Franquismo

Carolina Martínez y Clemente Bernad se enfrentan a la petición de la Fiscalía de dos años de prisión y multas de 10.500 euros por un supuesto delito de revelación de secretos.

Si no hay contratiempos, el Gobierno tendrá manos libres para exhumar los restos del dictador apenas unos días antes de navidad.

Los socialistas aseguran que "difícilmente se puede ser constitucionalista sin condenar el franquismo". El PP ya ha anunciado que no secundará el acto de condena: "Nuestras prioridades son otras".

La marcha reivindicativa convocada por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica recorrió los cinco kilómetros entre Sada y Meirás con el apoyo de más de 30 entidades sociales y por partidos políticos.

Unidos Podemos plantea introducir la figura de "víctima de la Transición" y piden para ellas todos los derechos recogidos en el Estatuto de la víctima de delito.

La serie retrata el oasis madrileño de Ava Gardner a través de los ojos alucinados de sus sirvientes. 

"En el próximo Consejo de Ministros daremos el último paso administrativo para la exhumación. Los restos de Franco salen del Valle", ha explicado Carmen Calvo.

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Juristas dudan de que la Ley de Memoria Histórica sirva para evitar que el dictador acabe enterrado en La Almudena. 

Consideran el enterramiento una "humillación para las miles de víctimas del franquismo" y sus familias. Alertan de que el nuevo emplazamiento puede convertirse en un centro de peregrinación para nostálgicos del fascismo español y europeo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha solicitado permiso a Patrimonio para instalar una placa en la que se incluyan sus nombres. 

Los expertos en Derecho Penal consultados por infoLibre se oponen a tipificar en el Código Penal la defensa del régimen de Franco. "Las ideas", por sí solas, "no incitan a la violencia", defiende el catedrático Joaquín Urías.

"El Estado debe garantizar que el emplazamiento definitivo de los restos de Franco no suponga reconocimiento ni privilegio alguno preservando así la dignidad de las personas de la resistencia que fueron ejecutadas, torturadas, encarceladas, depuradas o exiliadas", explican los convocantes.

La justicia española rechaza que Romualda Servini, magistrada argentina que investiga crímenes de lesa humanidad, tome declaración a Martín Villa porque la Ley de Amnistía sigue en vigor.

En nombre de los más de 40.000 afectados por la poleo que, según ha dicho, hay en España, ha reclamado que se les reconozca como víctimas de la dictadura.