Una de las señas de identidad de infoLibre en sus primeros diez años de historia ha sido el periodismo de investigación. Nos sentimos orgullosos de cientos de informaciones que han denunciado comportamientos corruptos, privilegios o intereses ocultos de los poderosos, que han desvelado hechos del máximo interés público y que han tenido un importante impacto social. No resulta fácil seleccionar diez de esas investigaciones, pero las que te contamos a continuación sin duda definen ese periodismo comprometido de infoLibre.

Este periódico nació el 7 de marzo de 2013 y la primera portada fue ya toda una declaración de intenciones: Los dueños del gigante de la sanidad privatizada se ocultan en las Caimán. La compañía entonces denominada Capio, primer grupo sanitario privado y mimado especialmente por los Gobiernos madrileños del PP, tenía una compleja estructura societaria que pasaba por los Países Bajos y Luxemburgo, para terminar en las islas Caimán. Una trama que convertía en misión imposible conocer la identidad de los verdaderos dueños de una empresa que se alimentaba en buena medida de dinero público, ya que la colonia británica es uno de los territorios más opacos desde el punto de vista fiscal.

El juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado que investigaba la querella por la privatización de hospitales madrileños presentada por la asociación de médicos Afem, requirió a infoLibre copia de los documentos que acreditaban la conexión de Capio con sociedades de las Islas Caimán. En noviembre de 2014, la Audiencia Provincial ordenó archivar la investigación judicial.

infoLibre fue el primer medio que consiguió, a finales de noviembre de 2013, los correos secretos de Miguel Blesa, quien entre 1996 y 2009 había sido presidente de Caja Madrid. Este periódico publicó decenas de informaciones exclusivas, entre ellas que Blesa le había buscado a su íntimo amigo José María Aznar un contrato como comisionista de una empresa que vendía armamento a Venezuela. El contrato no llegó a “concluirse”, según la versión del expresidente del Gobierno, quien denunció a infoLibre ante la Fiscalía General al entender que la publicación de los mensajes constituía un delito de revelación de secretos. La denuncia de Aznar no prosperó.

Los correos de Blesa destaparon, entre otras muchas cuestiones, que la entidad ahorro ya sabía en 2006 que los preferentistas nunca recuperarían su inversión al completo. O que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre impulsó que Caja Madrid y Telemadrid comprasen derechos del fútbol sabiendo que se perdería dinero.

Esperanza Aguirre fue, precisamente, la protagonista de otra relevante exclusiva de este periódico. Durante la campaña de las elecciones municipales de 2015, cuando la dirigente del PP aspiraba a convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre se negó de forma reiterada a revelar cuáles habían sido sus ingresos. infoLibre puso fin a la opacidad al desvelar, el 21 de mayo de aquel año, sus ingresos: en 2013 Aguirre ganó 369.000 euros como cazatalentos en Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

La dirigente madrileña montó en colera y, nada más publicarse la información, ordenó al bus de campaña del PP donde iban los periodistas que se dirigiese a la Fiscalía General del Estado, donde interpuso una denuncia por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aguirre culpó directamente al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de la filtración. Y, tras los comicios, admitió públicamente que no había logrado la Alcaldía –para la que fue elegida Manuela Carmena– por la publicación de su declaración de la renta: el día que infoLibre destapó los datos el PP detectó “la caída de 12 puntos en el apoyo que hasta ese momento” tenía “entre los pensionistas”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, era dueño del 25% de una empresa en Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según desveló infoLibre el 29 de mayo de 2017. La compañía panameña era, a su vez, propietaria de un chalé en España valorado entonces en 550.000 euros. Ante la negativa del fiscal a ofrecer su versión, este periódico llegó a enviarle un burofax para dejar constancia de los hechos, burofax que resultó clave para establecer la verdad de lo ocurrido cuando Moix intentó desactivar la noticia ofreciendo una versión falsa a través de un medio amigo. Tras tres días de mentiras públicas, el fiscal Anticorrupción tuvo que dimitir.

Este periódico también desveló que Manuel Moix, en su etapa de fiscal en Madrid, había evitado en tres ocasiones investigar a Ignacio González a pesar de que tenía pruebas más que evidentes sobre el escándalo de corrupción que terminó convirtiéndose diez años después en el caso Lezo, que supuso la detención del expresidente madrileño en 2017. Una asociación ciudadana denunció a Moix por el presunto delito de encubrimiento, pero el Supremo decidió archivar la querella.

infoLibre se convirtió en marzo de 2019 en el único medio español en formar parte de European Investigative Collaborations (EIC), consorcio europeo de periodismo de investigación del que forman parte entre otros la revista alemana Der Spiegel y el digital francés Mediapart (medio que tiene un acuerdo editorial con infoLibre y que también está entre sus principales accionistas). Desde entonces este periódico ha publicado decenas de informaciones de Football Leaks, filtración que ha desvelado la parte oculta del negocio del fútbol, incluyendo la utilización masiva de paraísos fiscales por parte de futbolistas y clubes con el objetivo de pagar menos impuestos.

Como parte del EIC, infoLibre ha publicado otras investigaciones relevantes, desde la historia de los 24 años de fracaso europeo en política fiscal hasta el saqueo del Congo por parte del dictador Joseph Kabila y su clan, los negocios del grupo de mercenarios Wagner en África, la utilización de España por parte del gigante petrolero Exxonmobil para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos, o como España ayuda a las empresas alemanas a sortear la prohibición de Berlín de vender armas a Arabia Saudí.

Francisco Serrano, candidato de Vox en 2015 y en 2018 en las elecciones autonómicas andaluzas, proclamaba que había entrado en política para terminar con las “paguitas”. De quien no decía nada era de aquellos que estafan millones de euros de dinero público. Serrano tenía sus razones: como destapó en 2019 este periódico, el juez y dos socios se embolsaron 2,4 millones de euros de una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo. Las diferentes informaciones de este periódico sobre dieron lugar a la apertura primero de una investigación policial y luego otra judicial, cuyos frutos se conocieron en enero de este año: el juez procesó a Serrano y sus socios por estafa y fraude de subvenciones de 2,4 millones.

Como es práctica bastante común entre los presuntos corruptos, Serrano intentó matar al mensajero, para lo que presentó una querella contra este periódico por presunta revelación de secretos. La jueza la desestimó, en un auto en el que recordó al juez “el deber moral de ejemplaridad” de los representantes políticos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un Protocolo que impidió el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias y 7.291 mayores murieron en los geriátricos durante los dos primeros meses de la pandemia de covid. Aunque la presidenta madrileña y sus cómplices mediáticos intentaron imponer la falsa versión de que era un simple borrador y que las competencias sobre las residencias eran en realidad de Pablo Iglesias, infoLibre desveló las cuatro versiones del ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, documentos que reprodujo íntegramente.

Desde el inicio de la pandemia, infoLibre publicó decenas de informaciones exclusivas sobre lo que había ocurrido en las residencias de toda España y también sobre los principales grupos empresariales del sector, que en algunos casos son multinacionales que ocultan sus verdaderos propietarios en paraísos fiscales. Este periódico también ha puesto el foco en la pasividad del Ministerio Público a la hora de investigar lo ocurrido, que en el caso de la fiscal superior de Madrid –Almudena Lastra– llegó hasta el extremo de poner por escrito una serie de mentiras flagrantes que chocan con la realidad de todos los datos oficiales conocidos.

Este periódico destapó el contenido del chat creado por miembros de la XIX promoción de la Academia General del Aire, lleno de mensajes de altos mandos del Ejército retirados que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado. “No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”, escribió el antiguo general de división Francisco Beca. Los mensajes del chat desvelan la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo, con referencias de los militares a "pronunciamientos" y ataques furibundos a los partidos independentistas.

El Ministerio de Defensa decidió poner en conocimiento del Ministerio Público el contenido de los mensajes de los militares. Sin embargo, la Fiscalía archivó el asunto al entender que como el chat era “privado”, sus integrantes se expresan “con libertad” y “en la confianza de estar entre amigos”, pero sin que concurran “elementos que permitan inferir que el chat fue creado al objeto de promover, fomentar o incitar al odio, hostilidad o violencia hacia un colectivo de los expresamente contemplados como grupo”.

En junio de 2021, infoLibre empezó a publicar una serie de informaciones sobre empresarios españoles que disponían de sociedades en Luxemburgo. Eran parte del proyecto OpenLux, impulsado por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Una investigación periodística que descubrió, entre otros temas, que el traficante de armas El Assir declaraba ser dueño de una empresa en Luxemburgo con 77 millones que Anticorrupción atribuía a Rodrigo Rato, que el banquero Jaime Botín guardaba más de 85 millones en una sicav en el Gran Ducado, la trama societaria montada por el hijo de Ana Botín para controlar desde Luxemburgo 20 residencias de estudiantes en España o el destino de parte del dinero que la familia política de Aguirre se embolsó gracias a un pelotazo inmobiliario.

OpenLux fue la primera colaboración entre este periódico y OCCRP, a la que siguieron otras durante estos dos últimos años, entre ellas las conocidas como Suisse Secrets, que demostró cómo el banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo, o Radar de Activos Rusos, que analizó cuáles son los activos que realmente controlan los jerarcas próximos al Kremlin.

En junio de 2021, este periódico reveló que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, medió para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea. Los hechos ocurrieron durante el pleno que la Asamblea Regional celebró el 14 de abril, cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demostraban esas imágenes es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: “Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde”, escribió. “Cojonudo”, reaccionó Egea.

Los dos políticos del PP presentaron una querella contra infoLibre. El juez la archivó por medio de un auto en el que destacó “la diligencia” de este periódico en el contraste de la noticia.

Es bien sabido que, en la mayoría de las ocasiones, la claridad narrativa brilla por su ausencia en textos judiciales, administrativos o documentos bancarios. Tampoco ayuda la inmediatez que demanda normalmente el periodismo cuando se tratan causas judiciales tan complejas como la del caso Bankia, en la que se investiga por corrupción y fraude a la cúpula directiva (hasta principios de 2012) de esta entidad financiera. Esta razón, la de contar esta historia de una manera coloquial y hacerlo, además, de una forma lineal, atando todos los cabos, es una de las que han llevado a dos integrantes del colectivo 15MpaRato, Simona Levi y Sergio Salgado, a plasmar las bambalinas del caso en una obra de teatro (Hazte banquero) que ahora presentan ampliada en formato libro.

“Nosotros consideramos que los correos de [Miguel] Blesa explican cómo se ha construido la crisis”, cuenta Simona Levi, directora de teatro, artista multidisciplinar y coautora de Votar y cobrar. Al buzón de filtraciones de Xnet –grupo de ciberactivistas en el que están integrados ambos autores- llegaron de manera anónima los 8.000 e-mails enviados o recibidos por el que fuera presidente de Caja Madrid hasta 2010 y que revelarían el escándalo de las tarjetas black. Las primeras informaciones sobre esta correspondencia salieron a la luz en exclusiva en infoLibre en noviembre de 2013, semanas antes de que lo hicieran en otros medios.

15MpaRato está personada como acusación popular en dos de las tres piezas del caso Bankia (tarjetas black, las preferentes y la salida a Bolsa de la entidad). “La información que ha aparecido en los medios de comunicación, a excepción de infoLibre, se concentra en la noticia rápida y en el titular, lo que ha provocado que, en el caso de los correos de Blesa, se dé una lógica muy fragmentada”, explica Salgado. A lo que habría que añadirle el morbo que provocó todo lo relacionado con la vida de lujo de los consejeros (designados por el PP, el PSOE, IU, los sindicatos CC OO y UGT, y por la CEOE): noches en suites a 1.100 euros, 3.000 euros por elefante abatido en cacerías (con un límite de cinco por cazador), botellas de vino que superan los 700 euros.

Pero más allá del lujo, los correos del que fuera compañero de José María Aznar en el Cuerpo de Inspectores de Hacienda desvelaron aspectos tan espinosos como que el propio Blesa sabía en 2006 que los preferentistas no recuperarían el 100% del dinero invertido. O el correo del ministro de Economía, Luis de Guindos, a la sazón responsable de Lehman Brothers en España y Portugal, mostrando su interés por colaborar con Bankia en la “posible emisión de preferentes”.

Por eso, insisten en la necesidad de que sean dos miembros de 15MpaRato, la plataforma ciudadana que impulsó el caso en la Audiencia Nacional gracias a una campaña de micromecenazgo, quienes cuenten cómo se cocinó todo el proceso. “Resulta muy importante que la historia la cuenten quienes están detrás. En los últimos años, la sociedad civil ha adquirido protagonismo en todo lo que ha sucedido en España, pero si los partidos políticos o los grandes medios de comunicación se apoderan del relato volveríamos al estado anterior”, dice Salgado. Ahí está la PAH o los ciudadanos y asociaciones que plantaron cara a los abusos de Ignacio González, expresidente de Madrid ahora encarcelado como presunto jefe de una "organización criminal". “La batalla se ganará en la narrativa”, sentencia Levi.

Votar y cobrar. La impunidad como forma de gobierno, que edita el sello Capitán Swing, incluye una serie de manifiestos de Xnet y 15MpaRato, la obra de teatro –aderezada con gráficos y extractos de los correos– y una detallada cronología del caso. Entre peticiones de consejeros no satisfechos con los regalos o la velocidad que ha alcanzado el presidente del banco en su Ferrari, hay espacio para el humor. “Hay una parte muy divertida que nos gustaría fuese mérito nuestro, pero está redactada de puño y letra de los banqueros que se intercambiaron e-mails. Es un retrato costumbrista de la corrupción en España que pone de manifiesto que no son gigantes, sino personas y, en algunos casos, bastante chapuceras”. “Nosotros nos hemos leído los 8.000 correos de Blesa de pe a pa y ahí no había genios de las finanzas, sino que se dedicaban a las baratijas de dame el reloj o el dinero”.

España como cortijo

Y después de estudiar tanto a estos personajes, ¿cómo describirían la moral de los implicados? “Las personas malvadas, sea cual sea el mal que estén cometiendo, no se creen malvadas; sino que probablemente lo hagan porque lo justifican de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que es normal y legítimo que todas esas personas pensasen que estaban operando bien, que siempre se había hecho así, y que la población del país era básicamente su cortijo extractivo”. “De hecho”, añade Levi, “les resulta sorprendente que cinco o seis pringados como nosotros vayan a decirles que no lo podían hacer”. “A nosotros, más allá de esa labor de psiquiatría forense, nos interesa que tiren de la manta y se acusen unos a otros”, completa Salgado.

El objetivo que se marcaron en este trabajo multidisciplinario, que probablemente llegue también al cine, como ya lo hizo la obra Ruz-Bárcenas, podría resultar una entelequia: construir una opinión pública libre, activa y que forje su propia historia. Ahí tocaron hueso. “Sentar en el banquillo a varias decenas de banqueros y políticos no es tan difícil como lograr que la opinión pública sepa que está al alcance de todo el mundo”, escriben en el preámbulo. Ahora, que la primera pieza, la de las tarjetas black, ya ha condenado con penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados del caso por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012, y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo, ¿creen que lo han conseguido? “Es una lucha constante. Nosotros decimos que el mal siempre triunfa y el bien avanza. Lo interesante es aportar para que las cosas vayan cambiando”, reflexiona Levi.

Mientras, la moraleja de todo el proceso, desde que 15MpaRato se constituyó en Barcelona en el primer aniversario de las manifestaciones de mayo de 2011, la ofrece Salgado: “La inmensa mayoría de la gente nos decía que éramos un colectivo muy simpático, pero que no íbamos a conseguir nada porque [Rodrigo] Rato era intocable. Hoy en día, Rato ha pasado a ser alguien que nadie quiere tocar ni sacarse una foto con él, porque mancha a todo el mundo. Nosotros nos hemos dado cuenta del poder que tiene la sociedad civil para decir que aquí no hay nadie intocable”.

El Tribunal Supremo confirmó que el periodista Graciano Palomo no tendrá que indemnizar al expresidente del Gobierno José María Aznar por el contenido de artículo titulado "Los correos de Miguel Blesa ponen al descubierto que Aznar exigía contrapartidas", publicado en diciembre de 2013 en el Elconfidencial.com, ya que su contenido no puede entenderse que vulnerara el honor del mandatario, según informa Europa Press.

La resolución dada a conocer este viernes por el Tribunal Supremo, de la que fue ponente el presidente de la Sala de lo Civil, Francisco Marín Castán, confirma la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid en marzo de 2015 que revocó la decisión de un juez de primera instancia que condenó al periodista.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid había entendido que el artículo constituyó intromisión ilegítima en el derecho al honor del expresidente y condenó a Palomo a indemnizarle con 20.000 euros por los daños morales causados. También le obligaba a publicar el fallo a su costa en "El Confidencial".

Publicación ofensiva, según Aznar

El recurso de casación interpuesto por el demandante se funda en el carácter ofensivo, por su falta de veracidad, de determinadas imputaciones realizadas en el artículo antes citado que fundamentalmente acusaba al ahora recurrente de exigir "contrapartidas" al entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y de utilizar a esta entidad financiera en su propio beneficio.

La defensa de Aznar impugnó el juicio de ponderación de los derechos en conflicto –honor y libertad de expresión– llevado a cabo en la sentencia recurrida, manteniendo que la solución dada fue errónea.

El expresidente señalaba que incluso en el caso de entender que el conflicto afecta a la libertad de expresión, debía considerarse prevalente el derecho al honor al tratarse de juicios de valor que acarrean imputaciones de hechos delictivos sin base fáctica suficiente para su afirmación.

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, tras recordar el ámbito propio y diferenciado de la libertades de expresión y de información, coincide con la Audiencia Provincial de Madrid y concede preeminencia al elemento valorativo, de crítica política del artículo cuestionado, ya que aunque contiene referencias a hechos, estos no constituyen el núcleo esencial del mensaje transmitido, ni los hechos comunicados como soporte de la opinión pueden calificarse de inveraces.

El Supremo concluye, en relación con el conjunto del artículo, el contexto y circunstancias de su publicación, que el periodista demandado se centró en exponer sus propias conclusiones, indudablemente críticas, acerca de la conducta del demandante que resultaban de los correos publicados por El País y de los mensajes de su hijo a Blesa, partiendo en todo momento del respeto sustancial al contenido, ya publicado, de los referidos correos y mensaje.

Precisa también el Supremo que ninguna de las frases que el recurrente considera ofensivas, contiene expresiones de las que quepa deducir claramente que el demandado estuviera imputando al demandante la pretensión de un beneficio económico o patrimonial o haberse servido de Caja Madrid para su lucro personal.

De esta forma, la Sala mantiene el juicio de ponderación llevado a cabo por el tribunal sentenciador, concediendo prevalencia a la libertad de expresión frente al derecho al honor, tras resumir la posición actual de la jurisprudencia, favorable a reconocer un ámbito muy amplio de crítica en relación con los personajes públicos, particularmente cargos políticos.

Así acontece en el presente caso, en que la relevancia política de un expresidente del Gobierno es máxima y por ende mayor la exposición de su conducta al escrutinio público y más alto el techo de las libertades de información y opinión.

"Para la Asamblea de noviembre regalaremos el televisor Sony al Consejo, Comisión de Control y Comité, y el telefono Nokia a los consejeros generales. Para la Asamblea de tu reelección ira el iPhone". "Me confirman desde medios que se han encargado 50 unidades de lector de libros digitales modelo Boox de Wolder a un precio de 326,75 euros más IVA". "Me dijo tambien Pablo Abejas si le podía enviar un iPod para la consejera de Hacienda. Le dije que no fuera metete, que de eso ya nos encargábamos nosotros".

Estas son algunas de las frases que se pronuncian en la obra de teatro Hazte banquero. Tarjetas black, todo lo que quisieron ocultarte. En el marco de la ficción suenan ya obscenas. Pero lo son aún más cuando se sabe que todas son reales, que todos esos televisores y iPods existieron, y fueron pagados con dinero público. La pieza, que se representa entre hoy y el 7 en el Teatre Poliorama de Barcelona (y en octubre en el Fernán Gómez de Madrid), nace de los correos de Blesa, un conjunto de más de 8.000 e-mails enviados o recibidos por Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid hasta 2010. No sorprende que sean los colectivos 15MpaRato y Xnet quienes estén detrás de la obra. Ellos son quienes mejor conocen la base de datos, quienes recibieron la filtración, la hicieron llegar a los medios, la colgaron en Internet y se personaron como acusación particular en el caso Bankia.

Los actores Josep Julien, Albert Pérez, Elies Barberà, Agnés Mateus, con Simona Levi a la cabeza (además de activista es actriz y directora de escena de formación), dan vida a esos ejecutivos de traje y corbata que se intuyen tras las direcciones corporativas desde las que se discutían tarjetas "black a efectos fiscales", hoteles de lujo, la OPA a Endesa, regalos varios y, por supuesto, las preferentes. "Se tocan muchos temas", explica Isabel Sánchez Flores, de Xnet, "el día a día, los problemas de la gerencia, los negocios que hacían... Que es curioso, porque ninguno de las empresas en los que invertían el dinero de todos funcionó. El único negocio que les salió bien fue el de las preferentes".

La posibilidad de hacer una obra de teatro estuvo en la cabeza de los activistas desde el principio: "Cuando se tienen estos 8.000 correos, ¿cómo no vas a montarla? Hay escenas de risa, otras muy fuertes... Las palabras que va a ver la gente en la obra son literales, contadas desde muchas voces distintas". El éxito de Ruz-Bárcenas,Ruz-Bárcenas que desde el Teatro del Barrio reproducía una de las declaraciones del extesorero del PP ante el juez —y que posteriormente fue llevada al cine bajo el título de B, la película— les hizo confiar aún más en las posibilidades del teatro documental. Un género que ellos extienden hasta el data theatre, basado, como el trabajo de plataformas como Xnet, en dar a conocer grandes bases de datos a través de un lenguaje accesible y muy visual. 

Al igual que pasaba en los artículos periodísticos escritos al respecto —de los que infoLibre fue pionero—, una de las mayores dificultades de la puesta en escena era mostrar de manera clara mensajes fragmentados pertenecientes a una gran masa de información. ¿Cómo hacer entender al público lo ocurrido en la entidad, ese pantano de trucos, negocios, informes y maniobras políticas? Xnet y 15MpaRato —o los encargados de la adptación de los correos a obra teatral, la propia Levi y Sergio Salgado— han recurrido al audiovisual: una proyección muestra la bandeja de entrada del expresidente de la entidad, publicaciones en distintos medios y declaraciones de buenas intenciones de los protagonistas que son inmediatamente desmentidas por sus mensajes escritos en privado. 

"Esta es la historia contemporánea de todos", explica Sánchez, "Muchos la hemos vivido todos en primera persona. El caso de las preferentes es claro. Yo, con mi abuela; otro compañero igual...". Por eso, en los colectivos tenían clara la "urgencia" de llevar a cabo el proyecto. "Queremos que se hable de esto mientras ocurre, no cuando sea ya arqueología. Sabemos que entre el público va a haber afectados por las preferentes. El juicio oral va a abrirse próximamente. Esta obra es necesaria", defiende la activista. 

Pero, además de hacer llegar al público todos esos detalles escandalosos que se pierden en la corriente informativa, los activistas tienen una ambición: "Siempre decimos en 15MpaRato que es mucho más fácil llevar a cien banqueros al banquillo que que se sepa que es gente normal la que les ha llevado al banquillo. Queremos que conste para la historia que personas normales y corrientes cambiaron el final de lo que ellos tenían pensado", dice Sánchez. Asegura que los compañeros y periodistas que han visto la obra han pasado del enfado a la indignación y la rabia, para, finalmente, sentirse... "empoderados": "El objetivo está conseguido. Saber que no se salen con la suya. Que el miedo cambia de bando". 

La Sala ha estimado el recurso de apelación que fue presentado por la defensa del imputado contra el auto de la instructora Susana Polo que acordaba transformar las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, contra el juez que envió a Blesa en dos ocasiones a la cárcel.

En un auto, dictado el pasado 9 de julio, los magistrados José de la Mata, Eduardo Gutiérrez e Ignacio José Fernández Soto reconocen que había "algo más que sospechas o conjeturas" sobre la autoría de Silva para investigarle y que es "incuestionable que a día de hoy es la única persona sobre la que se han vertido indicios de estar detrás de la divulgación pública del contenido de correos con conversaciones privadas que estaban sujetos a secreto sumarial".

Sin embargo, afirman que solo hubo dos testigos que le atribuyeron la filtración y que sus testimonios no tienen la suficiente "calidad" ni el "grado de racionalidad" preciso como para soportar la acusación sin haber más elementos que enerven su presunción de inocencia.

Se trata de dos mujeres que mantuvieron sendas relaciones sentimentales con Elpidio Silva y que se conocieron en Twitter tras sospechar que el imputado les era infiel. Los jueces afirman que ambas dieron una "versión similar" sobre cómo el entonces instructor del caso Blesa se jactaba de conservar los emails en un pendrive y "tener el caso en una habitación de color verde". "Sin embargo, no comprobaron la realidad de tales afirmaciones, que el juez tuviera los datos en dicho soporte y que tuviera guardada copia de la causa en el domicilio", añade el auto.

Los magistrados creen que en la declaración de una de las mujeres, a la que se reconoció su condición de testigo protegido, concurren "importantes móviles de resentimiento y animadversión que afectan a la credibilidad del testimonio".

Esta manifestó que el imputado la sometió a "vejaciones" y le acusó de ser "una enviada de Blesa que quería matarle porque no fue a comprarle una medicina para la tensión". Añadió que Silva era partidario de "empezar a poner bombas" y presumía de "haber matado gente en la guerrilla colombiana cuando tenía 17 años y que tenía un teléfono secreto" para hablar con "altos dirigentes de países como Venezuela".

Para los magistrados, sus manifestaciones son de "dudosa credibilidad" y es además "extraño" que fuera testigo "privilegiado" de unas supuestas reuniones en las que Silva hablaba de la entrega de los correos a cambio de dinero cuando ambos mantenían una relación "conflictiva".

La segunda testigo relató que Silva le dijo que guardaba una copia de los emails, le mostró una habitación verde "llena de papeles" en su casa y le manifestó que "estuvo en la guerrilla porque se marchó con 18 años tras discutir con sus padres". Los magistrados entienden que su testimonio no ofrece "datos útiles" sobre la culpabilidad del acusado y que su referencia a la magia negra que practica el acusado "revela un carácter crédulo y sugestionable".

"Necesitamos mejorar la salida de esta información y es ese el motivo por el que hemos impulsado este blog", explicó la fundadora de Xnet, Simona Levi. La bitácora digital, en palabras de la activista, tiene como objetivo "mejorar todavía más la cooperación con los medios y los periodistas para dar una salida más rápida al material que recibimos en nuestro buzón" y evitar "la famosa narración de que el sistema funciona perfectamente, surgiendo de vez en cuando alguna manzana podrida". "La corrupción en España no es un tema de manzanas podridas, es una trama de Estado para saquear un país", sentenció al respecto.

El Buzón de Xnet se desarrollará en cinco medios al mismo tiempo, según explicó Levi en rueda de prensa, y la información será publicada al mismo tiempo en todos ellos. "Los medios no están en competición, están colaborando. Han aceptado sacar a la vez, en las mismas condiciones, la misma información para ayudar a aumentar la circulación de esta información", apuntó, añadiendo que "ni siquiera Wikileaks ha hecho algo similar antes".

Además, Levi presentó correosdeblesa.com, un dominio que, según detalló en rueda de prensa, les había enviado una fuente anónima. "El material original era de más de 7.000 correos, por lo que nosotros hemos hecho una criba –utilizando más de una quincena de criterios diferentes– y los hemos reducido a 438", indicó la activista. La página se organiza en cuatro carpetas diferentes –"Genéricos, Cosas del Consejo y de la Comisión, Vivir bien y Caza"–, donde los correos está ordenados por orden cronológico, junto a una barra de búsqueda que ayuda a su localización. "Hemos omitido todos aquellos que atentasen contra la privacidad, los correos personales, personas no vinculadas directamente, trabajadores en el ejercicio de sus funciones...", detalló Levi, agregando a renglón seguido que "no publicamos este material por la importancia de los correos inéditos, que no aportan mucho más". Los objetivos de estas nuevas herramientas es conseguir, según la activista, "mayor libertad de expresión en el momento en el que la intentan recortar, mayor organización y más filtraciones". "El fin de la corrupción no puede venir de la mano de mejores o diferentes políticos, sino que tiene que surgir del control ciudadano sobre sus instituciones", aseveró.

Grupo de ciudadanos

Por último, Levi presentó el Grupo Ciudadano de Trabajo contra la Corrupción, un proyecto similar al Grup Contra la Corrupció a Catalunya, que estará comandado por Ana Garrido, una de las primeras denunciantes de la trama Gürtel que trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y Joan Llinares, un gestor cultural valenciano que fue nombrado director general del Palau de la Música Catalana tras el escándalo de Fèlix Millet. Según explicó la fundadora de Xnet, el objetivo no es unir ambos bajo un mismo grupo a nivel estatal, sino de "crear una red coordinada y colaborativa en la lucha contra la corrupción, sin la necesidad de consensuar acciones y objetivos pero intercambiando información útil".

Junto a Levi se encontraba Garrido, que explicó que, debido a la filtración de su nombre cuando interpuso la denuncia, todavía hoy sigue recibiendo amenazas. La última, una fotografía en la que una señora apuntaba con una pistola a cámara. "La responsabilidad la tenemos nosotros", aseveró la alertadora de la trama Gürtel, que añadió que asegurar el anonimato de los denunciantes es fundamental para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. "La solución no está en denunciar, sino en hacerlo adecuadamente, preservando su anonimato a través de organizaciones de este tipo", dijo en referencia a Xnet.

Blesa sobre el escenario

Además, Xnet anunció la preparación de El fin de una era, una obra de teatro sobre los correos de Blesa y la gestión en Caja Madrid entre los años 2004 y 2009. Dirigida por el actor y director del Teatro del Barrio, Alberto San Juan, y protagonizada por Eduard Fernández y Francesc Garrido, podrá verse sobre los escenarios a partir de la próxima temporada. "No se trata de linchar a un personaje, sino de explicar la forma de funcionar sistemática, de costumbre y costumbrista, en la que una cúpula, que ha mandado en los últimos años, ha tratado a un país entero como un cortijo", explicó Levi. Será una función dinámica, cuyo guión se irá modificando al mismo tiempo que se desarrollen los actos judiciales.

No es la primera vez que el Teatro del Barrio acoge una función de estas características. El centro cultural ya acogió la temporada pasada Ruz-Bárcenas, una dramaturgia basada en la transcripción literal pero recortada de la segunda interpelación del magistrado al extesorero del PP.

Recientemente confirmada por el Supremo la sentencia que expulsa a Elpidio Silva (Granada, 1959) de la carrera judicial, el exjuez que primero investigó los correos secretos de Miguel Blesa y envió a prisión provisional al financiero por su ruinosa gestión de Caja Madrid, publica su segundo libro, La verdad sobre el caso Blesa (RBA).

Y lo hace teniendo ante sí un horizonte penal aún más inquietante: una eventual condena a prisión, esta como presunto responsable de la filtración de los correos secretos de Blesa, adelantados por infoLibre y parte de los cuales ya ha incorporado la Audiencia Nacional al caso Bankia, entidad a la que Silva define en su nueva obra como "un delta de incertidumbres".

Blesa, escribe Silva disparando el dardo, tenía una doble misión en Caja Madrid: "Por una parte, debía gestionar la tercera entidad bancaria del Estado español bajo estrictos criterios de rentabilidad y marca reputacional. Por otra parte, debía repartir favores y privilegios entre los elegidos por el Régimen". Y ahí, esa es su tesis, estriba la clave de lo sucedido: "Si chocaban los amigos con los intereses de Caja Madrid, prevalecerían los primeros".

Con una condena sobre sus espaldas y la conciencia de que no sólo sus enemigos van ganando sino que lo que ahora está en juego no es su carrera sino su libertad, Silva exhibe en esta entrevista con infoLibre un comedimiento mayor o más visible que el acostumbrado.

Pero eso no le impide definir como "montaje” la acusación lanzada contra él por una supuesta testigo "espontánea" que entre otras cosas le atribuye nada menos que la práctica de magia negra. La Policía desacreditó a esa testigo. Pero, argumenta Silva, un potente motor ha mantenido la causa en marcha: una denuncia de José María Aznar, el "amigo" de Blesa, como repite una y otra vez en esta segunda crónica sobre los desmanes en Caja Madrid. “El montaje –dice el exjuez– ya sólo se podía sostener si la persona que estaba detrás de todo esto firmaba. Ya no bastaba la firma del fiscal Manuel Moix. Hacía falta otro tipo de sostén, la denuncia de Aznar”.

PREGUNTA: Cuando publicó su primer libro sobre lo sucedido en Caja Madrid, La justicia desahuciada (Península), usted tenía una gran confianza en que no le condenarían. Pero le condenaron. Y La verdad sobre el caso Blesa llega a las librerías cuando el Supremo acaba de ratificar esa condena, que ha terminado con su carrera como juez. ¿Cómo se siente?La justicia desahuciada (Península)La verdad sobre el caso Blesa

RESPUESTA: Lo que ha ratificado el Supremo es que no hay justicia en España. Esto no lo digo yo, sino que lo saben ya varios organismos internacionales. Estamos esperando que salga la lista de magistrados con cuentas en Suiza, creo que son varios centenares de…

P.: … ¿Se refiere a la lista de los 715 políticos, jueces y altos funcionarios que se acogieron a la amnistía fiscal y sobre los que Hacienda ha pedido al Sepblac, la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que investigue si blanquearon dinero ilícito? lista de los 715 políticos, jueces y altos funcionarios

R.: Sí, es muy importante saber qué pasa con la Justicia española, en qué historia estaba metida, qué quiere decir ser magistrado del Supremo en España, a qué pactos se llega o no se llega… Porque lo que no puedes comprender, y por eso yo entendía que nunca iba a ser condenado, es que para una persona en particular cambies una jurisprudencia pacífica de decenas de años. Han cambiado la jurisprudencia sobre prevaricación…

P.: ¿No se cambió en la práctica ya con la condena a Baltasar Garzón?

R.: No, no. Ahora lo que han venido a decir es que para prevaricar no hace falta que dictes una resolución manifiestamente injusta. Se inventan ahí una doctrina que no tiene el menor fundamento, una doctrina según la cual basta que haya unos elementos subjetivos que ellos deducen de lo que dicen unos testigos que entran en contradicción con ellos mismos y con otros y que ni siquiera dicen que yo prevaricaba, que yo iba contra Blesa.

Lo que dicen es que yo no les atendía bien, que no les preguntaba correctamente…. ¿qué es eso?, ¿cómo pueden montar una prevaricación con eso? Que yo sepa, a los jueces que han interrogado a etarras de una manera que pudiera ser cuestionada nadie los ha acusado de prevaricación, ¿o sí?

P.: O sea, que no sólo no discrepa de ella, sino que le resulta difícil entender la condena.

R.: Es que no entendemos nada porque además ese juicio no tiene sentido. Jamás, que yo sepa, a una persona se le ha admitido una prueba, como ocurre con los correos de Blesa en este caso, para luego impedirle verla. Si tú admites como prueba a un testigo y luego dices: “Bueno, se admite pero el testigo no declara, ¿eh?”, eso es un mal chiste, ¿no? O te admiten un cuchillo como prueba pero no te dejan que analices el ADN.

Eso ha pasado con los correos de Blesa: se admite la prueba y sin embargo no los hemos podido ver. Eso sabotea todo el proceso de una manera tan grande que yo no entiendo nada. Es una causa de nulidad profunda como otras. Por ejemplo, no entiendo por qué me juzgó el Tribunal Superior de Justicia Madrid dado que ya no era juez.

P.:Usted ve entonces confirmados sus temores de que le perjudicaba que le juzgase el TSJM y no un tribunal ordinario.

R.: Claramente. Pero no lo digo yo, lo dice el propio Arturo Beltrán [presidente del tribunal que juzgó a Silva en el primer juicio, que no llegó a culminarse, y en el segundo]. Acuérdese que se abstuvo motu proprio y se le rechazó la abstención. Se abstuvo porque él mismo estuvo resolviendo temas del juicio anterior que quedó anulado [por la presencia en el tribunal de una antigua consejera de la Asamblea de Caja Madrid bajo el mandato de Blesa, la juez María Tardón]. Y lo hizo porque el mismo juez no puede intervenir varias veces en la prueba.

P.: Pero paradójicamente fue el único que pidió su absolución.

R.: Sí, pero eso es otro tema. Que un juez pida la absolución no sana todas las nulidades que hay porque entonces todo sería tan sencillo como hacer un voto particular estratégico para salvar al tribunal y eso sería un delito de fraude procesal mayúsculo.

P.: Mire, me pareció que su primer libro tenía mucho de ajuste de cuentas con Blesa y con quienes emprendieron el primer proceso contra usted mientras que en La verdad sobre el caso Blesa hay más de vindicación de lo que hizo al investigar al financiero y su gestión. ¿Es así?La verdad sobre el caso Blesa

R.: Hummm, no. Yo lo que quería y lo que quiero es que la gente tenga la oportunidad de leer en 400 folios la verdad de lo que ha ocurrido aquí, sabiendo que la verdad es patrimonio de muchísima gente, no de uno solo. Pero creo que puedo ofrecer una visión muy directa de todo aquello.

P.: No hay ninguna gran revelación inédita sobre el banco de Miami. ¿Qué ha pasado?

R.: Yo he querido ser objetivo. Por tanto, lo que con datos objetivos no es contrastable no lo he dicho. Y sabe perfectamente que no lo puedo decir porque no se investiga.

P.: Pero usted había sugerido de manera muy abierta que en el banco de Miami había conexiones con Aznar y su yerno, Alejandro Agag.

R.: En el libro cito esas conexiones pero hay un problema, que como no tengo los correos no los puedo utilizar. Cuando yo decía que lo iba a contar todo, todo, lo que jamás me pude imaginar es que no me iban a dejar ver los correos, pero no los tengo. No obstante, creo que marco los raíles. Es decir, ¿cómo es posible que se declare nulo el caso Blesa [nucleado en torno a los créditos concedidos a Gerardo Díaz Ferrán] y que sin embargo siga adelante el caso del banco de Miami?

P.: ¿Y cuál es la explicación?

R.: Mire, jurídicamente podríamos organizar congresos enteros sobre esto y no nos enteraríamos porque las mismas causas que hay para entender nulo uno existen para entender también nulo el segundo. ¿Por qué este sí se salva? Porque tiene que ver con un elemento político muy importante que Blesa y su equipo se saltan al comprar el banco. El caso se salva porque ese elemento, esa jefatura política del asunto, la que la Comunidad de Madrid ejerce como propietaria de la Fundación Caja Madrid, no tolera que alguien compre cosas sin una autorización que no se iba a dar, la suya.

P.: ¿Lo que está queriendo decir es que el Gobierno madrileño ha mantenido viva la causa por la compra del banco de Miami?

R.: Quiero decir lo que estoy diciendo: que cuando hay una infracción grave que tiene que ver con que te saltas al que manda políticamente, eso no se perdona.

P.: ¿Y quién no ha perdonado aquí?

R.: La Comunidad de Madrid, la gobierne quien la gobierne, no tolera que le hayan quitado la caja, que se haya gestionado mal y que se archive una causa que…

P.: Pero entonces lo que está diciendo es que la presión política de la Comunidad de Madrid mantiene abierta esa causa. ¿Es así?

R.: Digo que la Fiscalía valora que la infracción relativa a saltarte al propietario es una línea roja y ahí no archivamos. Igual que no había que haber archivado el caso Blesa, pero ahí no hay ninguna autoridad política de por medio.

P.: Le veo midiendo sus palabras con un tono de prudencia muy marcado. ¿Habrían sido distintas las cosas de haber sido esa su actitud en el juicio? En su nuevo libro escribe usted que necesitaban dibujar a “un justiciero desquiciado que, dinamitando todas las garantías judiciales, encarceló a un inocente”.

R.: Se equivoca totalmente en eso de la prudencia. Porque si yo hubiera seguido la línea que seguí para anular el juicio ahora no estaría condenado. Ese tribunal siempre fue machacable.

Yo fui una persona desamparada en ese juicio. Lo que verá cualquier francés que sepa de esto, cualquier islandés o belga o noruego es lo siguiente: “¡Qué espectáculo más deshonroso! No dejan al juez defenderse. El juez no sabe ya qué hacer y tiene que ponerse a defender sus derechos porque su aparato de defensa no vale nada, tiene un abogado que se quiere ir y el presidente del tribunal no le deja irse”.

P.: ¿No hubo entonces paripé en esa decisión de que su primer abogado, Cándido Conde-Pumpido hijo, abandonase su defensa?R.: Cándido Conde-Pumpido hijo, abandonase su defensa

En absoluto. No hubo paripé. No podía seguirse el juicio adelante porque el tribunal estaba tocado. No hubo paripé desde el momento en que el tribunal para el juicio.

Y lo que el francés o el belga o el noruego de antes piensan es: “Cuánta razón no llevaría el ajusticiado para que el tribunal, que no estaba precisamente muy inclinado a parar el juicio, tuviera que hacerlo”. Todo está grabado y hay una instancia europea a la que acudir.

P.: ¿Irá finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

R.: Sí, si el Constitucional no nos da la razón. Le hemos dicho al Supremo que reconsidere su decisión y lo anule todo, trámite que no tiene ni pies ni cabeza pero que es el que se ha establecido. Y si el Supremo no lo hace iremos al Constitucional.

P.: Y en medio tiene otro frente abierto, peligroso para usted: la causa por revelación de secretos, en la que se le atribuye haber difundido los correos secretos de Blesa y en la que la principal testigo de cargo le acusa a usted nada menos que de haberle hecho magia negra. ¿Correcto?

R.: Es incorrecto. Porque me acusa de la magia negra, de que le doblé un tobillo estando a 500 kilómetros de distancia, de que he participado en la guerrilla de las FARC siendo juez… Verá, mis viajes son perfectamente verificables pero es que, además, es muy difícil participar en una guerrilla en periodos vacacionales porque las guerrillas pues tienen digamos que unas logísticas… En fin.

Esto en Colombia se conoce como testigo falso corrupto, el testigo falso que se busca dentro del aparato de la corrupción. Aquí estamos hablando de unas diligencias de Moix [Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid] que ya de por sí son insólitas y políticas al cien por cien. Esas diligencias van al aparato policial y, creo que no con una gran comodidad, la Policía dice: aquí no hay nada, archive.

P.: ¿Y si la Policía dice que no, por qué ha seguido adelante la causa?

R.: Aquí ha pasado lo siguiente. Como si se tratase de un ritual previamente concebido, en primer lugar, abrió diligencias penales de oficio la Fiscalía y, a la semana, formuló una denuncia Aznar, el 26 de diciembre de 2013. Pasadas las navidades, el 16 de enero de 2014, apareció una testigo supuestamente espontánea.

Pero esto es inconcebible si reparamos en que esa testigo formula denuncia a las siete de la tarde en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A esas horas y en ese lugar, no cabe hablar de hechos espontáneos sino, más bien, de una declaración que, de alguna manera, ya se había preparado.

De hecho, aunque la Policía dijo que no concurrían indicios de imputación por la filtración de los correos, sin embargo, se continúa con las diligencias adelante.

P.: ¿Y qué tiene que ver en eso la denuncia de Aznar?

R.: La denuncia de José María Aznar dice claramente lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando es que el montaje ya sólo se podía sostener si la persona que estaba detrás de todo esto firmaba.

Ya no bastaba la firma de Moix. Para que prosiguiesen unas diligencias judiciales sin el menor fundamento, hacía falta otro tipo de sostén: la denuncia de Aznar. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Usted ve a los presidentes del Gobierno poniendo denuncias por ahí?

Aznar pone una denuncia que no tiene fundamento alguno. De hecho, así lo concluyó expresamente la Policía ¿La firma de Aznar suple el trabajo de la Policía? Mi anterior abogado, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ahora diputado andaluz de Podemos [y vicepresidente tercero del Parlamento autonómico], llegó a indignarse. Entonces, no sólo no se archiva sino que siguen adelante y piden ya cárcel.

P.: ¿Teme que el fiscal reclame una condena que obligue a su ingreso en prisión?

R.: Sí. Estamos esperando que el fiscal presente su escrito de acusación pero podría pedir cuatro años.

P.: ¿Y cuánto le pueden pedir a Blesa en el 'caso Bankia' o en el del banco de Miami?

R.: Según cómo se interprete, pero de dos a 12 años.

P.: O sea, ¿me está diciendo que puede terminar ocurriendo que a Blesa le pidan menos años de cárcel que a usted?

R.: Ah, sí. Pudiera acabar ocurriendo que no le pidan nada porque se archive todo. Porque, que yo sepa, no hay un solo escrito de acusación contra Blesa. Yo creo que todo es posible en España.

P.: Durante mucho tiempo usted ha sostenido que el expresidente de Caja Madrid se sentía impune. ¿Aún lo cree?

R.: Yo creo que sí. Lo dicen los datos.

P.: Pero ahora está imputado también por la Audiencia Nacional en el 'caso Bankia'. 

R.: Han pasado dos años, ¿y qué ha ocurrido? Las imputaciones son para algo, no son para decir “te nombro imputado” y ahí te quedas. En cualquier país normal, las cosas marchan a un ritmito, esa es la esencia de la Justicia. Hablamos de un poder del Estado, por muy denostado que esté, en parte por lo que me ha pasado a mí, pero un poder al que hay que facilitarle lo que pida para que ocurra como en otros sitios: que, como mucho en poco más de un año en casos complicados, se acusa o no se acusa, se archiva o no se archiva, va a juicio o no va, enjuiciamiento y sentencia.

P.: ¿Quiere usted decir que aquí se eternizan las investigaciones?

R.: Es algo más que eternizarse, es que no se sabe lo que hay. El mundo del Derecho, de la Justicia, se parece en España a esa cosa que nunca se ha definido correctamente por los teólogos que es el limbo. ¿Cómo no se va a sentir tranquilo Blesa en este marco?

P.: Justo ahora infoLibre está desvelando que Caja Madrid repartió dinero a espuertas entre fundaciones de todos los partidos, sindicatos y hasta a la Iglesia. ¿Sabían los partidos lo que ocurría?repartió dinero a espuertas entre fundaciones de todos los partidossindicatos Iglesia

R.: Los partidos tienen aquí una responsabilidad que hay que considerar relativa. Habría que analizar a esta gente que estaba en Caja Madrid cómo utilizaron el salvoconducto de su pertenencia a un partido para llegar la entidad.

Analizar a personas, por ejemplo a Virgilio Zapatero, expulsado del PSOE. Da la casualidad de que su hermano, Justino Zapatero, es teniente fiscal e inspector de fiscales. Hay que investigarlo porque aquí hay personas concretas.

¿Sabía la cúpula del PSOE de ese probable nicho criminal que era Caja Madrid? Pues no lo sé, pero puede que no lo supieran. Estamos hablando de una actividad oscura. ¿Había signos, indicios…? No era fácil saber lo que pasaba ahí dentro. Ahora lo sabemos pero no podemos caer en el espejismo de que entonces lo sabían. Para mí, hay que investigar primero a las personas, para mí, por ejemplo, Virgilio Zapatero es la persona, no el PSOE…

P.: ¿Y por qué ha enfilado justamente a Virgilio Zapatero?

R.: Pues porque es muy importante saber aquellas personas que estaban en el PSOE que no hicieron un uso adecuado del salvoconducto del partido y porque su hermano no es un fiscal de destacamento sino teniente fiscal. Hay unas tramas de personas que hay que investigar en España.

La juez de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Susana Polo considera que hay indicios suficientes de que el exjuez Elpidio José Silva llevó a cabo acciones encaminadas a hacer públicos los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 9 y la causa contra el banquero, declarada secreta, estaba en su poder.

En un auto en el que termina la instrucción y transforma las diligencias previas abiertas en su contra en procedimiento abreviado, la juez imputa a Silva delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Indica que a lo largo de los años 2013 y 2014, mientras los correos estaban custodiados por su Juzgado, Silva se reunió "con varias personas" para comentar el contenido de los correos.

Además manifestó públicamente que los iba a filtrar y llegó a decir que había vendido a un medio de comunicación su contenido. El exjuez también dijo que había entregado copia de la correspondencia a algún amigo y que se los había falicitado al responsable de un partido político. La magistrada da un plazo de diez días a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral o pida el sobreseimiento de la causa.

La juez Polo ha tomado declaración durante la instrucción a nueve testigos que negaron haber colaborado con la filtración de los emails del exbanquero, a quien se llegaron a intervenir 8.777 correos corporativos.

Una antigua amiga íntima de Silva afirmó que él le dijo que disponía de ellos y que guardaba el sumario en su domicilio. La Fiscalía Superior de Madrid apuntó a la existencia de indicios de delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, después de que el magistrado Jesús Gavilán, que fue el que instruyó la causa contra el juez inhabilitado Silva, preguntara por la conveniencia de esclarecer estos hechos.

Blesa denunció el "gran daño" personal y familiar que Silva le causó durante la instrucción y le ha acusado de intervenir sus correos para "arruinar" su "reputación personal y profesional" y de "auspiciar" que su contenido tenga la máxima difusión. Mañana está previsto que ratifique esta versión ante la juez.

El juez Silva fue condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación continuada y dos delitos contra la libertad individual de Blesa, a quien envió en dos ocasiones a la cárcel. El líder de Movimiento Red también ha sido denunciado por una testigo protegida por supuestos malos tratos psicológicos, una causa que será investigada en los Juzgados ordinarios de Madrid al concernir a hechos presuntamente cometidos al margen de su cargo como magistrado.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha evitado este miércoles reconocer que es el autor de los correos electrónicos filtrados a la prensa y que le fueron enviados al exjuez Elpidio José Silva cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El banquero ha intentado suspender su declaración antes de que se produjera mediante la presentación de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde ha declarado como testigo, el banquero ha sido increpado por decenas de preferentistas que intentaron evitar que llegara hasta su coche y golpearon con saña el vehículo mediante patadas, puñetazos y pancartazos.

Durante su declaración ante la magistrada del Susana Polo, encargada de la investigación por la filtración, el banquero ha eludido responder de forma directa a las preguntas formuladas y ha insistido, durante casi una hora de interrogatorio, en que no recordaba si escribió varios de los mails publicados por la prensa.

Blesa alegó ante la juez que se encuentra imputado en "una serie de causas" en las que las preguntas que se le iban a formular "podrían perjudicar su derecho de defensa. En esas investigaciones "existe controversia" respecto a sus correos electrónicos, cuya nulidad fue declarada. Pidió que se dispensara tener que contestar sobre los emails para no verse obligado a declarar "contra sí mismo" respecto de una prueba declarada nula y obtenida mediante una resolución prevaricadora.

La magistrada no ha autorizado que le fueran mostrados los mensajes originales por lo que la defensa de Silva ha enseñado al testigo recortes de prensa dónde se reflejaba su contenido. "Serán míos si alguien los filtró", ha respondido a la pregunta de si redactó los mensajes cuyo origen –ha insistido– fue "ilícito".

La defensora de Elpidio, Isabel Elbal, le ha cuestionado sobre uno de los mensajes en los que se citaba al expresidente del Gobierno José María Aznar y otros dónde se hacía referencia a Esperanza Aguirre.

"Ha dirigido el debate"

"Él ha dirigido el debate negándose a responder y yo he reiterado a la magistrada que venía como testigo y tenía la obligación de decir la verdad, salvo en aquellas preguntas relacionadas con otros procedimientos como las preferentes y otras que están en la audiencia nacional, ahí no tenía que responder", ha explicado Elbal en declaraciones a los medios a su salida de la declaración.

La abogada ha agregado que no contar en la causa con los correos originales ni poder interrogar sobre ellos al testigo impide la instrucción. "El procedimiento debería decaer", ha dicho y ha agregado que Blesa ha cometido durante el interrogatorio una evidente obstrucción a la justicia.

Hasta el momento, la juez Polo ha tomado declaración a ocho testigos que han negado haber colaborado con la filtración de los e-mails del exbanquero, a quien se llegaron a intervenir 8.777 correos corporativos. Una antigua amiga íntima de Silva afirmó que él le dijo que disponía de ellos y que guardaba el sumario en su domicilio.

Daño personal

Por el momento, Miguel Blesa, ha denunciado el "gran daño" personal y familiar que Silva le causó durante la instrucción y le ha acusado de intervenir sus correos para "arruinar" su "reputación personal y profesional" y de "auspiciar" que su contenido tenga la máxima difusión. Mañana está previsto que ratifique esta versión ante la juez.

El juez Silva fue condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación continuada y dos delitos contra la libertad individual de Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a la cárcel.

La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, hizo un intento este domingo de borrar de un plumazo toda la batalla política que ella misma capitaneó para lograr el control de Caja Madrid. Ocurrió en el programa Salvados (La Sexta). Según sostuvo la expresidenta del Gobierno regional, pese a que la entidad financiera se llama "Caja de Madrid", "la tutela correspondía a la Comunidad de Madrid en una parte muy pequeña". "Era el Banco de España el que tenía que vigilar a la Caja de Madrid", sentenció ¿Verdad o mentira? 

Verdad a medias. Sin negar el papel del organismo supervisor, la hemeroteca quita razón a Aguirre en el momento en el que esta descarga toda la responsabilidad de lo ocurrido en Caja Madrid sobre el Banco de España cuando responde a Jordi Évole con un "no" rotundo preguntada sobre si no podía hacer nada en la entidad o sobre si hizo la "vista gorda" con Miguel Blesa. De hecho, ella misma se quitaría acto seguido la razón al admitir que colocó en la caja a Mercedes Rojo, una asesora suya que gastó con su tarjeta B más de 119.000 euros. "La ley de cajas da a seis instituciones [la potestad de] nombrar consejeros: el Gobierno de la Comunidad, los ayuntamientos, los sindicatos [...], los empresarios...", añadiría.

La batalla política por el control de Caja Madrid arrancó en el seno del PP regional en septiembre de 2008 y se extendió hasta comienzos de 2010. Los principales protagonistas fueron nombres tan conocidos en las filas conservadoras como Aguirre, su sucesor en la Comunidad, Ignacio González; el exalcalde y exministro Alberto Ruiz-Gallardón; su mano derecha en el consistorio, Manuel Cobo, Rodrigo Rato y el propio Mariano Rajoy. Como telón de fondo, las diferencias de criterio sobre la continuidad de Miguel Blesa al frente de la caja. Ruiz-Gallardón y el ahora presidente del Gobierno lo apoyaban. Los aguirristas, no. Este sector fue desvelando poco a poco sus cartas hasta defender que la persona más adecuada para liderar la nueva etapa en la caja era González.

Rajoy pide acabar con la "intervención política"

La cuestión de la tutela de la caja por parte del Banco de España –según Aguirre el papel de la Comunidad era mínimo– ya fue en enero de 2009 objeto de pelea política dentro de las filas conservadoras. La expresidenta de la Comunidad de Madrid dijo literalmente este domingo que "la tutela correspondía" al Gobierno regional en una parte "muy pequeña". Pues bien, por aquellas fechas, Rajoy abogaba por que el Banco de España tutelase la caja para poner fin a la "intervención política".

En declaraciones a la cadena Cope, el ahora presidente del Gobierno se preguntaba "por qué si los bancos están tutelados por el Banco de España" no ocurría lo mismo con las cajas de ahorro. "Yo lo que haría, en primer lugar, es que la tutela de Caja Madrid y la Caixa de Cataluña, que son la tercera y cuarta entidad financiera de España, yo ya se la daría al Banco de España", añadió.

A su juicio, con esta iniciativa se "alejaría a la política" de una entidad en la que tienen depositados sus ahorros "muchísimos millones de españoles". "Cuanto menos intervenga la política en las cajas de ahorro, mucho mejor", sentenció.

Granados reclama la tutela para la Comunidad

Días después, el por entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, salía a mostrar su disconformidad con su jefe de filas. "La tutela o el control de Caja Madrid, desde el punto de vista de la solvencia, ya la ejerce Banco de España, como sucede con el resto de las instituciones financieras del país", dijo al tiempo que manifestaba que lo "lógico y recomendable" era que la 'tutela' la ejerciese "la Comunidad autónoma correspondiente".

"No le supongo mayor independencia a un gobernador del Banco de España nombrado por Rodríguez Zapatero sin el consenso del PP, que al consejero de Economía y Hacienda nombrado por Esperanza Aguirre, sino más bien todo lo contrario", mantuvo este ex hombre fuerte de Aguirre hoy encarcelado en el marco de la operación Púnica.

En medio de estos enfrentamientos en el seno del partido que hoy gobierna, la Ley de Cajas regional fue modificada hasta seis veces en cinco años.

El episodio del 'hijoputa'

Otro de los ejemplos de cómo los políticos influían en el manejo de la caja tiene que ver con lo ocurrido en la Comisión de Control de la entidad con Fernando Serrano y Pablo Abejas. El primero, que en septiembre de 2009 sustituyó al segundo al frente del citado órgano de Caja Madrid, era próximo al exalcalde. Abejas, próximo a Aguirre. Pero más tarde la situación volvería a dar un giro.

Serrano es el hombre al que Esperanza Aguirre se refirió como el "hijoputa" en una conversación privada con Ignacio González que fue pillada por un micrófono indiscreto. "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa", fue la expresión. Era 29 de enero de 2010.Y Aguirre tuvo que salir a aclarar que no se refería a Ruiz-Gallardón, sino a Fernando Serrano. Su nombre figuraría después entre los beneficiarios de las tarjetas B (78.500 euros).

Pese a los intentos de Aguirre y su entorno por lograr que González presidiese Caja Madrid, Mariano Rajoy intervino para ubicar a Rodrigo Rato en la presidencia.

Compra del City Nacional Bank

Los correos secretos de Blesa también dejan al descubierto el poder del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la entidad. Según este material al que ha tenido acceso infoLibre, el entonces consejero de Economía madrileño, Antonio Beteta, ahora secretario de Estado de Administraciones Públicas, forzó una reunión con el equipo de Blesa tras tener conocimiento de que un informe del Banco de España apuntaba a que se había comprado el banco de Miami saltándose el permiso de Esperanza Aguirre.

La Ley de Cajas obligaba a los gestores de las entidades financieras públicas a pedir permiso al Gobierno regional para realizar compras que superaran el 5% de los recursos propios. Este era el caso del City National Bank, cuyo precio final superó los 1.000 millones de dólares. La operación se realizó en 2008.

“Los correos aportados a la causa han sido obtenidos sin que media resolución motivada, por lo que entendemos que han sido extraídos sin autorización por Bankia y entregados a Price WaterHouse (PWC) para que los procese”, resalta el abogado Carlos Aguilar en nombre de Blesa en el escrito al que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, Blesa reitera, al igual que con el juez Elpidio José Silva, inhabilitado, que la cesión de los correos “supone una vulneración de los derechos fundamentales de mi representante, ya que al no contar previamente con resolución judicial, convierten a dichos elementos en una prueba nula que, como tal, deberá ser excluida del procedimiento para evitar que contagie las diligencias de investigación posteriores”.

En el escrito, Blesa explica que el pasado 15 de diciembre de 2014 envió un burofax a la asesoría jurídica de Bankia advirtiendo de que no contaban con su consentimiento para entregar sus correos electrónicos a un tercero. Esta cesión, según el expresidente e Caja Madrid, vulneraba la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y, además, les requirió para que se abstuviesen de entregar los correos electrónicos a PWC, resaltando que el acceso y la cesión de tales correos, sin mandato judicial, “supondría la vulneración de sus derechos fundamentales con las consecuencias jurídicas que pudiera provocar”.

“Por lo tanto, habiéndose vulnerado los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de mi representado por parte de Bankia y de PWC, se habrá de declarar nula la aportación de dichos correos”, destaca el abogado Carlos Aguilar.

Blesa sostiene, además, que Bankia y el FROB “lejos de solicitar o promover la obtención de la correspondiente autorización judicial para obtener dicha correspondencia electrónica, decidieron hacer caso omiso al requerimiento de mi representado”.

Otro de los motivos a los que alude Blesa para impedir que se aporten al caso los correos es que este nunca trabajó para Bankia ni para el Banco Financiero y de Ahorros (BFA): “Y en ningún momento autorizó a Caja Madrid ni a Bankia para que sus correos quedasen depositados en una entidad ajena”.

Al igual que en ocasiones anteriores, Blesa alude a la forma “accidental” de obtención de los mensajes: “Se trataría de correos previamente borrados por Caja Madrid, y accidentalmente borrados por Caja Madrid, accidentalmente alojados en un servidor secundario, ilegalmente aprehendidos, e ilegítimamente revelados a terceros, por lo que poca duda cabe albergar sobre la nulidad de tales elementos y la procedencia de expulsarlos de la causa”.

La acusación popular de UPyD ya ha anunciado su intención de oponerse a la petición de Blesa al considerar que los correos electrónicos "en ningún caso afectan a su derecho a la intimidad”.

El 21 de septiembre de 2005, fecha en la que Rodrigo Rato ejercía en Washington de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), el entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, recibió un correo electrónico del encargado en la entidad financiera de las relaciones con los medios de comunicación, Juan Astorqui.

En el mensaje, al que ha tenido acceso infoLibre, Astorqui aporta información a Blesa para la reunión que iba a mantener con el entonces máximo responsable del FMI: encabezado con las palabras "Radio Balear" como asunto del correo electrónico, el texto especifica después: "Presidente; para tu reunión con Rodrigo RatoRodrigo Rato". 

"En el año 2004 hicimos una inversión total de 11.548 euros. Entre enero y septiembre de 2005 llevamos realizada una inversión de 12.320 euros", indica el mensaje referido a la Radio Balear, perteneciente al grupo familiar que Rato tenía con sus hermanos.

Astorqui completa su mensaje a Blesa con datos sobre la inversión prevista para ese año en Radio Balear por parte de Caja Madrid: "Tenemos pendiente una inversión en el mes de noviembre de este año de 6.000 euros para la campaña de planes de pensiones. Estas cantidades no contemplan el IVA". 

Muinmo

En los correos de Blesa hay un mensaje anterior, de 28 de marzo de 2005, que también hace referencia a las negociaciones llevadas a cabo con la familia Rato para meter publicidad en sus medios. Titulado "Radio Balear-Grupo Rato", Astorqui informa sobre la inversión realizada en 2004 en Muinmo, que era el nombre de la empresa dueña de Radio Balear: "La inversión que realizamos en Muinmo (Radio Balear), empresa del Grupo Rato fue de 9.579 euros (IVA incluido) y dispusimos de 259 cuñas".

Estas cantidades son ligeramente inferiores, en lo que respecta al año 2004, a las que figuran en el mensaje de correo del 21 de septiembre de 2005. Dado que este último se escribió seis meses más tarde, cabe pensar que es el que contiene las cifras definitivas.

El email de marzo continúa dando más explicaciones: "Para este año [2005], y como me imagino que te estarán dando la lata hemos llegado a un acuerdo desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2005. Invertiremos durante ese periodo 18.000 euros (IVA incluido) y estamos a la espera de que nos envíen una propuesta en la que se incluya el número de cuñas [publicitarias], que en buena lógica estará por encima de las 500". 

En septiembre de 2010, la familia Rato vendió las emisoras de Radio Balear a la cadena Radio María.

Inversión publicitaria desproporcionada

Pero Caja Madrid no era la única entidad que metía publicidad en las emisoras de la familia Rato, a pesar de que tenían una audiencia muy marginal. El diario El País publicó en 2001 que las seis emisoras de los Rato (Muinmo), con 26.000 oyentes, habían recibido más de 240.000 euros en publicidad de Repsol. El presidente de la petrolera era Alfonso Cortina, nombrado por Rato antes de su privatización. Esta inversión era ligeramente inferior a la que contrataba Repsol en todas las emisoras de la Cadena Ser, líder en audiencia en toda España.

Más allá de los mensajes sobre la inversión publicitaria, en los correos de Blesa hay otro relacionado con Rato que resulta llamativo. El 29 de octubre de 2009, meses antes de la llegada del exvicepresidente del PP a Caja Madrid, el exconsejero Francisco Moure informa a Blesa del contenido de una conversación que había mantenido con una persona que identifica como Fernández del Río: "Me aseguró el total interés de Rato para ser el sucesor". Uno de los consejeros que utilizó las tarjetas black se llama José María Fernández del Río. Considerada una persona cercana a Rato, fue condenado a seis meses de cárcel, según publicó Vozpópuli.

Estos nuevos documentos aportan datos sobre estas tarjetas que, sin embargo, no aparecen en las actas oficiales, que en ningún momento se refieren a la utilización de las Visa por parte de los consejeros o de los integrantes del comité de dirección presidido por Miguel Blesa. La Fundación Caja Madrid vincula este documento manuscrito al acta de 18 de junio de 2008, aunque en realidad en el texto el autor, cuya identidad no se facilita, alude "al 25". El 25 de octubre fue la fecha en la que la Comisión de Retribuciones mantuvo una segunda reunión.

IU y PSOE

La Comisión de Retribuciones de 25 de junio fue presidida por Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores, y contó con la asistencia de José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero Lázaro (PSOE) y el secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre.

Todos los datos escritos a mano concuerdan con el acta oficial, aunque aportan información novedosa en relación con las tarjetas B: "Hoy 25", indica el documento, "preside Guillermo. Dietas ordinarias 2008", continúa el escrito, que en una quinta línea especifica: "Tarjetas: no subir", seguido de "Dietas part. bruto 8%".

El manuscrito alude además a los "directivos de segundo nivel: reunión extraordinaria. Preocupación de la comisión". Aunque también aparecen escritas las frases: "Reuniones 2008. Despachos, consejeros, recursos". 

"Aspectos retributivos"

Esta información coincide con el contenido del acta de la reunión del 25 de junio de 2008 presidida por Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores. El documento oficial asegura que en la reunión se tratarán "aspectos retributivos competencia del consejo de administración", aunque sin concretar qué asuntos iba a abordar.

Además, el acta da cuenta, al igual que en el documento manuscrito, de que "la comisión reiteró al secretario su interés por conocer el sistema retributivo y aplicación, en su caso, de los incentivos de fidelización para directivos de segundo nivel, proponiendo De la Torre la celebración de una reunión extraordinaria para tratar sobre este tema".

Entre los documentos aportados por la Fundación Caja Madrid al juez Andreu sobre las tarjetas black se incluye un segundo manuscrito fechado el 18 de junio de 2008, fecha en la que también se celebró una reunión de la Comisión de Retribuciones. Con el encabezado por "C. Retribuciones", también se puede leer: "Guillermo, ausente. Preside: ARomero". En referencia a Guillermo Marcos Guerrero y Antonio Romero. Pero el texto aporta otros datos, como por ejemplo "incremento" y "4,5%". Pero también "7.942 en 2007" y "8.300 en 2008-9".

8,3 millones

La lectura del acta de 18 de junio de 2008 confirma y explica los datos manuscritos: el secretario general, Ildefonso Sánchez Barcoj, "comentó los incrementos retributivos en el presente año, por todos los conceptos, en los diferentes colectivos de directores en la Caja, proponiendo la Comisión en lo que se refiere a los miembros del Comité de Dirección un incremento del 4,5% de su masa salarial actual de 7,94 millones", llegando "a alcanzar una masa salarial global de 8,3 millones". 

De esta forma los nuevos documentos, de gran importancia de cara a conocer quiénes eran los verdaderos responsables del control de las Visa por las que están imputados Miguel Blesa y Rodrigo Rato, probaría que los integrantes de la Comisión de Retribuciones aludieron a la subida o no de los gastos de las tarjetas.

Los manuscritos forman parte de la documental aportada por Caja Madrid al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a solicitud de la acusación ejercida por 15MpaRato. Esta asociación había pedido al juez Andreu que reclamara a la Fundación Caja Madrid todas las actas de la Comisión de Retribuciones de la entidad financiera desde 2006, con la intención de conocer si en estas reuniones se llegó a negociar la subida de los límites de las tarjetas B.tarjetas B

15MpaRato

La importancia de los documentos manuscritos se debe a que hasta el momento las únicas pruebas de la participación de los integrantes de la Comisión de Retribuciones en las negociaciones de las tarjetas tenían su origen en los correos secretos de Blesa, que fueron invalidados como prueba.

Tal y como adelantó infoLibre, los correos de Blesa apuntaban a que siete personas de Caja Madrid controlaban estas tarjetas. Estas eran, además del presidente Miguel Blesa, sus dos hombres de confianza: el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, y el secretario general, Enrique de la Torre; los tres integrantes de la comisión de retribuciones (José Antonio Moral Santín, Antonio Romero y Guillermo Marcos), y el consejero a propuesta del PP Estanislao Rodríguez-Ponga.

Aunque Rodríguez-Ponga no formaba parte de la Comisión de Retribuciones de forma oficial, un correo aseguraba que sí había participado en una reunión no oficial, en la que iban a hablar "de sus cosas, imagino que dieta de participadas", según consta en un mensaje de 18 de julio de 2007.

El correo electrónico alude a que en la reunión de la Comisión de Retribuciones de 18 de julio abordarían datos tales como los diferentes pagos, "y la tarjeta de consejeros". En esa reunión, los representantes en Caja Madrid del PP, PSOE e IU aprobaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas B el mismo día en el que acordaron una subida del 8% del sueldo de Blesa y su equipo, que pasaron a cobrar 7,37 millones anuales.

"Competencia de Retribuciones"

Otro correo electrónico del secretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, de 1 de septiembre de 2009, confirma que la Comisión de Retribuciones era la responsable de la asignación de los gastos de las black: "Quede claro, ante todo, que el tema es competencia de la Comisión de Retribuciones para todo el Grupo, incluidos consejeros y directivos de primer nivel".

El mensaje de De la Torre también especifica: "En cuanto a tarjetas black, los vicepresidentes, Antonio Romero, Bedia y Baquero tienen una cobertura de 50000 euros al año; los demás de 25000 euros. Todo lo anterior tiene la bendición presidencial y (salvo las dietas y tarjetas de Bedia y Baquero) de la Comisión de Retribuciones".

Fuentes de Caja Madrid bajo la presidencia de Blesa negaron a este periódico que la Comisión de Retribuciones avalara una subida del gasto de las tarjetas B de los consejeros, asegurando que desde su creación dependían del presidente de la entidad financiera, que delegó en el director general Ildefonso Sánchez Barcoj. Éste último negó en su declaración como imputado ante el juez cualquier responsabilidad sobre las tarjetas, aludiendo al propio Blesa.

El exalcalde de Alcobendas José Caballero, que fue regidor de la localidad durante más de 20 años con el PSOE, no devolverá el dinero que gastó con la tarjeta 'b' de Caja Madrid siendo consejero porque entiende que sería aceptar que es algo "ilegal y delictivo" y él no lo considera así.

"Si devolviera el dinero estaría justificando que es algo ilegal y delictivo", manifestó este martes en declaraciones a Europa Press. Justifica esta posición apoyándose en que "es algo que se aprobó en el Consejo de Administración".

De hecho, Caballero recuerda que el uso de estas tarjetas se aprobó con Miguel Blesa al frente de la caja, en un consejo en el que les dijeron que "no superaran el gasto de 600 euros al mes".

Además, el exalcalde socialista asegura que sus gastos están justificados porque contemplan, entre otras cosas, "comidas para invitar a gente con el fin de sacar proyectos adelante en la ciudad". De hecho, alega que, gracias a esas comidas, Alcobendas cuenta con un centro/residencia para enfermos psicosociales, otro para presas con menores a su cargo y una escuela/taller para la reinserción en la sociedad de personas con problemas. 

También ha querido dejar claro que el gasto de 19.800 euros con esa tarjeta "fue a lo largo de 12 años", así como que "todos los años he justificado a Hacienda los gastos y dietas y mis ingresos como alcalde y consejero de Caja Madrid".

La carrera política de Caballero

Fue alcalde durante más de 20 años por el PSOE, donde militaba hasta que algunos problemas internos con su formación le llevaron a pasarse a UPyD, formación con la que se presentó a las municipales de 2011. En la actualidad tampoco milita en el partido de Rosa Díez por problemas con otros compañeros, por lo que figura como concejal no adscrito. Su intención era presentarse otra vez con el PSOE a las próximas municipales de 2015.

El presidente del PP de Arganzuela, José Nieto Antolinos, presentó este lunes su dimisión como vocal vecino de la Junta de este distrito después de que su nombre apareciera en el listado de consejeros que habrían realizado un uso fraudulento de las tarjetas opacas de Caja Madrid, informa Europa Press.

Concretamente, José Nieto habría gastado 19.800 euros con esta tarjeta. Es el segundo vocal vecino de la capital salpicado por el escándalo, tras el socialista Santiago Javier Sánchez Carlos.

Son 27 los consejeros de Caja Madrid vinculados al Partido Popular implicados en el uso indebido de tarjetas de crédito para gastos personales. En este grupo ya se cuentan cuatro ceses o dimisiones. Pero entre estos cuatro nombres no figura el de Beltrán Gutiérrez Moliner. Al cierre de esta edición seguía siendo gerente del PP de Madrid, la formación que preside Esperanza Aguirre. En cambio,Ana Botella lo destituyó este viernes como asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid.

Según la información aportada a la Fiscalía, Gutiérrez Moliner gastó 58.000 euros entre los años 2010 y 2011. El reparto fue el siguiente: 22.100 euros en 2010 y 35.900 en 2011. 

Gutiérrez Moliner lleva años vinculado al PP de Madrid en este mismo puesto. Entre la documentación intervenida en el marco del caso Gürtel, los investigadores hallaron una carta remitida por los cabecillas de la trama al gerente del partido de Aguirre y que fue guardada con el nombre "carta Beltrán-pufos Madrid".

Entre los 27 nombres también figura el de Fernando Serrano Antón (78.500 euros). En septiembre de 2009 fue el sustituto de Pablo Abejas al frente de la Comisión de Control de Caja Madrid. Serrano Antón era próximo al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y Abejas próximo a Aguirre. Su nombre figura en la página web del Ayuntamiento de Madrid como vocal segundo del Tribunal Económico-Administrativo Municipal. 

El Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) es un órgano especializado encargado de conocer y resolver las reclamaciones frente a las actuaciones tributarias o de recaudación de ingresos del Ayuntamiento de Madrid o sus organismos.

El puesto del "hijoputa"

Serrano fue uno de los protagonistas de la batalla por el control de la caja que se libró en el PP de Madrid en los años 2009 y 2010. Es el hombre al que Esperanza Aguirre se refirió como el "hijoputa" en una conversación privada con el ahora presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue pillada por los micrófonos. "Yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a IU quitándoselo al hijoputa", fue la expresión. Era 29 de enero de 2010.Y Aguirre tuvo que salir a aclarar que no se refería a Ruiz-Gallardón, sino a Fernando Serrano.

Pese a los intentos de Aguirre y su entorno por lograr que González presidiese Caja Madrid, Mariano Rajoy intervino para ubicar a Rodrigo Rato en la presidencia. 

Los gastos de Serrano en 'tarjetas B' se reparten entre los años 2003 (13.200 euros), 2004 (2.500), 2007 (21.900), 2008 (21.800), 2009 (14.400) y 2010 (4.700).

Un presidente de distrito, otro de los beneficiados

José Nieto Antolinos (19.800 euros), presidente del PP de Arganzuela, también figura en el listado suministrado por Bankia a la Fiscalía. Sus gastos fueron realizados en 2003 (16.200) y 2004 (3.600). Lo mismo ocurre con Jorge Rábago Juan-Aracil, director del departamento de telegenia del partido presidido por Mariano Rajoy. Los gastos que figuran a su nombre son de 8.000 euros.

Cuatro bajas en los exconsejeros de Caja Madrid vinculados al PP

Desde que el miércoles estalló este nuevo escándalo en el sumario del caso Bankia han sido cuatro los ceses o dimisiones en el sector de los vinculados al PP. La primera baja fue la de Pablo Abejas. Fue anunciada el jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fue cesado como director general de Economía del Gobierno regional. Abejas se gastó 246.700 euros con su 'tarjeta B' en el periodo 2003-2012.

El consejero de Presidencia madrileño, Salvador Victoria anunció en la misma rueda de prensa que González también había pedido a la Fundación de Caja Madrid que su presidenta, Carmen Cafranga, abandonase su cargo. Pocas horas después, Cafranga presentó su dimisión. En su caso, el uso de la 'tarjeta B' ascendió a 175.200 euros.

Se da la circunstancia de que Carmen Cafranga y la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, compartieron aventura empresarial. Ambas figuran entre las accionistas de la empresa Subastas Segre. Cafranga mantiene también muy buena relación con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Este viernes se sumaron otras dos dimisiones. El director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, renunció a su cargo. El jefe de Gabinete de Miguel Ferre, que fue nombrado el 19 de enero de 2012, tras tomar posesión el secretario de Estado de Hacienda, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de Finanzas del Estado desde 1999.

Además, ha sido vocal en el Gabinete del director general de la Agencia Estatal y jefe de Gabinete de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. También ha ocupado el cargo de inspector coordinador en la Subdirección General de verificación legal de la Agencia Tributaria y en la Subdirección General de Operaciones Financieras de la Dirección General de Tributos. Se le atribuyen gastos con la tarjeta de Caja Madrid de 63.000 euros.

Cargo en Boadilla

El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte, Manuel José Rodríguez, exconsejero de Caja Madrid propuesto por el PP, también presentó este viernes su dimisión por el presunto uso fraudulento de tarjetas de la entidad.

La dimisión del gerente se produjo después de que el alcalde, Antonio González Terol, se la exigiera. La Fiscalía cifra en 37.100 euros los gastos que realizó con la tarjeta.

44.200 euros. Esa es la cantidad que el exministro de Economía y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, gastó a través de su tarjeta de crédito opaca durante su etapa como presidente de Caja Madrid y que aún no ha devuelto. Ni él se ha ofrecido a hacerlo ni ninguna de las dos entidades –Bankia y la actual Fundación Caja Madrid– le han reclamado el dinero. infoLibre intentó, sin éxito, conocer la versión de Rato sobre este hecho.

Rodrigo Rato fue presidente de Caja Madrid entre enero y diciembre de 2010 y, tras la fusión de esta entidad con otras seis cajas para crear Bankia, dirigió esta última desde finales de 2010 hasta su dimisión en mayo de 2012. Rato hizo gastos por importe de 44.200 euros con su tarjeta en B durante la primera etapa y 54.837 en la época de Bankia.

El pasado mes de julio, Bankia solicitó a cuatro de sus antiguos directivos (José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso José Sánchez Barcoj, Matías Amat y el propio Rato) que devolviesen a la entidad un total de casi 200.000 euros, que habían gastado a través de las tarjetas de crédito opacas sin haber justificado en qué. El que fuera vicepresidente del Gobierno de Jose María Aznar tuvo que reembolsar los citados 54.837 euros.

Sin embargo, Rato no consideró necesario devolver el importe gastado durante los once meses en que fue presidente de Caja Madrid: 42.200 euros. Rato no se ha ofrecido a devolver el dinero, pero ni Bankia ni la Fundación Caja Madrid se lo han reclamado, ya que ninguna de las dos entidades entiende que sea competente para hacerlo, según han explicado a infoLibre. Es decir, de los 97.037 euros que gastó en total Rato, aún no ha devuelto el 43,5%.

Nadie reclama el dinero

En este sentido, una portavoz de Bankia señala que si reclamaron tan sólo 197.459 euros a los cuatro exdirectivos en julio, en lugar de los más de 15 millones que gastaron 82 altos cargos de ambas empresas entre 2003 y 2012, fue porque a esa cantidad ascendieron los cargos a las tarjetas de crédito de Norniella, Barcoj, Amat y Rato mientras eran directivos de Bankia. Todo el resto de la suma, según señala la portavoz del banco nacionalizado, "debería ser reclamado por la Fundación Caja Madrid, que sucedió jurídicamente a la antigua caja madrileña".

Sin embargo, la propia Fundación no lo tiene tan claro. Si bien su portavoz ha asegurado a este diario que se están llevando a cabo "actuaciones de comprobación" antes de tomar una decisión sobre una eventual reclamación, también afirma que la responsabilidad de reclamar correspondería a quien se quedó con la parte del "negocio" de la antigua Caja Madrid –es decir, Bankia– y no a quien gestiona lo que en su día era la obra social. Y, especialmente, el portavoz hace hincapié en que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha señalado que es Bankia quien debe exigir que le devuelvan los fondos utilizados irregularmente.

Es cierto que el FROB señala a Bankia como la entidad que podría solicitar el reingreso. El organismo, en un informe enviado a la Fiscalía Anticorrupción, señala que "independientemente de que las disposiciones entre los años 2003 y 2012 se hubieran hecho contra el patrimonio" de Caja Madrid, "la aportación de todo el negocio financiero (en el que se encontraban los 15 millones de euros de gastos registrados por el uso de estas tarjetas) a BFA y posteriormente a Bankia, unido al hecho de que BFA y Bankia han recibido elevados importes de ayuda pública [...] supone que el perjuicio se haya materializado en los accionistas de Bankia y BFA actuales, y en concreto en el FROB y a través del mismo en el contribuyente".

Es decir, que en lo que hace hincapié el fondo es en que Bankia –a través de su matriz BFA– integró el negocio financiero de las siete cajas, entre las que se encontraba Caja Madrid, un negocio que en mayo de 2012 tenía un valor negativo de 13.635 millones de euros y que tuvo que ser rescatado por el Estado. Lo que argumenta el FROB es que ese abultado rescate hubiera sido menor sin los más de 15 millones de euros gastados a través de las tarjetas, por lo que sería en todo caso el propio Fondo quien tuviera derecho a reclamar.

"La diferencia entre esos 15 millones de euros de disposición de tarjetas y los más de 20.000 millones aportados por el FROB es enorme, y por ello de no haber salido de la entidad Caja Madrid el dinero que ahora se va a investigar, el resultado para la caja hubiera sido el mismo (pérdida de toda su participación en BFA y Bankia) y sin embargo la inyección de fondos públicos hubiera podido ser algo menor, lo que legitima al FROB, BFA y en su caso Bankia a reclamar los mismos, sin que pueda ser razonable que una caja que aportó un negocio y que generó unas necesidades enormes de ayuda pública [...] pueda recuperar algo de dinero antes que la autoridad de resolución recupere toda su inyección", remacha el FROB.

Bankia, sólo responsable desde diciembre de 2010

Por contra, Bankia se apoya en un informe externo realizado por el despacho Herbert Smith Freehills para afirmar que no puede reclamar más que los 200.000 euros ya recuperados porque el resto del dinero habría sido gastado antes de su creación. "Bankia no se encuentra activamente legitimada para el ejercicio de tales acciones [reclamar el dinero gastado indebidamente] respecto de las disposiciones anteriores al mes de diciembre de 2010 (momento de constitución de Bankia)", señala el documento, que hace hincapié en que "el quebranto ya se habría recogido –en su caso– en el balance que asumió Bankia en la indicada fecha".

Y el documento, además, le devuelve la pelota a la Fundación Caja Madrid, que –tal y como recuerda el despacho que asesora a Bankia– heredó la "personalidad jurídica" de la antigua caja de ahorros. Por ello, señala el informe, "la fundación de carácter especial Caja Madrid, subrogada en la personalidad jurídica de Caja Madrid, será la activamente legitimada para estudiar y en su caso plantear el ejercicio de las posibles acciones de reintegración a que pueda dar lugar el uso de las tarjetas que venimos considerando".

Antonio Gómez Ortega era un desconocido para la mayoría de la población hasta el pasado mes de enero, cuando el nombre de este exdirector de una sucursal de Caja Madrid en Linares (Jaén) apareció reflejado en uno de los correos electrónicos de Blesa que difundió infoLibre. Hoy se autodefine como “la primera víctima de las preferentes”.

“Estuve siete años en silencio, pero hubiera estado toda la vida”, reconoce Antonio Gómez, que admite que la revelación de estos mensajes “han esclarecido la maquinaria y la estafa que tenía montada, engañando a la comercialización del producto, es decir, a las oficinas". La denuncia de este engaño la extiende hasta los directores de las sucursales: "Nos dijeron unas características del producto y, cuando pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que no eran ciertas.”

En 2007, Gómez fue despedido de Caja Madrid por mostrar su oposición a la comercialización de las participaciones preferentes. Al ser notificado de su cese, escribió un correo al entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, pidiendo, sin suerte, su readmisión.

Este correo se encontraba entre los 8.777 e-mails a los que tuvo acceso InfoLibre. Desde aquel momento, Antonio Gómez ha hecho numerosas declaraciones en distintos medios de comunicación, donde contaba, desde el punto de vista del director de sucursal, cómo se vivía la venta de las participaciones preferentes a nivel interno, así como las distintas impresiones y sospechas que tenía y, a día de hoy, sigue teniendo.

Tras la petición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de los correos de Blesa durante 2009, infoLibre ha contactado con Antonio Gómez para que relate cómo valora este nuevo panorama.

Admite que esta noticia es “muy buena”, a lo que añade que “sería interesante”, que el juez también reclamara los correos de años anteriores, como los de 2006 y 2007, cuando se desarrolló su caso. Para él, esto “justificaría y demostraría que años antes a la emisión de 2009 sabían que ese producto solo era un problema para clientes y ahorradores”.

Gómez señala que se trataba de “un engaño de arriba abajo total”, en referencia a las maniobras de los jefes de zona y regionales que evidenciaban los correos de Blesa. “Cuando sucedió aquello, estaba totalmente despistado, no sabía por dónde venían los tiros… Pero ya ha pasado el tiempo, he hecho mis deducciones, y lo tengo muy claro: montaron una maquinaria para que ese producto saliera de la manera que a ellos les interesaba. Es decir, hacer dinero para las necesidades que Caja Madrid tenía para ellos, sin pensar en los problemas que iban a suponer para los clientes”, apunta el exdirector de la sucursal de Linares.

Ningún inconveniente en ayudar a los preferentistas

Antonio Gómez reconoció en su día que llegó “a pagar entre 400 y 600 euros" de su bolsillo, a lo que añade que “el cliente ni se enteró, se quedó para mí y punto”. Hoy sigue ofreciendo ayuda a los preferentistas: “no tengo ningún inconveniente en ayudar a que estos señores puedan recuperar su dinero”.

Además, señala que estaría dispuesto a acudir como testigo a la Audiencia Nacional por el caso de las preferentes: “no tendría ningún problema, de hecho ya he estado en un juicio en Linares como testigo de un perjudicado que reclamaba sus ahorros”. Aquel juicio, celebrado hace unos meses, está a la espera de sentencia.

Desde entonces, cuenta que le ha llamado “algún cliente preguntando si estaría dispuesto” a declarar como testigo. El exdirector de la sucursal de Caja Madrid en Linares lo tiene claro: “si me llaman, volveré a ir”.

Nuevos correos electrónicos de Miguel Blesa de agosto de 2006 desvelan las maniobras que llevaron a cabo directivos de Caja Madrid para ocultar el engaño a los clientes. En los mensajes se constata que varios preferentistas habían adquirido estos productos financieros tras ser informados de forma errónea de que tenían "una liquidez del 100%" y que podrían ser vendidos "de modo inmediato", según consta en los emails a los que ha tenido acceso infoLibre.

Se trata de tres mensajes en los que el entonces director general de la entidad financiera madrileña, Ramón Ferraz Ricarte, recibe las explicaciones de los directores de Caja Madrid en Andalucía y de la zona de Córdoba y Jaén sobre cómo van a solucionar las quejas de varios clientes andaluces, que llevaban meses sin poder rescatar el dinero que habían invertido en preferentes.

Precisamente este miércoles, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó solicitar a Bankia los correos corporativos de Blesa y de otros directivos relacionados con las participaciones preferentes. Aunque no pedirá todos, sino los de 2009, año en el que Caja Madrid emitió preferentes por 3.000 millones de euros.

Antonio Gómez Ortega

El problema que se refleja en los emails se originó en la oficina de Linares, cuyo director, Antonio Gómez Ortega, llegó a devolver a los clientes de su bolsillo parte sus inversiones en preferentes. Además, se negó a comercializar estos productos híbridosproductos híbridos al constatar que eran perjudiciales para los ahorradores. Al final Gómez Ortega, que logró que sus clientes recuperaran más de 300.000 euros, fue despedido, pese a que envió de forma desesperada una carta a Blesa reclamando "una nueva oportunidad".

Tal y como dijo el propio Antonio Gómez Ortega a infoLibre, meses antes de su salida de Caja Madrid él y el resto de directores de las sucursales de Córdoba y Jaén fueron convocados a una reunión por el director de zona, Rafael Prieto.

"Cuando Caja Madrid sacaba un producto el entonces director de zona nos reunía a todos los directores de las sucursales de Córdoba y Jaén para darnos las directrices. Esa reunión fue en Córdoba, y nos dijeron que las preferentes tenían un 100% de liquidez para el cliente. Las rentabilidades eran muy altas, pero lo más importante era que los clientes tendrían disponible el dinero de las preferentes de forma inmediata", relató Antonio Gómez Ortega a este diario.

A partir de la reunión de Córdoba, el exdirector de la sucursal de Linares, al igual que otros empleados de Caja Madrid en toda España, se lanzó a comercializar las preferentes. Y su oficina fue una de las que más vendió, llegando hasta los 2,2 millones de euros. "Cumplimos los objetivos con creces y el director de zona me llamaba para decirme: tú que lo haces bien vende más, que nos hace falta".

Según reconoce en un correo electrónico inédito, de 31 de agosto de 2006, el jefe de Caja Madrid en Andalucía, Antonio Soto Ramis, a su jefe en Madrid Ramón Ferraz Ricarte, esta comercialización "ha llevado a una situación complicada, dada la iliquidez temporal del producto al llevar en algunos casos más de tres meses sin haber podido realizar la ventailiquidez y, por tanto, el abono al cliente".

Soto, que reconoce en el correo que el director de Linares le dijo que podría estar formándose "una agrupación de afectados", también explica que le comunicó que incluso llegaron a "amenazarle". Y que por eso estaba "sensibilizado, como ya llevo desde hace más de cuatro meses, desde que empiezan a aparecer órdenes de venta sin que tengan la contrapartida inmediata. (Estamos despachando semanalmente esta situación y, de hecho, hemos casado numerosas partidas a lo largo del ejerciciocasado )".

Y después, Soto promete a Ferraz Ricarte en el mensaje solucionar rápidamente el problema: "Quiero dejarte tranquilo en el aspecto de que haré todo lo posible (lo conseguiré con la ayuda de los directores de zona) para solventar no sólo el problema de la oficina de Linares, sino el 1,5 millones que mi dirección de Negocio tiene pendiente de venta. (Creo que lo puedo tener antes de que finalice la semana que viene)".

Primeros problemas

No pasó ni un año tras finalizar el plazo de comercialización de esa emisión de preferentes cuando se detectaron los primeros problemas. Hasta ese momento las preferentes se compraban y se vendían incluso por encima de los valores a los que habían sido adquiridas, porque los mercados las demandaban. Pero el mercado financiero fue bajando y entonces ya había más oferta que demanda. Y el mercado se redujo, y ahí empezaron los problemas.

Precisamente los nuevos correos confirman el relato del director de Linares. Y en el mencionado mensaje de 31 de agosto de 2006, el director de Caja Madrid en Andalucía promete a Ramón Ferraz Ricarte solucionar el problema en la oficina de Antonio Gómez Ortega y en el resto de sucursales.

Pero otro mensaje, que forma parte también de la cadena de correos relacionados con la oficina de Linares, pone de manifiesto las maniobras que los directivos de Caja Madrid llevan a cabo con la intención de recolocar las preferentes a otros clientes, y así evitar recurrir a los servicios del Banco Popular, que le cobraba un 10% por dar liquidez a las operaciones.

La clave era, tal y como desvela otro mensaje de 1 de septiembre de 2006 ya publicado por este diario, "buscar la contrapartida con nuestros propios clientes. Esto es posible hacerlo con los actuales tipos de interés con un descuento menor, entre el 97% y el 100% del valor nominal, porque el mercado minorista demanda una prima menor que el mayorista como contrapartida a la perpetuidad de la deuda".

Lo que significa que los minoristas, muchos de ellos de edad avanzada y sin conocimientos financieros, estaban dispuestos a pagar el 97% del precio nominal de un producto financiero perpetuo, mientras que el Banco Popular solo llegaba al 90%, pues percibía un 10% por su trabajo.

Mercado interno

Ante la inexistencia del mercado de preferentes, los directivos de Caja Madrid idearon un mercado interno, que ponía en contacto a los vendedores con los compradores. Todos ellos clientes de la entidad financiera. Precisamente en otro correo electrónico de 9 de mayo se muestran las maniobras de los directores de zona para tapar el problema de Linares.

"Me ocupé de inmediato de hablar con todas las oficinas para que de forma urgente buscasen clientes compradores de cualquier importecompradores , incluso 1.000 o 2.000 euros para desatascarle de inmediato", explica en el mensaje el jefe de la zona Córdoba-Jaén, Rafael Prieto Onieva, al responsable de Caja Madrid en Andalucía, Antonio Soto. Prieto, según el mensaje, llega a dar una orden personal para comprar preferentes a 2.000 euros: "de tal manera que el mismo martes ya había tres oficinas que en total dieron órdenes de compra por 8.000 euros".

Además, Prieto asegura a su jefe en Andalucía que incluso llegó a comentar al director de Linares que recurriría al resto de directores de zona de Caja Madrid "para que nos echaran una mano prioritariamente para la oficina 9827. El resto de las oficinas de la zona están en ello, y de hecho la oficina de Montilla me ha llamado esta mañana para indicarme que probablemente comprarán 60.000 euros".

Al final los clientes de la oficina de Linares lograron rescatar su dinero. Pero el director de la sucursal de esta localidad andaluza fue despedido en enero de 2007. Precisamente unos pocos meses después, el 9 de mayo de 2007, muestra que la solución llevada a cabo en Linares era general en toda España. 

El informe de auditoría de diciembre de 2006 especifica que Caja Madrid, "para dar liquidez al saldo acumulado de preferentes, acordó restablecer el sistema interno basado en bandas de contratación, que en su momento propició actuaciones irregulares de empleados. Desde auditoría se está analizando la operativa, habiéndose detectado de nuevo oficinas que no actúan correctamente (intermedian a favor de clientes concretos o en su favor)".

Una solución

María del Carmen Contreras Gómez, entonces integrante del comité de dirección de Caja Madrid, envió un mensaje a Blesa y a otros directivos en el que reconoce que con el cruce de preferentes, que trata de acallar las reclamaciones, se incorporan otros problemas: "Hemos reducido el riesgo [de liquidez], aunque todos somos conscientes de que a cambio de abrir otros (asociados a registro de órdenes, formación del precio y asimetría en acceso a mejores precios). En la medida que se consideren menores y asumibles los actuales riesgos, podremos pensar que estamos mejor que antes", sostiene Contreras Gómez, que completa: "Entiendo que esto no debe excluir que intentemos buscar una solución a medio plazo que nos convenza".

Pero no hubo ninguna solución a este problema, sino que Blesa se lanzó a comercializar en 2009 otros 3.000 millones de euros en participaciones preferentes a unos 87.000 clientes para apuntalar la liquidez de la caja, según los datos aportados por el propio expresidente de Caja Madrid en sus correos electrónicos. "La mayor colocación de preferentes del sistema bancario español", se vanaglorió la entidad financiera.

El informe de reclamaciones del primer trimestre de 2007, que se incluye en otro correo electrónico inédito de Blesa de 20 de abril de 2007, da cuenta del crecimiento de las reclamaciones dirigidas hacia sociedades del Grupo, "aunque siguen siendo relativamente muy pocas. Las cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros se basan en reclamaciones sobre participaciones preferentes y seguros renta inversión, respectivamente".

Además, el documento resalta que las resoluciones contrarias a los interesa de Caja Madrid están relacionadas con las participaciones preferentes de Caja Madrid: por el excesivo tiempo en cumplimentar las órdenes del cliente, y por no haber utilizado la caja el contrato de liquidez suscrito con el Banco Popular.

Ayer se reveló que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado requerir a Bankia y Banco Financiero de Ahorros (BFA) "cuantos correos electrónicos consten en sus archivos, en cualquier formato y que hayan sido emitidos o recibidos por Miguel Blesa de la Parra, a través del correo electrónico corporativo de Caja Madrid durante el año 2009", según un auto publicado el pasado miércoles, en el que también se insta a hacerlo con la mayor brevedad posible.

Algunas de las organizaciones que han defendido durante estos años a los preferentistas ya se han pronunciado sobre esta nueva decisión del juez, que reciben con esperanza, pero con cautela: sin perder la perspectiva y exigiendo más investigación sobre el tema. "Vamos a seguir presionando", dice Juan Ignacio Moreno Yagüe, abogado de la plataforma ciudadana 15MpaRato. Además, recuerda que en mayo ya presentaron un escrito en el que piden no solo los correos de Blesa en 2009 -"ya los hemos leído en prensa"-, sino también "los correos de 2005 y 2006, que determinan si sabían que el mercado de preferentes no existía".

Los correos de Blesa no son los únicos que quieren que investigue el juez: "Nos interesan los correos de toda la cúpula directiva, pero no de los administradores que no sabían nada, sino del equipo que manejaba la entidad de verdad", relata Moreno Yagüe en declaraciones a infoLibre.

Desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), su portavoz Fernando Herrero comenta que "la Audiencia Nacional ya había hecho algún amago en lo relativo a abordar el fraude de las preferentes, que inicialmente se habían intentado dejar fuera de la causa. Eso puede suponer un pequeño refuerzo al avance de esa línea de investigación, que versa sobre el fraude de la salida a bolsa".

Cautela ante el anuncio del juez Andreu

No obstante, el portavoz de ADICAE prefiere ser precavido, y aunque reconoce que "desde luego, no es una mala noticia", comenta a infoLibre que este paso del juez "no supone un vuelco absoluto en el procedimiento, aunque estaríamos encantados de equivocarnos". 

Herrero advierte de que esto puede suponer un "desvío de la atención procesal, judicial y mediática hacia temas que, teniendo su importancia, no son la clave del asunto", refiriéndose a la emisión y colocación de preferentes. Uno de estos temas serían, según el portavoz de ADICAE, "determinadas operaciones extrañas para colocar a amigos". 

Por el momento, en 15MpaRato también se muestran precavidos: admiten que "las esperanzas han aumentado", pero quieren "esperar a ver qué hay en esos correos".