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Caso Bárcenas

Hacienda da veracidad a los apuntes de Bárcenas que incluyen los sobresueldos del presidente del Gobierno

Los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta

La Agencia Tributaria también da veracidad a los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas en los que el extesorero del PP registraba el cobro de cantidades en metálico por parte de los altos cargos del PP. Entre estos dirigentes se incluyen el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Un informe realizado por los funcionarios de Hacienda, fechado el 25 de septiembre, asegura que se ha considerado "que los apuntes pudieran corresponderse con una especie de registro de flujos financieros en metálico". La conclusión de los peritos de la Agencia Tributaria concuerda con otro informe, del 29 de abril, elaborado por la Policía Judicial en el que se consideraba probada la coincidencia entre las salidas de fondos reflejadas en los papeles manuscritos con destino a la cuenta de donaciones y los ingresos tanto en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas como en las cuentas bancarias donde en los respectivos años se ingresaban los donativos.

El documento de Hacienda también ha concluido que ni el PP, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el resto de altos cargos que supuestamente percibieron sobresueldos de la caja B del partido han cometido delito fiscal alguno al no superar las cantidades defraudadas los 120.000 eurosMariano Rajoy, según el diario El Mundo. Sin embargo, el citado informe de la Agencia Tributaria sí ha detectado que la empresa Unifica Servicios Integrales, cuyo propietario es el empresario Gonzalo Urquijo, pudo haber cometido un delito fiscal al no contabilizar los pagos realizados en 2007 y en 2009 por el PP por la remodelación de la sede nacional del partido en la madrileña calle de Génova por un valor de 522.000 y 859.000 euros. En el auto, Ruz apunto además de a este empresario a los "cooperadores necesarios", en referencia a los cargos del PP que pactaron el pago en negro del 30% de las obras de remodelación de la sede nacional del partido en Madrid.

"Indicios suficientes"

En este sentido, los peritos de la Agencia Tributaria especifican que la actuación de la empresa de Gonzalo Urquijo presenta "indicios suficientes" de la comisión de uno o varios delitos contra la Hacienda PúblicaGonzalo Urquijo: "Cuya responsabilidad final pudiera razonablemente alcanzar, para el caso de confirmarse aquellos indicios, al identificado como Gonzalo Urquijo, en su condición de responsable de la mercantil Unifica Servicios Integrales, y asimismo, en concepto o condición de cooperadores necesarios, a aquellas personas que hubieran contribuido activamente, en concertación con aquél, a la realización de actos que eventualmente resulten integradores de delito investigado", explica Ruz, que ha citado a declarar como imputado a Urquijo como presunto autor de los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. También el magistrado decretó el registro de la sede de la empresa, que se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre.

Una actividad "grave", según el juez

El informe resalta que los papeles de Bárcenas muestran que en 2008 la sociedad Unifica Servicios Integrales percibió del PP 888.000 euros en dinero negro, por lo que la cantidad defraudada superaría el límite de los 120.000 euros anuales. Por su parte, el magistrado Pablo Ruz asegura en un auto el 27 de septiembre que la actividad presuntamente delictiva relacionada con el presunto pago en negro de las obras de remodelación de la sede nacional del PP "puede calificarse de grave", tanto si tenemos en cuentas las penas asociadas, "como desde el punto de vista de la trascendencia social de las mismas". Para decir esto el juez se apoya en un escrito de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en el que recuerda que el objeto de investigación es la posible existencia de una contabilidad B en el PP, "que pudiera haber generado un fluido de ingresos no declarados, lo que podría haber acarreado la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de otros muchos relacionados con las malas prácticas políticas, incluidas las entregas de dinero a personas sin existir justificación para ello y soslayando la contabilidad oficial".

Según la declaración realizada por Luis Bárcenas, el extesorero del PP Álvaro Lapuerta fue quien acordó el pago del 30% del total de la obra de remodelación de la sede madrileña del PP en dinero sin declararÁlvaro Lapuerta. Pero el magistrado también apunta a la posible existencia de un delito de falsedad documental, pues se derivan indicios de una falta de concordancia entre la facturación por las obras de la sede del PP y los apuntes registrados en la contabilidad oficial del partido: "En lo referente a determinados pagos a la mercantil anotados como anticipos a cuenta, y que posteriormente no aparecen descontados en las facturas finales que, en principio, deberían reflejar este adelanto".

Cuñado de Bárcenas

Por otra parte, el exjefe de Seguridad del PP Antonio de la Fuente, cuñado de Luis Bárcenas, ha asegurado este lunes ante Ruz que nunca vio a los supuestos donantes en la sede de la formación, a excepción del constructor Antonio Vilela (apoderado del Grupo Rubau) y los presuntos cabecillas de la trama 'Gürtel', Francisco Correa y Pablo Crespo, según fuentes de la acusación. Vilela, según el testimonio de Bárcenas, estaba vinculado con el empresario Jaime Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, 

De la Fuente, que ha comparecido durante casi dos horas como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha asegurado no recordar la presencia en Génova 13 de los ocho constructores que están imputados en el procedimiento ni de los empresarios para los que IU ha pedido la ampliación de la querella, de los cuales, según ha dicho, sólo conocía al productor audiovisual y ventrílocuo José Luis Moreno.

A pesar de que a la sexta planta, en la que estaban los despachos del extesorero Álvaro Lapuerta y del entonces gerente, Luis Bárcenas, "iba mucha gente", De la Fuente ha dicho que sólo vio a Vilela, que era militante, asesor del partido y miembro de la comisión de Infraestructuras,comisión de Infraestructuras y a Correa y Crespo, que acudían a la sede con frecuencia.

De esta forma, De la Fuente corrobora las palabras de su cuñado Luis Bárcenas y del exministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que reconocieron en sus declaraciones la existencia de una comisión de infraestructuras del PP en la que participó Villela, pero que sin embargo negó María Dolores de CospedalMaría Dolores de Cospedal

Firmó las cuentas de 2004

El compareciente, que es cuñado de Bárcenas al estar casado con su hermana Carmen, ha admitido que firmó el informe que el PP mandó al Tribunal de Cuentas correspondiente a la campaña electoral de 2004Tribunal de Cuentas porque éste no podía hacerlo debido a su condición de candidato al Senado. "No sé quién me dijo que firmara, me imagino que sería el señor Lapuerta", ha señalado tras ser preguntado varias veces por este extremo. "Yo tengo la memoria que tengo", se ha justificado.

De la Fuente también ha reconocido que comenzó a trabajar en el PP en 1989 de la mano de Bárcenas y asumió la dirección de seguridad del partido dos años despuésPP aunque, según ha dicho, "nunca" ha "ejercido como cuñado". De igual modo, ha dicho que a comienzos de este año puso su cargo a disposición del partido por su parentesco con Bárcenas, por lo que desde el partido le recomendaran que pasara una temporada en su casa, lo que hizo entre marzo y junio, informa Europa Press.

A pesar de ello, firmó el informe que la formación envió al juez Ruz el pasado 13 de junio en el que se indicaba que los libros de visitas de la formación y las grabaciones de seguridad se destruyen automáticamente a los 30 díaslibros de visitas, en cumplimiento, según ha dicho, de la Ley de Protección de Datos. "Lo preparó la asesoría jurídica y yo fui a firmarlo", ha reconocido antes de señalar que el 18 de junio abandonó el puesto de jefe de Seguridad y pasó a depender de los servicios generales del partido.

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Preguntado por el nombre de las personas que controlaban el acceso de visitas a la sede del PP, ha asegurado no recordarlo aunque ha añadido, después de varias preguntas, que desde hace tres años lo hace la empresa Prosegur y que en la etapa investigada lo hacían dos trabajadoras: una ya fallecida y otra llamada María Victoria. Las acusaciones avanzaron su intención de llamar a declarar a esta última.

Asesoría del PP

De la Fuente, que ha admitido en otro punto de su declaración que el PP le ha asesorado sobre la forma de "dirigirse al juez", también ha señalado que es "imposible" que nadie entrara en la sede del PP "sin registrar, aunque fuera por el garaje", y que tampoco tuvo constancia de que en la sede de Génova existieran cajas fuertes o circulara dinero en efectivo. El juez Ruz ordenó esta comparecencia al entender que el testigo podía "aportar información y aclarar circunstancias relativas" a las visitas que recibían los responsables de las finanzas de la formación conservadora en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

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