El diálogo social se demostró la pasada legislatura una herramienta poderosa, con la que se logró forjar casi una veintena de acuerdos como la Reforma Laboral, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ley de revalorización de las pensiones, los ERTE, o sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero, ya a finales del pasado año, los sindicatos comenzaron a advertir al nuevo Gobierno de coalición de que se equivocaría si minusvaloraba ese espacio que tanto rédito social dio en la etapa anterior. Esto es, si optaba por trabajar ahora con ellos fuera del foco, como hizo, por ejemplo, en la reedición del denominado escudo social o en la norma que reformó el subsidio de desempleo.

Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, explica que no es una amenaza fantasma, sino que hay realidad ya detrás de ese aviso. “Nos incomodó que una norma tan importante como puede ser la prevalencia de convenios apareciera en un Real decreto ley sin comentarlo ni hablarlo previamente con nosotros, con independencia de la facultad que tiene el legislativo de regular leyes”, admite, y completa: “Ya nos pareció absolutamente inoportuno cuando apareció en el acuerdo entre el PNV y el PSOE y así lo manifestamos”. Luján no rechaza “los acuerdos a los que puedan llegar las diferentes fuerzas políticas”, pero cree que “el papel que también tenemos reservado los interlocutores sociales en la Constitución española obliga a que todo este tipo de normas, con carácter previo, pasen por el diálogo social”. “Nos pasó también -cose- con el tema del subsidio por desempleo, donde nos convocaron a una única reunión y apareció la norma ya de una manera bastante precipitada en otro Real decreto”, confirma. 

Compara lo sucedido con la pasada legislatura para aseverar que entonces esto “no fue lo habitual”. “Tuvimos un papel protagonista que además ha servido para mejorar la situación económica, social y laboral de nuestro país, con lo que pensamos que tenemos más que reconocido y ganado el respeto institucional que nos debe tener el Gobierno y hasta el poder legislativo o cualquier otro de los poderes del Estado”. 

Luján aboga por que se “reconduzca” la situación y apunta directamente al presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez. “Esperamos que nos cite, sobre todo para saber cuál es el papel que se reserva a los interlocutores sociales”, lanza. Insiste en que a UGT le “incomodó sobre manera el hecho de ver en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la articulación de la negociación colectiva de determinada forma, el hecho de la prevalencia de convenios autonómicos”, sin entrar a valorar siquiera si ésta es o no adecuada. Aunque, penetrando en el fondo, "no estamos en contra, pero sí nos parece que la regulación no se ha hecho con una técnica jurídica muy adecuada y opinamos que va a dar lugar a muchísima conflictividad laboral, social y judicial”, anuncia.

Más allá de ese punto, se muestra convencido de que, “cualquier norma que afecte al Estatuto de los Trabajadores, a la Seguridad Social o que tenga unos efectos laborales, debería pasar previamente por el diálogo social por respeto institucional o a la propia Constitución, ya sea al artículo 7, que habla del papel fundamental que tenemos los interlocutores sociales en la arquitectura básica del Estado social y democrático de derecho; o al 37, que recoge el valor de la negociación colectiva”, defiende. Ello, “respetando, obviamente, las facultades legislativas que la propia Constitución también reserva al Parlamento y en situaciones de extrema y urgente necesidad al Gobierno en un Real decreto ley, para, con posterioridad, ser convalidado por el legislativo”, matiza.

A su entender, la negociación colectiva “parece un tema tan obvio, que no necesitaría ningún tipo de explicación”, ya que han demostrado su utilidad. “Las normas que han salido del diálogo social están mejorando de manera absolutamente clara la vida de las personas y la marcha económica de nuestro país”, sostiene, para apuntalar: “Se están celebrando los niveles de empleo a los que se está llegando, a pesar de una crisis internacional, y que, por primera vez, ésta no está suponiendo grandes pérdidas de puestos de trabajo, sino todo lo contrario”. Es decir, lo hecho ha sido “muy útil y muy eficaz”, repite cual pájaro carpintero. 

¿Cuáles son los principales obstáculos para recuperar la intensidad de esas negociaciones a varias bandas? La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, aporta algunas respuestas a ese interrogante. “El Gobierno está en una tesitura un poco complicada porque en su programa plantea el diálogo social como el eje central para resolver, negociar y decidir sobre las cuestiones sociolaborales, pero, por otra parte, los partidos que lo conforman han conseguido acuerdos con otros partidos políticos para la investidura, que tienen que ver con aspectos puramente laborales y eso conlleva una contradicción importante y viene a dificultar el desarrollo del diálogo social en los términos en los que se hizo durante los cuatro años atrás, donde primero las cosas pasaban por la mesa del diálogo social y después por el ámbito político”, expone.

Coincide con Luján en una crítica: “Ahora, en algunas cuestiones como el tema de la estructura de la negociación colectiva, que implica directamente a las partes negociadoras y ahí empresarios y sindicatos tenemos la potestad y la capacidad para decidir, no han contado con ninguna de las organizaciones ni sindicales ni patronales, aunque es cierto que es un cambio legislativo. Esto puede dificultar el desarrollo del diálogo social a posteriori”, previene.

Preguntada sobre si estima que las discrepancias sobre algunos asuntos entre ministerios de PSOE y de Sumar han podido influir en que no se haya retomado el diálogo social con fuerza, responde que “todo influye”, pero agrega que “eso no es del todo novedoso”. “En la legislatura anterior ya lo vivimos, cuestiones que se atascaban porque en el Gobierno no se llegaba a un acuerdo y cosas que se podían haber resuelto en menos tiempo, que nos costó mucho”, condensa. Es más, anota que hay algún punto "pendiente", que "no se ha legislado, como el Estatuto del Becario y seguramente tenga que ver con ciertas discrepancias” en el seno del Ejecutivo “por el contenido del texto”. Vicente quiere dejar claro, que, “negocie quien negocie, al final los acuerdos tienen que ser de gobierno y tenemos que tener en cuenta que tenemos un Parlamento complicado y a todos nos costará hacer pedagogía con los grupos políticos para que lo que se pacte en el ámbito del diálogo social tenga una materialización en el político”. Persiste en la certeza indisimulada ya de que la fluidez será más complicada que en los años previos, pero reitera que, “con voluntad política, sindical y patronal las cosas se pueden sacar adelante. Lo hemos demostrado en la legislatura anterior, que no han sido temas baladís los que hemos tratado, sino de mucha enjundia”, afirma.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social que encabeza Yolanda Díaz ha movido ficha y los ha citado el 8 de enero, a las 11:00 horas, para “decidir sobre el Salario Mínimo Interprofesional”. Vicente avanza que, “a raíz de ahí”, trasladarán al Ejecutivo sus “planteamientos sobre cómo se debe estructurar el diálogo social y qué aspectos” entienden que se tienen que concertar en ese plano. “Están relacionados todos ellos en el ámbito laboral con el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, un compromiso que está dentro del acuerdo de los partidos que configuran el Gobierno”, adelanta. Alerta de que se trata de “una negociación que no se empieza en un mes y se acaba ese mismo mes, será larga”, por lo que “es importante que cuanto antes se abran las mesas de negociación, se determinen los temas a tratar y se comience a hablar de los aspectos que consideramos que hay que modificar, mejor". Apuesta, asimismo, por ampliar el estatuto "para recoger derechos que vienen condicionados de alguna manera por las transformaciones que se están produciendo en el mercado de trabajo, la digital y la ecológica. Nuestro estatuto, que es del año 82, no las recoge”.

La pura espera no les vale, aunque es consciente de que esta legislatura “va a haber más dificultades para desarrollar el diálogo social que en el mandato anterior”. “Pero -hilvana- ateniéndonos al acuerdo de gobierno, consideramos que el Ejecutivo está obligado a cumplir sus pactos y que abrirán la mesa no sólo en lo laboral, también en lo relacionado con la Seguridad Social, los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), o las ayudas sociales europeas. Hay tres frentes importantes ahí que, hay que abordar de inmediato”, anima. 

Para la representante de CCOO, una vez que el diálogo social deshaga el nudo sobre el SMI, se debe “acordar un calendario de temas a tratar en el ámbito social, en relación a todo lo que tiene que ver con los cuidados, en el de la Seguridad Social, el desarrollo del acuerdo que está pendiente; en el de Trabajo, lo relacionado con la negociación del Estatuto del siglo XXI; y en el de la Economía, lo vinculado con las transformaciones digitales, las ecológicas, los PERTE y las ayudas europeas”. “Cuanto antes empecemos, mejor”, remarca. Pide “altura de miras” y “voluntad política” para que “se fomente” el que los aspectos “que tengan que ver con lo social y lo laboral provengan del ámbito del diálogo social”. “Lo político es importante y tiene que jugar su papel, pero, si hay voluntad, seremos capaces una vez más nosotros de llegar a grandes acuerdos, como ya hicimos”, concluye.  

No buscan incomodar, pero otras fuentes sindicales hacen hincapié en que el Gobierno de Sánchez "cometería un grave error" si deja que "el miedo a la aritmética del Congreso condicione toda la legislatura" que acaba de arrancar. "Han de hacer compatibles los pactos con los partidos con la vía de la concertación social y no un trabajo de extirpación de ésta", abotonan. Reconocen no haber entendido "algunas prisas por zanjar determinados asuntos" ni "peleas sin sentido por ver quién manda más". "Lo que hay que hacer es un buen trabajo que nadie pueda poner en tela de juicio, porque enfrente ya se sabe lo que hay", finalizan, no sin antes dejar constancia de que el propio Sánchez, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, participó en la Cumbre Social Tripartita y subrayó la relevancia del diálogo social "como motor de progreso para el proyecto europeo". A la patronal, como parte implicada, se le ha invitado a aportar su visión sobre lo expuesto, pero la contestación nunca ha llegado.

“Los plazos se están agotando”. “Esto se acaba”. “Se nos ha acabado la paciencia”. Los secretarios generales de los dos sindicatos más representativos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aprovecharon la presentación del lema de las 73 manifestaciones que han convocado con vistas al Primero de Mayo –Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios– para emplazar a la CEOE a reanudar ya la negociación del acuerdo marco salarial, que lleva en suspenso desde el verano pasado. Y lo hicieron apremiando a la patronal a dar una señal inequívoca en los próximos días y advirtiéndole de que su negativa significará el “entierro” de lo que ha funcionado durante 13 años como una buena herramienta para ordenar la negociación colectiva en una estructura productiva, destacaron, tan atomizada como la española.

La cuarta edición del acuerdo, que se firmó en 2018 y caducó en 2020, lleva por tanto tres años en el limbo, primero por la pandemia y después por la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la subida de los salarios durante la recuperación y más tarde por la crisis de precios que trajo la guerra en Ucrania. Si se deja morir el acuerdo marco de salarios, desaparecerá el principal instrumento del Diálogo Social que empezó a firmarse en 2010.

“No lo vamos a alargar indefinidamente o a permitir una negociación sin contenido que sirva de placebo sobre los convenios que aún están por firmar”, apremió Unai Sordo. En caso de que los empresarios no den muestras de que realmente quieren negociar, y no “juntarse a hablar, como en una tertulia” –precisó Sordo–, la respuesta sindical será aumentar la “intensidad” de las movilizaciones que ya comenzaron a convocar el otoño pasado en los sectores. “Y con las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan”, avisó el líder de CCOO, quien mencionó las protestas contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. “Las movilizaciones sociales calan en función de variables que son muy difíciles de prever”, aseguró. A las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocar una huelga general, tanto Sordo como Álvarez dejaron claro que la patronal debe decidir qué escenario quiere: si una negociación colectiva “ordenada y ágil” u otra “más desordenada y sin recomendaciones [sobre subidas salariales]”.

Sindicatos y patronal han mantenido contactos informales en los últimos meses, pero sólo una reunión como tal el pasado 22 de marzo. Entonces quedaron en volver a verse en la primera quincena de abril, después de Semana Santa. Esa cita no ha llegado a producirse. Según explicó Unai Sordo, en todo este tiempo no ha habido “una negociación en profundidad” que permita “atisbar ni remotamente un acuerdo, no hay una posición seria de la CEOE”. El año pasado, cuando las conversaciones quedaron en suspenso, fueron las cláusulas de revisión salarial las que impidieron el acuerdo. La patronal no quería ni oír hablar de subir los salarios tanto como lo estaba haciendo la inflación, que en julio alcanzó el 10,8%. En marzo de este año, el IPC ha caído hasta el 3,3%, pero la CEOE se mantiene reacia a firmar un acuerdo en el que los sindicatos continúan exigiendo el reparto “justo y equitativo” de unos márgenes empresariales considerados “beneficios de usura”, en palabras de Pepe Álvarez. Su presidente, Antonio Garamendi, pedía sustituir el IPC por “indicadores económicos cuantificables y medibles”, como la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, la competitividad y los resultados de las empresas

El pasado enero, CCOO recogió el guante y propuso una cláusula que ligue una parte de la subida salarial a la inflación y otra a los beneficios reales de las empresas y los sectores, medidos con un índice que el Gobierno debería elaborar a partir de los datos recopilados por la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social. La última oferta sindical se concretaba en un 5% de alza salarial para 2022, el 4,5% para este año y el 3,75% para 2024. La patronal también la rechazó.

Mientras, el Ministerio de Economía ha anunciado la creación de un Observatorio de Márgenes Empresariales, que tampoco ha despertado el entusiasmo de los empresarios. “Si es para controlar, intervenir o para decidir si esto es bueno o malo, para empezar a meter impuestos a la carta como a la banca y a las eléctricas, no nos parece bien”, reaccionó Garamendi.

CCOO y UGT también han emplazado al Gobierno. “Si no hay reparto de los costes de la crisis media la subida de los salarios, debe haberlo mediante los impuestos y las transferencias a las familias”, instó Unai Sordo. De ahí que los sindicatos reclamen al Ejecutivo que “toque” el Impuesto sobre Sociedades para establecer un tipo mínimo. También que no renuncie al control de precios en la vivienda, los alquileres y los productos básicos.

Además, hubo lugar para que Pepe Álvarez llamara a las organizaciones de autónomos y de pequeñas empresas para que “presionen” a las grandes corporaciones, que según dijo son las que “subcontratan su actividad y se quedan con una parte importante del beneficio”, en lugar de ver el problema en la subida del salario mínimo.

En el tintero del Diálogo Social aún queda igualmente el Estatuto del Becario, para el que casi se cerró un acuerdo el pasado mes de octubre con el Ministerio de Trabajo, pero cuya negociación se reabrió en un intento por sumar a la patronal. La última reunión se celebró el pasado 30 de marzo. Según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la intención del Gobierno es mantener las prácticas extracurriculares, que en principio quería eliminar. La CEOE quiere que sigan existiendo, mientras que los sindicatos denuncian que es en ese modelo de becas donde se produce el mayor volumen de fraude. “En el caso de que la CEOE no responda a la última propuesta de Trabajo, el Gobierno debe volver al punto de partida, el acuerdo que ya tenía con los sindicatos”, zanjó Pepe Álvarez.

CCOO y UGT, que alabaron la Ley de Vivienda y criticaron el “populismo fiscal de derechas” que reclama bajadas de impuestos al tiempo que “arruina” los servicios públicos, pidieron el voto para organizaciones progresistas en las próximas elecciones –“no somos neutrales ni equidistantes”, dijo Sordo–, pero sin precisar más.

Sordo y Álvarez también contestaron a las preguntas de los periodistas sobre los conflictos laborales desatados dentro de sus propias organizaciones. La plantilla de UGT llevó a cabo protestas en toda España el pasado día 12 contra las subidas salariales que les ha planteado la dirección del sindicato: el 2,8% para 2022 y el 2,5% para este año, no sólo por debajo de la inflación, sino incluso por debajo de lo que UGT reclama a la CEOE en el acuerdo marco salarial. Y los trabajadores de CCOO en Galicia se declararon en huelga el pasado enero para pedir un nuevo convenio colectivo, porque lo tienen congelado desde 2014, además de mejoras salariales: sólo les subieron el sueldo un 1,9% en 2019.

“Un sindicato no es una empresa, no tenemos beneficios ni plusvalías”, explicó Unai Sordo, “no nos lucramos, administramos los recursos que proceden de nuestros afiliados”. Como ambas organizaciones, debido a la crisis de precios, han congelado las cuotas que pagan sus militantes, también han tenido que echar mano de “contención salarial” con sus propios trabajadores. El conflicto subsiguiente, añadió, lo están “gestionando” y “resolviendo”. “No es eso de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo”, justificó.

Los principales sindicatos franceses han considerado un "fracaso" la reunión mantenida este martes con el Gobierno, encabezada por la primera ministra, Elisabeth Borne, y han llamado a una nueva movilización masiva para este jueves, después de que el Ejecutivo no haya dado muestras de dar marcha atrás a los aspectos más polémicos de la reforma de las pensiones, según informa Europa Press.

El líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, ha lamentado la "obstinación" del Gobierno, frente a la que ha contrapuesto "la fuerza de la democracia social". Considera que el país vive "una grave crisis democrática" fruto de una reforma que, entre otras cuestiones, plantea elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación.

En la misma línea, la nueva líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, ha acusado al Gobierno de seguir una estrategia "radical" e "irresponsable", por lo que ha dejado claro que los sindicatos mantendrán la presión tras una reunión "inútil". "No podemos pasar a otra cosa hasta que no se retire la reforma de las pensiones", ha advertido en declaraciones a los medios.

La de este jueves será la undécima gran movilización contra el Gobierno, dentro de una ola de paros y marchas que se inició en enero y que escaló después de que la reforma sortease el trámite parlamentario por la vía de urgencia, a costa incluso de someterse a varias mociones de censura.

Tanto Borne como el presidente galo, Emmanuel Macron, han descartado retirar una ley que consideran "necesaria" para sostener el sistema público de pensiones. Macron tampoco contempla cambiar el Gobierno, disolver la Asamblea Nacional o convocar un referéndum, como han llegado a pedirle partidos de la oposición.

Alemania se ha despertado este lunes con la mayor huelga en el transporte de los últimos 30 años. Ni trenes, ni metro ni aeropuertos, ni siquiera los trabajadores de los concesionarios de las autopistas han acudido al trabajo. Los alemanes se unen así a británicos y franceses, que llevan meses protestando contra la carestía de la vida –los primeros– y la reforma de las pensiones –los segundos–. Este mismo martes están llamados de nuevo a la huelga los empleados del transporte de toda Francia, los de la recogida de basura van por la cuarta semana de paros. Y los de las refinerías llevan en conflicto desde el pasado día 7.

Mientras, en Reino Unido, la ola de protestas laborales en el transporte público, los hospitales y los organismos públicos que comenzó en diciembre ha obligado a los periódicos a publicar los calendarios de huelgas de los próximos meses para prevenir a los ciudadanos: ya hay convocados paros en el transporte ferroviario este jueves y el sábado, los médicos y los examinadores de Tráfico dejarán de trabajar varios días de abril. Antes lo hicieron las plantillas de las universidades, los profesores no universitarios y los trabajadores de las ambulancias.

La inflación disparada, que en el Reino alcanzaba el 10,4% en febrero, el 8,6% en Alemania o el 9,2% en Italia –todos ellos por encima de la media europea, aun así encaramada en el 8,5%– ha sacado a la calle a los trabajadores del continente para reclamar subidas salariales que les permitan llegar a fin de mes. Aunque Francia es de los países donde el IPC ha estado más contenido en el último año –el 6,2%–, las protestas contra la reforma de las pensiones han destapado un enorme malestar social.

¿Y en España? Médicos de atención primaria y letrados de la Administración de Justicia acaban de firmar sendos acuerdos para poner fin a sus respectivos paros. El otoño pasado, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, emprendieron una campaña –Salario o conflicto– que no ha llegado a incendiar empresas y sectores. Por el contrario, los belgas probablemente se sorprendieron la semana pasada al enterarse de que, pese a las apariencias, las huelgas en el sector privado les habían hecho perder a ellos más días de trabajo –97– entre 2011 y 2020 que a los franceses –93–, según las estadísticas recopiladas por el European Trade Union Institute (ETUI), el centro de estudios de la Confederación Europea de Sindicatos.

Esos mismos datos revelan que, si bien España lideraba junto a Francia la intensidad de las huelgas en Europa en la primera década del siglo, desde la crisis financiera los trabajadores españoles paran cada vez menos para reclamar derechos laborales. Hasta el punto de que en los dos últimos años analizados por ETUI, 2020 y 2021, en España sólo se perdieron 29,7 días por cada 1.000 empleados, muchos menos de los que no se trabajaron en Dinamarca –49,1–, Finlandia –48,8– o Noruega –50,4–. En ese bienio, Francia perdió 79,1 días de trabajo por culpa de las huelgas, el país que más protestó, seguido de Bélgica, con 57,3 días, casi el doble que España.

Los menos dados a utilizar el más contundente instrumento de protesta laboral son Alemania, con sólo 12,6 días perdidos por cada 1.000 trabajadores; Irlanda, con seis días; Portugal, con 6,6, y Países Bajos, Austria y Suecia, que no dejaron de trabajar ni un solo día durante esos dos años por culpa de una huelga. ETUI carece de datos actualizados para Italia, Grecia y Reino Unido.

Desde 2000, el recurso a la huelga ha perdido mucho fuelle en Europa. En 2021 sólo se perdió una media de 19,9 días por 1.000 trabajadores en los 28 países de la Unión Europea, el mínimo del siglo, muy lejos del récord de conflictividad laboral alcanzado en 2002, con 85,3 días perdidos. No volvió a repuntar hasta la crisis financiera: en 2010 se alcanzaron 71,4 días. Desde entonces no ha llegado siquiera a los 40 días. Y a partir de 2018 la evolución ha sido descendente, a falta de lo que computen los años de la guerra, la inflación y el descontento.

Lo cierto es que el país que más días ha perdido por huelgas fue Dinamarca, que en 2008 batió el récord europeo del siglo con 743 días no trabajados. El conflicto por la subida salarial en la sanidad pública fue ese año el mayor de la historia danesa –10.000 trabajadores implicados– y duró más de dos meses. En 2013 se perdieron 397 días, otro récord en Europa, después de que un cierre patronal, decidido por los ayuntamientos, impidiera a 52.000 profesores dar clases durante un mes. El fracaso de la negociación salarial entre profesores y municipios fue el detonante del conflicto. En 2021, las huelgas en Dinamarca se llevaron por delante 95 días por 1.000 trabajadores, también el máximo europeo ese año: está por encima de Francia y Bélgica, y casi cuadriplica los 26 días de España. Cifras que siembran dudas sobre el elogiado modelo de negociación colectiva y diálogo social danés.

España es el siguiente país de la lista europea, con un máximo de 365 días por 1.000 trabajadores en 2002. El 20 de junio de ese año se llevó a cabo una huelga general contra lo que se conoció entonces como decretazo, la reforma de la prestación de desempleo elaborada por el Gobierno de José María Aznar. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dimitió un mes después y su sucesor, Eduardo Zaplana, cambió la norma. El TC la declaró inconstitucional en 2007. En 2004 se perdieron 304 días por las huelgas de los astilleros y en la industria. En comparación, la intensidad de los paros decreció durante la recesión que siguió a la crisis financiera, con 90 días en 2008 y 89 en 2012, aunque en este último año ETUI no incluye la huelga general del 29 de marzo contra la reforma laboral de Mariano Rajoy. Como queda dicho, desde entonces la conflictividad laboral no ha dejado de bajar, hasta quedarse en una pérdida de 26 días en 2021.

Sólo un día menos que el máximo español, 364, figura como récord francés, en 2010, y la espoleta fue, también, la reforma de las pensiones. Entonces el presidente era Nicolas Sarkozy, quien pretendía aumentar la edad de jubilación de 60 a 62 años. Tanto antes de la crisis financiera como después, la conflictividad laboral medida en días de huelga supera en Francia a la española. De hecho, entre 2010 y 2019 los franceses perdieron 127,6 días por 1.000 trabajadores, casi el triple que los españoles –49,1–.

En Bélgica el récord alcanza los 221 días perdidos. Fue en 2014, cuando los belgas se levantaron contra las políticas de austeridad tras la crisis financiera. En 2021 pararon 80 días, uno más que los franceses.

En comparación, los alemanes se conformaron con perder sólo 57 días en 2016, pero las huelgas se extendieron a los sectores eléctrico y del metal, así como a la educación. En 2021 únicamente se dejaron de trabajar 16 días. En Italia también comenzó el siglo con grandes conflictos, que hicieron perder hasta 310 días de trabajo en 2002, mientras que en Grecia llegaron ese mismo año a los 314 días.

Noruega también es un país con huelgas de alta intensidad. En 2000 perdió 239 días, en una huelga que secundaron 80.000 trabajadores de todas las industrias del país, mientras que en 2010 la cuenta llegó a 222 cuando los paros fueron convocados en el sector público. Dos años después se alcanzaron los 154 días y el afectado fue el potente sector petrolero. En 2021 la pérdida por las huelgas se quedó en 46 días.

La mayoría de los países europeos reconocen en su Constitución como un derecho de los trabajadores el recurso a la huelga, cuyo desarrollo se ha dejado a la jurisprudencia de los tribunales. Es el caso español: no existe una ley de huelga y son las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional las que lo han ido moldeando. En otros países los convenios colectivos regulan este derecho. Alemania, por ejemplo, ha establecido restricciones para los trabajadores del sector público.

Pese a que los sindicatos defienden que no hacen falta cambios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha planteado una “renovación completa del marco legislativo del trabajo” que incluya el derecho a huelga. Por su parte, la CEOE lleva años reclamando una regulación más restrictiva.

2022 cierra con buenos datos anuales de empleo y paro, pero las cifras de sus últimos tres meses confirman las alertas por el freno que la inflación y la energía están infligiendo a la economía. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el año pasado se crearon 278.900 empleos, lo que sitúa en 20,46 millones la población ocupada, la cifra más alta desde 2007, cuando aún no había estallado la burbuja inmobiliaria. También bajó en 2022 el número de parados, hay 79.900 menos, lo que sitúa la tasa de desempleo en el 12,87%, cuatro décimas por debajo de la registrada en 2021. Pero, aun así, España vuelve a superar la barrera de los tres millones de parados –3,024 millones– después de haber caído hasta los 2,91 millones en el segundo trimestre de 2022.

La culpa puede atribuírsele a la caída del cuarto trimestre. Desde octubre se han perdido 81.900 ocupados y hay 43.800 nuevos parados: son las peores cifras en esos tres meses desde 2013 y 2012, respectivamente. También ha caído el número de autónomos, 34.700 menos el cuarto trimestre y 111.200 en todo el año. Además, el crecimiento interanual de la ocupación, un 1,38%, es en el último trimestre 1,19 puntos menor que el alza del tercero. Y lo mismo apunta la comparación interanual del paro: aunque desciende un 2,57%, es el menor descenso desde el segundo trimestre de 2022, cuando se empezó a notar la recuperación de la actividad tras la pandemia. Nuevas señales, por tanto, de la desaceleración paulatina del empleo.

Finalmente, se perdieron activos en el cierre de 2022, 38.100, pero aumentaron en el conjunto del año: 199.000 más.

Desde octubre, no obstante, creció el empleo entre las mujeres –55.500 ocupadas más– y entre los extranjeros –55.700 más–. Y continuó el aumento del empleo indefinido, con un alza 366.100 nuevos trabajadores fijos mientras se reducían en 397.800 los temporales. Así, en el total del año, el primero de aplicación de la reforma laboral, los asalariados con contrato indefinido han crecido en 1,59 millones, y los temporales han descendido en 1,19 millones. En consecuencia, la tasa de temporalidad se sitúa en el 17,93%, cuando llegó a estar en un máximo del 26,8% en 2018. Por el contrario, se ha elevado la tasa de personas con contratos a tiempo parcial, 83 centésimas, hasta el 13,59%, debido al aumento del trabajo por horas en el cuarto trimestre, 159.600 más, sumado a la disminución de quienes lo hacen a tiempo completo, 241.500 menos. Pese a ello, en el conjunto de 2022 el empleo a jornada completa mejora en 241.500 trabajadores.

Un dato negativo más en el fin del año es el aumento del paro de larga duración, el de quienes llevan más de un año sin empleo. Son 40.600 más de octubre a diciembre, aunque en el año han descendido en 180.800.

Por sectores, el cuarto trimestre lo han sufrido especialmente los servicios, con una caída de la ocupación de 70.100 empleos. El recuento anual, sin embargo, lo salva con 314.300 ocupados más, pese a que cierra 2022 con un alza en la cifra de parados de 101.100 personas.

En el reparto territorial, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se salvaron de la caída del empleo, con aumentos del 4,55%, 2,57% y 1,25%, respectivamente. Pero en el año, son Baleares –6,3%–, Canarias –5,63%– y la Comunidad Valenciana –4,86%– las comunidades que mejor han recuperado el empleo. Por el contrario, Asturias pierde un 3,81% de sus ocupados –15.100 personas–.

Por lo que respecta al paro, el paisaje cambia. Madrid es el territorio donde más creció el paro en 2022 en cifras absolutas, con 57.700 desempleados más, y la segunda –sólo superada por Asturias– con el mayor aumento porcentual, un 16,15%. El cuarto trimestre dejó a Madrid con 10.600 parados más –un alza del 2,63%– respecto al anterior, lo que la convierte en la tercera comunidad donde más creció el desempleo tras Baleares y Cataluña.

A juicio del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, el comportamiento de la EPA en el cuarto trimestre “es consistente con una moderación en el ritmo de creación de empleo”, con una evolución “más plana” en la segunda parte del año, teniendo en cuenta “las perspectivas económicas que todo el mundo auguraba” para el segundo semestre. Aun así, García Andrés espera que esta moderación en el ritmo de creación de empleo sea “temporal”, y descarta que los datos del cuarto trimestre indiquen un cambio de tendencia, “sino más bien una cierta moderación y una cierta pausa”, informa Europa Press.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, cree que los datos de 2022 confirman la “buena tendencia del empleo, pese a que haya “bajado su ritmo de crecimiento”. También destaca la “calidad del empleo” que se ha creado, con más de 14 millones de trabajadores indefinidos y una rebaja de siete puntos en la tasa de temporalidad, “fruto de la reforma laboral” que se aprobó en diciembre de 2021.

UGT coincide en apuntar al “impacto de la desaceleración económica en el mercado de trabajo” y en subrayar la calidad del empleo “inducida” por la reforma laboral. En el lado negativo, señala hacia el aumento del paro de larga duración, que alcanza al 42,4% de los desempleados. Una cifra que utiliza para criticar las carencias que observa en materia de formación profesional en la recién aprobada Ley de Empleo.

Por el contrario, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha tachado 2022 de “annus horribilis” para los trabajadores por cuenta propia. Su presidente, Lorenzo Amor, reclama que medidas de apoyo, sin “castigar a los que emprenden, a los que emplean y a los que generan empleo y actividad”. La patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, asegura que los datos de la EPA reflejan los efectos de la desaceleración en el empleo por lo que insta al Gobierno a “frenar” la política de aumento de costes y de cargas que soportan las empresas “para no debilitar más el tejido productivo”. Y CEOE habla directamente de “estancamiento” del empleo así como de “un contexto de elevada incertidumbre, desaceleración de la actividad y riesgos a la baja”, que se refleja en el mercado laboral. Las mayores dificultades a las que se enfrentan las empresas, resalta, obligan a su juicio a “centrar los esfuerzos en priorizar el empleo sobre otros factores”.

2023 terminará sin la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y sin la segunda parte de la reforma de las pensiones aprobadas. El último Consejo de Ministros del año, previsto para el próximo martes, día 27, no incluirá en su agenda ninguno de estos dos asuntos capitales. El Diálogo Social ha fallado esta vez, al menos en los tiempos, y ha sido incapaz de poner de acuerdo a empresarios, sindicatos y Gobierno. En el caso del SMI, el último Consejo de Ministros del año aprobará la prórroga del actual hasta que se decida la cuantía en que aumente, quizá a mediados de enero. La subida, no obstante, se aplicará a los trabajadores con carácter retroactivo desde el día 1. El Gobierno, de hecho, sólo debe consultar a los agentes sociales, no negociar con ellos, lo que significa que una vez puestas sobre la mesa las diferentes cuantías propuestas por cada parte –1.040 euros la CEOE, entre 1.082 y 1.100 euros CCOO, 1.100 euros UGT– y la horquilla recomendada por la comisión de expertos –de 1.046 a 1.082 euros–, las discusiones se han trasladado a los ministerios concernidos: Trabajo, Economía y Hacienda.

La segunda fase de la reforma de las pensiones tiene un desarrollo más incierto. La última reunión entre el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal se celebró el pasado día 12, pero no supuso avance alguno, según lamentaron CCOO y UGT a su término. Ambos pidieron, además, al ministerio que no vuelva a convocarles si no lleva a la mesa una propuesta que realmente suponga una novedad sobre lo ya discutido. “En ningún caso [la negociación] acabará antes de que finalice este año”, advirtió hace unos días el secretario general de CCOO, Unai Sordo, “le quedan aún bastantes capítulos”.

El Gobierno se había comprometido con Bruselas a tener aprobada esta segunda parte de la reforma antes de que acabara este año, para empezar a aplicarla “de forma progresiva” a lo largo de 2023. En concreto, el componente 30 del Plan de Recuperación incluía ese plazo tanto para la ampliación del periodo de cálculo de la pensión como para el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que de momento se han quedado en el tintero de José Luis Escrivá.

Desde esa última cita, Seguridad Social mantiene contactos con los agentes sociales, pero no ha habido reuniones y, según las fuentes sindicales consultadas por infoLibre, no se esperan citas formales hasta después del Día de Reyes. En cualquier caso, tanto los sindicatos como la patronal consideran mínimas las posibilidades de un acuerdo tripartito. El rechazo de la CEOE a cualquier cambio que implique un aumento de las cotizaciones sociales –es el caso del MEI– impide el sí empresarial. CCOO y UGT, por su parte, reprochan al ministerio que se haya embarcado en un aumento del periodo de cálculo de la pensión que no cuenta con respaldo político suficiente para su aprobación en el Congreso. Es más, también ha expresado su rechazo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por culpa de ese doble frente, laboral y político, el camino de la segunda fase de la reforma de las pensiones se antoja tortuoso, a diferencia de la primera, que fue acordada con sindicatos y patronal en julio de 2021, y aprobada por el Congreso en diciembre con los votos en contra de PP, Cs, Vox, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y BNG, y la abstención de EH Bildu.

En cualquier caso, aunque se supere el plazo prometido a la Comisión Europea, el Gobierno no prevé que el retraso suponga un problema: tampoco lo hubo con el nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se prometió para el primer semestre de este año, pero no pudo pactarse hasta el 20 de julio. Prueba de ello es que en la adenda del Plan de Recuperación que va a enviar a Bruselas, con modificaciones en algunos hitos y objetivos por culpa del retraso en las inversiones, no se incluirá ninguna relacionada con las pensiones, informa Europa Press. En esa adenda irán 15 reformas nuevas y otras tantas serán ampliación de las ya existentes, entre ellas la mejora de los sistemas de búsqueda de empleo del SEPE.

La ampliación del periodo de cálculo de la pensión ha pasado de ser una medida que “ni ha existido ni va a existir”, en palabras del ministro de Seguridad Social, a convertirse en el principal punto de disenso en la mesa de diálogo con los agentes sociales y en las negociaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno. A lo largo del último año, Escrivá fue modulando sus declaraciones sobre lo que en el Plan de Recuperación se denomina “adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión”. Escrivá siempre ha dicho que el efecto de la medida será “neutro” para las cuentas de la Seguridad Social. Es decir, que no reducirá el gasto en pensiones. También que el objetivo era atender a las “nuevas realidades del mercado de trabajo”, las carreras profesionales de quienes perdieron su empleo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar– mucho menos, cubriendo mejor las lagunas de cotización o descartando sus peores años. Según sus cálculos, la medida afectará a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

El pasado septiembre, cuando prometió presentar una primera propuesta, el ministerio se limitó a anunciar a sindicatos y patronal una ampliación “suave” del periodo de cálculo que, por tanto, no llegaría a los 35 años como había aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio y que terminó haciéndose público. Finalmente, Escrivá plantea aumentarlo hasta los 30 años, pero permitiendo que el trabajador descarte los dos peores años de cotización. Es decir, una ampliación a 28 años, que además se aplicará “de forma progresiva”. Será el cuarto aumento de este parámetro, después de haber subido de dos a ochos años en 1985, hasta 15 años en 1997 y a 25 años en 2011.

Que la ampliación del periodo de cálculo sea neutra para las cuentas de la Seguridad Social no quiere decir que lo sea para los trabajadores afectados. Y es ahí donde surge la discordia. Los sindicatos recuerdan al ministro que la medida se excluyó de las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que aún no se han evaluado los efectos de la más reciente ampliación, a 25 años, que se completó el año pasado. “No me interesa nada si son 28 años, 30 años, si se quitan dos o no. El ministro dice que esto es neutro. Si la Seguridad Social ni gana ni pierde, que lo deje como está”, protestó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Unai Sordo criticó que la iniciativa de Escrivá sobre el periodo de cálculo esté “distorsionando” la negociación sobre la reforma. Y Yolanda Díaz la desechó por tratarse de “un recorte de derechos”, ya que “endurece” el acceso a la pensión. Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Más País, socios parlamentarios del Gobierno, rechazan que se aumente el periodo de cálculo, puesto que, dicen, se traducirá en una rebaja de la cuantía de la pensión.

Pese a estas discrepancias, Seguridad Social no modificó su propuesta en la última reunión del pasado día 12. Sí que mejoró la cobertura inicial de las lagunas de cotización y las brechas de género en las pensiones. Pero los sindicatos lo consideraron “claramente insuficiente”. En la mesa también se discute el destope de las bases máximas de cotización –el ministerio ofrece que suban tanto como la inflación hasta 2025 y a partir de ese año y hasta 2050 lo haga en un 34,76%–, la mejora de las pensiones mínimas y el MEI, que debe sustituir al derogado Factor de Sostenibilidad. CCOO quiere iniciativas generosas en esos asuntos para empezar a discutir siquiera el periodo de cálculo.

Aunque el Gobierno prefiere llevar a Bruselas tanto la reforma de las pensiones como el SMI con el respaldo de patronal y sindicatos, el rechazo de la CEOE a ambas medidas va a impedir la reedición de los 14 acuerdos anteriores que revitalizaron el Diálogo Social. La patronal ha endurecido su discurso según se iban sucediendo las críticas desde el PP y desde el interior de la propia patronal. Que diera el sí a la reforma laboral de diciembre de 2021 no fue del agrado de muchos. Ya antes de las elecciones que el pasado noviembre han dado cuatro años más a Antonio Garamendi al frente de los empresarios, la CEOE se había opuesto a la subida del SMI de 2022 y renunciado al acuerdo de salarios para el próximo trienio con los sindicatos. Quedó en suspenso en mayo por la negativa de la patronal a subir los sueldos tanto como la inflación y por la línea roja que CCOO y UGT dibujaron en las cláusulas de revisión salarial.

Una vez reelegido, Garamendi perseveró en la línea dura al rechazar “la interlocución” del Ministerio de Trabajo por considerarla “tramposa y contraria a la buena fe”. La CEOE reaccionaba así a la enmienda que EH Bildu había negociado con los grupos del Gobierno para permitir a la Inspección de Trabajo que revise si las empresas cumplen las causas legales cuando presentan un ERE. La patronal considera que esa nueva atribución a los inspectores devuelve a la Administración el control sobre los despidos colectivos e incluso habla de “traición” a los acuerdos de la reforma laboral.

Por el contrario, tanto CCOO como UGT creen que la CEOE está “sobreactuando”. “No vi que reaccionara con tanta intensidad cuando algunos grupos parlamentarios impugnaron la reforma laboral [que la patronal había firmado] en el Tribunal Constitucional”, lamentaba el número dos de UGT, Fernando Luján, en referencia a los recursos presentados por PP y Vox.

Exceso de drama o no, lo cierto es que CEOE escenificó su divorcio con Trabajo no acudiendo a la última reunión sobre el SMI este mismo miércoles. Envió una propuesta por escrito al ministerio. Para saber si el resto de las mesas de negociación abiertas peligran, habrá que esperar también a enero. La Ley de Empleo –que incluye las nuevas competencias de la Inspección de Trabajo y la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo– quedó aprobada el pasado jueves en el Congreso, con las abstenciones de PP, Cs y Junts y los votos en contra de Vox y BNG. Pero el Estatuto de Becario sigue pendiente de acuerdo. La última reunión fue el pasado día 5. El Gobierno aún no les ha presentado una propuesta sobre prácticas extracurriculares –el nudo donde se ha atascado la negociación– que les prometió y que ya no verán hasta el próximo año.

Mención aparte merece el acuerdo de salarios y negociación colectiva, que ya sólo implica a los sindicatos y la CEOE. Unai Sordo ve “bastante complicado” que se recupere el Diálogo Social si la patronal persiste en su discurso de los últimos meses. “La lectura que están haciendo ahora las organizaciones empresariales es que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas”, explicó en una entrevista en TVE, “por eso no están por la labor de acordar ni en el Diálogo Social ni en la negociación colectiva”.

También está pendiente el pacto de rentas que impulsó el Gobierno pero que no ha dado siquiera un primer paso. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, invitó hace unos días a incluir el acuerdo sobre el SMI en un futuro pacto de rentas, del que casi nadie, a estas alturas de la crisis, habla ya.

“Si no estamos para llegar a acuerdos, ¿para qué estamos?”, fue la pregunta retórica que Antonio Garamendi lanzó al aire nada más ser reelegido como presidente de la CEOE este jueves. Con las negociaciones del acuerdo marco salarial en punto muerto desde el pasado mayo, la respuesta es urgente y necesaria. Tras recordar que debatir con sindicatos y Gobierno es su “obligación” como agente social y establece el artículo 7 de la Constitución, Garamendi ensalzó el diálogo como “la mejor infraestructura del país”.

Eso sí, también advirtió de que dirá “sí cuando toque y no cuando no toque, pero un no razonado y desde la moderación y la independencia”, en un intento por desarmar las críticas que le llovieron desde su propia organización por firmar demasiados acuerdos con sindicatos y Gobierno. Garamendi hizo gala de ellos, “14 pactos tripartitos y dos bipartitos”: las seis renovaciones de los ERTE tras la pandemia, la ley del teletrabajo y de los riders, las cotizaciones de los autónomos, la primera parte de la reforma de las pensiones… y la más importante y polémica para la CEOE, la reforma laboral de diciembre de 2021.

Ese acuerdo contó con la abstención de las patronales del campo (Asaja) y la automoción (Anfac) y de las organizaciones empresariales de Madrid y Cataluña. Fue el primer síntoma del malestar de parte de los empresarios por lo que consideraban cesiones al Gobierno. A continuación, la CEOE rehusó apoyar la subida del SMI a 1.000 euros y las negociaciones con UGT y CCOO para renovar por tres años el acuerdo marco salarial quedaron en suspenso en mayo: los empresarios no querían ni oír hablar de subir los sueldos tanto como lo está haciendo una inflación desbocada.

Los sindicatos acusaban, además, a la patronal de torpedear el diálogo social según se aproximaban las elecciones que debían decidir si Garamendi continuaba en la presidencia. Una vez renovado en el cargo, y con un respaldo del 86%, CCOO y UGT confían en volver a sentar a los empresarios a la mesa. Ha sido su exigencia desde la vuelta del verano, cuando emprendieron un calendario de movilizaciones sectoriales para espolear los convenios colectivos bloqueados. Y que culminaron el pasado día 3 con miles de delegados sindicales protestando a las puertas de la CEOE en Madrid.

“Tenemos muchas expectativas, una vez pasadas las elecciones, de recuperar el diálogo con la patronal”, avanza a infoLibre el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. Su intención es que se reanuden las negociaciones y estas conduzcan a la firma de un acuerdo marco salarial “en enero o febrero”. O incluso a un pacto de rentas, se atreve Hoya, pese a que la iniciativa ni siquiera se puede considerar activa por la falta de impulso desde el Gobierno y la ausencia de interés de la CEOE, según los sindicatos. El Ejecutivo ha mantenido un par de reuniones al máximo nivel con los agentes sociales para pedirles un acuerdo de “moderación de rentas empresariales y salariales” hasta 2025. Pero aún no ha precisado ninguna propuesta sobre el contenido de ese acuerdo. Este mismo miércoles, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de “reactivar” el pacto de rentas “después de estas elecciones”. “La voluntad de todos los agentes sociales está ahí y a ver si se alinean todos los incentivos y podemos terminar de acordar ese tema, que sería muy importante para nuestro país”, ha dicho en una entrevista en Antena 3.

En cualquier caso, subraya Mariano Hoya, el acuerdo marco salarial sólo será posible si los salarios se suben con el IPC como referencia. Sin embargo, la postura de Garamendi, al menos antes de las elecciones, era clara: “No estamos diciendo que no puedan subir los salarios. Lo que no podemos es firmar que los salarios suban igual que la inflación sin más. Se puede hablar de productividad, de beneficios. Hay fórmulas”, explicó en declaraciones a RNE el mismo día en que los sindicatos se manifestaban ante la sede de la patronal con el lema Salario o conflicto.

En la misma dirección apuntaba el empresario vasco cuando se trata de la subida del SMI para el próximo año. Si ya estuvieron en contra de que aumentara hasta 1.000 euros, ahora el alza que prepara el Gobierno apoyado en los cálculos de una comisión de expertos debe llegar hasta el 60% del salario medio. “El 1 de enero el SMI debe ser de 1.100 euros; en caso contrario el Gobierno estará abdicando de su responsabilidad”, advierte Mariano Hoya. Por el contrario, Garamendi objeta que el salario mínimo supera ya el 60% del salario medio español “en bastantes comunidades autónomas”. También apunta a que sería perjudicial para las actividades agrícolas.

Por su parte, la rival derrotada por Garamendi, Virginia Guinda, es partidaria de aplicar diferentes SMI dependiendo del sector e incluso de la edad de los trabajadores. En una entrevista en el periódico Cinco Días llegó a decir que el salario mínimo debería subir “sin duda, en algunos estratos” pero también “debería bajar en otros”, como los jóvenes.

Por cerrar quedan aún el estatuto del becario, la Ley de Empleo y la segunda fase de la reforma de las pensiones, que debería quedar negro sobre blanca antes de que acabe el año por imperativo comunitario.

También el Gobierno y CCOO instan a Garamendi a recuperar el diálogo. “Quienes defendemos un sistema de relaciones laborales democrático sabemos de la importancia de contar con interlocutores fuertes y representativos”, ha sido la respuesta en Twitter del secretario general de CCOO, Unai Sordo, a la reelección del empresario vasco. Una vez concluido el periodo electoral en la CEOE, Sordo confía en se puedan reanudar “a la velocidad adecuada” los trabajos para renovar el acuerdo marco salarial y el diálogo social, que “languidece en una coyuntura de precios altos". “Es lo que toca hacer a partir de ahora", apremia.

Mientras, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, además de felicitarle por el triunfo, expresaba su esperanza en que, en este segundo mandato, el diálogo social “siga siendo una de las señas de identidad de la CEOE”. Durante los últimos meses, Díaz ha sido muy enfática a la hora de pedir a la patronal que regrese a la mesa de negociación y suba los salarios. Incluso dio su “apoyo explícito” a CCOO y UGT en sus protestas. “Tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal”, declaró.

El respaldo del 86% con que Antonio Garamendi ha ganado las elecciones le proporciona seguridad en su posición negociadora para las futuras mesas a las que deberá sentarse la CEOE. De los 789 votos posibles, 643 fueron depositados en las dos urnas de la Asamblea General celebrada este miércoles y 534 fueron para Garamendi. Virginia Guinda, la aspirante que presentó su candidatura casi a última hora, consiguió el apoyo de 87 representantes. También hubo 14 votos en blanco y ocho nulos.

En 2018, cuando se hizo por primera vez con la presidencia de la patronal, el empresario vasco fue elegido por aclamación, porque no se presentó ninguna otra candidatura. En realidad, ésta es la tercera vez que Garamendi, que antes presidió la patronal de jóvenes empresarios Ceaje, Cepyme y Confemetal, se presenta a las elecciones en la patronal. La primera fue en 2014, cuando perdió frente a Juan Rosell. La de este año también será la última, porque los estatutos de la CEOE no le permiten más de dos mandatos. 

La oposición ataca por “insolidaria”, “temeraria” e “irresponsable” la subida de todas las pensiones al mismo ritmo que el IPC, el Banco de España y los economistas de Fedea proponen alzas selectivas dependiendo de la cuantía de la prestación, mientras los pensionistas piden en la calle que las mínimas se eleven hasta el 60% del salario medio. Pero el Gobierno defiende a capa y espada una revalorización que en 2023 alcanzará el 8,5%, en línea con una inflación en niveles desconocidos desde hace 40 años. El ministro José Luis Escrivá repite que la medida es fruto de un acuerdo en el Diálogo Social y responde a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Su número dos, Borja Suárez, lo remachó esta misma semana en el Congreso de los Diputados: “No se trata de una decisión de política económica, sino de un derecho, y no porque lo diga el artículo 58 [de la Ley de la Seguridad Social], sino porque también lo dicen el artículo 50 de la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la UE… La revalorización de las pensiones no se puede decidir en función de la coyuntura, los derechos no funcionan así”. Un argumento que suscribirían los manifestantes jubilados, y los sindicatos, pero que rebaten parte de la oposición política y un buen sector de analistas económicos, para quienes ligar las pensiones al IPC pone en riesgo la supervivencia del sistema.

Las pensiones dejaron de actualizarse en función del IPC tras la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013. Hasta entonces, la referencia era la inflación del mes de noviembre de cada año. La nueva norma creó dos mecanismos cuyo objetivo era contener el gasto en este capítulo, el de mayor volumen de los Presupuestos del Estado: 190.083 millones de euros en 2023 –el 39% del gasto, el equivalente al 12% del PIB–, de los cuales 120.054 millones corresponderán a las pensiones de jubilación. El mandato europeo para rebajar el déficit público y la presión que sobre el sistema va a suponer el retiro de los nacidos en el baby boom de los años 60 y 70 fueron los motores del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y del Factor de Sostenibilidad.

El IRP consistía en un alza de las pensiones del 0,25% siempre que las cuentas de la Seguridad Social cerraran con déficit, lo que venía sucediendo desde 2011. En caso de que tuvieran superávit, subirían como máximo lo mismo que el IPC más un 0,5%. El Factor de Sostenibilidad recortaba la cuantía de la primera pensión según aumentara la esperanza de vida. Mientras el primer mecanismo se aplicó de 2014 a 2017, el segundo no llegó a entrar en vigor.

“No creo que nadie quiera volver a la ley de 2013”, apuntó José Luis Escrivá el pasado mes de julio. “Y si alguien quiere volver, que sea consciente de que eso significaría que en el conjunto de 2022 se perderían 1.300 euros de renta para una pensión media”. El ministro se refería a la pérdida respecto a la inflación de este año, que según las previsiones puede terminar en un 8,5% de media.

Un ejercicio parecido puede hacerse de forma retrospectiva. El IRP dejó de aplicarse en 2018, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy pactara con el PNV su apoyo a los Presupuestos de ese año a cambio de renunciar a su propia criatura. La decisión, además, vino precedida de una marea de protestas de los pensionistas en pleno año electoral. La reforma de las pensiones aprobada en diciembre de 2021 lo derogó definitivamente.

Pero si se hubiera mantenido en vigor todos estos años, la pensión media mensual de 2017, que estaba en 1.071,01 euros, habría subido sólo 16,14 euros, ya que se habría revalorizado un 1,5%, a razón de un 0,25% anual, 2023 incluido. En cambio, la mejora real de las pensiones en estos seis años alcanzará el 16% cuando se apruebe la subida del 8,5% prevista en los próximos Presupuestos. Es decir, 15,5 puntos porcentuales superior a la resultante de aplicar sólo el IRP del 0,25%. En 2018 y 2019, la subida fue del 1,6%; en 2020 y 2021, del 0,9%, y en 2022, del 2,5%. Esos aumentos anuales son los responsables de que la pensión media mensual haya crecido 180,71 euros, hasta los 1.251,72 euros. Por tanto, en 2023 su cuantía será 164,57 euros mayor que la que habría tendido con el IRP establecido en la reforma de 2013.

Como puede verse, las alzas entre 2018 y 2021 tampoco fueron espectaculares: la inflación estaba muy contenida. Incluso fue negativa en 2020, que terminó con un -0,53%. Sólo en 2022 las pensiones perdieron poder adquisitivo, puesto que subieron un 2,5% mientras que el IPC cerró el año anterior en el 6,5%. Cuatro puntos de desfase. En total, los precios han crecido un 16,49% desde 2018, mientras que la pensión media lo hizo un 16,87%. Por tanto, de haberse mantenido el IRP, la pensión media habría perdido 15 puntos de poder adquisitivo en los últimos seis años.

Además, en este tiempo, hubo pensiones que subieron más que las contributivas. Las no contributivas –para quienes no han cotizado lo suficiente– y las mínimas mejoraron un 3% en 2018, 2019 y 2022, mientras que en 2021 crecieron un 1,8%, el doble que las demás.

Con ese 8,5% previsto –habrá que esperar a que termine el año para que pueda calcularse la inflación media de 2022 y determinar la cifra exacta–, 2023 será el año en que más habrán subido las pensiones en la historia de España, muy por encima del máximo del 4,1% en que crecieron en 2008 las contributivas, en línea con el alza de la inflación el año precedente. Las mínimas mejoraron entre un 5% y un 6,5%. 

La CEOE puso el grito en el cielo cuando se supo que los Presupuestos del Estado incluyen una subida del 8,6% de las bases máximas de cotización. Lo tachó de “impresentable” y de “golpe al tejido productivo”, además de advertir de que tendrá “efectos nocivos sobre el empleo”. Se trata de las cuotas que deberán pagar a la Seguridad Social quienes en 2023 cobren a partir de 4.495,4 euros brutos al mes, casi 54.000 euros al año. Y es la misma subida que tendrán las pensiones el año próximo, mejoradas a su vez con el alza media que experimentará la inflación este ejercicio. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, explicó este viernes que ese aumento de las bases máximas sólo representa 0,4 puntos porcentuales del 8,4% en que su ministerio ha presupuestado el crecimiento de la recaudación por cotizaciones sociales para 2023: 562,3 millones de euros de los 11.814 millones que prevé mejoren esos ingresos. La subida de las cuotas a la Seguridad Social, precisó, supondrá que las empresas deberán pagar 100 euros más al mes por cada trabajador que gane 53.944,8 euros brutos al año, y éste 20 euros más al mes de su nómina.

Durante la presentación a la prensa de los presupuestos de su departamento, Suárez no ahorró en superlativos cuando calificó de “extraordinario” el aumento de las cotizaciones sociales que, según sus cálculos, se recaudará el año próximo, gracias al aumento de la afiliación, el aumento de las bases de cotización y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Aseguró, además, que se trata de un “cambio estructural”, por el que las cotizaciones sociales han alcanzado los 11 puntos porcentuales del PIB, “un récord histórico”. La recaudación superará un 22% la de 2019, antes de la pandemia, cuando ya creció más de un punto debido a la subida del salario mínimo y a la mejora del mercado de trabajo, subrayó el número dos del ministerio.

Así, del 8,4% de crecimiento presupuestado para 2023, dos puntos corresponden al 0,6% de recargo en la cotización que se llevará el MEI –para financiar las pensiones hasta 2032–, 2,6 puntos provendrán de la recuperación del empleo y 3,8 puntos de la mejora de las bases de cotización –por los mejores salarios de trabajos cada vez más cualificados y productivos, así como por los efectos de la reforma laboral y del Plan de Recuperación, según enumeró el ministro José Luis Escrivá–. De esos 3,8 puntos, sólo cuatro décimas procederán de la subida de las bases de quienes más cobran: 562,3 millones de un total de 5.344,6 millones de euros. Escrivá aseguró que teniendo en cuenta todos esos “refuerzos” de las bases de cotización, sus previsiones de recaudación son, en realidad, “prudentes”, pese a la incertidumbre del momento económico. También crecerán los ingresos por el nuevo sistema de cotización de los autónomos: 12.300 millones, 700 millones más que en 2022. En total, los ingresos por cuotas sumarán 152.075 millones, que servirán para pagar el 80% de los 190.083 millones que la Seguridad Social se gastará en pensiones.

El ministro reiteró que las bases máximas de cotización se suben todos los años pero, además, subrayó que “deben” subir tanto como lo hagan las pensiones. Es lo que ocurrirá en 2023. “Quizá hemos dado por hecho algo que parecía evidente”, apuntó por su parte Borja Suárez. Escrivá volvió a declarar su sorpresa por la reacción de la patronal, cuando la Seguridad Social ha “renunciado” a unos ingresos de 15.000 millones de euros “para proteger el tejido productivo”, en referencia a los descuentos en cotizaciones concedidos a las empresas durante la pandemia. Los sindicatos, por su parte, han acusado a la patronal de “sobreactuar” en su rechazo a la subida de las bases máximas, subrayan que éstas deben subir lo mismo que la inflación todos los años y advierten de que lo “injusto” es que en años anteriores no lo hicieran.

José Luis Escrivá citó en dos ocasiones el discurso que la representante alemana en el BCE, Isabel Schnabel, dio en el Foro Vínculo Atlántico de A Toxa (Pontevedra) para negar que España padezca un problema de costes laborales. “Los salarios reales crecen menos que en otros países de nuestro entorno, por lo que en términos relativos las empresas no pierden en competitividad, en el caso de las exportadoras”, describió apoyándose en los datos aportados por la experta alemana. Si no exportan, añadió, hay que fijarse en sus márgenes, y éstos, según las cifras de Schnabel, no sólo se mantienen, sino que incluso en algunos sectores como el energético se han ampliado. Mientras, los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.

El ministro explicó igualmente en qué consiste el destope de las bases máximas que se discutirá con los agentes sociales en la mesa sobre la segunda fase de la reforma de las pensiones. Esa elevación se hará “en términos reales”; es decir, contando con la inflación, con “ciertos desfases” respecto de la subida de las pensiones máxima y de forma progresiva en los próximos 30 años. Pero no empezará a aplicarse en 2023, aunque deberá haberse pactado con sindicatos y patronal antes de que acabe este año, para cumplir el mandato de Bruselas.

“Queremos romper con ese pasado de sorpresas continuadas en las bases máximas, que el destope esté parametrizado en todos sus elementos. Ahora falta una regla y es lo que intentamos corregir. Antes de que acabe el año tendremos pactada esa senda de largo plazo, pero eso no afecta a lo que hagamos un año, son cosas disociadas. En el Diálogo Social estamos hablando de algo a largo plazo”, detalló Escrivá. La CEOE había acusado al Gobierno de decidir la subida de las bases máximas “a espaldas” de los agentes sociales.

Gracias a sus optimistas previsiones de ingresos, el ministerio mantiene el déficit de la Seguridad Social en un 0,5% para 2023, el mismo presupuestado para el ejercicio en curso. Es más, Escrivá aseguró que, si no fuera por la guerra en Ucrania y sus efectos en el precio de la energía y la inflación, la Seguridad Social ya habría vuelto al superávit con sólo que hubiera repetido este año la inflación media de 2021. Para cuadrar las cuentas del próximo año, el Estado hará una aportación de 38.904 millones de euros a la Seguridad Social, un 6,6% superior a la del ejercicio anterior. Hay que recordar que el pago de las pensiones sube un 9,4% respecto a 2022. Mientras que las prestaciones por incapacidad temporal caen un 12,9%, una vez concluida la pandemia.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), Escrivá prevé que el número de hogares beneficiarios alcance los 650.000 desde los 510.000 actuales, una vez en marcha las diferentes medidas diseñadas para llegar hasta los potenciales usuarios de la prestación que hasta ahora no lo han solicitado. Según las encuestas que la Seguridad Social ha remitido por SMS a estos potenciales beneficiarios, uno de cada cuatro no conocía bien el IMV o si lo conocía, tenía dudas sobre los límites de ingresos que le dan acceso a él o sobre si perdía otras prestaciones, indicó Milagros Paniagua, secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión.

Para aumentar la cobertura del IMV, se ha permitido a los ayuntamientos y a 13 ONG que certifiquen los requisitos necesarios para obtener la ayuda e incluso el ministerio utilizará la colaboración de EAPN (European Anti Poverty Network) para acudir a comedores sociales y centros de reparto de alimentos y ropa e informar a potenciales beneficiarios. El año próximo, además, se pondrá en marcha el “incentivo al empleo”, que se activará cuando aumenten los ingresos del trabajo del beneficiario del IMV, bien porque haya encontrado un empleo que antes no tenía o porque le han subido el sueldo, por ejemplo. Según los cálculos del ministerio, uno de cada cinco hogares, unos 100.000, se beneficiarán del incentivo. Hasta ahora se han gastado 3.097 millones de euros en el IMV.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, descartó este lunes, de nuevo, que vaya a aumentar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones. Lo hizo en una entrevista en RNE, apenas un par de horas antes de que el secretario de Estado, Borja Suárez, informara a sindicatos y patronal de que el plan de su departamento es ampliarlo de forma “suave”. No precisó más. Ni entregó una propuesta por escrito ni lo hará el próximo lunes, cuando en teoría deberían volver a reunirse Gobierno y agentes sociales para seguir negociando la segunda fase de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas. En realidad, según aseguran a infoLibre fuentes de las negociaciones, la cita de ayer concluyó sin que hubiera siquiera convocatoria para el día 19.

La ampliación del número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la futura pensión irá acompañada de medidas para “mejorar la equidad del sistema”. Es decir, se permitirá a los trabajadores eliminar los peores años de cotización y rellenar las lagunas de cotización. Porque las carreras laborales han cambiado mucho durante los años y, por ejemplo, desde la reforma laboral de 2012 y la crisis financiera, para muchos trabajadores despedidos entonces, los últimos años antes de la jubilación ya no son los de mejores salarios y, por tanto, los de mayores cotizaciones. Y esa caída retributiva final termina reduciendo su pensión. Además, las carreras de muchas mujeres son más intermitentes que las de los hombres por la maternidad.

“Tenemos que discutir con los agentes sociales cuál es la mejor combinación de estos tres elementos para que el sistema sea más equitativo y más justo, y cumpla su función de proteger de alguna forma a aquellos que tienen situaciones sobrevenidas o indeseadas y que no les afecte negativamente desde el punto de vista de la pensión futura”, explicó Escrivá en RNE. A continuación, recalcó que “en ningún caso” se ampliaría el periodo de cálculo a 35 años, sino que se harían “pequeños ajustes”.

Su número dos lo llamó ampliación “suave”, el mismo adjetivo que utilizó para describir el aumento de la base máxima cotización y de la pensión máxima que completan esta segunda fase de la reforma. Los sindicatos y la patronal coincidieron a la hora de reclamar al ministerio una propuesta concreta y de recordarle al secretario de Estado que la ampliación del periodo de cálculo no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo acordadas en noviembre de 2020. Según recuerdan las fuentes consultadas, estaba incluida en un texto previo pero, tras pedir su retirada Unidas Podemos y el PP, el PSOE aceptó para hacer posible el acuerdo que finalmente permitió la aprobación de las recomendaciones. CCOO y UGT, además, dejaron claro su rechazo a cualquier aumento del periodo de cálculo, que en 2022 acaba de quedar en 25 años tras ampliarse de forma gradual desde los 15 años en cumplimiento de la reforma de las pensiones de 2011. Y advirtieron de que ni siquiera se ha evaluado aún el impacto de esa extensión.

Borja Suárez sólo aclaró a los agentes sociales que la propuesta del ministerio será “neutra” en términos fiscales, no se hace con propósitos “recaudatorios” y no afectará de manera inmediata a los que se jubilen ahora.

José Luis Escrivá siempre ha explicado que su departamento lleva tiempo estudiando diferentes “fórmulas” para aumentar la contributividad del sistema público de pensiones –tanto cotizas, tanto cobras– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado laboral, donde “las interrupciones y las lagunas [de cotización] son cada vez menos excepcionales”. Así figura, de hecho, en el Componente 30 del Plan de Recuperación. La segunda fase de la reforma de las pensiones debe recibirla Bruselas antes del 31 de diciembre. El Ministerio de Seguridad Social, preguntado por este periódico, se remite a las palabras de Escrivá en RNE –“no llegará a 35 años”–. “Fue una primera toma de contacto, aún no hay nada concreto”, aseguran fuentes del departamento. “Las reformas en estos temas”, añaden, "siempre son suaves”.

En realidad, el ministro lleva jugando con la idea de ampliar el periodo de cálculo y adaptarlo a las “nuevas realidades” del mercado laboral casi desde que se aprobaron las recomendaciones del Pacto de Toledo a finales de 2020. Incluso llegaron a aparecer, en un documento enviado por el ministerio a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cálculos sobre el recorte medio de la pensión inicial que podría suponer ampliar el periodo de cómputo actual, 25 años, a 35: un 6,3%. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explicaba el departamento de Escrivá en ese informe. Cuando se le preguntó al ministro por esas cuentas, aseguró que se trataba de “cálculos intermedios” y criticó que se hubiera creado “una narrativa de confrontación [con el socio del Gobierno]” a partir de ellos.

Según las fuentes consultadas, los agentes sociales pidieron al secretario de Estado que el ministerio deje de hacer declaraciones y lanzar “globos sonda”. En concreto, CCOO le exigió “prudencia en las declaraciones y no dar por hecho el resultado” de unas negociaciones que no han hecho más que empezar. UGT también le reprochó que el ministro haya dado más explicaciones en sus entrevistas en los medios de comunicación que en la reunión de este lunes.

Además, Seguridad Social les propuso este lunes subir de forma progresiva –“suave”, de nuevo– tanto la base máxima de cotización como la pensión máxima. Esta es de 4.139,40 euros, por debajo de otros países europeos. Pero la subida no será “nada de locos”, dijo el secretario de Estado, ni se trata de equipararse con el resto de la UE. Todo lo que se cobra por encima de esa cantidad no cotiza, algo que le ocurre a más de un millón de trabajadores. Al subir la base máxima, crecerán los ingresos del sistema. Pero, para mantener la “naturaleza contributiva del sistema”, debe aumentar también la pensión máxima, ahora situada en 2.819,18 euros al mes, 39.468,52 euros al año. En este punto sí tiene el ministro el respaldo de UGT y CCOO, pero no de la CEOE.

UGT pedirá al Gobierno que cree un fondo de rescate para familias cuyas hipotecas van a subir como resultado del aumento en los tipos del interés y, por tanto, del Euríbor. Su secretario general, Pepe Álvarez, ha cifrado en 450 millones de euros la cuantía de ese fondo, que a su juicio podría financiarse en parte con el impuesto a los grandes bancos anunciado por el Ejecutivo. “Se ha rescatado a los bancos, a las empresas y a los autónomos, así que no podemos dejar de rescatar a familias que, con una hipoteca de 200.000 euros a 25 años, van a sufrir un aumento de coste mensual de 150 euros, según nuestros cálculos”, detalló Álvarez a los periodistas en una comparecencia para inaugurar el nuevo curso político. Y sindical: la semana próxima CCOO, UGT y CEOE volverán a reunirse con la plana mayor económica del Gobierno en una convocatoria “con el orden del día abierto” donde se tratarán, además de la distribución de los fondos de la UE, el bloqueo de las negociaciones salariales y el pacto de rentas.

Tras la subida de los tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo para frenar la inflación, el Euríbor no ha dejado de escalr, y el índice a 12 meses, la referencia de las hipotecas a tipo variable, se sitúa ya en el 1,921% en su tasa diaria, su mayor nivel desde 2012. Y el BCE tiene previsto reunirse este jueves para decidir una nueva subida de los tipos.

Además, el lunes los agentes sociales recibirán del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, su propuesta para reformar las pensiones. En concreto, les explicará cómo quiere ampliar el periodo de cálculo de la pensión al tiempo que deja al trabajador elegir los mejores años de su cotización o eliminar aquellos en que cotizó menos. Este mismo lunes, finalmente, sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo intentarán dejar cerrado el Estatuto del Becario, en el que podría ser el primer acuerdo del Diálogo Social del nuevo curso.

Lo que sigue en claroscuro es el acuerdo marco salarial para los próximos años, cuyas negociaciones quedaron interrumpidas el pasado mes de mayo, y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pepe Álvarez pide a la CEOE “día y hora” para volver a sentarse a la mesa “cuanto antes”, a fin de evitar “una espiral de conflictos a la que será difícil poner fin”, advirtió. Los sindicatos han preparado un calendario de movilizaciones para este otoño en los sectores donde están más representados, en un intento por desbloquear los convenios colectivos, cuya negociación, aseguran, se encuentra atascada desde mayo. CCOO y UGT acusan a la patronal de dar al traste con el acuerdo por su rotunda negativa a aceptar cláusulas de revisión salarial que permitan adecuar los sueldos a la inflación. Los empresarios, por el contrario, reprochan a los sindicatos sus propuestas “inasumibles” –los “efectos perversos de la inflación se convertirán en permanentes”, argumentan– y precisan que la negociación colectiva se está desarrollando “en los parámetros habituales en épocas de dificultad”.

Sobre el salario mínimo, Pepe Álvarez mantiene que debe elevarse hasta 1.100 euros. “No pasa nada si se sube por encima del 60% del salario medio por una vez. Hay argumentos para ello”, resaltó. La comisión de expertos designada por el Gobierno deberá actualizar su cálculo del salario medio en un plazo de dos meses y medio. Su primera propuesta, una horquilla de entre 1.011 y 1.049 euros, se hizo basándose en datos salariales de 2018, que han quedado ampliamente superados cuatro años después. Además, antes de ofrecer una cifra definitiva, el Ejecutivo deberá contar con la inflación, que en agosto alcanzó el 10,4%. Álvarez cree que 1.100 euros es una “cifra moderada y perfectamente asumible para la economía española”. No puede ser, avisó al Gobierno, que “por la mañana” sus ministros digan que el objetivo de sus políticas son los más débiles “y por la tarde” se nieguen a subir el salario mínimo.

También ha advertido al ministro Escrivá de su rechazo a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, ni aun cuando se permita al trabajador eliminar de su carrera laboral los años en que haya cotizado menos. “De ninguna manera”, zanjó. “A partir de ahora van a ser una rara avis a extinguir los trabajadores que coticen 35 años, si quieren dejar elegir los mejores años de los 25 actuales, fantástico”.

El pasado agosto, en una entrevista en laSexta, José Luis Escrivá adelantó que su propuesta cumplirá con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el compromiso adquirido en el Plan de Recuperación de “evaluar las nuevas realidades del mercado de trabajo, sobre todo para aquellas personas cuyos últimos años de vida laboral no son precisamente los mejores”. Para abordar ese problema, el de quienes fueron expulsados del mercado de trabajo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar–mucho menos, el ministro ofreció “varias palancas”. Una de ellas es “ampliar el periodo de cálculo para estas personas”, explicó. Y “al mismo tiempo que se amplía, se puede hacer un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o permitir que se excluyan los peores años”. Según precisó, la medida afectaría a un 30% de los trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.

Pepe Álvarez sorprendió también al reclamar un acuerdo político y social sobre el gasto de defensa, teniendo en cuenta la guerra en Ucrania y la “opinión pública poco atlantista” en España. El “esfuerzo militar”, explicó, tiene un “retorno en política industrial, de I+D y de mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas”. Álvarez propuso que se abra un debate sobre el aumento del gasto, que debería evitar la elección entre políticas sociales y de defensa. Por ese motivo, planteó que esos nuevos recursos se obtengan de “alguna tasa o impuesto” a cargo de las empresas que tienen “intereses económicos que defender”, sin precisar más a qué sectores se refería.

Finalmente, el dirigente de UGT solicitó al Gobierno un mecanismo –una mesa, dijo– que proporcione “información fidedigna” sobre la puesta en marcha de los fondos europeos. Álvarez dijo que había recibido “quejas” por la “lentitud” de los procesos para conceder las ayudas. En concreto, citó los fondos que la Administración destinará a la rehabilitación del patrimonio sindical y empresarial, que van retrasados. Se trata de 98,23 millones de euros que deberían sufragar las obras para la transición energética de un total de 42 edificios.

Álvarez tuvo además una petición para el PP: que se comprometa públicamente a respetar “el acuerdo de la patronal y los sindicatos” que hizo posible la última reforma laboral, si llega algún día al poder. “Daría certidumbre”, apuntó, “y desterraría la idea de algún empresario de que puede volver al antiguo esquema que les permitía usar y abusar de la contratación temporal”.

El Ministerio de Trabajo ha encargado a la comisión de expertos que actualice sus recomendaciones para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2023 y que evalúe el impacto de las alzas aprobadas en los últimos años tal y como pidió en su día el Banco de España. Un análisis, detalló este viernes la ministra, Yolanda Díaz, que debe ir “más allá del empleo” y averiguar el efecto del SMI en la pobreza y la desigualdad. Para esa tarea, la comisión de expertos tiene un plazo de dos meses y medio. Entonces, a punto de acabar el año, la medida entrará en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2023.

Los expertos entregaron en junio de 2021 un primer informe en el que proponían una serie de horquillas con posibles subidas del SMI de forma que equivaliera al 60% del salario medio al final de la legislatura. Así, debería alcanzar entonces entre 1.011 y 1.049 euros al mes. Sin embargo, la inflación, encaramada en el 10,4% en agosto, presiona a favor de una subida mayor si se quiere evitar la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos más bajos. Además, las horquillas de los expertos se hicieron a partir de datos salariales de 2018. Desde entonces, las retribuciones han crecido y, por tanto, también el salario medio que sirve de base para calcular el SMI. El trabajo de la comisión de expertos será, por tanto, actualizar las cifras para que las estudie después el Gobierno y haga su propuesta final.

El SMI ha crecido un 33,5% desde 2019. Ese año se elevó de 735 euros a 900 euros. En 2020 mejoró a 950 euros y en 2021 a 965. En 2022, el SMI alcanzó los 1.000 euros.

UGT ya ha pedido que el salario mínimo llegue a los 1.100 euros. CCOO aún no ha mencionado una cifra. Y la CEOE, que ya se opuso a la subida a 1.000 euros, rechaza cualquier alza. Una vez concluidos los trabajos, el Gobierno consultará con los agentes sociales la subida de 2023, pero no tiene obligación de negociar con ellos. El Estatuto de los Trabajadores establece que, antes de fijar la cuantía del SMI, el Ejecutivo deberá tener en cuenta el IPC, la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Tras reunirse con los expertos, Yolanda Díaz se reafirmó en el compromiso del Gobierno de subir el SMI en 2023, pero no dio ninguna indicación sobre el importe de ese aumento. Sí enumeró las alzas que han aprobado otros países europeos en “estos momentos difíciles y excepcionales”: Alemania lo ha subido un 15%; Bélgica, entre el 12% y el 14%; Grecia, un 9,7%; Países Bajos, un 10% y Polonia un 14,6%. Francia, recordó, lo ha mejorado tres veces en lo que va de año.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sustenta su respaldo a las movilizaciones de los sindicatos en que es necesario subir los salarios en España. “Para una familia trabajadora normal, con un país que tiene salarios más que moderados, es imposible vivir. Los trabajadores tienen razón y le pido a la patronal española que negocie. Hay que subir los salarios”, explicó este lunes en una entrevista en la Cadena Ser. Díaz se apoyó en las cifras de la inflación y en el bajo número de convenios colectivos negociados en lo que va de año para pedir “altura de miras y compromiso con su país” a la CEOE, que rechaza subidas salariales en consonancia con la inflación y acusa a la ministra de cargar contra la patronal por motivos “electorales”.

Pero hay más datos que respaldan una mejora de los sueldos. Éstos son algunos:

La inflación alcanzó el 10,8% en julio, su nivel más alto desde septiembre de 1984. Los alimentos han subido un 13,5% desde el mes de julio del año pasado, pero los alquileres y los gastos de luz y gas en las viviendas lo han hecho aún más, un 23%, según los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por citar algunos productos: la harina es ahora un 38% más cara que hace un año, el pollo un 16,3%, la leche un 23%, el aceite de girasol un 83%, la fruta un 15%. El transporte, debido al aumento de costes que supone el encarecimiento de los combustibles, también ha aumentado sus precios un 16,2% en el último año. Este aumento de precios afecta más a las rentas bajas, ya que tanto su factura energética como la del supermercado representa un porcentaje más elevado de su gasto que en el caso de los hogares más acomodados. Según el Banco de España, la subida de la electricidad, el gas y los carburantes elevó el peso de estas partidas en el gasto en 1,4 puntos porcentuales para los más ricos, pero en 3,1 puntos para los más pobres. Además, las rentas bajas tienen menos colchón para hacer frente al aumento del coste de la vida porque sus tasas de ahorro suelen ser más reducidas.

Si al encarecimiento de la cesta de la compra y de los recibos de luz y gas se le suma que los salarios pactados en convenio sólo han subido un 2,56% hasta el mes de julio, la pérdida de poder adquisitivo asciende a 8,24 puntos. Hasta que la mesa de negociación se rompió el pasado mes de mayo, los sindicatos pedían subidas salariales del 3,5% para este año; por tanto, aún muy por debajo del IPC actual e incluso de la previsión media prevista para este ejercicio, en torno al 7%. También inferior a la inflación subyacente –la que excluye alimentos y energía–, que en algún momento se ha propuesto usar como referencia y que en julio también había escalado hasta el 6,1%, la mayor desde 1993. Para compensar esa brecha, CCOO y UGT reclamaban que se incluyeran cláusulas de revisión salarial en los convenios, con las que se recuperara a final de año el poder adquisitivo perdido. La CEOE rechaza de plano esas cláusulas porque, argumenta, las empresas aún no se han recuperado de la pandemia y sufren un recorte de márgenes debido al aumento de sus costes debido al encarecimiento de la energía y las materias primas.

Aunque no hubieran subido los precios, los salarios españoles tampoco estarían para muchas alegrías. La devaluación que sufrieron por culpa de la crisis financiera y la reforma laboral de 2012 aún se mantenía cuando llegó la pandemia. El INE también publica un índice similar al IPC, pero con salarios, el Índice de Precios del Trabajo (IPT), según el cual los salarios pagados en 2020 –el último año publicado– por realizar el mismo trabajo están un 6,4% por debajo de los de 2008 en términos reales. El salario medio en España ascendía a 25.165,51 euros en 2020, tal y como revela la última Encuesta Anual de Estructura Salarial. Pero el salario mediano es de 20.920,12 y el salario más frecuente, aún menor: 18.480 euros.

Otra forma de medir el comportamiento de los salarios es la remuneración de los asalariados tal y como la recoge la Contabilidad Nacional. Del primer trimestre de 2021 al primero de este año, esta partida ha crecido un 7,1%, mientras que el excedente de explotación bruta, que se asimila a los beneficios empresariales, pero incluye también el consumo de capital y las rentas inmobiliarias, ha aumentado un 12,7%, 5,6 puntos más.

El Banco de España calcula que la cifra de negocio de las empresas aumentó un 45,3% en términos nominales –sin restar la inflación– durante el primer trimestre de este año, antes de que comenzara la guerra en Ucrania. También lo hicieron los consumos intermedios, los que necesitan las empresas para producir sus bienes, un 49,9%. Pese a que la subida de éstos fue mayor que la de las ventas, el Valor Añadido Bruto (VAB) creció un 11,1%. Por encima de esa media se situaron el comercio y la hostelería, con un 29,2%. Aun así, el VAB de las empresas incluidas en la Central de Balances del Banco de España –una muestra de 910– se encuentra todavía un 5,3% por debajo de la cifra del primer trimestre de 2019, menos en los casos del comercio, la hostelería y la industria. Con estas cifras, los beneficios ordinarios de esas empresas aumentaron un 62,4% comparadas con 2021. Muy por encima de esa media se han situado los beneficios de la industria, un 110% –es decir, los han más que duplicado–, y del comercio y la hostelería, un 181% –casi los triplican–.

El Banco de España también elabora una Encuesta sobre la Actividad Empresarial, donde pregunta a 14.500 sociedades. Las respuestas se refieren ya al segundo semestre del año, con la guerra en pleno desarrollo. El 38,1% de las empresas dicen que han subido los precios. Sobre todo, las de hostelería y construcción. Otro 35,7% adelanta que los subirá en el tercer trimestre. Para dentro de un año prevén hacerlo un 54%.

Tanto los sindicatos como la propia Yolanda Díaz acusan a la CEOE de bloquear la negociación colectiva. Hasta julio, se han firmado y registrado 450 convenios, cuando en 2019 la cifra alcanzaba los 556 y en 2018 los 663. También se superaron los 600 en 2016 y 2017, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo. Al año se suelen firmar y registrar entre 1.800 y 1.900 convenios –2.502 en 2013–. Si en 2019, a estas alturas del año, 1,22 millones de trabajadores tenían reguladas sus condiciones laborales, en 2022 su número es de 1,09 millones, 131.758 menos, una caída de casi el 11%. En 2018 la cifra de asalariados protegidos era aún mayor, 1,52 millones. En total, cada año se firman convenios para más de 4,5 millones de trabajadores.

Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la subida del coste de la vida y la tímida subida salarial están recortando el consumo de los españoles. Así, el 42% compra productos de marca blanca, más baratos, mientras que el 21% ha reducido alimentos básicos como la carne y el pescado. El 33% va menos a bares y restaurantes y el 29% renuncia o aplaza la compra de ropa. Pero, con la inflación, lo importante son las expectativas. Dos de cada tres encuestados tienen miedo a gastar y prefieren ahorrar por si el futuro se complica. Y uno de cada tres dice que no dispone de ahorro suficiente para afrontar nuevas subidas de precios los próximos meses. El 45% ya bajó la temperatura de la calefacción en invierno y el 42% desconectó aparatos para rebajar la factura de la luz. El 36% ha dejado de usar el coche por el elevado precio de los combustibles.

El Banco de España también mide el ahorro de los hogares y empresas. El de las familias encadena 11 meses consecutivos de subidas. Entre julio de 2021 y julio de este año, el alza ha sido del 5,78%. Disparado tras la pandemia, el ahorro se mantuvo en 2021 y en lo que va de 2022 ha seguido aumentando. Los depósitos de las familias han crecido un 17% desde febrero de 2020, antes de que apareciera el coronavirus.

El consumo representa casi el 80% del PIB; por tanto, es fundamental para el crecimiento económico. Y una manera de sostenerlo es subiendo los salarios, argumentan los sindicatos. Pero en el segundo semestre del año, según los datos de la Contabilidad Nacional, la contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB ha sido de 3,6 puntos, cuatro décimas inferior a la del primer trimestre. El consumo de los hogares creció de abril a junio un 3,2% respecto al mismo trimestre de 2021, por debajo del alza interanual de hace un año, que alcanzó el 4,9%. Es probable que el gasto se haya mantenido durante los meses de verano, pero afronta un otoño e inviernos en los que la cesta de la compra y los recibos de luz y gas incitarán al repliegue.

“De lo más acertado que ha dicho la vicepresidenta en los últimos años”. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, aplaude el “apoyo explícito” que Yolanda Díaz dio este jueves a las movilizaciones “frente a la patronal española”, a la que acusó de bloquear la negociación colectiva. “Es inaceptable”, argumenta Hoya, “que con un 10% de inflación y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de cinco puntos, la CEOE no se quiera sentar a negociar las propuestas moderadas [de subidas salariales] que hemos puesto sobre la mesa”. La clara toma de partido de la ministra de Trabajo por uno de los agentes del Diálogo Social no ha suscitado de momento ninguna reacción en la patronal, a la que infoLibre ha preguntado. Pero el secretario general de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, considera “lógico” que el Gobierno lance “un mensaje” para “desatascar” los convenios colectivos y “normalizar las relaciones laborales, que están en la cuerda floja”. Actualmente, destaca, 4,5 millones de trabajadores están pendientes de la negociación de sus condiciones laborales para los próximos años.

“Quiero pedir a Antonio Garamendi que se comprometa con su país. Creo que sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta”, emplazó Yolanda Díaz al presidente de la CEOE en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. También anunció que el Gobierno va a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “sin ninguna duda”, porque “en esta coyuntura de incertidumbre es más necesario que nunca” y que esa mejora deberá tener en cuenta también la inflación. La CEOE ya rechazó la última subida del SMI, que lo situó en 1.000 euros, el pasado mes de febrero. Y en mayo las negociaciones con los sindicatos para firmar un acuerdo marco de salarios de tres años quedaron rotas no por la cuantía de las subidas –un 3,5%–, sino por las cláusulas de revisión, que exigen CCOO y UGT pero descarta la patronal.

“Pedir el desbloqueo de la negociación colectiva no es una toma de partido”, responden por su parte fuentes del Ministerio de Trabajo. El Gobierno, explican, está a favor de subir los salarios y en contra de que se bloqueen los convenios, y eso es lo que ha expresado la ministra con su mensaje directo a Garamendi y el respaldo a los sindicatos.

“La CEOE no quiere hablar de nada por lo menos hasta que se celebren las elecciones [a presidente] en noviembre”, acusa Mariano Hoya. En la misma dirección apunta su compañero en CCOO cuando se le pregunta por el efecto que pueda producir el reproche lanzado por Yolanda Díaz en Antonio Garamendi: “Más a la defensiva se pondrá cuando mire por el espejo retrovisor a su propia organización”, describe Mariano Sanz, en referencia a las críticas internas que el directivo vasco recibió tras la firma de los sucesivos acuerdos del Diálogo Social en 2021 y a sus posibilidades de reelección como presidente de los empresarios a finales de este año. En diciembre de 2021, cuatro patronales –la madrileña CEIM, la catalana Foment del Treball, la agraria Asaja y la de fabricantes de vehículos Anfac– se abstuvieron en la votación del comité ejecutivo que dio su apoyo a la reforma laboral negociada con los sindicatos y el Gobierno. Fue el último pacto tripartito hasta el que han sellado los autónomos con el Ministerio de Seguridad Social hace unas semanas. La subida del SMI, que fue la siguiente negociación laboral, se cerró sin el apoyo de la CEOE. Y la mesa, bipartita, para diseñar el acuerdo de salarios, se rompió en mayo. “Garamendi ha abdicado del Diálogo Social”, sentencia Mariano Hoya, “y no llegará a un acuerdo [con los sindicatos y el Gobierno] hasta después de su reelección”.

“Para nosotros la negociación colectiva es un tema estructural, y hemos emplazado a la patronal a abordarla de forma pactada y sensata, no hemos pedido subidas iguales a las del IPC, que está en el 7,2% de media, sino que hicimos una propuesta a tres años”, precisa el responsable de CCOO. Pero la negativa “irresponsable” de los empresarios, añade el dirigente de UGT, les ha empujado a convocar movilizaciones este otoño. Hasta ahora, los convenios colectivos que se han firmado con mayores subidas salariales han sido “los vinculados a conflictos”, en Cádiz, Cantabria o el País Vasco, enumera Mariano Sanz. Mariano Hoya destaca que en los sectores donde los sindicatos tienen mayor fuerza se ha conseguido introducir cláusulas “de distinto tipo, unas más potentes que otras: de revisión, actualización o fin de ciclo”, como en la construcción o el metal. Pero en algunos sectores de servicios, donde los sindicatos tienen menos capacidad de movilización, lamenta, la patronal “no quiere hablar de nada”.

En cualquier caso, CCOO dice que quiere “un proceso lo más pactado posible” y que ya maneja un calendario para abordar la negociación colectiva con la CEOE. Mariano Hoya recuerda que en Reino Unido los sindicatos han convocado huelgas en Correos, puertos o el sector ferroviario en demanda de mejoras salariales para combatir la inflación.

Por lo que se refiere al SMI, que el Gobierno no tiene obligación de negociar con los sindicatos, aunque sí de consultarlos, CCOO aún no ha hecho una propuesta concreta, pero sí UGT. La horquilla que calculó el comité de expertos reunido por el Gobierno se basó en datos de 2018. Ahora los economistas han actualizado las cifras con datos de 2020 y presentarán una nueva horquilla el próximo 2 de septiembre a sindicatos y patronal. Desde 2018 han subido los salarios con los que en su momento se calculó la cuantía del salario medio –el compromiso del Gobierno es llegar al 60% de esa cantidad en 2023–, como también lo ha hecho, y mucho, la inflación. Por tanto, UGT cifra en 1.070 o 1.075 euros el 60% del salario medio con datos de 2020 y en 1.100 euros el SMI contando con la inflación. La horquilla de los expertos en su primera recomendación era menor, un salario mínimo de entre 1.011 y 1.049 euros. El Estatuto de los Trabajadores establece que la cuantía del SMI debe fijarse teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el aumento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. “Creo que se ha demostrado científicamente que es positivo subir el SMI en unos márgenes adecuados. En este contexto de crisis, esta herramienta tiene más sentido que nunca”, aseguró Yolanda Díaz en el Congreso.

“A Fátima Báñez [ministra de Empleo del PP] no le hacía falta expresar su apoyo a los empresarios con declaraciones; tenía el BOE y mayoría absoluta en el Congreso”, responde Mariano Hoya cuando se le pregunta por el espaldarazo recibido de Díaz, “[Báñez] aprobó la reforma laboral de 2012 y cada viernes [en los consejos de ministros] apretaba un poco más la tuerca”. 

Sindicatos y patronal han salido este miércoles de la reunión con el Gobierno sin conocer ni una sola propuesta sobre el pacto de rentas que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quería resucitar para frenar la inflación desbordada y dar “confianza y estabilidad” a los trabajadores y las empresas. “No tenemos ningún indicio de por dónde quiere el Gobierno abordar el pacto de rentas”, resumió la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras sentarse durante una hora con las ministras del área económica del Ejecutivo, a excepción de Yolanda Díaz, que se encontraba en Roma.

Poco antes, la propia Nadia Calviño había eludido responder a las preguntas de los periodistas que querían saber qué va a contener el pacto de rentas: pensiones, salarios de funcionarios, modificaciones en el impuesto sobre sociedades, otra subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de que acabe el año… Todas son medidas que le reclaman los sindicatos y la patronal, así como el Banco de España.

De forma que tanto Mari Cruz Vicente como su homólogo en UGT, Mariano Hoya, coincidieron en asegurar que las posibilidades de alcanzar un pacto de rentas, al menos tras esa primera reunión tan difusa, son “las mismas” que hace dos meses, cuando el pasado mayo se rompieron las negociaciones entre los sindicatos y la CEOE para firmar el acuerdo marco de salarios de los próximos tres años. La patronal, que también asistió a la convocatoria del Gobierno este miércoles, no compareció ante los medios tras la reunión.

Calviño se limitó a calificar la cita de “productiva” y a indicar que veía a los agentes sociales “abiertos a trabajar” para cerrar el pacto de rentas. Sólo dijo que el Gobierno quería un acuerdo de tres años, hasta 2025, “de moderación de rentas empresariales y salariales”. Cuando se le preguntó por posibles cambios en el impuesto de sociedades para gravar los beneficios de las empresas, la vicepresidenta primera mencionó únicamente el impuesto a las compañías energéticas ya anunciado por el Gobierno. Y cuando se le inquirió sobre la segunda subida del SMI para este año que ha reclamado UGT sólo recordó el “compromiso” del Ejecutivo para que al final de la legislatura el salario mínimo iguale el 60% del salario medio. Tampoco dio ningún detalle sobre si, como le ha pedido la CEOE, el acuerdo de rentas incluirá las pensiones y los salarios de los funcionarios. Apenas adelantó que el Gobierno empezará a trabajar “desde mañana mismo” con los agentes sociales “en distintas composiciones” y “de forma discreta”, sobre la base de la experiencia de cuatro años de Diálogo Social.

Por su parte, CCOO y UGT se reafirmaron en su objetivo de que el pacto de rentas no se edifique sobre la contención salarial. “Los salarios no son los causantes de la inflación”, subrayó Mariano Hoya. Mari Cruz Vicente puso en valor la necesidad de incluir cláusulas de revisión salarial para garantizar el poder adquisitivo al final de cada año. Y ambos se mostraron dispuestos a volver a sentarse con la patronal en septiembre para resucitar el acuerdo salarial malogrado en mayo.

Desde que el otoño pasado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, propusiera un pacto de rentas para atajar la inflación, que entonces estaba en el 5,5% –y la subyacente, sin energía ni alimentos, sólo en el 1,7%–, el alza de los precios ha dejado de ser una perturbación temporal y se ha convertido en la principal preocupación de ciudadanos, gobiernos y bancos centrales. Hoy, sólo la inflación subyacente ha igualado ese 5,5% en que estaba el IPC general hace siete meses y el IPC general supera ya el 10%. Pero del pacto de rentas que primero planteó De Cos y, tras estallar la guerra en Ucrania, reclamó también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nada se ha sabido hasta ahora. El fracaso de las negociaciones entre los sindicatos y la patronal para firmar un acuerdo marco que fije las subidas salariales de los próximos tres años dinamitó finalmente una iniciativa que no había suscitado entusiasmo cuando el gobernador del Banco de España la expuso. Ahora, la persistencia de la inflación y la perspectiva de un otoño e invierno aún en guerra y con graves carencias energéticas en toda Europa ha devuelto el pacto de rentas a la agenda política.

Los sindicatos siempre han dicho que el pacto de rentas debe ir más allá del acuerdo salarial. Y lo han repetido este miércoles antes de sentarse con Nadia Calviño. El Gobierno tiene que convertirse en “actor principalísimo” y precisar “qué pone encima de la mesa”. En concreto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reclama “medidas fiscales ofensivas y valientes”. Si hay que redistribuir las pérdidas que ocasiona la inflación, como pidió Hernández de Cos, también deben recortarse los “miles de millones en excedentes” que están consiguiendo las empresas. Es decir, “hay que tocar el impuesto sobre sociedades”, instó Sordo, a quien no le basta el impuesto a los beneficios extraordinarios de eléctricas y petroleras anunciado por el Ejecutivo. Además de aplicar medidas “eficaces” para contener los precios, añadió, hace falta un pacto fiscal “más ambicioso” vinculado a la protección de quienes lo están pasando peor.

En parecidos términos se ha expresado también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien calificó de “razonables” las subidas salariales que los sindicatos están reclamando en las mesas donde negocian convenios colectivos. “El 3,5% para este año, 2,5% para 2023 y 2% para 2024, incluyendo cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo”, resumió. Los dos sindicatos mayoritarios convocaron para este miércoles concentraciones de protesta ante la sede de las principales patronales para exigir aumentos salariales y para pedir a la CEOE que vuelva a sentarse a negociar un acuerdo marco de salarios que no sólo garantice el poder de compra de los trabajadores sino también “pacifique” la negociación de los convenios. Sordo destacó que se están firmando convenios con subidas salariales por encima del 4%, pero sólo tras alcanzarse “altos niveles de conflictividad social”. Puso el ejemplo del sector del metal en Cantabria, donde se firmó ese aumento y se consiguió la cláusula de revisión salarial después de 20 días de huelga, y en A Coruña, donde la huelga duró cuatro días. En otoño, advirtió, continuará el “tensionamiento” de la negociación colectiva que ambos sindicatos anunciaron tras romperse el diálogo con la patronal el pasado mayo.

La CEOE, por su parte, rechaza reducir unos márgenes que considera aún muy tocados por efecto de la pandemia. Tampoco quiere oír hablar de cláusulas de revisión salarial, que se convirtieron en el elemento que dio al traste con el acuerdo marco salarial en mayo. En diciembre de 2021, el 15,8% de los trabajadores disfrutaban de una de estas cláusulas de garantía en sus convenios; en mayo de este año son ya el 25,7%.

El presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, precisó este mismo miércoles que no se opone a subir los salarios, aunque sí a que éstos suban tanto como la inflación. De momento, la media de mejora salarial firmada en convenio no supera el 2,4%, según la estadística del Ministerio de Trabajo.

La patronal prefiere poner el foco en las pensiones y el salario de los funcionarios, que a su juicio deberían incluirse en el pacto de rentas. “Cada punto [que se suban las] las pensiones son 1.700 millones y en la reposición del próximo año del baby-boom son 4.000 millones de euros más. Podemos estar hablando de 17.700 millones más de coste en pensiones”, ha destacado en declaraciones a Onda Cero. “Todos queremos”, continuó, “que los pensionistas cobren y los salarios suban, pero lo que no queremos es que quiebre el sistema”. También culpó al Estado de “influir” para que la inflación se dispare, al recaudar “más de 20.000 millones de euros” gracias al alza de los precios. Una cantidad, dijo, que debería dedicarse a atender las necesidades básicas de los ciudadanos.

Garamendi rechaza igualmente una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ya ha avanzado Pepe Álvarez y apoyado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Según la ley, el SMI debe revisarse cada seis meses, estamos en nuestro derecho de pedir al Gobierno que lo haga antes de que termine el año”, anunció el líder de UGT. En enero el salario mínimo alcanzó los 1.000 euros mensuales. El presidente de los empresarios ha descalificado “los mensajes de la vicepresidenta”: “Son en pura clave electoral, no es realista lo que plantea”, ha zanjado.

Unidas Podemos insiste en exigir la reforma fiscal que el Gobierno quiere aplazar para el año próximo, en vista de las grises perspectivas económicas para el fin de este ejercicio. “Las empresas del Ibex-35 están ganando más que nunca y las eléctricas y petroleras se están forrando”, ha denunciado el portavoz del grupo, Pablo Echenique. Sin esa reforma, abundó, el pacto de rentas “quedará desvirtuado”.

Es decir, en ese reparto “ineludible” –el adjetivo que utilizó el gobernador del Banco de España– de la pérdida de riqueza que supone la inflación, el pacto de rentas debería añadir al acuerdo salarial un pacto fiscal para moderar los márgenes empresariales y medidas de ayuda a los ciudadanos más perjudicados por las subidas desbocadas de los precios. Al menos es lo que piden las partes convocadas y los tres elementos que dibujó Hernández de Cos cuando presentó su propuesta. Pero de momento, el Gobierno no ha revelado ni un solo detalle de cómo quiere diseñarlo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó el Primero de Mayo para anunciar que un comité de expertos empezará enseguida a elaborar propuestas para redactar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La ley laboral fundamental española se aprobó en 1980 y desde entonces ha tenido unas cuantas enmiendas, pero precisa de un buen remozado para hacer frente a los múltiples cambios que se han producido en el mundo del trabajo en las últimas décadas. Las nuevas tecnologías, la globalización, la desregulación, las crisis económicas sucesivas han dado al traste con los modelos laborales sobre los que se diseñó aquel Estatuto. Díaz lo ha rebautizado como el “Estatuto del Trabajo”, porque cada vez hay más autónomos y menos asalariados, según dijo este pasado viernes en rueda de prensa.

En cualquier caso, la puesta al día del Estatuto de los Trabajadores es una tarea pendiente desde marzo de 2019, cuando la disposición adicional primera del real decreto que aprobó el registro obligatorio de la jornada ordenó que se constituyera “antes del 30 de junio” de ese año un grupo de expertos para elaborar una nueva ley laboral. Pero las elecciones anticipadas frustraron la iniciativa, que no obstante reapareció en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. “Previo diálogo con los agentes sociales” y sobre el trabajo de un grupo de expertos, ambos partidos se comprometían a elaborar un nuevo Estatuto que compaginara “la protección de los trabajadores frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI” y el reconocimiento de nuevos derechos laborales “propios de la realidad económica y social actual”, con la competitividad empresarial y la negociación colectiva.

Lo que entonces se presentó como una tarea que debía iniciarse “de manera inmediata”, se ha retrasado, sin embargo, tres años. Han pasado una pandemia, una reforma laboral y hasta una guerra antes de que siquiera se hayan sentado los expertos a debatir.

Yolanda Díaz ha dado sólo unas pistas de qué habría que cambiar en la ley laboral básica: permitir la entrada de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y reducir la jornada laboral. Los sindicatos, por su parte, entienden que la ley de 1980 necesita una revisión “sin ninguna duda”, que le permita regular “las nuevas formas de trabajar” que están naciendo, explica la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Además, no han dejado de recalcar, mientras se aprobaba la reforma laboral de diciembre, que no renunciaban a cambiar otras cuestiones: desde el despido hasta la autorización administrativa de los ERE o la modificación unilateral de las condiciones de trabajo. “Hay que acotar las causas de despido y revisar las cuantías de las indemnizaciones”, apunta el responsable de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya. La CEOE, por su parte, ha rehusado detallar a infoLibre qué aspectos cree conveniente modificar en el Estatuto de los Trabajadores. “Aún es demasiado pronto”, aseguran fuentes de la patronal, cuando se acaba de anunciar la iniciativa y ni siquiera se ha convocado el comité de expertos.

Los académicos lo tienen más claro. Se trata de la ley básica del mercado laboral, que debe fijar los límites generales de lo que se puede hacer y lo que no, resume Miguel Ángel Malo Ocaña, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca. Y para reformar una ley así es necesario “mucho consenso”, tanto como cuando se piensa en reformar una constitución, subraya. En cuanto al contenido, recuerda que en 1980 apenas existían las comunidades autónomas y España aún no había entrada en la Unión Europea. “No hay [en el Estatuto de los Trabajadores] ninguna referencia al ordenamiento supranacional, que ahora es fundamental para multitud de cuestiones de la regulación laboral”, apunta por su parte Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tampoco existe mención alguna a la internacionalización de las empresas, por lo que la protección de los trabajadores que ofrece sigue siendo de ámbito nacional.

Baylos cree que podría recurrirse al “derecho blando” de la OIT en esta materia, también al modelo social europeo, y regular la formación de comités de empresa de ámbito europeo. Malo Ocaña piensa en los convenios de alcance autonómico, inexistentes en 1980, o en una articulación de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales— que es competencia de las comunidades autónomas y considera “anticuada”.

En lo que coinciden sindicatos, gobierno y expertos es en que la nueva ley laboral debe incorporar “nuevos derechos” a la luz de los cambios “bruscos y rápidos” que ha sufrido el mercado de trabajo por la disrupción tecnológica. Las leyes del teletrabajo y de los repartidores, recién aprobadas, regulan dos realidades desconocidas para los legisladores de 1980. Baylos dice que son “parches” que ahora deben “encajarse” en el Estatuto de los Trabajadores. “Cómo se evalúa la labor de los trabajadores de plataformas, si se usan los algoritmos para despedir, si el trabajador tiene derecho a llevarse su historial de información de Uber a Cabify, por ejemplo; es decir, tu prestigio de una empresa a otra…”, enumera Miguel Ángel Malo lo que falta por ordenar.

Las plataformas digitales no sólo son un nuevo modelo de negocio, sino que también han creado un nuevo tipo de trabajador que “se escapa” del derecho laboral, dice Mari Cruz Vicente. Una irrupción que se añade al trabajo a distancia. El derecho a la desconexión digital, quién paga los gastos del teletrabajo, la geolocalización. “Habría que desarrollar el 20 bis del Estatuto de los Trabajadores”, sostiene además Antonio Baylos, en referencia al artículo que reconoce el derecho de los trabajadores a “la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador”.

Sobre el despido, en cambio, Malo Ocaña no considera que la regulación implantada en la reforma laboral de 2012 fuera “inadecuada”. “Clarificó muchas cosas”, asegura, “antes había más incertidumbre en a la hora de interpretar las causas de los despidos, que terminaban juzgándose improcedentes”. Además, piensa que no hay consenso suficiente para llegar a un acuerdo en este punto, probablemente el más controvertido cada vez que se habla de reformar las normas laborales. A su juicio, el nuevo Estatuto debería ir en la dirección de “proteger más a la persona que al puesto de trabajo”, pese a que al tiempo cree acertado el mecanismo de los ERTE, encaminado precisamente a proteger los puestos de trabajo.

Antonio Baylos, por el contrario, mantiene que la nueva regulación debería ser lo “más restrictiva posible” con el despido improcedente y con los despidos colectivos. “Para que sean el último recurso”, recalca. Pero también cree que la discusión sobre la cuantía de las indemnizaciones, “si son 33 o 45 días”, es “bastante irrelevante e incluso equivocada”. Según explica, la compensación económica por un despido injusto no puede calcularse sólo con la antigüedad del trabajador. Considera discriminatorio que se indemnice menos a un despedido por el hecho de que lleve menos tiempo trabajando en la empresa. “Habría que establecer una indemnización mínima y luego valorar el daño o lesión generada y aumentarla según las circunstancias –qué tipo de lesión o daño se ha generado, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental del que no se puede privar injustamente–, y al sujeto al que se lesiona”, sugiere.

El catedrático se remite al ejemplo de Italia, donde los jueces dictaminaron que calcular la indemnización según la antigüedad del trabajador, tal y como establecía la ley laboral redacta por Matteo Renzi en 2014, era inconstitucional.

Además, critica que la nulidad de los despidos se haya “vaciado de contenido” progresivamente desde 1994. Sólo se establecen como nulos aquellos que vulneran derechos fundamentales, los casos donde se puede probar que ha habido discriminación. Por eso cree que habría los nulos deberían “ganar terreno” entre los que hoy son considerados improcedentes, como por ejemplo los despidos covid, que fueron vetados durante la pandemia. Si un despido es nulo, el trabajador es readmitido en su puesto de forma automática. Si el despido es improcedente, la empresa elige entre readmitirlo e indemnizarlo. Antonio Baylos piensa que deberían ampliarse los supuestos en que los trabajadores recuperan su empleo. “Sería una buena ocasión para integrar en la ley laboral española el artículo 24 de la Carta Social Europea [que establece el derecho a indemnización si el despido se realiza “sin que existan razones válidas”] y el convenio 158 de la OIT [que enumera los motivos no justificados para despedir]”, plantea.

Otro tanto propone Baylos para los despidos colectivos, legislando contra la deslocalización de las empresas e incorporando la intervención pública que ya se ha “experimentado” con los ERTE: una empresa no puede despedir porque atraviese dificultades temporales, sino que debe acudir a la reducción de jornada o a la suspensión de los contratos.

En cambio, sostiene que el regreso a la autorización administrativa de los despidos, que eliminó la reforma laboral de 2012, sólo debería establecerse para “situaciones muy especiales”.

Mari Cruz Vicente también quita protagonismo a la redefinición de las causas del despido y a la cuantía de las indemnizaciones. “Hay que añadir más cosas y abordar bien la entrada, la permanencia y la salida del mercado de trabajo”, replica, “porque si no, por ahí se nos escapan los falsos autónomos, las falsas cooperativas… las nuevas tecnologías proporcionan subterfugios para huir del Derecho del Trabajo”.

Que los trabajadores participen más en la gestión de las empresas también suscita el acuerdo entre los consultados por infoLibre. En otros países de Europa, como Alemania, Suecia o Dinamarca, los mecanismos para una mayor implicación de las plantillas en el desempeño de las empresas están ya bien engrasados. “No se trata sólo de que entren en los consejos de administración, sino de que participen en la gestión de personal”, aconseja Miguel Ángel Malo. En Alemania, detalla Antonio Baylos, existen los consejos de vigilancia, que tienen derecho de veto sobre determinadas decisiones empresariales. También pueden los trabajadores entrar en el accionariado de las compañías, apunta.

En España, hubo un intento de llevar la cogestión a través de la negociación colectiva, en las empresas del INI (las empresas públicas, el antecedente de la SEPI), que duró muy poco tiempo, “hasta la huelga general de 1988”, lamenta el catedrático. Y en la actualidad, en el País Vasco es un “debate bastante avanzado”, indica Mari Cruz Vicente, quien apunta a la larga tradición cooperativa vasca como una ventaja comparativa. Ya en septiembre de 2018, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno autonómico a promover un nuevo modelo de empresa “inclusivo-participativo”, en que los trabajadores puedan incorporarse al capital y a la gestión.

La reducción de la jornada de trabajo que también ha planteado Yolanda Díaz para el nuevo Estatuto del Trabajo la prefieren tanto los sindicatos como los académicos como materia de negociación colectiva. Las nuevas tecnologías, aclara Mari Cruz Vicente, además de crear nuevas formas de trabajo, aumentan la productividad, por lo que es necesario dilucidar “cómo se repercuten los beneficios de esa mejora en la reducción de la jornada y en el reparto del empleo”. Flexibilidad horaria, por supuesto, más aún si, como con el teletrabajo, “la jornada se puede volver infinita”, lamenta Miguel Ángel Malo. Antonio Baylos dice que no se trata sólo de recortar la jornada laboral sino también de cómo se distribuye ésta y de quién la distribuye: la decisión no puede ser unilateral del empresario. Como tampoco debe serlo cualquier modificación sustancial de las condiciones de trabajo. “Eso de que, si no hay acuerdo [con el comité de empresa], impongo mi decisión, no debe continuar”, resalta, en referencia a otro de los cambios introducidos en la reforma laboral del PP.

“No pedimos que se vuelva exactamente a lo que había antes de 2012”, rebate en cualquier caso Mari Cruz Vicente, “por el contrario, creemos que la revisión del Estatuto de los Trabajadores llevará mucho tiempo y requiere de mucha serenidad”. Para incorporar también, por ejemplo, cambios en la regulación de la sucesión de empresas y la subrogación de los trabajadores, otra novedad estimulada por un fenómeno inexistente en los años 80, la externalización de las empresas. La nueva ley fundamental del trabajo, advierte Miguel Ángel Malo, tiene que apuntar al futuro, “dar voz a los trabajadores de hoy, pero también debe pensar en los que no participan en la negociación pero ya están aquí”.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) alcanza en España los 1.000 euros al mes, lo que la convierte en el séptimo país de la UE con el suelo retributivo más alto, por detrás de los 1.374 euros de Francia. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se felicitó este miércoles, tras firmar con UGT y CCOO el acuerdo de subida, por el fuerte aumento del SMI en los últimos años. “España abandona así la gran anomalía de situarse entre los salarios más bajos de la UE”, expuso, “porque el SMI no sólo sirve para mejorar las condiciones de los trabajadores sin convenio y de los pertenecientes a los sectores más vulnerables, sino también para mover al alza en general los salarios” y de esta forma construir “un modelo económico y de relaciones laborales que se base en la productividad” y no en remuneraciones precarias.

Aunque todavía queda un último trecho hasta conseguir un SMI que equivalga al 60% del salario medio, como estipula la Carta Social de la UE y es el compromiso fijado en el acuerdo de gobierno, el salario mínimo ha crecido con vigor en los últimos años. Tras sufrir su congelación en 2011 y 2014, aumentó sólo un 3,45% entre 2010 y 2016, apenas 21,9 euros, coincidiendo con los gobiernos del PP y con la crisis financiera. Pero desde ese año hasta ahora, el SMI ha subido 344,8 euros, un 52,6% en siete años. En 2016 era de sólo 655,2 euros al mes en 14 pagas. Como se sabe, la mayor alza se produjo en 2019, cuando pasó de 735,9 euros a 900, un 22,3%. La de 2022 ha sido de 35 euros, un 3,6%.

Según los cálculos realizados por CCOO, la mejora del SMI favorecerá a 1,8 millones de trabajadores, de los que casi 300.000 tienen jornadas a tiempo parcial. También beneficiará al 20% de los trabajadores temporales y más a las mujeres, que tienen empleos más precarizados. El 31% de los jóvenes entre 16 y 24 años y el 15% de los que tienen entre 25 y 34 años verán mejoradas sus nóminas igualmente.

La rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo se convirtió en una sucesión de datos esgrimidos por la ministra y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, para rebatir a quienes advierten de los efectos negativos de la subida del SMI. El Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) e institutos de estudios como BBVA Research, advirtieron sobre una posible destrucción de empleo. La CEOE, que se ha descolgado de las dos últimas subidas, la del pasado septiembre hasta 965 euros y la de esta semana, repite que “no es el momento” para aumentar el SMI. “Contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”, explicó en un comunicado emitido el pasado lunes.

También expresó su rechazo el presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, para quien la subida, “más de 600 euros al año” si se suman las cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador y año, no impactará “en las grandes empresas ni en las medianas, sino en las que no se han recuperado [de la crisis del covid]”. Además, los pensionistas o las familias que cuentan con servicio doméstico en su casa no podrán hacer frente a la subida de sueldo de cuidadoras y empleadas del hogar, aseguró. Finalmente, la CEOE atribuyó el deseo de aumentar el SMI “más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica”.

Por el contrario, tanto la ministra como los líderes sindicales recalcaron que “no existe ni un dato” que corrobore esas afirmaciones. Díaz las tachó de “ciencia ficción” y Sordo habló de “teología”. Según destacó la titular de Trabajo, el sector agrario disfruta de un récord de afiliación, con 840.000 ocupados y un aumento de 58.000 cotizantes el último año. Otro tanto, abundó, ocurre con los autónomos, también con una afiliación récord de 3,15 millones, 63.297 cotizantes más en 2021 y 84.237 más de los que había en 2018. Sobre las empleadas domésticas, cuyo número en el régimen especial lleva cayendo 59 meses, Díaz culpó al cambio normativo acometido en 2015 que ha propiciado la contratación de estas trabajadoras a través de empresas. “Desde 2018”, continuó Yolanda Díaz, “hay 60.000 cuidadores profesionales más”.

El acuerdo firmado este miércoles fija para los eventuales y temporeros con menos de 120 días de trabajo un salario mínimo diario de 47,36 euros –33,33 días para el resto– y 7,82 euros brutos la hora para las empleadas del hogar externas a tiempo parcial.

La subida del SMI es el primer episodio de la batalla que se va a librar este año por los salarios. El próximo 3 de marzo, los sindicatos y la patronal volverán a sentarse a discutir, en este caso para intentar renovar el Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que establece el marco general donde se moverán los convenios colectivos. Y se avecina una negociación muy dura. Según adelantó Unai Sordo, tan complicada como lo fue la reforma laboral.

Con la inflación disparada por encima del 6%, los costes de la energía por las nubes y resistiéndose a bajar, y las incertidumbres que aún permanecen en torno al coronavirus, los empresarios no quieren ni oír hablar de subidas salariales.

Para rechazar el alza en el SMI la CEOE arguye que, mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles previos a la crisis, el excedente bruto de explotación, la magnitud de la contabilidad nacional que asemeja los beneficios empresariales, “todavía está muy lejos de normalizar su situación y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019”.

Mientras, lo sindicatos sostienen que los trabajadores, a diferencia de las empresas, no tienen dónde repercutir la subida del recibo de la luz, en palabras de Pepe Álvarez, y que las nóminas no pueden perder poder adquisitivo con el PIB creciendo a un ritmo del 5%. Por eso, UGT ya ha reclamado una subida del 5% en los salarios para este año, una cifra que puede moderarse a cambio de recuperar las cláusulas de revisión salarial en los convenios, desaparecidas tras la crisis financiera. “Es una negociación capital”, destacó Unai Sordo, “porque la orientación salarial para los dos o tres próximos años es estratégica para España: necesitamos consolidar un crecimiento económico basado en mejores salarios saliéndonos de la tenaza de la inflación”. Además, será la ocasión de aplicar lo que hasta el momento ha sido una “agenda legislativa”, culminada con la reforma laboral, y ahora tiene que trasladarse a las mesas donde se firmarán los convenios colectivos.

Sin olvidar, advirtieron Sordo y Álvarez, las reivindicaciones que quedaron fuera del anterior pacto para la reforma laboral: el despido y los descuelgues.

“Nos comprometemos a reforzar los acuerdos existentes, así como a abrir nuevas vías de diálogo” porque “el Partido Popular ha colocado” a Castilla y León como líder en el diálogo social”. Así de contundente es la propuesta con la que el partido de Pablo Casado se presenta a las elecciones del 13 de febrero: quiere una “alianza con el diálogo social” como “factor clave de cohesión social, progreso económico y estabilidad laboral”.

Es el mismo diálogo social entre sindicatos y patronal —UGT, CCOO y CEOE— que Pablo Casado desprecia cuando afecta al conjunto de España. El mismo que, tras una larga negociación, acordó en diciembre la modificación de las normas que regulan el mercado de trabajo para reducir la temporalidad, como exige Bruselas, y reforzar la capacidad de negociación que los sindicatos perdieron con la reforma laboral que Mariano Rajoy decretó unilateralmente en 2014.

Al líder del PP nunca le han gustado los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. En junio de 2021 ya les negó la representatividad que les reconoce la Constitución como interlocutores esenciales para la concertación social. Fue en unas declaraciones en las que se quejó de que el Gobierno le pidiese apoyar en el Congreso los acuerdos a los que ya entonces estaban llegando sindicatos y empresarios en el marco del diálogo social. 

“¿Y a mí qué me importa? ¿Qué español ha votado a los sindicatos y a patronal? Como si me viene del círculo de tenis”. “¡Pero bueno, oiga, esto qué es! Es que voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel. O con un deportista. O con un chef”, sentenció en una emisora de radio. 

Esta negación del diálogo social, en la que se ha basado el líder del PP para rechazar el acuerdo de modificación de la reforma laboral que salió adelante este jueves en el Congreso, contradice frontalmente la propuesta de su propio partido en las elecciones de Castilla y León. Y la política que defiende su candidato, Alfonso Fernandez Fernández Mañueco, así como otros presidentes autonómicos del PP como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Fernando López Miras.

El programa electoral del PP para las elecciones del 13 de febrero, en cuya campaña se ha implicado personalmente Casado, defiende que “la concertación con las organizaciones sociales y económicas ha sido y es un necesario refuerzo de la eficacia y el apoyo de las actuaciones dirigidas a la creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad”. Y compromete por escrito al PP “a reforzar los acuerdos existentes, así como a abrir nuevas vías de diálogo”.

El partido de Casado, en contra de lo que él defiende para España, promete en Castilla y León “fortalecer el diálogo social como factor clave de cohesión social, progreso económico y estabilidad laboral”, consolidar “el liderazgo” de esta comunidad a la hora de buscar acuerdos entre empresarios y trabajadores e impulsar “nuevos acuerdos, así como el desarrollo de los que se encuentren en vigor, en el ámbito económico, social y laboral”.

El propio candidato del PP a la reelección como presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha declarado en numerosas ocasiones su compromiso con el diálogo social. “Promuevo el diálogo social como pilar de estabilidad de Castilla y León” aseguró durante la legislatura autonómica que está a punto de concluir convencido de que el diálogo es una seña de identidad de su comunidad autónoma y “una herramienta fundamental que fortalece nuestra democracia”. El diálogo social, según Mañueco, “contribuye a la estabilidad política, económica, social e institucional”. 

Por si eso fuera poco, hace apenas uno días se reunió con agentes económicos —patronal y sindicatos— para reiterar su compromiso con el diálogo social, de nuevo como “seña” de identidad de su comunidad. “Hemos firmado 12 acuerdos y vamos a sumar más, quiero que el diálogo social me ayude a ser el presidente del empleo”, proclamó.

Feijóo también es un firme partidario del diálogo social. Lo ha dicho muchas veces, una de las últimas, el pasado noviembre. Entonces calificó la concertación con sindicatos y empresarios de “instrumento decisivo para avanzar en el empleo de calidad y en el bienestar de las personas trabajadoras”. En el momento actual el diálogo social se ha convertido “en un instrumento clave para trazar medidas que contribuyan al crecimiento económico de Galicia y la preservación del empleo de calidad”. 

Juanma Moreno, el presidente andaluz, por su parte, se ha manifestado en numerosas ocasiones a favor de “encontrar marcos de acuerdos estables” entre los sindicatos y la patronal. En su opinión, hay que dialogar “hasta la extenuación”, porque es “la mejor contribución que se puede hacer, sobre todo, en estos tiempos tan difíciles de recesión económica y crisis social”.

Lo mismo piensa Fernando López Miras, el presidente tránsfuga de la Región de Murcia: “Es más importante que nunca el diálogo social. Agradezco la voluntad de acuerdo y trabajo de los agentes económicos y sociales. Ningún acuerdo tendría sentido sin ellos” tuiteó tras una reunión con sus representantes en 2020:

Hasta José María Aznar, cuando era presidente del Gobierno, apostaba por el diálogo social, a diferencia de Casado. Lo consideraba un instrumento “imprescindible” para seguir avanzando en la creación de empleo y en las reformas que garanticen la competitividad de las empresas.

“Yo siempre he creído en el diálogo social”, aseguraba en 2002. “Si no creyese en él las actuales circunstancias económicas me obligarían probablemente a creer en él. Creo en él y lo creo imprescindible en las actuales circunstancias económicas” porque es la mejor herramienta para acometer reformas “duraderas”.

Los salarios crecieron un 5% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar una media de 1.952,37 euros mensuales. Ésa es al menos la cuantía de los costes salariales soportados por las empresas según los mide la Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También han aumentado en una proporción similar, un 5,2%, las cotizaciones a la Seguridad Social, que ascienden a 644,23 euros al mes. Ese ascenso tan espectacular se debe sobre todo a la salida continuada de trabajadores de los ERTE según va recuperándose la actividad económica tras la pandemia. Aunque no alcanza los niveles del segundo trimestre, cuando los costes salariales se dispararon un 14,4% y las cotizaciones sociales un 11,2%. Hay que tener en cuenta que la comparación se realiza con 2020, cuando las restricciones impuestas por el coronavirus hundieron un 8,3% los costes laborales totales.

En efecto, de acuerdo con las últimas cifras del Ministerio de Seguridad Social, a fecha del pasado día 15 sólo quedan en ERTE un total de 110.110 trabajadores, de los cuales 84.126 corresponden a ERTE Covid; el resto responden a causas económicas, productivas u organizativas. Son, por ejemplo, los que se están ejecutando en el sector del automóvil por culpa de los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. Es decir, desde el 31 de octubre, han salido de estos esquemas públicos de protección 56.755 asalariados, lo que equivale a un ritmo del 34,2% en mes y medio. En lo peor del confinamiento, abril de 2020, su número ascendía a 3,6 millones.

La consecuencia es que, con la vuelta a la actividad de estos trabajadores, si tenían el contrato suspendido –40.556– o con la recuperación de su jornada completa –si se les había reducido–, crece el número de horas efectivamente trabajadas –un 5,2%–, quienes percibían prestaciones por desempleo vuelven a cobrar su sueldo y las empresas deben pagar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social sin las exoneraciones de que disfrutaban antes.

También se produce un segundo efecto: al aumentar el tiempo efectivo de trabajo, lo que disminuye es el coste laboral por hora, un 0,3%, que se queda en 21,89 euros. El coste salarial por hora, descontadas las cotizaciones sociales, es de 16,13 euros, y también cae, un 0,2%. Más si se trata de la hora de un trabajador a tiempo parcial, un 0,7%.

Gracias a la recuperación de las horas de trabajo por la progresiva retirada de los ERTE, es el sector servicios y, dentro de él, la hostelería, la actividad donde más han crecido los costes laborales y salariales en el tercer trimestre. Nada menos que un 23,9% y un 27,7%, respectivamente, seguida del comercio, con un 7,2% y un 6,9%, y de las actividades administrativas, con un 6% y un 5,5%. Por el contrario, los salarios se reducen en el sector inmobiliario –un 1,6%– y en el eléctrico y energético –un 2,4%–. La hostelería es la rama de actividad con menores sueldos, una media de 1.139 euros que se traduce en sólo 9,92 euros la hora. Los más elevados se pagan en las empresas energéticas, 4.102 euros al mes, 32,31 euros la hora.

Finalmente, el mismo impacto de los ERTE se dibuja también en la distribución territorial de los salarios. Los costes laborales, tanto por trabajador como por hora, han aumentado en todas las comunidades autónomas, pero las mayores alzas benefician a aquellas donde el turismo tiene más peso económico y los ERTE más relevancia. En Baleares han crecido un 10,7%, en Canarias un 9,8% y en la Comunidad Valenciana un 6,9%.

Cuestión distinta es la brecha autonómica. Las dos comunidades con mejores sueldos son el País Vasco y Madrid. Lo que se traduce también en mayores costes laborales: 3.219,1 euros mensuales en la primera y 3.113 euros en la segunda. Es decir, como destaca el propio INE, ambas superan en 400 euros la media nacional –2.648,87 euros–. Por el contrario, las dos comunidades más pobres, Canarias y Extremadura, pagan costes laborales 400 euros por debajo de la media: 2.140,87 y 2.098,95 euros, respectivamente.

Hasta aquí las buenas noticias. Porque esa recuperación salarial se quedará corta con una inflación que en noviembre escaló hasta el 5,5% en tasa interanual, su nivel más alto en 29 años. De momento, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos se mantiene en el 1,49% y el Gobierno acaba de aprobar la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) en 965 euros mensuales –con 14 pagas–. Ésa es su cuantía desde el pasado 1 de septiembre, cuando se subió 15 euros.

Y así seguirá mientras el Gobierno consulta con la patronal y los sindicatos a partir de enero un nuevo aumento. Su compromiso es que alcance el 60% del salario medio a finales de 2023. CCOO y UGT reclaman que en 2022 alcance ya los 1.000 euros mensuales, la misma cantidad que está pactada con la CEOE como salario mínimo de los convenios colectivos.

No sería una medida menor teniendo en cuenta que el 42,7% de los contribuyentes que declararon sus ingresos a Hacienda en 2020 percibieron una cantidad inferior al salario mínimo anual, según los datos de la Agencia Tributaria, que no incluyen información sobre País Vasco y Navarra –tienen sus propias haciendas forales–. Suman 7,89 millones de personas. De ellas, la mayoría son mujeres: el 53,7% de quienes ingresan al año una cantidad equivalente a la mitad del SMI –situado en 13.510 euros– y el 52,9% de quienes ingresan de medio a un SMI. En Baleares y Canarias, así como en Extremadura y Andalucía, es donde hay más declarantes del IRPF por debajo del salario mínimo anual.

Aunque la precariedad salarial va mucho más allá. Un informe de CCOO cifra en el 6,2% el recorte que ha sufrido el salario medio real por hora en España desde 2008. El sindicato culpa de esa devaluación tanto a la crisis económica de hace una década como al efecto de la reforma laboral de 2012. Pese a la recuperación iniciada a partir de 2014, los sueldos apenas mejoraron y el poder adquisitivo volvió a resentirse en 2017, cuando el salario real por hora se hundió un 9,5%, el mismo nivel que tenía en 2013. Ni siquiera la subida del SMI en 2019, nada menos que un 22,3%, ni los sucesivos acuerdos de salarios firmados por los sindicatos con la patronal han conseguido revivir las retribuciones, asegura el estudio. A juicio de CCOO, la causa estriba en el abuso del empleo temporal, así como en los mecanismos establecidos en la reforma laboral de 2012, que permiten rebajar los sueldos del convenio sectorial en el convenio de empresa, o no aplicar las alzas salariales de cualquiera de éstos, además de modificar las condiciones de trabajo sin negociar con los representantes sindicales.

Otra de las mesas de diálogo que deberán impulsar el próximo año patronal y sindicatos es precisamente el acuerdo de negociación colectiva (ANC). En él se establece el marco general de las subidas salariales en los convenios. Ya se han firmado cuatro ANC desde 2007. La negociación del próximo se pospuso mientras se discutía la reforma laboral, pero los sindicatos reclaman que se abra ya la que debería culminar en un acuerdo para los dos o tres próximos años. Y que éste incluya subidas lo bastante elevadas como para garantizar el poder adquisitivo. La pensión media de jubilación ha subido este año un 2,21% –hasta los 1.196,17 euros–, por encima del alza pactada en convenio para los salarios. El aumento aprobado para 2022 será del 2,5%. Los salarios de los empleados públicos crecerán otro 2%.

Enfrente los sindicatos tendrán a la CEOE, que ya rechazó el alza del salario mínimo y cifra en un 10% la caída de los márgenes empresariales por efecto de la pandemia. La patronal argumenta que el motivo de ese recorte es que las empresas no han trasladado aún a los precios la subida de costes de producción ocasionada a su vez por el encarecimiento de las materias primas. Tanto los empresarios como la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, quieren evitar subidas salariales que afecten “de forma estructural” a la inflación. “La evolución de los salarios tiene que adecuarse a las características de cada empresa y de cada sector”, explicó en una entrevista publicada en La Vanguardia. A su juicio, las mejoras retributivas no deben tener “un impacto negativo sobre el crecimiento y la creación de empleo”. Es lo que los economistas denominan “efectos de segunda ronda”: que el aumento de los precios produzca una subida de los salarios que a su vez dispare de nuevo los precios por el aumento del consumo.

De momento, eso no está ocurriendo. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pidió ya en noviembre un pacto de rentas para enfrentarse a los riesgos de la inflación, de forma que su coste se reparta entre los empresarios, reduciendo sus márgenes, y los trabajadores, frenando salarios. Según las previsiones del órgano supervisor, la presión inflacionista se mantendrá hasta la próxima primavera. El Banco de España coincide con el BCE y los organismos internacionales en que se trata de un fenómeno transitorio. Pero, advierte también, “cuanto mayor sea la duración de ese episodio de aumento de algunos precios y costes, más elevada será la probabilidad de que se filtre, de modo más generalizado, al conjunto de precios finales de la economía, así como a las demandas salariales”. Funcas, el instituto de estudios de las cajas de ahorro, prevé que la inflación termine el año en España aún más arriba de donde está ahora, en el 5,8%.

Pese a las incertidumbres de la pandemia, las empresas parecen optimistas. El 88,37% prevé subir los sueldos de sus empleados en 2022, si hay que hacer caso a una encuesta que la consultora KPMG ha hecho a 44 empresas españolas de diferentes sectores.

La reforma laboral pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal consolida como un mecanismo permanente de protección del empleo los ERTE, que se han erigido en el elemento diferencial de esta última crisis económica respecto a las anteriores, por lo menos en lo que al mercado de trabajo se refiere. Ya sólo quedan 84.000 trabajadores amparados bajo estos esquemas públicos, de los 3,6 millones que llegaron a estar acogidos en lo peor de la pandemia, en mayo de 2020. Gracias a las prestaciones públicas para los asalariados y a la rebaja de cotizaciones para las empresas, la tasa de paro se ha contenido en el 14,57%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. En el primer trimestre de 2013, en el punto más negro de la crisis financiera, España rozó el 27%.

“Es la primera vez que hemos gestionado una crisis sin dejar a las empresas y sin despidos masivos”, se congratuló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un foro el pasado mes de octubre. Entonces cifró en más de medio millón las empresas que se habían salvado gracias a los ERTE y se comprometió a transformarlos en mecanismos “estructurales”, que aquellas podrán utilizar “cuando sufran crisis coyunturales”.

Los ERTE ya existían antes del covid-19 –no sólo en España, sino también en el resto de los países de la UE– pero su utilización e impacto habían sido hasta entonces limitados. De hecho, cuando las empresas sufrían problemas, la solución (española) inmediata era recortar plantilla deshaciéndose de los empleados temporales. Entre 2007 y 2011, en España se quedaron sin trabajo 1,44 millones de trabajadores eventuales, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett). Esa cifra representa el 90% del empleo temporal destruido en toda la UE en esos años. Como se sabe, la tasa de temporalidad española es la segunda más elevada de la UE, sólo superada por Polonia: el 26% también según la última EPA. Cada mes, el 90% de los contratos que se firman tienen una duración determinada. Una dinámica que no ha variado desde que en 1984 se permitió el uso del contrato temporal como “medida de fomento del empleo”, desligándolo de una causa –repuntes de producción o demanda–.

Pues bien, según un estudio recién publicado por Victoria Osuna y José Ignacio García Pérez, profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, sin ERTE la tasa de paro en España se habría disparado hasta casi el 42%. Es más, los ERTE han sido especialmente efectivos a la hora de frenar la destrucción de empleo temporal, hasta ahora el primer pagano de cualquier crisis económica.

Pese a que la cifra del 42% puede parecer brutal, Osuna y García Rey destacan que es similar a la que calculan los investigadores de Fedea Juan José Dolado, Florentino Felgueroso y Juan Francisco Jimeno utilizando el mismo método que emplea la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU para medir la infrautilización de la mano de obra: un 40,6% en el segundo trimestre de 2020. La cifra resulta de añadir a los desempleados, tanto los trabajadores en ERTE como los inactivos dispuestos a trabajar pero que no buscan empleo.

Tomando como base la EPA, los registros del Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Muestra Continua de Vidas Laborales, Osuna y García Pérez calculan los efectos que los ERTE han tenido en el mercado de trabajo español en tres momentos distintos. El primero, durante la fase inicial de la crisis financiera (2008), cuando apenas se utilizaron y el recorte de plantillas se llevó a cabo eliminando empleados temporales. El segundo, en los años 2012 y 2013, cuando el PP suprimió la autorización administrativa para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), incluidos los de suspensión de contrato y reducción de jornada –los ERTE–, y rebajó un 50% las cotizaciones a las empresas pero sólo durante un plazo muy limitado: 240 días. El tercero, en 2020 y 2021, cuando se construyó el esquema actualmente en vigor para combatir el covid.

En la fase con mayores restricciones, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzaban el 75% y el 85% dependiendo del tamaño de la empresa, pero podían ser incluso del 90% y el 100% en los llamados ERTE de impedimento. Según se iba recuperando la actividad, se redujeron también los descuentos en las cotizaciones, en algunos casos hasta el 60%. Desde el pasado mes de noviembre, las empresas de más de 10 trabajadores pagan un 80% menos a la Seguridad Social si imparten formación a la plantilla en ERTE y un 40% menos si no lo hacen. Para las empresas de hasta 10 empleados, el descuento es del 80% si imparten formación y del 50% si no lo hacen. Los ERTE de impedimento siguen con un 100% de exoneración.

El resultado de los cálculos de Osuna y García Rey es una aproximación a los efectos de los ERTE en esos tres momentos. Así, con los ERTE de la pandemia sólo se destruyó un 8,9% del empleo temporal en el inicio de la pandemia y un 13,6% en la fase de recuperación, mientras que en el primer escenario –sin protección pública–, la sangría fue del 33,3%. Con el más tímido esquema puesto en práctica en 2012 y 2013, la caída del empleo temporal fue del 22,1%, menor que en 2008 pero entre ocho y 13 puntos mayor que durante el azote del covid.

Es decir, España ha conseguido con los ERTE el mismo efecto amortiguador sobre el empleo que permitió el Kurzarbeit en Alemania una década antes. Entonces, 1,5 millones de trabajadores alemanes se acogieron a este mecanismo y la tasa de paro no superó el 8%. Costó al Estado alemán 5.100 millones de euros.

Además, los autores aseguran que los ERTE han ayudado también a reducir la segmentación del mercado de trabajo, porque permite a los asalariados aumentar su antigüedad. En el escenario similar a 2008, sin la protección de los ERTE, el número de quienes llevaban tres años con contratos temporales –y podían aspirar, por tanto, a un contrato indefinido– y perdían su trabajo se disparó del 16,1% al 58,5%. Con los ERTE del covid, su número cayó al 5,2% en 2020 y al 4,7% en 2021.

Los ERTE de la pandemia permitieron frenar el paro hasta una tasa que el estudio sitúa en el 19,4%, por encima de la tasa oficial de la EPA, del 14,57%, como queda dicho más arriba. En esa tasa más elevada los autores sugieren que debe incluirse también a los inactivos y a quienes se declaran dispuestos a trabajar.

Con el esquema de 2012 y 2013, menos subsidiado, la tasa de paro subió hasta el 29% y sobre todo se cebó en aquellos trabajadores fijos con menos cualificación y menos antigüedad.

“Estos mecanismos de flexibilidad interna”, resumen Osuna y García Rey, “implican un menor desempleo, menores tasas de destrucción de empleo agregado y temporal y una distribución de la antigüedad más suave”. Pero también tienen sus ineficiencias, al incentivar que las empresas mantengan en nómina a trabajadores "pocos productivos" y que, sin esos descuentos de cuotas, habrían sido despedidos. Cuanto más generosa la exoneración, mayor es el efecto de peso muerto. En la primera fase de los ERTE del covid, casi un tercio del ajuste se hizo mediante suspensión de contratos, que bajó al 25% en la fase con menor protección, pero que cayó hasta el 17% con los ERTE menos subsidiados de 2012 y 2013.

Para los profesores de la Pablo de Olavide, un esquema como el implantado esos dos años es menos dañino desde el punto de vista fiscal, pero a costa de una mayor tasa de desempleo. La elección entre un modelo u otro dependerá, dicen, de las prioridades políticas del Gobierno, o de la capacidad de presión de los sindicatos y las patronales de empresarios. A juicio de los autores, mecanismos de protección del empleo como los ERTE, acompañados de “subvenciones moderadas” de las cotizaciones a la Seguridad Social, pueden ser “un instrumento adecuado para amortiguar el impacto de shocks de demanda transitorios e imprevistos, siempre que no exijan la recolocación profesional o sectorial de los trabajadores”. Por el contrario, mantener por mucho tiempo una situación que denominan "dopaje económico" del mercado de trabajo no lo consideran "sostenible ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista de la eficiencia económica", porque se retrasan "ajustes sectoriales y ocupacionales quizás ya necesarios antes de la crisis".

Pero impactan más en las cuentas públicas. Porque permiten mantener a más trabajadores en nómina que, sin embargo, trabajan menos horas. Además, el coste de las prestaciones pagadas a los trabajadores en ERTE y de las cotizaciones que la Seguridad Social deja de ingresar es mayor en los mecanismos implantados durante la pandemia que en el menos generoso de 2012 y 2013. Aunque también han supuesto un ahorro considerable en prestaciones y subsidios de desempleo, cuya factura se disparó en 2008 y 2009, y fue también considerable en 2012 y 2013.

En cualquier caso, el estudio calcula que el 55% de los trabajadores sufrieron en sus ingresos alguna de estas crisis. Sólo un 8% los aumentaron en 2008 y menos de un 3% en la crisis del covid. En la aproximación al primer momento de la crisis financiera, sin ERTE, los desempleados son quienes más renta pierden, una media de 2.788 euros al año. Pero también fue entonces cuando tanto trabajadores temporales como fijos resultaron más perjudicados en sus ingresos comparados con las crisis posteriores.

Por el contrario, con los ERTE del covid, son los indefinidos quienes pierden menos renta: 1.867 euros anuales con el primer esquema de mayor protección y 2.083 euros con el segundo, menos generoso. Entre los pocos que mejoran sus ingresos en el escenario covid, un 2,7%, son los parados el grupo más numeroso –un 5,4%–, y los que mayor ganancia obtienen respecto a temporales y fijos, aunque la cantidad es mínima, 383 euros anuales. Sobre todo teniendo en cuenta que casi el 70% de ellos pierde renta, una media de 2.679 euros anuales incluso disfrutando de la protección de los ERTE.