la ronda de consultas, porque de otra forma sería automática la designación con el que más diputados hubiera tenido con su partido la noche electoral. “La ronda es para hacer una suma”, ahonda, para remarcar que el papel “neutral” del monarca hace que su obligación sea designar al que “más respaldo tenga”.

En cambio, Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago, entiende que si los dos optan, Felipe VI tendría que proponer a Feijóo como aspirante a la investidura al haber sido el más votado. Advierte al hilo: “El papel del rey puede ser muy complicado, dependiendo de cómo salgan las cosas”. “En sentido estricto, la ronda de consultas es para proponer un candidato que pueda lograr la investidura. Hasta 2015 se designaba a quien había ganado. Pero a partir de 2015 Rajoy declinó y luego se designó a Sánchez”, recuerda.

Añade además: “En el actual caso se puede dar una circunstancia que nunca se ha dado en la historia de España: dos partidos que quieren ser propuestos para la investidura. Lo más lógico sería, dado que hay un ganador en escaños, que el rey proponga primero a Feijóo. Y si no la logra, sería el momento de proponer a Sánchez. Aunque desde el punto de vista estricto podría proponer al líder socialista. Para no comprometer su neutralidad podría hacerlo si el líder del PP rechaza ir a la investidura, como pasó con Rajoy”.

También se adentra en esta cuestión José Sanromá, abogado y experto en temas constitucionales, que entiende que el rey debe postular a aquel candidato que “aporte el mayor número de votos de diputados”, aunque no sean de su grupo parlamentario. Y avisa, no obstante, de que habrá un “juego sutil” por parte de los dos aspirantes: “Habrá que ver si Sánchez espera a que salga primero Feijóo o si se juega la baza de intentar ir el primero llevando al rey un compromiso de que me van a votar”. 

“Doña Letizia. La quiero mucho. A usted, a su marido y a sus hijas. El resto, ¡a tomar por culo!”. Una vecina de Córdoba le gritaba en la calle así a la reina este jueves, antes de presidir la jornada Tour de talento. “¡Vaya!”, contestaba la soberana. Unas palabras de ánimo unos días antes de que se repita la foto que no gusta en el Palacio de la Zarzuela: Juan Carlos I volviendo a España para regatear en Sanxenxo (Pontevedra).

El rey emérito, según ha hecho trascender su círculo a varios medios, tiene la intención de regresar unos días a la localidad gallega desde Emiratos. Y esto volverá a provocar un fuerte espectáculo mediático, con decenas de periodistas esperando la imagen y sus fotografías al borde del Bribón.

El año pasado, el emérito participó en las regatas y supuso un auténtico malestar en la Zarzuela. Las televisiones conectaron en directo desde que bajó de las escalerillas del avión y Juan Carlos I se dedicó a hacerse fotos, además de navegar. Con unas declaraciones desde el coche que dejaron ojipláticos e indignaron a muchos sectores de la sociedad: “¿Explicaciones de qué?”

El rey Juan Carlos I no tiene ya ninguna causa judicial abierta en España, ya que la Fiscalía archivó las investigaciones iniciadas sobre las comisiones del AVE a la Meca, las tarjetas black asociadas a un amigo y empresario mexicano y una sociedad offshore en Jersey. Durante la investigación, Anticorrupción encontró irregularidades pero no se pudo sentar en el banquillo al emérito por varías vías de escape: regularizaciones con Hacienda a posteriori, prescripción de delitos y el paraguas de la inviolabilidad durante sus años de reinado que recoge la Constitución.

Desde ese momento, Juan Carlos I se sintió liberado, con la intención de volver a España, algo que nunca gustó a su hijo. La visita del año pasado a Sanxenxo tuvo una parada final en palacio, donde se reunió con su familia y un buen rato con Felipe VI a solas. La incomodidad entre padre e hijo es evidente y sólo han vuelto a coincidir en los funerales de Isabel de Inglaterra y de Constantino de Grecia. 

Y la nueva visita a Sanxenxo del emérito ha vuelto a tensionar la relación. La casa del rey se enteró de la visita del emérito a través de los medios de comunicación. Una vez publicadas las noticias, fue un allegado de Juan Carlos I quien comunicó las fechas de la visita.

El emérito había trasladado semanas antes a la casa del rey que quería ir a Sanxenxo para regatear después del 28 de mayo (cuando hay elecciones autonómicas y municipales). Pero los planes han cambiado una vez, según dijo el círculo de Juan Carlos I, que Carlos III de Inglaterra lo ha invitado a un almuerzo el martes 18. Luego se trasladaría a España. El Palacio de Buckingham, en declaraciones a Efe, “no reconoce” que se vaya a producir esa cita entre los dos. Tampoco hubo comunicación por parte de Juan Carlos I a La Moncloa de su intención de viajar, según fuentes gubernamentales.

En Zarzuela y en La Moncloa siempre recuerdan que se trata de visitas privadas y que es un ciudadano libre. Pero también, como reconoce un ministro, Juan Carlos I es “incontrolable”. Su propia personalidad le hace tomar decisiones sin consultarlas y los que le conocen siempre confiesan que es un hombre al que no se puede atar en corto. Además, desde su círculo se ha deslizado durante estos meses que él considera que ha hecho lo correcto, que es libre y que las instituciones en el país no le están tratando como se merece. Tiene sensación de ingratitud hacia él.

Al rey emérito se le ha pedido durante este tiempo desde el Gobierno que sería conveniente que diera explicaciones sobre sus hechos ante la ciudadanía, algo a lo que no ha accedido Juan Carlos I. Al revés, en su visita a Galicia el año pasado desafió a todos con sus declaraciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, según fuentes de La Moncloa, está alineado con la actual Casa del Rey. No obstante, el Ejecutivo recalca que se trata de una visita privada, aunque mantiene su postura. 

La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, consideró el pasado lunes que sería “oportuna” la transparencia y la rendición de cuentas por parte de Juan Carlos I. Fue mucho más duro el socio de Podemos, que cree una “indecencia pública” ese viaje del emérito sin haber dado explicaciones públicas todavía. Y es que todavía el emérito no ha detallado en virtud de qué recibió 65 millones de euros por parte de Arabia Saudí. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que siempre tiene buena relación con la casa real, puso esta semana voz a lo que piensan muchos dirigentes: “No le hace ningún favor a la corona”.

El espectro de la derecha, en cambio, está recibiendo bien esa posible visita. El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, indicó que está en “su derecho” y que supone una “buena noticia” para el turismo de su comunidad. Para el ‘número tres’ del PP, Elías Bendodo, “el rey puede venir a España cuando considere oportuno y cuando él considere que tiene que venir a ver a su familia o por cualquier cosa, porque es su país". La visita del emérito empezaría previsiblemente el próximo miércoles, según ha deslizado su entorno, con la intención de marcharse el 23. De anfitrión haría su amigo Pedro Campos, en cuya casa, como la otra vez, se alojaría. 

Una estancia que coincide con una España efervescente electoralmente, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas. Tiempos en los que los gestos simbólicos son muy importantes (por ejemplo, se vio a la portavoz de Podemos en Córdoba con un vestido inspirado en la bandera republicana en el acto de la reina Letizia del jueves). Son unas semanas en las que la casa real trata siempre de tener un perfil bajo sabiendo que el contexto es de máxima batalla entre los partidos y donde todo puede ser objeto de politización. Algunos de sus amigos, según El Mundo, podrían estar intentando convencer al emérito de que retrase ese viaje.

Juan Carlos I decidió seguir en Abu Dhabi a pesar del archivo de las investigaciones al constatar la lejanía con su hijo (en Zarzuela no se contempla que pudiera volver al palacio) y también posiblemente por motivos fiscales. Y no está solo ahora, sino que se ha trasladado con él su nieto mayor, Froilán, protagonista habitual de polémicas nocturnas en Madrid. Ahora trabaja en la empresa petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Durante las vacaciones de Semana Santa se acercó hasta allí a pasar unos días la infanta Elena, filtrándose una fotografía de los tres, como pasó el año anterior con otra instantánea en la que también estaban la infanta Cristina y sus hijos.

Uno de los momentos que causarán más tensión en los próximos meses será el juramento ante las Cortes de la princesa Leonor, que cumplirá 18 años el próximo 31 de octubre. Todavía no se sabe la fecha exacta en la que se celebrará, ya que ese día puede coincidir con el Parlamento disuelto por la convocatoria electoral. En ese evento se tiene que simbolizar la continuidad de la corona, pero parece poco probable que Juan Carlos I aparezca en el Congreso de los Diputados, sin haber dado ni siquiera una explicación a los españoles.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, así como la reina Sofía, cobrarán un 2,5% más este año hasta algo más de 538.500 euros pese a que el presupuesto destinado a la Casa Real está congelado por tercer año consecutivo, ha informado Europa Press.

Así consta en el desglose del presupuesto publicado en la web de Zarzuela, según el cual la Casa del Rey dispone para 2023 de un total de 8.431.150 euros. Esta partida es la misma que el Gobierno le asignó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2022, la cual estará congelada por tercer año consecutivo.

Según ha explicado Zarzuela, las retribuciones de los miembros de la familia real se han incrementado en un 2,5% conforme a lo establecido en los PGE respecto a la subida prevista para los salarios de los altos cargos del Gobierno.

Ya en 2022, tanto los reyes como Sofía vieron incrementada su asignación en un 2% conforme a este mismo argumento, mientras que en 2021 Felipe VI, que es quien en última instancia asigna el presupuesto, decidió no aplicar esta premisa y mantuvo los salarios de la Familia Real congelados.

Este año, tras aplicarse la subida, está previsto que Felipe VI cobre 269.296 euros, la reina Letizia perciba 148.105 euros y Sofía reciba 121.186. En total, sus asignaciones ascienden a 538.587 euros.

Como en años anteriores, el grueso del presupuesto de la Casa del Rey está destinado a gastos de personal, donde se incluye a la familia real. Esta partida representa un 56,25% del total, con 4.202.250 euros destinados a otros gastos de personal. Aquí hay que incluir la subida del 2,5% que también percibirán los altos cargos, que cobrarán un total de 849.000 euros.

La segunda mayor partida es la relativa a gastos corrientes en bienes y servicios, del 32,89%, y que en este caso asciende a 2.773.313 euros. Según ha precisado Zarzuela, el presupuesto en este apartado aumenta en un 0,83%.

"El importante incremento de la actividad institucional conlleva la subida de lo presupuestado para gastos protocolarios y de representación, además de las cantidades destinadas a viajes, que se compensa con una reducción, principalmente, en asesoría y trabajos TIC respecto del ejercicio anterior", ha aclarado Casa Real.

Dentro de este apartado, se destinarán 1.896.613 euros a material, suministros y otros (una cifra inferior a 2022), mientras que habrá 605.000 euros para atenciones protocolarias y representativas, frente a los 370.000 del ejercicio anterior. Aquí también están incluidos 139.700 euros par arrendamientos y cánones y 82.000 euros para reparaciones, mantenimiento y conservación.

Por último, hay previsto un millón de euros para gastos financieros, 746.000 euros para inversiones, destinados principalmente al plan de transformación digital de la Casa del Rey iniciado en 2019, y 168.000 euros para el fondo de contingencia.

“El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey”. 

Así consta en el artículo 61.2 de la Constitución Española. Y no es un príncipe, sino una princesa la que este 2023 alcanza la mayoría de edad. Leonor de Borbón y Ortiz llega a los 18 años el próximo 31 de octubre, lo que será un momento de gran calado en su vida y en la institución. Ese juramento tendrá un alto grado simbólico y una trascendencia jurídica ante las Cortes, pero no hay fecha aún cerrada.

Leonor de Borbón acaricia la mayoría de edad con una monarquía que salvó sus momentos más duros con la abdicación del rey Juan Carlos, pero muy lejos de sus grandes momentos de aceptación en las décadas de los ochenta y los noventa. Con la sombra negra de su abuelo azotando todavía la institución desde Abu Dhabi, con las causas archivadas en la Fiscalía pero por sus regularizaciones ante Hacienda, la prescripción de los delitos y su condición de inviolabilidad.

El rey Felipe VI y las principales instituciones han puesto un muro con Juan Carlos I, en su autoexilio, conscientes del daño para la monarquía y con la idea de que perviva la actual casa real. No se quiere rastro tampoco de la infanta Cristina, que fue protagonista del caso Nóos, que llevó a Iñaki Urdangarin a la misma cárcel. Y con distancia pública también con la rama de la infanta Elena, cuyos hijos Froilán y Victoria Federica están en las páginas del corazón y en las de sucesos, por sus desfasadas y violentas noches de fiesta.

La monarquía tiene su presente ahora en Felipe VI y mira al futuro con la princesa Leonor, que hace equipo siempre con su hermana pequeña, Sofía. Y estos 18 años llegan en un momento clave para la España actual en un año trepidante electoralmente (con comicios autonómicos y municipales el 28 de mayo y elecciones generales a final de año). Esto hace que ese cumpleaños pueda coincidir con las Cortes disueltas, a la espera de saber la fecha concreta de apertura de las urnas. Y eso podría hacer que se retrasase ese juramento (con gran trascendencia jurídica y simbólica), pero todavía no hay decisión oficial anunciada.

Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, explica que esta mayoría de edad “significa un elemento clave en la institución monárquica, que se caracteriza por la sucesión en la Jefatura del Estado, en el seno de una familia”. “Este acto tiene un valor simbólico fundamental, que estaría vacío si no se ve rodeado por la percepción de la utilidad de la institución”. Todo esto llega, reconoce, “en un tiempo de popularidad baja de la monarquía”.

“Es el momento en el que tiene que hacerse llegar el sentido de la institución y se tiene que intentar justificar eso por parte de quien la encarna”, resume Arbos. Uno de los aspectos que aflora al reflexionar sobre este momento es el “anacronismo”, indica el catedrático, de que la Constitución siga manteniendo la preferencia del varón sobre la mujer para heredar el trono. Él apuesta por buscar ya la fórmula para que eso cambie y no dejarlo más tiempo en el texto. Los partidos no lo hacen, añade, por si esto es utilizado para un debate más amplio sobre si monarquía sí o no.

En estos tiempos, comenta Arbos, el actual rey debería seguir “en la línea apuntada en su propio discurso de Navidad, cuando ha asumido la importancia que tiene la crisis institucional y la falta de renovación de algunos órganos”. Y esgrime que para que la monarquía que hereda Leonor sea mejor que la que heredó su padre debe beneficiar un comportamiento ejemplar (“algo que sí se da en Felipe VI comparado con Juan Carlos I por lo que sabemos”) y que se vea “evidente” la funcionalidad de la casa real.

“Quiero decir que de cara al futuro sería conveniente que el rey diera a entender su disposición a que cambien cosas. Por ejemplo, la inviolabilidad, que debe estar estrictamente referida a sus actos como monarca. No se puede equiparar inviolabilidad con impunidad. Que eso lo hiciera el propio rey significaría que la propia monarquía renuncia a privilegios que hoy parecen difícilmente aceptables”, apostilla el catedrático de Derecho Constitucional.

Él se inclina por intentar que se haga ese juramento el mismo día de su cumpleaños, aunque estén las Cortes Disueltas. Una opción, indica, es que se pueda realizar ante la Diputación Permanente (el órgano que sustituye al Pleno en esos momentos). 

El juramento de la Constitución del actual rey se hizo el mismo día de su cumpleaños, el 30 de enero de 1986. En el Congreso le acompañaron en el lugar principal sus padres (los reyes Juan Carlos y Sofía), sus hermanas (las infantas Elena y Cristina), su abuelo (Juan de Borbón), el entonces presidente del Gobierno (Felipe González) y los presidentes del Congreso y del Senado (Gregorio Peces-Barba y José Federico de Carvajal).

La sesión fue declarada abierta por el presidente del Congreso y, a continuación, el letrado mayor de las Cortes procedió a la lectura del escrito del Gobierno en relación con la sesión conjunta de las dos Cámaras. Después hubo un discurso de Peces-Barba, que pidió al finalizar que se pusieran todas sus señorías en pie. Y llegó el momento de las palabras del príncipe de Asturias: "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey".

El letrado mayor de las Cortes era entonces Luis Cazorla. Él mismo ha hecho un análisis de cómo se organizó y estructuró aquel acto y cómo se debe implementar ahora en el caso de la princesa de Asturias en el discurso que dio con motivo de la apertura del curso de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación 2021-2022. Sobre la fecha, incidió en que “debe prestarse el mismo día en el que alcance la mayoría de edad”, sin que pueda aplazarse o posponer por “conveniencias de otro tipo, incluidas las políticas”.

Los motivos de esa opinión están en el precedente de 1986 (que se incluiría dentro del ámbito de extensión de la costumbre constitucional), la interpretación literal del artículo 61.2 que habla de “al alcanzar la mayoría de edad”, la trascendencia política, jurídica y social del propio juramento y ante la posibilidad de que la heredera quedase en “una zona gris y velada, desaconsejable desde todos los puntos de vista”.

Sobre esto reflexiona también José María Codes, letrado en las Cortes Generales y que ha publicado, al hilo del discurso de Cazorla, un artículo en la Revista de las Cortes Generales del número correspondiente al primer semestre de 2022 sobre el juramento de la princesa y sus aspectos constitucionales y parlamentarios. Manifiesta que las razones dadas por Cazorla para que sea en el mismo día son “lógicas y sólidas, desde un punto de vista jurídico”. Pero relata: “Sin  perjuicio  de  lo  cual,  me  surgen  algunas  dudas,  analizadas las cuales, me inclino a pensar que, con ciertas precauciones, no habría un impedimento insuperable en que el juramento pudiese retrasarse un tiempo después del 31 de octubre de 2023”.

Explica que, aunque se considere ya costumbre constitucional el juramento del entonces príncipe en 1986, esta puede modificarse si median “poderosas y justificadas razones”. La política de ahora, señala el letrado, dista mucho de la de aquellos tiempos. Y ante la preocupación de un “vacío jurídico”, entiende que esto puede “solucionarse” a través de “una serie de precauciones”.

“Me atrevo a proponer que, en el caso en el que se tuviese la seguridad de que, debido a una disolución anticipada, el día 31 de octubre de 2023, las Cámaras no vayan a estar constituidas, se fije una fecha en la que se tenga la plena certeza de que las nuevas Cámaras estarán constituidas, con sus Mesas elegidas y sus grupos parlamentarios constituidos (todo lo cual tarda pocos días en llevarse a cabo desde las sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y del Senado) para celebrar el acto de juramento de la princesa de Asturias, la cual, si lo estima oportuno, podría manifestar su compromiso de realizar el juramento en la mencionada fecha”, añade el letrado.

Lo que reafirma este letrado es que el acto debe ser ante el Parlamento: “Mientras sigamos viviendo bajo la arquitectura constitucional de 1978, todos los poderes emanan del pueblo, que está representado en las Cortes Generales, por lo que de esto se deduce sin dificultad alguna que la continuidad de nuestra forma de Jefatura de Estado debe garantizarse y comprometerse en sede parlamentaria, y con un protagonismo jurídico y político central del Congreso de los Diputados y del Senado, y es que el compromiso que asumirá doña Leonor se adquiere, insisto, con el pueblo español, allí representado”.

Tanto Cazorla como Codes coinciden en otros aspectos. En el acto de juramento solo debe haber dos partes (la princesa realiza un “acto jurídico de carácter personalísimo y unilateral” y las Cortes actuarán “como receptoras del acto de juramento”). Por lo que el Parlamento no debe emitir ningún tipo de declaración ni adoptar ningún acuerdo ni someter nada a votación (“lo contrario sería un desatino jurídico de enormes proporciones”). Además, Codes apunta que da igual si utiliza la fórmula de “juramento” o la de “promesa” porque significaría lo mismo jurídicamente.

Este paso tiene trascendencia jurídica y simbólica. La princesa Leonor entra en una nueva fase y tendrá una mayor presencia. Fuentes de la Zarzuela subrayan que “progresivamente” va estando más presente en la vida pública. Lo ha hecho, explican, compatibilizándolo con sus estudios en Gales y todo se irá produciendo “en su orden”. Un ejemplo de ello es que este año la felicitación de Navidad de la casa real tiene como imagen una fotografía sólo de ella y la infanta Sofía en los jardines de palacio.

La princesa de Asturias debe tomar una importante decisión durante estos meses: qué carrera va a estudiar tras su estancia en Gales (donde ha hecho Bachillerato en el UWC Atlantic College con un coste de 67.000 libras esterlinas). Como explica el catedrático Xavier Arbos, se da por hecho que pasará también por las academias militares, ya que se convertirá en la jefa de los ejércitos cuando sea reina. Asimismo, considera que deberá tener “una excelente formación jurídica para cumplir con su papel dentro del orden constitucional”. Pero estaría bien, prosigue, que tuviera experiencias personales colaborando con ONGs y que tenga contacto con todas las capas de la sociedad. Además, señala dos aspectos. Uno es la diversidad linguística (“habla muy bien catalán”, sostiene el profesor) y otro sería una conexión también con la España Vaciada. Y apunta la necesidad de “conocer de primera mano, por ejemplo, la inmigración". "Si sólo va a defender la ultraderecha la monarquía, pues no tendrá mucho futuro”, arguye Arbos.

¿Y en qué momento llega ese juramento para la monarquía? El director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos, José Pablo Ferrándiz, recuerda que los peores tiempos fueron para la casa real durante la gran recesión, que derivó en una crisis institucional y social, con el rey Juan Carlos en el epicentro por sus escándalos. “Se recuperó un poco con el traspaso a Felipe VI, pero hoy por hoy no llega a los niveles históricos que tuvo. Se encuentra en un momento ahora mismo de estabilidad a la baja”, dice.

“La princesa se va a encontrar con un país muy polarizado políticamente e institucionalmente”, sostiene este sociólogo, que hace esta descripción: “Si a su abuelo le tocó vivir el bipartidismo imperfecto y a su padre el multipartidismo, ella tiene el bibloquismo imperfecto”. Y la monarquía “no está en su mejor momento”, añade, poniendo como ejemplo que ahora la diferencia entre partidarios y adversarios de la monarquía es mucho más escasa mientras que hace décadas ganaba por treinta o cuarenta puntos en las encuestas la opción del rey.

Como explica Ferrándiz, uno de los principales retos de Leonor será precisamente que gane credibilidad la casa real entre los de su generación, la del “futuro” y que es la más proclive a la república. Además, está el contexto político, donde la ultraderecha hace la defensa más encendida de la casa real y quiere apoderarse de la figura del monarca. Y esto, a su vez, es utilizado por Podemos, comenta el sociólogo, para su discurso antimonárquico. Lo que le lleva a decir: “Es verdad que hay ciertos apoyos que no te convienen, pero no puede hacer mucho para cambiar la situación”.

Indica también Ferrándiz que “es indudable” que la monarquía tiene que ganarse a la opinión pública y su “respetabilidad” se le atribuye a quien esté al frente: “La corona ya no te sirve de paraguas, es un gran reto para ella no generar, al menos, rechazo”. Además, apunta otro factor: la mayoría de españoles querría un referéndum, según los estudios, “pero no es urgente para la ciudadanía”. “Es una ventaja para ella, no tiene que actuar precipitadamente. Se le concede un tiempo desde la opinión pública, que tiene que aprovechar”.

En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aparece la monarquía como el problema número cincuenta de los españoles (sólo citado por el 0,2%). En la última encuesta de IMOP para El Confidencial, publicada en junio de 2022, se recoge que crece el porcentaje de españoles que apoya sustituir la monarquía por una república, pero la idea mayoritaria es que no hay urgencia social en estos momentos. Ahora mismo habría un empate técnico (un 39,1% a favor de la república y un 38,9% al lado de la fórmula actual). El perfil que se hacía es que las cuotas más altas de preferencia por la república se da entre los menores de 45 años, los habitantes de Cataluña y del País Vasco y los votantes de Unidas Podemos y de partidos nacionalistas. Según la encuesta encargada en 2021 por la Plataforma de Medios Independientes, la república ganaría en una consulta (con un 39,4%) frente a la monarquía (un 31%). El barómetro de laSexta hecho público en octubre de 2021 reflejaba que más de la mitad de los españoles (un 50,5%) quiere un referéndum sobre este tema. De celebrarse, ganaría la república por un margen estrecho (45,8% frente a un 44,3%).

Esta es la situación demoscópica que se encuentra la princesa en este año clave. Pero, ¿qué piensa ella? ¿Conecta con su generación? ¿Qué le preocupa? Leonor de Borbón no ha dado ninguna entrevista, pero ha deslizado algunas ideas en los discursos que ha hecho en las entregas de los premios Princesa de Asturias y Princesa de Girona, con especial énfasis en los jóvenes.

“Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión”, fue el arranque del primer discurso que hizo en los Princesa de Asturias de 2019. En su intervención lanzó un principal mensaje de compromiso: “Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles”.

El de 2020 estuvo marcado por la crisis del coronavirus: “La pandemia que vivimos en España y en el resto del mundo ha alterado nuestra vida en muchos sentidos. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la covid 19 y para sus familias. Y también para quienes padecen ahora mismo la enfermedad”. Con un guiño para su generación también: “Tengo casi quince años. Sigo muy de cerca, como muchos niños y jóvenes de mi edad, lo que sucede en nuestro país. Y después de haber estado meses sin ir al colegio, la vuelta a clase nos demostró que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, siempre con la esperanza de que todo mejore”.

En 2021, a partir de la mención de los premiados en Oviedo, también quiso hacer una conexión generacional: “Conoceros, vuestras obras y vuestras vidas, es algo que me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y estudiar. Proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la certeza de que también tenemos mucho que aportar, que podemos ser importantes y mostrarnos responsables para tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, mejor para todos. Estudiar y observar vuestra obra, queridos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el mayor compromiso”.

Con una idea similar en 2022: “Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo, aprender de los que saben, de quienes hacen lo suyo de manera impecable, a menudo en silencio. Por eso, en días como hoy, escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien”.

El furor por La Roja tiene la misma intensidad que la polémica que rodea al Mundial de Catar. Una competición deportiva que arrancó el pasado domingo envuelta en la sombra de la corrupción, los muertos en la construcción de los estadios y por la falta de derechos humanos y de respeto a las mujeres y al colectivo LGTBi. Un espíritu diferente al que siempre se ha intentado evocar en las grandes competiciones universales. Dinero y discriminación.

En medio de boicots por parte de personalidades y de reclamaciones de organizaciones humanitarias, el rey Felipe VI acudió este miércoles al primer partido de la selección española, con el que inició su periplo frente a Costa Rica. Se sentó en el palco del estadio Al Thumama, en Doha, junto al presidente de la federación española, Luis Rubiales. Como amuleto: una corbata roja. Y de esta manera se convierte en la monarquía europea que ha ido más lejos hasta el momento, dejándose ver en la primera intervención de la selección nacional. No le acompañó, sin embargo, la reina Letizia, que protagonizó un acto en Barcelona sobre salud mental.

Otros cuatro países del continente con sistema similar están en la competición: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Ninguna de esas monarquías ha confirmado si irán representantes al Mundial -previsiblemente sí, si avanzan a la fase final- y no han comunicado su intención de hacerlo en esta primera fase.

Y es que Felipe acudió este miércoles a un partido de la fase de grupos. Nunca lo había hecho de una manera tan temprana desde que accedió al trono de la Zarzuela. El Mundial de 2014 en Brasil coincidió justo en el mes de la abdicación de Juan Carlos I y su proclamación, por lo que no se trasladó allí. Tuvo un gesto con la selección (eliminada en la primera fase) al colocar una réplica de la copa en su primer despacho con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

En 2018, el rey sí se trasladó hasta Rusia para animar al combinado nacional, pero lo hizo ya en los octavos de final (no en fase de grupos como ahora en Catar). Acudió a ver al equipo que dirigía Fernando Hierro, amigo suyo, en el estadio Luzhniki, en Moscú. ‘La Roja’ cayó ante los anfitriones y se quedó muy pronto sin aspirar a la gloria. Allí vio cómo perdía la selección acompañado en el palco por el entonces presidente del Gobierno de la Federación Rusa, Dimitri Medvédev, y los presidentes de la federación española, Luis Rubiales, y de la FIFA, Gianni Infantino.

Estos dos últimos están ahora en pleno centro del huracán de la polémica. El primero por el negocio de la Supercopa y su salario pagado por la federación. El segundo intentó defender la celebración del Mundial en Catar e incendió más los ánimos durante una rueda de prensa el pasado fin de semana en Doha. Dejó frases como: “Por lo que los europeos hicimos por el mundo en los últimos 3.000 años, deberíamos estar pidiendo perdón otros 3.000 años antes de empezar a dar lecciones morales a la gente”, “esta lección moral, unilateral, es sólo hipocresía” y “hoy tengo sentimientos muy intensos, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante”.

El rey se ha dado prisa para ir al Mundial. Pero su idea fue rechazada, en cambio, por otras personalidades y artistas célebres. Por ejemplo, la cantante Chanel, que ha sacado el tema Toke con motivo de este torneo, decidió no acudir por la situación de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBi. Tampoco irán artistas que habían sido invitadas como Shakira y Dua Lipa.

El monarca viajó a Catar con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez. El propio presidente lo apoyó este miércoles en una rueda de prensa tras la cumbre con Rumania en Castellón: "No hay mejor delegación que pueda representar a España en un evento deportivo o de cualquier otro símbolo y significado que nuestro jefe del Estado". Con este mensaje: “Está fuera de toda duda el compromiso del Gobierno con la defensa, promoción y reconocimiento de los derechos y libertades del colectivo LGTBi y de los derechos laborales de todos los trabajadores”.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, respaldó también a Felipe VI tras la celebración del Consejo de Ministros del martes. Para ella, es “correcta” su presencia porque coincide con el “sentir” de la ciudadanía. Con este argumento: "No son tantos los elementos que logran esa unanimidad de apoyo y unión de la población". Trasladó, además, el deseo del Ejecutivo de que los jugadores "tengan un buen campeonato y unos buenos resultados para poder celebrar una victoria". El Gobierno está representado en esta primera fase por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. Fuentes de La Moncloa apuntan a que Pedro Sánchez podría ir al Mundial si España llega a la final.

Zarzuela, a una hora de empezar el partido en Catar, anunció también que en el marco de este viaje -planteado para ir al Mundial- el rey tendrá “un encuentro con un grupo de empresarios españoles” que trabajan allí.

La idea de este viaje no es precisamente compartida por otro miembros de los partidos que conforman la coalición. La portavoz federal de IU, Sira Rego, criticó la presencia porque, en su opinión, demuestra que es “obvia” la conexión de la casa real con regímenes antidemocráticos en Oriente Medio. "Volvemos a constatar, sin ninguna sorpresa, donde se sitúa la monarquía española acudiendo a este evento", lamentó en una rueda de prensa.

En un estilo similar se pronunció Gerardo Pisarello, de los comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso. Para él, se trata de una “dictadura” que vulnera los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBi y que ha provocado la muerte de 6.000 trabajadores en las obras para acoger el campeonato, según las ONG. Por lo tanto, es “lamentable” la presencia del actual rey español. Diputados del PSOE mostraron en el Pleno del miércoles lazos y brazaletes con el arcoíris (algo prohibido por la FIFA en los partidos), con Patxi López a la cabeza, pero no lanzaron mensajes contra la presencia del rey.

Felipe VI fue invitado personalmente al Mundial por el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que visitó oficialmente el pasado mes de mayo España. Se lo trasladó precisamente durante una cena de gala ofrecida en el Palacio Real de Madrid en su honor y el monarca, a su vez, le regaló una camiseta de ‘La Roja’. El mandatario árabe es un gran forofo del balompié.

Durante aquellas horas en Madrid, el emir de Qatar hizo el anuncio de que su país invertirá en España en los próximos años 4.720 millones de euros. Proclamó entonces: "Todo ello es prueba de nuestra confianza en la fuerza de la economía española. Hoy mismo he dado instrucciones para incrementar las inversiones en 5.000 millones de dólares, que tendrán un valor añadido a nuestras exitosas inversiones ya existentes en España, teniendo en cuenta que Catar es considerado uno de los mayores inversores árabes en España". Se le dieron los más altos honores y se alojó en el Palacio de El Pardo, no se producía una visita oficial de un emir catarí desde 2011.

El emir fue recibido también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el palacio de La Moncloa durante esa visita. Según comunicó el Ejecutivo, los dos acordaron elevar “el nivel de las relaciones bilaterales a la categoría de asociación estratégica, profundizando los lazos económicos y políticos entre ambos países”.

La Moncloa informó de que se adoptó también una “histórica Declaración Conjunta, que crea un marco de diálogo político periódico y estructurado sobre la agenda común de los dos países en asuntos regionales y globales”. “Catar mantiene este tipo de diálogo estratégico con muy pocos países –EEUU, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Turquía y China–, lo que, unido al actual contexto geopolítico tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, redobla la trascendencia para España, atendiendo a criterios de seguridad energética. Catar es el segundo mayor productor mundial de gas natural”, destacó el Ejecutivo tras la reunión.

A la cena de gala ofrecida en el Palacio Real por las autoridades al emir de Catar, acudieron, entre otros, los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Reyes Maroto (Industria) y Miquel Iceta (Cultura) y el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

También fueron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra; el portavoz de Vox en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros; el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la exministra de Cultura Ángeles González Sinde. Del mundo empresarial, acudieron Ignacio Galán (Iberdrola), Rafael del Pino (Ferrovial), Ana Botín (Grupo Santander), Esther Alcocer Koplowitz (FCC), José Manuel Entrecanales (Acciona), Ricardo Domínguez (Navantia), Marc Murtra (Indra), Marta Álvarez (El Corte Inglés) y Antonio Llardén (Enagás), entre otros.

Según los datos del Ministerio español de Exteriores, en el ámbito de las relaciones comerciales bilaterales, “éstas son buenas, pero están por detrás de países de nuestro entorno UE”. El año pasado, Catar fue el proveedor 56 de España y el cliente número 68 para el país. “Podemos decir, sin embargo, que Catar es un socio estratégico español debido a los suministros de gas natural licuado a nuestro país. Dentro de la UE, según datos de Eurostat, en el año 2021 España fue el sexto proveedor de Catar tras Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica y su cuarto cliente tras Italia, Bélgica y Polonia”, apunta el Ejecutivo español.

En 2021 el comercio bilateral, recoge Exteriores, se recuperó parcialmente tras la caída en 2020 como consecuencia del covid, aunque sigue lejos de las cifras de 2019. El valor total del comercio entre España y Catar alcanzó en 2021 los 990 millones de euros, siendo las exportaciones españolas de 349 millones de euros (-4% respecto a 2020), mientras que la importación española creció hasta los 641 millones de euros (+70% respecto a 2020). El número de exportadores habituales a Catar alcanza las 926 empresas.

Exteriores detalla que la exportación española por sectores está muy diversificada. Los principales capítulos en 2021 fueron: máquinas y aparatos mecánicos (15%), prendas de vestir de punto, por la importante presencia de Inditex, Cortefiel y Mango (15%), muebles, sillas y lámparas (7%) y aparatos y material eléctricos (6%). Las importaciones procedentes de Catar están fuertemente concentradas en un 82% en el capítulo de combustibles (fundamentalmente GNL) siendo prácticamente el 18% restante derivados del petróleo, como manufacturas plásticas y productos químicos orgánicos e inorgánicos.

La familia real recibió 507.700 euros en sueldos en 2021, según el informe de ejecución del Presupuesto que ha hecho público este viernes Zarzuela. Esto supone ejecutar al cien por cien la partida salarial del rey Felipe VI, la reina Letizia y la reina emérita Sofía. Mientras que el conjunto del Presupuesto de la Casa del Rey, que ascendía a 8,43 millones el pasado ejercicio no se ha ejecutado en su totalidad, quedando un remanente de la familia real recibió 507.700 euros en sueldos en 2021 y la Casa del Rey no gastó 890.000 euros del Presupuesto, informa Europa Press.

Según estos datos, la partida de asignaciones de los miembros de la familia real asciende a 507.700, una partida que supone una disminución del 7,66% en relación al crédito definitivo del ejercicio 2020. Esto es así, según el informe de la Intervención, "debido a la decisión del rey de 15 de marzo de 2020 por la que el rey Juan Carlos I, deja de percibir, a partir de dicha fecha, la asignación fijada en los Presupuestos de la Casa".

Y se han mantenido en el mismo importe de 2020 las retribuciones del rey Felipe VI, que recibió el pasado ejercicio 253.843 euros; la de la reina Letizia, que ingresó 139.605 euros y la de la reina Sofía, cuyo retribución ascendió a 114.231 euros. Las citadas partidas se ha ejecutado en 100% "de modo análogo a ejercicios anteriores".

No obstante, la ejecución del Presupuesto de la Casa del Rey, que ascendía a 8.431.150 euros, no se ha ejecutado en su conjunto. El gasto ha sido del 89,45%, quedando por ejecutar el 10,55% restante, es decir, un presupuesto disponible de 889.317 euros.

Por partidas presupuestarias, la ejecución ha sido la siguiente. En el caso de los gastos de personal, previstos en 4.009.332 euros, lo ejecutado han sido finalmente de 3.861.989 euros, es decir, que el gasto fue del 96,33% sobre lo previsto. En este capítulo se incluyen las retribuciones que, por todos los conceptos, corresponden al personal de alta dirección, de dirección y el personal laboral de la Casa del Rey, y se incrementaron en un porcentaje equivalente al contemplado para el personal al servicio del sector público, es decir, el 0,9%.

Entre este personal está el jefe de la Casa Jaime Alfonsín, cuya retribución ascendió a 147.204 euros; el secretario general, Domingo Martínez Palomo, quien percibió 145.789 euros; el jefe del Cuarto Militar, Emilio Juan Gracia, que recibió 117.293 euros; la interventora, Beatriz Rodríguez Alcobendas, tuvo un salario de 108.133 euros; el consejero diplomático, Alfonso Sanz Portoles, 142.876 euros; el Jefe de gabinete, Emilio Tomé de la Vega, 111.950 euros y el Jefe de la Secretaría de la Reina, José Manuel Zulueta, con un salario de 11.395 euros, entre otros.

Adicionalmente incluye los complementos retributivos que pueden libremente asignarse a otro personal que presta servicios en la Casa, como funcionarios incluidos en la relación de puestos de trabajoapéndice a la del actual Ministerio de la Presidencia, personal que designen los Ministerios de Defensa e Interior para el cumplimiento de los cometidos de la Guardia Real y del Servicio de Seguridad respectivamente.

También afecta a los medios personales puestos a disposición de la Casa del Rey por Patrimonio Nacional, el Parque Móvil del Estado u otros organismos que, por razones de economía administrativa, puedan utilizarse. Al mismo tiempo, se incluyen en este epígrafe las cantidades destinadas por la Casa a la formación del personal, comedores y acción social.

En cuanto a los gastos corrientes en bienes y servicios, estos se presupuestaron en 2.791.529 euros, con un aumento del 5,68% respecto a 2020. Pero se ejecutaron 2.329.623 euros, es decir, se gastó el 83,45% de lo previsto, quedando un presupuesto disponible de 461.908 euros.

En este epígrafe se incluyen los recursos destinados a atender los gastos corrientes necesarios para el ejercicio de las actividades propias de la Jefatura del Estado que no originan un incremento del patrimonio de la Casa, tales como arrendamientos, reparaciones y mantenimientos, adquisición de materiales y suministros diversos, comunicaciones, los realizados con ocasión de la actividad protocolaria y representativa de la familia real, gastos de viajes con ocasión de asistencia a actos, etc.

La dotación del Fondo de Contingencia se estableció en 168.000 euros, como cantidad necesaria para hacer frente a necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el momento inicial que puedan presentarse a lo largo del año. Pero este ejercicio "no ha sido necesario aplicar ninguna cantidad con destino a la financiación de otras partidas presupuestarias", según reza en el informe de la Intervención.

En cuanto a la partida de Inversiones, esta se dotó con 954.588 euros (lo que supuso un 31,47% menos en relación a la de 2020) para hacer frente a gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital y de bienes de naturaleza inventariable. Finalmente, se ejecutó el 88,26% de la partida, quedando un remanente de 112.047 euros.

Tras realizar la correspondiente fiscalización de las diferentes partidas, el informe refleja que las retribuciones incluidas son conformes con la normativa vigente, se encuentran debidamente justificadas y cuantificadas y se han aplicado los pertinentes descuentos y retenciones.

En cuanto a la verificación realizada de la ejecución del resto de las partidas, tendentes a comprobar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos por la normativa aplicable, se ha podido comprobar la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto que se pretende contraer, así como la competencia del órgano al que se propone la autorización del gasto u obligación.

El informe de la Intervención señala que durante 2021 se continuó con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, agilidad, simplicidad y coordinación en la contratación. Y finalmente, tras las verificaciones realizadas, el informe se pronuncia "favorablemente" sobre el cumplimiento de la legalidad vigente y de los procedimientos aplicables en relación con la gestión de las actividades económicas, presupuestarias y contables llevadas a cabo por la Casa del Rey.