España es uno de los países europeos con condiciones laborales "muy malas y precarias" para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, indicó este martes la Plataforma del Consejo de Europa para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los profesionales.

En su informe anual, esa Plataforma del Consejo de Europa -una organización que no forma parte de la Unión Europea y que vela por los derechos humanos en el continente- recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación sobre esas condiciones.

Únicamente dos de los 34 países analizados ofrecen buenas condiciones de trabajo a los periodistas: se trata de Dinamarca y Alemania, mientras que en otros cinco (Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia), los riesgos para la seguridad de los reporteros son limitados.

"Las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes", concluye el Monitor del Pluralismo.

Aunque España aparece en el furgón de cola en lo que respecta a las condiciones contractuales, eso contrasta con la situación de riesgo en el ejercicio de la profesión, que está lejos de ser de las más preocupantes.

En 2025, la Plataforma del Consejo de Europa lanzó seis alertas de amenazas graves para la libertad de los medios, una menos que en 2024, cuando para el conjunto de los 48 países supervisados fueron 344, con un incremento "significativo" del 29% respecto al año anterior.

Esas alertas se concentraron sobre todo en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27) y tuvieron que ver principalmente con la invasión rusa de Ucrania y con los territorios que Moscú controla.

Los autores del informe hicieron hincapié en que, un año más, la guerra de Rusia contra Ucrania fue "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa en 2025.

Del total de las alertas, 90 tuvieron que ver con los ataques contra la seguridad y la integridad física de los periodistas, lo que incluye los asesinatos por drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk y del fotoperiodista francés Antoni Lallican, así como la muerte del turco Hakan Tosun tras una agresión brutal.

A esas muertes hay que añadir la utilización por unos pocos países de la privación de libertad como instrumento para controlar a los medios, subraya el Consejo de Europa, y añade que el 31 de diciembre pasado había 148 periodistas detenidos en Europa, de los cuales 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos controlados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.

También otras prácticas como las intimidaciones, las tentativas de apropiación de medios o la represión transnacional, con agresiones físicas contra periodistas en manifestaciones por parte de la policía, de políticos o de los propios manifestantes, que fueron particularmente violentas en Georgia, Serbia y Turquía.

Todos esos elementos se vieron en parte atenuados por iniciativas de varios Estados o a escala europea para mejorar el ejercicio de la libertad de prensa, entre las que cita la aprobación por el Gobierno español de un proyecto de ley orgánica dirigido a sus profesionales y para proteger sus fuentes.

La Plataforma del Consejo de Europa pone el acento en que en ese proyecto de ley por primera vez se ofrece "una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas, consagra de forma explícita su derecho a no revelar sus fuentes ni a entregar documentos no publicados".

Y además prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en los dispositivos de los periodistas, si no está amparada y justificada por un juez con carácter excepcional.

A ese respecto, la Plataforma del Consejo de Europa señala que la Audiencia Nacional en febrero de 2025 reabrió el procedimiento sobre la utilización del programa espía Pegasus contra periodistas y responsables políticos para solicitar cooperación a la justicia de Francia e Israel.

Si tenemos en cuenta lo publicado en estos días en las páginas culturales, parecería que lo más importante que ha ocurrido en el último quinquenio es que Rosalía haya sacado una canción. Como me falta sensibilidad para el pop y vivo asediado por el fomo (la manera cool de llamar al miedo de no enterarse de la misa la media), me entregué a la lectura de los sesudos análisis y las aceradas críticas. Cuál fue mi sorpresa cuando, para el artículo número veintitantos, no había encontrado ni lo uno ni lo otro: lo que no era propaganda era glosa.

No quisiera encarnar —¡de nuevo!— al crítico ceñudo que, apestando a alcanfor, se queja de la música que escuchan los jóvenes y protesta porque los suplementos no dediquen más espacio al último ciclo de madrigales; pero me pareció pertinente considerar el entusiasmo con el que los medios de comunicación se han entregado a la campaña publicitaria orquestada por una superestrella musical distribuida por Sony Entertainment.

No podemos ponerle una pega a la maniobra de Rosalía: su equipo parece haber detectado cuanta tendencia sopla a su favor y, amalgamándolas, han fabricado un producto que ha encandilado a youtubers, comentadores variopintos (Losantos se declara fan) y a la mismísima Conferencia Episcopal Española. "Lo religioso está de moda", me aseguraba hace unas semanas una amiga que trabaja para una editorial profana de tiradas largas. Los columnistas conservadores se frotan las manos, atisbando ese porvenir de Dios, patria y familia por el que tanto han suspirado. También, y a eso vamos, en las secciones de cultura (en las que tanto hay que bregar para colocar una paginita más allá del obituario o el estreno del último blockbuster) florecen sin racanería sobreanálisis sobre qué querrá decir cada nimio detalle puesto, precisamente, para que los listillos de cada casa saquen a relucir su sagacidad.

Comprendo la estrategia: parece evidente que, entre otros perejiles, lo de Rosalía da tráfico y no hay cabecera que renuncie a unos clics. Sorprende, sin embargo, que el planteamiento general de la conversación no sea tanto desmenuzar si la copla tiene interés, sino precipitarse por un terraplén de sobreanálisis y desgloses de referencias e intenciones, un ejercicio más propio de talmudistas que de periodistas o críticos. En la prensa cultural, todo señalamiento es publicidad. Da igual si se escribe a favor o en contra. Cuando un crítico (o un periodista) escoge tal o cual artefacto —de entre los centenares que tiene a su disposición esa misma semana— para dedicarle el poquísimo espacio del que dispone afirma, implícitamente, que el elegido le merece más atención que los desdeñados.

Entiendo que los medios generalistas (incluso, los especializados) no pueden privar a sus lectores del evento mainstream de la temporada —esencialmente, porque si no irán a leerlo en la competencia—, pero hay algo pernicioso en sobredimensionar la cobertura que se le da (la publicidad que se le hace) a la maniobra mercadotécnica de una gran discográfica. Una cosa es colocar anuncios para financiar al periódico, otra que tan pronto la Columbia Records toque el silbato, los articulistas de medio país dejen lo que están haciendo para aventurar, en párrafos y párrafos, qué elaboradísima metáfora se habrá cifrado en cada fotograma de un videoclip.

Hará unas semanas, los intelectuales más notables de nuestro país apagaron sus pipas, cerraron sus incunables y se precipitaron sobre sus teclados para rebatir la opinión que, sobre hábitos de lectura, acababa de parir una tal María Pombo, a quien no se le conoce expertise al respecto. Aquel episodio, particularmente bochornoso, difiere de este en un asunto mollar: la influencer, con su boutade, no promocionaba ningún curso para desincentivar la compra de libros. Y sí, entiendo que las nuevas producciones de una artista tan influyente como Rosalía merezcan artículos de doble página. La cuestión es desde dónde se enuncian y con qué propósito se articulan. No sé si nos deja en muy buen lugar imitar a esos pececillos que rondan a los tiburones, a ver si así meriendan algo. La de asuntos que se habrán desechado esta semana porque había que tomarse en serio el barniz teológico de la portada de un LP.

El fichaje de Juan Luis Cebrián por The Objective no es sino el colofón de una prolongada deriva que convirtió al gestor del éxito periodístico de El País en el urdidor del casi hundimiento del grupo Prisa, enajenándose por el camino el respeto de sus propios redactores y el resto de la profesión mientras hacía gala de una derechización que también intentó trasladar al periódico progresista de referencia en España.

La sorpresa, por tanto, debería ser contenida. Como también que se vaya a estrenar en el nuevo medio con una entrevista a Felipe González, que abandonó el consejo editorial de Prisa en 2021. Es inevitable trazar la similitud de las evoluciones, vitales e ideológicas, de ambos personajes. Y lo mismo puede decirse del medio que ha elegido para escribir el estrambote de una carrera tan laureada como polémica: Antonio Caño, exdirector de El País y brazo ejecutor de Cebrián en la etapa más negra del periódico, forma parte del consejo editorial del digital que ahora acoge a su mentor. Allí compartirá espacio de firma con otros viejos conocidos como Fernando Savater, Félix de Azúa, y Pilar Marcos, entre los ex de El País, o Joaquín Leguina, Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Fernández Ordóñez entre los antiguos cargos políticos.

El ya expresidente de honor de Prisa ha contestado a la destitución fulminante sugiriendo que va a demandar a su antigua empresa –“Demostraré en los tribunales que no he incumplido el contrato de colaboración”– y anunciando que este sábado iba a enviar a la directora del periódico, Pepa Bueno, el artículo previsto para este mismo lunes. Fuentes de Prisa aseguran a infoLibre que no van a publicar ningún artículo más de Juan Luis Cebrián, aunque lo utilice como “artimaña jurídica”.

En un comunicado, el fundador de El País se despide del grupo que ayudó a levantar citando su Libro de Estilo, al primer presidente de Prisa, José Ortega Spottorno, e incluso a Calderón de la Barca. Termina invocando a la libertad de expresión. Lo mismo hizo Antonio Caño cuando fue despedido en 2021, también anunciando acciones legales que terminaron en un acuerdo con la empresa antes de llegar al juicio.

Quizá ninguno de los dos recordaba, por ejemplo, el día en que El País canceló el suplemento de 12 páginas con artículos de The New York Times porque éste había publicado un reportaje titulado Los medios en España se encuentran ahogados por el Gobierno y la deuda, en el que varios periodistas denunciaban presiones gubernamentales y de los acreedores. Uno de ellos era Miguel Ángel Aguilar, que fue despedido sólo dos días antes por las críticas vertidas en el diario estadounidense.

Eso ocurrió en 2015, pero para entonces Juan Luis Cebrián ya había mostrado ante los suyos que la foto donde posaba con el casco de Darth Vader y que Jot Down no publicó hasta tres años después de lo previsto –en marzo de 2019, cuando la revista ya no era distribuida por Prisa– era un más que fiel reflejo de la evolución, y del carácter, del personaje.

Fue en una reunión con el comité de empresa de El País, previa al primer y único ERE que ha sufrido el periódico en sus casi 50 años de historia, cuando Cebrián intentó justificar los 129 despidos de noviembre de 2012. “No podemos seguir viviendo tan bien”, les dijo a los redactores. Pero esa primera persona del plural no le incluía: en 2011 había cobrado 13 millones de euros –fijo, bonus y complementos–, mientras Prisa se apuntaba unas pérdidas de 451 millones, las ventas de ejemplares caían más de un 30% y la acción del grupo en Bolsa se desplomaba, dejándose el 90% de su valor respecto a 2007. Como calculó entonces Pere Rusiñol, experiodista de El País, con esa cantidad se podían haber contratado 400 redactores, cuyos sueldos fueron recortados en un 8% tras el ERE.

No fue la única incoherencia argumental de Cebrián esos días de crisis económica. También defendía la necesidad de rejuvenecer la plantilla. “La tercera edad en periodismo comienza a los 50 años”, esgrimió, tras calificar de “preocupante” que la edad media en el diario fuera de 53. Entonces él tenía 68 años y hoy ya cuenta 79.

Pero hasta allí, el ERE, las pérdidas millonarias y una deuda elefantiásica, Prisa había llegado de la mano de una gestión económica que puede tacharse de nefasta. Ahora también se recuerda cuando Maruja Torres, que había abandonado El País en 2013, dijo que Cebrián quería ser “un tiburón de Wall Street”, pero se quedó en “sardinita”.

No le faltaba razón: como publicó infoLibre en 2014, Propu (Promotora de Publicaciones), la empresa que era el accionista mayoritario de Prisa y cuyo consejero delegado era Juan Luis Cebrián, se dedicó a hacer operaciones especulativas de alto riesgo al menos desde 2003, con importes que alcanzaban los 360 millones de euros. Al principio le fue bien, pero en 2007 perdió 148 millones de euros por especular de forma agresiva y arriesgada con derivados sobre acciones de Prisa. Tal fue el batacazo que Propu demandó en los tribunales a Goldman Sachs, la firma que había utilizado para asesorarse y gestionar estas operaciones. Y perdió estrepitosamente. Primero un juzgado de Primera Instancia y después la Audiencia Provincial de Madrid fallaron a favor del banco de inversiones en una sentencia que Propu ya no se molestó en recurrir y es firme. En ella se desvelan todos los detalles de las operaciones de alto riesgo que resultaron en un auténtico fiasco nada más estallar la burbuja financiera en 2008.

Mientras Propu acusaba a Goldman Sachs de hacer “un asesoramiento negligente e ilícito” e incluso su director de inversiones llegó a declarar ante los jueces que “no sabía lo que era” y “no entendía” aquello que le presentaba el banco estadounidense, el tribunal consideró que Cebrián y el resto de los gestores de la empresa “conocían los riesgos que asumían” cuando apostaron por una subida del valor de la acción que nunca se produjo. Es más, Propu aumentó sus posiciones en 2007, pese a que Goldman Sachs le aconsejó en contra. Era, alegó el banco de inversiones, un “cliente profesional y sofisticado”, acostumbrado a operar con derivados. De hecho, las operaciones especulativas formaban parte de los objetivos de inversión establecidos expresamente en la cuenta que Propu abrió con Goldman Sachs en 2000.

En ese mismo año 2008, el de la quiebra de Lehman Brothers, Cebrián firmó la operación más polémica de Prisa: la OPA por el 100% de las acciones de Sogecable, la televisión del grupo. Una inversión de 3.000 millones de euros que disparó la deuda de Prisa por encima de los 5.000 millones. Esa carga insoportable dejó al grupo en manos de sus acreedores, que convirtieron la deuda en capital. Santander, La Caixa y HSBC se convirtieron en accionistas del primer grupo de comunicación español. También entraron fondos de inversión y un jeque catarí. Al acabar 2015, cuatro bancos y el fondo Amber controlaban el 42% del capital de Prisa. Mientras, la familia Polanco no dejaba de perder peso. Al cierre de 2009, poseía el 70,95% del grupo; en 2016 su participación se había quedado en el 10,7%. Hoy no supera el 7,6%.

Eran años en que Prisa encadenaba números rojos cada vez más elevados. Si empezó con unas pérdidas de 72 millones de euros en 2010, en 2013 se elevaron a 649 millones y en 2014 explotaron hasta los 2.263 millones –en 2023 ha perdido 33,5 millones–. Cebrián había sido su consejero delegado desde 1988 y su presidente ejecutivo desde 2012. Pero, además de la crisis económica general, de la crisis de la prensa en particular, y de los problemas de gestión, Cebrián tenía que afrontar otros retos de tiburón financiero venido a menos. En 2016 su nombre apareció asociado a los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca que destapó a defraudadores fiscales de todo el mundo.

Su segunda exmujer, Teresa Aranda, figuraba como apoderada de una sociedad llamada Granite Corporation Incorporated, domiciliada en las islas Seychelles. Aranda también era vicepresidenta de la Fundación Atman, que presidía Felipe González. En su patronato se sentaba además un empresario iraní, Massoud Zandi, a su vez socio junto al propio Cebrián y Antonio Navalón, entonces columnista de El País, de Star Petroleum, una petrolera con sede en Luxemburgo, actividades poco claras en Sudán del Sur y una deuda con Hacienda de 2,5 millones de euros en 2016. Navalón también apareció en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 2,08 millones. Cebrián siempre ha negado tener ni haber tenido sociedades en paraísos fiscales, pero perdió en los tribunales una demanda contra El Confidencial por "difamarle" publicando la información revelada en los Papeles de Panamá.

Mientras, en la redacción de El País se libraba otra batalla. Cebrián encargó a Antonio Caño, quien entonces era corresponsal en Washington, un informe interno sobre el periódico y los cambios que debían hacerse para frenar la pérdida de lectores. Caño lo envió por error a una cincuentena de periodistas y colaboradores del diario. infoLibre lo publicó. Era febrero de 2014 y Javier Moreno, que no sabía nada del documento, ejercía de director. El contenido del informe levantó ampollas: Caño planteaba cambiar a todo el equipo directivo e incorporar a los cuadros a jóvenes de 30 años, al tiempo que criticaba que se hubiera “arrinconado” al periódico “en un lado del espectro político”.

Ya entonces era patente el giro del periódico hacia la derecha, pero el documento lo ponía negro sobre blanco. Cebrián también había hecho notar su enfrentamiento con los periodistas que él consideraba “del 68”, en alusión a los movimientos sociales que irrumpieron ese año en todo el mundo, desde las protestas contra la guerra de Vietnam hasta el Mayo francés. Apenas 10 días después de desvelarse el informe, el consejo de administración de Prisa anunció el nombramiento de Antonio Caño como director de El País.

Sus cuatro años al frente del periódico fueron quizá los más abruptos de la historia del diario. Caño, que se consideraba a sí mismo un “conservador”, apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak y su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentó con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Una vez en la dirección, sus relaciones, y las de quienes nombró para formar su equipo, con la redacción no fueron buenas. Además del cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas. Cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo había considerado “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo con una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulos”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

Además, el Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión convocada al efecto al cabo de apenas un minuto, con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial, de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz sólo dos semanas después de que Cebrián dejara la presidencia ejecutiva de Prisa en 2018. El resto de su equipo fue despedido. Tres años después también lo fue el propio Antonio Caño.

Desde entonces, Juan Luis Cebrián ostentaba la presidencia de honor de Prisa, mientras escribía artículos de opinión y críticas de libros en el suplemento Babelia. Siempre ha dicho que su abandono de las funciones ejecutivas fue el capítulo final de una sucesión que había empezado a preparar en 2016.

En una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Comunicación, en noviembre de 2017, Cebrián alertó de “la falta de rigor y credibilidad, del basurero de opinión en el que se ha convertido internet, a través de toda clase de sistemas organizados para generar una política de desinformación, chantaje y bloqueo con motivaciones muy diferentes”. Habrá que ver cómo se desenvuelve a partir de ahora el expresidente de Prisa en el medio que acaba de contratarle, precisamente uno de los señalados por no ser precisamente escrupuloso a la hora de publicar bulos.

Los trabajadores del grupo Vocento han sido convocados a protestar a partir del 1 de junio por los 4,2 millones de euros que 59 directivos se van a repartir este año, mientras a la plantilla aún no se les han restituido los salarios que se les recortaron para salvar las cuentas de la empresa. En 2021, los gastos de personal se redujeron en 7,5 millones de euros, y la mayor parte de ese ahorro procedió de las bajadas de sueldos que han sufrido los trabajadores.

Según las secciones sindicales de UGT y CCOO, la rebaja en los sueldos fue del 7% de media el año pasado y continuará en el actual. Además, la plantilla de Vocento permaneció en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses, la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos.

Vocento cerró 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, por lo que superó, incluso duplicó, sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones.

El reparto de los bonus, unos 35.593 euros en efectivo más otro tanto en acciones para cada directivo, de acuerdo con los cálculos de CCOO y UGT, se suma al aumento del 29,4% de las retribuciones del consejo de administración. Y a la subida de la remuneración del consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, un 65,3%. Ambas mejoras salariales provocaron ya el pasado marzo una protesta de los trabajadores del grupo, que exigieron entonces la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante los dos últimos años.

Ahora CCOO y UGT han organizado concentraciones de protesta en la puerta de cada centro de trabajo el próximo miércoles, 1 de junio. Además, los representantes de ambos sindicatos asistirán a la presentación del nuevo plan estratégico del grupo, que se celebrará en Córdoba del 1 al 3 de junio. “Si Vocento tiene dinero para dotar un plan de incentivos con 4,2 millones de euros para 59 directivos, además de aumentar la retribución variable del consejero delegado y del resto de los consejeros, también lo tiene para devolver parte de los salarios que recortaron de nuestras nóminas”, reclaman CCOO y UGT en un comunicado.

Los representantes de los trabajadores tachan de “desprecio” a su “esfuerzo salarial y laboral” el reparto de los incentivos y critican el gasto que Vocento va a hacer en la reunión de Córdoba, que podrían haber celebrado de forma telemática y en un solo día, aseguran. “Se están repartiendo parte de lo que las plantillas hemos puesto para asegurar la viabilidad de las empresas del grupo”, critican.

En un comunicado remitido a la plantilla el pasado martes y al que ha tenido acceso infoLibre, la Dirección de Recursos Humanos de Vocento califica de “normal” en empresas de su tamaño el reparto de incentivos a largo plazo “para ciertos niveles de la compañía”, de forma que éstos se “alineen” con la estrategia y los accionistas del grupo. También asegura que los ejecutivos de Vocento no han cobrado los planes de incentivos definidos anualmente desde 2009, porque en 11 años no se alcanzaron los objetivos previstos. Y que ahora se ha aprobado un plan con el que, de alcanzarse, los directivos serían premiados en 2025, no este año.

“También es normal incentivar y motivar a la plantilla”, replican CCOO y UGT, “y no al contrario, como ocurre en Vocento, con recortes salariales”. Sobre los 11 años en que los ejecutivos no han recibido bonus, ambos sindicatos replican que el motivo puede ser que “los objetivos estaban fuera de la realidad” o bien que no se han alcanzado por una gestión “deficiente”. Además, recuerdan, a los trabajadores no se les ha subido el salario en los últimos 11 años, sólo se les han recortado las nóminas.

Según indica Vocento en su comunicado, la “convención” de Córdoba también es una práctica “absolutamente extendida entre empresas de cierto tamaño”. Servirá, añade la empresa, para que el equipo directivo “comente” los objetivos del plan estratégico y para que sus miembros, que “no suelen tener la oportunidad de verse en persona”, puedan “compartir tiempo”. Cifra en 90.000 euros el coste de la reunión.

Vocento publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, desde El Norte de Castilla (Valladolid) y El Diario Montañés (Santander) hasta La Verdad de Murcia y Las Provincias de Alicante o el diario Sur de Málaga. En 2021, sus ventas de ejemplares cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, todos los diarios del grupo cuentan ya con 89.000. El País suma 164.000 y El Mundo 91.000.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.

La corresponsal de TVE en Bruselas, Marta Carazo, el director de Informativos de Onda Cero, Julián Cabrera, y la delegada de la Agencia EFE en Bruselas, Catalina Guerrero, han sido los galardonados de la vigesimoctava edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga.

Según ha informado este lunes la Comisión Europea en España, y ha recogido Europa Press, en la categoría de prensa escrita, Catalina Guerrero ha sido reconocida "por su larga trayectoria informando sin fatiga sobre la actualidad europea en todos sus diversos ángulos, siempre con rigor e imparcialidad y con el orgulloso anonimato propio de las agencias de noticias".

En relación con la categoría de radio, la institución ha apuntado que el jurado destacó de Julián Cabrera, sus "dieciséis años al frente de los servicios informativos, que acredita las cualidades periodísticas inspiradas en los valores fundacionales de la UE". "La imparcialidad y el pluralismo de los que ha hecho gala a lo largo de su dilatada trayectoria se proyectan hoy en toda la programación de la cadena", añadió.

Asimismo, el jurado ha decidido otorgar el premio en la categoría de televisión a Marta Carazo por "su rigor y su claridad; por saber trasladar y explicar de forma comprensible la Unión Europea y hacerlo desde todos los puntos de vista, no sólo el institucional". "Marta Carazo ha sabido adaptar a la televisión, como pocos periodistas, la información de la Unión Europea y lo ha hecho no sólo contando las decisiones, sino intentando dar voz a quienes directamente son los más afectados por esas decisiones", ha apostillado.

En relación con el jurado, la Comisión Europea en España ha indicado que las deliberaciones del jurado de la XXVIII edición del Premio se celebraron en la sede de la Asociación Periodistas Europeos el 10 de marzo de 2022, bajo la presidencia de José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores.

De este modo, el jurado ha estado integrado por Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos; Iñigo Alfonso, director de "Las mañanas" de RNE; José Miguel Azpiroz, Onda Cero; Montserrat Domínguez, directora de Contenidos de la Cadena SER; Javier García Vila, director de Europa Press; Montserrat Lluis, directora general del Grupo COPE; Xavier Mas de Xaxàs, corresponsal diplomático de La Vanguardia; Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante; Jesús Morales, director adjunto de 20 Minutos; Pablo Morán, jefe de Internacional Cadena SER; Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España; Ana Mª Núñez-Milara, El Mundo; Elena Ochoa, TVE; Alfonso R. Aldeyturriaga, director de Colpisa; Karina Sainz Borgo, de ABC, y Carmen Vela, excorresponsal en Berlín de la Cadena SER.

Por su parte, han actuado como secretarios sin voto María Ángeles Benítez, directora de la Representación de la Comisión Europea en España y Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos.

El premio, consistente en un diploma y una dotación de 12.000 euros en cada modalidad (prensa escrita, radio y televisión) es convocado anualmente por la Asociación de Periodistas Europeos, la Representación en España de la Comisión Europea y la Oficina en Madrid del Parlamento Europeo. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 25 de mayo en Alicante.

El País ha despedido a Antonio Caño, quien fue su director entre 2014 y 2018, según han confirmado fuentes de Prisa a infoLibre. La empresa ha comunicado este mismo miércoles su decisión a Caño, que desde que fue destituido figuraba como asesor para la transformación digital en el organigrama del periódico y escribía un artículo de opinión mensual.

Caño fue destituido como director del periódico insignia de Prisa tras un periodo abrupto en el que dio un vuelco a la línea editorial de El País y sufrió una grave pérdida de lectores y suscriptores.

Ahora se ha convertido en el primer exdirector de El País que deja de tener relación con el periódico. 

Hasta hora Prisa seguía acogiendo a los exdirectores de su principal diario en sus páginas, donde siguen escribiendo Joaquín Estefanía, Soledad Gallego-Díaz y Jesús Ceberio, además de Juan Luis Cebrián, que ocupó también la presidencia del grupo hasta mayo de 2018.

Según explican fuentes de la empresa, ésta ha decidido amortizar su puesto de trabajo al considerar que, con la reorganización que está acometiendo el grupo, no tiene sentido contar con un asesor de transformación digital en Estados Unidos, donde reside Caño, que fue corresponsal del periódico en Washington durante una década.

Desde que fue destituido, su relación con El País no ha sido pacífica. Hace ya un par de meses que su artículo mensual dejó de publicarse en el periódico de papel.

Antonio Caño ha colgado un comunicado en su cuenta de Twitter donde asegura que su despido responde a “razones ideológicas” y anuncia que se reserva el derecho a emprender acciones legales porque el cese no sólo le causa un “enorme perjuicio personal y profesional”, sino también porque constituye “un atropello a la libertad de expresión”. El periodista lamenta que el despido se haya producido “de forma fulminante y sin posibilidad siquiera de un intercambio de puntos de vista con los responsables del periódico”. También achaca la decisión a los “incidentes” que se han sucedido en relación con sus tribunas. “La última de ellas, titulada Algunas lecciones para la izquierda, no fue publicada en la edición de papel por decisión del director del periódico”, asegura Caño, quien añade que la anterior directora, Soledad Gallego-Díaz, impidió la publicación de otro de sus artículos “crítico con el actual Gobierno español”.

El exdirector revela que ha tenido “problemas” con el periódico en los últimos tres años, iniciados según dice con el despido de todos sus colaboradores tras ser destituido. Los atribuye a “la actual situación política española” y a la opinión que “libremente” expone en sus artículos. Su despido, subraya, es “ilegal” y carece de precedentes en la historia de Prisa.

El 'informe Caño'

Antonio Caño fue nombrado director de El País en mayo de 2014 no mucho después de que elaborara, a petición de Juan Luis Cebrián, un polémico informe en el que criticaba la “pérdida de credibilidad” del diario, pedía la renovación “profunda, casi total” de sus cuadros e incluso alertaba sobre la actitud “revanchista” y “obstruccionista” que temía encontrar en la redacción al ponerse a su frente.

Su etapa se caracterizó por un giro hacia la derecha del periódico. Ya antes de dirigirlo, Caño apoyó la política del presidente republicano George W. Bush en Irak. Su actitud contra los gobiernos de izquierda en América Latina le enfrentaron con una mayoría de la redacción. También respaldó la política de la empresa durante el ERE que supuso el despido de 129 trabajadores de El País y se opuso a las movilizaciones de protesta de los periodistas.

Las relaciones con la redacción de Caño y de las personas que nombró en los principales puestos de dirección tampoco fueron buenas. El cambio de la línea editorial, las formas con que se manejaban esos cargos de confianza y los problemas suscitados por la publicación de ciertas informaciones se tradujeron en el rechazo de buena parte de la redacción y el abandono de algunas de sus mejores firmas, como Rafael Méndez y Manuel Altozano. Además, cuando Caño fue destituido en junio de 2018, El País perdía 23.000 ejemplares en quiosco al día. Desde enero de 2017, su difusión había caído un 13%.

Efervescencia, problemas con la redacción, despidos

De hecho, en octubre de 2016 Antonio Caño tuvo que enviar una carta a los suscriptores del periódico que se estaban dando de baja, unos 500 diarios tras la publicación de un editorial muy crítico con Pedro Sánchez el mes de septiembre. En dicho texto, el diario de Prisa no sólo consideraba “imprescindible” la salida de Pedro Sánchez de la dirección socialista, sino que también le tildaba de “populista” e “insensato sin escrúpulos”, le acusaba de actuar con “cobardía”, “en la mejor tradición sectaria” y de acuerdo a una “hoja de ruta insensata”, e incluso aseguraba que había “mentido sin escrúpulo”.

En un intento por recuperar a los lectores, Caño se justificaba en la carta admitiendo que quizá había caído “presa de la misma efervescencia” que quería combatir desde las páginas del periódico.

El Comité de Redacción de El País, órgano que representa a sus periodistas, le pidió explicaciones por el editorial. Pero Caño puso punto final a la reunión al cabo de apenas un minuto con el argumento de que no aceptaba ningún debate sobre la línea editorial de la que él era el único responsable.

Caño fue sustituido por Soledad Gallego-Díaz. También fueron reemplazados sus cargos de confianza: David Alandete, Maite Rico, Javier Ayuso, Álvaro Nieto, Luis Prados, José Manuel Calvo y José Ignacio Torreblanca. Todos ellos fueron despedidos, en un movimiento inédito en el periódico de Prisa, y cinco demandaron a la empresa en los tribunales, alegando haber sido víctimas de una purga ideológica. La empresa terminó reconociendo la improcedencia del despido de Torreblanca, director de Opinión, mientras que el resto llegó a acuerdos con Prisa.

La junta general de accionistas de Unidad Editorial ha destituido a Antonio Fernández-Galiano como presidente ejecutivo del grupo en una reunión de carácter extraordinario convocada para este viernes. La salida de Fernández-Galiano se ha producido tras llegar a un acuerdo con la empresa, por lo que el ejecutivo no demandará en los tribunales en busca de una cuantiosa indemnización.

En el cargo le sustituirá Marco Pompignoli, director financiero de Cairo Communication, una de las sociedades de Urbano Cairo, el empresario italiano que adquirió RCS MediaGroup –a su vez propietario de Unidad Editorial– en 2016. Según explican a infoLibre fuentes de la redacción, al director de El Mundo, Francisco Rosell, se le ha comunicado que se mantiene en el cargo. Tanto Rosell, que llegó a la dirección del periódico en mayo de 2017, como el resto de los directores de las principales cabeceras del grupo –Marca, Expansión–e incluso Aurelio Fernández, director general de publicaciones de Unidad Editorial, son cargos nombrados por o ligados a Fernández-Galiano, que lleva una década a los mandos de Unidad Editorial. Pero que había sido consejero delegado desde 2005 y había empezado como gerente en la antigua Unedisa, la editora de El Mundo, en los años 90. En total, por tanto, llevaba más de 30 años en la empresa.

Las diferencias entre el ex presidente ejecutivo y los dueños italianos del grupo se esgrimen como causa del cese del español, que había sobrevivido incluso al cambio de propiedad: se mantuvo en el cargo cuando Urbano Cairo se hizo con RCS Mediagroup, también propietario de Il Corriere della Sera, tras una dura pugna en bolsa con los principales accionistas del grupo italiano. Pero el idilio no duró demasiado. Fernández-Galiano fue desposeído de poderes ejecutivos con la llegada de dos gestores desde Italia, Nicola Speroni y Stefania Bedogni.

Desde 2009, Unidad Editorial ha ejecutado cuatro ERE que se tradujeron en el despido de más de 800 trabajadores, así como planes de bajas incentivadas y el cierre de todas sus ediciones regionales. Ahora tiene en marcha otros dos ERE, uno en Logintegral, la filial de distribución del grupo, y otro en el área de revistas. La continua pérdida de ingresos, tanto por la venta en quiosco como por publicidad, han abocado a Unidad Editorial a una delicada situación financiera, agravada por la pandemia. En 2020 sus ingresos totales cayeron más de un 31%, mientras que los proporcionados por las suscripciones digitales aún no son un refuerzo suficiente. Gracias al ahorro de casi 26 millones de euros el año pasado resultado del ERTE que aplicó a parte de su plantilla, del menor gasto que supuso el recorte en las tiradas y de otros ajustes, aún consiguió un resultado bruto de explotación positivo de 15,5 millones de euros. En todo caso, un tercio del alcanzado el año anterior al covid.

Otro motivo

No obstante, fuentes de la redacción apuntan a otros motivos para explicar el alejamiento progresivo de Fernández-Galiano de los dueños italianos de Unidad Editorial. En concreto, citan el acuerdo que RCS MediaGroup firmó con Google el pasado marzo, por el que se adhiere a Google News Showcase, su nueva herramienta de recomendación de noticias. De esta forma, Google paga una tarifa a los medios de comunicación a cambio de abrir a sus usuarios noticias reservadas para suscriptores. Por el contrario, la Asociación de Medios de Información (AMI), que integran las cabeceras tradicionales de prensa y presidía desde 2019 Antonio Fernández-Galiano, defiende una “gestión colectiva obligatoria”; es decir, que la negociación con Google no la lleve a cabo cada medio de forma individual, sino a través de un intermediario que represente a todos los grupos. El pasado octubre emitió un duro comunicado en el que expresaba sus temores de que Google utilice esa herramienta para “presionar a los editores de prensa” y se imponga un sistema del que se beneficien “sólo algunos editores en detrimento de los demás”.

Unidad Editorial pasó a formar parte de RCS MediaGroup en 2007 y desde 2016 se encuentra en manos de Urbano Cairo –empresario de televisión y dueño del Torino FC–. Su diario de cabecera, El Mundo, ha vivido tiempos convulsos desde el despido de su fundador, Pedro J. Ramírez, en 2014. Desde entonces, ha tenido cuatro directores, casi uno por año, hasta la llegada de Francisco Rosell en 2017.

El consejo de administración de Prisa ha rechazado esta tarde por unanimidad la oferta de compra que el empresario asturiano Blas Herrero había lanzado sobre los periódicos y radios del grupo, según han confirmado fuentes del propietario de El País y la Cadena Ser

“La sociedad continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio, en el desarrollo y puesta en valor de sus proyectos de educación y medios de comunicación”, ha comunicado Prisa a la la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “Será en este marco en el que evaluará, de resultar procedente en el futuro, cualquier expresión de interés que pueda recibir, como ha sido el caso de las transacciones comunicadas en las últimas semanas”, concluye el comunicado del grupo.

El empresario asturiano había ofrecido 150 millones de euros por los periódicos y radios de Prisa, un precio que el grupo consideraba insuficiente. 

Finalmente, la oferta de Herrero no ha recibido el apoyo ni siquiera de quien se presentaba como su inicial valedor, el Banco Santander. Ninguno de los principales accionistas ha considerado la propuesta. El dueño de KissFM y Dkiss había enviado una carta al consejo de Prisa para comunicarles su intención de adquirir los medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales del grupo a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañaban “un grupo de inversores independientes”, liderado por él. Su objetivo era hacerse con una participación significativa, no necesariamente de control, un 33%, de la empresa.

La noticia disparó la maltrecha cotización bursátil de Prisa, que superó los 90 céntimos al terminar la mañana del jueves y acabó la jornada con una ganancia del 21%. Aun así, el escaso valor de la acción lleva ya mucho tiempo reflejando la mala salud de las cuentas del grupo, lastrado con una elevada deuda e impactado por la pandemia. El precio “escaso” que ofreció Herrero, si se tiene en cuenta que el beneficio operativo neto sólo de la radio de Prisa fue de 63,3 millones en 2019 –tal y como destacaban fuentes del grupo este jueves–, viene de la mano de una deuda que ahora está en 1.061 millones de euros sólo tras un largo proceso de recorte desde los más de 5.000 millones que alcanzó en 2009.

La venta del negocio español de Santillana, la división educativa de Prisa responsable del 73% de su resultado, es parte de los denodados esfuerzos del grupo por recortar su pesada deuda. Ahora queda en el aire la venta también del negocio de Santillana en América Latina, la auténtica joya de la corona, para poner a cero el marcador del pasivo.

Entre quienes habían manifestado, aunque extraoficialmente, su oposición a la entrada de Blas Herrero en Prisa se encuentra el Gobierno, que no contemplaba con agrado la llegada al principal grupo de medios español de un empresario cuyas posiciones ideológicas coloca ahora muy lejos de las que en los años 90 le incluían entre los próximos a Alfonso Guerra. Fuentes de Moncloa no descartaban que el objetivo principal de la operación fuera buscar un alza del precio de la acción de Prisa.

208 millones de Onda Cero

Blas Herrero fundó la cadena Radio Blanca en 1989, en un salto a los medios de comunicación desde la industria láctea. El empresario asturiano presume de haber pasado su infancia y adolescencia, hasta los 22 años, repartiendo leche, primero en carro, después a caballo y finalmente en una furgoneta. En los años 80 ya era el dueño de la lechera RAM y luego de un grupo con una treintena de sociedades, incluidas inmobiliarias y concesionarios de coches. Por entonces, sus contactos con el PSOE asturiano le permitieron obtener nueve concesiones de FM. Onda Cero, recién creada por la ONCE, emitía a través de las emisoras de Radio Blanca. Herrero se convirtió en su vicepresidente.

En 1999, Telefónica, a la que ahora tendría que seducir Herrero en el consejo de administración de Prisa, compró Onda Cero y ésta firmó con el empresario asturiano un acuerdo: crearía una cadena temática cuya gestión publicitaria correría a cargo de la radio de Telefónica durante 10 años, a razón de 18 euros por oyente y calculando una audiencia de medio millón de personas. Así nació Kiss FM en 2002. Un año después tenía 1,3 millones de oyentes. Las disputas por unas cifras que habían superado las firmadas en el contrato terminaron en los tribunales. El caso se dilató años hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón a Blas Herrero. En 2007 Telefónica –entonces presidida por César Alierta– y Antena 3, los dueños de Onda Cero, tuvieron que pagarle 208 millones de euros. Él había pedido 600 millones.

Con ese remanente, Herrero creó una sociedad de capital riesgo, fundó varias sicav y emprendió también la aventura audiovisual. Si en un primer momento se apoyó en sus contactos con el PSOE, los que ahora se le atribuyen en el PP le consiguieron una licencia de TDT en octubre de 2015, la que utiliza Dkiss. Ahora, al tiempo que pugnaba por hacerse con El País y la Ser, intenta entrar en Duro Felguera, empresa de infraestructuras que acaba de pedir un rescate de 100 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La junta extraordinaria de accionistas de Prisa convocada para el próximo 18 de diciembre puede terminar votando un punto del día inesperado: la oferta de compra “no solicitada” que ha presentado el empresario Blas de Herrero por El País, Cinco Días, As, la Cadena Ser, 40 Principales y Cadena Dial. Dependerá de la decisión que tome este mismo viernes su consejo de administración, convocado de urgencia para debatir la propuesta, abrir una negociación o directamente rechazarla. El dueño de KissFM y Dkiss ha comunicado a este órgano en una carta su intención de adquirir los medios de comunicación escritos, radiofónicos y audiovisuales del grupo a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que le acompañarán “un grupo de inversores”, liderado por él. Su objetivo es hacerse con una participación significativa, no necesariamente de control. Mientras Prisa se ha limitado a contestar que el consejo estudiará la propuesta, la CNMV suspendió la cotización bursátil del grupo durante unas horas. Al cierre del parqué, la maltrecha acción del grupo, que ha llegado a valer menos de 50 céntimos y consiguió remontar hasta los 92 al final de la mañana, ganaba un 21%.

La cuantía de la oferta está situada entre los 150 millones y los 200 millones de euros. En cualquier caso, una cifra que fuentes de Prisa consideran “muy escasa” si se tiene en cuenta, explican, que la radio tuvo un beneficio operativo neto (Ebitda) de 63,3 millones en 2019 y la prensa, de 12,1 millones más. No obstante, el 73% del resultado de Prisa procede de la editorial Santillana: 175 de los 242 millones de su beneficio operativo correspondieron el año pasado a su negocio educativo. Además, los resultados de este ejercicio han sufrido el impacto del covid-19. Hasta septiembre, Prisa reconocía un perjuicio de la pandemia que cifraba en 119,4 millones de euros, tras provocar una caída del 50% del Ebitda frente a los nueve primeros meses del año anterior.

Es más, en el primer trimestre de 2020 Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros. El PaísDe forma que el grupo ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye un ERTE y recortes de salarios para la plantilla.

Blas Herrero, en una imagen de archivo.

Pero además de unas cuentas poco lustrosas, Prisa lleva años doliéndose de una voluminosa deuda. Llegó a situarse por encima de los 5.000 millones de euros y ahora alcanza los 1.061 millones, el triple de su valor en Bolsa. Tras el cierre de la venta del negocio español de Santillana –al grupo finlandés Sanoma, por 465 millones– el pasado octubre, el grupo está reestructurando 400 millones de esa deuda. Que constituye el principal hueso para la operación del empresario asturiano. Porque, además de pagar por los activos, el quid está en cómo se reparten esos pasivos entre las dos unidades de negocio que se pretenden segregar, cuántos millones corresponden a los medios de comunicación que quiere comprar Herrero y cuántos al negocio de educación que Prisa intenta vender.

Apoyos y oposición

Según han explicado a infoLibre fuentes del entorno de Blas Herrero y han confirmado fuentes de Prisa,  para la compra el empresario asturiano cuenta con el apoyo del Banco Santander. También con el de los mexicanos Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González e incluso con el de la familia Polanco y los próximos al expresidente Felipe González. Aunque menos por entusiasmo que por el hecho de que no ven “otra alternativa” teniendo en cuenta el balde de la deuda. El banco presidido por Ana Patricia Botín es el acreedor de un 20% de esas obligaciones. Además, el dueño de Kiss FM ha dado “garantías de continuidad” al actual equipo directivo de Prisa; en concreto, a su presidente, Javier Monzón, y al consejero delegado, Manuel Mirat. Lo que puede interpretarse como un gesto vinculado al Santander, valedor de un Monzón cuestionado por otros accionistas desde el primer momento, entre otros motivos por su pasada gestión en Indra.

Fuentes del sector apuntan hacia el también presidente de Openbank como posible “muñidor” de la operación de Herrero. Y a éste, como una suerte de “testaferro” del Santander, en un intento del banco por evitar la imagen nefasta de un medio de comunicación en manos de una entidad financiera. Es decir, hay que acabar con la inestabilidad de Prisa, vendiendo también el negocio de Santillana en América Latina para eliminar toda la deuda que aún tiene, y hay que salvar a los medios de Prisa, porque son fundamentales para la buena salud del sistema democrático. Y Blas Herrero sería “la única opción al alcance”, advierten las mismas fuentes, que destacan como clave final la línea conservadora de los principales protagonistas.

Por el contrario, Herrero se enfrenta a la oposición del mayor accionista del grupo, Amber Capital, y de su fundador, Joseph Oughourlian, los principales adversarios de Javier Monzón. Lo mismo ocurre con HSBC. De hecho, desde junio, cuando se celebró la junta ordinaria de accionistas de Prisa, en la que el fondo Amber se abstuvo al votar el nombramiento de Monzón, se mantiene una tregua que pendía en buena parte de la venta de Santillana. Oughourlian, con el 29,8% de las acciones, puede forzar la dimisión del presidente recabando apoyos en el consejo de administración para convocar una junta de accionistas extraordinaria. El Santander sólo tiene directamente el 4,1% de las acciones. Y Telefónica , con el 9%, es el árbitro en la pugna. También podría serlo en la decisión sobre la venta a Blas Herrero. Según las fuentes consultadas, la compañía que preside José María Álvarez-Pallete mantiene su intención de no participar en “ninguna batalla mediática” y sólo terminaría aceptando la operación si viera que la mayoría la apoya. 

En el frente del no, aseguran otras fuentes relacionadas con la operación, se sitúa igualmente el Gobierno, que no contempla con agrado la llegada al principal grupo de medios español de un empresario cuyas posiciones ideológicas coloca ahora muy lejos de las que en los años 90 le incluían entre los próximos a Alfonso Guerra. Fuentes de Moncloa no descartan, además, que el objetivo principal de la operación sea buscar un alza del precio de la acción de Prisa, mientras niegan haber mantenido contacto alguno con Blas Herrero. El empresario asturiano se presenta acompañado de un grupo de empresarios que su entorno califica de “independientes” y con los que pretende aglutinar entorno a un 33% del capital. Se desconoce si el dinero necesario para cubrir esa oferta saldrá de sus promotores o vendrá avalado por la misma entidad bancaria acreedora.

Una láctea, un litigio con Onda Cero y una TDT

Blas Herrero fundó la cadena Radio Blanca en 1989, en un salto a los medios de comunicación desde la industria láctea. El empresario asturiano presume de haber pasado su infancia y adolescencia, hasta los 22 años, repartiendo leche, primero en carro, después a caballo y finalmente en una furgoneta. En los años 80 ya era el dueño de la lechera RAM y luego de un grupo con una treintena de sociedades, incluidas inmobiliarias y concesionarios de coches. Por entonces, sus contactos con el PSOE asturiano le permitieron obtener nueve concesiones de FM. Onda Cero, recién creada por la ONCE, emitía a través de las emisoras de Radio Blanca. Herrero se convirtió en su vicepresidente.

En 1999, Telefónica, a la que ahora tendría que seducir Herrero en el consejo de administración de Prisa, compró Onda Cero y ésta firmó con el empresario asturiano un acuerdo: crearía una cadena temática cuya gestión publicitaria correría a cargo de la radio de Telefónica durante 10 años, a razón de 18 euros por oyente y calculando una audiencia de medio millón de personas. Así nació Kiss FM en 2002. Un año después tenía 1,3 millones de oyentes. Las disputas por unas cifras que habían superado las firmadas en el contrato terminaron en los tribunales. El caso se dilató años hasta llegar al Tribunal Constitucional, que dio la razón a Blas Herrero. En 2007 Telefónica –entonces presidida por César Alierta– y Antena 3, los dueños de Onda Cero, tuvieron que pagarle 208 millones de euros. Él había pedido 600 millones.

Con ese remanente, Herrero creó una sociedad de capital riesgo, fundó varias sicav y emprendió también la aventura audiovisual. Si en un primer momento se apoyó en sus contactos con el PSOE, los que ahora se le atribuyen en el PP le consiguieron una licencia de TDT en octubre de 2015, la que utiliza Dkiss. Ahora, al tiempo que pugna por hacerse con El País y la Ser, intenta entrar en Duro Felguera, empresa de infraestructuras que acaba de pedir un rescate de 100 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Tras ganar su duro litigio a Onda Cero, en noviembre de 2007, El Mundo le publicó un largo perfil. Una vez revisada su trayectoria empresarial, Blas Herrero enumeraba sus proyectos para el futuro: la sociedad de capital riesgo, un grupo mediático, musicales en la Gran Vía basados en las canciones de los 80 radiadas en Kiss FM... “Y adquirir o participar en un importante grupo de comunicación de ámbito nacional o internacional”. Trece años después, ha dado el paso para intentar conseguirlo, con el apoyo inicial del Santander. 

La junta general de accionistas de Prisa se cerró el pasado 29 de junio con una tregua entre dos de sus principales accionistas, el fondo Amber y Banco Santander, que mantiene en su puesto al presidente del consejo de administración, Javier Monzón. Pero el dueño de Amber, Joseph Oughourlian, que pugna por levantar de su silla a quien también preside Openbank –filial del Santander–, reclamaba igualmente un cambio en la gestión que incluía la venta de Santillana, responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de euros de su resultado bruto de explotación. Casi cuatro meses después de aquella junta general, Prisa ha anunciado que se desprende del negocio de su filial educativa en España. Se la queda el grupo de medios y educación finlandés Sanoma Corporation por 465 millones de euros, que pagará en efectivo, una vez descontados los 53 millones de deuda que acumula Santillana España. Es decir, Prisa mantiene la joya de la corona de la editorial: el negocio en América Latina, un mercado potencial de 18 millones de estudiantes y donde dice ser líder en 17 países.

En esa misma junta general, el consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat, apuntaba ya a “una futura puesta en valor de activos como Santillana” para recortar la enorme deuda que lastra al grupo desde hace más de una década. También defendía la continuidad de la “política de desinversión de activos no estratégicos” que ha sido la tónica de los últimos años.

Así, el cierre de la venta de Santillana España depende del éxito de un contrato de lock-up, una operación para refinanciar la deuda de Prisalock-up,, para la que de momento el grupo ha conseguido el acuerdo del 79,7% de los bancos acreedores. Con ese contrato pretende reestructurar 400 millones de los más de 1.060 millones de euros que aún debe. Además de ampliar hasta 2025 sus planes de vencimiento y obtener una liquidez de 275 millones. A cambio, se compromete a reducir su apalancamiento neto un cuádruplo en 2023. Para que se cierre definitivamente el acuerdo de refinanciación, Prisa tiene ahora que conseguir que se adhieran a él el resto de los acreedores. Si no logra que todos ellos lo firmen, entonces abrirá “un procedimiento legal o judicial” que permita su aplicación.

Media Capital, Cuatro, Mediaset, Digital Plus, Alfaguara...

Para recortar una deuda que en 2008 alcanzó los 5.500 millones de euros, a Prisa no le ha quedado más remedio que desprenderse de buena parte de su músculo. La lista de desinversiones es larga y no le faltan fiascos. Ya en 2008 vendió su sede en la Gran Vía de Madrid, la de El País en la calle de Miguel Yuste y la de Radio BarcelonaEl País en la calle de Caspe, todo por 315 millones. Un año después se deshizo de un 25% de Santillana. En 2010 obtuvo 916 millones por el 100% de Cuatro y el 44% de Canal Plus. En 2014 continuó la hemorragia. Penguin Random House le pagó 72 millones de euros por las editoriales Alfaguara, Taurus, Suma de Letras, Objetiva, Altea y Fontanar. Mientras que de Telefónica conseguía sólo 725 millones de euros por Digital Plus. Un precio ruinoso, teniendo en cuenta que en 2007 había pagado 2.053 millones por el 53% de la televisión de pago. También ese año se deshizo de su participación en Mediaset, un 3,7%, a cambio de 125 millones más.

En 2017 Prisa hizo su primer intento de vender Media Capital, el mayor grupo de medios de comunicación de Portugal. El elegido fue  Altice, una compañía holandesa, y el precio, 440 millones de euros. Sin embargo, las autoridades de la competencia portuguesa impidieron la operación. En septiembre de 2019, Prisa firmó un acuerdo con otra compañía lusa, Cofina, pero por mucho menos dinero, 170,6 millones de euros, que finalmente se rebajaron a 123,3 millones, tras un nuevo freno del regulador portugués. La operación se deshizo y no ha sido hasta el pasado mes de septiembre cuando Prisa ha conseguido desprenderse de Media Capital, al colocar el 64,5% de sus acciones a “varios inversores” por sólo 36,8 millones de euros. Unos meses antes, en mayo, había vendido otro 30,2% a Pluris Investments, otra sociedad portuguesa, por 10,5 millones.

Además, al mismo tiempo que Prisa reducía perímetro, la familia Polanco perdía posiciones. Ya sólo posee el 7,6% de las acciones. Como mantiene un pacto de sindicación con el empresario mexicano Roberto Alcántara, ambos suman el 16,5%. El fundador del gupo, Jesús Polanco, falleció en julio de 2007, seis meses antes de la OPA sobre Sogecable, la operación que disparó su deuda y que aún está digiriendo hoy.

Una cuota de mecado del 30% en libros de texto en América Latina

Ahora Santillana se suma a la dieta forzosa de Prisa. Pese a la venta, la editorial mantendrá la propiedad de todas sus marcas y suscribirá un acuerdo de licencia exclusiva a favor de Sanoma para el uso de las marcas Santillana y Loqueleo en la Unión Europea, excluido Portugal, y Richmond en España. El negocio español que Prisa acaba de vender a los finlandeses representa el 21% del negocio mundial de la empresa, con una facturación que el propio grupo cifra en 128 millones de euros, según la información que ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De forma que el grueso de su actividad se desarrolla en América Latina. Allí tiene una cuota de mercado del 30% en libros de texto y un 24% en suscripciones digitales, un segmento ahora impulsado por la pandemia del covid-19. De hecho, si en 2011 sólo contaba con 56.000 alumnos digitales, en el primer trimestre de este año ya eran 1,71 millones. Equivalen al 45,6% de sus clientes latinoamericanos.

Tras hacerse pública la venta de Santillana España, las acciones de Prisa se dispararon un 28% en la Bolsa. Llegaron a cotizarse a 70 céntimos, un leve consuelo para el descalabro que vienen sufriendo los títulos del grupo editor de El País desde hace años. Su capitalización a 1 de septiembre era de sólo 289,83 millones de euros, un 71,6% menos de lo que valía al cierre de 2019, 1.020,4 millones. Sus acciones se hundieron hasta un 61,2% desde el 12 de marzo, cuando cotizaban a 1,056 euros. En septiembre valían 40 céntimos.

En el primer trimestre de este año, Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. El grupo que publica El País y posee la Cadena Ser ha reconocido un impacto negativo de la crisis del covid-19 en sus ingresos de 25,5 millones de euros, que le ha obligado a aplicar un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros. Incluye recortes de salarios para la plantilla y un ERTE en El País.

La junta general de accionistas de Prisa reeligió este lunes como presidente de su consejo de administración a Javier Monzón. Obtuvo el 62% de los votos, pero también la abstención del principal accionista del grupo, el fondo Amber Capital. Además, un 1,2% de los votos rechazó la continuidad de quien también es presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online del Banco Santander. Su permanencia al frente del principal grupo de comunicación español no significa, sin embargo, que la batalla que lleva meses librándose en el seno del consejo de administración de Prisa se haya cerrado. Más bien, que los dos principales actores en la pugna, Amber Capital y Banco Santander, han alcanzado una tregua sobre la gestión de la compañía, en plena crisis del coronavirus, que mantiene en el aire el futuro de Javier Monzón e incluye la venta de la joya educativa de Prisa, Santillana, para rebajar la abultada deuda del grupopara rebajar la abultada deuda del grupo.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el final de la contienda sólo se ha aplazado. Haber hecho caer a Monzón este lunes tampoco hubiera tenido mucho sentido, aclaran, puesto que, sin un candidato para sustituirle, el puesto habría recaído en el vicepresidente no ejecutivo, Joseph OughourlianJoseph Oughourlian, fundador y presidente de Amber Capital, además de principal antagonista de Monzón en el consejo. Un reemplazo que habría suscitado el obvio rechazo del Banco Santander, apoyo fundamental sobre el que se sienta el también expresidente de Indra.

En la lidia, revelan las mismas fuentes, es Telefónica quien está actuando de árbitro. Con un 9% del capital, si la compañía de José María Álvarez-Pallete se acerca al lado de Oughourlian, que cuenta con el 29,8% de las acciones, Monzón tendría que irse. Banco de Santander sólo posee el 4,1%. De forma que no es descartable que en no demasiado tiempo regresen los movimientos de sillas al consejo: bastaría con convocar una junta extraordinaria de accionistas o incluso con forzar la dimisión de Javier Monzón. De momento, Amber ha decidido abstenerse, en lugar de votar en contra de reelegir al presidente del consejo, como clara señal de sus dudas acerca de la gestión desarrollada en Prisa pero sin derramar aún toda la sangre.

Oughourlian sólo consiguió, pues, el apoyo del resto de los fondos con acciones en Prisa: Melqart Asset Management (3,6%), Vanguard (1,6%) y Polygon (1%). Enfrente y apoyando a Monzón se mantienen, además del Santander, la familia Polanco, los empresarios mexicano Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González, el banco británico HSBC y el jeque catarí Jalid Thani Abdulá Al Thani. El presidente de Amber quiere un cambio en la gestión del grupo que, entre otros asuntos, incluye la venta de Santillana, que en 2019 fue la responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de su resultado bruto de explotación. Su venta debería servir para aliviar parte de la cuantiosa deuda de Prisa, como dejó claro este lunes el propio consejero delegado, Manuel Mirat, en su discurso a los accionistas, tras mencionar también la reciente venta del 30% de Media Capital, su empresa de comunicación en Portugal.

El valor nominal de la acción, 10 céntimos

La situación económica del grupo no da para muchas alegrías. De hecho, el más importante punto económico del orden del día era este lunes la reducción de las reservas y del capital social para compensar pérdidas. Unos números rojos acumulados de ejercicios anteriores que sumaban hasta este lunes 705,09 millones de euros. Para eliminarlas ha sido necesario dejar la acción de Prisa en sólo 10 céntimos, justo cuando se cumplen 20 años de su salida a Bolsa, el 27 de junio de 2000. Entonces, el precio de salida de la acción fue de 20,80 euros, lo que suponía valorar el grupo en 4.551 millones de euros. Hoy su capital social es de sólo 70,8 millones. Este lunes, tras subir su cotización casi un 5,5% tras la junta y alcanzar un valor de 49 céntimos, la capitalización de Prisa apenas supera los 350 millones de euros. Nunca las acciones de Prisa estuvieron tan bajo.

Por el contrario, su deuda, que llegó a superar los 5.000 millones de euros en 2008 y 2009, se eleva a 1.061 millones, por lo que triplica su valor en Bolsa.

La reducción de capital, obligada por ley, ha sido una operación en cuatro fases. Primero se han compensado 469,97 millones de euros de pérdidas utilizando la prima de emisión de 254,18 millones, así como todas sus reservas voluntarias, 197,72 millones, y su reserva legal, otros 18,07 millones más. A continuación, Prisa ha rebajado su capital social recortando el valor nominal de sus acciones de 0,94 a 0,48 euros, lo que se equivale a una reducción de 320,76 millones. Así ha conseguido dejar en cero las pérdidas acumuladas.

Pero para recuperar la reserva legal, la junta ha aprobado una segunda reducción del capital social, recortando un poco más la acción, hasta los 0,47 euros, lo que se traduce en una rebaja de 7,08 millones. Finalmente, se ha ejecutado una tercera reducción, por importe de 267,41 millones adicionales, dejando la acción en sólo 0,10 euros. 

En total, el recorte del capital social de Prisa asciende a 595,26 millones. La ley obligaba al grupo a efectuar esta operación, ya que debía restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Cuando el pasado mayo Prisa presentó los resultados del primer trimestre, el grupo reconoció que su patrimonio neto era inferior a las dos terceras partes del capital social, por lo que se encontraba “en una situación de desequilibrio patrimonial a los efectos de la obligación de reducir el capital social en el plazo de un año, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Pérdidas de 182,3 millones en 2019

En el primer trimestre, Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros.El País

Con un impacto negativo de la crisis del covid-19 en los ingresos que el grupo ha calculado en 25,5 millones de euros, Prisa ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye recortes de salarios para la plantilla. La empresa emplea a 8.951 trabajadores en todo el mundo, de los que 3.097 se encuentran en España.

Esas bajadas de sueldo también afectan a sus consejeros y máximos ejecutivos. Los primeros se han reducido las retribuciones en un 20%, y los segundos, en un 10%. Así, el presidente no ejecutivo, Javier Monzón, cobrará este año como remuneración fija 340.000 euros, mientras que Manuel Mirat percibirá 462.500 euros este año.

“No representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés”o representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés

Además, la junta general, que se ha celebrado de forma telemática, ha aprobado las cuentas del grupo y el nombramiento de un nuevo auditor para los próximos tres ejercicios: Ernst & Young sustituirá a Deloitte.

El resto de los consejeros cuya reelección se sometió al escrutinio de los accionistas fueron también ratificados: los independientes Javier de Jaime y Sonia Dulá, el dominical Joseph Oughourlian, (Amber Capital), Manuel Polanco y el jeque catarí Jalid Thani Abdulá Al Thani. El exministro de Comercio Javier Gómez-Navarro ha dejado a petición propia su puesto, que será amortizado. De esta forma el consejo de administración reduce a 12 el número de sus miembros.

Cuestión aparte son las implicaciones políticas de los cambios de sillón en el consejo, aireadas tras la salida de Soledad Gallego-Díaz de la dirección de El País hace sólo unos días y el regreso de Javier Moreno. Mirat quiso desmentirlas en la junta general: “Nosotros no representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés. Ejercemos el periodismo en su más noble, clásica y comprometida acepción, aunque muchas veces no seamos comprendidos, e incluso seamos atacados. En la historia de esta casa ha habido muchos intentos de ese estilo y siempre han prevalecido la consistencia y la fuerza de nuestros fundamentos. Y así continuamos”.

Soledad Gallego-Díaz deja la dirección de El País cuando se cumplen los dos años que estipulaba su contrato. Ya antes de la pandemia había comunicado a los responsables del Grupo Prisa que no había cambiado el compromiso firmado en junio de 2018 de permanecer ese tiempo en el cargo y ni un día más. Con ella deja su puesto como adjunto a la dirección Joaquín Estefanía. También la escritora Maruja Torres ha anunciado ya en Twitter que no seguirá escribiendo las columnas que reanudó el pasado mes de marzo. A Gallego-Díaz la sustituirá Javier Moreno, quien ya dirigió el periódico entre mayo de 2006 y febrero de 2014.

En principio, más que la salida de Gallego-Díaz las incógnitas rodean la elección de Moreno para timonear un periódico que no se salva de la caída de los ingresos de la publicidad y ventas en quiosco que azota a la prensa española y mundial, mientras se decide con mucha timidez a ponerle precio a las noticias de su página web y duda sobre cómo adaptarse a los cambios de hábito de lectura de los ciudadanos. De hecho, en los dos últimos años El País ha perdido casi un 20% de su difusión ordinaria, un recorte que se eleva hasta el 32% si la mirada incluye los tres primeros meses de 2020. Que fueron terribles para las principales cabeceras españolas. Según los datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País ha dejado de vender una media de 27.167 ejemplares diarios entre enero de 2018 y diciembre de 2019. En 2018 tenía una difusión media diaria de 120.940 ejemplares, que un año después había descendido a 110.385. Pero entre enero y marzo de este año esa cifra cayó por primera vez por debajo de 100.000: sólo 93.502 ejemplares en promedio.

El descalabro procede de todos los tipos de venta de periódicos de papel, pero ha sido muy acusado en las suscripciones individuales, que eran 58.347 en mayo de 2018, pero que sólo un mes más tarde quedaron reducidas a 20.110. La caída ha sido constante desde entonces, hasta llegar al mínimo de 9.779 el pasado mes de marzo. Es decir, el periódico de papel ha perdido 48.568 suscriptores en dos años, el 83% de los que tenía.

Y si en los quioscos colocaba en 2018 una media diaria de 85.594 ejemplares, el pasado mes de enero se quedó en su mínimo, sólo 71.347. Aunque subió algo en marzo, no superó los 76.223 periódicos. Por tanto, ha perdido 11.800 ejemplares, un 13,4%. En estos dos años y medio, El País ha reducido su tirada según iban menguando sus ventas: ha pasado de imprimir una media de 188.065 periódicos en 2018 a apenas 133.800 el pasado marzo, casi un 26% menos de papel.

Apuesta por la experiencia

Aun así, Prisa anunció un Ebitda (resultado bruto de explotación) de su unidad de prensa de 12,1 millones de euros en 2019, casi el doble que el ejercicio anterior. El grupo en su conjunto, no obstante, perdió 182,3 millones de euros, una mejora del 32,3% respecto a los números rojos de 2018, 269,3 millones. Según explica la empresa, frente al declive del papel, la publicidad digital aumentó un 9% y ya representa el 31% de los ingresos de la división de prensa, y un 57% de los ingresos publicitarios del grupo. Eso sí, la pandemia ha recortado sus ingresos en 25,5 millones, con una caída en la publicidad en prensa de 4,1 millones de euros y de otros 8,4 millones en la radio.

De forma que ha puesto en marcha un plan de reducción de costes de 40 millones de euros. Que se ha concretado en un ERTE en El PaísEl País con un recorte de jornada del 11% y un compromiso por parte de la empresa de no despedir a nadie en el periódico sólo hasta diciembre. Y ahí es donde se centra parte de la preocupación con que ha sido acogido el nombramiento de Javier Moreno en la redacción. Moreno fue quien ejecutó el primer y único ERE que ha sufrido El País en su historia y que se llevó por delante a 129 trabajadores en 2012El País .

Algunas de las fuentes de la actual dirección consultadas por infoLibre precisan, no obstante, que al menos antes de la pandemia la intención de la empresa era “contratar, tanto aquí como en América”. También aseguran que con Javier Moreno, actualmente director de El País América, Prisa ha “apostado por la experiencia”, un perfil “económico” y “de confianza” para encarar un momento muy complicado para el periódico. Precisamente, en plena crisis sanitaria y económica y después de muchas vacilaciones y continuos retrasos, El País acaba de poner en marcha su sistema de suscripción digital. Las mismas fuentes destacan que está siendo todo un éxito e incluso mencionan la cifra de 50.000 suscripciones desde el 1 de mayo.

Niega el ERE y el cambio de línea editorial

El otro motivo de preocupación de la plantilla de El País, advierten las fuentes consultadas, se refiere al cambio que pueda operar Javier Moreno en la línea editorial del periódico. En concreto, mencionan su temor a que su regreso se traduzca en una pérdida de “todo lo ganado estos dos años en la recuperación de la credibilidad” del diario tras la salida de Antonio Caño. Su miedo es que el periódico vuelva a la línea que ya han apuntado en algunos artículos tanto el propio Caño como el presidente de honor de El País, Juan Luis Cebrián, y el expresidente del Gobierno Felipe González, cuyo ascendiente en el diario no dudan en calificar de “preocupante”. González es miembro del consejo editorial del periódico. En un reciente artículo, Caño apoyaba la creación de un Gobierno de PSOE, PP y Ciudadanos, que no llegaba a llamar “de concentración”, pero que dejaba fuera a Unidas Podemos.

En cualquier caso, las fuentes precisan que Javier Moreno no es un nombramiento que venga de la mano de Cebrián, alejado de toda decisión ejecutiva en el grupo Prisa desde abril de 2018. Por el contrario, fue Juan Luis Cebrián quien encargó en 2014 un informe a Antonio Caño, entonces corresponsal en Washington, sobre los cambios que debía poner en marcha el periódico para salir de la crisis de audiencia e ingresos en la que estaba sumido y que proponía directamente la sustitución de Javier Moreno.

Su segunda designación ya ha sido comunicada al comité de redacción, tal y y como estipula el Estatuto de Redacción del periódico, y se someterá este miércoles a votación en la plantilla. Soledad Gallego-Díaz y Joaquín Estefanía seguirán en El País, escribiendo sus columnas, según confirman las fuentes consultadas. Convocados por la empresa, los trabajadores de El País asistieron la tarde del lunes a la despedida de Soledad Gallego-Díaz y a la presentación de Javier Moreno. Éste negó a los redactores que regrese para ejecutar otro ERE, tampoco para poner en marcha un cambio editorial en la línea del ejecutado por Antonio Caño. Por el contrario, aseguró que su intención es conservar el capital de Gallego-Díaz e incluso culpó de su cese en 2014 al Partido Popular, explican a infoLibre fuentes de la redacción.

Los movimientos de Amber Capital

El movimiento en la cabecera del primer periódico español se produce también cuando el fondo Amber Capital, el principal accionista de Prisa, se ha hecho con el 29,84% de las acciones, lo que le acerca al porcentaje a partir del cual la ley le obliga a lanzar una OPA si quiere seguir adquiriendo títulos del grupo. Amber Capital ha pugnado estos últimos años para hacer caer a Juan Luis Cebrián y puso en duda la idoneidad de Javier Monzón para presidir la compañía, puesto que terminó imputado en el caso Púnicacaso Púnica. El anterior presidente de Indra fue finalmente exonerado por la Audiencia Nacional el pasado mes de enero.

El accionariado de Prisa se lo reparten, además de Amber Capital, el Banco Santander –4,14%–, el HSBC –9,1%–, Telefónica –9,4%–, la familia Polanco –7,6%–, el Grupo Herradura Occidente –5%–, el jeque catarí Al Thani –5,1%–, el empresario mexicano Carlos Slim –4,3%– y el inversor Carlos Fernández -4%–, entre otros. La acción de Prisa cotiza a apenas 60 céntimos –ha llegado a estar a 52 céntimos durante lo peor de la pandemia–, cuando en 2015 valía hasta cinco euros. Este mismo mes de mayo Prisa consiguió vender un 30,22% de Media Capital, la firma de medios que posee en Portugal, a un empresario portugués por 10,5 millones de euros, lo que supone valorar la compañía en 130 millones de euros. En septiembre de 2019, el grupo cifraba en 255 millones el valor de Media Capital. Esa cantidad debía ayudar al grupo a reducir su elevada deuda, 1.067 millones de euros, que ha aumentado seis millones sólo en los tres primeros meses de este año.

En cualquier caso, las caídas de difusión y publicidad de El País no distan mucho de las que sufren el resto de las grandes cabeceras españolas. Según los registros de OJD, El Mundo El Mundoha pasado de una difusión de 89.580 ejemplares diarios de media en 2018 a sólo 69.466 entre enero y marzo, un descenso del 22,5%. En quiosco sólo vendió en promedio en el trimestre 45.186 ejemplares. Tiene 12.881 suscriptores, un 26% menos que en 2018. Abc ha perdido un 12,8%Abc de su difusión desde 2018 hasta ahora. Entre enero y marzo su media de ventas no superó los 64.788 ejemplares. Tiene 11.560 suscriptores. La Razón La Razónno fue capaz de colocar a través del quiosco más que 40.062 periódicos, nada menos que un 38,5% menos que en 2018, cuando aún vendía 65.098 ejemplares. Pero con las suscripciones la debacle es aún peor: sólo cuenta con 763 suscriptores, un 73,6% menos que hace dos años. La Vanguardia aún tiene una difusión de 85.236 en el primer trimestre, pero es un 11,5% menor que en 2018. Eso sí, posee 50.158 suscriptores, un 8,7% menos que hace dos años. Finalmente, El Periódico se quedó en marzo por debajo de los 50.000 ejemplaresEl Periódico, que a duras penas mantuvo en enero y febrero. La caída es del 18,5% desde 2018. Y sólo cuenta con 5.704 suscriptores.

News Media Alliance ha publicado un informe que señala que el cierre de Google News finalmente no se ha traducido en una pérdida de lectores para los medios digitales de la prensa española, según informa Europa Press. La entidad ha llevado a cabo un análisis sobre la evolución de las visitas que han recibido grandes medios entre 2014 –año en el que Google cerró su servicio de noticias– y 2019.

Los resultados obtenidos señalan que, ciertamente, en un primer momento se produjo una ligera disminución en el tráfico de esaswebs, pero tras dicha bajada el número de visitas no ha dejado de aumentar desde entonces. Según el estudio, la caída pudo deberse al cierre de Google News o a cualquier otro factor externo que tuviera lugar en ese momento.  Entre los ejemplos que cita News Media Alliance está el diario El País: en octubre de 2014 logró 8,5 millones de usuarios mensuales únicos y más de un año después, en diciembre de 2015, registró 16,6 millones de visitas. En septiembre de 2017, El País había incrementado su audiencia a 18,3 millones de usuarios mensuales únicos

Según los datos recabados por el informe a partir de fuentes de sector periodístico, las posibles caídas en el número de visitas se compensaron gracias al aumento del tráfico procedente de buscadores, más valioso para los editores de noticias tanto en términos monetarios como cualitativos. Este tráfico permite reunir más información sobre los lectores, lo que se traduce en un mayor numero de datos directos sobre los usuarios sin necesidad de un intermediario digital, además de impulsar potencialmente los ingresos debido a un mayor rendimiento de los anuncios, ya que los lectores visitan páginas más rentables.

El informe recuerda que España no es el único país de Europa que no cuenta con este servicio de noticias. Por ejemplo, Google News nunca ha estado disponible en Dinamarca o en Finlandia y, sin embargo, la prensa en esos países es una de las industrias más pujantes, aunque eso no significa que no sufren igual que en el resto de los países vecinos la disminución de los ingresos por suscripciones y publicidad y el reto de atraer ingresos en línea. 

La investigacion concluye que el tráfico digital existe y continúa incluso sin Google News. Además, las empresas editoras españolas han conseguido licencias con otros agregadores y editores en países que no cuentan con Google News y están obteniendo unos resultados similares a los de aquellos paises con Google News.

El periodista, profesor de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid durante 24 años y escritor Bernardino Martínez Hernando ha fallecido a los 84 años este domingo 7 de abril a causa de un derrame cerebral, según ha informado la Asociación de la Prensa de Madrid.

Natural de León, Martínez Hernando trabajó en prensa y radio de diversos medios de comunicación. Comenzó a los 17 años en medios regionales como El Diario de León y Radio Popular de León y cofundó la revista de poesía Claraboya hasta que en 1969 se trasladó a Madrid. 

Fundó y dirigió la revista bimestral Sociedad/Familia. Trabajó en Informaciones, donde popularizó su firma en primera página y en Vida Nueva, donde fue escalando puestos hasta convertirse en director del semanario madrileño. Asimismo, colaboró en Radio Nacional de España y COPE Madrid, en El País, Blanco y Negro, La Gaceta del Norte, Razón y Fe, Signo, Hechos y Dichos. Publicó trabajos de investigación para revistas especializadas y académicas como Revista de Ciencias de la Información, Lingüística Española Actual, Comunicación y Estudios Universitarios, Estudios sobre el mensaje periodístico y Arbor, entre otras.

Era doctor en Ciencias de la Información por la UCM, licenciado en Filosofía en el Seminario Conciliar de León y diplomado en Lengua y Literatura francesa en la Universidad Católica de París. A lo largo de los 24 años que duró su carrera como profesor de Periodismo en la UCM, Martínez Hernando fue colaborador de cátedra, profesor ayudante y, desde 1989, profesor titular de Redacción Periodística.

El periodista ingresó en 1974 como socio vitalicio de la APM, donde ejerció como directivo durante 23 años. Ejerció el cargo de archivero-bibliotecario y destacó especialmente en su labor para la ampliación de libros y documentos, así como organizador del archivo. Se convirtió en un referente para investigadores y periodistas hasta que se retiró en el año 2015.

Algunas de sus obras como escritor fueron Lenguaje de la prensa, Testigo del misterio o La corona de laurel. Periodistas en la Real Academia Española, y fue coautor junto con Juan Manuel Bernardo Nieto de 120 años de la Asociación de la Prensa de Madrid en fotos (1895-2015).

Ninguno de los 10 principales periódicos españoles vende en quiosco más de 90.000 ejemplares al día. Lo certifica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) con los datos de 2018. La continuada e imparable caída de la prensa escrita en la última década permite a El Paísmantenerse como diario más vendido en la calle con un promedio de sólo 85.594 ejemplares el año pasado. Es el único, además, que supera los 60.000 ejemplares. Porque los tres siguientes vendieron de media en quiosco sólo 56.091 periódicos –El Mundo–, 54.950 –La Vanguardia– y 52.161 –Abc–. El resto no llega ni a 50.000 ejemplares diarios.

Aunque todos bajaron el año pasado en su difusión total con respecto a 2017, con una pérdida conjunta de 91.161 ejemplares, el 11,2%, el que más ha acusado la caída ha sido El País, que casi duplica esa media con un desplome del 21,4%. Le sigue en el retroceso El Periódico, con un recorte en su difusión total del 16,3%El Periódico. La bajada de los ocho restantes no llega a los dos dígitos, pero aun así es considerable: un 8,9% La Vanguardia y un 7,8% El Mundo, como más destacados. La difusión total incluye la venta en quiosco, las suscripciones, las ventas especiales (por ejemplo, suscripciones colectivas) y las entregas gratuitas.

Si se pone el punto de mira sólo en la venta en quiosco, la pérdida de los 10 principales periódicos es de 48.755 ejemplares en conjunto, un 10,1%. En este caso la cabecera que más cae es La Vanguardia, La Vanguardiacon unas ventas medias en 2018 un 16,1% por debajo del año anterior. El Periódico retrocede en quiosco un 12,5% y El País, un 12,4%. El Mundo pierde un 10,8%. Los diez principales periódicos bajaron las ventas en el quiosco: el que sufrió la menor pérdida fue El Diario Vasco, con una bajada dle 6,5%.

Esas caídas de venta en la calle, traducidas en ejemplares, suponen que El País dejó de colocar una media de 12.180 periódicos diarios el año pasadoEl País, el que más, seguido de El Mundo, con 6.860El Mundo. El Abc perdió 4.748 ventas en promedio y El Periódico, 4.726.

Por lo que a las suscripciones se refiere, es El Periódico el más perjudicadoEl Periódico, con un importante descenso del 38,1%. El País le sigue de cerca con una caída del 36,6%. El resto de los diarios pierden también suscriptores, pero en porcentajes muy alejados: La Razón retrocede un 6,37% y La Vanguardia un 5,92%. El único que crece en suscripciones es El Diario Vasco, pero sólo un 0,52%.

  EL PAÍS

La espectacular caída del diario del grupo Prisa se explica por la supresión de su edición impresa en Latinoamérica a partir del mes de junio del año pasado. En suscripciones El País ha perdido 23.190 copias de media en 2018.

A la vista de los datos de OJD, el cambio de dirección en el periódico, también ocurrido en junio del año pasado, no ha revitalizado las ventas en el quiosco, aunque se mantienen sin grandes oscilaciones mes a mes. En cualquier caso, El País terminó diciembre con una media de ventas en la calle de 84.420 ejemplares, tras alcanzar un mínimo del año de sólo 80.705 en noviembre. Había terminado diciembre de 2017 con 93.585 periódicos vendidos en quiosco.

El País es el único periódico que en difusión total –la suma de la venta en quiosco, las suscripciones individuales y colectivas, los ejemplares gratuitos y otros canales especiales– superó en 2018 la barrera de los 100.000 ejemplares, al situarse en 137.552.

  LA VANGUARDIA

La cabecera catalana es la que más suscriptores individuales tiene, más incluso que El País, una media de 54.950. La cifra, además, duplica el número de ejemplares que vende en quiosco –sólo 22.070–. Sólo La Vanguardia y La Voz de Galicia colocan más periódicos mediante suscripciones que en la calle, pero las del diario gallego apenas superan en 3.300 a sus ventas en quiosco. Ambos son periódicos con difusión autonómica y, pese a que la población de Cataluña casi triplica la gallega, La Voz de Galicia vende en quiosco más que La Vanguardia. De hecho, es el diario catalán el que vende menos en la calle de las 10 primeras cabeceras.

En 2018, su difusión total se situó en 96.345 ejemplares.

  EL MUNDO

El periódico de Unidad Editorial apenas pierde suscripciones en 2018, sólo 277, un 1,56%, pero es el segundo que más retrocede en ventas en quiosco, con una media de 6.860 ejemplares. De ahí que, con 56.091 diarios colocados en la calle, y sólo 17.417 suscriptores individuales, su difusión total no llegue a los 90.000 ejemplares en promedio –89.580–.

  ABC

En quiosco la cabecera de Vocento vende 52.161 ejemplares, tras perder un 8,34% el año pasado. Las suscripciones han bajado un 5,3%, por lo que se quedan en 12.227. En total, su difusión media el año pasado fue de 74.271 diarios.

  LA RAZÓN

El periódico que diige Francisco Marhuenda es la cabecera nacional con menos suscriptores individuales, sólo 2.895. Tan sólo cuentan con menos entre los 10 primeros de la clasificación de OJD dos diarios regionales, El Diario Vasco y La Nueva España. También es el que más oscilaciones experimenta en su venta en quiosco según el mes. El motivo son las promociones. Así, pasa de colocar un máximo de 60.938 ejemplares de media en septiembre de 2018 a un mínimo de 25.531 el mes anterior. Pese a ese esfuerzo comercial, La Razón ha perdido un 7,6% de sus ventas en la calle.

Este periódico logra, además, un 30% de su difusión por la vía de lo que OJD califica como de "pago especial", aquella en la que el diario se vende conjuntamente con otra publicación por menos del 50% del precio de portada.

Su difusión total se situó el año pasado en 65.135 copias.

  LA VOZ DE GALICIA

De las cabeceras de difusión autonómica, el diario de A Coruña es el segundo del ránking, con 61.868 ejemplares. Pero sólo vende en el quiosco 25.049, menos que por suscripción –28.443–. Y la caída en las ventas en la calle ha sido considerable, un 10,8% en 2018.

  EL PERIÓDICO

El diario del grupo Zeta atraviesa horas bajas, con un desplome de las suscripciones del 38,0% que le ha dejado con sólo 6.570 abonados individuales. En la calle se ha dejado otro 12,6% y consigue colocar 32.818 ejemplares.

Al igual que ocurre con La Razón, el 30% de la difusión del periódico catalán es de "pago especial".

Con una difusión total de 60.870 diarios, es la segunda cabecera con mayor pérdida de ejemplares en términos absolutos, 11.917 ejemplares.

  EL CORREO

El periódico vasco de Vocento también tiene un número pequeño de suscriptores, 6.556. En quiosco coloca 48.153 ejemplares, más que La Razón, pese a haber perdido un 7,2% de esas ventas en el último año. Su difusión total es de 57.547 diarios.

  EL DIARIO VASCO

Es la cabecera con menor número de suscriptores, 1.732 de media en 2018, pero también la única que los ha aumentado en el último año, aunque con una cifra mínima: nueve, un 0,52% de mejora. En quiosco vende 40.814 ejemplares, tras haberse dejado un 6,5%. Su difusión total ascendió a 43.652 copias diarias.

  LA NUEVA ESPAÑA

El periódico asturiano del grupo Prensa Ibérica tiene una difusión total de 34.877 ejemplares, de los que 31.793 los vende en quioscos. La cifra es un 8,6% inferior a la de 2017. Suscriptores individuales posee 1.828 en promedio, más que El Diario Vasco.

La agencia Europa Press y su redactora Blanca Pou han presentado un recurso contra la decisión del instructor del caso Cursach, Miquel Florit, de rechazar su personación en la pieza abierta por presunta revelación de secretos, en un escrito en el que contestan al juez que la periodista "protestó repetidamente" por la incautación del material. Informa Europa Press.

En este recurso, Europa Press sostiene "con toda rotundidad" que la afirmación del juez de que no se formulara protesta "no es cierta" y que, si se produjo la incautación, fue porque la Policía se llevó el material –un móvil, un pendrive, ordenadores y diversa documentación– "en ejecución de una resolución judicial". Por este motivo, tanto la agencia de noticias como la redactora insisten en personarse alegando que se han vulnerado sus derechos constitucionales y que el auto de Florit genera "indefensión".

'Diario de Mallorca' recusa a Florit por "falta de imparcialidad"

Diario de Mallorca y su periodista Francisco Mestre han formulado un escrito de recusación al juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, por "falta de imparcialidad" al no haberse abstenido de instruir la causa por revelación de secretos después de que se hubiera admitido la querella presentada contra él por Europa Press, Diario de Mallorca y dos de sus periodistas. Según publica este miércoles el diario, la recusación está fundamentaba en los apartados 4 y 8 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), disposiciones que recogen la "pérdida de imparcialidad" de un magistrado cuando ha sido acusado o denunciado, cuando se ha admitido a trámite la querella y si tiene un pleito pendiente con las partes.

Europa Press, Diario de Mallorca y los dos periodistas afectados por la incautación de sus móviles -Blanca Pou y Francisco Mestre- presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) una querella contra Florit después de que éste ordenase el 11 de diciembre la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Baleares, en Palma, para proceder a la intervención del teléfono móvil de la periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

La querella, que fue admitida por el TSJB el 18 de diciembre, se presentó por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores. Por otro lado, Florit, en un auto fechado la pasada semana, denegó la personación en la causa de revelación de secretos a Europa Press y a Diario de Mallorca, así como a los periodistas a los que se incautaron teléfonos móviles y ordenadores. El juez destacó que, en una resolución del 21 de diciembre, dejó sin efecto la resolución del 11 de diciembre por la que ordenada la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas.

Cabe recordar también que el pasado viernes el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma devolvió el material incautado a los dos periodistas de Europa Press y Diario de Mallorca. Según afirmó entonces el letrado de la Administración de Justicia que ordenó la entrega, los móviles y ordenadores permanecieron custodiados y depositados en la caja fuerte de las oficinas judiciales desde el pasado 12 de diciembre, es decir casi 24 horas después de su incautación.

En concreto, en el escrito de entrega el letrado señaló que a las 10.00 horas del día 12 de diciembre; es decir, al día siguiente de la incautación por la Policía, se entregaron los dispositivos al juzgado por una orden verbal del juez instructor y apuntó que "aparentemente, los dispositivos se encontraban en el mismo estado y situación que en el momento de su intervención" y que desde entonces permanecieron bajo su custodia.

Los quioscos de Madrid no tienen periódicos debido a la protesta de trabajadores de la empresa distribuidora DIMA, del grupo Boyacá. Los repartidores llevan desde el día 20 reivindicando sus condiciones laborales y “no pararán” hasta que la empresa de transportes les escuche. No obstante, no son los únicos empleados que están presionando a las compañías: aquellos que trabajan en Ryanair, Amazon o Glovo están denunciando también este verano su situación.

Julián Moreno, repartidor de Boyacá, explica a infoLibre que la empresa se niega a negociar. Su contrato finaliza en septiembre y la única postura de la compañía es según él el despido de los empleados y la reducción de la retribución diaria: “50% de la plantilla a la calle y 50% del salario a los que se quedan”. “Es una imposición inasumible”, manifiesta el ‘rutero’. Dice que están abiertos a la negociación porque “saben que la venta de prensa ha caído” y asegura que han pedido ayuda a distintos organismos. “Hemos llevado comunicados a partidos políticos para ponerlo en conocimiento de la opinión pública”, asevera Moreno. De hecho, este mismo lunes se han reunido con la Unión de Autónomos (UATAE).

Mientras, este miércoles, los trabajadores de la aerolínea irlandesa Ryanair empezarán la huelga convocada para los días 25 y 26 de julio por no haber llegado a un acuerdo. El anuncio de los paros, ya que las condiciones laborales no se ajustan a la legislación de cada Estado en que opera, se produjo a finales del mes de mayo. La decisión de reivindicar sus derechos en España, Portugal, Italia y Bélgica durante los días mencionados se tomó a principios de julio. La aerolínea de bajo coste ha amenazado con despidos y recorte de plantilla en caso de que continúen las huelgas. De hecho, “la compañía ha notificado el despido de 4 tripulantes de cabina que operaban en un vuelo en Palma el pasado día 8 de julio y que declararon al comandante de la aeronave sentirse fatigados al superar el máximo de horas permitido por ley”, según ha informado la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA).

IAG, compañía que resultó de la fusión de varias empresas entre las que están Iberia o British Airlines, ha desconvocado, por su parte, el paro de personal de tierra que se iba a realizar durante el verano. CCOO ha señalado en un comunicado que “tras tres días de intensas negociaciones, la patronal ha entrado en razón y se ha avenido a lo expuesto por las tres organizaciones sindicales”. Hacen referencia al establecimiento y “mantenimiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores subrogados”. “No hay huelga convocada”, indica Carles Planells Vives, secretario general del Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos, a este diario. “La negociación de los trabajadores de AENA está bien encarrilada”, declara el secretario del sindicato. Sostiene que, después de estos acuerdos que se están llevando a cabo, las expectativas de que haya nuevas convocatorias de huelgas “son escasas”.

Hace poco más de una semana, Amazon convocaba el inicio de la huelga de trabajadores que coincidía con el Prime Day (evento mundial de 36 horas de ofertas en exclusiva para los clientes Amazon Prime). Su protesta laboral se ha visto en gran parte de Europa, los trabajadores se han manifestado en los últimos días en España, Alemania, Polonia, Francia e Italia. Para cambiar la situación, los sindicatos de los países en los que opera la firma de Jeff Bezos han comunicado que están constituyendo un comité de empresa europeo. Este les proporcionaría el derecho de información y de consulta sobre la situación laboral en los distintos países.

Por otro lado, los repartidores de Glovo cuestionan la relación que tienen con la empresa: el día 19 de julio denunciaron en Barcelona su condición de falsos autónomos. El abogado que asesora al colectivo, Nacho Parra, razonó a Europa Press que el contenido era similar al que presentaron los trabajadores de Deliveroo. La Inspección de Trabajo de la capital catalana consideró que la relación que tenían con la multinacional era mercantil y la reclamación por cuotas atrasadas a la Seguridad Social fue de 1,3 millones de euros. Los trabajadores de Glovo esperan que la denuncia prospere, pero podría resolverse en más de un año.

El periódico El País tuvo una difusión media en 2017 de 175.000 ejemplares, de los cuales correspondían a ventas en España el 68,34%, unos 119.600 diarios. El resto los vende el grupo Prisa en el extranjero, principalmente en América Latina. De hecho, según datos internos oficiales de El País a los que ha tenido acceso infoLibre, la República Dominicana resulta ser allí su principal mercado, con una difusión del 9,28% del total. Es decir, en la isla caribeña colocó en 2017 unos 16.200 ejemplares, más que en Cataluña –donde vendió el 7,24%, unos 12.700 diarios– o Andalucía –el 6,12%, 10.700 periódicos–. Sólo en la Comunidad de Madrid tiene el periódico insignia de Prisa más difusión que en la República Dominicana: el 27,39%, casi 48.000 ejemplares. 

Esa es la difícil herencia numérica que ha dejado Antonio Caño, cesado el pasado mes de mayo como director del principal periódico de papel de España. El mes de la destitución de Caño las cifras habían empeorado respecto a la media de 2017: la difusión total fue de 160.000 ejemplares, de los que sólo se colocaron en España un 66%, en torno a 105.000.

Preguntado por este periódico, un portavoz de El País declinó hacer comentarios sobre la distribución del periódico en los diferentes mercados y se remitió a los datos que publica la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). Esta organización no ofrece públicamente cifras por países, simplemente se limita a dar el dato global de venta en España y en el extranjero, aunque sí que las recibe y audita de los medios cuya difusión controla.

Aunque la difusión en República Dominicana es la más llamativa por su volumen, en otros países de aquel continente también tiene cifra significativas. El 6,5% de la difusión total de El País se coloca en México, conviertiendo a este país en el cuarto mercado más importante del diario de Prisa, por detrás de Madrid, la isla caribeña y Cataluña, y justo por delante de Andalucía. También son importantes los datos de Estados Unidos (6% de la difusión total) y Argentina (5%). En todos estos países Prisa firmó acuerdos para distribuir el periódico de forma conjunta con cabeceras nacionales. Pero el pasado mes de mayo Prisa dejó de imprimir el diario en cinco de los siete países latinoamericanos donde hasta ahora lo distribuía. Sólo mantiene las ediciones de México y Argentina.

Pierde 23.600 ejemplares en el último año y medio

La cifra de difusión de un periódico de papel incluye cinco categorías diferentes: venta en quiosco, suscripciones individuales y colectivas, venta en bloque y gratuita. Así, El País vende en el quiosco unos 97.750 ejemplares, según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre. Otros 58.500 los coloca a través de suscripciones individuales. Las suscripciones colectivas y de patrocinios ascienden a sólo 1.400 ejemplares, mientras que la denominada “venta en bloque” alcanza los 11.200 diarios de media. El resto corresponde a la difusión gratuita, que OJD permite contabilizar como parte de la difusión total siempre que no supere el 5%. En el caso de El País equivale a casi el 3,5%, unos 6.000 periódicos.

De acuerdo con las cifras de OJD, en el último año y medio las ventas del primer periódico español no han dejado de caer. Desde enero de 2017, cuando vendía 183.700 ejemplares, hasta el pasado mes de mayo, El País ha reducido su difusión casi un 13%, tras perder 23.600 diarios vendidos. Ahora, además, la proporción de sus ventas en el extranjero es incluso superior a la media de 2017. Fuera de España coloca ya el 34% de sus ejemplares, casi tres puntos porcentuales más.

El comité de empresa de Unidad Editorial denuncia la “situación de emergencia” en que la política de de ahorro de costes y de personal de la empresa ha sumido a algunas secciones de El Mundo. Desde que el empresario italiano Urbano Cairo compró el grupo RCS, propietario de Unidad Editorial, no se cubren las bajas, ni las producidas por los periodistas que abandonan el periódico, ni las temporales por permisos de maternidad o por enfermedad. También se han congelado los ascensos. Sólo desde mediados del año pasado más de una decena de redactores han dejado el diario, o porque han recibido ofertas de otros medios o por falta de promoción interna, explican los representantes de los trabajadores. Al mismo tiempo, El Mundo ha aumentado de forma notable, dice el comité en una nota dirigida a la plantilla, el número de columnistas.

“La redacción de El Mundo celebra que el periódico apueste por la excelencia con la incorporación de firmas importantes de la prensa española”, destaca el comité, pero también critica que la empresa destine el dinero a contratar opinadores mientras sobrecarga de trabajo a los redactores de unas secciones cada vez más escasas de personal. Desde 2009 Unidad Editorial ha acometido cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que han supuesto el despido de un millar de trabajadores.

En cambio, acaba de recontratar como columnistas a David Gistau y John Müller, que ya habían trabajado antes en El Mundo. El primero lo abandonó en 2013, tras siete años en las páginas de Opinión del periódico que entonces dirigía Pedro J. Ramírez. El segundo, director adjunto del diario, se acogió de forma voluntaria en el último ERE y en 2016 fue contratado en El Español, el periódico digital fundado por Pedro J. Ramírez. Allí permaneció sólo año y medio, hasta que el pasado verano se trasladó a trabajar a Chile.

Bajar los sueldos a unos para fichar a otros

El comité de empresa denuncia, además, el “agravio comparativo” que la empresa inflige al resto de los columnistas de El Mundo, a quienes ha bajado el salario para contratar a los dos mencionados. En el caso de John Müller, los representantes de los trabajadores critican que la empresa le contrate después de haberle indemnizado en el ERE. “El argumento de la falta de dinero para personal no se aplica por igual a todos los trabajadores”, resume el comunicado.

“A este paso vamos a tener más columnistas, opinadores y analistas que redactores”, reprocha el comité a la empresa, a la que recuerda que son éstos, “no los columnistas ni los opinadores, quienes “diariamente, en dilatadas jornadas laborales, sacan adelante el periódico gracias a su trabajo”.

Prisa ha propuesto a la periodista Soledad Gallego-Díaz para ser la nueva directora de El País. Según han confirmado fuentes del grupo a infoLibre, el anuncio oficial se producirá en los próximos días. Sustituirá en el cargo a Antonio Caño, que lleva en el puesto desde el 4 de mayo de 2014.

El nombramiento de Soledad Gallego-Díaz, que trabaja desde hace más de 30 años en el periódico de Prisa, será sometido a votación de los redactores, en cumplimiento del Estatuto de El País. Gallego-Díaz se convertirá así en la primer mujer en dirigir el diario de Prisa y la única que encabeza un periódico de papel de información general con difusión nacional. 

La periodista ha sido corresponsal en París, Bruselas, Londres, Nueva York y Buenos Aires, también ha ejercido como Defensora del Lector. En abril se le concedió el Premio Ortega y Gasset, que concede el grupo Prisa. Ahora ejerce de analista política, tanto en El País como en la Cadena Ser, tras haber sido directora adjunta del diario.

La salida de Juan Luis Cebrián como presidente del grupo de comunicación, el pasado 21 de mayo, se ha traducido en el rápido cambio de los principales responsables tanto de la Cadena Ser como de El País. Primero Daniel Gavela sustituyó en la radio a Vicente Jiménez y ahora Soledad Gallego-Díaz pone fin a la etapa de Caño al frente del diario insignia de Prisa.

Hace dos semanas ya se produjo otro movimiento clave en esta nueva etapa: el exdirector de El País entre 1996 y 2003, Jesús Ceberio, recibió el encargo de presidir el Comité Editorial de Prisa.