'Caso Ayuso'

El Gobierno madrileño oculta a la Asamblea datos de la entidad implicada en el 'caso Ayuso' porque “es una sociedad privada”

Rosario Rey García, presidenta del consejo de administración de Avalmadrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid marca distancias con Avalmadrid, la entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos de la región "en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional", según define en su propia página. En una respuesta parlamentaria por escrito a la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Sánchez Acera, el Ejecutivo regional se niega a facilitar información sobre Avalmadrid escudándose en que "es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni incluida en el sector público autonómico". 

La Comunidad de Madrid es la principal accionista de Avalmadrid, con el 31% de su capital, seguido por Bankia, que controla algo más del 30%.

La entidad semipública está en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la empresa MC Infortécnica –a la que dio en 2011 un préstamo de 400.000 euros en 2011– y a sus socios, entre los que estaban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El préstamo quedó sin pagar y, pese a que el Comite de Morosidad de Avalmadrid decidió embargar los bienes de los socios, finalmente no actuó contra ellos.

Según ha informado infoLibre, Isabel Díaz Ayuso, que será investida la próxima semana presidenta con los votos de PP, Cs y Vox, aceptó la donación de dos inmuebles propiedad de sus padres con los que evitó el embargo de de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión.

Antes de que estallara el caso Ayuso, Avalmadrid ya había sido protagonista de otras operaciones sospechosas. De hecho, la diputada del PSOE-M se interesó el pasado 26 de junio por las "medidas que ha adoptado" el Gobierno regional, que preside en funciones Pedro Rollán, respecto a Avalmadrid tras el informe de análisis forense de revisión de determinadas carteras de avales emitido en febrero de 2019 por la consultora Forest Partners

La auditoría fue encargada tras una inspección llevada a cabo por parte del Banco de España entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, que tuvo por objeto 167 operaciones aleatorias cuya característica común era ser avales con vinculaciones entre las sociedades avaladas y los miembros del Consejo de Administración de Avalmadrid, que además resultaron "fallidos, en mora o de dudoso cobro" por la entidad. 

La "autonomía" de Avalmadrid

"Avalmadrid tiene sus propios órganos de gobierno con autonomía propia para su toma de decisiones, como así queda señalado en la legislación aplicable y sus estatutos sociales. Por tanto, el Consejo de Gobierno no tiene facultades sobre el funcionamiento de la sociedad, ni ha podido adoptar medidas en relación con el informe de referencia", completan su respuesta a la diputada socialista desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.

En conversación con infoLibre, Sánchez Acera lamenta la negativa del Gobierno madrileño a aclarar su pregunta. "Nos parece que donde hay dinero público, de la Comunidad, tiene que haber cierta asunción de responsabilidades por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, máxime cuando parte de los miembros del Consejo de Avalmadrid son designados por la Comunidad", valora. "Consideramos que la respuesta no es adecuada", insiste.

Los socialistas madrileños temen que esta respuesta sea el patrón, el modelo, que inspire a otras sobre Avalmadrid que ya han sido depositadas en el registro de la Asamblea regional. Porque esta no es la única iniciativa parlamentaria que registran los socialistas sobre la empresa semipública. Desde finales de junio a día de hoy han presentado 24.

Informe a los servicios jurídicos tras las dudas del PP

No todas estas iniciativas han sido admitidas por la Mesa de la Asamblea de Madrid. De hecho, el órgano de gobierno de la Cámara ha solicitado un informe a los servicios jurídicos para que se les aclare si son competentes para calificar "peticiones de información y preguntas en las que se recabe información o documentación que verse sobre cuestiones cuyo objeto esté referido a sociedades que estén participadas en su capital por la Comunidad de Madrid no siendo dicha participación superior al 50%". 

Se pide, además, que se pondere "la eventual condición de entidades financieras, que tienen una regulación específica en la que se concreta cuáles son los órganos de supervisión de su actividad". Y se concreta que se considere "singularmente el supuesto de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid".

Fuentes de la Presidencia de la Asamblea consultadas por infoLibre desvinculan este movimiento de la Mesa de la Diputación Permanente, en la que PP, Ciudadanos y Vox tienen mayoría, del caso que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Señalan que se trata de una "garantía" para los parlamentarios a la hora de formular futuras preguntas, no sólo sobre Avalmadrid, sino sobre otras empresas participadas. Y destacan que se han seguido admitiendo otras cuestiones relacionadas con Avalmadrid independientemente de la citada solicitud de informe jurídico, fundamentalmente aquellas cuyos datos se presume que han de ser públicos. 

No es algo inédito que los diputados de la Asamblea de Madrid pregunten sobre esta entidad. Avalmadrid es una sociedad de garantía de riesgos en la que el Gobierno autonómico tiene el 31% del capital. Ha ocurrido en otras legislaturas.

Díaz Acera preguntó los motivos por los que Avalmadrid no había solicitado que el informe forense se centrara en el seguimiento posterior o la recuperación de los avales "en caso de entrar el avalado en situación de morosidad".

La duda sobre si la Asamblea de Madrid era competente para calificar información o preguntas sobre entidades como Avalmadrid ya había sido planteada en una reunión anterior de la Mesa de la Cámara regional por miembros del Partido Popular, cuentan fuentes conocedoras del contenido de este encuentro. Aún así, se dio trámite a varias iniciativas. La decisión de solicitar el informa jurídico fue tomada por la Mesa de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. Fuentes conocedoras del contenido de la reunión consultadas por este diario aseguran que el asunto no generó debate entre los parlamentarios. No obstante, el acta de la sesión refleja que salió adelante con los votos en contra de los dos miembros del PSOE en la Mesa de la Diputación Permanente. Ni Unidas Podemos ni Más Madrid tienen representación el órgano de gobierno de la Asamblea. El reparto es el siguiente: dos puestos para Cs –incluida la presidencia–, dos para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox.

La relación de Avalmadrid con la familia de Ayuso

La relación de los padres de Isabel Díaz Ayuso con Avalmadrid empieza cuando solicitan, junto a sus otros seis socios en la empresa MC Infortécnica SL, un préstamo de 400.000 euros. MC Infortécnica SL era una sociedad dedicada a desarrollar tecnologías para el mercado sanitario. Sus propietarios eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25%. Una de esas parejas era la formada por Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la candidata conservadora.

El préstamo se formalizó el 15 de marzo de 2011 y tenía una garantía hipotecaria–una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años.

El primer pago estaba fijado para el 16 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. Cuando llegó la fecha, MC Infortécnica SL no devolvió el dinero. Así que desde Avalmadrid se pusieron en contacto con los administradores de la compañía para ver qué ocurría. La respuesta fue que estaban teniendo problemas para cobrar importantes cantidades que le debía el sector público, pero se negaron incluso a aportar copia de esas supuestas facturas impagadas. Así que la entidad semipública llevó el tema a la reunión que mantuvo el Comité de Morosidad el 2 de abril de 2012. De acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre, en dicho Comité se adoptó la decisión de cancelar el préstamo, ejecutar la única garantía hipotecaria que existía y proceder contra los avalistas solidarios.

Pero la entidad semipública Avalmadrid lleva más de siete años incumpliendo un acuerdo adoptado en su Comité de Morosidad, que decidió embargar los bienes de los ocho socios de la empresa MC Infortécnica SL, entre los que se encontraban los padres de Isabel Díaz Ayuso. El objetivo era recuperar los 400.000 euros que habían prestado a dicha sociedad un año antes. Como ha desvelado este diario Avalmadrid no ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales que los avalistas solidarios declararon para justificar su solvencia económica.

En 2011, el Gobierno de Esperanza Aguirre era el principal poder en Avalmadrid. Isabel Díaz Ayuso había trabajado como asesora del Gabinete de Esperanza Aguirre entre junio de 2008 y marzo de 2009. Después ocupó otros puestos en el Gobierno regional y, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2011, pasó a ser diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Allí permaneció hasta que en septiembre de 2017 fue designada viceconsejera de Presidencia y Justicia del Ejecutivo madrileño. Antes de los últimos comicios autonómicos, Pablo Casado la nombró candidata a presidir la Comunidad. Esto implica que Cuando se produjo el impago del préstamo por parte de MC Infortécnica SL, Isabel Díaz Ayuso ya era diputada autonómica, y en los más de siete años que Avalmadrid lleva incumpliendo el acuerdo de embargar a los avalistas, ha ido ascendiendo en el PP madrileño. Díaz Ayuso sostiene que siempre "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia" y considera considera "absurdo" informar de su participación en un posible delito de alzamiento de bienes.

Los bienes que no embargó a la familia Ayuso

A la hora de solicitar el préstamo, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a una nave industrial en Sotillo de la Adrada (Ávila), el único bien que quedó hipotecado, y los 2,97 millones restantes a las otras 12 propiedades. En concreto, se trataba de tres viviendas, tres pisos, dos áticos, tres plazas de garaje y una nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

Pese al acuerdo del 2 de abril de 2012 del Comité de Morosidad, Avalmadrid sólo inició el procedimiento de ejecución hipotecaria de la nave en el municipio abulense, cuyo dominio le fue adjudicado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro en junio de 2018. Pero no procedió contra los bienes de los avalistas solidarios.

¿Qué ocurrió con esos bienes? Tal y como desveló infoLibre, la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres el 7 de octubre de 2011, pocas semanas antes de que venciese el primer plazo para la devolución del préstamo de Avalmadrid. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la dirigente del PP (el padre falleció en 2014). Entre las cargas de la finca figuran dos embargos sobre el usufructo de Isabel Ayuso Puente: el primero fue anotado el 26 de junio de 2013 en favor del Banco Popular, mientras que el segundo se anotó el 4 de febrero de 2014 a favor del Banco Grupo Cajatres. Ambos embargos eran por un plazo de cuatro años y fueron prorrogados al cumplirse la fecha por el mismo periodo.

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El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz-Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás. Esta finca no tiene cargas.

El cuarto bien que figura en el expediente de concesión del préstamo, otra nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad al 50% de Leonardo Díaz, también desapareció de su patrimonio antes de febrero de 2012, cuando la cúpula de Avalmadrid analizó por primera vez el impago y elaboró un documento con los bienes que tenían los avalistas.

En definitiva, la totalidad de los bienes que el matrimonio Díaz-Ayuso había utilizado ante Avalmadrid para justificar su solvencia en marzo de 2011 ya no estaban en su patrimonio en febrero de 2012. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

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