Las empresas del Íbex 35 batieron récord en 2023, por tercer año consecutivo, en pago de dividendos a sus accionistas. Les retribuyeron con 30.086,83 millones de euros, un 19% más que en 2022, según los datos recopilados por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de valores y financieros de España en su último informe anual. En realidad, la cifra es superior, alcanza los 43.709 millones, si se tienen en cuenta las recompras de acciones, otra manera de retribuir al inversor. Es el segundo mejor registro de la historia del selectivo español, sólo superado por el de 2014. La racha de beneficios que disfrutan las grandes compañías desde el covid tiene su reflejo en el reparto de dividendos, de forma que la rentabilidad por dividendo de la Bolsa española –un 4,6%– supera, un año más, la de las bolsas británica –3,5%–, italiana –1,6%–, francesa –3%– y de Estados Unidos –1,6%–. Sólo la alemana, con un 4,9%, rinde más.

Cierto es que los beneficios de las 35 empresas del Íbex cayeron el año pasado en conjunto un 9,6% respecto al ejercicio anterior, pese a que sus ingresos crecieron un 5,6%. Pero su rendimiento en la Bolsa fue tan espléndido que el índice español se revalorizó un 22,76%. Sólo el Nasdaq, el Nikkei japonés y el FTSE MIB italiano lo hicieron mejor que el español en 2023. El descenso de las ganancias fue culpa de las pérdidas de Telefónica, Cellnex, Merlin Properties y Colonial. No obstante, fueron compensadas con holgura por los boyantes resultados de los cinco grandes bancos, que ganaron un 26% más que en 2022: los beneficios de Caixabank, Sabadell y Bankinter crecieron nada menos que un 54%, 55% y 51% respectivamente, mientras que Santander y BBVA ganaron más dinero que nunca –11.076 y 8.019 millones–.

Al mismo tiempo, Inditex disparaba los suyos un 30%, hasta los 5.381 millones. El de IAG sí que fue un despegue espectacular: tras la parálisis de vuelos forzada por la pandemia, multiplicó por seis sus ganancias. Con el mismo impulso, AENA aumentaba sus resultados un 80% y la tecnológica del turismo Amadeus un 58%. El repunte de los precios del gas por la guerra de Ucrania también permitió a Naturgy mejorar sus ganancias un 20%. El crecimiento porcentual de Iberdrola fue un poco menor, un 10,7%, pero le bastó para firmar el mayor beneficio de su historia, 4.803 millones de euros. Ferrovial estrenó su nueva sede en Países Bajos también con cifras récord: ganó 460 millones de euros, un 148% más que en 2022.

En este clima de éxito, también ha crecido la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios. Según la Agencia Tributaria, un 9%, hasta los 35.060 millones de euros, consecuencia de un aumento de los beneficios empresariales del 10%, un máximo histórico. Como se ve, la cantidad repartida en dividendos por el Íbex 35 –esos 30.086,83 millones de récord– casi alcanza los ingresos del impuesto sobre los beneficios de todo el tejido empresarial español.

Sin embargo, las empresas del Íbex 35 pagaron en 2023 al fisco en concepto de impuesto de sociedades 6.468 millones de euros, 66 millones menos que el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos del informe sobre Contribución Tributaria Total del Íbex 35 que publica la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). A esa cifra habría que añadir los 1.029 millones del gravamen temporal que han tenido que abonar las empresas del sector energético y los 1.109 millones del gravamen temporal a la banca.

infoLibre ha comparado los dividendos repartidos por las 25 empresas de mayor capitalización con los impuestos que han abonado por sus beneficios, basándose en la información que sobre ambos parámetros publican en sus informes anuales. El resultado: han gastado 6.500 millones de euros más en retribuir a los accionistas que en pagar a Hacienda. Un 32% más. Los dividendos alcanzaron los 26.842,23 millones de euros; el impuesto de sociedades se quedó en 20.322,48 millones. La factura fiscal sólo creció para ellos un 5,7%, 1.106,85 millones más. Es decir, la mejora de los dividendos quintuplica la del impuesto.

Algunos ejemplos. Inditex distribuyó 4.800 millones de euros entre sus accionistas con cargo a los beneficios de 2023, más que triplicando los 1.475 millones de euros que han pagado en el impuesto de sociedades. Aunque esta última cifra se refiere a los impuestos que el grupo de Amancio Ortega ha abonado en todas las jurisdicciones donde opera. Según recoge en su informe país por país, Inditex pagó a la Hacienda española 334 millones de euros.

Endesa también triplica con sus 1.058,75 millones en dividendos los 347 millones que pagó en el impuesto de sociedades en 2023. El hecho de que el año pasado redujera sus beneficios un 60,34% no impidió que siguiera remunerando de forma generosa a sus accionistas: recortó un casi un 37% los dividendos, casi la mitad de lo que cayeron sus resultados.

La semipública Enagás recortó igualmente su beneficio, un 20% en 2023, y consecuentemente el impuesto de sociedades, pero aumentó la cantidad destinada a dividendos, un 1,17%, hasta los 455,36 millones de euros, lo que multiplica casi por seis los 78,08 millones que pagó a Hacienda.

Merlin Properties sólo pagó 8,5 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades en 2023. Es una socimi –sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria–, que cuenta con un régimen fiscal especial: disfruta de un tipo general de gravamen del 0% en el impuesto de sociedades, pero se le aplica un gravamen especial del 15% sobre los beneficios no distribuidos y del 19% sobre los distribuidos, sujetos a determinadas condiciones. Pero también está obligada a repartir dividendos todos los años. Así, distribuyó 207 millones entre sus accionistas el año pasado, 24 veces lo que pagó a Hacienda. Y ello pese a que registró unas pérdidas de 83,5 millones de euros.

Los dividendos pagados por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en 2032 ascendieron a 532,46 millones de euros, más del doble que el ejercicio precedente y casi tres veces lo que pagó en el impuesto de sociedades, 199 millones.

Iberdrola –3.532,8 millones–, Amadeus –558,62 millones– y las públicas Aena –1.149 millones– y Redeia –541 millones– también más que duplicaron en el reparto de dividendos los impuestos por los beneficios.

En 2023, Telefónica aumentó un 41,2% su remuneración a los accionistas respecto al ejercicio precedente, pese a haber pasado de ganar 2.011 millones a perder 892 millones de un año a otro. El dividendo distribuido alcanzó los 1.698 millones, duplicando los 899 millones que pagó en concepto de sociedades.

Naturgy es otro de los miembros del Íbex que superó los 1.000 millones en dividendos el año pasado. Sus 1.454 millones de euros también duplicaron el impuesto de sociedades abonado. Por lo que a Ferrovial se refiere, su último año con sede social en España lo cerró recortando su retribución al accionista en un 56,7%, hasta dejarlo en 250 millones de euros, pese a haber disparado sus beneficios nada menos que un 147% respecto a 2022.

De entre las 25 grandes, también las hay que retribuyeron menos a los accionistas de lo que pagaron a Hacienda: BBVA y Banco Sabadell, Cellnex, Acciona Energía, Indra y Sacyr. El banco que preside Carlos Torres distribuyó 3.169,8 millones de euros en dividendos y pagó más, 4.003 millones, por el impuesto de sociedades. Cellnex abonó tres veces más por sus beneficios de lo que repartó a sus accionistas –40,3 millones–. El Sabadell subió hasta los 326,4 millones en dividendos y Acciona Energía hasta los 158 millones. Indra sólo pagó 44,1 millones de euros, la mitad de los que ingresó en Hacienda, y Sacyr 106,7 millones, cuatro veces menos de lo que abonó en el impuesto de sociedades.

Pero la entidad que más dinero repartió entre sus accionistas fue el Banco Santander, 5.538 millones de euros, un 23% más de lo que pagó por sus beneficios en 2023 y un 44% más que el dividendo de 2022.

Además, merece destacarse el caso de IAG, el grupo propietario de Iberia y la única de las 25 grandes que no distribuyó dividendos en 2023. Lleva sin hacerlo desde 2020, cuando el covid dejó en tierra sus aviones y entró en pérdidas –6.923 millones de euros–. Volvió a números negros en 2022 y el año pasado sextuplicó sus beneficios hasta los 2.655 millones. Pero tampoco recuperará el dividendo este ejercicio, un asunto que ni llegó a tratarse en la junta general de accionistas que celebró el grupo la última semana de junio.

Las mayores compañías también han sido más generosas a la hora de remunerar a sus consejeros que a sus empleados. A tenor de las cifras que ellas mismas proporcionan en los informes anuales enviados a la CNMV, las 25 empresas con mayor capitalización pagaron a sus consejeros un 17,8% más en 2023, mientras que la retribución media de sus plantillas mejoró sólo un 5,2%. Las que más aumentaron su gasto en remunerar a su consejo de administración fueron Indra y Cellnex. En el primer caso, la nómina de su cúpula se multiplicó por siete debido a los 15,5 millones de euros que cobró su exconsejero delegado Ignacio Mataix y que incluyeron una indemnización de 2,64 millones por su salida de la empresa en mayo de 2023 y otros 1,98 millones en concepto de pacto de no competencia. Otro consejero ejecutivo, Luis Abril, también septuplicó sus emolumentos, hasta llegar a los 5,9 millones de euros. La retribución media de la plantilla –34.408 euros anuales– creció un 5,8% el año pasado.

En el operador de telecomunicaciones Cellnex, el alza de los pagos a sus consejeros fue del 90% en 2023, mientras que la nómina media de los empleados –84.000 euros anuales– creció un 21,7%.

Entre los 25 grandes, sólo bajaron tanto la retribución total de su consejo como la media de su plantilla Redeia y Repsol. También recortaron a sus máximos ejecutivos Naturgy y Telefónica. Y a sus empleados, Merlin Properties, Acciona Energía y BBVA. La entidad que más gastó el año pasado en remunerar a sus consejeros es el Santander, 28,56 millones de euros, seguido de Indra, con 24,88 millones. Por detrás, Iberdrola –23,96 millones– y ACS –23,09 millones–. La que menos, AENA, que como empresa pública tiene topados por ley los sueldos de sus máximos ejecutivos.

Con los empleados, la empresa con la retribución media más elevada es Merlin Properties, 101.000 euros anuales, seguida de Iberdrola, con 88.000. Las nóminas medias más cortas son las que cobran de media las plantillas de Indra –34.408 euros– e Inditex –36.000–.

Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova y miembro de una de las mayores familias empresariales gallegas –y españolas–, entrará en prisión en los próximos días para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo como responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. A los mandos de la primera empresa pesquera del país desde 1980, diseñó todo una operativa de fraude contable para conseguir financiación bancaria y captar inversores que, una vez descubierta, llevó a la compañía a desnudar pérdidas de 1.400 millones de euros y una deuda gigantesca de 3.280 millones más.

El de Fernández de Sousa es sólo el penúltimo ejemplo del fraude corporativo con mayúsculas. Pero también una buena muestra de lo que ocurre cuando la empresa es el delincuente. Tras el desplome de Pescanova en 2013, los inversores perdieron millones, se hundió la reputación de una compañía que llegó a poseer la segunda mayor flota pesquera del mundo, los bancos acreedores se convirtieron en sus nuevos dueños, fue excluida de la Bolsa, tuvo que refundarse como Nueva Pescanova y tardó años en volver a los beneficios. Mientras tanto, su cúpula directiva permaneció sentada en el banquillo durante un proceso judicial que no terminó hasta el pasado mes de marzo. Una década completa de purgatorio.

Tres profesores de las Universidades de Berkeley, Chicago y Toronto han estudiado la prevalencia del fraude cometido por las empresas cotizadas en Estados Unidos. Según sus cálculos, el 10% de las mayores compañías perpetra fraudes cada año en Estados Unidos. Alexander Dyck, Adam Morse y Luigi Zingales incluyen en esas malas prácticas el falseamiento de estados financieros, ya sean desvelados por los auditores o por la SEC –la CNMV estadounidense–, la omisión u ocultación de información y las manipulaciones contables. Es más, advierten de que hasta el 41% de los estados financieros de las mayores compañías contiene información incorrecta que va mucho más allá de los errores puramente administrativos.

En un estudio elaborado por Deloitte y Esade en 2012 a partir de una encuesta a 200 empresas españolas, el 40% de ellas situaba la caja B –transacciones no registradas en la contabilidad– como el principal tipo de fraude corporativo. El 24% mencionaba las alteraciones de registros contables para que los directivos cobraran bonus o incentivos. Otro de la Universidad de Navarra junto con la escuela de negocios IESE citaba en 2017 como “detonantes” de estas malas prácticas el ansia de los responsables de las empresas por “cumplir con las expectativas del mercado a corto plazo en términos de rendimiento de las acciones y de rentabilidad de la compañía”. La presión del mercado, de los analistas y de las agencias de rating, un sistema de incentivos inadecuado, la concentración del poder en manos de una o pocas personas… son el acelerante del incendio de la mala praxis y el fraude.

El problema gana en gravedad si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las proyecciones de Dyck, Morse y Zingales, sólo un tercio del fraude cometido por las empresas se detecta. Por eso lo describen como un auténtico iceberg cuyo mayor volumen permanece oculto bajo la superficie. Los tres académicos se atreven incluso a adelantar una cifra de las pérdidas que provoca el fraude corporativo en la primera economía del planeta: 830.000 millones de euros en 2021. El equivalente al PIB de Arabia Saudí ese año.

Estas estimaciones valen para los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley o SOX, que introdujo una regulación muy estricta de los informes financieros y de auditoría a los que están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos. La norma se aprobó como reacción a los grandes escándalos corporativos con los que se estrenó el nuevo siglo: Enron, Worldcom, Tyco. “Desde el caso Enron, la manipulación contable es mucho más complicada”, asegura Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), quien también cree que el fraude corporativo está mucho menos extendido en Europa y en España que en Estados Unidos. La Ley SOX garantiza la “integridad” de la contabilidad, un blindaje que en la Unión Europea se convirtió en directiva en 2016 y en España quedó establecido en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021. Desde entonces, tanto los fabricantes de software como sus usuarios están obligados a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de la información contable, “sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

En teoría, tales medidas de seguridad deberían evitar la manipulación de las cuentas. Pero no es así. De hecho, el fraude en Pescanova resultó ser una reedición de la operativa de Enron una década atrás: ambas compañías utilizaron sus filiales para ocultar pérdidas y firmar contratos ficticios con los que conseguir financiación. Y ambas arrastraron a sus respectivas auditoras. En el caso de la energética de Houston, la histórica Arthur Andersen desapareció tras ser condenada por obstrucción a la justicia y por destruir y alterar documentos de su cliente. En el de la empresa de Chapela (Pontevedra), BDO fue condenada por la Audiencia Nacional en 2020, por falsear información financiera, pero absuelta el pasado febrero por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal confirmó que la auditora fue “descuidada” y no cumplió “una praxis profesional adecuada”, pero estableció que no había cometido un delito doloso.

Alonso Hurtado coincide en la metáfora del iceberg. Y apunta una causa para explicar por qué dos de cada tres fraudes nunca se descubren: “Los malos siempre van por delante y son más eficaces que los buenos que los persiguen”. Enumera cinco líneas de defensa: el control de diligencia debida de la propia empresa; el departamento de Compliance –cumplimiento–, que debe ser autónomo dentro de la organización y tiene que informar al consejo de administración o incluso a las autoridades, llegado el caso; la auditoría, interna o externa; los organismos supervisores y, finalmente, los tribunales.

Sin embargo, no siempre funcionan esos mecanismos de control. Ocurrió con el Barçagate. El FC Barcelona despidió a su responsable del departamento de Compliance, Noelia Romero, después de que ésta investigara la contratación irregular de una empresa que, a cambio de un millón de euros, creó cuentas falsas para difamar a algunos jugadores y opositores a la directiva de Josep María Bartomeu. Un juez declaró improcedente el despido. En todo caso, precisa Alonso Hurtado, la misión del responsable de compliance “no es prohibir, sino identificar los riesgos y proponer alternativas”. Luego la empresa puede decidir hacerles caso, o no.

Tampoco es labor de los auditores detectar el fraude. Su tarea se limita a certificar que los estados financieros de una empresa coinciden con su situación real. “Si la empresa decide engañar al auditor, éste lo tiene muy difícil para evitarlo”, apunta por su parte Fernando Lacasa, socio responsable del departamento de Análisis Forense de Grant Thornton. Los auditores y censores jurados de cuentas con los que ha contactado infoLibre han rehusado participar en este reportaje.

Pero la línea roja no suele ser tan clara. Alemania acaba de prohibir a EY auditar empresas cotizadas durante dos años, además de multarla con medio millón de euros. Durante años, la auditora había aprobado las cuentas de la empresa de pagos digitales Wirecard, que quebró en 2020 tras descubrirse un agujero contable de 1.900 millones de euros. Aunque EY, una de las cuatro grandes firmas de auditoría mundiales, no fue la única que falló en el escándalo. Tampoco la Autoridad Federal de Supervisión Financiera –BaFin– advirtió el fraude. El caso fue desvelado por el periódico Financial Times.

El siguiente nivel, los organismos supervisores, aprieta pero no ahoga. “La CNMV controla mucho la parte burocrática, digamos, pero lo relevante, donde se comete el fraude, no tanto”, critica Alonso Hurtado, quien además recuerda cómo en el caso Madoff, el esquema Ponzi que estafó 68.000 millones de dólares a casi 30.000 clientes repartidos por todo el mundo, desde actores de Hollywood y ONG hasta bancos y la exmujer de Amancio Ortega, la SEC obvió las señales de alarma y permitió seguir operando al financiero neoyorquino. Las primeras alarmas saltaron en 1992, pero la estafa no estalló hasta 2008. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión.

“La CNMV entra cuando el escándalo ya ha explotado, en labor de prevención se queda corta”, protesta Alonso Hurtado. A su juicio, debería ejecutar controles adicionales y tardar menos tiempo en verificar si, por ejemplo, una sociedad de inversión “es solvente o sólo un chiringuito”. “Eso nos lastra como mercado”, lamenta. Además, cree que la CNMV debería controlar la contabilidad “en tiempo real” del mismo modo que la Agencia Tributaria lo hace con las facturas a través de la plataforma SII (Suministro Inmediato de Información). “Pero eso sería como hacer un desnudo integral en tiempo real y las empresas no quieren”, advierte.

Porque, en el fraude corporativo de primer nivel, ese que suele terminar en las primeras páginas de los periódicos y en los tribunales, suele “estar involucrada la máxima instancia de la empresa, ya que es la responsable última del corazón de la compañía, las cuentas”, destaca el vicepresidente de Ascom. Hurtado sostiene que son precisamente los organismos supervisores los que deben actuar para prevenir este tipo de comportamientos.

La CNMV vigila que empresas y sociedades de inversión cumplan con sus obligaciones de información. Si no lo hacen, les envía requerimientos. En 2021, el último año del que ha publicado datos en su memoria, remitió 1.302, de los que sólo 142 fueron para pedir “medidas correctoras” o para hacer recomendaciones. La mayoría, 476, tenían por objeto solicitarles más información. Además, ese año abrió 16 expedientes sancionadores, que proponían multas por importe de 7,07 millones de euros. En 2020 fueron sólo siete expedientes, con sanciones por valor de 2,84 millones. Las resoluciones sancionadoras aprobadas en 2021 ascendieron a 15, que sumaron 4,71 millones de euros en multas.

En el ejercicio de 2022, cuya memoria no se publicará hasta mayo, la CNMV multó, por ejemplo, a Caixabank con 3,25 millones por vulnerar la normativa en una emisión de bonos, y a Deutsche Bank con otros tres millones más porque en la recompra a sus clientes de unos bonos emitidos por el propio banco no adoptó las medidas legales para gestionar el conflicto de interés existente y aplicó diferenciales con respecto a su valor razonable sin informar a esos clientes. También sancionó a la empresa de juego Codere por dar “información falsa y engañosa” de los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá. La multa ascendió a 100.000 euros, por una infracción considerada muy grave. La impuesta a Renta4 Banco por no comunicar “operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado” se quedó en 40.000 euros.

Otra arma de lucha contra el fraude corporativo es el análisis forense. Lo llevan a cabo equipos multidisciplinares compuestos por expertos en gestión empresarial, auditores, informáticos y abogados, a los que recurren las compañías cuando tienen sospechas de malas prácticas. Es decir, llegan cuando el fraude ya se ha cometido. El que investigan es siempre de cierta entidad y cometido por altos directivos. Escudriñan las cuentas de la empresa, los movimientos bancarios, las comunicaciones internas, los dispositivos informáticos…

“Pero no somos la policía”, precisa Fernando Lacasa, que comenzó investigando delitos económicos y blanqueo de capitales en la Guardia Civil. Como los auditores, trabajan con la información que les proporciona la empresa. “Si la propia compañía es la delincuente, no nos va a llamar”, admite. A no ser que haya un cambio en el gobierno de la compañía, o se haga cargo de ella un administrador concursal que necesite saber qué pasó hasta llegar a la insolvencia. Según la encuesta de Esade y Deloitte, sólo el 15% de las empresas consultadas había recurrido a expertos forenses para investigar sus sospechas de fraude.

Para seguir el rastro del fraude las mejores herramientas son el análisis contable y las pruebas digitales, pero también gracias a los movimientos bancarios se sabe “qué es real y qué no”, explica Lacasa, mientras que los datos de los registros mercantil y de la propiedad descubren las posibles vinculaciones ocultas. No son tan útiles las entrevistas personales, matiza. “Al final es difícil que no averigüemos los que ha sucedido”, presume el responsable de Grant Thornton, al mando de un equipo formado por una treintena de personas.

A su juicio, el nivel de los controles corporativos es muy similar en Estados Unidos y en Europa. “Aunque quizá allí hay más tendencia a denunciar que aquí”, concede. Lo que cambia, no obstante, es la justicia. En España, ni las fiscalías ni los jueces tienen medios suficientes para investigar delitos tan complejos como los económicos. Así que los procedimientos se dilatan durante años. “A veces te encuentras con que un directivo al que investigaste, pero aún no ha sido juzgado, te aparece años después en otra empresa haciendo lo mismo”, relata Lacasa.

De esa misma carencia de recursos se hace eco la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, que se queja no sólo de la escasez de medios materiales y personales, sino también de “la falta de conocimientos de la especialidad de los órganos de instrucción”. La consecuencia, añade el informe, es que “se dilatan de forma extraordinaria” las investigaciones.

“La complejidad del asunto de base, el inadecuado tratamiento de las causas en los juzgados al no perfilarse bien los hechos objeto de la instrucción, la forma incorrecta de pedir las diligencias, el órgano al que hay que dirigirse para solicitar información y la necesidad de elaborados informes periciales confluyen a que los tiempos medios de las causas sean en exceso elevados”, resume la Fiscalía.

De forma que las sentencias sobre delitos económicos no son numerosas. Según las cifras incluidas en la memoria, en 2021 los tribunales españoles dictaron sólo 33 sentencias por delitos societarios y dos por delito contable. Otras dos fueron por corrupción en el sector privado. Y 64 más se refieren a administración desleal. Por insolvencia punible sí que hubo muchas más, 269, y por blanqueo de capitales, 112. El uso de un documento falso, público o mercantil fue sentenciado 174 veces. La falsificación por un particular de documentos públicos, oficiales o mercantiles fue el motivo de 2.094 sentencias.

Fernando Lacasa apunta un cambio reciente en la resolución judicial de los fraudes corporativos, y no necesariamente positivo. Desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Así que ahora llegan menos casos a los juzgados, asegura el experto forense, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las empresas temen ser halladas responsables de la mala praxis de sus ejecutivos. 

Las grandes empresas del Íbex 35 salieron de la crisis del coronavirus ganando 51.993,73 millones de euros en 2021. Sólo seis repitieron pérdidas, de las 10 que terminaron 2020 en números rojos. Y redujeron sus plantillas, aunque sólo un 0,9% respecto al año anterior: emplean a 1,24 millones de trabajadores en todo el mundo. Pero con los salarios no fueron generosos, o al menos no con los de sus plantillas, porque el sueldo medio en esas 35 compañías sólo subió un 2%, en un año que cerró con el 6,5% de inflación. Por tanto, los trabajadores de estas empresas perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo. Muy distinta suerte corrieron las retribuciones de los altos directivos, que mejoraron en 2021 un 16,1%, multiplicando por ocho el alza concedida a los empleados. Las de los miembros del consejo de administración crecieron sólo un poco menos, un 11,9%, el doble que el IPC.

Los datos proceden del Informe sobre indicadores de buen gobierno de las empresas del Íbex 35 que elabora desde 2016 el sindicato Comisiones Obreras. El resultado de esa disparidad de comportamiento entre los salarios de los trabajadores y de las cúpulas directivas de las mayores compañías españolas es que la retribución media de un consejero es 14,5 veces la de un empleado y la de un directivo la multiplica por 19,4. Con los primeros ejecutivos –presidentes y consejeros delegados– la brecha se disparó en 2021: su salario multiplica por 89,6 el de un trabajador. Ese año, la distancia aumentó en 12,4 puntos por efecto de la enorme remuneración extraordinaria que percibió al jubilarse Jaume Guardiola en el Banco Sabadell, 24,3 millones de euros. Sin ella, las retribuciones de los primeros ejecutivos del Íbex 35 habrían subido sólo un 2%, lo mismo que las de sus empleados.

En cualquier caso, el peso de los sueldos y otras remuneraciones de los primeros ejecutivos es tal que suponen casi la mitad de las retribuciones percibidas por los consejos de administración, según destaca el informe. “Está claro que hay un comportamiento desalineado entre los salarios de las plantillas y los de quiénes deciden esos salarios”, criticó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en la presentación del documento, “que resulta aún más sangrante en un año en que los trabajadores perdieron 4,5 puntos de poder adquisitivo por la inflación”. Bravo mencionó la “creciente contestación” en las juntas generales de accionistas a las elevadas remuneraciones de ejecutivos y consejeros.

En el año de la recuperación las empresas del Íbex 35 también fueron mucho más generosas con sus accionistas que con sus trabajadores. Repartieron como dividendo 19.847,45 millones de euros, el 38% de sus beneficios. La cifra supera en un 26,1% la de 2020. De hecho, hubo dos empresas que, aun con pérdidas, distribuyeron dividendos: la compañía de telecomunicaciones Cellnex –56 millones– y la farmacéutica Almirall –54 millones–. Además, la cantidad pagada a sus accionistas por Enagás y Endesa superó la cifra de los beneficios obtenidos –110% y 104%, respectivamente–. Por el contrario, Amadeus, Solaria y Grifols, que cerraron con ganancias, no repartieron dividendos. Las que más dinero destinaron a remunerar a sus accionistas fueron Inditex, con 2.894,5 millones de euros; Iberdrola, con 2.821,1 millones, y BBVA, con 2.027,4 millones.

De los 1,24 millones de trabajadores que los gigantes del Íbex 35 emplean en todo el mundo, el 63,2% se encuentra fuera de España. Con enormes diferencias: en Cíe Automotive la plantilla en el extranjero alcanza el 90,6% y el 86,7% en Banco Santander, mientras que en la farmacéutica Rovi y en Endesa, sin embargo, es sólo el 2,4%, mientras que en Enagás no llega ni al 1,3%. En Ferrovial, que la semana pasada anunció el traslado de su sede social a Países Bajos aduciendo, entre otros motivos, su internacionalización, de sus 63.070 trabajadores, el 51,3% se encuentra fuera de España. Las empresas con mayores plantillas son Banco Santander, que emplea a 197.000 personas en todo el mundo; Inditex, con una nómina de 165.000; BBVA, con 110.000, y Telefónica, con 103.000. Pero en 2021 sólo Inditex, que contrató a 20.000 personas, Caixabank –14.000 nuevos empleados procedentes de Bankia–, Banco Santander –5.000 más– y Acciona –3.000 más– crecieron en personal. Ferrovial, por el contrario, lo redujo en 17.000 trabajadores, ACS en 15.000, BBVA en 12.000 y Telefónica en 8.000.

En las grandes empresas, el empleo temporal está por debajo de la media española. Las 35 del Íbex tienen una tasa de sólo el 9,6%, mientras que la nacional era en 2021 del 25,4%. Aun así, en ACS, Acciona y Meliá superaban ese porcentaje. En cambio, sólo el 0,2% del empleo es temporal en Caixabank o el 0,3% en Bankinter. Mientras los contratos de este tipo se redujeron ese año –muy poco, un 0,9%– aumentaron los de tiempo parcial, casi cuatro puntos porcentuales, hasta el 16,5%. Donde más contratos por horas firman sus trabajadores es en Inditex, con un 55,8%, seguida de ACS, con un 40,7%. Es más, el grupo de Amancio Ortega duplicó en 2021 el número de trabajadores a tiempo parcial, mientras que ACS lo aumentó en un 44%.

De esos 1,24 millones de trabajadores, el 48,5% son mujeres. Pero aquí también hay enormes diferencias. La empresa con más mujeres es Inditex, con un 75,7% de empleo femenino, y la que contrata menos es Arcelor Mittal, con sólo un 6,3%.

En las cúpulas directivas, el panorama cambia. Sólo nueve empresas tienen al menos un 40% de mujeres en su consejo de administración: Red Eléctrica –la que más, el 50%–, Bankinter, Cellnex, Iberdrola y Amadeus. Pero en los de Solaria, Fluidra y Rovi sólo hay una mujer sentada en el consejo. Aun así, han aumentado las compañías que cumplen con el porcentaje recomendado por la CNMV, porque en 2020 eran sólo cinco. Los consejeros del Íbex 35 son 421 personas. El personal de alta dirección, 409 ejecutivos. Pero entre ellos el número de mujeres es muy inferior, el 22%, aun así 3,6 puntos porcentuales por encima de la cuota de 2020. La empresa con más altos directivos es Acciona, con un equipo de 45 personas, por sólo cinco con esa consideración en Telefónica, los mismos que en una compañía mucho más pequeño como Solaria. Por géneros, el 60% de los altos ejecutivos de la pública AENA son mujeres, pero sólo el 10% en Almirall y el 8% –una mujer– en Ferrovial. En Acerinox, Naturgy y Solaria no hay ni una sola mujer al mando. En Amadeus, Cellnex, Fluidra, Meliá, Merlín Properties, Siemens y Telefónica, sólo una.

Trasladada a los salarios, la brecha de género bruta en el Íbex 35 es del 11,3% de media, pero la superan ampliamente el Santander, con un 32,3%, IAG –26%–, Fluidra –24%– y Telefónica –21,8%–. Las que menor diferencia muestran son Meliá, con sólo un 1,1%, y AENA, con un 1,7%. Incluso en tres empresas, Siemens Gamesa, Arcelor Mittal e Iberdrola las mujeres cobran más que los hombres.

El salario medio de un empleado en uno de los grandes del Íbex 35 asciende a 54.871 euros anuales, muy por encima del sueldo medio español, que se situaba en 21.519 euros en 2021, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Sin embargo, también dentro del selectivo las diferencias son enormes. El sueldo medio más bajo de todos corresponde a Meliá, con sólo 16.000 euros al año, seguido de Cíe Automotive, con 17.000 euros, e Inditex, con 23.000 euros. Por arriba, las cifras son expresivas: un primer ejecutivo del Íbex cobró de media 4,9 millones de euros en 2021, un consejero, 796.399 euros y un alto directivo, 1,06 millones al año.

De vuelta a estas tres empresas concretas, la distancia con el primer ejecutivo se convierte en astronómica: el consejero delegado de Cíe Automotive percibió en 2021 una retribución de 5,9 millones de euros en beneficio bruto de las acciones, mientras que el de Inditex cobró 12,4 millones. Es decir, en el fabricante de componentes para coches el sueldo de su principal ejecutivo es 560 veces el salario medio de sus empleados, y en Inditex lo multiplica por 541.

La integración de las mujeres en los consejos de administración españoles se estanca, según el V Informe La Contribución de las empresas españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las tensiones en la transición hacia la sostenibilidad, elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade, informa

Así, este trabajo pone de manifiesto que el contexto socioeconómico pospandemia se caracteriza por ser un "entorno fragmentado, frágil, y crecientemente inestable" por la disrupción geopolítica de la Guerra en Ucrania, al tiempo que se da un paso atrás en la proporción de mujeres en la empresa, otra variable destacada por la literatura para mostrar una correlación positiva con la gobernanza de la sostenibilidad: "Las mujeres representan el 37% de los trabajadores de la plantilla en el global de empresas analizadas, un dato que se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 5 años. Esta proporción desciende hasta el 27% en el caso de mujeres consejeras y al 22% para las mujeres con cargos directivos".

En declaraciones a Europa Press, Anna María González, directora de proyectos de la Cátedra de Liderazgo y Sostenibilidad de Esade, y coautora del informe, recuerda que la Ley de Igualdad de 2007 impulsó el objetivo de equilibrar el número de hombres y de mujeres pero no lo hizo con carácter obligatorio, si bien reconoce que el mayor impulso se realizó a través de las recomendaciones específicas de la CNMV de alcanzar el 30% de consejeras en 2020, y la actualización presente para alcanzar el 40% de mujeres para finales de 2022.

"El resultado que expone el informe (27% consejeras) puede explicar un primer avance y voluntad de cumplir con el objetivo, pero también la dificultad de revertir esos patrones anclados en el interior de las organizaciones; en especial, cuando se trata de sustituir a miembros representantes del consejo y no de ampliar su composición", reconoce.

En su opinión, a esto se añade la complejidad en la conciliación de la vida familiar y profesional, una política por lo general mencionada pero no descrita en detalle por las empresas, u otros elementos de cultura de trabajo como la preferencia por la presencialidad ("que el teletrabajo podría cambiar"), y "las discusiones informales - pero influyentes- fuera de los espacios de trabajo", aclara.

"Existe el talento suficiente para alcanzar la paridad en los altos puestos, pero es necesario un cambio de mentalidad, de sensibilidad, y de priorización de esta perspectiva para ser implementada de forma efectiva. La introducción de medidas correctivas en los nombramientos de nuevos miembros, posiciones voluntarias de no participar en espacios en los que no haya mujeres, o la incorporación en los estatutos de las empresas podrían ser ejemplos de ello", reseña la experta.

A su vez, este V Informe, elaborado por el Observatorio de los ODS con la colaboración de la Fundación 'La Caixa', pone de relieve el lema "no dejar a nadie atrás" de la Agenda 2030 y menciona que este no solo se refiere a una obligación moral, sino a un coste de oportunidad en el caso de no integrar perfiles diversos en las organizaciones: "Para las empresas es esencial combatir cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, género y/o identidad sexual, para asegurar la igualdad de oportunidades y la existencia de órganos de gobierno equilibrados. Este balance permitirá a las empresas ejercer una gobernanza de la sostenibilidad efectiva en su contribución al desarrollo sostenible".

En este sentido, la experta de Esade recuerda que, con la Ley de 2018 de información no financiera y diversidad, las empresas deben cumplir por primera vez con la obligación de divulgar sus políticas de diversidad, es decir, de igualdad de oportunidades, no discriminación en la contratación, o no discriminación en la retribución salarial.

"Es un concepto que abarca cuestiones de género, y también de discapacidad, raciales o religiosas. La presencia de voces diversas en los órganos de decisión favorece la exposición de múltiples visiones para analizar los impactos de las decisiones que se adoptan, y las contrapartidas de hacerlo, o de no incorporar esta perspectiva. El valor añadido de la diversidad puede residir en incorporar personas con procedencias, perfiles y bagajes diferentes que amplíen el espectro de las discusiones y la contribución de las empresas a la sociedad", valora González.

A su juicio, el coste de no hacerlo puede manifestarse para las compañías en pérdida de talento y de capital humano, de reputación ante sus clientes y de la confianza que depositan los ciudadanos en el sector privado como motor de transformación, especialmente en materia de sostenibilidad.

Por otro lado, el V Informe La Contribución de las empresas españolas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las tensiones en la transición hacia la sostenibilidad pone de relieve que desciende moderadamente el porcentaje de empresas que comunica sobre políticas de igualdad de género.

"Respecto a 2020 ha habido algunas mejoras en cuanto a las empresas que reportan datos sobre igualdad de oportunidades y diversidad en la plantilla. Mientras que en 2020 lo hacía un 89%, y el 32% del total lo hacía de manera ambiciosa, en 2021 reportan el 90% de las empresas, y hasta 36% del total lo hace de modo ambicioso. Sin embargo, han empeorado ligeramente los datos de las empresas que reportan sobre discriminación en la contratación de personal. Vemos que en 2021 el 43% de las empresas reportan de modo general y solo el 4% lo hace de manera detallada (en ambos casos 2 puntos por debajo de 2020)", sostiene.

A su vez, mantiene que empeora ligeramente el reporte sobre la discriminación en la retribución salarial, y en 2021 el 39% de compañías hace referencia a este tipo de políticas de modo intencional, 10 puntos por debajo de 2020, mientras que el porcentaje que lo hace de modo ambicioso pasa del 6% al 5%.

"Es probable que la bajada en la cantidad y la calidad del reporte se deba a la suma de dos factores: un cambio de prioridades en el reporte, que ha llevado a las empresas a ofrecer menos información sobre estas políticas que el año pasado; y después, la incorporación de nuevas empresas a la muestra, de forma que al tratarse de compañías que reportan por primera vez este año es posible que lo hayan hecho con menor calidad", concluye.

Vocento, el grupo que publica el diario Abc y una docena de periódicos regionales, terminó 2021 con unos beneficios de 13,6 millones de euros, con lo que no sólo ha dejado atrás las pérdidas de 2020 –21,7 millones–, sino que además ha más que duplicado sus ganancias prepandemia, que en 2019 alcanzaron los 6,25 millones. Tan buenos resultados se han traducido en un aumento considerable de las retribuciones de los 11 miembros de su consejo de administración, un 29,4% respecto a 2020. Sobre todo, las de su consejero delegado, Luis Enríquez Nistal, cuya remuneración creció el año pasado un 65,3% respecto al anterior. Y un 4,4% en comparación con 2019. Un alza que los trabajadores del grupo tachan de “desorbitado” y han acogido con “indignación”.

En un comunicado que han suscrito las secciones sindicales de CCOO y UGT en todos los periódicos de Vocento, así como las rotativas de Madrid y Bilbao, la plantilla del grupo explica que esos beneficios, por encima de los objetivos marcados para el ejercicio, se deben “en buena parte” a los recortes salariales que ha tenido que sufrir en los dos últimos años. Un “sacrificio”, aseguran, que se cifra en rebajas de sueldo del 7% de media el año pasado y que continuará en el actual. Los trabajadores de Vocento también permanecieron en ERTE durante cuatro meses en 2020. Los dos primeros meses la reducción de jornada y sueldo, del 40%, afectó a 1.300 de los 2.777 empleados del grupo; los siguientes, el recorte fue del 25% pero incluyó a toda la plantilla. En diciembre, además, se ejecutaron una cuarentena de despidos. Según destacan, todos esos recortes han provocado una “importante fuga de talento” en los medios del grupo.

“Creemos que todos los que formamos parte del grupo hemos contribuido a los resultados positivos de la compañía y es de justicia ser tenidos en cuenta ahora que los números empiezan a cuadrar”, argumentan los trabajadores. Por tanto, reclaman la “inmediata recuperación” de las cantidades que Vocento les ha retraído de sus nóminas durante estos dos últimos años.

En 2021 el consejo de administración de Vocento cobró 1,8 millones de euros, según el informe anual de remuneraciones enviado a la CNMV. De esa cantidad, 759.000 correspondieron a Luis Enríquez: 454.000 euros como sueldo fijo y 288.000 como variable. Un portavoz del grupo explica a infoLibre que la diferencia de remuneración entre 2020 y 2021 se debe a que en el primer año los consejeros no cobraron retribución variable. Y que la remuneración ligada a objetivos se la había recortado un 50% el consejero delegado a partir de 2015. Además, desde 2011 se le aplicó otra rebaja del 17% al sueldo fijo. “Esa parte variable no es un bonus, sino la misma que reciben todos los empleados que cobran ese tipo de remuneración en el grupo”, añade. El portavoz asegura que los salarios recortados en 2021 y 2022 se recuperarán a partir de 2023.

En cualquier caso, la nómina total del consejo también supera en casi un 16% la retribución total percibida en 2019, antes de la pandemia, cuando sus 11 miembros sí cobraron la parte variable.

Por lo que respecta a la cúpula directiva del grupo, se embolsó 2,07 millones de euros el año pasado, un 7,8% menos que en 2020 y un 4,9% menos que en 2019.

En comparación, el salario medio de la plantilla de Vocento ascendió a 39.391 euros anuales el año pasado, por lo que subió un 1,08% respecto a 2020 pero aún es un 4,26% inferior a la remuneración media anterior a la pandemia.

En 2021 el grupo recortó sus gastos de personal en un 5% en relación con el ejercicio precedente y cifra en cuatro millones el coste de los dos ERTE de 2020.

El año pasado, las ventas de ejemplares de Vocento cayeron un 3,7%, menos que el 9,1% de 2020, mientras que sus ingresos por publicidad mejoraron un 4,8%. Los ingresos digitales crecieron un 18% y el número de suscriptores digitales, un 43%. Así, cuentan ya con 89.000. El objetivo es alcanzar los 250.000 en 2026.

El Abc, periódico de cabecera del grupo, obtuvo en 2021 unos beneficios de 812.000 euros, lo que mejora los números rojos de 4,42 millones registrados el ejercicio anterior. El conjunto de los diarios regionales sumó unas ganancias de 30,91 millones, una cifra que también supone un considerable avance respecto de las pérdidas de 11 millones de 2020. Las revistas siguieron la misma evolución: ganaron 1,42 millones de euros, casi cinco veces más que en el peor año de la pandemia.

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) pasó en 2020 el peor año de su historia mientras hacía frente a la pandemia del siglo. Con una incidencia y letalidad disparadas en la primera ola, Madrid tiene el segundo mayor número de positivos y ha encabezado la de hospitalizados por cada 100.000 habitantes, además de haber sido la segunda comunidad autónoma en ingresos en UCI. También es la que más fallecidos suma –supera los 16.000, según la última actualización del Ministerio de Sanidad– de toda España. Sobre todo, en los geriátricos, donde ha alcanzado la mayor ratio de fallecidos por plazas ofertadas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el Sermas ha terminado el ejercicio con el mejor resultado económico desde hace años. Un superávit de 821,3 millones de euros, según las cuentas anuales que el viceconsejero Zapatero presentó en el consejo de administración del organismo el pasado 24 de mayo y a las que ha tenido acceso infoLibre. Las cifras llaman más la atención si se comparan con los números rojos de 886,85 millones con que cerró 2019. El Sermas no había cerrado con unas cifras tan abultadas ni siquiera en los años en que acabó el ejercicio en negro. Según los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, en 2018 ganó 43,85 millones, en 2017 57,27 millones y en 2016, 11 millones de euros. En 2015 perdió 192 millones.

En su memoria financiera, el Sermas se limita a explicar la causa de ese resultado positivo con la obviedad de que “los ingresos han sido superiores a los gastos”, y ello pese al aumento experimentado por estos últimos. En efecto, los ingresos totales del Sermas crecieron en 2020 un 32,06%, pues sumaron 2.782,46 millones más que en el ejercicio anterior. A su vez esa alza se debe a que las transferencias y subvenciones se elevaron un 22,72%: 1.955,61 millones más que en 2019. Otra partida que creció el año pasado fueron los “excesos de provisiones”, que alcanzaron los 837,12 millones de euros.

Por su parte, los gastos totales ascendieron a 10.638,85 millones, un 11,23% más que en 2019. De ellos, corresponden a gastos de personal 3.965,37 millones de euros, por lo que aumentaron un 7,88% en el ejercicio de la pandemia. También aumentaron los aprovisionamientos, una factura de 4.065,68 millones de euros que creció un 18,6%, más del doble que los gastos de personal.

infoLibre ha preguntado a la Consejería de Sanidad por estos números, también por el origen del superávit y el motivo por el cual no se gastó todo el dinero disponible en un año tan atípico. La primera respuesta del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero fue asegurar que las cuentas anuales por las que se preguntaba eran “un montaje” y que las cifras aportadas no eran las “oficiales”. Un portavoz de la consejería señaló que ni el logo ni el nombre del departamento que figuraban en ellas eran los auténticos. Sin embargo, los metadatos de los documentos a los que ha tenido acceso este periódico indican que fueron creados el 20 de mayo de 2021 –cinco días antes del consejo de administración del Sermas, por tanto– a las 9:41:14 de la mañana por María Luisa Martín del Burgo Carrero, de la Subdirección General de Gestión Económica, que firmó las cuentas del Sermas de 2016 como empleadas del Servicio de Contabilidad Financiera y Balances.

En otra respuesta posterior, Sanidad reconoce que en 2020 “pudo” haber superávit “como ocurrió en 2017 y 2018”. Tras requerirle un poco más de precisión, la consejería sólo explica las diferencias entre contabilidad financiera y presupuesto, “dos instrumentos contables con técnicas y criterios distintos”, apunta. “Hay conceptos que se consideran en la contabilidad financiera y no se reflejan en el presupuesto”, indica Sanidad, para luego precisar que el aumento de los ingresos, tal y como aparece en el presupuesto, superó los 2.000 millones de euros y los ingresos reflejados en la contabilidad financiera incluyen conceptos no incluidos en el presupuesto, como los excesos de provisiones de años anteriores. También dice la consejería que la liquidación del presupuesto no incluye “una serie de gastos extraordinarios, realizados por declaración de emergencia”, que sí aparecen en la contabilidad financiera. Por ejemplo, añaden el aumento de existencias.

Presupuesto y contabilidad financiera

Pero la consejería no contesta en ningún momento sobre el resultado positivo del ejercicio y su origen [al final de esta información se reproducen las preguntas planteadas por este periódico que no respondió]. Un apunte que, como queda dicho, aparece reflejado en la cuenta de resultado económico-patrimonial, que recoge el aumento de los ingresos como los gastos en aprovisionamientos que cita Sanidad. infoLibre ha tenido acceso tanto a la cuenta del resultado económico patrimonial –que la Intervención General del Estado (IGAE) define en sus Principios Contables Públicos como “la variación de los fondos propios” de una entidad producida “como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria”–, además del balance y la memoria financiera del Sermas en 2020.

Todos ellos fueron los documentos que Sanidad distribuyó el pasado mayo entre la veintena de personas que se sientan en el consejo de administración del organismo. Y que incluyen a ocho directores generales de la consejería, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, presidentes y decanos de seis colegios oficiales de médicos y otros profesionales sanitarios, representantes sindicales y un catedrático de Farmacología.

Para luchar contra la pandemia, las comunidades autónomas recibieron un total de 16.000 millones de euros del fondo covid-19. De la cantidad total, 9.000 estaban destinados a gasto sanitario. A Madrid le correspondieron 3.346 millones, el mayor importe, seguidos de los 3.166 millones concedidos a Cataluña. Para sanidad, Madrid recibió 2.110 millones de euros. Según detalló el pasado marzo en la Asamblea de Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, la Comunidad de Madrid ha destinado a sanidad 1.833 millones.

Gracias a ese dinero, las transferencias recibidas por el Sermas el año pasado crecieron un 22,72%, hasta alcanzar 10.563 millones de euros. Son fondos de carácter finalista, por lo que no se pueden aplicar a otros destinos, como financiar deuda, por ejemplo. En la memoria que el Sermas ha publicado en internet, asegura que ha ejecutado el 95,43% del presupuesto. En 2019 la ejecución fue mayor: el 99,54%.

Otras comunidades lo gastaron todo

A diferencia de Madrid, los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas sí han sentido el impacto del covid en sus cuentas. Osakidetza, la sanidad pública del País Vasco, concluyó 2020 con unos números rojos de 177,52 millones de euros. Aumentó sus gastos casi un 8%, hasta los 3.211,67 millones, respecto al ejercicio anterior, mientras que sus ingresos sólo lo hicieron un 2%. De los 236,75 millones en que crecieron sus gastos en 2020, el 91%, 215 millones, fueron gastos inducidos por la pandemia. El País Vasco recibió 481 millones del fondo covid-19.

Cataluña, que consiguió 1.721 millones del fondo, dice haber ejecutado el 99,65% de un presupuesto final de 13.144 millones de euros, tras aumentarlo un 38,9% por la pandemia. Sus cuentas arrojan un resultado negativo de 33,9 millones de euros.

Para Castilla y León fueron 545 millones del fondo covid. Con un presupuesto definitivo de 12.666 millones –aumentado en un 17,8% por el covid– del que ha ejecutado el 97,74%, tiene unos números negativos de 335,47 millones de euros.

Andalucía –990 millones del fondo estatal– ha ejecutado el 99% de su presupuesto, tras aumentarlo un 15,5% por la pandemia, hasta los 11.634 millones de euros. Castilla-La Mancha, que ha ejecutado sólo el 88,32% de su presupuesto final, arroja un resultado negativo de 10 millones de euros.

El Pleno del Tribunal Constitucional considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no justificó la "urgente necesidad" del nombramiento de la periodista Rosa María MateoRosa María Mateo como administradora única provisional de la Corporación RTVE en 2018, según informa Europa Press.

En una sentencia hecha pública este viernes, el alto tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado tercero del artículo único, y la disposición final primera del Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente, modulando el alcance de los efectos de dicha declaración.

Según ha informado el TC, en relación con la disposición final primera, el Constitucional basa su declaración de inconstitucionalidad en que la causa justificativa del Decreto-ley -—la situación de extraordinaria y urgente necesidad— ha de ser explicitada por el propio Gobierno para tener por válida la asunción gubernativa de la potestad legislativa, de modo que la carencia de tal justificación determina que no pueda apreciarse la concurrencia del presupuesto habilitante.

Respecto a la impugnación del apartado tercero del artículo único, esta se basaba en la falta de respeto de los límites materiales impuestos a la aprobación de un decreto ley en el artículo 86.1 de la Constitución.

La Carta Magna establece en este artículo que, "en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

En este sentido, el Pleno asume que tales límites no han sido respetados por cuanto las previsiones del apartado tercero, relativas al presupuesto subsidiaria de nombramiento por el Congreso de los Diputados de los cuatro miembros del consejo de administración que corresponde designar al Senado, privan a la Cámara Alta de su potestad de designación y, con ello, de una de las manifestaciones del control que dicha cámara ha de desarrollar en cumplimiento del artículo 20.3 de la Constitución.

Este artículo establece que "la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España".

Por tanto, el Tribunal Constitucional declara que, al afectar el decreto ley a lo previsto en el artículo 20.3 Constitución, incurre en la prohibición de afectar "a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I" que contempla el artículo 86.1 Constitución.

"Los efectos de sendas declaraciones de inconstitucionalidad son meramente declarativos al regular los dos preceptos afectados regímenes transitorios que han dejado de desplegar, al día de la fecha, efectos sobre el ordenamiento", ha aclarado el alto tribunal.

Votos particulares

No obstante, el fallo contiene cuatro votos particulares. El primero formulado por el magistrado Andrés Ollero, al que se adhiere la magistrada y vicepresidenta del Tribunal Encarnación Roca, considera que la sentencia aprobada por la mayoría da a entender que el control parlamentario previsto en el artículo 20.3 de la Constitución debe ser bicameral (Congreso y Senado), lo que convertiría en inconstitucional la previsión que hurta al Senado su capacidad de elección.

En su opinión, el problema es otro; el control ha quedado reservado a una ley que habría de ser parlamentaria, dada la singularidad de la materia, lo que simplemente llevaría consigo la exclusión del recurso al decreto-ley.

Por su parte, la magistrada María Luisa Balaguer, a la que se adhiere el magistrado Juan Antonio Xiol, constata en su voto que se ha producido un cambio de jurisprudencia inadecuadamente justificado en la sentencia del Pleno, respecto de las SSTC 103 y 150/2017, a las que presentó en su día los oportunos votos particulares, a cuyo contenido se remite.

Asimismo, el voto particular formulado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón explica que no es correcta la caracterización que hace la sentencia, aprobada por la mayoría, de la previsión constitucional relativa al control parlamentario de los medios públicos de comunicación recogida en el art. 20.3 CE. En su opinión, es evidente que en tal previsión de la norma fundamental no se recoge un derecho fundamental sino un mandato dirigido al legislador, como recuerda la doctrina constitucional.

Desde su punto de vista, la sentencia puede llevar a la confusión, ya que el art.20.3 CE tiene dos partes diferenciadas. Una, el control parlamentario de los medios públicos y otra, la garantía del acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado de los grupos sociales y políticos significativos. Sólo el segundo es un derecho fundamental; el primero es un simple mandato, que puede ser regulado a través de un decreto-ley.

Por tanto, no sería correcto fundar la inconstitucionalidad del Decreto-ley impugnado que regula el control parlamentario de los medios públicos en la contravención del límite recogido en el art. 86.1 CE cuando dispone que los decretos-leyes no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, pues no se ha afectado derecho fundamental alguno.

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos (UP), han vuelto a dividirse por cuestiones económicas, tras esgrimir públicamente sus diferencias en pensiones o en el alcance de la reforma laboral. En este caso, se trata de una propuesta de UP en el Congreso sobre la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas cotizadas, un centenar largo entre las que forman parte del Ibex 35 y el resto, que opera en las bolsas de Madrid, Barcelona, València y Bilbao. 

Los morados presentaron en diciembre pasado una enmienda a la Ley de Sociedades de Capital –que tramita el Congreso de los Diputados de manera urgente– según la cual las empresas cotizadas deben facilitar a través de sus estatutos la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía mediante la entrada de estos en el consejo de administración. Esto se traduce en el control de un mínimo del 10% del accionariado de dicha empresa, o bien por la compra de autocartera o por ampliaciones de capital. 

"La implicación de los empleados en los asuntos de una empresa puede adoptar la forma de información, consulta y participación en el consejo", reza la enmienda, pero "también con formas de participación financiera, en concreto con la posibilidad de que los empleados se conviertan en accionistas".

Pero el PSOE a priori va a rechazar la enmienda, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía en el que se valoran las propuestas de todos los grupos políticos. Los socialistas han propuesto cambiar el plan de participación de UP -que afectaría, según sus impulsores, a las firmas cotizadas con 50 o más empleados- por "hacer referencia a las obligaciones de información sobre los mecanismos y procedimientos con los que cuentan para fomentar la participación de los trabajadores". Economía eleva el alcance de su propuesta a empresas con 250 o más trabajadores. 

Larga tradición en la UE

Según el argumentario del ministerio que tutela la vicepresidenta Nadia Calviño, el cambio de la enmienda "trata de evitar la litigiosidad que podría derivarse de la imposición de una obligación con poca concreción en su alcance, contenido y procedimientos de exigibilidad y supervisión". 

UP se apoya en el Libro Verde de la Comisión Europea, publicado en 2012, y en prácticas similares que ya se dan en países europeos, encabezados por Alemania y su Mitbestimmung (co-gestión, co-decisión), pero también en otros como Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Noruega o Francia. En este último país se aprobó en 2019 la Loi Pacte, que prevé el refuerzo de la participación de los empleados en las empresas con al menos 1.000 asalariados. 

Entre las medidas que el Libro Verde del Ejecutivo comunitario lanzara hace ya nueve años se recogen "formas de participación financiera, particularmente que los empleados se conviertan en accionistas". "La propiedad de las acciones por parte de los empleados tiene una larga tradición en algunos países europeos", dice el informe. "Estos esquemas son considerados como herramientas para aumentar el compromiso y la motivación de los trabajadores, así como elevar la productividad y reducir la tensión social". Igualmente, la Comisión identifica "riesgos": "Si la empresa quiebra, los accionistas pueden perder tanto su trabajo como sus ahorros". 

El fondo de Qatar, con IG Metall

En España la entrada de los trabajadores en los consejos de administración solo se produce en empresas públicas vía sindicatos, caso de Renfe o Adif. En ningún otro caso los empleados pueden acceder al máximo órgano de dirección empresarial, trátese de una empresa cotizada o no. La Constitución Española recoge en su artículo 37 el "derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". Pero también dice en otro artículo más olvidado, el 129, que los poderes públicos "establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". La formación morada fundamenta su enmienda en esta segunda concepción. 

El modelo alemán es el más reconocido desde los años de posguerra. Sucesivas leyes han ido reforzando ese derecho de los trabajadores, hasta la última de 2009 impulsada por el Gobierno de coalición CDU-SPD con Angela Merkel al frente de la Cancillería. Las empresas con más de 500 empleados deben crear una suerte de consejo de vigilancia o supervisión con representación de los trabajadores; dicha representación llega a un tercio si la firma tiene hasta 2.000 asalariados, y a partir de esa cifra los representantes de los trabajadores deben ser la mitad. Una de las empresas más icónicas es Volkswagen: en la automovilística coinciden en dicho consejo desde representantes del fondo soberano de Qatar (accionista) hasta miembros del poderoso sindicato IG Metall. 

Los partidos que conforman el Gobierno no han querido hacer declaraciones. En el grupo socialista aseguran que hay que esperar a que se cumplan los trámites y a que se constituya la ponencia. Dicha ponencia verá la luz a finales de febrero como pronto, según los consultados. La enmienda en cuestión la presentaron los diputados de UP Txema Guijarro y Roberto Uriarte, según el diario de sesiones del Congreso. 

El consejo de administración de Prisa ha incorporado a dos nuevos miembros en sustitución de Javier Monzón, su presidente hasta el pasado viernes, y de Sonia Dulá, que dimitió por motivos personales ese mismo día. Se trata de Rosauro Varo y Javier Santiso, que han sido nombrados a propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones pero, según explican fuentes de Prisa a infoLibre, en realidad por iniciativa del presidente no ejecutivo en funciones, Joseph Oughourlian, el dueño de Amber Capital, que es el principal accionista del grupo, y con el apoyo de Telefónica. Oughourlian fue quien planteó en la junta general de accionistas del pasado viernes la destitución de Javier Monzón y el operador telefónico el que respaldó la iniciativa.

La nueva etapa en Prisa arranca enseguida con la entrada de dos nuevos perfiles que, según resalta el propio grupo en un comunicado, aportan las “aptitudes profesionales y personales” requeridas para los próximos tiempos: “transformación digital, emprendimiento, renovación generacional y participación activa en el ámbito de la cultura”. Varo, empresario y profesor de un máster universitario, tiene 49 años, y Santiso, que trabajó en Telefónica y en la OCDE, además de escribir libros y firmar columnas en El País, tiene 51.

Ambos nombramientos deberán ahora ser ratificados en la primera junta general de accionistas que se celebre. De momento, el consejo está embarcado en el plan de sucesión del presidente no ejecutivo. Oughourlian se mantiene como presidente mientras se le busca un sustituto permanente, al tiempo que presidirá también la comisión delegada. A ella se han incorporado tanto Javier Santiso como Béatrice de Clermont-Tonnerre, quien ha sido designada consejera coordinadora. Además, Santiso formará parte de la comisión de nombramientos y Varo de la de auditoría.

De la FNAC a Pepephone

Javier Santiso también se sienta en el consejo de administración de FNAC Darty y es consejero delegado del fondo de capital riesgo Mundi Ventures. Tiene las nacionalidades francesa y española, y tras comenzar en el BBVA ejerció como director general de la OCDE, cuya sede central está en París. Además de en Telefónica, trabajó en Khazanah, el fondo soberano de Malasia, y en Axiata Digital, una empresa asiática de telecomunicaciones. Este año ha publicado una novela (Un sol de pulpa oscura) y el próximo publicará otra (Vivir con el corazón). También edita y traduce obras de poesía y colabora en diferentes proyectos con pintores, desde Rafael Canogar hasta Charles Villeneuve.

Rosauro Varo lleva 20 años siendo empresario. Fue vicepresidente de PepePhone, operadora de móvil de bajo coste en manos de MásMóvil desde 2016, y hoy preside GAT Inversiones. Además, es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur). Antes de llegar a Prisa, Varo formaba parte del consejo de administración de El León de El Español Publicaciones, la editora de El Español, que dirige Pedro J. Ramírez. Da clases en el Máster de Finanzas y Banca de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y se sienta en el patronato de la Fundación Alalá, que desarrolla proyectos de integración social en el sur de España.

La Junta General de Accionistas del Grupo Prisa aprobó el pasado viernes crear un nuevo bonus, una retribución variable más, para su consejero delegado, Manuel Mirat, y los miembros de su alta dirección. Se trata de un “incentivo extraordinario” que la empresa vincula al “éxito de operaciones estratégicas clave para los intereses del grupo”. En concreto, menciona la venta del negocio en España de Santillana y la renegociación de la deuda, que también fueron aprobadas en la misma reunión virtual de la junta de accionistas. A Mirat se le podrá retribuir por este nuevo concepto hasta un máximo de dos veces su remuneración fija anual, que asciende a 500.000 euros. Mientras, Prisa ha aplicado ERTE, suspendiendo contratos y reduciendo jornadas y sueldos hasta un 11%, a las plantillas de sus dos medios de comunicación más importantes, El País y la Cadena Ser. Hasta septiembre, el grupo sufre unas pérdidas de 209 millones de euros, tras reconocer que la pandemia del covid-19 le ha supuesto una merma de 166 millones de euros en sus ingresos.

Las medidas de ahorro por la crisis del coronavirus también incluyeron una rebaja de retribuciones para los miembros del consejo de administración de Prisa, que se recortaron entre un 20% y un 35% sus sueldos este año. Mirat renunció a cobrar su retribución variable de 300.000 euros.

Sin embargo, en 2021 tanto el consejero delegado como los altos directivos del grupo podrán ser recompensados con este nuevo bonus, en metálico y no consolidable, si así lo decide el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, con el fin de “incentivar y premiar su desempeño” en la negociación y ejecución de “operaciones corporativas relevantes” como las dos citadas. Incluso una parte también “relevante” del incentivo podrá estar ligado a lo que suba la acción de Prisa “frente a un grupo de empresas comparables” como consecuencia de esas operaciones.

La venta del negocio español de la editorial Santillana al grupo finlandés Sanoma se cerró por 465 millones el pasado mes de octubre, lo que le sirve a Prisa para amortizar parte de su abultada deuda. De hecho, ha firmado un contrato de compromisos básicos, ya aceptado por todos los acreedores del banco, para reestructurar 400 de los 1.148 millones que debe, ampliar hasta 2025 sus plazos de vencimiento y obtener una liquidez de 275 millones, a cambio de reducir su apalancamiento neto un cuádruplo en 2023. El grupo llevaba años intentando vender Santillana. En 2017 incluso recibió ofertas de tres fondos de inversión, Rhone Capital, Carlyle y Pai Partners, pero por un precio inferior al que pretendía Prisa, 1.500 millones de euros por todo el conglomerado editorial, que tiene en América Latina la parte del león de su negocio. De momento, sólo ha vendido su sección española, con la que el grupo pierde la fuente de más de la mitad de sus ingresos y de 175 de los 242 millones de su resultado bruto de explotación.

Al anunciarse estas operaciones, la acción de Prisa se revalorizó sustancialmente, hasta un 22%, pero no ha abandonado la zona más baja de las cotizaciones. Más aún subió cuando se conoció la oferta del empresario asturiano Blas Herrero, finalmente rechazada, para comprar los medios de comunicación del grupo. Pero sólo superó el euro la pasada semana, cuando la junta de accionistas destituyó a Javier Monzón de la presidencia. Esta semana ha vuelto de nuevo a los 90 céntimos.

La propuesta del consejo de administración aprobada el pasado viernes en la junta no detalla cómo cobrará el incentivo la alta dirección de Prisa ni qué miembros concretos de ésta tendrán acceso al nuevo bonus. Según el último informe anual del gobierno corporativo que el grupo remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), once altos directivos no son a la vez consejeros ejecutivos –el único es Manuel Mirat–. Todos ellos, miembros del comité de dirección, cobraron en 2019 la suma de 4,22 millones de euros: el director editorial, Augusto Delkáder; el director financiero, Guillermo de Juanes; el director de Control de Riesgos, Jorge Bugía, el de Comunicación, Jorge Rivera, y los consejeros delegados de Prisa Radio y Prisa Noticias, Pedro García Guillén y Alejandro Martínez Peón son algunos de ellos.

Un máximo de 1,89 millones

Como consejero delegado, Manuel Mirat percibe medio millón de euros de retribución fija, más otra variable a corto plazo de 300.000 euros, que puede elevarse a 390.000 euros si cumple los objetivos marcados –cuantitativos y cualitativos– en un 130%. Además, tiene por contrato otra compensación variable a medio y largo plazo que recibe en acciones hasta un máximo de 2,8 millones de títulos. Esta parte de su remuneración depende de lo que suban las acciones del grupo en un determinado plazo, así como de si alcanza los objetivos de Ebitda (resultado de explotación) y de cash flow. Es decir, sumadas la parte fija, más el máximo de la variable a corto y el nuevo incentivo extraordinario, sin contar las acciones, en 2021 Mirat puede llegar a percibir hasta 1,89 millones de euros. 

Este año recibirá 462.500 euros, tras recortar su retribución fija y renunciar a la parte variable. En 2019 cobró 506.000 euros y en 2018, 858.000. Su contrato, de septiembre de 2017, le permite también disfrutar de un blindaje en caso de que se le despida de 18 meses de su retribución fija y variable, así como de un pacto de no competencia de seis meses de su último salario fijo. Además de un seguro de vida, otro de salud y un coche con chófer.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Prisa tiene estipulada una retribución fija de entre 300.000 y 500.000 euros. Manuel Polanco, que ocupó el cargo entre enero y diciembre de 2018, ingresó medio millón; Javier Monzón, su sustituto hasta el pasado viernes, 400.000 euros, que se quedaron finalmente en 340.000 euros tras rebajárselo un 15% por el covid.

Por debajo de la mediana del ÍBEX 35

En total, las retribuciones de los consejeros no ejecutivos de Prisa en 2019 sumaron 1,508 millones de euros, 77.000 euros menos que en 2017, de acuerdo con las cifras aportadas en el informe remitido a la CNMV. Si a ese número se le añade la remuneración del consejero delegado, la nómina completa se eleva a 1,96 millones. Cuando dejó el cargo, Polanco recibió además otros 230.000 euros por el pacto de no competencia, que le impide trabajar en empresas de la competencia durante seis meses.

Cada consejero no ejecutivo cobra 70.000 euros al año –en 2020 se recortaron hasta 59.505–, más otros 30.000 los consejeros que participan en la comisión delegada o bien 20.000 más si son miembros de la comisión de retribuciones o de auditoría. Los que las presiden doblan su remuneración hasta los 40.000 euros anuales. Pero no ingresan dietas por asistir a las reuniones.

En su informe a la CNMV, Prisa se remite a un estudio elaborado por la consultora estadounidense Korn Ferry para asegurar que las retribuciones percibidas por su consejero delegado se sitúan por debajo de la mediana de otras empresas con ingresos y capitalización bursátil similares. Es más, destaca que la remuneración fija de sus consejeros no ejecutivos se encuentra por debajo de la mediana de los consejeros de las compañías del ÍBEX 35.

La junta general de accionistas de Prisa reeligió este lunes como presidente de su consejo de administración a Javier Monzón. Obtuvo el 62% de los votos, pero también la abstención del principal accionista del grupo, el fondo Amber Capital. Además, un 1,2% de los votos rechazó la continuidad de quien también es presidente no ejecutivo de Openbank, la filial online del Banco Santander. Su permanencia al frente del principal grupo de comunicación español no significa, sin embargo, que la batalla que lleva meses librándose en el seno del consejo de administración de Prisa se haya cerrado. Más bien, que los dos principales actores en la pugna, Amber Capital y Banco Santander, han alcanzado una tregua sobre la gestión de la compañía, en plena crisis del coronavirus, que mantiene en el aire el futuro de Javier Monzón e incluye la venta de la joya educativa de Prisa, Santillana, para rebajar la abultada deuda del grupopara rebajar la abultada deuda del grupo.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el final de la contienda sólo se ha aplazado. Haber hecho caer a Monzón este lunes tampoco hubiera tenido mucho sentido, aclaran, puesto que, sin un candidato para sustituirle, el puesto habría recaído en el vicepresidente no ejecutivo, Joseph OughourlianJoseph Oughourlian, fundador y presidente de Amber Capital, además de principal antagonista de Monzón en el consejo. Un reemplazo que habría suscitado el obvio rechazo del Banco Santander, apoyo fundamental sobre el que se sienta el también expresidente de Indra.

En la lidia, revelan las mismas fuentes, es Telefónica quien está actuando de árbitro. Con un 9% del capital, si la compañía de José María Álvarez-Pallete se acerca al lado de Oughourlian, que cuenta con el 29,8% de las acciones, Monzón tendría que irse. Banco de Santander sólo posee el 4,1%. De forma que no es descartable que en no demasiado tiempo regresen los movimientos de sillas al consejo: bastaría con convocar una junta extraordinaria de accionistas o incluso con forzar la dimisión de Javier Monzón. De momento, Amber ha decidido abstenerse, en lugar de votar en contra de reelegir al presidente del consejo, como clara señal de sus dudas acerca de la gestión desarrollada en Prisa pero sin derramar aún toda la sangre.

Oughourlian sólo consiguió, pues, el apoyo del resto de los fondos con acciones en Prisa: Melqart Asset Management (3,6%), Vanguard (1,6%) y Polygon (1%). Enfrente y apoyando a Monzón se mantienen, además del Santander, la familia Polanco, los empresarios mexicano Roberto Alcántara, Carlos Slim y Carlos Fernández González, el banco británico HSBC y el jeque catarí Jalid Thani Abdulá Al Thani. El presidente de Amber quiere un cambio en la gestión del grupo que, entre otros asuntos, incluye la venta de Santillana, que en 2019 fue la responsable de más de la mitad de los ingresos del grupo y de 175 de los 242 millones de su resultado bruto de explotación. Su venta debería servir para aliviar parte de la cuantiosa deuda de Prisa, como dejó claro este lunes el propio consejero delegado, Manuel Mirat, en su discurso a los accionistas, tras mencionar también la reciente venta del 30% de Media Capital, su empresa de comunicación en Portugal.

El valor nominal de la acción, 10 céntimos

La situación económica del grupo no da para muchas alegrías. De hecho, el más importante punto económico del orden del día era este lunes la reducción de las reservas y del capital social para compensar pérdidas. Unos números rojos acumulados de ejercicios anteriores que sumaban hasta este lunes 705,09 millones de euros. Para eliminarlas ha sido necesario dejar la acción de Prisa en sólo 10 céntimos, justo cuando se cumplen 20 años de su salida a Bolsa, el 27 de junio de 2000. Entonces, el precio de salida de la acción fue de 20,80 euros, lo que suponía valorar el grupo en 4.551 millones de euros. Hoy su capital social es de sólo 70,8 millones. Este lunes, tras subir su cotización casi un 5,5% tras la junta y alcanzar un valor de 49 céntimos, la capitalización de Prisa apenas supera los 350 millones de euros. Nunca las acciones de Prisa estuvieron tan bajo.

Por el contrario, su deuda, que llegó a superar los 5.000 millones de euros en 2008 y 2009, se eleva a 1.061 millones, por lo que triplica su valor en Bolsa.

La reducción de capital, obligada por ley, ha sido una operación en cuatro fases. Primero se han compensado 469,97 millones de euros de pérdidas utilizando la prima de emisión de 254,18 millones, así como todas sus reservas voluntarias, 197,72 millones, y su reserva legal, otros 18,07 millones más. A continuación, Prisa ha rebajado su capital social recortando el valor nominal de sus acciones de 0,94 a 0,48 euros, lo que se equivale a una reducción de 320,76 millones. Así ha conseguido dejar en cero las pérdidas acumuladas.

Pero para recuperar la reserva legal, la junta ha aprobado una segunda reducción del capital social, recortando un poco más la acción, hasta los 0,47 euros, lo que se traduce en una rebaja de 7,08 millones. Finalmente, se ha ejecutado una tercera reducción, por importe de 267,41 millones adicionales, dejando la acción en sólo 0,10 euros. 

En total, el recorte del capital social de Prisa asciende a 595,26 millones. La ley obligaba al grupo a efectuar esta operación, ya que debía restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Cuando el pasado mayo Prisa presentó los resultados del primer trimestre, el grupo reconoció que su patrimonio neto era inferior a las dos terceras partes del capital social, por lo que se encontraba “en una situación de desequilibrio patrimonial a los efectos de la obligación de reducir el capital social en el plazo de un año, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital”.

Pérdidas de 182,3 millones en 2019

En el primer trimestre, Prisa perdió 26,1 millones de euros, mientras que en todo 2019 los números rojos se elevaron hasta los 182,3 millones. De esa cifra, 6,4 millones corresponden a Prisa Noticias y de éstos, a su vez, son imputables al diario El País 5,36 millones de euros.El País

Con un impacto negativo de la crisis del covid-19 en los ingresos que el grupo ha calculado en 25,5 millones de euros, Prisa ha puesto en marcha un plan de contingencia hasta diciembre de 40 millones de euros que incluye recortes de salarios para la plantilla. La empresa emplea a 8.951 trabajadores en todo el mundo, de los que 3.097 se encuentran en España.

Esas bajadas de sueldo también afectan a sus consejeros y máximos ejecutivos. Los primeros se han reducido las retribuciones en un 20%, y los segundos, en un 10%. Así, el presidente no ejecutivo, Javier Monzón, cobrará este año como remuneración fija 340.000 euros, mientras que Manuel Mirat percibirá 462.500 euros este año.

“No representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés”o representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés

Además, la junta general, que se ha celebrado de forma telemática, ha aprobado las cuentas del grupo y el nombramiento de un nuevo auditor para los próximos tres ejercicios: Ernst & Young sustituirá a Deloitte.

El resto de los consejeros cuya reelección se sometió al escrutinio de los accionistas fueron también ratificados: los independientes Javier de Jaime y Sonia Dulá, el dominical Joseph Oughourlian, (Amber Capital), Manuel Polanco y el jeque catarí Jalid Thani Abdulá Al Thani. El exministro de Comercio Javier Gómez-Navarro ha dejado a petición propia su puesto, que será amortizado. De esta forma el consejo de administración reduce a 12 el número de sus miembros.

Cuestión aparte son las implicaciones políticas de los cambios de sillón en el consejo, aireadas tras la salida de Soledad Gallego-Díaz de la dirección de El País hace sólo unos días y el regreso de Javier Moreno. Mirat quiso desmentirlas en la junta general: “Nosotros no representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés. Ejercemos el periodismo en su más noble, clásica y comprometida acepción, aunque muchas veces no seamos comprendidos, e incluso seamos atacados. En la historia de esta casa ha habido muchos intentos de ese estilo y siempre han prevalecido la consistencia y la fuerza de nuestros fundamentos. Y así continuamos”.

El nombramiento como consejeros independientes de Enagás de los exministros socialistas José Montilla y José Blanco, así como de Cristóbal Gallego, miembro del Observatorio Crítico de la Energía y afín a Unidas Podemos, ha recuperado la atención pública para las puertas giratorias, una práctica inveterada de políticos y grandes empresas. Enagás, propiedad en un 5% del Estado a través de la SEPI, no ha hecho más que reincidir en una vieja costumbre. Ya en 2014 metió en su consejo de administración de una tacada a dos exministras del PP, Isabel Tocino y Ana Palacio, al ex presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha, al ex director general de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy Luis Valero y al expresidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Gonzalo Solana, luego miembro de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro. Entonces gobernaba el Partido Popular. Hoy, con el PSOE al mando, Enagás ha optado por dar otro color a su consejo utilizando idéntico método que hace seis años, convertir a expolíticos en consejeros independientes. Y en ambos casos asegura que para seleccionarlos ha recurrido a los servicios de una empresa externa.

La lista de políticos y empresas enredadas en las puertas giratorias es larga y está repleta de nombres de primera línea. Desde Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) hasta Rodrigo Rato (Telefónica, Santander), Ángel Acebes (Bankia, Iberdrola), Elena Salgado (Endesa), Josep Borrell (Abengoa), Luis de Guindos (Endesa), Miguel Boyer (CLH, Red Eléctrica), Rodolfo Martín Villa (Endesa), Nicolás Redondo (FCC)...

Pese a los cambios normativos y a la cada vez mayor sensibilidad pública hacia los comportamientos corporativos tras la última crisis, las grandes empresas siguen sentando a ex altos cargos en sus máximos órganos de dirección, independientemente de su valía técnica, mientras los políticos parecen incapaces de resistirse a la llamada de los gigantes del ÍBEX 35. No importa el partido.

Cuando el pasado martes los periodistas le preguntaron al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, por los nombramientos en Enagás, se limitó a apelar a la “responsabilidad” del consejo de administración, la junta de accionistas y la comisión de nombramientos de las empresas, y dejó el juicio sobre su idoneidad en manos del mercado. “Nosotros respetamos lo que hacen esos órganos y el mercado tiene en cuenta el tipo de gobierno corporativo de las compañías a la hora de valorarlas”, resumió.

Como, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó los nombramientos por el hecho de que hubieran sido propuestos por uno de los principales accionistas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Albella se remitió también a la Guía Técnica sobre Comisiones de Nombramientos y Retribuciones, publicada por la CNMV el año pasado. “La guía tiene un apartado en la que se admite como algo aceptable o incluso natural que los consejeros dominicales [designados por los accionistas] o los accionistas significativos propongan nombres de consejeros”. Aunque esa guía también advierte de que en esos casos debe “extremarse la cautela”, matizó a continuación.

Un artículo sobre el que no tiene competencias

Lo cierto es que desde que la nueva Ley de Sociedades de Capital, tras su reforma en 2014, estableció los requisitos para ser consejero independiente, el campo que tienen las empresas para sentar en sus consejos a personas inadecuadas debería haberse restringido. Deben ser designados “en atención a sus condiciones personales y profesionales” y ser capaces de “desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La ley obliga a empleados o consejeros ejecutivos de la propia empresa a esperar tres y cinco años, respectivamente, para optar a esos puestos. Tampoco pueden acceder como independientes si perciben “cualquier cantidad o beneficio” de la empresa, “salvo que no sea significativa”. No precisa qué entiende como significativa. Además, excluye de esos pagos los dividendos y complementos de pensiones. Si han sido socios del auditor externo de la compañía o consejeros o altos directivos de una tercera empresa donde se sienten otros consejeros o altos directivos de la suya, no pueden ser nombrados consejeros independientes. Lo mismo si han sido proveedores, asesores o consultores de la sociedad durante el último año o han trabajado para una entidad que haya recibido donaciones de la empresa, aunque se lo permite a los patronos de las fundaciones. La ley excluye igualmente a cónyuges y parientes hasta el segundo grado de cualquier consejero ejecutivo o alto directivo. Y no pueden permanecer en el puesto durante más de 12 años.

Todas ellas, por tanto, condiciones lógicas y que no incumplen los políticos nombrados en Enagás, sin ir más lejos.

En cualquier caso, ese precepto no se encuentra entre los artículos que quedan bajo supervisión de la CNMV, tal y como establece la propia Ley de Sociedades de Capital en su disposición adicional séptima. El regulador bursátil sólo tiene competencias sobre el contenido del informe anual de gobierno corporativo, regulado en otro artículo de la misma ley. Es decir, únicamente puede actuar en caso de que haya “errores u omisiones” en ese documento que las empresas cotizadas están obligadas a enviar cada año a la CNMV. Entonces, no obstante, se limita a “solicitar información adicional” a las compañías. Aunque, si encuentra “omisiones o datos falsos o engañosos”, puede imponer a la sociedad un sanción por infracción grave, explica a infoLibre un portavoz del organismo.

“Debería ser más proactiva y hacer más controles”“Debería ser más proactiva y hacer más controles

La Guía Técnica de 2019 a la que se refirió Sebastián Albella describe los criterios de la CNMV sobre cómo deben actuar las comisiones de nombramientos. Por ejemplo, recomienda recurrir a una empresa externa para elegir a los candidatos a consejeros independientes, lo que hizo Enagás, como queda dicho más arriba. También invita a la comisión a recabar información “de manera periódica y al menos anualmente” sobre las actividades y “potenciales conflictos de interés” no sólo del candidato sino también del consejero una vez nombrado.

Es más, el regulador deja en manos de la comisión de nombramientos –aconseja que tenga una mayoría de consejeros independientes– la tarea de verificar “en general” si el candidato va a desempeñar sus funciones “sin verse condicionado por sus relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos”. La pregunta en este punto es si los ex políticos del PP nombrados en 2014 en Enagás y los del PSOE y Unidas Podemos nombrados ahora hicieron y harán su trabajo con independencia de los gobiernos que marcan las directrices de la SEPI, el accionista que los propuso.

Precisamente, la guía insta a la comisión a “extremar la cautela” cuando el candidato a consejero independiente lo proponga un accionista significativo, un consejero dominical o uno ejecutivo, y reclame “cuanta información considere oportuna” para asegurarse de que el aspirante “no tiene vinculaciones que pudieran condicionar su independencia”. En general, la CNMV pide a los miembros de esta comisión que actúen “con una actitud crítica y de escepticismo, sin dar por buenas sin más las propuestas e informes de personas ajenas a la comisión, en particular los de ejecutivos y altos directivos de la entidad”. Una actitud que considera “especialmente necesaria” cuando tienen que evaluar a los candidatos a consejeros independientes propuestos por consejeros ejecutivos o dominicales.

¿Es suficiente, pues, la vigilancia que ejerce la CNMV sobre las puertas giratorias? Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom) y socio del despacho Écija Abogados, cree que no. “Debería ser más proactiva y hacer más controles”, apunta. A su juicio, esa mayor supevisión “no iría en detrimento sino en beneficio de las empresas, porque haría más transparente y seguro el mercado”. Hurtado Bueno reclama además que la CNMV no haga sólo controles exante exante–previos al nombramiento de un consejero– sino también expost;expost es decir, que vigile las operaciones aprobadas por la empresa “de forma permanente, pero sin paralizar el mercado”.

Sólo el 14% eran realmente independientes

Un estudio realizado por los profesores de la Universitat de les Illes Balears Rafel Crespí-Cladera y Bartomeu Pascual-Fuster sobre las empresas cotizadas españolas entre 2004 y 2009 reveló que el 56,3% de los consejeros clasificados como independientes en realidad no lo eran tanto: incumplían al menos uno de los ocho criterios que habían establecido ambos expertos para determinar su independencia. Mientras que las 135 sociedades que cotizaban en Bolsa en esos años declaraban contar con un 32,5% de independientes en sus consejos, el filtrado que hicieron Crespí-Cladera y Pascual-Fuster los reducía hasta el 14,2%.

Al aplicar los mismos criterios a las comisiones de auditoría, el estudio descubrió que, mientras que las empresas declaraban un 49,4% de independientes, sólo el 21,2% aprobaban el cribado más estricto. En el caso de las comisiones de nombramientos y remuneraciones, el 50,4% de independientes reconocidos por las compañías se recortaba hasta un 24,1% si se les aplicaban los nuevos criterios. Lo mismo ocurría cuando eran independientes quienes presidían los comités: según las empresas, la mitad de ellas contaba con uno al frente de ambos órganos, pero el filtrado los reducía a un tercio.

Según los autores del estudio, el porcentaje de consejeros erróneamente clasificados como independientes se redujo con el tiempo, sobre todo a partir de 2007, cuando entró en vigor el Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo o Código Conthe, bautizado así por Manuel Conthe, el presidente de la CNMV entonces. Aun así, en 2009 el número de consejeros que aprobaban el cribado estricto de Crespí-Cladera y Pascual-Fuster no superaba el 50% ni el 33% en los comités de auditoría y nombramientos. Los consejeros que presidían ambos órganos tampoco eran realmente independientes en el 16% de las empresas analizadas.

Siete de los ocho criterios formulados por los profesores de la universidad balear coinciden con los incorporados cinco años después en la Ley de Sociedades de Capitales, pero también incluían uno nuevo: que no representen a una persona jurídica. Se trata, explican, de criterios estandarizados, equivalentes a los que rigen en Estados Unidos, la Unión Europea o Reino Unido.

En un estudio posterior, Crespí-Cladera y Pascual-Fuster analizaron los informes anuales de gobierno corporativo que las empresas enviaron a la CNMV entre 2004 y 2012, y los cruzaron con las listas de altos cargos de los gobiernos y parlamentos autonómicos, estatales y europeos. El 4,5% de los consejeros resultaron ser expolíticos, una proporción que se elevaba al 6,6% en las empresas de mayor tamaño y descendía al 2,2% en las más pequeñas. De esos 551 políticos devenidos en consejeros, el 56,5% habían sido nombrados como independientes, pero también había un 27,8% de dominicales y un 11,9% de ejecutivos.

No obstante, los autores aseguran que sólo han encontrado “alguna evidencia de deterioro del gobierno corporativo” cuando los expolíticos actúan como consejeros dominicales o ejecutivos, no cuando funcionan como independientes. “No encontramos que la incorporación de expolíticos a los consejos de administración genere efectos negativos sobre los intereses de los accionistas de forma sistemática, sobre todo si actúan como independientes”, explica a infoLibre Bartomeu Pascual-Fuster, “un asunto distinto es su efecto sobre la economía en general, si se daña la competencia y una empresa obtiene favores respecto a otras pese a ofrecer peor calidad y a precios más altos”.

Consejos de administración poco profesionales

A juicio del profesor balear, los expolíticos aportan a la empresa su conocimiento de la esfera pública y, aunque no sepan de negocios sí pueden tener experiencia en gestión. “Eso no está reñido con que cumplan su obligación de controlar y supervisar el trabajo de los altos directivos de la empresa para proteger a los accionistas”, defiende. Pero considera escandaloso que un porcentaje tan alto de independientes no cumplan los requisitos. “Que no nos vendan como independiente un consejero que es dominical”, protesta.

“Aún en 2007 no era infrecuente que los consejeros, todos señores mayores, se pasaran el tiempo leyendo el periódico mientras tú presentabas un informe”, recuerda Gloria Hernández, socia de finReg 360. El cambio, subraya, ha sido “brutal”: “Ahora los consejeros te preguntan y te repreguntan, y se nota la diversidad: son más jóvenes, vienen de distintas procedencias y hay mujeres”. Deja claro que se ha avanzado mucho en una profesionalización de los consejos que era necesaria. El nivel de exigencia ha aumentado desde aquellos consejos de administración que se presentaban como “regalos al final de las carreras profesionales de muchos”. “Ahora la comisión de nombramientos debe analizar si los candidatos saben de leyes y entienden de números para supervisar la labor de los altos ejecutivos y darse cuenta de que el director financiero lo está haciendo bien o mal, por ejemplo”, detalla la abogada. Pero al tiempo reconoce que una persona con “contactos” también “aporta” a la empresa.

Alonso Hurtado advierte, no obstante, de que “aún queda mucho camino” que recorrer en la profesionalización de los consejos. “Hay que reconocer que venimos de la nada”, resalta. El vicepresidente de Ascom sostiene en cualquier caso que los consejeros independientes han ayudado mucho en ese cambio –“meten presión al resto”–, y critica los nombramientos de expolíticos en Enagás precisamente porque “van en detrimento” de esa profesionalización. También por las “formas”: “Demasiado evidente; no es lo mismo un político profesional que un técnico magnífico que se mete en política”, concluye.

Una Oficina de Conflictos de Intereses que no funciona

Gloria Hernández Aler considera que la CNMV “lo está haciendo bien, el camino de la regulación es acertado... pero largo”. Y que también hay que poner el foco en la otra parte del conflicto: las incompatibilidades de los políticoslas incompatibilidades de los políticos. La también vocal de Ascom echa en falta “algún tipo de restricción, mediante una ley o un código” que regule la salida de los altos cargos públicos. Alonso Hurtado acusa a la Oficina de Conflictos de Intereses de no ser independiente. “Está adscrita al Ministerio de Función Pública, cuando debería depender del Congreso”, reclama. “No conozco ningún caso en que la Oficina de Conflictos de Intereses haya paralizado un nombramiento”, denuncia.

En 2016 el Tribunal de Cuentas desveló que, al menos entre 2012 y 2014, la oficina no verificaba las declaraciones de bienes e intereses que los altos cargos están obligados a presentar antes y después de ejercer sus responsabilidades. Sólo solicitaba aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecieron en la prensa. Tampoco analizaba la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporaba a la función pública, a un organismo internacional o se empleaba en una empresa. De hecho, desde que se creó, en 2006, y hasta febrero de 2018, la oficina sólo vetó el 1,98% de las solicitudes de altos cargos, nueve de 453 presentadas. La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha tenido una responsable desde su fundación, Flor María López Laguna, toda una superviviente que ha sido refrendada por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y continúa con el de Pedro Sánchez.

Gloria Hernández pone en valor que la CNMV pida información a las empresas cuando surgen dudas sobre la independencia de los consejeros y que les exija que corrijan el nombramiento si los han “clasificado inadecuadamente” o si alguno de ellos ha superado los 12 años en el puesto –en Reino Unido son menos: nueve años–. Pero Alonso Hurtado destaca que no se hagan públicos los casos en que la CNMV ha dado esos “toques de atención” a alguna compañía por haber incumplido los requisitos de independencia. Gloria Hernández califica de “razonables” los límites impuestos por la ley, pero también los considera “ficciones jurídicas”. Un consejero delegado, añade, “no se vuelve independiente al cabo de tres años”, el plazo fijado para que un ejecutivo pueda ser nombrado consejero independiente. Y lo mismo ocurre con los políticos, que deben dejar pasar dos años antes de emplearse en una empresa de un sector sobre el que hayan tenido competencias durante el ejercicio de un cargo público. “Nadie se libra de sus contactos en dos o tres años”, objeta la abogada.

A juicio del vicepresidente de Ascom, la selección de los consejeros independientes debería imitar los sistemas de compliance,compliance de cumplimiento normativo. Es decir, “que las empresas demuestren que han sido diligentes”. También la CNMV debería concretar sus recomendaciones. Y si las compañías cotizadas no cumplen, debería aplicarles un régimen sancionador, “apartando al consejero o incluso anulando las operaciones en las que estuvo implicado”. Esas recomendaciones más detalladas, reclama Alonso Hurtado, tendrían que ser como las de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), que conjugan flexibilidad y contundencia. Aunque no son de obligado cumplimiento, recuerda, no hay banco que se atreva a ignorarlas.

Aunque no han sido los institucionales los únicos cambios que ha sufrido el consejo. Compuesto hasta ahora por 11 miembros, se ha quedado en siete. Al menos hasta que CEIM, la patronal madrileña, decida quién ocupa su asiento en el máximo órgano de la entidad. En cualquier caso, hay tres consejeros que no volverán. Tanto el Banco Santander como Caixabank han decidido retirarse del consejo, según ha podido saber infoLibre. Lo mismo que el consejero independiente Orlando García Sánchez.

La Comunidad de Madrid posee el 26,1% del capital de Avalmadrid, seguida por Bankia, con un 25,3%. La Cámara de Comercio de Madrid tiene el 4,2%; el Banco Santander cuenta con un 3,1%; Caixabank, un 1,5%; Plus Ultra Seguros Generales, un 0,02%, y la patronal madrileña (CEIM), un 0,018%. Así, Bankia sienta a tres vocales en el consejo: Juan Luis Vidal Álvarez-Ossorio, Faustino Ortiz Merino y Gerardo Artiach Morenés. Su participación en Avalmadrid se instrumenta a través de tres filiales: Participaciones y Cartera de Inversiones SL, Inmogestión y Patrimonios SA y Valoración y Control SL.

En nombre de la Cámara de Comercio de Madrid asiste Judit Hidalgo Rubio. De momento, CEIM carece de representante, pero lo tendrá “en los próximos días”, según asegura un portavoz de la patronal madrileña, cuando “se designe a la persona física que la representará”.

“Poco peso en las decisiones del consejo”

Por el contrario, Banco Santander decidió el pasado mes de septiembre abandonar el consejo de administración de Avalmadrid. Fuentes de la entidad financiera niegan que su salida esté motivada por la revelación de las irregularidades en el funcionamiento de la sociedad de garantías madrileña. “Estamos implementando la política de no tener consejeros en sociedades donde nuestra participación es muy baja”, explican a infoLibre las mismas fuentes, que califican de “estratégica” la decisión. “Al tener una posición poco relevante en la sociedad”, continúan, “tampoco tenemos peso en las decisiones adoptadas en el consejo”.

El abandono de Caixabank fue anterior. Según fuentes financieras, la decisión se tomó a principios de este año, pero no fue efectiva hasta mayo. La entidad catalana entró en Avalmadrid en octubre de 2014 y, al igual que Bankia, no lo hizo directamente, sino a través de una filial, Estugest SAU.

En septiembre también se produjo la renuncia de Orlando García Sánchez como consejero independiente. Nombrado para el cargo en 2018, fue director de Auditoría Interna de la Sareb, el conocido como banco malo, y antes representante del FROB en el consejo de administración de Catalunya Banc. infoLibre ha intentado ponerse en contacto en repetidas ocasiones con García Sánchez para recabar los motivos de su salida de Avalmadrid, sin éxito. También ha preguntado a la propia sociedad de garantías por las ausencias del consejo y por cómo se va a recomponer a partir de ahora el órgano, sin obtener respuesta. La Consejería de Economía tampoco ha querido dar ninguna explicación al respecto, alegando que el presidente del consejo, Isaac Martínez Barbero, no tiene capacidad ejecutiva en la empresa.

Desde que empezaron a conocerse las anomalías de funcionamiento de Avalmadrid, Ciudadanos, a través del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha manifestado a favor de “cerrar” la entidad semipública. “Está manchada y contaminada por posibles casos de corrupción”, declaró ya en agosto. De momento, la formación naranja ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea regional donde pide a la Comunidad de Madrid que “extinga” su relación con la sociedad de garantía recíproca. Al menos por el momento, ni Santander ni Caixabank han manifestado su intención de abandonar Avalmadrid. Se limitan a destacar que las irregularidades descubiertas por el Banco de España y publicadas por este periódico se produjeron antes de su entrada en la entidad, y a minimizar su capacidad de influencia en la gestión de Avalmadrid dada su pequeña participación.

Movimientos en la cúpula directiva

El expediente abierto por el Banco de España a Avalmadrid, que propone sanciones para 19 de sus directivos y consejeros, debería concluirse antes de que acabe este año. Pero ya antes afectó a la cúpula de la entidad, puesto que la anterior presidenta, Rosario Rey, presentó una denuncia ante la Fiscalía basándose en un informe que ella misma encargó y donde se señalaba no sólo a exejecutivos sino también a algunos de los actuales. La denuncia fue archivada porque el ministerio público consideró prescritos los delitos, pero el director de Riesgos, Juan Antonio Chorro García, fue degradado a subdirector comercial. Y el director general, Pedro Embid, que se negó a apoyar la denuncia ante el fiscal, fue teóricamente "destituido". Pero en realidad sigue en su puesto, según explicó Isaac Martín Barbero en la Comisión de Economía de la Asamblea de Madrid, porque así lo habían decidido tanto el consejo de administración como el comité de nombramientos.

Además, el director comercial Christian de la Torre, ha dejado Avalmadrid por otra sociedad de garantía recíproca, Iberaval, que opera en Castilla y León y La Rioja. En la misma comisión, Martín Barbero aseguró que De la Torre había abandonado la entidad “agotado por la presión” de ser quien tenía que “dar la cara” por Avalmadrid “durante el último año y medio” en que ha quedado “cuestionada la confianza” en la sociedad de garantías.

Todos los miembros del anterior consejo de administración de Avalmadrid, incluidos los vocales del Santander y Caixabank, así como con el consejero independiente han sido llamados a comparecer en la comisión de investigación que comenzará sus sesiones el próximo día 17 de diciembre. También tendrá que acudir Rodrigo Tilve, director general de Economía y vocal de la Comunidad de Madrid en el consejo actual.

En palabras de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, internamente se ha llegado a un equilibrio del 50% de representación femenina a nivel experto y de alrededor del 40% en los mandos intermedios, lo que suponen datos "esperanzadores", dado que es la cifra más alta para España desde que Oliver Wyman comenzara el estudio en 2003.

La consultora ha ampliado este seguimiento incluyendo a 468 empresas y 9.000 líderes de 37 países, lo que ha permitido alcanzar la conclusión de que existe un número creciente de firmas con cifras por encima de la media, pues el 26% de las compañías analizadas tiene más del 30% de mujeres en el comité ejecutivo, mientras que la cifra asciende al 37% en el caso de los consejos de administración.

A pesar de este crecimiento, los números registrados en el estudio Women in Financial Services de este año todavía no son suficientes y queda un "largo camino" para crear una industria en la que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y resultados, puesto que muchos de los roles que ocupan en los comités siguen estando dentro de las áreas funcionales. A este respecto, solo el 6% de las directoras ejecutivas son mujeres, un dato que tampoco mejora en los consejos, donde alcanzan el 9%.

Además, el informe muestra que la brecha geográfica tampoco se está cerrando. Así, los países que lideraban en 2016 la tabla han seguido progresando a un ritmo más rápido que la media, mientras que los menos eficientes se están estancando.

Israel es líder del ranking, con un 38% de representación en los comités ejecutivos, seguido de Australia, Suecia y Finlandia. En contraposición, Arabia Saudí tiene el porcentaje más bajo (4%), junto con China, Japón y Corea del Sur.

Por su parte, Estados Unidos solo tiene un 26% de representación femenina en las altas esferas. El estudio destaca también la baja tasa de mujeres en Reino Unido y Hong Kong, ambos con un 20%.

El papel de los accionistas como actores del cambio

Los accionistas ejercen una gran influencia sobre las empresas a través de la selección de inversores, votación formal de temas relevantes y, en algunos casos, de diálogo directo con la dirección. El informe destaca que este poder puede utilizarse para avanzar en materia de diversidad con un aumento de la divulgación corporativa de datos e iniciativas de género, que ayudarían a los accionistas a influir en las "altas esferas" en las que las mujeres siguen estando muy poco presentes.

En este sentido, la integrante del consejo de BBVA, Ana Peralta, asegura que no pueden tener una fuerza laboral de primera clase si no se incluyen al 50% de la población. "Para muchos accionistas la diversidad de género sigue estando agrupada en la categoría de inversión ambiental, cambio climático o social". Por ello, este tipo de iniciativas son cada vez "más prominentes".

Las mujeres como clientes

El informe asegura que la mujer es el grupo más desatendido como cliente de servicio financieros, a pesar de que cada vez desempeñan roles más influyentes. Debido a esto, las empresas del sector están perdiendo una oportunidad de ingresos de unos 700.000 millones de euros al año.

Esta cifra es superior a los ingresos anuales de las instituciones financieras más grandes del mundo y es solo una "muestra de las oportunidades disponibles", que continuarán creciendo a medida que las mujeres controlen cada vez más la riqueza, el poder adquisitivo y las decisiones financieras.

Las 35 compañías del IBEX, el selectivo de la Bolsa española, ganaron en 2017 un total de 45.000 millones de euros, un 11% más que el ejercicio anterior. Sólo una cerró sus cuentas en rojo: Siemens Gamesa, que perdió 12,8 millones. Por el contrario, Acerinox triplicó sus beneficios, mientras que Colonial y Merlin casi los doblaron. Sus plantillas, no obstante, crecieron mucho menos, un 4,3%, y en la mayor parte de los casos el aumento se debió a operaciones de compra o fusiones con otras empresas. En total, las mayores compañías españolas emplean a 1,43 millones de personas, de las que el 61% se encuentra en el extranjero, como resultado de su creciente internacionalización.

Al timón de esta élite corporativa se encuentran también los consejos de administración mejor remunerados. En ellos se sientan 438 personas que cobran una media de 786.000 euros al año. Sólo el 23,3% son mujeres. Aunque consejeras ejecutivas únicamente hay tres: Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Dolores Dancausa en Bankinter y Cristina Ruiz Ortega en Indra.

Esa retribución media aumentó un 15,8% en 2017 respecto al año anterior, según el análisis de los indicadores del buen gobierno en las empresas del IBEX que ha elaborado la Fundación Primero de Mayo junto con la Secretaría de Protección Social de CCOO. En comparación, el gasto salarial medio de estas grandes compañías creció sólo un 4,1%, hasta situarse en 34.600 euros por trabajador. Es decir, lo que se gastan de media las empresas del selectivo bursátil en remunerar a sus consejos de administración ha subido casi cuatro veces más que la partida destinada a pagar a sus plantillas.

No obstante, en el club de las mejores compañías también hay diferencias notables. Las retribuciones medias por consejero más altas las abonan el Banco Santander, con 2,2 millones de euros, seguido de ACS, con 2,1 millones y Acciona, con dos millones. Las más bajas, AENA –que es semipública– con 19.000 euros, y Acerinox, con 161.000 euros. Pero las empresas que más aumentaron los sueldos de sus consejeros en 2017 fueron Abertis, que las disparó un 173,4%, Acciona, un 144,6%, y ACS, que las subió un 114,6%. Si en el caso de la compañía de Florentino Pérez el consejo de administración se amplió con dos nuevos miembros, los de Acciona y Abertis mantuvieron su tamaño. Las retribuciones totales de los consejeros de la compañía de José María Entrecanales pasaron de 9,1 millones de euros en 2016 a 22,4 millones un año después. Las pagadas al consejo que preside Marcelino Fernández Verdes crecieron aún más: de 5,2 millones a 14,2 millones de euros.

Otro tanto ocurre con los sueldos pagados a sus trabajadores. El gasto salarial medio más elevado es el de Merlin Properties, 165.000 euros. Colonial llega a los 115.000 euros al año por empleado y es, además, la empresa que más aumentó este capítulo en 2017, una subida de 10.665 euros en términos absolutos. En el otro extremo, los farolillos rojos del IBEX en materia salarial son Dia, que sólo gasta 15.000 euros anuales en retribuir a cada uno de sus trabajadores; Meliá Hoteles, que llega a 18.000 euros, e InditexInditex, que sube a 19.000. No obstante, Siemens Gamesa encabeza la lista de las compañías que más bajaron su gasto salarial, un 34,3%, ya que tras fusionarse la alemana y la española en abril de 2017, la plantilla creció un 68% pero el gasto en salarios sólo lo hizo un 5%. En el caso de Bankia, que redujo la partida un 4,2%, la fusión con BMN provocó un efecto reductor similar.

Isla cobra 463,8 veces más que un empleado medio de Inditex

El informe de la Fundación Primero de Mayo pone en relación la retribución media de los consejeros y el gasto medio de personal, y de la comparación resulta que, de media, en las empresas del IBEX 35 la primera representa 15,3 veces el segundo. Y esa distancia creció un 15% en 2017. Aunque las diferencias entre compañías son notables. En Inditex la ratio alcanza los 60,8 puntosratio, en Acciona los 50,9 y en ACS, 49,5. Donde la brecha resulta menor es en AENA, con sólo 0,5 puntos –sus consejeros no reciben remuneración–, y en Merlin, con 2,5 puntos –los dominicales no cobran y su gasto salarial medio es el más alto del IBEX–.

Si la comparación se realiza con el primer ejecutivo –presidente o consejero delegado– de estas empresas, la ratio se dispara. Un primer ejecutivo cobra 86,6 veces la retribución media de sus empleados, un desfase que aumentó un 8% respecto en 2017. Como se trata de una media, la brecha puede llegar a ser formidable en sus extremos: la retribución de Pablo Isla, presidente de Inditex, es 463,8 veces la remuneración media de sus empleadosla retribución de Pablo Isla. Hay que recordar que la textil gallega es una de las compañías del selectivo bursátil con el gasto salarial más bajo –sólo 19.000 euros anuales por trabajador– mientras que la remuneración de su primer ejecutivo es la tercera más alta –10,69 millones de euros–. En Acciona, la ratio es de 356,2 puntosratio y en Indra, pese a ser pública en un 18,75%, alcanza 211,5 puntos. En cambio, en AENA, también pública –el 51% de su capital pertenece al Estado–, el sueldo de su primer ejecutivo equivale sólo a 3,4 veces el gasto medio en personal.

Respecto a los miembros de la alta dirección del IBEX, la distancia con el resto de la plantilla es incluso superior al que mantiene con los consejeros: 18,2 veces superior, casi un 3% más que el ejercicio anterior. En Inditex, una vez más, la brecha se ensancha hasta los 71 puntos. En el Banco Santander, hasta los 48,4. En Indra, además, las retribuciones de la alta dirección se elevaron un nada despreciable 126% en 2017, mientras que el gasto medio de personal cayó un 1,3%. En Abertis y Acciona, las remuneraciones de estos ejecutivos subieron mucho más –un 189% y un 37,5%, respectivamente– que el gasto de personal –un 10,2% y un 7,7%–.

Pero consejeros y altos ejecutivos no sólo tienen remuneraciones récord y grandes aumentos anuales, sino también blindajes frente al despido. De las 35 grandes, sólo cuatro empresas declaran carecer de ellos: ACS, AENA, Bankinter y Mapfre. En 2017, el número de contratos blindados en el IBEX ascendía a 816, un 7% más que el año anterior. De ellos, casi la mitad –el 45,6%– corresponden a sólo dos compañías: Repsol, con 241, y Siemens Gamesa, con 131. A considerable distancia les siguen Grifols –73– y el BBVA –60–. Tras la fusión y pese a sus pérdidas, Siemens Gamesa ha multiplicado casi por seis el número de sus blindajes, al pasar de 23 a los 131 antes citados. Pero, por lo general, casi todas las empresas los han recortado; la que más, Merlin –nueve menos– e Iberdrola –11 menos–.

Sólo ocho mujeres ejecutivas en el IBEX

Otra brecha marcada en la élite del IBEX es la de género. Si en los consejos de administración sólo el 23,3% son mujeres –pese a que en 2017 se incorporaron 15 nuevas consejeras–, entre la alta dirección su presencia es aún menor, un 14,6%, sólo ocho ejecutivas más en un grupo que componen 424 personas. De hecho, Acerinox, Merlin y Siemens Gamesa no tienen ninguna mujer en sus equipos directivos. Acciona, Banco Santander e Inditex, las que poseen más presencia femenina entre sus altos ejecutivos, sólo cuentan con cuatro mujeres cada uno. No obstante, los equipos de dirección de Colonial y Red Eléctrica son  paritarios, con dos y una mujer, respectivamente. Por establecer una comparación del perfil de algunas de estas empresas, vale la pena destacar que el 75% de la plantilla de Inditex es femenina, como el 64% de la de Dia –pero sólo posee una alta directiva– y el 60% de la de Colonial.

El informe analiza igualmente el pago de dividendos en 2017, que alcanzó la cifra de 23,9 millones de euros. Todas las empresas menos Indra y Siemens Gamesa remuneraron a sus accionistas ese año. Pese a que el abono de dividendos cayó un 2,65% respecto a 2016, la cantidad repartida aún equivale al 51% de los beneficios consolidados del IBEX. Aunque en algunos casos, la retribución a los accionistas duplicó ese porcentaje: Ferrovial, Dia y Mediaset repartieron dividendos por encima de sus ganancias. Pero los que más crecieron fueron los distribuidos por AENA, un 49% respecto al ejercicio anterior.

Las mujeres ocupan el 19,4% de los puestos de dirección de las empresas del Ibex 35, según el primer estudio sobre la presencia de la mujer en la alta dirección de las empresas del Ibex 35 elaborado por la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras (EJE&CON) y Atrevia.

Concretamente, los datos muestran que las mujeres componen el 23,5% de los consejos de administración (110 de 469 personas), el 13,6% de los comités de dirección (69 de 507 personas), el 8,8% de las presidencias (3 de 34 personas) y apenas el 3,7% de los consejeros delegados (1 de 27 personas).

Por áreas, la mayor parte de las mujeres que integran los órganos de dirección de las empresas del Ibex 35 se encuentra en los consejos de administración (60,1%). El 37,7% desempeña su actividad profesional en el comité de dirección, mientras que apenas un 1,6% y un 0,5% lo hacen en los cargos de presidenta y consejera delegada, respectivamente.

Para EJE&CON y Atrevia, una de las razones que explica que seis de cada diez mujeres ocupen puestos "claves" en los consejos de administración es la "mayor" visibilidad e importancia que en la actualidad se le está prestando a la presencia de las mujeres en los consejos en comparación con el resto de órganos de dirección.

En el análisis por sectores de actividad, aquellos con mayor presencia femenina en sus consejos de administración son Bienes de Consumo (29,4% son mujeres), Servicios financieros e inmobiliarios (25,2%) y Servicios de Consumo (25%), todas ellas por encima de la media, del 23,5%.

Por otro lado, los sectores de actividad con una mayor proporción de mujeres en comité de dirección son el Petróleo y energía (16%) y el sector de la Tecnología y telecomunicaciones (15,4%), mientras que el Sector de Bienes de Consumo, Servicios financieros e inmobiliarios y de Servicios de consumo presentan las tasas de feminización en los comités de dirección más bajas (12,9%, 13,1% y 11,5%, respectivamente).

España, entre los países con mayor desigualdad

Si bien en otros países europeos la presencia de mujeres es también minoritaria y se concentra de forma predominante en los consejos de administración, esta desigualdad es mayor en España.

El informe destaca que en Reino Unido un 27,7% de las mujeres está en consejos de administración y un 25,2% en comités de dirección, según datos del Hampton-Alexander Review 2017. Asimismo, según cifras del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), un total de 20 países europeos poseen tasas de desigualdad inferiores a las de España, que se sitúa levemente por debajo de la media europea.

Por otro lado, las mujeres suponen el 34,9% del personal de los órganos de dirección en países como Macedonia, el 31% en Rumanía, el 29,6% en Montenegro y el 28,7% en Lituania. No obstante, la situación es menos desproporcionada que en países como Italia (10,4%), República Checa (8,8%) o Austria (apenas 5,2%).

La asociación EJE&CON ha resaltado la necesidad de lograr que las compañías se tomen "en serio" una mayor incorporación de la mujer en los comités de dirección para romper el denominado techo de cristal e incrementar la presencia de mujeres en los órganos directivos.

El Consejo de Administración de Prisa ha aprobado este martes que el vicepresidente del grupo, Javier Monzón, sea el sustituto del presidente, Manuel Polanco, a partir del próximo 1 de enero, informa Europa Press.

A su vez, el Consejo de Administración ha aprobado que las filiales del grupo Santillana, Diario El País y Prisa Radio designen a Polanco como nuevo presidente de sus respectivos Consejos de Administración. Aprobados por unanimidad, sendos nombramientos tendrán vigencia a partir del 1 de enero.

"Ha sido un honor colaborar con Manuel Polanco como vicepresidente y confío en seguir contando con la confianza de nuestros accionistas y consejeros", ha asegurado Monzón tras la decisión.

Por su parte, Polanco ha reconocido que ha sido "una gran satisfacción presidir el consejo" durante una "etapa de consolidación y proyección al futuro de Prisa". "Me alegro de seguir vinculado al Grupo de una manera tan cercana", ha añadido.

Tanto Polanco como Monzón han expresado su satisfacción por la trayectoria seguida y por el trabajo realizado a lo largo de este año en Prisa y en sus negocios, así como por los planes de futuro que ha diseñado y está poniendo en marcha el equipo directivo bajo el liderazgo del primer ejecutivo de Prisa y consejero delegado, Manuel Mirat.

Con diez días de adelanto sobre la fecha prevista, Diego Carcedo, presidente del Comité de Expertos, ha comunicado la lista de los veinte candidatos que han obtenido las mejores puntuaciones para optar a formar parte de la cúpula directiva de RTVE. La persona que encabeza la clasificación es Alicia Gómez Montano, antigua directora de Informe Semanal y vicepresidenta de la sección española de Reporteros sin Fronteras. Le sigue Javier Montemayor, realizador y director de programas en TVE, entre los que destaca la transmisión de la boda de los ahora reyes Felipe y Leticia. También han pasado el corte con puntuaciones altas figuras conocidas como Paco Lobatón, Eladio Jareño o Juan José Romero, e históricos como Juan Jesús Buhigas o Agustín García Matilla. Personajes como Ramón Colom o Jenaro Castro no han logrado estar entre los elegidos.

De entre estos veinte nombres las Cortes habrán de reducir la lista a diez para que sean votados seis por el Congreso y cuatro por el Senado; posteriormente, estos diez miembros del nuevo Consejo de Administración elegirán, entre ellos, al presidente de RTVE. Esta es la lista de los veinte profesionales con mejor puntuación:

1) Alicia Gómez Montano fue la directora de Informe Semanal hasta que llegó Mariano Rajoy al Gobierno. Es reportera de En Portada y vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras España. Fue jefa de Nacional en los telediarios y pertenece al colectivo Mujeres RTVE.

2) Francisco Javier Montemayor ha sido realizador y director de programas durante más de veinticinco años en TVE y fue uno de los principales responsables de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y de Sidney. Se encargó de la dirección y realización de la boda del entonces príncipe Felipe de Borbón y Letizia Ortiz.

3) Rafael Camacho Ordóñez ha sido periodista en diversos medios. Durante más de una década, fue el hombre fuerte de la radiotelevisión autonómica de Andalucía y en los últimos años ha trabajado en la empresa privada.

4) Manuel Adrián Ventero Velasco fue director de comunicación de RTVE durante la presidencia de José Antonio Sánchez y director de RNE, cadena a la que ha estado ligado toda su vida profesional desde que ingresó por oposición en 1985. En la actualidad se ocupa de la comunicación de la Orquesta y Coro de RTVE.

5) José Manuel Pérez Tornero es catedrático de Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, es experto y consultor de la Unesco y la Unión Europea en materia de servicio público de televisión, así como de alfabetización digital y mediática.

6) María Eizaguirre Comendador es una periodista de amplia trayectoria en RTVE. Durante la etapa de José Antonio Sánchez desempeñó el cargo de editora del telediario de las nueve de la noche, del que fue cesada con la llegada del actual equipo de dirección a los Informativos.

7) Francisco Moreno García ha desempeñado cargos directivos en medios públicos y privados, aunque buena parte de su carrera ha discurrido en Canarias: primero como director de programas e informativos en el centro territorial de TVE, y luego director de la Radio Televisión Autonómica de la islas.

8) José Manuel Romero fue director y presentador del programa Emprende en el Canal 24H y editor de informativos en ese canal y director de Los Desayunos de TVE. Ha sido uno de los primeros en presentar su candidatura. 

9) Eladio Jareño Ruiz es un profesional de TVE vinculado al Partido Popular en su etapa en Barcelona. Fue nombrado director de TVE en 2016 y propuesto por el PP para la cúpula de RTVE en las votaciones frustradas de la pasada primavera; su continuidad al frente de TVE bajo la dirección de Rosa María Mateo fue muy criticada por los sindicatos de la empresa.

10) Vicente Sanclemente García es más conocido por su paso por hasta seis corresponsalías de TVE, pero ha trabajado también en RNE y en medios privados. Está licenciado en Periodismo e Historia Contemporánea.

11) Juan Jesús Buhigas Arizcun ha estado vinculado a RTVE cerca de 30 años, 18 como directivo, hasta que se acogió al ERE de 2007. Es uno de los personajes históricos y que mejor conoce la corporación.

12) Carmen Sastre, controvertida directora de contenidos informativos de TVE durante la dirección de Álvarez Gundín, fue acusada de haber suministrado el argumentario del PP para redactar la información sobre la comparecencia judicial de Rajoy. Fue jefa de Nacional con Urdaci y, tras su cese el pasado agosto, se ha mostrada muy combativa en redes sociales contra la actual dirección.

13) Miguel Ángel Martín Pascual es doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado toda su carrera profesional en los ámbitos de la investigación y docencia de lo audiovisual.

14) Isabel Raventós es directiva en organismos internacionales del mundo de la comunicación. Ha trabajado en distintas televisiones nacionales y extranjeras, así como en productoras privadas dirigidas al medio televisivo.

15) Agustín García Matilla es un analista, estudioso e investigador en materia audiovisual. Es profesor y consultor sobre medios de comunicación y decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación en Segovia, además de haber trabajado para la UNED, la Complutense y la Carlos III de Madrid.

16) Paco Lobatón se hizo popular como presentador del telediario de las nueve en los años ochenta junto a Ángeles Caso. Ha trabajado para la mayoría de las televisiones españolas, pero quizás su programa más conocido fue ¿Quién sabe dónde? en la década de los noventa, formato que intentó revalidar recientemente con escaso éxito.

17) Roberto Lakidain Zabalza es periodista en RTVE y profesor. Fue uno de los miembros del primer Consejo de Informativos y ha tenido un papel relevante como delegado de CCOO en la Corporación.

18) Roberto Mendes ha trabajado en RNE desde hace treinta y cinco años y se ha dedicado fundamentalmente a espacios sobre música clásica e historia, que ha compaginado con sus trabajos para teatro radiofónico.

19) Joaquín Cuixart Valero dirige y produce 'Para todos la 2'. Ha trabajado en distintos espacios de TVE, desde 1991, en el centro de Sant Cugat. Es también profesor de periodismo en la Universidad de Blanquerna.

20) Laureano García Hernández ha estado vinculado al Ministerio de Defensa durante varios gobiernos de Felipe González, mientras su actividad como periodista estuvo ligada a la agencia EFE, en la que ocupó distintos puestos directivos.

Los consejeros ejecutivos de las sociedades que cotizan en la Bolsa española –presidentes y consejeros delegados– cobraron de media 1,56 millones de euros en 2017, una cifra que duplican los que trabajan para las 35 grandes compañías del ÍBEX, 3,11 millones. Su remuneración se ha disparado un 43% –un 44,2% los del ÍBEX– desde 2013, aún en plena crisis, hasta ahora. En su último informe sobre retribuciones, la CNMV atribuye ese espectacular aumento al alza de los ingresos variables percibidos por los consejeros gracias a la mejora de los beneficios empresariales durante la recuperación, con un incremento del resultado de explotación del 58%.

En 2017 los beneficios de las empresas, tal y como los contabiliza la Agencia Tributaria en sus estadísticas del impuesto sobre sociedades, sumaron 218.419 millones de euros, por lo que ya han superado los resultados obtenidos en 2007, antes de la crisis. Desde 2013, las ganancias de las empresas han crecido un 39,3%.

En total, la remuneración media de los consejos de administración de las sociedades cotizadas alcanzó en 2017 la cifra de 3,73 millones de euros, un 33% por encima de 2013. Sólo en el último año el alza equivale a un 16%. De nuevo, las 35 empresas del ÍBEX doblan las retribuciones del resto de las cotizadas, con consejos que, de media, perciben 8,97 millones de euros al año. La retribución media por consejero –tanto ejecutivos como externos– también ha experimenta un crecimiento considerable, del 29% durante los últimos cuatro años, hasta situarse en 369.000 euros anuales.

El año pasado un presidente ejecutivo del ÍBEX 35 cobró de media 4,94 millones de euros, pero las retribuciones más altas alcanzaron los 10,46 millones. Los consejeros delegados, los segundos que más ingresan, se llevaron una media de 2,9 millones, una nómina que se eleva hasta 5,9 millones en el caso de los mejor pagados del selectivo bursátil.

En comparación, los salarios de los españoles no se han recuperado desde 2013 con el mismo brío. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, el sueldo medio en 2016 –último año disponible– era en España de 23.156,34 euros brutos, sólo un 2% superior al de 2013. Si se mira la Encuesta Anual de Coste Laboral, los salarios han crecido aún menos, sólo un 0,67% desde 2013. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) estuvo congelado en 2014 y sólo subió un 1,5% entre 2015 y 2016. En 2017 creció un 7,9%. Finalmente, las mejoras salariales medias pactadas en los convenios colectivos desde 2013 fueron exiguas: sólo un 0,57% en 2013 y 2014, el 0,74% en 2015, un 1,06% en 2016 y un 1,43% en 2017.

El 48% del sueldo es retribución variable

Aunque entre las empresas que no forman parte del ÍBEX las remuneraciones son más modestas que en las 35 grandes compañías, sus crecimientos en el último año han sido, en cambio, mucho mayores. Hasta el punto de que la retribución media de sus consejeros delegados aumentó en 2017 nada menos que un 71,6% respecto al año anterior. Según precisa la CNMV, el motivo ha sido el vencimiento de los planes de retribuciones variables plurianuales de las empresas Axiare y Cie Automotive.

En efecto, 2017 ha sido el primer año en que la parte variable de la remuneración se ha convertido en el componente más importante de la retribución de los consejeros del ÍBEX 35. Representa el 48% de su sueldo, mientras que la parte fija equivale al 46%, las dietas son un 2% y el resto, otro tipo de remuneraciones –pactos de  no competencia, retribuciones en especie–. En el caso de los consejeros ejecutivos su peso es aún mayor: el 57,1% de su sueldo corresponde a conceptos variables, ligados a los resultados de la empresa o al desempeño individual del ejecutivo. Es más, en Acciona, Axiare y Cie Automotive estos sistemas de remuneración variable superan el 80% de las nóminas de sus consejeros.

El componente variable, además, no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2013 representaba el 34% del sueldo de los consejeros del selectivo bursátil, mientras que la parte fija alcanzaba el 55%. Es decir, el peso de la retribución variable ha crecido 14 puntos porcentuales en cuatro años.

La remuneración variable puede ser a corto y a largo plazo, y esta última también en efectivo o en acciones. La primera, exclusiva de los consejeros ejecutivos, llegó a superar los cuatro millones de euros el año pasado en ACS, Banco Santander y Ferrovial. La retribución variable a largo plazo en metálico supuso de media el año pasado para cada consejero 629.000 euros, un 11,7% más que en 2016. Con acciones recompensaron a sus consejeros 30 de las 139 empresas cotizadas –20 de las 35 el ÍBEX–, por un importe total de 85,1 millones de euros. Cada consejero ha recibido en promedio 1,3 millones de euros en planes basados en acciones, un 8,3% más que el ejercicio anterior.

Además, en concepto de dietas los consejos de las mayores compañías españolas percibieron una media de 259.000 euros en 2017, a razón de 29.700 por consejero.

Planes de pensiones y pactos de no competencia

A los consejeros también se les retribuye con planes de ahorro a largo plazo, con un importe medio por empresa de 989.000 euros. Esa cantidad se ha reducido un 12,1% respecto a 2016 debido al pago que hizo el Banco Popular ese año, en plena crisis de la entidad, a su consejero delegado, Francisco Gómez, tras ser destituido. Gómez se embolsó 1,84 millones de euros por el desempeño de su cargo, así como 15,6 millones de un plan de ahorro: 2,48 millones de euros por su cambio de estado civil y 12,13 millones en compromisos por pensiones. En 2017, Abertis aportó al plan de pensiones de su consejero delegado, Francisco Reynés, 8,2 millones de euros.

Por lo que se refiere a las retribuciones en especie, el importe total que se repartieron 81 empresas fue de 29,3 millones de euros, un 14,6% más que en 2016, debido al pago extraordinario de seis millones de euros realizado por OHL por el pacto de no competencia firmado con su ex consejero delegado Tomás García Madrid.

Y como en todo hay clases, los consejeros mejor pagados son los de los bancos, cuyas remuneraciones duplican las de los servicios, la construcción y la industria: las retribuciones más altas en los consejos financieros llegan a 1,16 millones de euros anuales de promedio, por 668.000 euros en las empresas de servicios, 560.000 en las constructoras y 516 en las industrias. Sólo las compañías energéticas les aguantan el ritmo, con 954.000 euros anuales. Finalmente, la brecha salarial entre los consejeros del ÍBEX 35 y el resto de las cotizadas es profunda: la remuneración media de un consejero de las 35 mayores compañías multiplica por seis la de las empresas cotizadas más pequeñas.93 consejeros ejecutivos con blindajes

La CNMV elabora también un informe sobre el gobierno corporativo de las sociedades que cotizan en Bolsa, donde analiza las retribuciones del personal de alta dirección de estas empresas. El número de los grandes ejecutivos supera el millar –1.033– ha crecido un 3,6% desde 2013. Y sus retribuciones, un 14,46%, cuatro veces más, hasta alcanzar los 565.000 euros en 2017 –casi el doble, 929.000 euros para los de empresas del ÍBEX–. Eroski aumentó las nóminas de sus altos directivos un 55,52%, mientras que Banca March hizo lo propio con un 43,24% de subida. Otras siete entidades financieras cuya identidad el informe no desvela redujeron su nómina total para la alta dirección en un 20% al recortar el número de ejecutivos.

Desde 2013 ha aumentado el número de empresas que incluyen en sus políticas retributivas cláusulas indemnizatorias en caso de cese de los consejeros. Un total de 50, de las que 26 pertenecen al ÍBEX, las poseen, para compensar a 93 consejeros ejecutivos. Hace cuatro años eran sólo 19 las empresas que preveían indemnizar a 31 de sus máximos ejecutivos. Pero la CNMV tacha de “excepcionales fuera del sector de las entidades de crédito” los casos en que esas cláusulas “modulan o condicionan” el cobro de estas cantidades al “rendimiento y situación financiera de la compañía”. En 2017 cinco consejeros pertenecientes a cuatro empresas –Adolfo Domínguez, Almirall, Deoleo y Prisa– recibieron un total de 727.000 euros en indemnizaciones.

No es éste el único tirón de orejas que da la CNMV a las grandes compañías por sus esquemas retributivos. Este año repite básicamente las quejas publicadas en años anteriores. Muchas empresas cotizadas siguen sin explicar cómo retribuyen a sus consejeros en función del cumplimiento de los objetivos ni qué criterios y métricas utilizan para determinar luego el componente variable de sus sueldos. De forma que es imposible saber si los consejeros ejecutivos han sido eficaces en su gestión y si sus remuneraciones están “adecuadamente justificadas”. Otro tanto destaca el informe a propósito de la información que publican las grandes empresas sobre los planes de ahorro a largo plazo de sus consejeros y sobre sus planes basados en acciones.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 752 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 15% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado, informó la compañía.

Los ingresos de la energética en el periodo de enero a junio ascendieron a 9.934 millones de euros, prácticamente en línea (-1%) con los 10.004 millones de euros obtenidos en el primer semestre de 2017.

El resultado bruto de explotación del grupo se situó en 1.804 millones de euros a cierre de junio, con un incremento del 12%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) en el primer semestre fue de 1.053 millones de euros, un 17% más.

Así, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que, a mitad de ejercicio, el grupo puede afirmar que está "en la senda de alcanzar los objetivos comprometidos para 2018", en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda en torno a los 3.400 millones de euros.

La evolución del Ebitda se vio impulsada por la estrategia de la compañía en el mercado liberalizado, que ha permitido a la eléctrica incrementar un 19% el margen de este negocio, lo que ha llevado a que el Ebitda del mismo haya crecido un 42%.

Este aumento se ha producido en un escenario en el que los precios de la electricidad en el mercado mayorista cayeron un 2,3%. Además, el negocio del gas experimentó una mejora significativa que le ha permitido aportar 65 millones de euros al margen bruto de Endesa durante el primer semestre.

Así, teniendo en cuenta el Ebitda en términos ajustados, sin contar con los elementos no recurrentes, el resultado bruto de explotación liberalizado de la energética creció un 26%.

Mientras, el negocio regulado incrementó su margen en un 0,4% -un 4% en términos ajustados-, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, lo que ha llevado a un incremento del 1,4% en Ebitda regulado.

A este respecto, Bogas valoró que "la excelente gestión del mercado liberalizado, la buena evolución del mercado regulado y la recuperación del margen del gas han permitido obtener unos resultados muy positivos en estos seis primeros meses", a pesar de un contexto de elevados precios de las materias primas energéticas, debido, entre otras cosas, al significativo aumento de la demanda asiática, sumado a la parada de varias centrales nucleares en España.

El consejero delegado de Endesa subrayó que estas circunstancias han sido "las principales causas de que los precios del mercado mayorista no se hayan reducido como cabía esperar", a pesar de que la generación hidráulica ha alcanzado niveles superiores a la media de los últimos años, y a pesar de un incremento del 10% de la producción eólica.

Por su parte, la deuda financiera neta de la energética, que se situaba a cierre de junio en 5.956 millones de euros, aumentó en 971 millones de euros con respecto al 31 de diciembre de 2017 como consecuencia, entre otros factores, del pago de dividendos por importe de 748 millones de euros, así como de la adquisición de cinco parques eólicos de Gestinver, con una capacidad total de 132 megavatios (MW).