La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.

La derechización de la magistratura en España muestra estos días una prueba más en la elección del nuevo presidente o presidenta de la Audiencia Nacional. El tribunal del terrorismo, el del narcotráfico a gran escala y las macrocausas de corrupción, el de mayor proyección mediática, tendrá de nuevo, casi con total seguridad, un presidente conservador. Ningún magistrado progresista se ha presentado a la convocatoria y, de los ocho que lo han hecho, seis de ellos han tenido algún vínculo con el PP al haber ocupado altos cargos en instituciones dirigidas por ese partido o haber sido aupados por ese partido para puestos judiciales de responsabilidad.

El último presidente progresista que tuvo el tribunal fue Ángel Juanes, que dejó el cargo para convertirse en vicepresidente del Tribunal Supremo en 2014, tras ocuparlo desde 2009. Le sucedió el conservador José Ramón Navarro. Y el que le seguirá será también de esa sensibilidad al no haber candidatos progresistas. Cuatro de los ocho que se han presentado ahora han ocupado cargos políticos en gobiernos autonómicos y locales del PP y otros dos fueron propuestos por ese partido para convertirse en vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan a la "desmotivación" como causa de la ausencia de aspirantes de izquierdas. Tras las elecciones a su Sala de Gobierno de la semana pasada, en la que participan todos los magistrados, los tres puestos a elegir fueron para la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Entre los candidatos más significados políticamente se encuentra el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. El ahora aspirante fue consejero de Justicia del PP, diputado en la Asamblea de Madrid y vicesecretario de Justicia del partido a nivel nacional cuando lo dirigía Pablo Casado y se reincorporó a su puesto en la Sala de lo Penal hace poco más de un año. Antes había sido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de ese mismo partido –puesto del que tuvo que dimitir después de que la policía lo parara por conducir su moto sin casco y sobrepasando el límite de alcohol– y hombre fuerte del sector conservador del CGPJ durante el mandato 2001-2008.

Otra de las candidatas señaladas por su vinculación con el PP es María Tardón, que fue concejala en el grupo municipal de ese partido en el Ayuntamiento de Madrid durante la alcaldía de José María Álvarez del Manzano, con el que ocupó el cargo de cuarta teniente de alcalde y responsable de la Policía Municipal. Tardón, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (moderada), ocupa actualmente el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Se trata de la única mujer en presentarse a la presidencia, lo que, según fuentes del Consejo, le da cierta ventaja para hacerse con el cargo gracias a los nuevos criterios que impone la ley de paridad.

Otros dos aspirantes también ocuparon puestos de responsabilidad en gobiernos del PP, aunque de menor importancia. Uno de ellos es el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003 durante las presidencias de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. Tras dejar el cargo, fue titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, donde investigó varios de los casos de corrupción más sonados de ese partido, como Púnica y Lezo. Miembro de la conservadora APM, Velasco está pendiente de que el Consejo decida si le abre expediente por unas declaraciones durante una conferencia en la que cargó contra la exministra de Igualdad Irene Montero (Podemos), a la que acusó de darle lecciones sobre el consentimiento "desde su cajero del Mercadona".

El magistrado de la Audiencia de Madrid Francisco Manuel Oliver Egea, que también opta a presidir la Audiencia, formó parte de los ejecutivos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y de su sucesor, Ignacio González. Primero con un cargo menor, el de director de la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto, pero después, ya con González, dio el salto a otro mucho más relevante, el de director general de Seguridad e Interior de la Comunidad de Madrid, dependiente del entonces consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.

Junto a los cuatro candidatos que han ocupado cargos con el PP, se encuentran otros aupados a puestos de responsabilidad judicial por ese partido. El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, también de la conservadora APM, fue vocal a propuesta de ese partido en el mismo CGPJ del que formó parte Enrique López, en el que ocupó el puesto de presidente de la comisión de Relaciones Internacionales. González también fue magistrado de enlace en Francia, puesto para el que fue designado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. También fue magistrado de la Audiencia Nacional, donde fue apartado en 2018 de todas las causas del caso Gürtel por "amistad manifiesta" con una de las partes, el PP.

También fue consejero del Poder Judicial a propuesta del PP hasta la última renovación de este año el aspirante Juan Manuel Fernández Martínez, actual magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Antes de entrar en el órgano de gobierno de los jueces, este magistrado de la APM había sido presidente del tribunal al que ha vuelto tras acabar su mandato.

Solo dos de los ocho candidatos carecen de vínculos con el PP aunque, según fuentes del CGPJ, también pertenecen a la derecha judicial. Durante su comparecencia este martes ante la comisión de calificación de ese órgano –la que se encarga de preseleccionar a los aspirantes–, el magistrado de la Audiencia Nacional Jesús Ricardo Gutiérrez presentó como uno de sus méritos el haber cuestionado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la ley de amnistía. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz desde 2011, fue reelegido para el cargo en 2016 con el apoyo unánime del Consejo.

Fuentes del sector progresista muestran su preocupación por la ausencia de candidatos de esa sensibilidad, sobre todo tras las recientes elecciones a las salas de gobierno del Supremo, los 17 tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. Las asociaciones de derechas (APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente) se hicieron con 104 de los puestos en liza. La única asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, solo obtuvo tres plazas. "Los presidentes de los tribunales y los de sus distintas salas son miembros natos de las salas de gobierno que, junto con el Consejo, forman la cúpula del Poder Judicial", advierte un juez progresista. "Si solo se presentan candidatos conservadores, la falta de pluralismo y el corporativismo seguirán ganando terreno en la carrera".

La lucha de las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid por la implementación del Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospitales a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, vive este martes 7 de noviembre un nuevo capítulo. Tras más de tres años buscando respuestas con múltiples portazos judiciales y parlamentarios, el Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba dio el pasado octubre el primer paso para depurar responsabilidades políticas. 

Por orden de la Audiencia Provincial, reabrió la causa de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia en el que se investigarán las responsabilidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de este documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones. En caso de que la investigación prospere, el Juzgado tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo ya que los tres están aforados: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno regional, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador. 

En concreto, este martes están citados a declarar en calidad de testigo a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad. 

"Declararé lo mismo que hasta ahora. Lo que lamento es tener que volver al juzgado y que no vayan a ir las personas que están aforadas. Ya es hora de que vayan", asegura Reyero en conversación con infoLibre. "Comentaré lo que yo viví, lo que pienso de los protocolos y de las medidas alternativas que no se tomaron, y hacer una valoración de las distintas actuaciones en la Comunidad de Madrid", afirma el exconsejero. 

Será la tercera vez que se siente como testigo frente a un juez. La primera ocasión fue en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.

A las puertas de los juzgados, los tres se encontrarán con una concentración de Marea de Residencias para exigir justicia y que se depuren responsabilidades al más alto nivel. "Siempre que ha habido declaraciones nos hemos concentrado porque hay que investigar estas muertes, por qué se tomaron ciertas decisiones y si no había otras alternativas", explica Carmen López, portavoz de esta organización. 

Además de estas tres declaraciones, la jueza debería tener ya sobre su mesa la documentación que ha solicitado a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha pedido a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha". 

"Estaré abierto a cualquier duda de la magistrada. Como sé que han pedido documentación relacionada con los protocolos y del plan de choque, daré las explicaciones necesarias si necesitan algún tipo de explicación", explica Reyero. El pasado septiembre, durante su testimonio ante la comisión ciudadana, aseguró que cuando le explicaron "los criterios médicos" de aquellos documentos se echó "las manos a la cabeza": "Se tomaron decisiones que no son éticas, en las que las personas mayores tienen menos valor que el resto de ciudadanos".

Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Dos días después de conocerse esta reapertura, la presidenta aseguró desde Nueva York que esta causa "es una investigación que ya se cerró", que la Audiencia Provincial sólo pide escuchar las diligencias de la familia "para su archivo definitivo" y que "no tiene más recorrido". "Esto es una fanfarronada de la presidenta que ha dicho sin pensar", asegura López que apunta que "si no creemos esto, tendremos que pensar que la justicia no es tal porque nadie puede saber antes de empezar cómo va a terminar una causa". "Seguimos manteniendo la esperanza en la justicia", defiende la portavoz de Marea de Residencias. 

Ahora, tras más de tres años, la jueza tendrá que determinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". En las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital.

Estas declaraciones se producen pocos días después de conocerse que el Ayuntamiento de Leganés, gobernado ahora por el PP, ha formalizado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo para que siga el proceso abierto para juzgar la actuación de la Comunidad de Madrid durante la pandemia en las residencias de ese municipio. La anterior corporación, en manos del PSOE, llevó a los tribunales un recurso contra la gestión de Ayuso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó esa denuncia por la "inactividad" en la medicalización de las residencias. Ante esta situación, se decidió acudir al Tribunal Supremo. 

Este recurso de casación fue admitido a trámite por parte del Supremo el pasado julio, que entiende que sí hay motivos para estudiar el caso. Pero para seguir el proceso hacía falta otro paso: que el propio consistorio formalizara ese recurso de casación. Un movimiento que se produjo la semana pasada. 

Desde el consistorio no han querido aclarar este paso y se limitaron a expresar fuentes del equipo de alcalde que remiten a las declaraciones hechas en su día por el regidor: "Dije, repito y mantengo, el alcalde de Leganés no va a interferir en la decisión que tenga que tomar el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Leganés".

1.305 días después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobase en marzo de 2020 el ya conocido como Protocolo de la Vergüenza, que impedía trasladar a los hospital desde las residencias a los mayores con mayor grado de dependencia física o con un mayor deterioro cognitivo, la justicia ha dado el primer paso al frente para depurar responsabilidades políticas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial una investigación para conocer la responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de dos de sus consejeros en marzo de 2020, Enrique López (Justicia e Interior) y Enrique Ruiz Escudero (Sanidad), en la aprobación de un documento que, según publicó infoLibre, llegó a tener hasta cuatro versiones.

Según un auto al que ha tenido acceso este periódico y que adelantó este viernes El Salto, el tribunal ha aceptado el recurso interpuesto por una familia de un residente del Centro Residencial Torrelodones-Sanitas Mayores en una causa por homicidio por imprudencia. Se trata de la primera vez que un juzgado reabre una investigación para analizar la responsabilidad de los políticos que diseñaron y aplicaron este protocolo y también la primera ocasión que la Audiencia Provincial pide que se investigue a Ayuso y a sus dos exconsejeros. 

"Es una vía de esperanza para seguir luchando", asegura Carmen López, portavoz de Marea de Residencias. Las familias de los muertos en residencias durante la primera ola del covid llevan más de tres años reclamando justicia por las muertes derivadas de la implementación del Protocolo de la Vergüenza. Cabe recordar que en las residencias de la Comunidad de Madrid murieron 9.468 personas entre los meses de marzo a mayo. De ellas, 7.291 mayores, el 77%, lo hicieron sin ser trasladadas a un hospital. 

Un camino que no ha sido nada fácil para las familias y que ha estado lleno de portazos judiciales y también parlamentarios. "Es una alegría relativa. No podemos ponernos demasiado contentos, porque sabemos que después puede llegar el batacazo", dice en conversación con infoLibre. Aunque López pone en valor "este paso adelante", reconoce que son conscientes de que "esto no significa nada ya que puede terminar en archivo". 

Tras la orden de la Audiencia Provincial, la jueza ha pedido ahora documentación a la Comunidad de Madrid. En concreto, ha solicitado a la Consejería de Sanidad el plan de choque anunciado el 26 de marzo de 2020 junto con detalles de su "desarrollo, implementación y recursos utilizados"; los protocolos de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en residencias de personas mayores adoptados por la Dirección General de coordinación socio-sanitarias; y los recursos sanitarios y EPIS facilitados por la Comunidad a las residencias "desglosados por fecha". 

Con esta documentación, busca examinar la responsabilidad de Ayuso y sus dos exconsejeros y abrir las "diligencias pertinentes y necesarias" para "poder determinar si concurren o no indicios de la comisión de un delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de socorro". Cabe señalar que los tres están aforados en el Supremo: mientras la líder regional se mantiene en su puesto al frente del Gobierno madrileño, López ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional y Ruiz Escudero es ahora senador. 

Las muertes en residencias son, sin duda, la piedra en el zapato de Ayuso. Es más, el pasado septiembre, el primer día de la fracasada investidura de Alberto Núñez Feijóo, se mostró muy enfadada después de que el periodista Willy Veleta de Canal Red le preguntara por este tema. "¿Va a seguir así toda la vida, acosándome? Muchas familias piden que paren ya con semejante miseria", aseguró.

En el auto, fechado el pasado 2 de octubre, la jueza también cita a declarar como testigos el próximo 7 de noviembre a partir de las 9.30 horas al exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y a la exdirectora de Salud Pública Yolanda Fuentes, que dimitió en mayo de 2020 por el empeño de Ayuso de solicitar el paso de Madrid a la fase 1 del plan de desescalada del Ministerio de Sanidad, para aclarar su relación con estos protocolos. "Hasta ahora las investigaciones se habían centrado en los médicos, los geriatras de enlace o los directores de las residencias. No fue hasta principios de año cuando un juzgado llamó a Reyero y a Mur, y después a Fuentes, cuando se empezó a mirar la parte política. Ahora, además de hacer lo mismo, va un paso más allá", apunta López.  

No será la primera vez de ninguno ante los tribunales. El exconsejero ya ha declarado dos veces en calidad de testigo. La primera en marzo junto a Mur, que destacó que el consejero de Sanidad dio su aprobación al protocolo. Y la segunda, en junio cuando Reyero volvió a confirmar que el documento existió y se aplicó, al contrario de lo que sostiene Ayuso que siempre lo ha calificado de "borrador". En esta ocasión, su testimonio fue ratificado por la ex directora general de Salud Pública.

Este auto de la jueza de Collado Villalba se une además a la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el pasado mes de agosto el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Leganés contra la Comunidad de Madrid por "inactividad" al no medicalizar las residencias. El objetivo de la causa es determinar si la aplicación del Protocolo de la Vergüenza obligaba a la región a tomar medidas alternativas que garantizasen la atención sanitaria.

Sin embargo, este recurso de casación está en el aire por el cambio de alcalde. La causa la inició el exregidor socialista Santiago Llorente, pero el 28M lo sustituyó al frente del consistorio el conservador Miguel Ángel Recuenco que, según apuntan desde el PSOE, debería haber formalizado el recurso antes de este viernes 13 de octubre.

"El alcalde no dice nada. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Transparencia cero, no sabemos nada", explica López que recuerda que el regidor les llegó a decir esta misma semana que  "ya se había pronunciado" y que "la decisión depende del letrado del Ayuntamiento, que es funcionario". "Es el alcalde el que toma la decisión", recuerda la portavoz de Marea de Residencias que señala que "lo que intenta es de forma poco valiente no tomar decisión".

La esperanza para Marea de Residencias pasa por su socio de Gobierno, Unión por Leganés, que les prometió que "el recurso iba a seguir". "Cuando el alcalde no quiere dar explicaciones, es que a lo mejor lo ha puesto y no quiere que se entere su jefa [por Ayuso]. Ojalá que al final triunfe la democracia", concluye López. 

El PSOE-M ha interpuesto una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid contra la presidenta regional y candidata a la reelección del PP, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente autonómico, Enrique Ossorio, y el consejero de Presidencia, Enrique López, por vulnerar la "neutralidad de los poderes públicos" en las ruedas de prensa tras el Consejo de Gobierno y el uso de las redes sociales institucionales.

En el texto remitido, al que ha tenido acceso Europa Press, apuntan los socialistas que tras la convocatoria de las elecciones se han producido cinco ruedas de prensa —5 de abril, 12 de abril, 19 de abril, 26 de abril y 3 de mayo—.

En ellas, además de explicar los acuerdos adoptados, que no entienden como hecho de reproche, Ossorio aprovecha para hacer balance de lo hecho desde el Ejecutivo en los años anteriores con "declaraciones electoralistas y evidente venta de logros". Estas valoraciones se incluyen en las notas de prensa que se mantienen en la web del Gobierno. Además, han reprochado que para la "venta de logros" también se comparte a través de las redes sociales del PP y de la presidenta autonómica.

Además de lo hecho en esta legislatura, para los socialistas, Ossorio también carece de neutralidad en las respuestas a las preguntas de los periodistas en las que también añade "valoraciones" en las que se "ataca" al Gobierno de España, a los partidos que la componen o se contrapone con el modelo de la Comunidad de Madrid.

"Tienen un claro elemento electoralista y de confrontación con el Gobierno de España en relación con su política legislativa, utilizando la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno; y, aunque pudiera ser algo espontáneo a preguntas del periodista en cuestión, en el visionado de la intervención parece que el Ossorio lleva escrita la respuesta", adjuntan sobre unas declaraciones en respuesta a una pregunta relativa al sistema universitario.

El PSOE pide que se requiera a la Comunidad que cese "de forma inmediata la campaña institucional de venta de logros" y el uso "electoralista" de las ruedas de prensa. También que se retire el vídeo de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno mencionadas antes y que se eliminen los mensajes en Twitter que se hayan hecho eco.

Por último reclaman que se inicie un expediente sancionador a Ossorio por las "actitudes recurrentes y graves en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 5 de abril, 12 de abril, 19 de abril y 3 de mayo".

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha formalizado su baja como afiliado del Partido Popular, según ha adelantado el diario Abc y han confirmado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP. En declaraciones distribuidas a los medios, López ha confirmado que ha solicitado su baja pero ha advertido que esto no supone "en absoluto" renunciar "a la defensa de los principios y valores que representa la ideología de este partido". El titular de Presidencia ha desvelado que de esta "decisión personal" ya era conocedora la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Esto me va a permitir seguir trabajando mientras cuente con su confianza, con mayor ahínco, con mayor entrega, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y trabajar por los madrileños y trabajar por y para la persona de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

López, que llegó a la política en agosto de 2019 cuando Ayuso le designó consejero de Justicia, Interior y Víctimas, podría estar preparando su vuelta a la judicatura, donde no puede estar afiliado, según han señalado fuentes de su entorno.

La renuncia de López al carnet del Partido Popular se produce cuando se cumple casi un año de la profunda crisis interna que convulsionó al PP ante el enfrentamiento público entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Pocos meses después de ganar las primarias del PP, Casado decidió incorporar a López en su equipo de Génova y lo nombró en enero de 2020 secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido, en sustitución del exministro Rafael Catalá.

Ahora, después de cuatro años en política, López —que fue miembro del Tribunal Constitucional— ha pedido su baja como afiliado del Partido Popular que dirige Alberto Núñez Feijóo desde el congreso extraordinario de Sevilla celebrado el 1 y 2 de abril. En ese cónclave, Feijóo no le repescó para su nueva Ejecutiva y ese área está ahora en manos del eurodiputado Esteban González Pons.

López comenzó la primera legislatura de Isabel Díaz Ayuso, en la que compartían gobierno con Ciudadanos, situándose como portavoz en la sombra del Ejecutivo madrileño pero esa batalla interna que enfrentó a Ayuso con Casado le distanció de la presidenta. De hecho, cuando desde la dirección de Casado se acusó a la presidenta de haber dado trato de favor a una empresa que tenía relación con su hermano se anunció que tres consejeros saldrían a dar todas las explicaciones en rueda de prensa: Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty y López. Este último se cayó en el último momento.

Según algunas fuentes la relación no se ha reconducido desde entonces y el titular de Presidencia ha quedado relegado en el Gobierno madrileño en favor del ahora vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio. "Yo siempre he sido leal a Génova y a Madrid", ha repetido López en varias ocasiones.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha manifestado este sábado su "gran desconfianza" sobre la Fiscalía Europea y cree que "quizá" esta ha solicitado hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato de emergencia vinculado al hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "no por motivos de legalidad, sino con un fin no declarado de alargar un procedimiento con fines políticos y mediáticos", según informa Europa Press.

"Tengo una gran desconfianza sobre los verdaderos motivos que impulsan la actuación", ha apuntado López durante su asistencia a la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, desde donde ha apuntado que "es triste que su primer caso (de la Fiscalía Europea) sea uno donde hay gran desconfianza para inspirar esta actuación".

Y es que, ha continuado, "irrumpe en un caso que ya tramitaba la Fiscalía Anticorrupción". "Quizá no actúe por motivos de legalidad, sino con un fin no declarado de alargar un procedimiento con fines políticos y mediáticos", ha apostillado.

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea para que le dé traslado de la investigación, pero dado que parte de las diligencias se centra en posibles delitos de corrupción en una administración pública española, desde Anticorrupción se oponen a entregar las diligencias en su totalidad.

Ceremonias de toma de posesión en el Tribunal Constitucional (TC) ha habido muchas desde la Constitución de 1978, pero pocas habían tenido tanta expectación como la que ha tenido lugar este jueves. La polémica que ha rodeado a la designación de Enrique Arnaldo tiene la culpa, pues ha terminado por poner definitivamente en el mapa a un tribunal que se encarga de revisar las leyes y que en los últimos meses se ha revelado como lo que es, un órgano con mucho poder que con sus resoluciones puede tener una gran influencia en el devenir de la política. Valgan las sentencias sobre la gestión de la crisis del coronavirus como ejemplo claro. Y tras la ceremonia, el tema de fondo que desde hace tres años sobrevuela corrillos políticos y judiciales: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue estando en boca de todos por el más que largo bloqueo al que se ve sometido este órgano. 

En años anteriores, la ceremonia en la que los nuevos miembros del Constitucional ocupan su nueva plaza no dejaba de ser un mero trámite, un acto más en el que políticos y magistrados se encontraban para cumplir con la solemnidad que suele acompañar a este tipo de eventos. Quizá sólo la toma de posesión de Enrique López, hace ocho años, pueda compararse con esta en cuanto a atención mediática, también por lo polémico del nombramiento al haber estado desde siempre muy vinculado al PP. El Enrique de 2021 se apellida Arnaldo, también ha sido designado por el partido conservador y ha superado con creces la controversia de su antecesor por la contradicción entre sus negocios privados y la legislación sobre las actividades prohibidas a funcionarios, su intrincado mapa de relaciones con involucrados en dos grandes casos de corrupción –Ignacio González y Jaume Matas– y los datos que ha ocultado al Congreso, del que era letrado.

Conocedor de todo lo que se ha publicado sobre él, Arnaldo ha conseguido pasar todo lo desapercibido que ha podido en una ceremonia que de por sí no permite a casi nadie destacar por nada. Como el resto de los nuevos magistrados, no ha leído ningún discurso, no ha tenido que jurar o prometer ningún cargo –ya lo había hecho antes en el Palacio de la Zarzuela ante el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– y después, ya como un miembro más del tribunal, ha estado arropado por su familia y el resto de invitados al acto. Nada se ha salido del guión y habrá que esperar a su primera sentencia como ponente o al sentido de sus votos en los plenos para informar de la andadura de este catedrático de Derecho en el órgano de garantías.

La ceremonia ha empezado puntual a mediodía, con los ministros Félix Bolaños, Pilar Llop y Margarita Robles casi recién sentados, pues han apurado su llegada y apenas les ha dado tiempo a intercambiar unas palabras con algunos de los asistentes, incluido el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes. A las doce, el silencio se ha hecho en el salón y han entrado los todavía futuros magistrados, ataviados con la toga. A continuación, un trabajador del órgano de garantías ha anunciado la llegada del tribunal y todo el salón se ha puesto en pie para recibir a los diez magistrados –uno dimitió hace un año y otro se encuentra de baja por enfermedad– que hasta esa hora formaban el tribunal.

"Dar ejemplo" y hacer una labor "honesta y discreta"

El que sí ha leído un discurso ha sido el ya expresidente del Constitucional Juan José González Rivas, quien cesaba en el cargo al haber agotado, y excedido en un año por esta renovación tardía, su mandato. Imposible no pensar en el polémico nombramiento de Arnaldo cuando ha recordado que los magistrados han de “dar ejemplo” y llevar a cabo una labor “honesta y discreta” y que "los tribunales constitucionales han de estar a la altura de unos estándares muy exigentes, ya que se les ha confiado la protección e interpretación de la Constitución". González Rivas ha preferido no ir más allá y aunque en el discurso que tenía preparado tenía escrito que los miembros del TC deben “ser ejemplo de virtud y decencia”, finalmente ha optado por omitir estos dos sustantivos y los ha sustituido por “dar ejemplo”.

Arnaldo ha sido el segundo en subir al escenario del salón de actos del Tribunal Constitucional para el presidente saliente le impusiera la medalla de magistrado. Previamente había subido Juan Ramón Sáez Valcárcel, propuesto por el PSOE. Uno por uno han ido ocupando sus asientos junto a sus ya compañeros de tribunal: Arnaldo, junto a la progresista María Luisa Balaguer, que le ha tocado el brazo en un gesto de bienvenida; Sáez Valcárcel, junto al ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. La tercera en recibir su medalla ha sido para Concepción Espejel, el "otro" nombramiento polémico que, aunque en un principio centró la atención por haber sido apartada de los tribunales del caso Gürtel por posible vinculación con el PP, ha quedado eclipsada casi desde el principio por los escándalos de Arnaldo. Se ha sentado junto a Sáez Valcárcel, al que conoce bien de la Audiencia Nacional, donde ambos han compartido mesa de tribunal en más de una ocasión. Junto a Arnaldo, ha tomado asiendo la otra magistrada propuesta por los socialistas, Inmaculada Montalbán.

La solemnidad de una ceremonia que está muy tasada y que se lleva desarrollando así desde hace cuarenta años no da para muchas anécdotas. Quizá sí ha habido un momento diferente cuando dos magistrados han dejado a un lado el protocolo: Sáez Valcárcel y Balaguer, ya como compañeros de tribunal, han abandonado el salón de actos juntos y conversando animadamente, mientras el resto de miembros del Pleno lo hacían callados y en fila india. 

El nuevo presidente

Después de la ceremonia era momento para relajarse y se han sucedido numerosas conversaciones entre asistentes y los nuevos magistrados, después de que estos se hicieran la pertinente foto oficial. Montalbán, Sáez Valcárcel y Espejel no podían evitar mostrar su alegría por el nombramiento. Seguro que Arnaldo también estaba contento, pero su expresión no dejaba de reflejar cierta tensión. Eso sí, de los cuatro nuevos, es el que más fotos se ha hecho con su gente de confianza. 

El foco tras la toma de posesión también ha estado sobre Pedro González-Trevijano, previsiblemente el nuevo presidente del Constitucional, a la espera de que el Pleno le vote en una reunión que se ha convocado para este mismo viernes. Mientras, la presidencia estará en manos del magistrado Santiago Martínez-Vares en el cargo quizá más efímero que se recuerda.

Y el CGPJ, ¿para cuándo? Ha sido la pregunta que tocaba ahora que se ha materializado la renovación de un órgano que también llevaba tiempo bloqueado. Unas fuentes hablaban de apenas días, tal vez unas dos semanas, para que se anuncie el acuerdo entre el Gobierno y el PP. Otras fuentes, sin embargo, rebajaban bastante ese optimismo y no querían aventurar ninguna fecha para un pacto que se lleva haciendo desear desde hace tres años y que en varias ocasiones ha estado a punto de caramelo, pero siempre ha acabado en chasco.

Superada la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) correspondiente al Congreso, que llevaba bloqueada justo un año, la pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿qué va a pasar en junio de 2022, cuando les toque el turno al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)? El primero debe designar entonces a dos nuevos miembros del tribunal de garantías; el segundo, a otros dos. Aún quedan siete meses para eso, pero de momento el órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueado y en funciones, por lo que no puede hacer nombramientos discrecionales en virtud de la reforma legislativa impulsada por PSOE y Unidas Podemos a principios de este año. Y ante esta situación, el Ejecutivo de coalición ya estudia la posibilidad de sacar adelante su renovación sin el CGPJ.

El Constitucional está conformado por doce miembros y la ley orgánica que regula su funcionamiento prevé su renovación por tercios, es decir, por grupos de cuatro magistrados en cada proceso. Fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno consultadas por infoLibre reconocen que hay debate jurídico sobre si el Ejecutivo puede renovar sin el CGPJ porque hasta la fecha nunca se había planteado esta posibilidad que ahora sí está sobre la mesa en caso de que el PP siga bloqueando la sustitución de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces, que están a punto de cumplir tres años en situación de interinidad.

La Constitución establece, en su disposición transitoria novena, que las propuestas de Gobierno y CGPJ "se entenderán agrupadas", lo que, según algunas interpretaciones, obligaría a que una y otra institución tengan que renovar a la vez. Pero otros juristas consultados creen que esta disposición sólo hacía referencia a la primera composición del tribunal de garantías y, por tanto, se podría interpretar que, salvo en ese caso, la designación que haga el Ejecutivo no está vinculada necesariamente a la del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes jurídicas recuerdan el caso de Antonio Narváez, nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en sustitución de Enrique López cuando éste dimitió tras ser sorprendido conduciendo su moto en estado de embriaguez y sin casco. López había sido designado en el turno del Ejecutivo y, cuando renunció un año más tarde, el Consejo de Ministros nombró a un sustituto, es decir, no dejó la plaza vacante al no ir ésta acompañada del CGPJ.

En el Gobierno de coalición defienden la segunda interpretación, por lo que, según su parecer, no habría impedimento legal que no permitiera al Ejecutivo cumplir con su función de nombrar a dos miembros del órgano de garantías. Es decir, consideran que el Consejo de Ministros tiene autonomía legal para renovar las dos plazas del TC que le corresponden. Lo contrario supondría una anomalía, insisten, que otorgaría al PP el poder de bloquear también las designaciones que le corresponden única y exclusivamente al Gobierno.

Siete meses más de mayoría conservadora

En todo caso, el asunto se sigue estudiando en el seno del Ejecutivo de coalición, aunque las fuentes consultadas insisten en que confían en que el CGPJ esté renovado para el próximo mes de junio y los cuatro nuevos magistrados que deben ocupar asiento en el Constitucional lo hagan a la vez en tiempo y forma. Hasta entonces, las sensibilidades en el tribunal continuarán como hasta ahora, es decir, los conservadores retendrán la mayoría, pues en la última renovación el Gobierno nombró a dos jueces progresistas, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel, y el PP, a dos conservadores, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Los cuatro toman posesión de sus cargos este jueves. Y además, Pedro González-Trevijano ocupará la presidencia del órgano por ser el magistrado que reúne más apoyos en la mayoría conservadora y forma parte del turno con más antigüedad.

Pero esta situación cambiará previsiblemente a mediados del año que viene: se da por seguro que el Gobierno elegirá a los dos magistrados progresistas, mientras que el órgano de gobierno de los jueces suele designar a uno de cada tendencia. Y González-Trevijano cesará al haber agotado su mandato y se designará un nuevo presidente que saldrá del turno de magistrados más veteranos, entre los que está Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, quien llegó al órgano de garantías en marzo de 2017 a propuesta del PSOE en el Senado.

De momento, no hay avances en las conversaciones Gobierno-PP para renovar el CGPJ. Después de que anunciaran hace unas semanas el desbloqueo para renovar a los cuatro magistrados del Constitucional correspondientes al turno del Congreso, todo parecía indicar que podría haber un acercamiento en las malogradas negociaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, ya hace casi un mes que se conocieron los nombres para el tribunal de garantías y el diálogo sigue enquistado, según apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.

Hace sólo unos días que el líder del partido conservador, Pablo Casado, insistió en quesigue exigiendo una reforma de la ley vigente, cambiar la fórmula de elección de los vocales del CGPJ, para poner fin a la obstrucción a la que está sometiendo una renovación que debía haberse producido hace ya casi tres años. La misma condición que lleva poniendo desde el pasado mes de febrero, cuando el acuerdo parecía más cerca que nunca desde finales de 2018.

El próximo 16 de noviembre está previsto que comience otro macrojuicio del caso Gürtelcaso Gürtel. Pero no será un juicio cualquiera, pues lo que se examina es la llamada Época II, la segunda etapa de actividades de la red corrupta en la Comunidad de Madrid, esta vez en el municipio de Boadilla del Monte, y el PP vuelve a sentarse en el banquillo como posible beneficiario a título lucrativo. Es decir, por lucrarse supuestamente con los negocios de la trama. Y en el tribunal que deberá dictar sentencia está el magistrado José Ricardo de Prada, a quien el partido conservador viene señalando como el artífice de su primera condena y de las frases más contundentes de la sentencia que sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa y al que intentan apartar de todas las piezas de esta macrocausa y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, sus compañeros en la Audiencia Nacional descartan cualquier sesgo ideológico que le impida juzgar con imparcialidad este caso de corrupción. 

En el tribunal que juzgará la Época II hay tres magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De ellos, dos ya han juzgado previamente piezas del caso Gürtel: el presidente, José Antonio Mora Alarcón, y José Ricardo de Prada. El paso de éste último por el tribunal que juzgó la Época I hizo que varios de los acusados, incluido el que fuera número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, y el PP, trataran de apartarle de la vista oral que comienza este martes. Sin éxito. Quince magistrados de la Sala de lo Penal lo rechazaron, avalando la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco estaba de acuerdo en recusarle.

Es decir, sus compañeros de la Audiencia Nacional no ven causa para apartarle por las causas esgrimidas por los acusados. El PP citó como motivos su supuesta cercanía al PSOE o las "afirmaciones" de la sentencia de la Época I "de las que puede inferirse ánimo acusatorio" contra el partido. Ninguno de estos argumentos fue compartido por el Pleno de la Sala. Todo ello, a pesar de que De Prada sí fue apartado para juzgar la causa de la caja b del PP, pues en la sentencia que derivó en la moción de censura ya tuvo que examinar pruebas sobre esa contabilidad opaca, la cual se dio por acreditada casi tres años antes de que ésta fuera objeto de su propia vista oral.

Fuentes próximas al magistrado consultadas por infoLibre insisten en que De Prada está y siempre ha estado "absolutamente al margen de la política" y que su único propósito es "impartir justicia" en los casos que se le asignan para enjuiciar, ya que, según recuerdan, ningún juez elige los juicios que le tocan.

Procedimientos diferentes

En el caso del juicio de la Época II, el auto del Pleno de la Sala que confirmó a De Prada como miembro del tribunal, de octubre de 2019 y consultado por este periódico, esgrime que es un procedimiento penal "diferente" al de la Época I que se han tramitado en piezas separadas: aunque en las dos este magistrado "entró en contacto" con las pruebas contra el Grupo Correa, la "actuación desplegada" en cada una de las piezas fue en municipios diferentes. En la primera, en Majadahonda y Pozuelo, mientras que en la segunda fue en Boadilla se depura la actividad de personas, sólo en parte coincidentes, en este último municipio.

"Aunque ambas causas dilucidan la relevancia penal de comportamientos desarrollados en entornos próximos y puede existir alguna premisa fáctica concreta común, no es cierto que en el anterior proceso se analizara y diera por probado hechos que son también objeto de la presente pieza, ni el magistrado pudo formar opinión o prejuzgar los acontecimientos que serán ahora examinados", concluye.

Ser propuesto por el PSOE "no proyecta duda en la sociedad"

En cuanto al otro argumento defendido por el PP en su incidente de recusación, posible cercanía al PSOE, pues fue el partido que le propuso para la renovación fallida del CGPJ en 2018, el auto remarca que "ni los términos de las manifestaciones del magistrado tienen entidad o incidencia para afectar a la apariencia de imparcialidad, ni la designación para cargos en que se valora la experiencia o que son fruto del consenso entre partidos políticos comporta necesariamente pérdida de imparcialidad o interés personal en la causa".

Los magistrados del Pleno creen que estas circunstancias "no arrojan dudas sobre la independencia de criterio" de De Prada. "La posible afinidad ideológica no justifica la existencia de interés directo o indirecto en un magistrado ni su pérdida de imparcialidad", añaden.

¿Por qué entonces esta diferencia con el tratamiento a Concepción Espejel, Enrique López y Juan Pablo González, quienes fueron recusados de todos los juicios del caso Gürtel por haber sido vocales del CGPJ a propuesta del PP? Para la Sala, no puede haber "paralelismo" entre estos tres magistrados y De Prada, pues en esta macrocausa se juzgan hechos contra el "partido político proponente" de Espejel, López y González, mientras que en el caso de De Prada, éste "fue propuesto como vocal a impulso de un partido político en oposición al que es parte en la causa, situación que no compromete la apariencia de imparcialidad ni proyecta duda en la sociedad sobre la independencia de criterio del magistrado".

La primera sentencia "no denota malquerencia"

Sobre el "ánimo acusatorio" que ve el PP en De Prada tras la sentencia de la Época I, el Pleno de la Sala recuerda que "los razonamientos judiciales de la susodicha sentencia expresan el criterio de la mayoría del tribunal, no de un concreto magistrado, que ni siquiera figura como ponente". Cabe recordar que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo en el primer juicio de Gürtel por mayoría de dos magistrados, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, y que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitió un voto particular discrepando de esa conclusión.

En este sentido, la Sala reprocha al partido que no llegue a precisar "qué interés pueden demostrar en el recusado, directo o indirecto, que comporte un prejuicio en el nuevo enjuiciamiento" sobre la Época II. "El tenor de la sentencia esgrimida no denota malquerencia, ni desdibuja la imagen de imparcialidad; las frases relatadas corresponden al enjuiciamiento de unos hechos complejos y relacionados entre sí, coadyuvan a la condena de los estimados en aquella causa responsables en las vertientes penal y civil, y constituyen disgresiones explicativas sobre la fuente del convencimiento judicial, que corroboran la decisión principal", apunta.

Además, hay que recordar que esa sentencia fue confirmada casi íntegramente –a excepción de varios ajustes en las penas de prisión y multas– por el Tribunal Supremo, que no cambió ni una coma de las conclusiones alcanzadas por De Prada y De Diego, incluidas las referidas a la confirmación de que el PP mantuvo una contabilidad en negro durante al menos veinte años.

Querían que dejara de poner sentencias

La recusación a la que se enfrentó De Prada por el juicio que comienza este miércoles no era la primera. Siempre, en el marco del caso Gürtel. Primero le intentaron apartar del enjuiciamiento de la Época I; después, en el de la caja b del PP, cosa que al final ocurrió porque ya se había pronunciado sobre esa financiación ilegal en el primer juicio. Esto no ha impedido que otros magistrados hayan condenado al partido conservador como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el extesorero Luis Bárcenas. Y como el horizonte judicial en la Audiencia Nacional era muy negro para el PP, en el otoño de 2018 el partido de Pablo Casado optó por aceptar a De Prada como vocal del CGPJ con el objetivo de que saliese del tribunal. 

"Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias", dijo al magistrado el diputado del PP Carlos Rojas durante su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, durante el procedimiento, que luego resultó fallido, para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Pero ahora, tres años después de esta comparecencia y con el CGPJ aún sin renovar, el PP vuelve a preferir que se quede en la Audiencia Nacional.

El nombre de De Prada surge cada cierto tiempo como uno de los supuestos escollos para nombrar a los nuevos veinte vocales. En todos los procesos de negociación entre el Gobierno y el PP que ha habido desde 2018, el magistrado aparece como la persona que veta el partido conservador y en la que siguen insistiendo PSOE y Unidas Podemos. El diario El Mundo, sin embargo, publicó recientemente que la Moncloa había aceptado el veto de los de Pablo Casado con respecto a De Prada, pero de momento no se presentan avances para un futuro acuerdo.

No es muy habitual que las cuatro asociaciones de jueces se unan para hacer la misma reivindicación, sobre todo porque cada una tiene distintas sensibilidades y no siempre coinciden sus puntos de vista. Pero Enrique López, el responsable de Justicia del Partido Popular, ha conseguido unirlas a todas este lunes, ya sean las más conservadoras como las progresistas, en un mismo comunicado para recriminar que el partido conservador se adueñe de una reinvindicación histórica de estos colectivos para el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que esa demanda se utilice con fines puramente partidistas.

Las asociaciones de jueces no han tardado mucho en ponerse de acuerdo y redactar un texto de denuncia que, aunque no cita específicamente a Enrique López, la interpretación lleva de forma inevitable a las declaraciones que sólo un día antes había pronunciado en una entrevista al diario La Razón. "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial", decía el titular de la información en boca del también consejero madrileño, que subrayaba: "La renovación es también un deseo de la carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ".

No deja de ser llamativo que las asociaciones se revuelvan contra lo que dice el que en realidad es un compañero de carrera. López es juez y ha ejercido como tal, pero siempre se le ha vinculado con el PP, o al menos con los intereses de este partido. Ya fuera durante su etapa como vocal del órgano de gobierno de los jueces –en la que coincidió con el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo–, luego como magistrado del Tribunal Constitucional por empeño de los conservadores y finalmente en la Audiencia Nacional, donde fue recusado por sus compañeros para formar parte de los tribunales que debían juzgar el caso Gürtel precisamente por esa afinidad con el partido que luego se confirmó cuando fue nombrado responsable de Justicia por Pablo Casado y consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid.

"Juego sucio"

Lo primero que dicen las asociaciones es que están todas de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial". La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) lo recuerdan porque, según han explicado a infoLibre representantes de estos colectivos, se trata de una reivindicación histórica a la que el PP se ha enganchado ahora, cuando el órgano de gobierno de los jueces está lastrado por el bloqueo político para su renovación, y después de que este partido no haya hecho nada por cambiar el sistema cuando ha tenido oportunidad.

Así, insisten en que no es que una mayoría de la carrera apoye las tesis del PP, como parece que, en su opinión, quiere hacer ver Enrique López, sino que lo que ahora dice defender el partido conservador como condición para renovar el CGPJ es lo que las asociaciones llevan años pidiendo a los políticos. Desde JJpD, que lleva recogidas más de 50.000 firmas para reclamar al PP que cese en el bloqueo institucional que ya dura más de 1.000 días, consideran que el dirigente conservador da a entender lo contrario y eso es "jugar sucio".

El retraso en la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que el PP ha justificado por distintos motivos cada vez, ha creado un clima político del que las asociaciones judiciales no son ajenas. No es este el primer comunicado que unas y otras han emitido para quejarse de la intromisión del poder político en el poder judicial y para reclamar a los partidos que cumplan con sus obligaciones. Pero el de este lunes es un texto diferente. Como explican desde JJpD y la AJFV, las declaraciones de López no son el motivo exclusivo del comunicado, pero sí han supuesto el "detonante" que no podían "pasar por alto".

¿Apoyo u oportunismo?

Las palabras del consejero madrileño llegan cuando se van a cumplir casi tres años de bloqueo institucional y el hartazgo de los colectivos de jueces es más que evidente, que consideran que los partidos están haciendo de la renovación del CGPJ un campo más de la lucha partidista. Ese contexto previo es el que, según explican, hace que las declaraciones de López no tengan un pase. "En otro contexto, quizá no pasarían de ser un comentario muy desafortunado", apunta la AJFV.

"Da la sensación de que desde el PP se aprovechan de lo que nosotros reivindicamos", añaden esta asociación, ideológicamente situada entre la conservadora APM y la progresista JJpD. Desde esta asociación no se fían de las reclamaciones que ahora hace el partido conservador, puesto que, según recuerdan, ha ido "dando bandazos" en los últimos años: a pesar de llevar en su programa electoral de 2011 un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y de conseguir mayoría absoluta, no hizo nada por llevarlo a la práctica. De ahí que desde la AJFV se pregunten si lo que defienden ahora los de Pablo Casado es sólido o se trata de mero "oportunismo" y una excusa para seguir bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La APM, la AJFV y el FJI tampoco están de acuerdo con la posición que mantiene el PSOE de Pedro Sánchez, al que piden que no venda el relato de que la mayoría de asociaciones judiciales, a excepción de JJpD, respaldan al PP. 

El contexto de bloqueo institucional que ya va para tres años, una situación sin precedentes, no ha concitado siempre la misma respuesta de todas las asociaciones judiciales. Aunque todas defienden un cambio en el sistema de elección de los vocales, JJpD casi siempre se mantiene al margen del discurso de las otras tres, ya que es la que culpa directamente y sin matices al PP de la falta de acuerdo. Además, según dejan constancia los colectivos en su último comunicado, discrepan sobre cuándo es conveniente "proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales", si "con carácter inmediato o más adelante". Mientras la APM, la AJFV y FJI quieren que se haga ya, los progresistas prefieren que la modificación legislativa se aborde con un Consejo en plenas facultades, es decir, una vez renovado.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha insistido en que "no cabe un impuesto especial" para una parte de España y que habría que "dar las gracias a los madrileños" por financiar servicios públicos "de muchos otros españoles".

En una entrevista con Telecinco, recogida por Europa Press, López ha indicado que no entiende por qué "la culpa" la acaba teniendo siempre la Comunidad de Madrid y piensa que deben ser "más serios" cuando se hacen propuestas como la de subir impuestos a la región.

"No cabe un impuesto especial para una parte de España, cuando la Comunidad aporta casi el 70% del fondo de solidaridad interterritorial. Como mínimo, creo que habría que darles las gracias a los madrileños por este esfuerzo que están haciendo para financiar servicios públicos de muchos otros españoles, de lo que nos sentimos muy orgullosos; pero qué mínimo que den las gracias y no demonicen a la Comunidad de Madrid desde el punto de vista fiscal", ha trasladado el consejero.

Así, ha avisado de que utilizarán todos los instrumentos jurídicos que tengan a su alcance para poder evitarlo, ya que "Madrid tiene autonomía fiscal como cualquier otra comunidad autónoma". "Que respete nuestra autonomía, Madrid es una Comunidad, no un distrito federal (...) Vamos a dejar de mentir a la sociedad española", ha zanjado López

Los familiares de 29 mayores que vivían en residencias de Leganés (Madrid) y fallecieron durante la primera ola de la pandemia presentaron un recurso contra la decisión de la jueza Mónica Boticario Martín de archivar la causa, pese a que la mínima investigación judicial realizada ya sirvió para obtener un cúmulo de pruebas de la falta de asistencia médica sufrida por los residentes. Los familiares piden a la Audiencia Provincial de Madrid que anule el auto de archivo y ordene a la magistrada continuar con la investigación.

La resolución de la jueza lleva fecha del pasado 13 de julio y en realidad archiva dos querellas, que fueron acumuladas en su día en el Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés. Una fue presentada por familiares de tres residentes en el centro Los Frailes –gestionado por Aralia–, cuatro de El Encinar-Amavir, uno de DomusVi y tres de Vitalia Home, todos ellos agrupados en Marea de Residencias. Y la otra la formularon familiares de 24 mayores de Vitalia Home. En total, se trataba de analizar lo ocurrido con 35 personas que vivían en esas cuatro residencias, de los que 29 fallecieron, mientras que los otros seis lograron sobrevivir.

Como desveló infoLibre este miércoles, en el auto de archivo se recogen tres casos en los que desde el Hospital Severo Ochoa se prohibió expresamente el traslado de residentes enfermos. Es lo que le ocurrió a Juliana, que vivía en Los Frailes; a María, que residía en El Encinar-Amavir, y a Feliciano, que estaba en Vitalia Home. En la resolución judicial también se narran otros tres casos en los que desde la residencia llamaron al hospital para plantear una posible derivación, pero ni siquiera les cogieron el teléfono. Así sucedió con Esperanza, María Purificación y Carmen, las tres residentes de Vitalia Home. En el auto de archivo de Boticario ni siquiera consta por qué no fueron trasladados al hospital diez mayores y hay otros cuatro casos en los que la persona fue finalmente derivada, pero la jueza no indica cuánto tiempo permaneció enferma en la residencia antes de recibir atención hospitalaria. Todos estos mayores terminaron falleciendo entre marzo y abril de 2020.

La primera querella

La jueza Boticario mostró nulo interés por conocer lo ocurrido en las residencias de Leganés desde el primer momento. En agosto de 2020, cuando se presentó la querella de Marea de Residencias, directamente no la admitió a trámite. Una decisión que fue corregida por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó la admisión de la querella y que se practicasen las diligencias oportunas.pa

Los familiares de los once residentes –ocho fallecidos y tres que pudieron sobrevivir– acusaban a los directores de los cuatro geriátricos de la posible comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y prevaricación. En la querella de Marea de Residencias también se pedía actuar contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y los consejeros de Sanidad y de Justicia, Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, respectivamente. La Audiencia, en todo caso, dejó fuera de la investigación judicial a los tres políticos del PP, ya que están aforados y no pueden ser investigados por un Juzgado de Instrucción.

En su recurso de apelación, el abogado de Marea de Residencias sostiene que el aforamiento no debe ser obstáculo para que se investigue lo ocurrido, y si resultaran "indicios sólidos de criminalidad contra los aforados", sea entonces cuando asuma la competencia el Supremo o el TSJ de Madrid. "Pero para que se den tales indicios de criminalidad se hace necesario una actividad instructora más ambiciosa que la desplegada por el juzgado", añade.

La jueza Boticario no encontró el más mínimo indicio de delito, ni de los políticos ni de los no aforados. Marea de Residencias recuerda que pese a las numerosas diligencias que se pidieron en la querella, prácticamente no se practicó ninguna. "Llama la atención que no se haya llamado a declarar a los querellantes, ni a los directores de las residencias, ni a los geriatras de referencia de los hospitales, o a los responsables de la elaboración, aprobación y distribución de los protocolos. Así mismo, se echa en falta el informe del forense sobre la adecuada atención y evolución del estado de salud de los residentes, más allá del contenido reflejado en las historias clínicas aportadas", se destaca en el recurso.

La magistrada analizó la documentación aportada por las residencias y, en su caso, por los hospitales. Y en su auto de archivo asegura que también estudió "todos los protocolos y resoluciones aprobadas por las distintas Administraciones Públicas para intentar paliar, regular y coordinar la actuación en este tipo de centros". Menciona hasta 22 resoluciones, pero justo omite el Protocolo que impedía derivar a los hospitales a enfermos que vivían en residencias si tenían un alto grado de dependencia o de deterioro cognitivo. Ese documento lo aprobó la Consejería de Sanidad el 18 de marzo de 2021, y se dictaron otras tres versiones los días 20, 24 y 25 del mismo mes, tal y como desveló en su día infoLibre, que publicó íntegramente las cuatro versiones del Protocolo de exclusión [las puedes consultar aquí].

En su recurso, Marea de Residencias considera "fundamental investigar qué protocolo y qué versión del mismo fue el que se le aplicó" a cada uno de los residentes. Y añaden que la investigación judicial, una vez aportados las diferentes versiones del Protocolo, "debe ir encaminada a averiguar si fue conocido por los tres aforados, promovido o impulsado por ellos". Si Ayuso, Ruiz Escudero y López "conocían la existencia" del Protocolo, "o lo aprobaron, es preciso que se pueda conocer en la fase de instrucción".

Marea de Residencias entiende que "lo relevante a efectos de los cuidados y atención médica, es saber si con los síntomas que presentaban y la evolución que iban teniendo [los residentes], debían haber sido derivados a centros hospitalarios o si la residencia contaba con medios para garantizar una atención y cuidados dignos".

Marea de Residencias recuerda que los geriátricos no fueron medicalizados, a pesar de que así lo anunció el Gobierno de Ayuso y que en el caso concreto de Leganés existió además una resolución expresa del TSJ de Madrid ordenando la medicalización, que fue incumplida. "La demora en el actuar de los querellados implica la existencia de un nexo causal entre su imprudente omisión y el resultado producido, que ha sido el enorme número de fallecimientos. […] La adopción de medidas habría evitado el trágico resultado que se ha producido".

Los datos oficiales del Gobierno Ayuso, publicados en su día por infoLibre, revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital durante los meses de marzo y abril de 2020. De ellos, al menos 5.795 tenían coronavirus o síntomas compatibles. El Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria es el que se aplicó en la mayoría de los casos para no trasladar a los residentes enfermos en la Comunidad de Madrid, y es justo el que no menciona la jueza Boticario en su detalladísima lista con 22 resoluciones.

LA SEGUNDA QUERELLA

La segunda querella fue presentada, el 2 de julio de 2020, por los familiares de 24 mayores que vivían en Vitalia Home, de los que 21 fallecieron y tres lograron sobrevivir. Y lo ocurrido con su querella es un ejemplo sangrante de desidia judicial.

La querella le tocó por reparto al Juzgado de Instrucción Número 1 de Leganés, que decidió inhibirse en favor del Juzgado 5, que ya estaba instruyendo la causa impulsada por Marea de Residencias. La jueza Boticario se pasó meses sin responder hasta que, ante la insistencia del abogado de los querellantes, le comunicó el 21 de diciembre de 2020 que no había aceptado la inhibición de su compañero y que había devuelto el asunto al Juzgado Número 1. Un mes más tarde, el 22 de enero, Boticario cambió de opinión y decidió acumular ambas querellas. Pero la magistrada no hizo absolutamente nada, así que, el 1 de marzo, el abogado solicitó que se pronunciase sobre las diligencias solicitadas. La jueza respondió que, cuando se practicasen las que estaban en curso –las solicitadas por Marea de Residencias–, "se acordará lo procedente". La siguiente noticia que han tenido los querellantes es el auto de archivo del pasado 13 de julio.

Es decir, después de 11 meses, Boticario ha cerrado la causa sin tomarse ni siquiera la molestia de responder a la solicitud de diligencias. Nada. Ni un auto, salvo el de archivo, en un procedimiento donde las familias de 21 personas fallecidas piden que se investigue lo ocurrido.

En este caso, la querella iba dirigida contra la directora de Vitalia Home en Leganés y tres ejecutivos de dicho grupo geriátrico. No pedían actuar contra ningún miembro del Gobierno Ayuso.

La falta absoluta de actividad instructora por parte de Boticario es la razón fundamental en la que se apoya el recurso de apelación de estos familiares. En su escrito, el abogado recuerda que la jueza "no ha practicado" ninguna de las diligencias solicitadas, "por lo que nada se ha realizado por el Juzgado en orden a esclarecer, como esta parte pedía, los hechos por los que se presentó la querella admitida a trámite". En ese sentido, considera "absolutamente contradictorio que se admita a trámite una querella, pues tal admisión presupone que los hechos relatados de ser ciertos serían constitutivos de delito y han de ser investigados, pero no se practique ninguna de las diligencias solicitadas para investigar dichos hechos. Y, lo que es peor, sin dictar resolución alguna respecto a esas diligencias".

Entre ellas figuran algunas tan básicas como citar a los querellados para que presten declaración, solicitar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que remita los informes relativos a su intervención en la residencia, o pedir a la Policía Judicial que "elabore un atestado en el que informe de las medidas de prevención adoptadas por Vitalia Leganés para evitar la propagación del coronavirus entre los residentes y los trabajadores de la residencia, número de infectados y fallecidos, así como las instrucciones facilitadas a los residentes y al personal de las medidas y protocolos de prevención".

"Al no acordarse nada respecto a las diligencias solicitadas es como si se hubieran rechazado sin fundamentación alguna", se indica en el recurso de apelación, antes de recordar que es una obligación legal motivar los autos, de forma que "basta dicha omisión de razonamiento para declarar su nulidad".

En el recurso se destaca que la jueza Boticario indica en varios casos que la persona enferma no tenía covid, cuando no es verdad, y califica de "bastante deficiente" la actuación de Vitalia Home Leganés, donde fallecieron 93 personas entre el 11 de marzo y el 21 de abril. "Las medidas que pudieron adoptar resultaron claramente insuficientes e inadecuadas para impedir o minimizar el contagio generalizado de los residentes y, por ende, las graves consecuencias del mismo, por lo que la conducta de los querellados no se acomodó a los patrones de prevención que las circunstancias exigían para evitar los terribles daños", se concluye en el recurso de apelación.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) "pone de manifiesto que España necesitó y necesita una ley de control de pandemias". Son palabras del responsable de Justicia del PP, Enrique López, después de conocer el fallo del tribunal de garantías que anula varios preceptos del decreto de estado de alarma que llevó al confinamiento general de la población en España para el control de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, los términos de la decisión que se acaba de conocer chocan, a priori, frontalmente con esa ley ordinaria que el partido conservador se empeña en exigir al Gobierno para luchar contra el covid-19, al menos en lo que se refiere a las circunstancias tan especiales que se vivieron durante los primeros meses de la epidemia y que exigieron, tanto en España como en el resto de países de nuestro entorno, imponer duras limitaciones en la libertad de movimientos de los ciudadanos. 

Así lo explican expertos en Derecho Constitucional consultados por infoLibre, que no ven posible llevar a cabo una medida como el confinamiento generalizado de la población de todo el país con una ley ordinaria. Porque ese era el contexto de lo que pasaba en marzo de 2020, cuando se aprobó el estado de alarma que ahora acaba de ser enmendado en parte por el Constitucional. La realidad de entonces no es la misma a la que ahora se enfrentan el Gobierno central y las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia y las medidas que se plantean tampoco se parecen. Pero el PP, en las reacciones de sus dirigentes tras el fallo del tribunal de garantías, equipara el primer decreto de estado de alarma con otras decisiones que plantean actualmente las autoridades sanitarias y que están siendo avaladas o rechazadas por los distintos tribunales superiores de justicia según el caso.

El fallo del TC, que se adoptó por un ajustado margen de seis magistrados frente a cinco, establece que el confinamiento domiciliario general que estuvo en vigor varios meses del año pasado suspendió y no sólo limitó derechos fundamentales como el de la libre circulación, el de elección de residencia o el de reunión. Así, no pone en cuestión las medidas más restrictivas acordadas, sino que se tomaran bajo el paraguas del estado de alarma, al tiempo que considera que debía haberse ordenado un estado de excepción. Al decir el PP que esta resolución confirma que es necesario aprobar en España una ley específica para pandemias se da a entender que con la normativa ordinaria que propone, se habría ahorrado un pronunciamiento así del tribunal.

Nada más lejos de la realidad, según los juristas consultados. La suspensión de derechos y libertades que prevé la Constitución está perfectamente acotada en su captítulo quinto, que establece que sólo determinados derechos podrán ser suspendidos "cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio", los cuales, a su vez, están regulados, junto con el de alarma, en una ley orgánica. La Carta Magna no habla de una ley ordinaria en los términos de los que habla el PP para el supuesto sobre el que acaba de fallar el TC, esto es, el confinamiento generalizado de la población, según explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Constitucional Joaquín Urías.

Reforma de otra ley de 1986

De hecho, la propia proposición de ley que registró el partido liderado por Pablo Casado el pasado 14 de abril en el Congreso, consultada por este periódico, descarta que este texto pueda implicar "restricciones de derechos constitucionales", sino que lo que plantea como "imprescindible" es que España se dote de un "instrumento jurídico que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones (...) atendiendo al fin último, que no es otro que la protección de la salud de los ciudadanos". El propio PP, así, admite que su propuesta no tendría nada que ver con las restricciones de derechos fundamentales que se plantearon en la primera ola de la epidemia con el confinamiento domiciliario general. Parece más encaminada a la gestión de la pandemia en las circunstancias actuales.

Lo que propone la formación conservadora es una modificación de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, originaria de 1986. Concretamente, del artículo tercero para hacerlo un poco más amplio. "Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán realizar las acciones preventivas generales", adoptar las "medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato", medidas que incluyen someter a esas personas a tratamiento y aislamiento así como localización de quienes hayan estado en contacto con ellas. También prevé "controlar o limitar las entradas y salidas" de una zona afectada o amenazada y "controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona", lo que "podrá afectar al derecho a la libre circulación por vías públicas así como al derecho de reunión". Y una previsión muy general: tomar las medidas "que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

La sentencia del TC no pone en duda la necesidad del confinamiento generalizado que se decretó en marzo de 2020, pero si lo enmarca en una medida tan extrema como el estado de excepción, no parece que esta idea encaje con la ley de pandemias de la que habla el PP, según ha resaltado Urías. De parecida opinión es Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, quien va más allá y explica que el reto que plantea la sentencia del máximo intérprete de la Constitución es una reforma de la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que data de 1981, ya que la realidad de esta pandemia ha revelado que el confinamiento domiciliario no es una medida imposible y habría que clarificarlo en la legislación de cara a futuras coyunturas similares.

La sentencia del Constitucional aún no ha sido publicada y aún habrá que esperar unos días para poder analizar el contenido de la misma y comprobar si da alguna pista de cómo abordar una modificación legislativa que acomode sus conclusiones. Habrá que ver, por tanto, si los magistrados que han apoyado la resolución se decantan por esa reforma que ha planteado Arbós y en qué sentido, o si, por el contrario, dejan todo abierto a la interpretación del legislador.

Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, tampoco cree que con una ley ordinaria como la que propone el PP se pueda volver a llevar a cabo un confinamiento domiciliario generalizado, así que es también de la opinión de que detrás del fallo del tribunal pueda venir una reforma de la normativa que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Todo ello en función de cómo esté planteada la sentencia.

La duda sobre el orden de los factores

Tanto Urías como Álvarez-Ossorio, así como otros juristas como la profesora de Derecho Constitucional Ana Valero, expresan sus dudas acerca de la motivación que haya dado el Tribunal Constitucional acerca de por qué debió recurrirse al estado de excepción y no al de alarma para decretar el confinamiento domiciliario. Según recuerdan los tres, el Gobierno puede ordenar estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzcan "catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud"; "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves"; cuando haya una "paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad", o en "situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad". El estado de excepción se prevé, según la ley, para momentos de grave crisis social en los que el orden público, el funcionamiento de las instituciones o el de los servicios públicos esenciales estén gravemente afectados y las autoridades no sean capaces de implantar la normalidad por la vía ordinaria.

Con esta redacción, parece que las medidas más restrictivas caben más en la declaración del estado de excepción y no tanto en la alarma. Pero para poder decretar uno u otro estado hay que tener en cuenta las circunstancias fácticas que están en la base de cada concreto estado, esto es, el motivo por el que se va a acordar, tal y como explica la catedrática de Derecho Constitucional Ana María Carmona en su artículo Control de constitucionalidad del derecho de excepción o cuando el orden de los factores altera el resultado. Álvarez-Ossorio lo resume en que el estado de excepción no está pensado para una crisis sanitaria, sino para conflictos de orden público, problemas en cuyo origen está detrás "la mano del ser humano". La sentencia del Constitucional, cuando sea publicada, sacará de dudas acerca de cuál es la interpretación que hacen los magistrados para apostar por la excepción y no por la alarma en el duro confinamiento de la primavera de 2020.

El consejero madrileño ha negado que el también secretario general del PP favoreciera que se operara a un familiar suyo en Murcia. "No", ha respondido tajante, para luego añadir que "una cosa es pedir información y otra es intermediar". Además, según ha añadido, hasta donde "alcanza su conocimiento" la formación conservadora no ha recibido información sobre esa actuación de García Egea. 

Es la primera vez que un miembro del PP se pronuncia públicamente sobre la información desvelada por este diario. El PP no atendió ninguna de las preguntas de infoLibre para que Egea y López Miras diesen explicaciones. Ni el lunes previo a la publicación de la información ni este martes, cuando ya estaba en boca de todos. Tampoco fue posible preguntar en la única rueda de prensa que la dirección nacional del partido convocó a lo largo del día, la de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. 

La información publicada desvela lo ocurrido durante el pleno que la Asamblea Regional de Murcia celebró el 14 de abril cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demuestran esas imágenes, a las que accedió infoLibre, es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio regional de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", escribió. "Cojonudo", reaccionó el secretario general del PP en cuanto López Miras le transmitió, literalmente y como en un copia y pega, la información que acababa de facilitarle un alto cargo de la sanidad murciana: el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. Al o a la paciente no se le menciona por su nombre. Pero el día 20 ese familiar de García Egea fue operado.

Ábalos pide su dimisión y Unidas Podemos lo llevará a los tribunales

Pocas horas después de publicarse la información, Unidas Podemos anunció que denunciará al presidente de Murcia "por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea" en la que le va a acusar de cometer "un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal". Este artículo señala como delito que una "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase".

El portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Echenique, explicó que su formación pretende que "la justicia investigue si en esa mediación, por llamarla utilizando un sustantivo suave, que ha ejercido el señor López Miras para un familiar del secretario general del PP, se puede haber cometido cohecho".

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, pidió este martes por la mañana la dimisión del número dos de Casado. "Si se prueba que hubo trato de favor, Teodoro García Egea tiene que dimitir", porque "la Sanidad debe ser igual para todos", escribió en Twitter.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, citó el caso López Miras como un ejemplo más de la corrupción sistémica que según ella no sólo forma parte del pasado del PP sino de su presente. "La corrupción en el PP", señaló en rueda de prensa, "sigue siendo noticia y el señor Casado es incapaz de romper con ella. Y tiene que rendir cuentas de una corrupción que fue diseñada desde al dirección de un partido que hoy preside".

Los más que probables indultos a los doce condenados por el proceso independentista en Cataluña, aunque sean parciales, van a abrir un debate jurídico de calado que irá más allá de las medidas de gracia y de cómo el Gobierno las defienda en los respectivos decretos. El anuncio de partidos de la oposición –PP, Vox y Ciudadanos– de presentar recurso contra la decisión del Consejo de Ministros planteará un nuevo reto al Tribunal Supremo ante la ausencia de antecedentes jurídicos sobre si partidos políticos están legitimados para impugnar este tipo de resoluciones. El partido de ultraderecha es el que parece tener el escenario más favorable, ya que fue parte en el juicio del procés como acusación popularprocés, pero los conservadores y los naranjas lo pueden tener más difícil. La clave podría estar en una sentencia de 2015 sobre el indulto a un empresario canario condenado por un delito relacionado con el medio ambiente. El análisis de la misma lleva a preguntarse quién es es titular del bien jurídico protegido en cuestión.

Para empezar, los recursos contra los decretos en los que se aprueben los indultos deben presentarse ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Supremo, ya que lo que se impugna es una decisión administrativa. Aquí la Sala Segunda (de lo Penal), que ha emitido un duro informe que rechaza la medida de gracia para los penados por el procés, no interviene de ninguna manera. Lo que se revisaría es si en los decretos se han cumplido todos los preceptos legales para concederlos, aunque desde 2013 el alto tribunal abrió la puerta a valorar si la decisión ha sido o no arbitraria, a raíz de la sentencia que anuló el indulto a un conductor kamikaze.

Pero, ¿quién puede recurrir un indulto? Con carácter general, en el orden contencioso-administrativo están legitimados "los titulares de un derecho o de un interés legítimo" (artículo 19 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). A ello se añade que no hay acción pública salvo que lo reconozca expresamente una ley, y por ello el Supremo ha declarado la falta de legitimación activa para interponer recursos de los partidos políticos en muchos asuntos. Esta Sala del alto tribunal, además, no es muy proclive a la legitimación de los partidos políticos, según fuentes del órgano, si bien se trata de un asunto a estudiar y la decisión final dependería también del razonamiento expuesto por la formación en cuestión.

Otros juristas consultados añaden que, además del "interés legítimo" antes apuntado, la legitimación en el orden Contencioso se define por el denominado "interés directo", y en este punto el debate debería centrarse en determinar si los políticos tiene interés directo en el indulto de otros políticos que han sido condenados. La falta de antecedentes lleva de nuevo a entrar en materia poco clara.

Interés difuso

Vista la ausencia de jurisprudencia con respecto a los partidos en concreto, se puede echar la vista atrás y consultar una sentencia de 2015 de la Sala Tercera que no es de un caso exactamente igual, pero puede dar algunas pistas de lo que ha decidido el Supremo cuando un actor ajeno al proceso penal por el que resultó condenada la persona después indultada impugnó la medida de gracia. También por el "interés difuso" que comparte este caso, la protección del medio ambiente, con el del procésprocés. 

El actor externo en cuestión en el ejemplo que se menciona es la ONG Ecologistas en Acción-CODA, y el condenado, el empresario canario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas Miguel Ángel Ramírez. Éste había sido sentenciado a tres años y un día de cárcel como responsable de un delito contra la ordenación del territorio por la realización de "diversas obras no autorizadas, y en ningún caso autorizables", en una finca adquirida por la empresa de la que él era administrador único y representante legal. En su sentencia, consultada por infoLibre, el Supremo admitió la legitimidad de la ONG para recurrir el indulto a Ramírez aunque no hubiese sido parte en el juicio. No obstante, la Sala se dividió, ya que dos magistrados hicieron un voto particular oponiéndose.

Margarita Robles, en el tribunal

Los seis jueces que dieron la razón a Ecologistas en Acción-CODA al admitir su recurso –entre los que estaba la actual ministra de Defensa, Margarita Robles– basaron su decisión en "el tratamiento dispensado por el legislador a las asociaciones que, como la recurrente, asumen como fines estatutarios la defensa y protección del medio ambiente". Esta afirmación deriva del hecho de que la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente otorga a estos colectivos la "acción popular en asuntos medioambientales", en aplicación de un convenio internacional firmado por España en 2004, el cual "reconoce un importante papel en la protección del medio ambiente a los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales".

Y con este planteamiento, la sentencia ve claro que en el caso de Ecologistas en Acción-CODA "no se discute que reúne los requisitos que permiten reconocer en su favor la citada legitimación legal en tutela del interés difuso de la protección del medio ambiente, por tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines estatutarios la defensa y conservación del medio ambiente, constituida legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que desarrolla su actividad en el ámbito estatal". Lo que cabría preguntarse, entonces, en caso de que PP, Vox o Ciudadanos recurran los indultos de los líderes independentistas encarcelados es si es legítimo reconocer a estos partidos como garantes de la "tutela" del "interés difuso" que se protege con la sentencia del procés.

Como en el caso de los doce condenados por el proceso independentista, el indulto que se le concedió a Miguel Ángel Ramírez –se le rebajó la condena de tres a dos años de cárcel– no contó con el beneplácito ni de la Fiscalía ni del tribunal sentenciador, en este caso el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas. La medida de gracia se anuló, pero por una cuestión formal, ya que no se contó con el preceptivo informe que debió recabarse de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que había condenado en apelación.

¿Quién es el titular del bien jurídico protegido?

La sentencia sobre el caso de Las Palmas contiene un voto particular de dos magistrados que se oponen a la legitimidad de la ONG para recurrir un indulto y limita la posibilidad sólo a "quienes fueron parte en el proceso, únicos que han demostrado un interés en la punición de la conducta, o al ofendido por el delito". En su opinión, el ofendido en los delitos contra el medio ambiente no existe "porque el bien jurídico protegido carece de titular determinable, por afectar a la colectividad o a un valor no individualizable, o porque éste no puede ejercitar la acción (caso del homicidio)". En el caso de Ramírez, "el delito por el que fue condenado carecía de titular determinable", pues el bien jurídico protegido es el medioambiente, "cuyo titular es la colectividad".

Aún no se han publicado los decretos de los más que probables indultos a los presos del procés y el PP ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. Su argumento: que los líderes independentistas encarcelados no han mostrado arrepentimiento y han insistido en que "lo volverán a hacer". Juristas consultados por este periódico afirman que el arrepentimiento del preso "no es requisito" ineludible para conceder un indulto. Otra cosa es que sea habitual que quienes solicitan el perdón gubernamental lo muestren, pero en ningún caso es un condicionante.

Desde el partido de Pablo Casado reconocen que la falta de jurisprudencia sobre la legitimidad para recurrir genera dudas sobre si finalmente podrán hacerlo o de la respuesta que les pueda dar la Sala Tercera. Aun así, su intención es ir al Supremo sí o sí una vez se publiquen los decretos con las medidas de gracia, sea como sea la rebaja que el Gobierno aplique a los condenados. No ha dicho cómo lo hará, aunque el responsable de Justicia del PP, Enrique López, tiene claro que el informe del alto tribunal posicionándose en contra "pone de manifiesto que estaríamos ante un Gobierno contra el Derecho, un Gobierno que estaría humillando el Estado de Derecho" y al "pueblo español", así como "cuestionando y condenando a unos jueces que son muy profesionales y han actuado con absoluta independencia". 

López recuerda que, según el Supremo, "el indulto solo puede estar justificado cuando la pena a cumplir ha perdido sus fines" y "en este caso no sólo es que no los haya perdido, es que los mantiene", dado que uno de esos fines sería la "reeducación del penado"  y los presos del procés "ni piden perdón ni se arrepienten ni tienen ningún tipo de conciencia de la ilicitud". "Es todo lo contrario a razones de equidad, de justicia y de utilidad pública", opina. Indultar en estas condiciones, dice, implica una "posible ilegalidad".

El PP tiene, pues, sus razones para recurrir. Otra cosa es que pueda hacerlo. En su mismo caso estaría Ciudadanos, pues este partido tampoco fue parte en el proceso judicial del proceso independentista. Quien sí lo fue es Vox y sobre esto habría pocas dudas: la formación que lidera Santiago Abascal sí estaría legitimada para recurrir los indultos. Si el Supremo considerara finalmente que conservadores o naranjas carecen de la legitimidad para impugnarlos, la situación ante la que nos encontraríamos sería con el partido de extrema derecha como única organización peleando por echar abajo la medida. Y ha ido mucho más allá: aún no hay decretos, aún no hay recursos ni decisión del Supremo, pero si el alto tribunal les diera la razón, Vox pretende querellarse contra "todo el Consejo de Ministros" por desviación de poder.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha aseverado que las "mentiras, insultos y descalificaciones" del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid y vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le "suenan a amenazas", informa Europa Press.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el consejero ha afirmado que Iglesias "ya ha empezado su campaña contra Ayuso"Ayuso y ha recogido las declaraciones de éste en las que advierte que la presidenta "acabará en prisión". 

"Mentiras, insultos y descalificaciones que, en boca de un vicepresidente del Gobierno, suenan a amenazas y que, en la de un comunista, nos retrotraen a la memoria histórica de las peores dictaduras de la izquierda totalitaria", ha manifestado López.

En una entrevista concedida a Las Cosas Claras de TVE, Iglesias señaló que "es más que probable" que cuando se investigue "de verdad" a Ayuso "sea imputada y acabe en prisión".

"Es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Son peligrosos, cuando decimos que el PP es sinónimo de delincuencia y de crimen estamos diciendo la verdad. Que profascistas puedan gobernar es una amenaza enorme", sentenció Iglesias.

El presidente del PP, Pablo Casado, decidió minar con varias condiciones cualquier posibilidad de negociar un acuerdo entre su partido y el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de dos intentos fallidos en los que el desbloqueo estuvo a punto de hacerse realidad.

La primera tuvo lugar en otoño de 2018, cuando el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, reveló a través de WhatsApp que su grupo había alcanzado un “pacto previo” con los socialistas para repartirse el CGPJ a razón de diez vocales para el PP y otros diez para el PSOE. La presidencia se dejaba en manos de un magistrado teóricamente propuesto por los socialistas, pero en la práctica, aseguraba Cosidó, de absoluta confianza de los conservadores.

La segunda tuvo lugar el pasado mes de agosto. Casado admitió el 7 de octubre que entonces había acuerdo con el Gobierno porque Sánchez aceptaba sus condiciones para renovar el Consejo, pero que él decidió romperlo después de que Unidas Podemos criticase a Juan Carlos de Borbón por abandonar España. Las condiciones del PP que Sánchez aceptaba, explicó el líder conservador, eran que no hubiese expolíticos entre los nuevos miembros del CGPJ y que los candidatos tuviesen el aval de las asociaciones judiciales.

Desde entonces Casado ha ido marcando líneas rojas como condición previa para sentarse a negociar, algunas de las cuales han ido a apreciando y desapareciendo a lo largo de los meses. Unas condiciones a las que ahora aparentemente parece haber renunciado después de que el fiasco de las elecciones catalanas le haya impulsado a buscar un gran acuerdo con Pedro Sánchez que le devuelva la condición de alternativa de gobierno.

Un buen resumen de esas condiciones la dejó en Twitter el pasado octubre Teodoro García Egea, el número dos de Casado:

Lo que sigue a continuación es una explicación detallada de esas condiciones:

Que Unidas Podemos no forme parte de la negociación

Casado se sacó de la manga esta exigencia el pasado mes de agosto, según él porque el líder morado y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estaba atacando a la monarquía y a los jueces coincidiendo con la mudanza de Juan Carlos de Borbón a Emiratos y el inicio de investigaciones judiciales sobre las finanzas de Unidas Podemos. Un argumento al que añadió en alguna ocasión que UP está dispuesto a llegar a acuerdos con los independentistas catalanes y vascos, algo que a menudo Casado también reprocha al PSOE, pero que, en este caso, no ha llegado a considerar una línea roja para negociar el CGPJ con los socialistas.

El líder del PP dejó claro desde el principio que no sólo estaba vetando la posibilidad de sentarse a negociar con los de Iglesias, sino que tampoco aceptaría hablar únicamente con el PSOE si los socialistas incluían entre sus propuestas a algún candidato que les pareciera sospechoso de cercanía a Unidas Podemos. El pasado octubre afirmó que no estaba dispuesto a aceptar que los socialistas pusiesen encima de la mesa, en el cupo que les correspondía tras las elecciones de noviembre, a ningún jurista de reconocido prestigio que el PP considerase afín a los morados entre los ocho que obligatoriamente, porque así lo establece la Constitución, deben designar el Congreso y el Senado por mayoría de 3/5. ¿Y si el interlocutor de las negociaciones era exclusivamente el PSOE?, le preguntaron. Tampoco servía entonces. “Me da igual si sólo fuera con un interlocutor del Partido Socialista. Lo que no voy a hacer es sentarme a negociar [si la otra parte lo hace] con las reivindicaciones de un partido como Podemos”.

Casado lleva meses argumentando que las negociaciones para pactar la composición del Consejo del Poder Judicial, tal y como mandata la ley y se ha venido haciendo en los últimos 35 años, es una tarea que compete a los dos grandes partidos del Congreso, PP y PSOE. Es un acuerdo, asegura, entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición, razón por la cual no hay por qué contar con Unidas Podemos.

Pero no es verdad. En 2013, con mayoría absoluta del PP, la renovación del Consejo incluyó a jueces, magistrados y juristas de reconocido prestigio propuestos por cinco partidos: PP (10), PSOE (7), CiU (1), PNV (1) e Izquierda Unida (1). Claro que en aquel Consejo, que eligió presidente al magistrado Carlos Lesmes —con varios años de experiencia como alto cargo del Ministerio de Justicia en la administración de José María Aznar—, los vocales afines al PP tenían el control de las decisiones.

La disposición del PP a pactar la composición del CGPJ con otros partidos, no sólo con el PSOE, no fue una excepción de aquel año. En 2008, esta vez con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, el PP no tuvo ningún inconveniente en repartirse el Consejo entre cuatro partidos: PSOE (9 vocales), PP (9), CiU (1) y PNV (1). Y en 2001, con mayoría absoluta conservadora en el Congreso, el PP tampoco vetó a Izquierda Unida, hoy socio de Unidas Podemos. La derecha española pactó entonces 10 asientos en el CGPJ —más la Presidencia, que le daba el control—, siete para el PSOE, uno para CiU y el vigésimo para IU.

La excusa que utilizaba hasta ahora Casado es que, según él, Unidas Podemos quiere controlar a los jueces que puedan juzgar a esta formación o a sus dirigentes en los próximos años. Y eso constituye, decía, “un atropello a la legalidad” que “pretender liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de un vicepresidente investigado”.

Es el PP, en realidad, el que está proponiendo o vetando vocales en función de su propio calendario de juicios pendientes. Diversas informaciones han revelado que los de Casado se niegan a incluir en el CGPJ al juez de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, que en 2015 se opuso a que la Gürtel fuese juzgada por dos magistrados afines al PP.

En cualquier caso, esta condición no parece estar cumpliéndose. Todo indica que Unidas Podemos sí está participando en la negociación a través del PSOE y que, si al final hay acuerdo, los de Iglesias habrán propuesto al menos dos vocales del nuevo CGPJ.

Despolitización del Consejo

Con esta condición Casado se refería a que los candidatos a vocales no hubiesen desempeñado en los últimos diez años ninguna actividad política. Es una condición que no está en la Constitución Española ni en la ley vigente, que se remonta a 1985 y que el PP no reformó ni siquiera en los dos mandatos en los que gobernó con mayoría absoluta.

El líder del PP no lo ha aclarado, pero a la vista de la propuesta de reforma del mecanismo de elección que su partido envió el año pasado al Congreso, Casado lo que quiere es que esa condición sea de aplicación a los ocho vocales que Congreso y Senado tienen que elegir en el cupo de los juristas de reconocido prestigio y no a doce jueces y magistrados cuyas candidaturas tienen origen en la judicatura.

Casado puso esta condición para hacer compatible la voluntad de su partido de negociar la renovación del CGPJ con su denuncia de que, con la actual ley, el Consejo está politizado. Despolitizar la justicia para el PP incluye (o incluía hasta hace poco tiempo) reformar la ley para hacer legalmente imposible la designación como Fiscal General del Estado a una exministra como Dolores Delgado, fiscal de carrera pero titular de Justicia entre junio de 2018 y enero de 2020, que se ha convertido en un objetivo a batir para el PP desde el inicio mismo de la legislatura. No consta que esta última condición tampoco esté encima de la mesa de negociaciones.

Retirada de la ley de reforma

Para forzar al PP a desbloquear la renovación del CGPJ, PSOE y Unidas Podemos enviaron al Congreso una propuesta de reforma de su ley reguladora para incorporar una “cláusula antibloqueo”. De manera que si en un plazo de tiempo razonable no era posible alcanzar la mayoría de tres quintos para elegir nuevos vocales, como sucede en la actualidad por la negativa del PP a negociar, esta pudiese llevarse a cabo por mayoría absoluta. El Gobierno congeló la iniciativa para facilitar un acuerdo —y no incomodar a las instituciones europeas— al tiempo que iniciaba la tramitación de otro proyecto de ley para impedir que un Consejo en funciones como el actual pueda seguir aprobando nombramientos clave en puestos de responsabilidad en los tribunales españoles.

El PP reaccionó añadiendo a sus exigencias la retirada de ambas iniciativas. “No habrá novedad ni punto de acuerdo” hasta que las retire, repitieron un día sí y otro los portavoces autorizados del partido, incluido el propio Casado.

Pero las dos siguen en el Congreso. La primera congelada, pero como ha denunciado en varias ocasiones el PP, en situación de iniciar trámite en cuanto el Gobierno lo solicite. Y la segunda se está tramitando a buen ritmo en la Cámara Baja.

La paradoja es que si el PP llega a un acuerdo con el Gobierno y participa en la renovación del CGPJ estará contradiciendo todos sus argumentos de los últimos meses. Como cuando decía que la dependencia del CGPJ de decisiones de los partidos amenazaba los fondos europeos porque no es “algo propio de democracias europeas desarrolladas”. O como cuando afirmaba que si no se retiraba la propuesta de reforma de PSOE y UP se estaría abriendo la puerta a modificar la Constitución por la “puerta de atrás” para “instaurar un nuevo régimen muy parecido a la dictadura bolivariana de Venezuela”.

En realidad el mecanismo de elección del CGPJ vigente en España está regulado parcialmente en la Constitución Española. El artículo 122 establece que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales nombrados por un periodo de cinco años por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. De estos 20, ocho tiene que ser juristas o abogados de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio elegidos y los doce restantes ser jueces o magistrados de todas las categorías judiciales designados “en los términos que establezca la ley orgánica” correspondiente.

¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente? Para evitar que la designación quedase exclusivamente en manos de los jueces, mayoritariamente de orientación conservadora, la ley estableció que el Congreso y el Senado deberán elegir esos doce vocales de entre 50 nombres propuestos por las asociaciones de jueces y magistrados, lo que garantiza que sea cual sea la decisión de las Cortes, los elegidos cuentan con el aval de la judicatura.

El propio Casado no tuvo más remedio que admitir, el pasado otoño, que la renovación no puede pararse porque los jueces ya han hecho su parte y existe una lista de 50 jueces y magistrados de entre los cuales el Congreso y el Senado deben seleccionar doce nombres por mayoría de tres quintos.

Efectivamente, en cumplimiento de la ley reguladora del CGPJ, el 6 de septiembre de 2018 —hace dos años largos— se publicó la lista de 50 jueces y magistrados que aspiran a los doce puestos de vocal de procedencia judicial que establece la Constitución y que, según la ley, deben ser elegidos en el Congreso y el Senado. De entre esos 50 hay 18 propuestos por asociaciones consideradas conservadoras (APM, AFV y Ágora Judicial), ocho apoyados por la progresista JJD y 24 independientes avalados por compañeros de la carrera judicial.

Lo singular es que, sabiendo que los jueces y magistrados del CGPJ ya son propuestos por ellos mismos, y que los partidos sólo tiene libertad para sugerir nombres en lo que se refiere a los ocho juristas de reconocido prestigio —en un mecanismo protegido además por la Constitución—, Casado ha seguido insistiendo todos estos meses en que su “compromiso es que los jueces elijan a los jueces”, cuestionando así a los candidatos seleccionados por la judicatura.

Otras condiciones

De lo que Casado parece haberse olvidado definitivamente es de las demás condiciones que llegó a poner para sentarse a negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ y que hace semanas que no menciona: incluir en el Código Penal un artículo que tipifique el delito de convocatoria de referéndums ilegales, prohibir los indultos por sedición o rebelión y endurecer las penas por sedición.

"No concurre interés alguno, ni directo ni indirecto, ni cercano ni remoto, tampoco albergo algún tipo de prejuicio o inclinación personal, ni una predisposición personal, más allá de la obligación que como profesional tengo de asumir y resolver aquellos asuntos que por normas de reparto me son encomendados". Así defendió Enrique López en el año 2015 su rechazo a ser recusado de los tribunales que iban a juzgar varias piezas del caso Gürtelcaso Gürtel, una petición lanzada por las acusaciones populares, que veían en este juez de la Audiencia Nacional una vinculación total con el partido conservador por cargos anteriores que había desempeñado a propuesta de esta formación política y su participación en varios cursos de Faes y mesas redondas organizadas por el propio PP.

López no negaba los hechos objetivos: había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) patrocinado por el PP, de igual modo fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE, y acudió a seminarios, como ponente o mero asistente, en la fundación que preside José María Aznar desde 2003 y por los que, según reconocía, había cobrado 11.102,26 euros. Pero en el escrito en el que se oponía a su recusación afirmaba que "las dudas o recelos" que las acusaciones podían tener no se basaban en esos datos objetivos, sino en la "apariencia que se haya podido generar".

Rechazaba que mantuviera o hubiera mantenido una "relación indebida" con los acusados del caso Gürtel o con el PP y que le era "absolutamente indiferente" que el partido o la exministra Ana Mato pudieran resultar "condenados o absueltos" –ambos fueron condenados como partícipes a título lucrativo, esto es, por beneficiarse de las actividades de la primera época de actividades de la trama corrupta–. López defendía su profesionalidad como magistrado y que su papel era limitarse a ejercer su trabajo impartiendo justicia, para después recalcar que "jamás" había ostentado "cargo alguno" en los que se le hubiera "sometido a la disciplina de un partido político". 

Estos fueron los argumentos que utilizó el juez cuando fue designado miembro de los tribunales que iban a juzgar varias piezas de Gürtel, incluida la de la primera época de la trama que condenó al PP, y la causa sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. Tanto ruido generó su inclusión como miembro de esos tribunales que hasta el partido conservador salió en su defensa asegurando que no había "prueba alguna" de su afinidad. El pasado de López llevó finalmente a la Audiencia Nacional a apartarle al considerar imprescindible que los jueces encargados de la macrocausa, como en todos los juicios, han de ser imparciales y, además, parecerlo.

Negociador para renovar el CGPJ

Sus empeños por no parecer vinculado al PP en 2015 contrastan ahora habiendo dado el paso definitivo a la política: en la Comunidad de Madrid, es consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde agosto de 2019, y en el propio partido, Pablo Casado le nombró responsable del área de Justicia hace poco más de un año. Entre sus principales encargos, la negociación con el Ministerio de Justicia de la nueva composición del CGPJ, que lleva bloqueado más de dos años por la oposición de la formación conservadora a la participación de Unidas Podemos a pesar de ser uno de los socios del Ejecutivo de coalición.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, su presidente, Pablo Casado, y el responsable de Justicia del partido, Enrique López, en el Comité Directivo semanal.

En el último año y medio ha acaparado parte del foco mediático por estos puestos de responsabilidad política, pero ha sido en la última semana cuando ha vuelto la sombra de sus vínculos con el PP desde la posición que tuvo como magistrado de la Audiencia Nacional al conocerse que puso en contacto al abogado del partido, Jesús Santos, con un empresario amigo del extesorero Luis Bárcenas en el año 2017. López y Santos se conocían de sus respectivas etapas precisamente en la Audiencia Nacional, el primero como juez y el segundo como teniente fiscal.

Las "dudas o recelos" que, según López, tenían las acusaciones populares de Gürtel para recusarle se encuentran en su currículum. Tras estar destinado en varios juzgados de instrucción en distintas ciudades españolas, aterrizó en el CGPJ, donde trabajó hasta 2001 como jefe de Sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. De ahí, a vocal del Consejo a propuesta del PP. En los siete años en que estuvo en el puesto –hubo un bloqueo en la renovación que se extendió durante casi dos años–, ejerció como portavoz del órgano, pero fue la llegada a La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 lo que le llevó a tomar partido. En una ocasión, llegó a decir que "el CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno". Se formaron entonces dos bandos en el organismo: el encarnado por López como portavoz oficial y el opositor liderado por el ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también vocal en esa época. A pesar de ello, forjaron una buena relación que aún se mantiene, como ambos han declarado.

Conflicto entre jueces por los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas

Tras la renovación del CGPJ en 2005, obtuvo una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, concretamente en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Fue en esos años cuando estalló el caso Gürtel, pero a su sección no le correspondía hacerse cargo de los recursos durante la fase de instrucción. Pero sí estuvo en el tribunal que se hizo cargo del conflicto entre los jueces de instrucción Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por hacerse con la causa conocida como papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. En un auto consultado por infoLibre, López y otros dos magistrados –Ángel Hurtado y Julio de Diego– suspendieron cautelarmente la declaración del extesorero del PP fijada para marzo de 2013 por Gómez Bermúdez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, tras la publicación de las anotaciones de la contabilidad opaca en el diario El País y la posterior querella presentada por IU.

El juez Ruz, que dirigía el Juzgado Central 5, había reclamado la investigación de esa documentación al considerar que tenía relación con Gürtel y se planteó un conflicto de competencia. Antes de que se resolviera, Gómez Bermúdez citó a Bárcenas, pero el tribunal del que formaba parte López, encargado de resolver los recursos del Juzgado Central 3, paralizó de forma cautelar la comparecencia a peticion de la Fiscalía. Al resolver el fondo del asunto, un par de meses después, los tres jueces determinaron que Gómez Bermúdez no había obrado correctamente, pero las pesquisas ya habían pasado a manos de Ruz y en su juzgado se quedaron. Esta es la única ocasión en que López tocó alguna cuestión relacionada con las causas de corrupción que aún hoy salpican al PPtocó.

En el mismo 2013, y tras seis años de vetos en el Senado por parte del PSOE ante la intención del PP de nombrar a López magistrado del Tribunal Constitucional, este ansiado puesto llegó para el juez, que obtuvo la plaza por designación del Consejo de Ministros que presidía entonces Mariano Rajoy, en la cuota de miembros del tribunal de garantías que corresponde al Gobierno. Pero no le duró mucho, ya que un año después López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio, sin casco y saltarse un semáforo en rojo.

Del ostracismo a la política

A partir de 2014, llegó una etapa de cierto ostracismo para López. Tocado por su paso fulminante por el Constitucional y su abrupta dimisión, regresó a su plaza en la Audiencia Nacional y un año después llegó la recusación de los juicios de Gürtel junto con Concepción Espejel, también por sus vínculos con el PP. La decisión de apartar a los jueces es de los miembros de la Sala de lo Penal, esto es, de los compañeros de los magistrados, que en el caso de López fue de catorce votos frente a cuatro.

El camino para los dos recusados fue muy diferente a partir de entonces. Mientras que Espejel fue nombrada por el CGPJ a mediados de 2017 presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –puesto que sigue ejerciendo aunque ha intentado varias veces acceder al Tribunal Supremo sin lograrlo–, López fue colocado en la Sala de Apelaciones, un tribunal de nueva creación a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 para introducir una instancia adicional en la Audiencia Nacional. En esta plaza, López y los otros dos magistrados designados, José Ramón Navarro y Eloy Velasco, revisaron sentencias como la de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), confirmando las condenas a los ocho jóvenes acusados, o las de los raperos Valtonyc, Pablo Hasel y el grupo La Insurgencia. En el caso de los dos últimos, rebajaron las condenas.

Tampoco duró mucho el magistrado en este puesto, pues dos años después, el Tribunal Supremo anuló su designación y la de Velasco tras estimar el recurso de otros aspirantes al puesto, que alegaron que la elección de estos dos jueces para la Sala de Apelaciones no se ajustó a derecho en los requisitos del concurso. López siguió adscrito a la Sala de lo Penal, pero Isabel Díaz Ayuso llegó al rescate y le fichó como consejero de Justicia e Interior. Unos meses después, Pablo Casado le colocó en su círculo de confianza y las sombras de duda sobre su cercanía al PP se terminaron de confirmar.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha exigido este martes la dimisión del consejero de Justicia, Enrique López, al poner en contacto al abogado del PP en la causa por la caja B del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el ex tesorero de la formación Luis Bárcenas. Fuentes cercanas a López han confirmado a Europa Press esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

"Nosotros hablamos desde la información que disponemos. De esto ser así, el consejero debería dimitir. Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad", ha trasladado Gabilondo en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Por ello, ha indicado que han registrado una reprobación del consejero en la Asamblea de Madrid, que activarán si no aporta "explicaciones convincentes". "Escucharemos lo que ha de decir pero si no da explicaciones adecuadas activaremos la reprobación", ha reiterado

En paralelo, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha exigido este martes la dimisión de López argumentando que "el PP de Bárcenas es el mismo que el de Casado y que el de Ayuso". "Solo tenemos que decirle a López que dimita", ha lanzado la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, ha informado Europa Press.

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, cree que no puede pasar desapercibido este asunto, porque "si hasta ahora este era un problema del PP", ahora incumbe a todos al ser miembro de la Comunidad de Madrid.

Por ello, han registrado peticiones de información y preguntas para que den explicaciones sobre si su nombramiento "ha sido un pago por los servicios prestados al PP" o si como secretario de justicia ha ido intercediendo en procesos judiciales del PP. "De confirmarse esta situación de extrema gravedad no tardaríamos ni un segundo en pedir su dimisión", ha aseverado.

"Normalidad democrática"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ironizado sobre la "normalidad democrática" que supone las informaciones sobre esa mediación y ha señalado que López es el "negociador" del presidente del PP, Pablo Casado, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), formación que rechaza cualquier pacto que implique a Unidas Podemos.

Y además Iglesias alude a sus propias declaraciones en una entrevista al diario Ara, cuando afirmó que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en la cárcel (Oriol Junqueras, ERC) y el otro en Bruselas" (Carles Puigdemont, Junts).

En un mensaje en Twitter, Iglesias se ha referido a la información adelantada por el diario El Mundo relativa a que López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el ex tesorero Luis Bárcenas. Este diario apunta a la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a López confirmaron a Europa Press esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

Al respecto, Iglesias ha afirmado que López, al que define como "juez/político", fue "apartado" en 2015 del denominado 'caso Bárcenas' por "cercanía al PP". Además, ha subrayado que condenó a tres años y medio de prisión al rapero Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtònyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Por otro lado, ha aludido a la vertiente política de López como consejero de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y "negociador de Casado" para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Normalidad democrática", ha zanjado Iglesias.

Las palabras de Iglesias cuestionando la calidad democrática por la situación de los líderes del procés tuvieron réplica de la vicepresidenta Carmen Calvo, quien discrepó "absolutamente". La dirigente socialista ha recalcado que España tiene "la normalidad propia de un Estado de Derecho" donde a todos se les aplican las leyes por igual.

Mientras, Ciudadanos registró ayer una iniciativa en el Congreso para reprobar al vicepresidente segundo y que sea destituido por cuestionar la plena normalidad democrática de España por los presos del procés. Pero, además, quieren que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explique el daño que esas palabras puedan hacer a la imagen de España en el extranjero.