Los ministros de Cultura cambian, pero el conflicto con la baronesa Thyssen permanece. La decisión de Carmen Cervera de retirar del Museo Thyssen-Bornemisza el cuadro Mata Mua, de Paul Gauguin, y otros tres lienzos de Degas, Hopper y Monet, son el enésimo capítulo —y quizás el más violento— de un enfrentamiento que dura ya cerca de dos décadas. El asunto es aparentemente sencillo: la baronesa cedió en 2004 más de 400 obras de su colección personal al Estado de manera gratuita —aunque este se encarga desde entonces de su mantenimiento y de sus seguros—, y al menos desde 2011 la noble presiona al Gobierno para modificar los términos de este acuerdo y recibir un pago anual, además de otros beneficios. La salida de Mata Mua, verdadera joya de la colección de la baronesa, es hasta ahora la maniobra más audaz de Tita Cervera, otra marca en la extraña historia de un museo estatal que no logra apartarse de la sombra de la familia Thyssen. 

Hubo un claro movimiento comunicativo para desligar la pinacoteca de los coleccionistas: en 2017, por su 25º aniversario, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, añadió el apellido NacionalNacional al nombre del centro. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Esto le hermanaba con el Prado y el Reina Sofía, los otros dos grandes centros de arte dependientes de Cultura, y servía también para insistir en una idea: el museo y la colección privada de la baronesa no son sinónimos. De hecho, el Thyssen fue creado en 1993 con las 775 obras que el Gobierno socialista compró entonces al barón. Estas componen el grueso de la colección, con lienzos como Retrato de Giovanna degli Albizzi Tornabuoni, de Ghirlandaio, Habitación de hotel, de Edward Hopper, o Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar, de Salvador Dalí. Pertenecen al Estado y sobre ellas no hay ningún tipo de disputa. 

La discusión está en las 425 obras prestadas por la baronesa —sin contar las cuatro que acaban de ser retiradas—, que llegaron al museo una década después de su apertura y que ocupan desde entonces un espacio separado. Aunque la cesión realizada por la baronesa en 1999 es gratuita, el museo compró y rehabilitó dos anexos al Palacio de Villahermosa solo para esta nueva colección, se encarga puntualmente de su conservación y de los seguros necesarios, y el Estado protege las obras con una garantía. En otras palabras: con este acuerdo, Cultura no paga alquiler alguno a Carmen Cervera, pero esta tampoco se hace cargo de los costes que conllevaría mantener por su cuenta una colección de este tipo, mientras esta se revaloriza. En una carta sobre la salida de Mata Mua publicada en El País, José Guirao, exministro de Cultura, aseguraba que los costes de mantenimiento de las obras de Cervera estaban cifrados en "más de un millón de euros anuales", y recordaba que la baronesa tiene la ventaja de que "sus obras en vez de estar guardadas se exhibían en un museo que las prestigiaba".

A lo largo de los años, las condiciones de préstamo han variado. Las 655 obras cedidas en un primer momento —de las que se exponen unas 250— han menguado sustancialmente, ya que la sección española de la colección ha ido, en su mayor parte, al Museo Carmen Thyssen Málaga y al Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols. Además, los préstamos a instituciones internacionales, por los que la baronesa ingresa un tanto, se han multiplicado. La amenaza de sacar grandes lienzos de la colección, argumentando problemas de efectivo, ha marcado las negociaciones de los últimos años: la baronesa puede vender libremente sus obras sin permiso del Gobierno, aunque el acuerdo establece que mientras este dure solo puede deshacerse de obras por valor de un 10% del total de la colección. Primero fue la subasta de La esclusa, de Constable, por 28 millones de euros en 2012. Luego, los movimientos en 2017 para vender Caballos de carreras en un paisaje, un pastel de Degas que finalmente no abandonó el museo. Lo ha hecho ahora: desde el 1 de febrero, el Gobierno no otorga ya su garantía para esta pintura, ni para El puente de Charing Cross, de Monet, ni para El 'Martha Mckeen' de Wellfleet, de Hopper. El motivo: los había entregado a cambio de que Mata Mua se quedara. 

Así lo detallaba Guirao en su carta hecha pública el lunes. Según su relato, bajo su batuta el Ministerio había logrado cerrar un acuerdo con Carmen Cervera el pasado diciembre: durante 15 años, el Gobierno pagaría un alquiler anual de unos 7 millones de euros a la baronesa; transcurrido ese tiempo, el Estado tendría derecho de tanteo para la compra definitiva de la colección, a cuyo precio final habría que restarle el total del alquiler pagado, más de 100 millones de euros. Es el tipo de trato que llevaba años persiguiendo Cervera y que, de hecho, estuvo a punto de alcanzar con Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, con la salida de Guirao de Cultura y su sustitución por José Manuel Rodríguez Uribes, los planes se torcieron: "Una semana después de mi salida del ministerio los abogados de la señora Cervera piden el permiso de exportación definitiva para Mata Mua rompiendo de facto el acuerdo al que habíamos llegado", cuenta el exministro. Rodríguez Uribes declaró, en su comparecencia ante el Senado del pasado jueves, que desconocía los acuerdos a los que su predecesor había llegado con Tita Cervera y sus abogados —entre los que se encuentran los exministros del PP Ángel Acebes y José María Michavila—.

Este hubiera sido, de hecho, un acuerdo similar al que firmó su marido con Jorge Semprún primero (el alquiler) y Jordi Solé Tura después (la compra). En 1993, el Congreso aprobó la adquisición de las 775 obras por 44.100 millones de pesetas (unos 265 millones de euros). Entonces, la oposición denunció la opacidad de las negociaciones, la dureza de algunas cláusulas —que Tita Cervera sea vicepresidenta vitalicia de la fundación y que la familia pueda nombrar a cuatro de los doce miembros del patronato, entre otras— o que el Estado desembolsara cientos de millones que iban a ir a parar a paraísos fiscales. Hay ciertos paralelismos: las sociedades que gestionan hoy la colección de la baronesa, Coraldale, Omicron Collections y Nautilus Trustees, están en Panamá y las Islas Caimán. Ni el acuerdo suscrito con el barón ni el suscrito con la baronesa se han hecho públicos en ningún momento, y el museo se sigue negándose a facilitarlos por tratarse de contratos privados. De igual modo, el acuerdo al que llegó Guirao con la baronesa, y que finalmente se rompió, no se hizo público en ningún momento. 

Aquel permiso de exportación del que hablaba Guirao no siguió adelante, según él, ya que para sacar de manera definitiva la obra de España la baronesa habría tenido que pagar una tasa que Guirao cifra en 74 millones de euros, y que en cualquier caso debería ser del 30% de su valor declarado. Asegura Guirao que la propietaria del cuadro volvió a solicitar un permiso de exportación el 25 de marzo. El Ministerio de Cultura no ha aclarado por ahora si este nuevo permiso es definitivo, temporal con posibilidad de venta o solo temporal, pero hay que inferir que se trata de alguna de estas dos últimas modalidades: la baronesa asegura que está negociando con un museo europeo para exponer en él Mata Mua durante medio año. En caso de subastarlo, la tasa a pagar al Estado sería del 30% del precio real de venta, una cantidad seguramente más asequible y que Tita Cervera no tendría problemas de cash para pagar. Cediendo los cuatro lienzos a otros museos, la propietaria se ahorraría, además, los gastos de conservación y los seguros que normalmente abonaba el museo estatal. El Thyssen asegura que ni los gastos de desplazamiento de los lienzos retirados ni los seguros para su salida han corrido por cuenta del centro.

"Que vuelvan a España, aunque alguno se venderá, depende de la negociación con el Ministerio de Cultura", ha asegurado la baronesa. En su carta, José Guirao ya advierte de que "este movimiento de su salida lo ha hecho para conseguir mejores condiciones que las acordadas a finales de diciembre". Sin embargo, Rodríguez Uribes declaró el lunes que pretende alcanzar con la baronesa un acuerdo "razonable en tiempos de crisis" —es decir, a la baja—, que incluya Mata Mua: "No estamos en la situación previa del año pasado, sino en una situación económica más difícil y compleja". Esta mano quizás vaya ganándola Carmen Cervera. Habrá que ver la siguiente.  

"La SGAE, el INAEM, la reventa: los tres desafíos que el Gobierno tiene pendientes". Así titulaba este periódico su resumen sobre la política cultural de 2018, y algo similar podría decirse de 2019. El anuncio de elecciones generales en febrero, los propios comicios en abril, la imposibilidad de investir un nuevo Gobierno y las segundas elecciones han tenido al Ministerio de Cultura paralizado. Su titular, José Guirao, no ha querido o no ha podido avanzar en algunos de los desafíos que él mismo señaló el pasado año: la tutela de la sociedad de intérpretes, la reforma del órgano público encargado de la música y las artes escénicas o un plan estatal para frenar la reventa de entradas. También quedaron pendientes otros asuntos: el IVA reducido para libros digitales y periódicos online, una Ley de Mecenazgo apenas esbozada o continuar con la implantación del Estatuto del Artista.

En 2019, el mundo de la cultura estuvo a la espera. Y 2018 fue agitado, con tres ministros en el espacio de meses —el conservador Íñigo Méndez de Vigo, Màxim huerta, que duró días en el cargo, y Guirao— y el estallido de la crisis de la SGAE, a la espera aún de un final definitivo. Pero quienes esperaban menos ruido y más nueces a principios de año, siguen esperando ahora. Estos han sido los asuntos que han ocupado al sector cultural, a nivel estatal, durante este año lento. 

  SGAE, la pesadilla del Ministerio

Cuando Guirao llegó a la oficina, le pasaron la patata caliente: Méndez de Vigo había vivido los primeros momentos del escándalo de la rueda, a Huerta le dio tiempo a enviar un requerimiento a la entidad, y Guirao ha sido quien se ha ocupado, con más o menos éxito, del drama de la entidad. En este tiempo, la SGAE ha elegido a dos directores: el gaitero José Ángel Hevia, cesado a finales de febrero, y Pilar Jurado, su sucesora. Pero si el requerimiento enviado por Màxim Huerta exigía la modificación de los estatutos, el reparto y el voto electrónico, la entidad de gestión de derechos solo ha resuelto esto último. Por el camino, el Ministerio inició los trámites para la intervención de la entidad, rechazada por la Audiencia Nacional; la Confederación Internacional de Autores sancionó a la entidad con un año de expulsión, y un buen número de creadores célebres pidieron su salida de la organización. 

Y el asunto está estancado. Después de meses de tensiones, En febrero el Ministerio puso las cartas sobre la mesa y pidió a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE para "regularizar el funcionamiento institucional de la entidad" y "clarificar su gestión"; esto hubiera supuesto la sustitución de sus órganos por una comisión nombrada por Cultura. Hubo que esperar hasta junio, cuando el tribunal desestimó la petición "al resultar inadecuado el procedimiento" por no considerarse competente, una decisión que el Ministerio recurrió y que aún no se ha resuelto. Paralelamente, seguía en marcha el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE, iniciado con los apercibimientos enviados anteriormente por el Gobierno. La vía judicial, por ahora, sigue en suspenso. 

Pero la vida interna de la entidad no ha sido precisamente plácida, y no solo por los cambios en la dirección. Pilar Jurado y su equipo promovieron una reforma de los Estatutos, una de las exigencias de Cultura, pero en la asamblea de junio, los votos a favor de los socios (62,78%) no alcanzaron los dos tercios necesarios (66,7%) para su aprobación. La siguiente Asamblea General debía celebrarse en octubre, pero la Junta Directiva decidió posponerla hasta enero de 2020. ¿El motivo? Para esa fecha, ya se habría formalizado la salida de los cientos de socios disconformes que anunciaron el abandono de la entidad, entre los que se encontraban Julio Iglesias, Joaquín Sabina o Fito Páez. A ellos se sumaron después buena parte de los miembros del audiovisual, como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen o J. A. Bayona, que se pasarán a DAMA, otra entidad de gestión de derechos dedicada solo a cine y televisión, gran competidora de la SGAE en esta materia. 

No se acaba ahí la lista de males que aquejan a la SGAE. La batalla interna por los beneficios de la rueda, que beneficiaba a las televisiones y algunos músicos, sigue en pie: el Tribunal Supremo anuló el mes pasado el reparto de junio de 2014, que iba a favor de las multinacionales y en contra del entramado televisivo, una decisión que pone en jaque todos los repartos realizados desde entonces. Mientras los sectores más poderosos de la Sociedad de Autores se enfrentan entre sí, la Confederación Internacional de Autores y Compositores (CISAC) sancionó a la entidad en mayo con su expulsión durante un año. La CISAC consideraba "movito de gran preocupación" la "falta de progreso" de la organización española con respecto a recomendaciones señaladas por el organismo internacional, que pedía —como el Ministerio— "desarrollos técnicos" y "cambios reglamentarios". 

INAEM: reformas detenidas y nombramientos polémicos

El Gobierno socialista pareció ganarse a los empleados del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) cuando paralizó la subrogación del Teatro de la Zarzuela (estatal) al Teatro Real (gestionado por una fundación del sector público). Entonces se fue un paso más allá, y se planteó crear una mesa de trabajo entre sindicatos, las direcciones de los distintos centros y el Ministerio para emprender una renovación que adaptara la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades" para "otenciar su labor de difusión nacional e internacional". El horizonte estaba claro: una ley propia, como tienen el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. En diciembre de 2018, Cultura aseguraba que en enero de 2019 comenzaría a trabajar sobre el texto.

Desde entonces, poco más. Pero la semana pasada, convenientemente, cuando se negocia un posible Gobierno socialista y, con ello, la continuación de José Guirao, el Ministerio hacía un anuncio durante el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, órgano de asesoramiento del INAEM integrado por 95 representantes del sector. "Se está ultimando el borrador para la futura Ley del nuevo INAEM", aseguraba José Guirao, ministro en funciones desde septiembre, "que, en los próximos meses, una vez se active el nuevo Gobierno, podrá presentarse en el Consejo de Ministros para su aprobación y posterior tramitación en el Parlamento". 

Pero ese no ha sido el único motivo por el que la gestión socialista del INAEM ha estado en el punto de mira. En febrero, el Ministerio ponía en marcha los concursos públicos para renovar la dirección de cinco de sus centros y unidades de producción: el Ballet Nacional de España (BNE), la Compañía Nacional de Danza (CND), la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), el Centro Dramático Nacional (CDN) y la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Primer problema: los interesados tenían 14 días naturales, 10 hábiles, para presentar una "propuesta estratégica y de gestión", plazo que varias asociaciones profesionales consideraron insuficiente. La misma convocatoria, ocho años antes, había dado más de dos meses para el mismo procedimiento. 

Y el sector no se calmó con los nombramientos. La primera crítica fue la falta de mujeres entre los seleccionados: Alfredo Sanzol dirigiría el Centro Dramático Nacional, Lluís Homar gestionaría la CNTC (por Helena Pimenta, la única mujer al frente de una unidad de este tamaño hasta ese momento), Rubén Olmo sería el responsable del Ballet Nacional de España, Joaquín de Luz estaría a la cabeza de la Compañía Nacional de Danza y Félix Palomero sería el director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Es decir, no solo no mejoraba la presencia de mujeres al frente de estos centros, sino que se daba un paso atrás. Una docena de organizaciones feministas protestaron frente a unas designaciones que "han recaído en varones visibilizando una indiferencia muy grande a la presencia femenina en los altos puestos de dirección". 

Pero las críticas recaían especialmente, y por motivos distintos, en el actor y director de escena Lluís Homar. ¿La razón? En su presentación como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, decía: "La mía es una experiencia que no está nada vinculada al teatro clásico español, nunca he interpretado una obra del Siglo de Oro". No habría habido problema alguno, de no ser porque las bases de la convocatoria recogían como requisito acreditar experiencia "artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro". El sindicato UGT pidió entonces que se hiciera público el proyecto enviado por Homar, la composición del jurado y las actas de deliberación, pero el equipo de Guirao contestó que esos procesos son confidenciales. 

Políticas en pause

Quizás una de las pocas medallas sin —casi— reveses que se ha podido colgar la actual dirección de Cultura han sido los Premios Nacionales de los últimos años. Aunque no dependen del Ministerio, sino de jurados de profesionales, estos galardones son concedidos por el Gobierno, y funcionan por tanto habitualmente como una forma de propaganda. Los de 2018 reconocían por primera vez en la historia a más mujeres que a hombres, con ganadoras como Francisca Aguirre (Premio Nacional de las Letras), Almudena Grandes (Premio Nacional de Narrativa) o Esther García (Premio Nacional de Cinematografía). Los galardones se abrían también a creadoras jóvenes, como Ana Penyas (Cómic) en 2018, o Cristina Morales (Narrativa), en 2019, aunque esta última fuera criticada por el mismo Gobierno por sus declaraciones sobre Cataluña. Estos reconocimientos se extendían también a otras lenguas del Estado, con el Nacional de las Letras al escritor vasco Bernardo Atxaga o el Cervantes —también otorgado por Cultura— al catalán Joan Margarit.  

Otros aspectos, sin embargo, no han avanzado en absoluto. Los primeros Presupuestos del Gobierno socialista proponían un aumento del 9,7% en la partida dedicada a Cultura, pero —es conocido— las cuentas no salieron adelante. Por eso tampoco fue posible reducir al 4% el IVA de libros electrónicos y publicaciones digitales, algo que el Ejecutivo anunció ya en enero. También se ha quedado por el camino una normativa estatal para controlar la reventa de entradas. Fue en octubre de 2018 cuando Cultura presentó un informe que planteaba diferentes vías para evitar el fraude, que iban desde la implantación de requisitos específicos para las empresas de ticketing hasta la prohibición de todo el mercado secundario. Guirao no quiso entonces poner fecha a la implantación de la normativa, ya que hasta ahora el control de este sector está en manos de las Comunidades Autónomas. Y con razón: más de un año más tarde, no hay ningún avance a este respecto. 

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, se ha referido este sábado al "veto" hacia el abogado defensor de los cinco condenados de La Manada, Agustín Martínez, en un curso sobre "sexualidad" organizado por la Universidad de Cádiz (UCA), a quien ha calificado de "liante" y le ha recomendado un "cambio de medicación o que se dedique a la ficción televisiva". Así se ha pronunciado Guirao según informa Europa Press tras la visita que ha realizado, junto con el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, a las exposiciones Historia viva de la vocación marítima al territorio del conocimiento y Universidad con vistas en el Rectorado gaditano.

En declaraciones a periodistas, el ministro en funciones ha asegurado que "no tenía ni idea de quién va a un curso u otro", al mismo tiempo que ha señalado que él viene a "clausurar y nada más". Igualmente, Guirao se ha mostrado crítico con este episodio dado que el letrado habría "metido a Moncloa y a la seguridad". "No se puede mezclar Ministerio con una película que es claramente un delirio" ha incidido el ministro mientras ha recordado que las universidades son "autónomas e invitan a quién quiera y el Ministerio nada tiene que hacer o decir".

A este respecto se ha referido al rector de la UCA, Francisco Piniella, quién ha subrayado que "nadie me ha llamado, mucho menos de la Moncloa, para decirme nada". Piniella ha explicado que estos cursos de verano "fueron aprobados por el equipo de Gobierno anterior" y en la memoria el abogado "no aparece ni como ponente ni en las mesas redondas". "Si no da conferencias es porque está previsto así", ha añadido el rector.

No obstante, el máximo dirigente de la UCA ha resaltado que "otra cosa es que un ponente, por su cuenta y riesgo, quisiera traer a Martínez Becerra". En cualquier caso, ha afirmado Piniella, "no hay que darle más publicidad a este señor, que es lo que quiere".

Para zanjar el tema, Francisco Piniella ha detallado que "los ponentes del curso se quedan en un hotel y él estaba en otro, lo que demuestra que no tenía nada que ver con la organización".

El abogado defensor de los cinco condenados de La Manada, Agustín Martínez, ha lamentado que le hayan "vetado" una intervención que iba realizar este sábado en un curso sobre "sexualidad" organizado por la Universidad de Cádiz (UCA) en el que se iba a referir a la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 15 años de prisión a sus representados por un delito de agresión sexual ocurrido en los Sanfermines de 2016.

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha explicado que uno de los organizadores del curso le ha notificado en la mañana de este viernes que no iba a participar en ese curso, titulado "Hablemos sobre el sexo y la sexualidad: el hombre y la mujer como seres sexuados", en base a unos motivos que se han plasmado en un correo electrónico que ha sido remitido entre los organizadores.

En ese correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, un catedrático de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia que organiza este curso expone que el Gabinete del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien acudirá como ponente de otro curso, ha reiterado que "no se puede asegurar la seguridad, incluso de los propios alumnos" por lo que reafirma "la prohibición por motivos de seguridad de cualquier tipo de intervención del letrado". No obstante, "dice que organizaremos algo 'ad hoc' con la seguridad 'asegurada' y con su intervención".

Ante esta situación, Martínez ha indicado que le produce "una profunda desazón y un sentimiento de desasosiego pensar que la universidad, como centro del saber, se convierta en un lugar donde pueda existir vetos ideológicos". "Más sectarismo no cabe", ha puntualizado.

Por su parte, fuentes de la UCA han apuntado a Europa Press que no han podido vetar a un ponente "que no aparece" en la programación de un seminario que, como todos los de los cursos de verano, son aprobados por el Consejo de Gobierno.

De ese modo, se han referido a la programación del curso en el que no aparece el nombre del letrado y sí el de otros participantes como Francisco Javier Gala, Mercedes Lupiani, José Manuel Jareño y Julia Cano, tal y como indica la página web del curso.

El Ministerio de Cultura ha recurrido este viernes el auto en el que la Audiencia Nacional le negaba, el pasado martes, la intervención temporal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según un comunicado hecho público por el propio Ministerio. El tribunal argumentaba que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugería que este recurriera a un tribunal ordinario. La sala concluía que no cabía sino denegar la petición de Cultura, realizada el pasado febrero, "al resultar inadecuado el procedimiento". El área dirigida por el ministro José Guirao ha recurrido esta decisión, que no era firme. 

Cultura había solicitado en febrero la autorización para una "intervención temporal" de la entidad, de seis meses, que incluiría la "remoción de los órganos de gobierno". El plan de Guirao era nombrar un gestor interino "constituido bajo la forma de una comisión", según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Esta comisión "asumiría las funciones legales y estatutarias" de los órganos de gobierno de la entidad anulados judicialmente, y estaría integrada por un subsecretario de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un "juez de lo mercantil especialista en derechos de autor" que "está de excedencia en un bufete de abogados privado", en calidad de experto.

El comunicado enviado por el Ministerio defiende que el auto "no aceptó a trámite la solicitud efectuada por el Ministerio por motivos estrictamente formales de jurisdicción competente, sin entrar a valorar el fondo". de esta forma, el Gobierno insiste en que "el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE", iniciado en septiembre de 2018 con un primer apercibimiento, no se ve afectado por la decisión de la Audiencia, y este sigue "abierto y plenamente vigente". Cultura insiste en que la entidad de gestión de derechos de autor no ha cumplido aún las peticiones del Gobierno: el comunicado señala que no se han modificado los Estatutos, como se pidió, no se ha resuelto el litigio en torno al reparto de ingresos de 2018, y no se han celebrado unas elecciones a la Junta directiva "respetando todos los derechos de los miembros de la entidad (incluyendo el derecho al voto electrónico anticipado)".

Por su parte, la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, se mostró satisfecha el martes por la resolución de la Audiencia Nacional. La soprano, elegida a finales de febrero, reiteró su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad hecho público entonces. La sociedad ha modificado su reglamento en los últimos meses para admitir el voto electrónico también en las elecciones de su Junta Directiva, unas de las solicitudes del Ministerio. En su comunicado, Cultura no menciona este hecho, y solo hace referencia a que la actual Junta no fue elegida de esta forma.

Por otra parte, los socios de la entidad votan el próximo lunes 24 de junio, en Asamblea, unos nuevos Estatutos que incorporarían las indicaciones del Gobierno. Las preasambleas regionales celebradas entre el 11 y el 18 de junio han votado mayoritariamente a favor del nuevo reglamento, lo que prefigura una victoria para Jurado. Según la información otorgada por la SGAE, de los 3.683 votos emitidos, 3.192 han aceptado los nuevos Estatutos, lo que supone un 86,7% del total. Esta cifra alcanza la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la modificación. La entidad asegura en un comunicado que la nueva normativa "cuenta con el respaldo de los vicepresidentes de los cuatro colegios que integran la Junta Directiva, Pequeño Derecho, Gran Derecho, Obras Audiovisuales y Editores Musicales". 

Tras eso, la SGAE tendría que resolver el litigio en torno al último reparto de 2018: el Ministerio exige que se haga conforme a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que establece un tope del 20% del total para los derechos obtenidos por la emisión de música en televisión —una forma de combatir la trama de la rueda—, algo que comparten parte de los socios, mientras que la entidad defiende que esa normativa no debería regir ese último reparto. 

Los problemas de la entidad han traspasado también las fronteras: el pasado 30 de mayo, la Confederación Internacional Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) votó a favor de la exclusión durante un año de la entidad española, aseguraba en un comunicado que las denuncias interpuestas contra la SGAE eran "motivo de gran preocupación" y hablaba de "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa". En el comunicado, la CISAC exhortaba a la sociedad de autores a realizar los "cambios reglamentarios necesarios" e implantar "importantes desarrollos técnicos", con "la esperanza de poder readmitir a la SGAE como miembro lo antes posible".

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición del Ministerio de Cultura para realizar una intervención temporal cautelar de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Así, el auto, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, considera que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugiere que este recurra a un tribunal ordinario. La sala concluye que no cabe sino denegar, "al resultar inadecuado el procedimiento", la autorización de remoción de los órganos de representación de la SGAE y su intervención temporal interesada por el Abogado del Estado. 

La Audiencia Nacional señala que no ha lugar "a conceder en este trámite la autorización de remoción de los órganos de representación y la intervención temporal de la SGAE solicitada por el Abogado del Estado". La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha expresado su satisfacción por la resolución de la Audiencia Nacional, que llega cuatro meses después de la petición de intervención del Ministerio, a la vez que ha reiterado su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad.

El Ministerio ha señalado en un comunicado que, en el Auto de la Sala, "esta no se considera competente para dirimir sobre esta materia y no entra a evaluar la cuestión de fondo sobre la pertinencia o no de la intervención". "Los problemas que tenía la SGAE sin solventar los sigue teniendo", ha dicho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao en una atención a medios en Lisboa. "El Auto rechaza autorizar la intervención del Ministerio por una cuestión formal, no de fondo", ha insistido Guirao. A finales del pasado mayo, la Confederación Internacional de Autores decidió expulsar durante un año a la SGAE por el "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa"

El Ministerio de Cultura y Deporte envió el pasado mes de febrero a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal —por un plazo inicial de seis meses— la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre la que incluía el nombramiento de un gestor interino para la entidad. La SGAE señala que la petición se realizó en el marco de un procedimiento judicial en curso, en el que la entidad de gestión había a su vez presentado un recurso contencioso-administrativo contra un apercibimiento del propio Ministerio. "Es evidente entonces que la remoción de órganos de representación y la intervención temporal de la entidad gestora son en todo caso, y por expresa previsión legal, actos posteriores al apercibimiento", señala el auto de la Sala que se declara no competente para resolver sobre la intervención solicitada.

"La vía que se nos presenta es acudir a otra vía judicial o retirar la autorización como entidad de gestión a la SGAE. Es algo que nunca hemos querido hacer", ha señalado el Ministro, "y hemos optado por una vía moderada que pasara primero por los requerimientos y, cuando la SGAE no ha respondido adecuadamente a los mismos, hemos acudido a la vía judicial". En su comunicado, el Ministerio de Cultura ha insistido en que "la SGAE es una entidad privada" y en que este departamento "desearía que se dieran las circunstancias para no necesitar acudir a otras instancias judiciales para solicitar que se autorice la intervención de ésta".

A unas semanas de las elecciones generales, el Gobierno de Pedro Sánchez se podía apuntar un tanto: haber mantenido la paz con la inmensa mayoría de la industria cultural. El ministro José Guirao, con una larga experiencia en gestión —tanto en el Ministerio como en La Casa Encendida—, no generaba la sospecha de sus homólogos conservadores y, además, se ha apuntado algunos tantos: la anulación de la cesión del Teatro de la Zarzuela al Teatro Real, la puesta en marcha de la intervención de la SGAE, un presupuesto en Cultura más generoso que los anteriores —con la inclusión de la rebaja del IVA al 4% para el libro electrónico y las publicaciones digitales—, aunque finalmente no saliera adelante, además de los avances en la ley estatal contra la reventa y en la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que han quedado paralizados.

Pero ha sido justamente el INAEM el que ha acabado dándole dolores de cabeza a Guirao. La renovación de las direcciones de cinco de sus centros, cuyos responsables llegaban ya al final de su contrato, ha suscitado cierto malestar en los sectores de las artes escénicas y de la música. Primero fue el breve plazo que se daba a los interesados en presentarse a estos concursos públicos, que debían preparar y enviar sus proyectos en 10 días hábiles. Luego, el nombramiento de Lluís Homar como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico aunque él mismo confesara que su experiencia "no está nada vinculada al tetatro clásico español", un hecho que según los sindicatos podría incumplir las bases del concurso. La última polémica ha sido que ninguno de los cinco nuevos responsables de estas unidades de producción públicas es una mujer, una decisión criticada por numerosas asociaciones de creadoras. 

Ninguna creadora al frente

El viernes, la directora del INAEM, Amaya de Miguel, hacía público el último nombramiento de la tanda: el director teatral y dramaturgo Alfredo Sanzol dirigirá el Centro Dramático Nacional durante los cinco próximos años, con posibilidad de renovar otros tres. Se sumaba así a Lluís Homar, nuevo director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico; el bailarín Rubén Olmo, nuevo responsable del Ballet Nacional de España; el bailarín Joaquín de Luz, a la cabeza de la Compañía Nacional de Danza; y Félix Palomero, nuevo director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). A esta tanda de renovaciones realizadas por concurso público, hay que sumar al menos la de David Afkham como director titular y director artístico de esta última institución, y el nombramiento de Francisco Lorenzo Fraile de Manterola al frente del Centro Nacional de Difusión Musical el pasado julio. Las asociaciones feministas añaden también la renovación en el Festival de Almagro, del que el Ministerio es patrono, que tiene al frente ahora a Ignacio García, aunque ese anuncio se produjo en octubre de 2017. 

En una carta abierta a Amaya de Miguel, una docena de organizaciones feministas subrayan que todos estos nombramientos "han recaído en varones visibilizando una indiferencia muy grande a la presencia femenina en los altos puestos de dirección ejecutiva de las compañías mencionadas para los próximos años". "Creemos que se trata de una decisión que, potencialmente, instaura durante la próxima década una situación no paritaria en las posiciones de liderazgo de las unidades de producción del INAEM, con unas consecuencias difíciles de prever en cuanto al avance de la igualdad en la cultura", advierten las firmantes, entre las que se encuentra la asociación Clásicas y Modernas, la Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro, Mujeres en las Artes Visuales y la Asociación de Mujeres en el Cine y Medios Audiovisuales (CIMA). Tampoco se partía de una situación especialmente propicia para las creadoras: hasta ahora solo había dos mujeres al frente de grandes unidades o eventos públicos estatales: Helena Pimenta en la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) y Natalia Menéndez en Almagro. 

¿Dónde están las mujeres?

En la rueda de prensa ofrecida el viernes, Amaya de Miguel restaba responsabilidad al INAEM en lo sucedido. En opinión de la directora del organismo, estos eran "procesos de selección abiertos a la ciudadanía", por lo que el Ministerio no tenía capacidad de acción sobre su resultado. De los 69 proyectos que optaban a los cinco concursos, 54 fueron presentados por hombres y 15 por mujeres, datos que explicaban para De Miguel la falta de paridad en los nombramientos. "Yo soy la primera preocupada y sorprendida [por la falta de mujeres en la dirección] y estoy dispuesta con ellas [las asociaciones feministas] a hacer una reflexión. Pienso que deberíamos animar a estas asociaciones a que empujen a sus creadoras a presentarse a estos proyectos", respondía.

La primera criba la realiza, efectivamente, el consejo artístico de cada área, formados por representantes de asociaciones profesionales y vocales del propio Ministerio: el de la Música y el de la Danza son paritarios, aunque en el del teatro hay el doble de hombres que de mujeres. Pero el INAEM elige dentro de esa terna, y aunque en los procesos del Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Orquesta y Coro nacionales de España, ninguna mujer alcanzó la criba final, sí había una mujer entre las cuatro candidaturas dela Compañía Nacional de Danza y dos mujeres en las cuatro del Centro Dramático Nacional. El equipo de De Miguel no las seleccionó. Por eso a Anna Caballé, presidenta de Clásicas y Modernas, no acaban de satisfacerle las explicaciones del Gobierno: "Hemos acordado con el Ministerio estudiar el proceso paso a paso y detectar dónde se ha producido ese desplome de mujeres, para que no vuelva a suceder. ¿El problema es que no estamos capacitadas para llevar la dirección de un centro de estas características? ¿Eso es lo que nos quieren decir? Lo dudo, habrá otros problemas, y tenemos que solucionarlos". 

Caballé señala que, "cuando está en vigor una Ley de Igualdad", la administración "debe tener una actitud proactiva": "Igual que si una editorial organiza un premio literario y ve que no tiene manuscritos suficientes, mueve sus contactos para lograr tener más, aquí debería hacerse algo similar". De la misma opinión es Javier Figueroa, secretario general de UGT en el Ministerio de Cultura: "Hay creadoras a las que si el INAEM hubiera querido, las hubiera invitado a participar, como han hecho con hombres. Es una falta de voluntad política". En la mañana del viernes, Amaya de Miguel negaba que el organismo acostumbrara a invitar a nadie a participar en los concursos. "Eso es mentira, mentira total", contesta el sindicalista, asegurando que a José Carlos Martínez, antiguo director de la Compañía Nacional de Danza, se le propuso presentarse al concurso público para sustituir a Nacho Duato.  

Lluís Homar y el teatro clásico

"La mía es una experiencia que no está nada vinculada al teatro clásico español, nunca he interpretado una obra del Siglo de Oro". Eso decía el director y actor Lluís Homar en su presentación como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde sustituye a Helena Pimenta, que a su llegada a este centro tenía a sus espaldas montajes como La dama boba, de Lope de Vega, La entretenida, de Miguel de Cervantes, o La noche de San Juan, de Lope de Vega. Esto podría haber quedado en un mero ataque de sinceridad si no fuera porque las bases de la convocatoria recogían como requisito acreditar experiencia "artística y/o de gestión en instituciones públicas o privadas dentro del ámbito del teatro clásico, en especial del Siglo de Oro". 

El sindicato UGT denunció, de hecho, que se incumplían las bases de la convocatoria, recogiendo, decían, "el malestar que existe en el mundo cultural que ha generado esta decisión unilateral y que vulnera la propia convocatoria del proceso selectivo y los principios del Código de Buenas Prácticas del INAEM". "Ha sido una metedura de pata increíble", subraya de nuevo Figueroa, que considera que el Ministerio debe "dar la cara": "Si esto es un chiringuito, que no lo escondan tras la apariencia de un concurso público con todas las de la ley, porque lo que hacen es engañar a la gente". El viernes los periodistas inquirían de nuevo a Amaya de Miguel sobre este nombramiento. ¿Cómo acreditó Homar su experiencia en el teatro clásico? "En su proyecto", se limitaba a decir la directora. 

El sindicato ha pedido a la dirección del INAEM que haga público el proyecto enviado por Homar, la composición del jurado —señala que algunos miembros del Consejo Artístico del Teatro podrían no haber estado presentes— y las actas de deliberación. El equipo de De Miguel se escuda en que estos procesos son confidenciales y que se comprometen a no dar el nombre de los candidatos que no resultan ganadores. "Los candidatos a nosotros nos dan igual", contesta Figueroa, "lo que queremos saber es qué discusiones llevan a tomar esa decisión". En este sentido, Clásicas y Modernas ha pedido también poder analizar toda la documentación de los distintos procesos de selección, a partir de la cual elaborarán un informe que quieren hacer público. 

Por ahora, el INAEM solo se ha comprometido a publicar "las líneas maestras" de cada proyecto, a partir de septiembre. No se darán a conocer los documentos completos que les valieron a los ganadores la designación, sino un resumen que no tiene por qué corresponderse con los dosieres originales. "Esto ya está hecho, mala suerte", se lamenta Anna Caballé. En la misma línea habla Figueroa, que descarta tomar ninguna acción legal contra la administración, porque "esto ya no se va a arreglar". Salvo sobresaltos, la dirección de estos centros de producción, acertada o no, está comprometida para los próximos cinco u ocho años. Quizás tampoco se pueda remediar el regusto amargo con el que, a semanas de las elecciones, el Gobierno socialista deja a parte del sector cultural. 

La soprano Pilar Jurado, presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores desde el pasado 27 de febrero, ha querido subrayar su primera comparecencia ante los medios de comunicación su distancia con respecto a la gestión de José Ángel Hevia, su predecesor. "Las cosas están cambiando en esta casa", insistía en una rueda de prensa celebrada el viernes por la mañana en la sede de la entidad. Jurado asegura que las exigencias que el Ministerio de Cultura detalló en su apercibimiento del pasado septiembre están "cumplidas o en proceso de cumplimiento". La soprano se muestra "optimista" con respecto a la posibilidad de detener la intervención del Gobierno, cuyo proceso se inició el 18 de febrero con la solicitud a la Audiencia Nacional, que aún no ha sido resuelta. Sin embargo, la presidenta se enfrenta ya a dos polémicas: la destitución del secretario general y el director general, y los costes en dietas de las varias reuniones celebradas en las últimas semanas. 

Las exigencias del Ministerio eran tres: la adaptación de los Estatutos a la normativa europea, la modificación del sistema de reparto y la implantación del voto electrónico en las elecciones a la Junta Directiva. Este último se aprobó la pasada semana y estará vigente en las próximas elecciones, según la entidad. Con respecto a los otros dos aspectos, las posibles modificaciones están todavía en marcha: la nueva presidencia ha convocado un grupo de trabajo para modificar los Estatutos —que no lograron ser aprobados en Asamblea el pasado diciembre— y otro para resolver el reparto de diciembre de 2018. Esta distribución de los ingresos por derechos de autor está en disputa: aunque el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual obliga a limitar al 20% el total de lo ingresado por la música emitida en televisión de madrugada, algunos sectores de la entidad —los más beneficiados por este negocio, como las televisiones y parte de los autores— se oponen a que esta normativa se aplique a ese reparto, que fue rechazado por la Asamblea después de haberse efectuado. Jurado ha asegurado en la rueda de prensa que estos pasos evidencian una "actitud colaboradora" para "corregir los errores" y "disipar las dudas" sobre la entidad. 

Otra cosa es que el Ministerio de Cultura lo entienda así. José Guirao, el todavía titular de la cartera, se mostró muy duro con la anterior presidencia de la entidad durante todo el proceso previo a la solicitud de intervención. Pilar Jurado asegura que se reunió con representantes del Ministerio unos días después de llegar al cargo: "Me dijeron que serían muy felices de que cambiaran las cosas y que una intervención para el Ministerio sería un fracaso". Sin embargo, en esa reunión a la que asistió el jefe de Gabinete del ministro y el subdirector general de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós, no estaba presente el propio Guirao. Según ha contado la presidenta de la SGAE, sí se comunicaron por teléfono esa misma tarde: "La conversación fue en la misma línea". Si la Audiencia Nacional da permiso al Gobierno —este o el que nazca de las elecciones del 28A— para intervenir, el Ministerio suprimiría los órganos de gobierno de la entidad, esto es, la Junta Directiva y la presidencia, y establecería temporalmente en su lugar una comisión. Cultura podría también, sin embargo, retirar la solicitud de intervención o no ponerla en práctica.  

A preguntas de la prensa, Jurado ha abordado la destitución de Carlos López, antiguo secretario general de la entidad. El pasado viernes, con 30 votos a favor y 5 en contra, la Junta Directiva acordó lo que no había acordado con José Ángel Hevia, que había propuesto anteriormente este mismo despido, sin éxito. La propia Jurado se opuso entonces a la destitución que ahora ha promovido. "Para mí ha sido muy triste a nivel personal", aseguraba, "porque eran personas en las que yo confiaba, consideraba que eran íntegras y que habían hecho su trabajo, y precisamente por eso le apoyé de una forma muy explícita en la anterior moción de confianza". Jurado dice ahora ser consciente de la "falta de colaboración y de los problemas que eso generaba, y de la falta de transparencia en determinadas acciones". Ha llegado a aludir a la existencia de "informes" que dan la razón a esa desconfianza, pero no ha aclarado a qué textos se refiere o sobre qué asuntos versan. Fuentes favorables al ex secretario general aseguran que se le destituye por ser defensor de la comisión deontológica que debe evaluar a 14 miembros de la Junta Directiva. La presidenta de la SGAE lo niega: "He sido yo misma quien la ha impulsado". 

Precisamente el nombramiento del nuevo director general, Miguel Ángel Recio, ha suscitado críticas dentro de la entidad. El periódico El Independiente publica este viernes que la entidad blindará durante cuatro años al nuevo directivo, nombrado por unanimidad también el pasado viernes, de forma que si le despide durante los dos primeros años se le tendrá que compensar con 360.000 euros. La presidenta asegura que el contrato está todavía en proceso de negociación, que se realiza entre Recursos Humanos y el interesado, que sus detalles aún no están claros y que se discutirá en un Consejo de Dirección el próximo día 28. Recio es amigo personal de la soprano, y fue primero director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y luego director General de Bellas Artes, ambos cargos durante el Gobierno del PP, con José María Lassalle como secretario de Estado. 

Otra de las críticas a su gestión es la celebración de numerosas juntas directivas y reuniones, que habrían costado en dietas, alojamiento y manutención más de 200.000 euros, de nuevo según El Independiente. La presidenta de la SGAE ha defendido que estos encuentros eran necesarios para asegurar "la legalidad" de las decisiones adoptadas y para cumplir con "la celeridad" exigida desde el Ministerio de Cultura. "No es una época normal, es una época de urgencia", ha argumentado, asegurando que tras la resolución de los conflictos más apremiantes se espaciarán las otras juntas "para que se adecúen al presupuesto que tenemos previsto". Jurado ha cerrado su intervención contradiciendo a quienes veían en la intervención el primer paso para la disolución de la SGAE: "No nos hemos muerto. Estamos vivos y estoy convencida de que lo seguiremos estando". 

El PSOE está barajando llevar como cabeza de lista por León a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, por Ávila y a la de Industria, Reyes Maroto, por Valladolid, según fuentes socialistas. Informa Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha ofrecido a todos los ministros la posibilidad de concurrir a estos comicios en las listas socialistas. Algunos ya han respondido sobre cuáles son sus preferencias y el partido está viendo cómo encajar a cada uno en los lugares donde mejor puede movilizar el voto para el PSOE.

Solo alguno de ellos, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha mostrado reticencias a concurrir en una lista electoral. "Al presidente le he dicho que estoy totalmente a disposición, y comprometida con él y con España, y habrá que ver dónde puedo aportar mayor valor añadido; no estoy segura de que yendo en una lista sea donde yo puedo hacer una contribución más grande", ha recalcado esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser.

No obstante, la dirección del partido ya está encajando a los titulares de los Ministerios en las distintas candidaturas. Así, está valorando llevar a la vicepresidenta, Carmen Calvo, como número dos de la lista por Madrid, que en otras ocasiones concurrió al Congreso por la provincia de Córdoba. Este movimiento, supondría desplazar de la lista madrileña a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que fue uno de los fichajes estrella de Pedro Sánchez para las últimas elecciones generales de 2016.

Las fuentes consultadas por Europa Press explican se está barajando que Robles encabece la candidatura por la provincia de León, donde nació y cursó sus estudios primarios, aunque después se trasladó a Barcelona con su familia y en la capital catalana fue donde estudió derecho e ingresó en la judicatura.

La titular de Industria, Reyes Maroto, podría concurrir a las generales como número uno de la lista por Valladolid, de donde es originaria ya que nació en Medina del Campo y cursó sus estudios universitarios en la capital castellana. La número uno por Valladolid en las últimas generales fue Soraya Rodríguez, crítica con Pedro Sánchez y hace unos días anunció su retirada.

También se baraja que el titular de Interior encabece la candidatura del PSOE por la provincia de Ávila. Fernando Grande Marlaska es natural de Bilbao y ejerció su carrera en Cantabria, Vizcaya y desde 2003, en Madrid, incorporándose a la Audiencia Nacional en 2004, para sustituir a Baltasar Garzón. Ha sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia y vocal del CGPJ.

En Ferraz también se da por hecho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabezará la lista por la provincia de Sevilla. De hecho, el pasado martes, la propia Montero se ofreció a ello durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

También está decidido que la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, vaya de número uno por la provincia de Álava y la titular de la cartera de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, ya ha empezado a recoger los avales para encabezar la candidatura del PSC por Barcelona.

Se da por hecho que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, diputado en el Congreso desde abril de 2009, vuelva a encabezar la lista por la provincia de Valencia. En el caso de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aún no está cerrado que encabece la lista por Guadalajara, circunscripción que lideró en las elecciones de diciembre de 2011, aunque se baraja como lo más probable.

Las fuentes consultadas no aclaran si el ministro de Cultura, José Guirao, será el número uno por Almería, algo que se había barajado, ya que es natural del pueblo almeriense de Pulpí, donde fue concejal del año 1983 hasta 1987.

En cuanto al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el PSOE ya ha anunciado que será el número uno de la lista para las elecciones europeas que se celebrarán el 26 de mayo, junto con las autonómicas y municipales.

Después de semanas de espera, el Ministerio de Cultura hacía público este lunes que ha pedido a la Audiencia Nacional permiso para intervenir la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), suprimiendo los órganos de gobierno de la entidad y poniendo al frente de la misma una comisión. El ministro José Guirao lo advertía a finales de enero, cuando confirmó la voluntad del Gobierno de tomar el control de la sociedad de gestión de derechos de autor: "Tenemos todos los días peticiones públicas y privadas de que intervengamos la SGAE, pero el Ministerio solo puede actuar en lo que tenga competencia. En lo que no, tendrán que ponerse de acuerdo los autores". Aunque buena parte de los socios de la entidad —y no solo los socios— han aplaudido la medida de Cultura, algunos de ellos apuntan a lo que ya adelantaba el ministro: esto solo soluciona parte de los enredos de una entidad a la que no le faltan problemas. ¿Hasta dónde alcanzaría la intervención, cuando se produzca? ¿Cómo afectará a los autores? ¿Qué otros asuntos quedarán sin resolver?

El Ministerio ha explicado, desde que envió el requerimiento a la SGAE, a finales de septiembre, que la intervención se reduciría a los tres puntos que aquel documento pedía cambiar en la entidad: la modificación de los Estatutos para que se adaptaran a la nueva Ley de Propiedad Intelectual; que se instaurara el voto electrónico también para la votación de la Junta directiva; y que el reparto de las cantidades recaudadas por derechos de autor se adaptara a la nueva ley, que establece un tope máximo para los derechos obtenidos a través de la música de madrugada, en referencia no tan velada al caso rueda. Pero ahí terminará, en principio, la labor de la comisión, que estará formada por un representante de Cultura, otro de Hacienda y un experto en propiedad intelectual. 

¿Una SGAE mejor o una nueva entidad?

"Era algo que estábamos esperando como agua de mayo", dice el músico Patacho Recio, portavoz de Coalición Autoral. Esta asociación, que representa según sus datos a unos 400 socios de la SGAE, ha sido una de las voces más críticas tanto con la actual directiva como con la anterior de José Miguel Fernández Sastrón, y también uno de los actores más insistentes a favor de la intervención. Esperan que la respuesta de la Audiencia Nacional no se alargue —tardó cuatro meses en rechazar el recurso de la SGAE contra el requerimiento de Cultura— y desean que el proceso siga adelante incluso si hay un cambio de Gobierno tras las elecciones del 28 de abril. Pero pese a haber solicitado reiteradamente la intervención, y pese a verlo como algo positivo, no lo consideran suficiente. 

Coalición Autoral señala que hay "deudas acumuladas con Hacienda", "multas pendientes", "sentencias contrarias" y "un riesgo financiero de más de 100 millones de euros". "¿Qué vías hay?", valora Patacho Recio, "Una nueva entidad, que sería lo más barato, lo más económico y lo más limpio". La directiva europea ha facilitado la entrada en el mercado de "operadores de gestión independientes", empresas con ánimo de lucro —entidades como la SGAE no lo tienen— que pueden gestionar también parte de los derechos de autor. De la misma forma que grandes discográficas como Warner, Sony, Universal o BMG han amenazado con retirar todo o parte de su repertorio de la SGAE, algunos autores han asegurado que harán lo propio si la situación no se arregla. Coalición Autoral no descarta hacerlo, pese a haber logrado la intervención: "Seguimos pensando en la gestión colectiva de los derechos de autor y vamos a luchar por ella, dentro o fuera de la SGAE". 

Hay voces críticas también con la posición de estos socios. David García Aristegui, socio de la SGAE, portavoz de la Sección de Músicos de CNT Madrid y autor de libros como SGAE: el monopolio en decadencia (junto a Ainara LeGardon, editado por Consonni), vincula a Coalición Autoral con las majorsmajors, "ya sea porque tienen contrato con ellas o porque les interesa". Como estas grandes discográficas fueron expulsadas de la Junta directiva, explica Aristegui, quisieron forzar la intervención echando abajo los Estatutos. Porque la presidencia del músico José Ángel Hevia trató de aprobar —in extremis, eso sí, ya que lo hizo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del requerimiento dado por Cultura— una normativa que se ajustara a la ley europea y española, y no obtuvo los dos tercios de los votos de la Asamblea necesarios para sacarlos adelante. "Por un lado dicen no a la aprobación de los Estatutos, pero luego piden que se intervenga la SGAE porque esos Estatutos no se han aprobado", critica Aristegui. "Eso es jugar con dos barajas y es muy feo". Este es solo un ejemplo de los enfrentamientos en el seno de la entidad entre autores, multinacionales y televisiones. 

¿Cómo afecta a los autores?

¿Cómo puede afectar la intervención de la SGAE a los autores? "Nadie lo sabe", admite la música Ainara LeGardon, "una intervención de este tipo es la primera vez en la historia que sucede". Pero es de la opinión mayoritaria de que será bueno para una entidad con numerosos escándalos a sus espaldas: "Si sirve para limpiar la entidad de prácticas irregulares, dotarla de mayor transparencia, para que se sanee, nos va a afectar al colectivo de los autores de manera muy positiva".

Sucede que incluso medidas como la paralización de los adelantos ordenada por Cultura, que en principio afecta negativamente a los 250 autores que han visto detenidos los pagos, ha sido bien considerada por la mayoría de los socios. El Ministerio se reservaba, con ese movimiento previo a la intervención, el derecho de dar el visto bueno a unos préstamos que la SGAE concede mensualmente a quienes lo solicitan, a cuenta de futuros derechos de autor. Buena parte de los socios vieron en este movimiento una acción contundente de Cultura, pues temían que los anticipos fueran una manera de sacar dinero de la entidad por parte de quienes temían salir perdiendo con un nuevo sistema de reparto. "Mucha gente habla de la red clientelar que construyó Teddy Bautista a fuerza de otorgar adelantos por encima del tope establecido", opina Aristegui. 

Otro aspecto que la mayor parte de los autores ve como positivo es la modificación del sistema de reparto. Con la intervención, el Ministerio quiere imponer en el reparto de 2018 el tope a lo recaudado por la música emitida durante la madrugada, que se implantará oficialmente por ley previsiblemente este jueves, cuando el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que lo incluye, llegue al Senado. Este fijará que lo máximo que puede recaudar un autor por la emisión de obras en canales con una "ausencia de audiencia significativa"es el 20% del total de lo ingresado. La medida ataca directamente al funcionamiento de la rueda, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en los programas nocturnos. Estos autores habrían cedido previamente los derechos de sus obras a empresas editoriales propiedad de las televisiones, por las que estas reingresaban, como en una rueda, parte de lo abonado. Cuanto menos recaude la rueda, más se repartirán los demás autores. 

¿Qué quedará por hacer?

El otro punto de la intervención del Gobierno es la implantación del voto electrónico para la elección de la Junta directiva, porque este método por ahora solo puede usarse en las asambleas. De hecho, si el Ministerio considera que la SGAE tendría que haberlo implantado cuando se lo requirió, en septiembre, esto podría invalidar las elecciones de octubre en las que ganaron los partidarios de Hevia. Aunque tanto Aristegui como LeGardon celebran la medida, también la consideran insuficiente: la entidad tendría que implantar el sistema de un socio, un voto. Porque esto no se cumple en la sociedad de gestión, donde los socios que más recaudan tienen más papeletas electorales, y algunos socios no tienen derecho a voto en absoluto porque no alcanzan un ingreso mínimo. Entidades como DAMA, que gestiona los derechos de los autores de medios audiovisuales —a donde han huido algunos exmiembros de la SGAE—, sí otorgan el mismo voto a todos sus asociados.

Hay otro aspecto que escapa a la intervención del Ministerio, que es la introducción del cobro por uso efectivo. La SGAE no recauda en base a la música que ha utilizado una cadena de televisión, una radio o un bar, sino por la música que puede usar.puede Es una especie de tarifa plana. Así, no identifica las canciones antes de cobrar por ellas, sino después, y reparte todos los ingresos mediante un complejo sistema que usa sondeos como referencia. Esto no solo hace que los autores no sepan bien por qué cobran lo que cobran, sino que genera cada año un voluminoso "pendiente" de cobro. Lo recaudado por obras que la SGAE no ha podido identificar, ya sea porque el socio no las ha declarado, porque lo ha hecho con errores o incluso porque la SGAE ha hecho caja por obras que no gestiona, se queda almacenado. Cuando el plazo para reclamarlo expira, el pendiente se reparte entre los socios aunque no les corresponda. Entidades como DAMA o Ekki, sociedad de gestión de derechos vasca, cobran solo por uso efectivo y no generan ese pendiente de cobro. 

La lista de reivindicaciones de los críticos con la entidad continúa: que se utilice tecnología que permita al socio saber cuánto genera y por qué en cada momento; que la SGAE no gestione todo el catálogo de un autor, sino que este pueda elegir dejar fuera ciertas piezas; que las asambleas sean abiertas...En palabras de Aristegui, "estas son cosas que ya se están haciendo en otras entidades, que no son ciencia ficción". Por ahora, en la SGAE, lo son. 

El Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La intervención se realizaría por un plazo inicial de seis meses, según el comunicado hecho público el lunes por la mañana por el Ministerio de Cultura, que ha solicitado también la medida cautelar de "remoción de los órganos de gobierno" de la entidad, es decir, de la Junta Directiva presidida por José Ángel Hevia. Con este procedimiento, iniciado el pasado viernes, el Ministerio emprende la intervención de la SGAE, anunciada desde el pasado 24 de enero, cuatro meses después del apercibimiento enviado a la entidad a finales de septiembre. 

Así, si el juez lo autorizara, el ministro de Cultura, José Guirao, nombraría a un gestor interino "constituido bajo la forma de una comisión", según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Según ha aclarado el ministro, la comisión "asumiría las funciones legales y estatutarias" de los órganos de gobierno de la entidad anulados judicialmente, y estaría integrada por un subsecretario de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un "juez de lo mercantil especialista en derechos de autor" que "está de excedencia en un bufete de abogados privado", en calidad de experto. El objetivo de esta comisión, según recoge la legislación, sería "regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente". El Ministerio ha defendido desde el primer anuncio de una posible intervención que esta se limitaría a modificar Estatutos y el reparto de 2018 conforme a la ley, además de implantar el voto electrónico. 

En un comunicado hecho público a las 13.40 del lunes, varias horas después de que el Ministerio anunciara la intervención, la SGAE ha señalado "el riesgo de paralizar y debilitar una entidad que se enfrenta a grandes retos, a nivel nacional e internacional". La sociedad de gestión de derechos de autor ha reivindicado su "plena disposición a colaborar con las autoridades judiciales", y ha esgrimido como señal de buena fe las alegaciones al requerimiento del Ministerio que envió el pasado 8 de febrero, más de un mes después de que se cumpliera el plazo dado en un inicio. La SGAE respondía entonces a Cultura solicitando "el archivo del expediente de apercibimiento" y asegurando tener la "firme voluntad" de adaptarse a lo solicitado por Cultura.

"Nosotros en principio no tenemos notificación oficial de que se vaya a producir una intervención judicial, ni tenemos otra notificación por parte del Ministerio", dice José Ángel Hevia a este periódico en la tarde del lunes. El presidente de la SGAE no confirma que se vaya a recurrir o no la solicitud de Cultura al juez: "Para saberlo, tendríamos que saber qué recurrimos". La entidad defiende que no tiene potestad para cambiar los Estatutos, ya que estos fueron tumbados en la última Asamblea; que no puede cambiar el criterio de repartos ya realizados, como pide Cultura, porque estos se encuentran recurridos en los tribunales; y que el voto electrónico puede instaurarse para el futuro pero no en las elecciones ya realizadas. Sobre la modificación de la normativa de la entidad, de hecho, Hevia llega a pedir "la ayuda del Ministerio" para "imponer" unos nuevos Estatutos por vía directa", pero sin llegar a la intervención. 

"Está anunciado desde hace meses"

En su apercibimiento de septiembre, el Ministerio pedía a la entidad de gestión de derechos lo autor que actuara en tres puntos: la modificación de los Estatutos para adaptarse a la normativa europea, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico en las elecciones. El plazo de tres meses otorgado en esa primera comunicación cumplió a finales de diciembre, sin que Cultura considere que se haya atendido a esta petición todavía, por lo que en su solicitud a la Audiencia Nacional se señala que "concurren razones de urgencia" para la intervención. Que se haga efectiva la intervención está en manos del juez: "Depende de la Audiencia Nacional", decía el ministro en una comparecencia pública pasadas las 14.00 del lunes, "y no hay plazo previsto". 

José Guirao ha sido duro con la directiva de la SGAE. Si esta criticaba haberse enterado de la intervención por la prensa, el ministro socialista respondía: "Está anunciado desde hace meses que se iba a intervenir, y ha llegado el día. Yo le he escrito a la Audiencia Nacional, no a Hevia, así que se ha enterado quien se tenía que enterar". Sobre la "plena disposición a colaborar" esgrimida por la entidad, Guirao ha animado a la Junta Directiva a que cumpla su compromiso y se ponga "al día antes de que el juez hable", pero se ha mostrado escéptico: "Cuando nosotros hemos ido a la Audiencia Nacional es porque desde la SGAE no han solucionado lo que hemos querido que solucionen. Si en la SGAE dicen que lo van a solucionar de aquí a mañana, pues estupendo". 

Es el mismo tono tajante usado anteriormente por Cultura. "Se les ha dado tiempo, margen y no ha habido forma de arreglarlo de manera pacífica y por lo que hemos optado es por hacer lo que dice la ley", decía el ministro en la Cadena SER por la mañana. Y la respuesta del 8 de febrero, en la que la SGAE aseguraba que modificaría por sí misma —con salvedades— los tres puntos indicados por Cultura, no mejoró la situación. Aunque el Ministerio no quiso entonces responder formalmente a la propuesta, el ambiente era de cierto escepticismo ante la maniobra de la entidad. El 24 de enero Guirao ya descartaba una solución "acordada": "Yo recibí a la nueva directiva al día siguiente de tomar posesión y no tuve claro que quisieran arreglar los problemas de fondo. Lo digo claramente", lanzaba el ministro. 

El entendimiento entre ambas entidades no ha sido precisamente fluido. La SGAE recurrió ante los tribunales el apercibimiento, algo que no fue bien recibido en el Ministerio. Recientemente, Cultura paralizó el reparto de anticipos sobre la recaudación a socios de la SGAE, pidiendo aprobar previamente la concesión de 2,5 millones de euros en préstamos, algo que la entidad suele realizar mensualmente de manera autónoma. Durante estos meses, las fuentes de la SGAE consultadas por este periódico han considerado excesivas las medidas tomadas por Cultura, a quien no consideran imparcial. Por su parte, las fuentes del Ministerio han mostrado ciertas reticencias ante la respuesta de la entidad, criticando que se mostrara ante los medios más dispuesta a la colaboración de lo que parecía por canales oficiales. 

Estatutos, reparto y voto electrónico

Si el juez lo concede, el Ministerio —ya sea este o el del próximo Gobierno— modificará los Estatutos de la entidad para adaptarlos a la normativa europea y al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Fue un proceso que ya iniciado por la presidencia de Hevia: la nueva normativa de la entidad tenía que ser aprobada por la Asamblea del 27 de diciembre —justo cuando se cumplía el plazo de tres meses brindado por el apercibimiento—, pero los socios que votaron a favor de la misma no alcanzaron los dos tercios necesarios. La dirección de la SGAE proponía hace diez días y propone aún "aplicar directamente la Directiva Europea y la LPI, sin la intermediación de los Estatutos" para ajustarse a lo solicitado por Guirao. Para ello, la SGAE pide "ayuda" al Ministerio para "imponer desde la legalidad la adecuación de los Estatutos", para lo que entiende que no sería necesaria la intervención. Cultura no ha considerado esta posibilidad. 

El Ministerio también pedía que el criterio de los repartos de 2018 incluyera las precisiones del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que fue propuesto en abril, debatido por el Congreso en noviembre y que pasará por el Senado el jueves —los dos repartos de derechos anuales se realizan en junio y diciembre—. En las modificaciones aprobadas por el Congreso se recogía un nuevo tope a lo recaudado por la emisión de las obras durante la madrugada televisiva, u otros canales con una "ausencia de audiencia significativa", que se establecía en un máximo del 20% del total recaudado por el autor. Esta acción atacaba directamente al funcionamiento de la ruedalarueda, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en los programas nocturnos. Estos autores habrían cedido previamente los derechos de sus obras a empresas editoriales propiedad de las televisiones, por las que estas reingresaban, como en una rueda, parte de lo abonado.

El reparto de diciembre fue efectuado con arreglo a la normativa válida hasta ahora, que no pone un tope a lo recaudado en franjas de poca audiencia, pero no fue refrendado por la Asamblea: votó en contra más de la mitad de los socios. Además, una demanda interpuesta por las editoriales de Mediaset y Atresmedia había tumbado a finales de diciembre ese mismo reparto, y la SGAE decidió recurrir esta decisión judicial, aún en el aire. "Hay varias sentencias judiciales que orientan los repartos en una dirección o en otra", se defiende José Ángel Hevia, "y hasta que estas sentencias no se hagan firmes ni la Asamblea de la SGAE ni la SGAE ni el propio Ministerio pueden estar por encima de ellas". La SGAE considera que la entidad, por sí sola, no puede atender a esta petición del Ministerio. 

Por último, Cultura implantaría también el voto electrónico en las elecciones de la entidad. Según el texto enviado este lunes, el Ministerio había pedido a la SGAE que "se constituyera una junta directiva de la entidad de gestión, a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros (...), incluido el derecho de los miembros a comunicarse por vía electrónica con la entidad, el cual incluye el ejercicio del derecho del voto por dicha vía". Las elecciones en las que Hevia resultó ganador no introdujeron el voto electrónico, por lo que la entidad no habría cumplido tampoco este punto. En la oferta de entendimiento realizada hace 10 días por la entidad, esta proponía "realizar los desarrollos reglamentarios que permitan que en el futuro" se utilice el voto electrónico, pero defendía a la Junta Directiva "elegida legítimamente", ya que durante esos comicios aún no se había implantado el voto digital. 

El Ministerio de Cultura y Deporte seguirá adelante con la solicitud de intervención al juez de la SGAE a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, pero se quedan en el aire otras iniciativas como la Ley de Mecenazgo o la reforma del INAEM, informa Europa Press.

A lo largo de la legislatura de Sánchez ha habido un desencuentro con la SGAE que ha desembocado en la decisión de Cultura de solicitar a un juez la intervención parcial de la entidad, si bien estaba prevista a más tardar para finales de semana y aún no se ha producido. No obstante, fuentes del Ministerio han confirmado que seguirán adelante con este proceso. "El ministerio ha tenido mucha paciencia y al final las leyes hay que cumplirlas", señalaba Guirao en un desayuno informativo de Europa Press, tras recordar que la solicitud de intervención iba a girar en torno ha lo reclamado en sucesivos requerimientos: modificación de los estatutos "de acuerdo con la ley", nuevos criterios de repartos de derechos y la habilitación del voto electrónico en elecciones.

Tras su llegada al Ministerio de Cultura y Deporte, José Guirao anuló el decreto que acordaba la fusión del Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela, aprobado el mes de abril por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Además, en este tiempo, Guirao ha puesto en marcha la transformación del INAEM con el inicio de los trabajos para la elaboración de una ley propia y tenía prevista la creación de un Centro Nacional de Difusión de la Danza, según el modelo del Centro Nacional de Difusión Musical creado en 2011.

En el aire queda también la reforma para la "adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo", una medida anunciada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El primer paso dado por el Ejecutivo para esta medida fue el encargo a la RAE a mediados de 2018 para elaborar un informe al respecto, si bien la institución –que ya tiene el documento terminado– no lo ha debatido en su pleno. Una vez fuese aprobado por la RAE, el informe se enviaría al Gobierno y tomaría una decisión, aunque Calvo ya avanzó que el Ejecutivo seguiría con el proceso "haya o no asesoramiento" de la institución académica.

En cuanto a los papeles del Archivo de Salamanca, se estaba a la espera de una comisión mixta para abordar los temas pendientes de un asunto en el que, tal y como reconocían fuentes del Ministerio, existen "discrepancias de fondo". Por ejemplo, con la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que pedía "exigir a la Generalitat" la devolución de 400.000 documentos enviados "ilegalmente" a Cataluña. Cultura, que aseguraba que "carece de sentido" establecer un número de documentos que deben retornar al archivo, insistió desde el principio que únicamente había problemas de "carácter técnico" y esperaba llegar a acuerdos a través de la comisión de valoración técnica creada para ello –sin tener "previsto" nuevas leyes que pudiesen promover otras salidas más allá de las que contempla la normativa vigente de 2005–.

Asuntos que pasarán al próximo Gobierno

El nuevo Gobierno deberá afrontar el problema generado por la reventa de entradas, y del que ya hay un informe aprobado en octubre sobre una futura regulación entre Cultura y las comunidades autónomas. Pese a que este documento podría terminar en una normativa estatal, faltaban por conocer los plazos y las decisiones que tomarían las Comunidades Autónomas. Entre las propuestas destacaba la posibilidad de prohibir la reventa "habitual" de entradas, es decir, las de carácter lucrativo.

Tras la devolución del Pleno del Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, otro de los objetivos del nuevo Gobierno será el de dotar una partida específica para permitir el inicio de las obras del Salón de Reinos proyectadas por el Museo del Prado para este año. Con el proyecto de Presupuestos para 2019, el Prado contaba con casi diez millones de euros más para esta iniciativa, para la que Guirao considera se podrá empezar en 2019 aún sin esa partida.

En materia fiscal, la caída del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales para 2019 también dejó sin efecto la reducción del IVA del libro electrónico del 21 al 4 por ciento. Asimismo, el ministro anunció hace unos días en los Desayunos Informativos de Europa Press su intención de "sacar adelante" o presentar una nueva Ley de Mecenazgo. Sin embargo, fuentes de Cultura han señalado que las reformas planteadas hasta el momento sobre este asunto se paralizan.

Otras medidas que quedan en el aire 

Además, Guirao confirmó la intención de su departamento de distribuir "la masa" económica de retribuciones de los Premios Nacionales para evitar "cuantías desiguales", no solo entre los "premios clásicos", varios de ellos con hasta 30.000 euros de dotación, sino entre otros que no tienen dotación. En cuanto a la conmemoración del V centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, Guirao señaló que pese a que los Presupuestos Generales del Estado no contemplan ninguna partida para rendir homenaje al conquistador, la intención del Gobierno era sacar fondos para llevar a cabo algo "digno en poco tiempo".

Durante esta legislatura, el Congreso ha aprobado un decreto ley del Gobierno con medidas de "urgencia" sobre la creación artística y cinematográfica que ahora queda pendiente de tramitación como ley. Entre otras asuntos, la norma contempla la compatibilización de la pensión de jubilación de los creadores con el cobro de derechos de autor por su obra o su actividad artística así como la cotización de los artistas en periodos inactivos. Otra de las cuestiones que quedaron pendientes tras el fin de la legislatura de Rajoy y que aún no se ha abordado es la renovación del préstamo de las obras de la colección de Carmen Thyssen. Cultura y la baronesa prorrogaron las negociaciones hasta el próximo mes de marzo, lo que se sumó a las que ya venían acordándose en todo el año 2017 y parte del 2018.

Al borde de la intervención, la Sociedad General de Autores y Editores ha respondido al requerimiento del Ministerio de Cultura. Cinco meses después de que el área de José Guirao reclamara a la entidad de derechos de autor que modificara tres puntos clave de su funcionamiento, amenazando con intervenir la entidad si no se hacía, la dirección de José Ángel Hevia hace propósito de enmienda. En un comunicado hecho público este viernes, la SGAE anuncia que ha enviado "esta semana" unas alegaciones al Ministerio en las que se compromete a modificar esos tres aspectos de su funcionamiento: la adecuación de los Estatutos a la normativa española y europea, la implantación del voto electrónico y la modificación del sistema de reparto.

Lo hace cuando está a punto de cumplirse el plazo avanzado por Guirao para la intervención: según una reciente comparecencia del ministro, el proceso judicial se iniciaría esta semana o la siguiente. Lo hace, también, al día siguiente de que el Ministerio paralizara los pagos de adelantos a sus socios que la entidad tenía previsto hacer. "En virtud de ese triple compromiso", la SGAE solicita "el archivo del expediente de apercibimiento iniciado el pasado 27 de septiembre de 2018". La entidad se compromete también a retirar el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto contra el apercibimiento, algo que no fue bien visto en su día por el equipo de Guirao. Cultura ha declinado pronunciarse sobre la propuesta de la SGAE, pero el clima en el Ministerio es de escepticismo ante este movimiento in extremis.  

La SGAE asegura en el comunicado enviado a la prensa que muestra "la firme voluntad" de adaptarse a lo solicitado por Cultura. El Ministerio había reclamado el ajuste de los Estatutos a la normativa europea y la Ley de Propiedad Intelectual, pero la Asamblea de la entidad —convocada para el 27 de diciembre, justo cuando se agotaba el plazo de tres meses brindado por el Gobierno— tumbó la modificación. Ahora la dirección de Hevia propone "aplicar directamente la Directiva Europea y la LPI, sin la intermediación de los Estatutos". No dice el documento cómo se hará esto sin modificar la normativa de la entidad, o por qué no se ha hecho antes, pero anuncia que "presentará un informe sobre el método y plazos" para esta "aplicación directa". La SGAE manifiesta también su intención de volver a plantear en "un tiempo prudencial" una nueva reforma de los Estatutos. 

Con respecto al voto electrónico que el Ministerio pedía implantar, la SGAE asegura este viernes que "procederá a realizar los desarrollos reglamentarios que permitan que en el futuro los procedimientos electorales contemplen dicha modalidad de sufragio". La dirección aprovecha, sin embargo, para defender a la actual Junta Directiva "elegida legítimamente" siguiendo la normativa anterior, y por lo tanto sin que se hubiera implantado el voto electrónico: "desde un punto de vista jurídico, este proceso es absolutamente irreprochable", defienden. 

Sobre la modificación del reparto de derechos, la SGAE defiende que la Asamblea de diciembre "aprobó la adaptación de las normas de reparto a la futura Ley de Propiedad Intelectual", esto es, que limitaba al 20% la recaudación por la música emitida en televisión durante la franja nocturna. Esta medida introducida por el Congreso buscaba combatir a la ruedala rueda, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en estos programas. Estos autores habrían cedido previamente los derechos de sus obras a empresas editoriales propiedad de las televisiones, por las que estas reingresaban, como en una rueda, parte de lo abonado.

Sin embargo, la dirección se desmarca con respecto al reparto de 2018: las editoriales de Atresmedia y Mediaset denunciaron ese reparto, los juzgados le dieron la razón y lo anularon, y la SGAE recurrió la sentencia a finales de enero. La SGAE, dice en el comunicado, "está sometida a lo que dicten los tribunales de justicia, puesto que se ha producido una decisión de un Juzgado, pendiente de un eventual recurso de apelación". Ese mismo reparto de diciembre, ya realizado, tampoco fue refrendado por los socios, que votaron en contra (un 53,2%) en la asamblea. Estos fueron, de hecho, los motivos esgrimidos por Cultura para paralizar el pago de los anticipos sobre esta recaudación que SGAE pensaba realizar, como hace mensualmente: el Ministerio temía que unos anticipos concedidos en estas circunstancias "pudieran posteriormente aumentar los desajustes o desacuerdos entre las partes e, incluso, comprometer el resultado final de los repartos". 

El Ministerio de Cultura juega una nueva carta en el conflicto con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). El área de José Guirao ha enviado un nuevo requerimiento a la entidad paralizando el reparto de anticipos de la recaudación a los socios, según una información publicada por el diario El País este jueves y confirmada en sendos comunicados de la SGAE y el Ministerio. Cultura teme que la concesión de estos anticipos-préstamos, que la sociedad de gestión acostumbra a otorgar en concepto de los futuros derechos de autor percibidos, pueda comprometer "el resultado final del reparto de derechos", y exige dar el visto bueno a los adelantos antes de su ingreso definitivo. Guirao ya anunció hace dos semanas que su Ministerio intervendría la SGAE en tres aspectos de su gestión, que incluyen la modificación del sistema de reparto. 

Esta revisión del pago de anticipos afecta a 250 autores y 12 editores, que tendrían que recibir 2,5 millones de euros, según datos de la entidad. La SGAE explica que este sistema está implantado "desde hace años" y que se realiza "mensualmente", una vez que el Consejo de Dirección aprueba beneficiarios y cantidades, por lo que ve "insólita y extraordinaria" la medida. El Ministerio defiende que el requerimiento enviado el miércoles "no paraliza ningún pago", sino que impone su aprobación por el Gobierno para que tengan efecto. "El Ministerio", reza su comunicado, "se compromete a tramitar cada solicitud con la mayor celeridad para que los creadores no vean comprometidos sus ingresos tan pronto reciba la información de la SGAE". Esta asegura también que enviará al Ministerio la información requerida: "Lo primero de todo es que los socios de la SGAE sobren cuanto antes", dicen fuentes de la entidad. 

En el requerimiento, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio supedita el pago de los anticipos concedidos a que la SGAE le envíe "la relación de préstamos aprobados, junto a los informes previos (...) que validen la concesión de dichos préstamos", a los que Cultura tendría que dar su "conformidad". "El Ministerio de Cultura y Deporte, para velar por el cumplimiento de las obligaciones que incumben a las entidades de gestión, podrá realizar las actividades de inspección y control que considere convenientes", se recuerda en el documento firmado por el subdirector general de Propiedad Intelectual, Carlos Guervós Maíllo. 

Tanto en su comunicado público como en el requerimiento, el Ministerio sustenta su decisión en dos factores. Primero, recuerda que la Asamblea del 27 de diciembre no ratificó el reparto de diciembre ya realizado por la dirección: el 53,2% de los autores votaron en contra, versus el 45,2% a favor. En segundo lugar, Cultura menciona la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 54 de Madrid que también a finales de diciembre anulaba ese mismo reparto de derechos. La demanda había sido interpuesta por las editoriales de Mediaset y Atresmedia, y la SGAE decidió recurrirla a finales de enero. La entidad aseguraba entonces que se trataba de "la práctica habitual en estos casos", y fuentes de la SGAE contaban a este periódico el pasado lunes que la decisión se había tomado como una "prueba de la imparcialidad de la Junta Directiva", cuya supuesta connivencia con las televisiones —y su presunta participación en el caso rueda de la música nocturna— ha sido muy criticada desde dentro y fuera de la entidad. 

Esto, según razona el Ministerio en su comunicado, "supone que las concesiones de préstamos que se aprobaran en tanto persista esta situación, así como las posibles amortizaciones, pudieran posteriormente aumentar los desajustes o desacuerdos entre las partes e, incluso, comprometer el resultado final de los repartos, más aún de lo que pueda ya de por sí suponer un reparto efectuado pero no ratificado por la Asamblea General de socios". "No lo acabamos de entender", dicen fuentes de la entidad a este periódico sobre la actuación del Ministerio: "Tenemos problemas en la SGAE, pero este no es uno de ellos". Estas fuentes insisten en que los adelantos en el reparto funcionan "muy bien, desde hace muchos años" y que no se verían afectados por un posible cambio en el sistema: "Si un autor se ve perjudicado por un nuevo reparto, eso significa que en lugar de recuperarse [el dinero adelantado] en cuatro meses, se recupera en seis, pero nada más". La entidad asegura que la morosidad de este procedimiento —autores que no devuelven ese anticipo-préstamo porque cobran menos de lo previsto— está por debajo del 2%. 

La implantación de anticipos permite que los socios no tengan que esperar a los repartos oficiales, que se realizan dos veces al año, en junio y diciembre. Autores y editores cobran así por adelantado una parte de sus derechos de autor estimados, y luego lo ya pagado —más intereses— se descuenta de la cantidad total. En 2018, la SGAE concedió 1.707 "préstamos/anticipos" por valor de 31,7 millones de euros, según datos otorgados por la entidad. "El sistema paralizado por el Ministerio de Cultura", se defiende la entidad, "goza de una gran aceptación entre los socios y no ha distorsionado nunca los repartos futuros, precisamente por los límites y los rigurosos controles económicos establecidos". La SGAE explica que el importe del anticipo se fija en base al histórico de recaudaciones de quien lo solicita, y que es un proceso dictado por el personal técnico cuyo funcionamiento, además, se revisó hace cinco años, pero el reglamento  de la entidad no desarrolla de manera explícita esas limitaciones. 

El pasado 24 de enero, José Guirao confirmó en una rueda de prensa que el Ministerio estaba decidido a intervenir la entidad y que descartaba una solución consensuada con la SGAE. El pasado viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, confirmó que se trataría de una intervención judicial, y no de una revocación de licencia, y que se estaba "terminando" y se pondría en marcha esta misma semana o la próxima. Según lo hecho público por el Ministerio, la solicitud de intervención girará en torno a los tres puntos que ya se incluían en el requerimiento enviado en otoño que cumplía el pasado diciembre: la modificación de los Estatutos para adaptarse a la normativa europea, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico en las elecciones. "Cultura no va a pedir la intervención total, sino solo en aquellos puntos que no se cumplen, el resto lo seguirá gestionando la SGAE", insistía el ministro. 

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha afirmado que "el Ministerio tiene que dejar de ser la caja subvencionadora de la industria", en referencia a los diferentes sectores culturales. Lo ha señalado este martes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde también ha asegurado que hay algunas industrias "muy dependientes" del Ministerio, tales como el cine, que necesita ayuda ministerial y autonómica, así como el audiovisual, los videojuegos o el cine de animación.

Sin embargo, tal y como coinciden los Ministerios de Industria, Hacienda y Cultura, opina que "una verdadera industria debe tener recursos propios" y cree que "esos recursos hay que dotárselos y crear incentivos fiscales que les permita despegar como industria". 

"Es fundamental abrir otras vías para que esta industria se refuerce y consolide y tenga reconocimiento social que merece", ha dicho Guirao, para quien es fundamental apoyar a estas industrias tanto el promoción del cine en el exterior y su presencia en los festivales como en la "recuperación del público". "Hay un magma en audiovisual que está mejorando, pujando y arriesgando. A eso el Gobierno tiene que acompañarlo", ha dicho.

Aprovechar el 'Brexit'

En esta línea, Guirao ha señalado que Londres es "uno de los grandes platós del mundo" y ahora, con el Brexit, cree que hay "una ventana de oportunidad" que hay que aprovechar para los países que permanecerán en la Unión Europea.

En este sentido, ha destacado que "España tiene algo que otros países no tienen: paisaje y muchas horas de luz natural". "Hay que trabajar en eso para intentar que la industria internacional venga, es bueno para creativos y para el sector industrial", ha dicho Guirao.

Según ha destacado, la película de Bayona, "la tercera de mayor recaudación en mundo", no solo tubo un director y ayudantes españoles, sino que la mitad del equipo técnico eran españoles. "Eso significa que estamos a la altura de la industria del cine más exigente, que es la estadounidense", ha destacado.

En cuanto a las ayudas al cine, ha destacado que debido a su complejidad y dificultad, en la tramitación se ha incluido un "paso intermedio" para subsanar las ayudas antes de la "resolución definitiva", lo que dará "transparencia" y y facilidad para su tramitación.

Situación "incomprensible" de la fimoteca

Por otro lado, en relación a la Filmoteca Española, ha apuntado que su situación es "incomprensible", sobre todo por la falta de recursos humanos. En este sentido, ha alertado de que no hay especialistas en restauración de películas y que los que hay se van jubilando. En definitiva, ha recalcado que su situación es "francamente mejorable" y no entiende cómo los equipos anteriores del Ministerio o la Secretaría de Estado, a quienes ha alabado en otras materias, la han dejado en esta situación.

Guirao ha alertado, por esta situación, de la posible pérdida de patrimonio fílmico. "El día que desaparece una película, o parte de ella, es como si perdiéramos una iglesia románica, como si perdiéramos algo para siempre", ha dicho para defender que la Filmoteca Nacional debe ser una institución de primer nivel para la conservación del patrimonio fílmico y no un almacén de películas.

El ministro ha avanzado que a finales de febrero se reunirán en Murcia los responsables de las diferentes filmotecas autonómicas para tratar de abordar soluciones a los problemas de estas instituciones y ha agradecido la sensibilidad de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.

Críticas a Vox

El ministro también ha afirmado que la polémica aparecida a raíz de la petición de Vox de ver a Blas de Lezo en una película española es "va en la línea lamentable de crear polémicas artificiales". El partido que preside Santiago Abascal recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine y algunos cineastas, como el guionista Borja Cobeaga, respondieron que no estaban dispuestos.

"Unos señores dicen que haya una película sobre Blas de Lezo. Bien, y sobre Juan de Arco y cualquier personaje histórico. Y hay otro señor que no quiere hacer guion. Pues muy bien, no está obligado", ha dicho.

A su juicio, esta polémica "va en la línea, y es lamentable, de crear polémicas artificiales, con un personaje de la historia de España. "Con la historia de España deberíamos ser generosos y respetuosos, nos guste más uno u otro. Es una polémica que no tiene que ve con la cultura, utiliza la cultura para otros órdenes de tipo políticos", ha lamentado.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha anunciado que espera enviar la próxima semana un escrito al juez solicitando la intervención parcial de la SGAE tras "incumplir" los requerimientos de su departamento. Así su departamento se ha decidido finalmente por una intervención judicial, descartando la retirada de la licencia para la Sociedad General de Autores y Editores, según recoge la agencia Europa Press. Guirao ya señaló en una rueda de prensa el pasado 24 de enero que estas eran las dos opciones que barajaba su departamento. 

Guirao ha explicado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la solicitud de intervención girará en torno a los tres puntos que ya se incluían en los requerimientos: la modificación de los Estatutos para adaptarse a la normativa europea, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico para socios en elecciones. "Cultura no va a pedir la intervención total, sino solo en aquellos puntos que no se cumplen, el resto lo seguirá gestionando la SGAE", ha insistido el ministro, que ya se mostraba defensor de esta posición en intervenciones anteriores. Guirao ha reiterado que la petición se está "terminando" y espera que se envíe "a lo largo de la próxima semana o de la siguiente".

El enfrentamiento entre el Ministerio y la entidad de gestión de derechos viene del requerimiento emitido en septiembre por el Gobierno, en el que se daba a la SGAE un plazo de tres meses para que adaptase sus estatutos a la Ley de Propiedad Intelectual recién reformada, instaurara el voto electrónico en las elecciones —que por entonces aún tenían que celebrarse— y reformara el reparto de derechos. La entidad trató de llevar a cabo la reforma de sus Estatutos, pero la Asamblea votó en contra de la modificación a finales de diciembre, en el límite del plazo. La entidad había recurrido, asimismo, el requerimiento ante la Audiencia Nacional, recurso que fue desestimado a principios de semana por el tribunal. 

En la intervención de la semana pasada sobre este mismo tema, Guirao descartó las peticiones de negociaciónlanzadas por José Ángel Hevia, presidente dela SGAE: "La solución que ellos están planteando últimamente de hacerlo acordadamente no la hemos tenido en cuenta, porque yo recibí a la nueva directiva al día siguiente de tomar posesión y no tuve claro que quisieran arreglar los problemas de fondo. Lo digo claramente". Guirao instaba a Hevia a cambiar de postura "con un escrito claro, contundente y con fechas", y no "con declaraciones en periódicos", cosa que la SGAE por ahora no ha hecho.

Desde el comienzo del conflicto, han sido numerosos los socios de la SGAE que han reclamado la intervención del Ministerio. La última petición llegaba el lunes de mano de un centenar de creadores, entre los que se encontraban Pedro Almodóvar, Nacho Vegas, Sole Giménez, Josele Santiago, Jorge Ilegales, Isabel Coixet o Montxo Armendáriz. "El Ministerio tiene el deber de actuar sin demora y adoptar todas las medidas legales necesarias para garantizar la defensa y la protección de los derechos de los autores españoles", decían en su comunicado. Pero la semana anterior, Guirao lanzaba también un mensaje para los opositores a la dirección que solicitaban la intervención de su cartera: "Tenemos todos los días peticiones públicas y privadas de que intervengamos la SGAE, pero el Ministerio solo puede intervenir en lo que tenga competencia. En lo que no, tendrán que ponerse de acuerdo los autores".

Más de un centenar de creadores han reclamado en un comunicado al Ministerio de Cultura y Deporte que solicite judicialmente la intervención de la SGAE y cese al presidente de la entidad, José Ángel Hevia, y a la junta directiva, y se ponga en marcha una comisión gestora.

"El Ministerio tiene el deber de actuar sin demora y adoptar todas las medidas legales necesarias para garantizar la defensa y la protección de los derechos de los autores españoles, rescatando a los socios de la SGAE de la situación de indefensión en que nos encontramos frente a los actuales gestores de la entidad", señala el documento. Además de los dos puntos anteriormente citados, la Coalición también reclama revertir los repartos de derechos de junio y diciembre de 2018. Según la asociación, el comunicado está firmado por autores como Pedro Almodóvar, Nacho Vegas, Sole Giménez, Josele Santiago, Jorge Ilegales, Isabel Coixet o Montxo Armendáriz, así como editoriales multinacionales e independientes, entre otros.

"Si el Ministerio opta por intervenir y aplicar la Ley con decisión, solicitando al juez la intervención temporal de la SGAE, tendrá todo nuestro apoyo y colaboración. Apoyo y colaboración que, por otro lado, pedimos también a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios", han reiterado. Fuentes del Ministerio han señalado que siguen intentando tomar una decisión a partir de un análisis riguroso. El propio ministro señaló la pasada semana que esperaba que en dos semanas su departamento tome una decisión sobre una posible intervención de la SGAE, si bien aclaró que este plazo no es fijo y "depende de muchos factores".

"Trabajamos en esto desde antes del 27 de diciembre y creo que en dos semanas podremos tomar una decisión en una dirección u otra —intervención o retirada de licencia—. La solución de hacerlo acordadamente no se tiene en cuenta, porque ya se les dio una oportunidad", ha señalado Guirao durante la presentación en el Instituto Cervantes del presupuesto de cultura para el exterior.

Los primeros Presupuestos del Gobierno socialista parecen querer enterrar el hacha de guerra con el mundo de la cultura. En 2019 las artes recibirán 953 millones de euros, un 9,7% más de lo dedicado por el anterior Gobierno conservador, unos 869 millones de euros según los datos ofrecidos por Hacienda. De salir adelante —hoy por hoy, Pedro Sánchez no cuenta con los apoyos necesarios para que las cuentas se aprueben en las Cortes—, sería la mayor subida para el sector desde el batacazo de la crisis. Pero las ganancias no se reparten de manera uniforme: teatro y música y danza apenas se ven beneficiados, mientras que museos (como el Thyssen y el Prado) y cine se llevan una buena tajada.

La subida propuesta por los socialistas sucede a la más modesta del Gobierno del PP, que en el ejercicio anterior alzó las cuentas del sector en un 4,4%. Con el IVA de cines y espectáculos en directo ya reducidos al 10% por los conservadores, el actual Ejecutivo incluye en estas cuentas la bajada al 4% de los libros electrónicos y publicaciones online, para que estas se igualen a sus equivalentes en papel; ahora, los medios digitales están discriminados respecto al papel y pagan un 21% de IVA. De la misma forma, los ministros de Cultura y Exteriores, José Guirao y Josep Borrell, han acordado aumentar un 4,3% la aportación al Instituto Cervantes. Se ha quedado a décimas de la subida del 5% deseada por Luis García Montero, director de la institución, según adelantaba el poeta en septiembre. 

Aun así, la cultura recibirá este año solo el 0,3% del total del gasto del Ejecutivo, una subida microscópica frente al 0,2% del pasado ejercicio. Y, pese a la recuperación, las cifras quedan aún muy lejos de los 1.284 millones de euros dedicados al sector en 2009, la cumbre para la cultura en los Presupuestos Generales: las artes han perdido desde entonces un cuarto de su financiación. Solo un puñado de partidas, ninguna de ellas de las de más cuantía, igualan o superan lo recibido hace una década: el festival de Almagro, las ayudas a las empresas teatrales, el Festival de San Sebastián... En general, las grandes áreas están aún muy por debajo de lo presupuestado en 2009, con pérdidas de hasta el 80%.

Teatro y música, a la espera

Las artes escénicas apenas suben un 2% hasta los 52 millones, y quedan por debajo incluso de los datos de 2016 (53,5 millones), tras los cuales el PP dio un tijeretazo al sector. Fue en 2017, justo después de que el Gobierno anunciara la bajada del IVA de los espectáculos en directo del 21% al 10%. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música no contará pues con apenas más presupuesto para afrontar el proceso de renovación que se negocia desde junio entre los sindicatos y las direcciones de los distintos centros de producción. Pero la ligera subida en ambos sectores supera, con todo, el aumento aún más leve del ejercicio anterior, que rondaba el 1% en ambos casos. 

La música y la danza crecen todavía menos, un 1%, hasta los 101 millones de euros. Eso, pese a que el Ministerio anunció en diciembre la creación del Centro Nacional de Difusión de la Danza con una partida de 500.000 euros que sin embargo ahora no aparece desglosada en las cuentas. En el sector musical hay unos ganadores inesperados: algunos teatros públicos que dependen de Autonomías o entidades locales. El PSOE aumenta la cuantía dedicada al Liceu de Barcelona un 17% hasta 1,2 millones de euros, una cifra recortada por el PP en sus últimos presupuestos. Y sube también sustancialmente la aportación al Teatro de la Maestranza, que recibirá medio millón de euros más, un aumento del 34% que el teatro sevillano agradecerá después de ver su partida congelada durante años. Igual ocurre con La Abadía, en Madrid, que recibirá un 21% más del Estado central.

Del cine al Thyssen

Los 84 millones de euros más con los que cuenta Cultura están distribuidos, como de costumbre, entre este Ministerio, el de Exteriores (de él depende el Instituto Cervantes) y el de Hacienda (quien tiene que dar luz verde a las cuestiones impositivas). El cine se lleva un pico de ese aumento: las ayudas a la producción cinematográfica recibirán 85 millones de euros, 14 millones más de lo presupuestado en 2018. Esta una cifra que parecía muy lejos de lo posible con el Gobierno conservador, acercándose ahora a los 88 millones otorgados en 2009. Hay un matiz, eso sí: esta cantidad no estará dedicada exclusivamente a los filmes que se pongan en marcha este año, sino que debe cubrir también las ayudas a posteriori para las películas de 2016 que aún no se han saldado. La combinación de los dos tipos de subvenciones y el cambio de Gobierno han provocado un atasco en estas aportaciones que tendrá que resolver el Ministerio de Guirao.

Los museos nacionales salen más inequívocamente beneficiados. La partida completa dedicada a los centros de arte suma más de 178 millones de euros, 20 millones más que el pasado año (un 13%). Dentro de ella hay dos claros ganadores: el Museo del Prado y el Thyssen. El primero recibe 59 millones de euros, casi un quinto más de lo obtenido en 2018: el suplemento de unos 9 millones y medio irá destinado a las obras en la sede y a las celebraciones de su bicentenario. Los favores al segundo van aún más allá, porque el Ministerio le concede 7,5 millones de euros, un 35% más que el año pasado, para paliar su "déficit contable". El centro, que recibió el apellido de Museo Nacional en 2017 —a imagen del Reina Sofía— recibe cuatro veces más fondos del Gobierno que en 2009. 

Una inyección a las bibliotecas

El sector del libro es otro de los ganadores de las cuentas propuestas por los socialistas. Primero, a través de la aportación a bibliotecas, que aumenta en 3,5 millones, un 8%. Justo esa cuantía es la que se ingresará a las Comunidades Autónomas para la "mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas". Es decir, para comprar títulos nuevos en una renovación detenida por la crisis y reclamada desde entonces por libreros y editores. La Biblioteca Nacional de España sigue recuperando lentamente los fondos perdidos con el crash (este año, un 1% más), pero sus actuales 31,4 millones están a años luz de los casi 53 millones de 2009. Otra maniobra del Gobierno —además de la bajada del IVA de las publicaciones online, que quizás beneficie más a editores de prensa que a literarios— ha sido la de volver a separar la Dirección general del libro de la Dirección general de industrias culturales... aunque por separado no suman más que juntas. 

La aportación a los Archivos crece un 2%, menos del 4,7% concedido en su día por el Gobierno del PP. Si Rajoy aumentó un 75% la dotación de Patrimonio histórico, en gran medida para facilitar la creación de las Colecciones Reales, ahora esta partida desciende un 2%. La Conservación de bienes culturales mantiene su crecimiento en un 6%, como en el ejercicio anterior, alcanzando los 22,5 millones y muy lejos aún de los casi 62 millones de 2009. La partida de Fomento de las industrias culturales aumenta sustancialmente, un 38%, y roza los 20 millones. En ella se recogen ayudas entre las que destaca el impulso de la oferta legal de contenidos online, las subvenciones a la industria del videojuegoo los préstamos a pymes a través de la empresa pública ENISA. 

Si José Guirao, ministro de Cultura y Deportes, ha tenido malos sueños en los últimos meses, hay tres candidatos a protagonizarlos. Primero, el enfrentamiento con la SGAE, una institución asediada por el caso rueda y la división interna en la que el Ejecutivo ha amenazado con intervenir. Segundo, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que cuando Guirao llegó al Ejecutivo estaba en pie de guerra por la posible subrogación del teatro de la Zarzuela al Teatro Real, finalmente paralizada, y que se encuentra ahora en pleno proceso de renovación. Tercero, el problema de la reventa de entradas de espectáculos en directo, que el Gobierno quiere combatir con una ley estatal aún en preparación. Estos conflictos sin resolver, que han ocupado buena parte del trabajo del Ministerio durante 2018, llenarán probablemente también el 2019. 

Y no es que haya sido tampoco un año sencillo en la organización interna de Cultura. Por él han pasado tres ministros distintos en los últimos 12 meses: Íñigo Méndez de Vigo, titular desde 2015 con Mariano Rajoy; Màxim Huerta, primer ocupante de la cartera, que duró seis días en el cargo antes de dimitir por fraude fiscal; José Guirao, su sucesor, en el sillón desde junio. Si el primero planteó in extremis la cesión de la Zarzuela, el último la paralizó. La crisis de la SGAE estalló con Méndez de Vigo, fue Huerta quien se puso serio con la entidad enviándole un requerimiento, y es Guirao quien tiene ahora la patata caliente. El problema de la reventa de entradas ha preocupado tanto al Gobierno del PP como al del PSOE: el ministro conservador lo definió como una "estafa"y pidió que Interior interviniera; si todo va según lo previsto, la ley que lo limite se aprobará con el ministro socialista. 

La gran deuda saldada del Ministerio ha sido quizás la bajada del IVA de las entradas de cine del 21% al 10%, que entró en vigor con la aprobación definitiva de los Presupuestos en junio. Si este era el principal dolor de cabeza del Gobierno del PP, muy criticado con la industria, el choque entre ambos actores se redobló cuando los conservadores decidieron reducir en 2017 los impuestos a los espectáculos en directo, pero no al cine. Finalmente, la propuesta de reducir 11 puntos el IVA entró en la negociación de los Presupuestos Generales, firmados por el Consejo de Ministros conservador en marzo, pero refrendados por las cámaras ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Los otros tres grandes frentes siguen abiertos de cara a 2019 tras un año agitado. 

La rueda y la SGAELa rueda

El supuesto fraude conocido como la rueda de las televisiones no se ha destapado en 2018. El funcionamiento de la trama, que investiga la Audiencia Nacional, es el siguiente: un grupo de autores registra irregularmente un volumen muy alto de canciones, algunas de dominio público o con modificaciones ínfimas, a su nombre o al de familiares; ceden la mitad de los derechos a editoriales musicales asociadas a cadenas de televisión; estas cadenas emiten la música de madrugada, en franjas horarias casi sin audiencia; cuando la SGAE realiza su reparto, autores y cadenas se dividen los ingresos, de forma que las televisiones recuperan, en una rueda, parte del canon pagado a la entidad.   

Pero la rueda no es ya solo un caso judicial, sino el objeto de un enfrentamiento entre la entidad y el Ministerio. El Gobierno envió el pasado septiembre un apercibimiento a la entidad "para que cumpla la ley", instándola a modificar sus estatutos antes de tres meses, bajo la amenaza de intervenir la entidad y/o retirarle la autorización para operar. Los requisitos del área de Guirao eran tres: la reforma de los estatutos, una modificación del sistema de reparto y la implantación del voto electrónico. El plazo se cumple el 27 de diciembre, y Cultura no se achanta: "Si el 27 de diciembre no cumplen, mi Ministerio pedirá a un juez la intervención de la SGAE. Que es lo que me piden todos los sectores", decía Guirao en una entrevista el pasado noviembre. No ha sido el único recado que el Estado ha dejado a la sociedad de autores: el Congreso también aprobó a finales de noviembre limitar al 20% el reparto que puede dedicarse a la música emitida en televisión de madrugada. "En esta situación tan delicada llama la atención la postura del Ministerio de Cultura", lanzaba hace unos días en un comunicado el nuevo presidente de la SGAE, el músico José Ángel Hevia. 

Porque fue él el elegido, en las elecciones celebradas el 26 de octubre, en un clima de tensión y con unos apoyos frágiles. La cercanía del gaitero a una de las implicadas en la rueda no ha tranquilizado, precisamente, a los socios que ya criticaban tanto el presunto fraude como el sistema electoral, que da más votos a quien más dinero recibe, beneficiando a los enriquecidos por la rueda. Pero los enfrentamientos están lejos de apaciguarse: en las votaciones regionales previas a la asamblea que debe votar los Estatutos el próximo 27 de diciembre, el no supera con creces al sí. La SGAE ha lanzado una campaña que advierte de que sin los Estatutos, y con la intervención consiguiente, "la SGAE corre un serio riesgo de desaparecer". Pero la oposición parece querer, justamente, que se produzca la intervención del Ministerio. El desenlace (temporal) del drama está en manos de los socios y del equipo de Guirao.  

La reventa, limitada por ley

La reventa de entradas da, periódicamente, un disgusto tanto a promotores como a fans: los últimos pagan precios prohibitivos para ver a sus ídolos; los primeros ven cómo páginas web ajenas a la organización se embolsan beneficios millonarios especulando con los tickets. Pero el fenómeno, por ahora en el limbo de la alegalidad —las leyes autonómicas apenas se ocupan de la reventa online—, trae también de cabeza al Ejecutivo, llamado a tomar cartas en el asunto. El Ministerio prepara una ley estatal que combata el fraude en las entradas, sabiendo que juega en un terreno difícil: se antoja casi imposible controlar la acción de unas empresas situadas en su mayoría fuera de España, y tampoco se puede limitar el derecho a la reventa privada, la realizada e forma no profesional por los propios usuarios cuando no pueden asistir al evento. 

Las opciones que maneja el Gobierno, reflejadas en un informe hecho público a finales de octubre, van desde la máxima intervención posible del Estado a medidas sutilísimas. La acción más radical sería la prohibición total de la reventa con ánimo de lucro —es decir, aquella reventa que se realiza por encima del precio original—, aunque el documento recoge que "plantea problemas de proporcionalidad y no favorece la libertad de empresa". La segunda opción sería implantar las entradas nominativas por ley y obligar aforo reservado para venta directa al público, pero los promotores protestan por los "importantes sobrecostes en términos de logística" que esto les supondría. Se plantea también que la Administración empiece a emitir una autorización previa para las empresas de reventa, opción con la que promotores y empresas de reventa minoritarias sí estarían de acuerdo. El informe también propone la obligación de ofrecer una mayor información al comprador en el momento de la venta, que podría ser compatible con todo lo anterior. 

En la presentación del informe, el ministro Guirao se negó a dar fechas para la implantación de la ley estatal, que exige llegar a acuerdos con las distintas autonomías, ya que era una competencia que hasta ahora correspondía a estas últimas. Tampoco desvelaba entonces cuáles eran las medidas preferidas del Gobierno, aunque esperaba "que no se tomen medidas radicales". Después de más de un año de conversaciones y medio centenar de reuniones con distintos agentes del sector, queda aún un largo camino legislativo que recorrer. 

Hacia la reforma del INAEM

El conflicto en el seno del INAEM fue el último del Gobierno conservador y el primero al que tuvo que enfrentarse el socialista. La liebre saltó en marzo, cuando El País filtraba la intención de Méndez de Vigo de subrogar el Teatro de la Zarzuela, dependiente directamente del Ministerio, al Teatro Real, que gestiona una fundación sel sector público. Ni los trabajadores, ni los sindicatos, ni la oposición habían sido informados de los planes. Con esto, quedaba en suspenso el futuro de los 234 empleados de la Zarzuela, que en su mayoría no son funcionarios, y también el de los más de 200 trabajadores del Real, que temían verse afectados por una renegociació del convenio y posibles duplicidades. Ni la huelga de los trabajadores del INAEM, ni las críticas de PSOE, Podemos e incluso Ciudadanos, ni el manifiesto en contra de la cesión firmado por 700 figuras de la cultura hizo dar marcha atrás a los conservadores, que aprobaron la subrogación por Real Decreto en abril. 

Pero llegó el cambio de Gobierno: en junio, el recién nombrado Guirao cancelaba la subrogación definitivamente, de nuevo mediante Real Decreto, antes de que esta llegara a producirse. La decisión venía, según explicaba un comunicado del Ministerio de Cultura, "tras analizar las incertidumbres jurídicas, técnicas y operativas que implicaba la fusión propuesta, sobre todo en relación con la subrogación de los trabajadores". Pero, de las conversaciones entre los sindicatos y el equipo de Guirao nacía también un compromiso: el de crear una mesa de trabajo con el Ministerio, las direcciones de los distintos centros y los representantes de los empleados para "mejorar la gestión" del instituto.

El nuevo Gobierno atacaba el melón abierto por los conservadores, que acusaban de "rigidez" al INAEM y, suavizando el discurso, proponía adaptar la gestión del INAEM "a la naturaleza de sus actividades y potenciar su labor de difusión nacional e internacional de las artes escénicas y musicales". "No es que el INAEM sea rígido", admitía Comisiones Obreras, "sino que la Administración suele serlo. Hay que negociar y estamos dispuestos". El pasado 21 de diciembre, el ministro recibió el resultado de esa mesa de trabajo, un informe —cuyo contenido aún no se conoce— que propone distintas acciones de reforma para el INAEM. Los distintos participantes en la mesa adelantaban antes el primer acuerdo, alcanzado por unanimidad: la creación de una ley propia largo tiempo ansiada que le dé una entidad jurídica similar al Museo del Prado, el Reina Sofía o la Biblioteca Nacional. El camino queda, pues, abierto, pero el equipo de Guirao ya puede apuntarse un tanto de cara a 2019. 

Según publica este miércoles el diario El Mundo, la secretaria de Estado de Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, empleó una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen, con la que supuestamente eludió pagos a Hacienda.

En una comparecencia, Rienda ha asegurado estar "tranquila" y "al corriente" de todas sus obligaciones fiscales y ha recordado que lo publicado ha salido del Portal de Transparencia del Gobierno. "Esta información se ha sacado del Portal de la Transparencia del GobiernoPortal de la Transparencia del Gobierno, que es público por lo que no se ha escondido por mi parte ninguna información. No existe ninguna empresa instrumental y no ha habido evasión de impuestos en ningún momento, estoy al corriente de mis obligaciones fiscales", ha expresado Rienda ante los medios.

Atendiendo a la información publicada, la secretaria de Estado utilizó desde 2004 y hasta 2011, coincidiendo con el final de su carrera deportiva, una sociedad instrumental para cobrar sus derechos de imagen. Mediante esta estrategia declaró ingresos por valor de, al menos, 1,4 millones de euros. Rienda, según el diario, se ahorró impuestos al tributar sus derechos de imagen a través del Impuesto de Sociedades en lugar de por el IRPF. Mediante esta fórmula pudo tributar un porcentaje considerablemente inferior por las ganancias ligadas a su actividad laboral.