¿Quién prestará declaración y quién no en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo?

El incendio catalán se traslada al terreno judicial. Seis miembros de la Mesa del Parlament, así como el destituido president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Govern cesado están llamados a prestar declaración este jueves y viernes en calidad de investigados en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, respectivamente. El proceso se enmarca dentro de la ofensiva judicial iniciada el pasado lunes por la Fiscalía General del Estado, que interpuso, tal y como había prometido a lo largo de toda la semana anterior, sendas querellas contra los líderes secesionistas que hicieron posible la declaración unilateral de independencia en la Cámara catalana el pasado 27 de octubre.

Los 20 querellados están acusados por el Ministerio Fiscal, capitaneado por José Manuel Maza, de tres delitos: rebelión, sedición y malversación de fondos. El primero de los tipos está castigado con entre 15 y 25 años de prisión para los jefes –hasta 30 años si el alzamiento ha sido armado–. La sedición, delito por el que están en prisión provisional los líderes de la ANC y Òmnium, comprende penas de entre diez y quince años para las autoridades que incurran en este tipo delictivo. La malversación, por último, está castigada con entre tres y seis años de cárcel e inhabilitación absoluta de seis a diez años –en los casos graves, de cuatro a ocho años de cárcel y de diez a veinte de inhabilitación–.

De los tres delitos, el que más revuelo ha generado ha sido la imputación de rebelión, que requiere un alzamiento violento y público. La fiscalía argumenta en su querella que los líderes independentistas "se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso", actos que, a su juicio, alcanzan la "dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia". Un razonamiento que ha servido para que en pocas horas el Supremo y la Audiencia Nacional hayan admitido a trámite la querella.

Puigdemont no acudirá a Madrid

Sin embargo, no todos los acusados acudirán a la llamada de la justicia. El abogado del destituido president en Bélgica, el flamenco Paul Beakert, aseguró este miércoles en declaraciones a los medios belgas que su cliente "no irá a Madrid" a prestar declaración y sugirió, en declaraciones a Associated Press, que Puigdemont sea interrogado en Bélgica, país al que viajó en secreto el pasado lunes junto a varios de sus exconsellers. "Mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa", afirmó el letrado, famoso por llevar la defensa de varios terroristas de ETA afincados en su país y reclamados por la justicia española, que podría jugar la baza de que Puigdemont no tendría un "juicio justo" en España.

Esta estrategia ya la dejó entrever el expresident durante la rueda de prensa que ofreció el pasado martes en Bruselas. Allí, ante medios de comunicación nacionales e internacionales, el cesado líder del Ejecutivo catalán aseguró que no regresaría a España hasta que no tuviese garantías de que se celebraría "un juicio justo, independiente, con plena separación de poderes". Si Puigdemont no se presenta en la Audiencia Nacional, la jueza Carmen Lamela podría emitir una Orden Europea de Detención y Entrega. En este sentido, su abogado en el corazón de la Unión Europea apuntó, en conversación con la cadena de televisión flamenca VRT, que impugnarán cualquier hipotética petición de extradición.

Al igual que Puigdemont, cuatro de los exconsellers que le han acompañado en su periplo europeo han pedido también prestar declaración desde Bélgica, según fuentes citadas por la Agència Catalana de Notícies: los titulares destituidos de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Enseñanza, Clara Ponsatí; y Agricultura, Meritxell Serret. La lupa se sitúa, sin embargo, sobre los otros tres exconsellers que acompañaron al destituido president a Bélgica pero que regresaron a Cataluña este martes por la noche: Joaquim Forn (Interior), Dolors Bassa (Trabajo) y Lluís Puig (Cultura). Por el momento, ninguno de ellos ha anunciado si acudirá o no a la Audiencia Nacional, aunque en un comunicado difundido a última hora de la tarde en nombre del Govern cesado se insinúa que también acudirían. 

Sí que se desplazarán hasta Madrid, según informó Europa Press, el cesado vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de exmiembros del Govern que no se movieron de Barcelona: Raül Romeva (Exteriores), Carles Mundó (Justicia), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio) y Santi Vila (Empresa), quien aseguró después de conocerse la admisión a trámite de la querella que prestará declaración ante la Audiencia Nacional para "defender la honestidad de lo hecho". Todos ellos han ido confirmando este miércoles a través de las redes sociales que habían recibido la citación judicial: "¿El Estado de derecho y la democracia española es esto? Trabajamos entre todos los demócratas para restaurar la democracia", escribió Junqueras en Twitter.

 

La celeridad ha sido muy criticada por las defensas. El abogado en España de Puigdemont y de algunos de los exconsellers, Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido muy duro al respecto. Durante una entrevista en Catalunya Ràdio, el letrado, que aseguró desconocer si el expresident acudiría a declarar a la Audiencia Nacional, criticó que "no se están respetando los más mínimos elementales derechos de defensa" porque asegura que recibió la querella de la Fiscalía por la prensa y que los acusados están siendo citados a declarar con poca antelación, lo que cree que dificulta la preparación de la defensa. "Y después dirán Estado de Derecho", escribió al respecto el pasado martes en Twitter.

La Mesa, al Supremo

Media hora después de que arranquen las declaraciones en la Audiencia Nacional, el foco se trasladará al Tribunal Supremo. Allí están citados para comparecer como investigados por autorizar la votación de la declaración de independencia la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, y cinco componentes más del órgano parlamentario: Lluís Guinó (vicepresidente primero), Anna Simó (secretaria primera), Joan Josep Nuet (secretario tercero), Ramona Barrufet (secretaria cuarta) y Lluís Maria Corominas (vicepresidente primero hasta el pasado 25 de julio). En este caso, es el Alto Tribunal el encargado del proceso porque todos ellos, con la única excepción de Nuet, siguen conservando el fuero al ser miembros de la diputación permanente.

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Todos ellos acudieron este miércoles por la mañana al Parlament de Cataluña, donde recibieron las citaciones judiciales. Allí, según informó El Nacional, se reunieron con sus abogados y, a su salida, aseguraron que se desplazarán a Madrid a prestar declaración ante el juez. El letrado de la presidenta de la Cámara catalana, Andreu Van den Eynde, manifestó que su clienta acudirá a la Audiencia Nacional "con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y la defensa de la institución parlamentaria", aunque lamentó que la citación se haya realizado en tan poco tiempo, algo que "no es habitual" y que "tiene repercusiones en el derecho de defensa".

 

La celeridad también ha sido criticada por la secretaria primera en su cuenta de Twitter: "Menos de 24 horas antes de declarar. No hay derecho. Pero ahí estaré". Tanto Simó como Nuet, que señaló este miércoles en declaraciones a Catalunya Ràdio que la actitud de Puigdemont podría hacer que los citados "acaben en prisión preventiva", fueron despedidos a primera hora de la tarde en la Estación de Sants de Barcelona por más de dos centenares de personas, una concentración convocada en un primer momento por la ANC pero desconvocada minutos después "a petición de los miembros de la Mesa". Como lleva ocurriendo en los últimos meses, los gritos de "¡No estáis solos!" empezaron a confrontarse con los de "¡Puigdemont a prisión!".