El PP recurre al fantasma del pucherazo y emula la estrategia del 28M para tapar los casos de acoso

El robo en una oficina de Correos en Extremadura de una caja fuerte que contenía 14.000 euros en efectivo y 124 votos ya emitidos forma parte de una operación para "alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre" en palabras del número dos del Partido Popular, Miguel Tellado. La dirección nacional del PP ha vuelto a agitar, así, el fantasma del 'pucherazo' electoral a un día de que termine la campaña después de que su candidata, María Guardiola —sin agenda desde el martes— publicara un vídeo en su cuenta de X en el que denunciaba el robo y concluía que esas papeletas "nunca van a llegar a las urnas". "Alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir", afirmaba, sin concretar quién es ese "alguien" que está "robando la democracia ante nuestros ojos".

Tanto Correos como la Guardia Civil confirmaron después el robo de la caja fuerte de la oficina en Fuente de Cantos (Badajoz), al igual que los despachos de otras dos localidades, Torremejía y Santa Amalia, que también fueron objeto de robos pero en ninguno de esos casos se sustrajo la caja fuerte ni el voto por correo. Según el Instituto Armado, el suceso guarda relación con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero — horas más tarde se halló la caja fuerte con los votos en interior, pero ni rastro del efectivo— y la Junta Electoral Provincial de Badajoz informó de que los afectados podrán volver a emitir su sufragio.

La tesis de la Guardia Civil y la rápida decisión de la Junta Electoral desmontan el relato del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, señaló directamente al Gobierno de Pedro Sánchez por "ocultar intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada" y "no ofrecer garantías" de la limpieza del proceso. Desde el Grupo Parlamentario Popular han iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura, "comparezcan de manera urgente en la Cámara Baja para explicar las sustracción de votos en oficinas de Extremadura".

La derecha alimenta teorías conspirativas tras los casos que afectan a Guardiola

El PP trata de asentar la idea de que hay una trama contra Guardiola y que hay mucho en juego porque, según su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, "124 votos te dan o quitan un escaño". Pero quién ha ido más lejos es, sin duda, Tellado. "Alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre. En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid", escribía en su cuenta de X.

Una idea que también ha tratado de abonar la extrema derecha. "Nos tememos lo peor", denunciaba Santiago Abascal, el líder de Vox, durante un acto en Don Benito, en Badajoz. En declaraciones a los medios, Abascal admitía que no conocía todos los detalles del caso, pero apuntaba sin titubeos al Gobierno y al PSOE como los culpables, "una mafia corrupta capaz de cualquier cosa", como "alterar el censo electoral" mediante regularizaciones masivas de migrantes y de "manipular resultados electorales para permanecer en el poder". Abascal también ironizaba con que "la debacle del PSOE va a ser de tal magnitud que van a ser muchas las papeletas que van a tener que robar".

Para la oposición estas graves acusaciones ante un robo que se está investigando todavía —y que todo apunta a que se trata de un móvil económico— denotan "nerviosismo" en la recta final de la campaña por parte de Guardiola y del PP. La presidenta extrema ha evitado atender a los medios en las últimas horas — y tampoco acudirá al debate que organiza RTVE este jueves— después de conocerse que la Junta de Extremadura ha cesado al chófer de la presidenta tras conocer que este trabajador fue condenado "por coacciones leves" en relación con un delito de violencia de género. Se trata de un trabajador cercano a la familia de la presidenta, según fuentes de la Junta.

Además en los últimos días también ha trascendido, a través de informaciones periodísticas, que el Gobierno de María Guardiola y la dirección de su partido han encubierto durante meses las denuncias de "trato machista" y "abuso de poder" del alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, hacia una concejala de su equipo, Paula González Morato, que acabó por abandonar el Gobierno municipal. Unas denuncias que no son nuevas, sino que se remontan al mes de abril. Aunque el PP extremeño niega haber ocultado las denuncias internas, hay audios que demuestran que el portavoz del PP, José Ángel Sánchez, sí conocía estas denuncias y se mostraba preocupado por las repercusiones.

El precedente del 28M con la supuesta compra de votos

Las graves acusaciones de la derecha recuerdan a la estrategia que ya siguieron poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. Aquella era una convocatoria de especial relevancia dado que, además de servir para el reparto de un enorme poder territorial, se presentaba como la antesala de unas generales que, entonces, se esperaban para final de año. La derecha acudió con el objetivo de utilizar ese resultado como la antesala de un inminente cambio a nivel nacional para acabar de una vez por todas con el mandato de Pedro Sánchez.

En los dos días finales de la campaña, el jueves 25 de mayo y el viernes 26, justo antes de la jornada de reflexión, la derecha —apoyada por sus terminales mediáticas— empezó a difundir el bulo sobre un supuesto pucherazo aludiendo a casos de supuesta compra de votos. Uno de ellos, en Melilla, afectaba a un partido local. El otro, en Mojácar (Almería), al PSOE. El resto, una decena larga de denuncias por todo el territorio, salpicaban también al PP. Tal y como se demostró después, se trató de casos aislados que el PP se olvidó de recordar tras ganar en muchos territorios.

Pese a la sensación de victoria abrumadora de la derecha, los del 28M fueron unos comicios decantados por un puñado de votos que inclinaron la balanza en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos, en los que el PSOE aguantó mucho mejor que su izquierda. La movilización del electorado conservador en el último momento fue clave en una victoria que provocó además un adelanto de las generales al 23 de julio y la extendida sensación de que la llegada a Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal parecía sentenciada.

Pero tras la convocatoria de las generales, el líder del PP, abonó la tesis de que en Correos —una institución que él mismo presidió— había un interés para que los votos no llegaran a tiempo y reclamó que a los carteros que trabajaran "mañana, tarde y noche" para repartir las papeletas a pesar de "sus jefes”. La narrativa del fraude se fue asentando en parte de la opinión publica de una manera concienzuda y prolongada desde un año antes, en el que participaron medios de comunicación convencionales y referentes del Partido Popular, tomando el liderazgo en su difusión. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a afirmar que Sánchez se iría "como llegó, con un intento de pucherazo".

El PP acusó al Gobierno de manipular las elecciones a través de Indra

El Partido Popular, a través de dirigentes como Esteban González Pons, Cuca Gamarra o el propio Feijóo, ya abrió la veda sobre un supuesto pucherazo en junio de 2022, tras sugerir que el Gobierno asaltaba la empresa Indra y otros organismos como Correos y el CIS con la intención de alterar el resultado de las elecciones. "El presidente Sánchez no sabe perder [...]. Mire, el CIS hace las encuestas electorales, el INE el censo, e Indra cuenta los votos", dijo el actual portavoz del PP en Bruselas, entonces vicesecretario de Acción Institucional. Tras esas palabras, reculó a medias: "Confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez", dijo.

El PP denuncia el robo de votos por Correo en Extremadura y pide a Interior que lo investigue

Ver más

Solo un día después, Cuca Gamarra, entonces portavoz del PP en el Congreso, apuntó en la misma línea de González al atribuir a Indra "una labor importante en lo que tiene que ver con los procesos electorales" y pedir explicaciones al Gobierno de "por qué" daba "estos pasos", en referencia a la decisión de la SEPI de destituir a cinco consejeros "independientes", según Gamarra, para dar más poder al nuevo presidente. "La duda está sin duda ahí", apuntaba.

El principal partido de la oposición trataba así de establecer una correlación entre la decisión de la SEPI, principal accionista de Indra, y el recuento electoral. Pero según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso. El presidente y los vocales de cada mesa entregan el acta de escrutinio al juzgado de primera instancia correspondiente en presencia de la policía, que custodia toda la operación. También los partidos reciben una copia de estas actas, exponiéndose una copia pública en todos los locales electorales.

El juzgado recibe las actas de su zona y se las entrega a la Junta Electoral Central, compuesta por magistrados del Tribunal Supremo, que es la encargada de realizar el escrutinio de las elecciones tres días después de la jornada de votación. Ninguna empresa interviene en todo el proceso, por lo que no es posible, debido a la gran cantidad de actores implicados, que se produzca una alteración del resultado general. La función de Indra es centralizar los datos para que los medios, o cualquier ciudadano, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real.