Franquismo

Esa medida se produce a raíz de que el Gobierno central haya presentado una demanda judicial contra la familia del dictador para reclamar la devolución del inmueble.

La secretaria de Estado de España global ha señalado que se trata de "una restitucion a nuestra memoria histórica".

"Queremos acabar con un muro de impunidad desde las fechas de las últimas detenciones una vez fallecido Franco", ha señalado la abogada de los denunciantes. Esta querella de cinco víctimas se suma a las 12 anteriores interpuestas en Madrid contra Antonio González Pacheco y otros miembros de la policía política franquista, habiéndose presentado en toda España un total de 36.

Tres peritos contratados por la familia del dictador han ratificado este jueves en el Tribunal Supremo el informe en el que afirmaron que la cripta de la Catedral de la Almudena es el lugar más seguro para inhumar los restos.

El Gobierno presentó la recusación motivado por un artículo que el magistrado había escrito hacía 12 años en el que mostraba su oposición a la Ley de Memoria Histórica.
 

Se rechazan los argumentos del querellante porque la denuncia ya ha prescrito y no puede existir irretroactividad penal.

El ministerio señala en una publicación editada en 2018 que la Junta de Defensa Nacional emitió un decreto el 29 de agosto de 1936 "por el que se recuperó la bandera tradicional".

El dictador solo asume la totalidad de la soberanía nacional desde la pérdida de reconocimiento internacional de la República, en febrero de 1939, y no desde el 1 de octubre de 1936 como se afirma falsamente en el auto del Supremo sobre la exhumación de Franco.

El líder de Podemos Pablo Iglesias ve "una auténtica barbaridad" en la redacción de este párrafo y recuerda que uno de los magistrados de ese tribunal es afín a la Fundación Franco.

El proceso no ha sido anulado, sólo suspendido. Ahora, el alto tribunal tendrá que resolver la cuestión de fondo del asunto, es decir, si acepta o no la petición de nulidad de los Reales Decretos mediante los cuales el Gobierno autorizó la exhumación.

Los cinco magistrados no decidirán este martes sobre el fondo del asunto, sólo evaluarán si es mejor esperar a que dicten su decisión sobre los decretos del Gobierno que autorizaron la exhumación. 

La cordinadora general de Podemos Andalucía ha presentado un recurso de apelación a la sentencia, que dicta que Ribera tendrá que pagar 5.000 euros a los herederos del ministro falangista.