Conflictos competenciales

El Gobierno duplica en 2017 los recursos presentados ante el Constitucional contra leyes autonómicas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece tras el Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 2017.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha cargado este 2017 al Tribunal Constitucional (TC) con el doble de trabajo que el año anterior. Las cifras son contundentes. Hasta el Consejo de Ministros del pasado viernes, 22 de diciembre, el Ejecutivo había solicitado al presidente la interposición de 30 recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas. En el año anterior, según refleja la memoria del TC, la cifra fue de 16.

Las cifras van en contra de uno de los compromisos del Gobierno para esta XI Legislatura, verbalizado por la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hace un año. En la comparecencia en el Congreso de los Diputados para fijar las directrices de su departamento, la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales anunció la voluntad del Gobierno central de "reducir la litigiosidad" del Ejecutivo con las comunidades autónomas

Pese a que 2017 ha sido un año marcadamente influido en lo político por la situación en Cataluña, no es el procés el denominador común del grueso de los recursos ante el TC que han recibido luz verde en el Consejo de Ministros. De los 30, sólo seis, es decir, el 20%, tienen relación directa con los pasos que fueron dando los exgobernantes de la Generalitat para la constitución de la llamada república catalana.

No obstante, sí es Cataluña la comunidad que más recursos ante el TC acumula este 2017: 15, lo que supone la mital del total. Tras ella se ubican la Comunitat Valenciana (3 recursos), Aragón, (2), Extremadura (2), Andalucía (2), Baleares (2), País Vasco (2), Murcia (1) y Castilla-La Mancha (1). Sólo el Gobierno de la Región de Murcia está en manos del PP.

El Ejecutivo desvincula estas iniciativas de cuestiones políticas y siempre subraya que tienen el valor de velar por el cumplimiento de la Constitución y, dentro de esta, por el reparto de competencias. Pero en 2016, cuando también estaba el foco en el llamado "desafío independentista", el Gobierno planteó siete recursos (de un total de 16) contra determinados preceptos de leyes catalanas. Las materias iban desde el ejercicio de las profesiones del deporte, al impuesto sobre las viviendas vacías pasando por la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, y la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Precisamente, el 20% de los recursos planteados en el año en curso van contra leyes de protección social.

La cifra puede crecer si se tiene en cuenta que este viernes se celebra el último Consejo de Ministros del año. A continuación, infoLibre repasa los recursos del Gobierno ante el TC de este año.

  Relación directa con el procés

Son seis los recursos que se incluyen en este bloque. El primero de ellos recibió luz verde del Ejecutivo en el Consejo de Ministros del 31 de marzo. Iba dirigido contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas de la ley de presupuestos de la Generalitat. 

Por lo general, y tal y como ocurre en este caso, el Gobierno invoca el artículo 161.2 de la Constitución para la suspensión de los asuntos recurridos hasta que decida el TC

Según justificó el Gobierno, esta ley obligaba al Govern a habilitar las partidas para garantizas recursos de cara al referéndum.

El 28 de julio, el Gobierno anunciaba otro recurso contra la nueva redacción del artículo 135.2 del Reglamento del Parlament. Una reforma que "establece la posibilidad de que el grupo parlamentario promotor de cualquier proposición de ley pueda solicitar su tramitación por el procedimiento de lectura única".

Sobre este asunto ya hay pronunciamiento del TC. Recientemente declaró por unanimidad que la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que permitió aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum del 1-O y las conocidas 'leyes de desconexión', es acorde a la Carta Magna porque no excluye de forma expresa la posibilidad de que los grupos parlamentarios presentasen enmiendas.

InfoLibre desveló que Rajoy había llevado ante el TC una norma del Parlament que se aplica en las Cámaras de Madrid y Murcia controladas por el PP.

Después llegarían los recursos contra la ley del referéndum, la ley de Transitoriedad, la ley tributaria y la ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña.

Tanto en el caso de la ley tributaria como en la de la llamada Agencia de Protección Social, el Gobierno menciona en la justificación de la iniciativa que están enmarcadas en el propósito de la Generalitat de construir "estructuras de Estado".

  Recursos contra Cataluña más allá del "desafío soberanista"

No es, sin embargo, el procés el que más recursos se lleva dentro de Cataluña. De los 15 recursos, nueve están relacionados con cuestiones competenciales de otras esferas. Hay de todos los ámbitos: contratos, impuestos, sanidad, protección social, seguridad, nuevas tecnologías...

El pasado 19 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo mediante el que se solicitaba a Rajoy la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley del Libro Sexto del Código Civil de Cataluña. Concretamente, en lo relativo a las obligaciones y contratos.

Cree el Gobierno que Cataluña se extralimitó al regular "de forma innovadora" el contrato de compraventa, la cesión de finca o de aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura y el contrato de permuta.

En materia impositiva, el 28 de julio se planteó un recurso contra le ley catalana del impuesto sobre los activos no productivos en las personas jurídicas al considerar que esta tasa "coincide en sus elementos esenciales con los del Impuesto sobre el Patrimonio regulado en la Ley 19/1991.

El 27 de junio, el Parlament dio luz verde a la ley de voluntades digitales de Cataluña. La Administración del Estado solicitó a la Generalitat el inicio de negociaciones previas antes de la imposición de recurso. Pero no dieron fruto y el 29 de septiembre se plantó al considerar que invade las competencias estatales. Entre otros asuntos, esta iniciativa supone la creación de un registro electrónico de voluntades digitales.

También se aprobó recurrir algunos artículos de la ley de comercio, servicios y ferias de Cataluña. Los artículos impugnados, se informó en la referencia del Consejo de Ministros del 3 de noviembre "vulneran el orden constitucional, tanto en los aspectos relacionados con los horarios comerciales y la ordenación del comercio interior, como en los relativo al régimen lingüístico de la actividad comercial y de servicios".

  Iniciativas contra leyes de protección social

Leyes de protección social de la propia Cataluña, Aragón, Extremadura y la Comunitat Valenciana han sido objeto de análisis en los Consejos de Ministros para la posterior interposición de recursos ante el TC.

En el caso de Aragón, por ejemplo, se presentó un recurso contra la ley de medidas de emergencia sobre prestaciones económicas en servicios sociales y acceso a la vivienda. Según el Gobierno, la mayor parte de los artículos de esta ley reproducen artículos y disposiciones de un decreto ley del Gobierno de Aragón ya impugnado y pendiente de sentencia.

También cree el Gobierno que Extremadura se extralimitó en su ley de medidas contra la exclusión social. Entre otros, "permite acceder a la asistencia sanitaria pública a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España". La materia de cobertura sanitaria, destacó la referencia del Consejo de Ministros del 21 de abril, "le compete al Estado".

Dos de las tres leyes de las Comunitat Valenciana en el punto de mira del Gobierno por "extralimitación competencial" encajan en este apartado. Se trata de la ley valenciana para paliar la pobreza energética. Y la ley valenciana por la función social de la vivienda. 

En el caso de Cataluña, el recurso anunciado fue contra la ley catalana de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial

  Los otros recursos: de los clubs de cannabis a las corridas de toros

Para el Gobierno la ley vasca de atención integral de adicciones y drogodependencias invade las competencias del Estado. El precepto recurrido supone la creación de "entidades de personas consumidoras de cannabis". Estas, recordaba el Ejecutivo, contarán con instalaciones en las que "podrá consumirse cannabis" y que, además, "promoverán en consumo responsable del cannabis y otras sustancias". Fue el primer y el único recurso del Gobierno contra el Ejecutivo de Euskadi. Salió del primer consejo de ministros de enero. La semana pasada, el TC dio la razón al Gobierno central y estableció que las comunidades no pueden regular el funcionamiento de estos clubes.

El Ejecutivo de Rajoy también presentó recurso contra la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis.

En materia de función pública hubo dos decisiones importantes para Andalucía. Una contra las 35 horas semanales y otro contra la ley del Presupuesto autonómico para 2017 en lo relativo a la contratación de personal para reforzar la plantilla por la aplicación de las 35 horas. El pasado 15 de diciembre, el Pleno del TC estimó el recurso presentado por el Gobierno respecto a la reducción de la jornada laboral.

También hay en el listado cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático. Y con las corridas de toros.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de Rajoy acordó la interposición de un recurso contra la ley balear que regula las corridas de toros y la protección de los animales. Considera que se inmiscuye en competencias estatales. La ley prohíbe la muerte del animal durante el espectáculo.

Otro de los recursos tiene que ver con la ley de senadores o senadoras en representación de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que "introduce la posibilidad de que las Corts revoquen cualquier nombramiento como senador/a en representación de la Comunitat Valenciana". A juicio del Ejecutivo, esta ley coloca al senador "en una relación de sujeción especial respecto del Parlamento autonómico, que puede revocar su designación en caso de pérdida de confianza".

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