Andalucía, camino de las urnas. Y las derechas dominan las encuestas. La última palabra la tendrán los ciudadanos del sur el próximo 17 de mayo. Pero en los colegios habrá como mínimo dos papeletas por parte de la izquierda transformadora: Por Andalucía (a la espera de saber si Podemos se integrará o se presentará como tercera opción) y Adelante Andalucía (el partido fundado por Teresa Rodríguez y que concurre con un perfil andalucista y contrario a gobernar con los socialistas).

La división de las izquierdas vuelve a lastrar ese espacio después de los malos resultados en Aragón y en Castilla y León. Actualmente, en el Hospital de las Cinco Llagas hay cinco asientos ocupados por diputados de Por Andalucía y dos por parte de Adelante Andalucía.

La coalición de Por Andalucía (firmada en el último minuto en 2022 por parte de IU, Podemos, Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz) logró un escaño en cinco de las ocho provincias: Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Adelante Andalucía tuvo representación por Cádiz y Sevilla. En cambio, el espacio de la izquierda transformadora no logró mandar ningún diputado al Parlamento por parte de las provincias de Almería, Jaén y Huelva.

Uno de los principales problemas que tiene el espacio por su división es precisamente la falta de competitividad para luchar por el último escaño en cada provincia. Esto pasó en las últimas elecciones de hace cuatro años en Huelva, donde Por Andalucía se quedó tan solo a 652 votos de conseguir un diputado que finalmente cayó en manos del PSOE. Un episodio que se repitió en la provincia de Almería, donde la coalición de Por Andalucía se quedó a 4.989 papeletas de quitarle ese asiento a Vox.

La lucha por el último escaño es vital en Andalucía, la comunidad más poblada y que tiene ocho circunscripciones electorales. En la batalla de 2022 el PP logró arañarlo en cuatro provincias (Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla), el PSOE en tres (Granada, Huelva y Jaén) y Vox en una (Almería).

Aunque la suma de votos de distintas candidaturas no se traduce automáticamente en escaños,, en el caso del último escaño por Huelva, sumando los votos de Adelante Andalucía, sí hubiera logrado ese escaño Por Andalucía. En el caso de Almería, Por Andalucía se hubiera quedado muy cerca si hubieran unido a las 4.554 personas que respaldaron a Adelante.

Asimismo, esta división de la izquierda supuso una gran diferencia de diputados respecto a la ultraderecha a pesar de que en votos no había tanta distancia. Vox obtuvo 14 escaños por sus 496.618 papeletas. En cambio, Adelante Andalucía y Por Andalucía se quedaron en total en siete parlamentarios a pesar de tener, en su conjunto, 452.981.

En las elecciones generales del 23J, Sumar aglutinó a la mayoría del espacio progresista andaluz, lo que se tradujo en alrededor del 12% de los apoyos y seis diputados al Congreso (los mismos que Unidas Podemos en 2019) por las provincias de Sevilla (dos escaños), Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz. Adelante Andalucía no logró ninguno y no llegó a los diez mil votos.

Daniel Valdivia, profesor de Sociología y de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, analiza esta situación de fragmentación de las izquierdas poniendo el foco en que sólo el hecho de que Por Andalucía y Adelante Andalucía vayan por separado supone una pérdida para el espacio de entre cuatro y cinco escaños. “Incluso podrían ser más si finalmente Podemos va en solitario”, añade.

Señala que, si se cogen algunas de las últimas encuestas como la de GAD3, se puede concluir que el espacio “podría estar empatando con Vox” si fuera en una lista conjunta. Pero, en cambio, ahora mismo, añade el profesor, incluso está en riesgo que alguna de las dos opciones pueda tener grupo parlamentario en el Hospital de las Cinco Llagas después de las elecciones del 17 de mayo.

El politólogo indica que, con el mismo porcentaje de voto del espacio que Vox, la ultraderecha puede materializar esos votos con 14 o 15 escaños, en tanto que Por Andalucía y Adelante Andalucía se tendrían que conformar con cuatro o cinco parlamentarios cada uno. “Y todo contando con que Podemos vaya con Por Andalucía”, añade el profesor.

Asimismo, indica que el daño sería menor en las provincias grandes, como se pudo comprobar en Sevilla y Cádiz en las anteriores elecciones, donde las dos opciones tuvieron representación. En cambio, remarca que esta división es muy perjudicial en las provincias que reparten menos asientos como Huelva, Jaén y Almería.

El resultado de las izquierdas tiene también muchos factores en el aire en estos momentos. Y es que en las últimas semanas, como indican fuentes de varios partidos, el aire no corre tan a favor de Vox, como ya se ve en algunas encuestas nacionales, por su posicionamiento a favor de Donald Trump (EEUU) y Benjamin Netanyahu (Israel) en la guerra de Irán y por la lucha fratricida en el partido entre Santiago Abascal y algunos de los fundadores como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega-Smith, que están revelando movimientos económicos en el círculo del líder.

Pero, además, los sondeos evidencian también una pugna más reñida entre Por Andalucía y Adelante Andalucía respecto a los anteriores comicios. De hecho, la candidatura liderada por José Ignacio García aparece en las encuestas con posibilidades de doblar su resultado de dos escaños. Su principal granero de votos se sitúa en las provincias de Sevilla y Cádiz, en tanto que Por Andalucía aparece con más fuerza en el resto, principalmente por la implantación municipal de Izquierda Unida.

La gran duda que persiste en estos momentos es si Podemos se integrará de nuevo bajo la fórmula de Por Andalucía como hace cuatro años. La formación morada ha convocado una consulta, que se cerrará este miércoles por la tarde, para ver si su militancia avala negociar esa unidad. La mesa de partidos de Por Andalucía se reunirá el próximo jueves para concretar el registro formal de la coalición.

Alberto Díaz Montiel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada, explica que en los sistemas electorales “hay dos tipos de efectos: los mecánicos y los psicológicos”. Los primeros, añade, versan sobre cómo se produce la extrapolación de votos a escaños. Dice que, a diferencia del ámbito estatal, en las elecciones andaluzas no hay provincias pequeñas, ya que Huelva y Jaén, con menos representación en el Parlamento, tienen once escaños. Hace este dibujo: “La división de la izquierda no tiene sangría como en unas generales. Eso no quiere decir que no tenga penalización ir por separado. Además, en Huelva y Jaén es donde tiene menos penetración este espacio”.

Y se centra mucho en los “efectos psicológicos” que pueden condicionar al votante: “Si los electores perciben ese espacio como una jaula de grillos y rechazan las rencillas internas, pueden depositar su apoyo al final en el PSOE, que tiene una fórmula más estable”. 

Explica que también tiene una gran importancia el nombre del número uno: “Por Andalucía y Adelante tienen muy buenos candidatos en Antonio Maíllo y José Ignacio García. Este último además se ha viralizado mucho en redes sociales y ha hecho bandera de temas como la sanidad y la educación, además de tener contacto con los movimientos sociales. Está empezando a ser conocido”. “En cambio, la candidatura de Podemos es la más débil”.

Pero añade un último aspecto que también puede condicionar a los votantes: cómo se logra la papeleta conjunta: “Para el votante de izquierdas, a veces es mejor un buen divorcio que un mal matrimonio. Si los electores detectan que se hace un mal pacto tardío, también pueden penalizar. Un ejemplo de ello fue el acuerdo de Por Andalucía en las anteriores elecciones, llegando hasta tarde al registro. Eso marcó la campaña”.

Miles de personas han vuelto a salir este domingo a la calle en todas las provincias de Andalucía, convocados por las Mareas Blancas y los sindicatos UGT y CCOO, en defensa de la sanidad pública y en protesta por su deterioro que atribuyen a la gestión del gobierno andaluz.

Desde las 11.00 horas, en que comenzaba la primera protesta en Almería, las capitales andaluzas se han ido sumando a una protesta de carácter regional de la que se han desmarcado Satse y CSIF por desacuerdos con la organización.

Pancartas y banderas, consignas y lemas cantados han ido tomando las calles en una nueva jornada de reivindicación y denuncia contra la gestión sanitaria del gobierno andaluz, en plena crisis por los cribados del cáncer de mama.

En Sevilla los convocantes han conseguido congregar a unas 20.000 personas, según datos de la organización, en una manifestación que ha partido desde la estación de San Bernardo para concluir en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

"Recuperar la sanidad pública andaluza. Nuestra salud no es vuestra mercancía" es el lema que ha encabezado una protesta en la que, entre otros, ha participado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, quien ha afeado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dé la crisis de los cribados por “cerrada” mientras miles de andaluces salen a las calles “indignados con su gestión sanitaria” y ha exigido al PP que vote a favor de la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

En Córdoba, unas 5.000 personas, según los convocantes, han participado en la manifestación frente a la Delegación andaluza de Salud, donde han exigido el mantenimiento de una "sanidad pública de calidad".

También en Granada miles de personas han secundado la manifestación desde los Jardines del Triunfo y hasta la céntrica Fuente de las Batallas, y durante el recorrido han coreado consignas como: "Escucha, Moreno, la salud es lo primero", "Fuera mercaderes de nuestra sanidad" o "Más mamografías y menos cofradías".

Los onubenses también se han sumado a la jornada de protesta frente a la Delegación Territorial de Salud y los convocantes han denunciado las principales carencias de la provincia, tanto en infraestructuras (hospital materno-infantil, Chares del Condado o la Costa y la Sierra) como asistenciales, especialmente en cuanto a especialistas.

En Jaén, la manifestación ha partido desde el parque de la Concordia hasta la plaza de Santa María, donde Germán Moreno, portavoz de la plataforma, ha criticado que “el retraso en los cribados del cáncer de mama es la punta del iceberg de otras deficiencias en el sistema sanitario público”.

En la manifestación se ha censurado también el desmantelamiento de los hospitales comarcales, como Andújar, Sierra de Segura, Alcaudete o Cazorla, municipio este último que también se ha quedado sin centro de salud en el centro urbano de la población.

En Almería, la manifestación, que ha partido desde la Rambla (IES Celia Viñas) y ha concluido en el mirador de la calle Sorrento, los asistentes han coreado consignas como “¡La sanidad se defiende, gobierne quien gobierne!” o “Más médicos y menos conciertos”.

Los convocantes han advertido de una “crisis grave” en la sanidad pública andaluza, que atribuyen a una financiación insuficiente y a la “opacidad” del Gobierno autonómico y en su manifiesto han recordado que el 61 % de los menores almerienses carece de pediatra asignado y que la provincia arrastra un déficit estructural de 1.600 profesionales sanitarios, con un aumento del 75 % en las agresiones a personal sanitario.

Miles de personas se han manifestado este domingo en Cádiz, done el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha censurado que el sistema público "está siendo maltratado a conciencia" y ha asegurado que se ha evidenciado en la crisis de los cribados de cáncer, no se debe a una "mala gestión" sino que responde a una acción deliberada.

Desde Cádiz también Inma Nieto, parlamentaria andaluza de Izquierda Unida y portavoz por Andalucía, ha acusado al presidente de la Junta, de "gestionar especialmente mal la sanidad pública" y ha señalado que las miles de manifestantes exigen que los fondos que el gobierno regional destina a clínicas privadas regresen al Servicio Andaluz de Salud.

Igualmente, ha sido muy numerosa la participación en la manifestación de Málaga a la que han acudido, entre otros, los dirigentes de IU Toni Valero y Ernesto Alba.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este sábado como líder del PP andaluz, por cuarta vez, con un 99,95 % de los votos de los compromisarios que participan en el congreso de la formación.

Moreno inicia su cuarta etapa al frente del PP de Andalucía, al que llegó en 2014, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, en las que buscará mantener la mayoría absoluta que consiguió en los comicios de 2022.

Sólo tres votos no han contabilizado para el presidente andaluz, dos de ellos nulos y uno de una persona que se ha votado a sí misma.

Moreno ha dicho, tras conocer los resultados, que se va a "dejar la piel" para tener la "mayoría de la estabilidad" y ha vaticinado que van a ganar las elecciones "bien".

Ha advertido a los populares de que les esperan meses de "zancadillas" porque quienes saben "jugar sucio" lo van a hacer, pero ha pedido a los suyos que sigan con "dignidad, respeto y educación".

Moreno afronta esta nueva etapa sin grandes cambios en la cúpula del partido, ya que mantiene a Antonio Repullo como secretario general del partido, pero recupera la figura del coordinador general, que será el gaditano Ignacio Romaní, quien también será responsable de Organización.

Además, incorpora a su ejecutiva a sus dos consejeros más destacados en el Gobierno andaluz. Antonio Sanz será presidente del Comité Electoral, puesto relevante por la proximidad de los comicios, y Carolina España será presidenta del Consejo Asesor.

Moreno y el PP de Andalucía mantienen su discurso de "moderación y centralidad", alejado de Vox, la línea en la que más cómodo se siente Juanma Moreno, que pretende que la formación que dirige huya de lo que consideran "radicalidad" y "polarización" de la política a nivel nacional.

La estabilidad, que en Andalucía es posible gracias a la mayoría absoluta de los populares, es otro de los "pilares" de este proyecto político, principalmente cuando la contraponen al Gobierno central, con las aprobaciones de presupuestos como ejemplo.

Es lo que en el PP-A denominan "la vía andaluza", que aseguran que se centra en el "diálogo, consenso" y acuerdo.

Los populares andaluces consideran que la forma de gobernar de Moreno en Andalucía es el modelo a "exportar" a nivel nacional de la mano de Alberto Núñez Feijóo, como dejó claro el vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, hasta hace poco mano derecha del presidente en el Ejecutivo autonómico.

La actuación del PP en la Junta de Andalucía, a la que llegó por primera vez en 2018 tras casi cuarenta años de socialismo, es un 'referente' al que mira el PP nacional para la "vuelta" que consideran que hay que darle a la gestión nacional de Pedro Sánchez.

Sin embargo, el discurso nacional del secretario general del partido, Miguel Tellado, ha sido muy distinto del tono de los populares andaluces, con un mensaje mucho más duro, con acusaciones directas de "corrupción", "delincuencia organizada" u "organización criminal" hacia los dirigentes socialistas.

Los populares andaluces enfilan desde este congreso la recta final para las elecciones andaluzas, que como máximo se celebrarán en junio de 2026.

Moreno ha acuñado un nuevo término y ha pedido este sábado a su partido "redoblar el esfuerzo" en los próximos meses para lograr una "mayoría de estabilidad" en Andalucía en las próximas elecciones andaluzas porque esta comunidad "no puede retroceder".

"El cambio tiene que continuar porque nos jugamos el futuro de Andalucía", ha advertido Moreno.

El principal reto que afronta Moreno en los próximos meses es poner solución a la crisis de los fallos en los cribados de cáncer, la mayor a la que se ha enfrentado desde que es presidente de la Junta.

Moreno ha garantizado que harán "todas las reformas que sean necesarias" para que el sistema público de salud "funcione al cien por cien", como considera que han hecho en otras áreas: "Cuando decimos y decidimos, cumplimos", ha asegurado.

"No somos insensibles y nos duele lo ocurrido en las últimas semanas", ha dicho Moreno, quien ha asegurado que se ponen "en la piel" de las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer, además, en el ámbito que más han "mimado".

La Fiscalía de Sevilla ha abierto nuevas diligencias de investigación por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según informa EFE.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio Público, esta nueva investigación abierta es independiente de la que también ha iniciado recientemente la Fiscalía de Andalucía, tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama, y que ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos.

La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía sevillana obedece a la denuncia presentada este martes por Amama, que apuntó en su escrito -al que tuvo acceso EFE- a la posible comisión de delitos de encubrimiento, obstrucción a la justicia o contra la seguridad e integridad de la información sanitaria, relacionados con los fallos del programa de detección precoz del cáncer de Mama de Andalucía.

Aunque Amama apuntó a que estos hechos, negados por el Gobierno andaluz que ha asegurado que no ha habido en ningún momento borrado ni manipulación de pruebas, debían ser "acumulados" a las investigación abierta en la Fiscalía andaluza por las irregularidades del programa de cribado, de momento se encargará el Ministerio Público en Sevilla.

La motivación para contar, al menos de momento, con diligencias de investigación independientes -una en la Fiscalía Superior de Andalucía y otra en la de Sevilla- es que los presuntos delitos apuntados en las denuncias serían diferentes y que en la de Amama no se señala a ninguna persona aforada, competencia de la Fiscalía de la comunidad, han indicado a EFE otras fuentes judiciales.

Amama, que ha canalizado en las últimas semanas testimonios de numerosas afectadas, trasladó al fiscal que "numerosas mujeres" habían contactado con la asociación para informar de que habían desaparecido, se había borrado el nombre del radiólogo o había desaparecido el documento informado en pruebas diagnosticas a las que tenían acceso a través de la aplicación ClicSalud.

Horas después de producirse esa denuncia de Amama, el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó de que una incidencia técnica había impedido el acceso a informes clínicos, aunque el servicio quedó restablecido horas después y en ningún caso supuso ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, según la Junta.

Por su parte, en el marco de la otra investigación abierta en la Fiscalía de Andalucía ya se ha solicitado a la administración sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas "para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares".

Los "defectos" denunciados en la prestación sanitaria de Andalucía relacionados con el programa de cribado podrían corresponder "a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado" del cáncer de mama, según precisó este jueves la Fiscalía de la comunidad en un comunicado.

Las denuncias presentadas hasta el momento que han motivado la incoación de las diligencias por parte del Ministerio Público en Andalucía han sido las registradas por la asociación El Defensor del Paciente, que amplió con varios casos particulares de afectadas, y por las formaciones políticas Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía, que señalaron a distintos responsables en la Consejería.

El Consejo Profesional de la RTVA ha dado un golpe en la mesa. Este martes todos sus integrantes, en bloque, han presentado su dimisión, seis meses después de que expirara su mandato. Lo hacen, según reza el comunicado, por “responsabilidad” y ante lo que califican como un “bloqueo institucional” que amenaza la independencia informativa dentro de la radiotelevisión pública andaluza.

El comunicado subraya que el artículo 13.1 del Estatuto Profesional de los trabajadores de la cadena pública andaluza es claro: “Una vez finalizado el mandato, debe convocarse un nuevo proceso electoral en el plazo máximo de un mes”. Sin embargo, medio año después, ese proceso ni siquiera se ha iniciado. “No es la primera vez que ocurre”, recuerdan, señalando que el anterior Consejo “llegó a permanecer dos años en funciones”.

El órgano, que representa los intereses profesionales de las redacciones de la televisión y la radio públicas, asegura haber cumplido con todas las obligaciones que le marca el Estatuto: informes sobre la programación, tramitación de quejas y defensa del trabajo territorial, especialmente el de las delegaciones locales, una de las áreas más sensibles en la cobertura informativa de la RTVA.

La situación hace tiempo que es insostenible. Desde marzo de 2024 la Dirección de Informativos de Televisión se niega a reunirse con el Consejo, denuncia el comunicado, "a pesar de que, según el Estatuto del que nos dotó la empresa, dichas reuniones están pautadas cada tres meses". Los integrantes de este órgano afirman que el silencio por parte de la dirección hace que "decenas de quejas y consultas de compañeros sigan sin respuesta". "La última excusa para no hacerlo, a principios de este año 2025, es que con un Consejo a punto de caducar no merecía la pena reunirse", denuncian.

"La defensa del Estatuto Profesional ha sido siempre la principal motivación de todas nuestras actuaciones y su incumplimiento ha sido desde el primer momento denunciado en todos nuestros comunicados. Un incumplimiento que ha sido la norma de actuación de la actual dirección de la empresa, desde asuntos esenciales como el derecho de los andaluces a una información plural, independiente, imparcial, rigurosa y veraz, a asuntos de funcionamiento interno como no informarnos de los nombramientos o cambios en el área de informativos, de la cobertura de acontecimientos, ni de otras decisiones relevantes para el desempeño de la labor de los y las profesionales", han expresado.

El Director de la RTVA, Juan de Dios Mellado, negó estas acusaciones en su última comparecencia ante la Comisión de Control de la Agencia Pública Empresarial de la RTVA en el Parlamento de Andalucía, donde acusó al Consejo, integrado por representantes de la redacción de los medios públicos bajo su responsabilidad, de "manipular" los datos y ofrecerlos de manera "sesgada".

Este órgano afirma llevar tres años esperando una reunión con el director general de la RTVA y cuatro sin recibir respuesta formal a sus informes, algo que el Estatuto también obliga a justificar. Tampoco prosperó su propuesta de reforma del propio Estatuto Profesional, presentada hace casi un año para impulsar una mayor participación interna y transparencia en los procesos de decisión.

El Consejo lanza un mensaje contundente: “No vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de nuestra empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo Profesional de la RTVA”. Reconocen marcharse “con orgullo por la labor realizada, aunque con tristeza por no haber podido ser más útiles”, y apelan a la plantilla para que no se desentienda.

Piden también a la dirección y al Consejo de Administración que cumplan la normativa y convoquen de inmediato las elecciones. Y, sobre todo, llaman a sus compañeros a implicarse: “El Consejo Profesional es un órgano de representación esencial para el buen funcionamiento y la mejora de la información que ofrecemos a la ciudadanía andaluza”.

Canal Sur vive a la deriva de la manipulación desde que a su Dirección General llegó Juan de Dios Mellado directamente desde un departamento del Gobierno del actual presidente andaluz.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este miércoles a todas las comunidades los datos de los últimos cinco años de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix para "garantizar que funcionan como tienen que funcionar" y porque lo ocurrido en Andalucía es solo "la punta del iceberg" del modelo sanitario del PP.

Tras haber comenzado por Andalucía el pasado lunes, García ha trasladado esta misma petición al resto de consejeros en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque el Ministerio quiere hacer un seguimiento "exhaustivo" del funcionamiento de estos programas en todo el territorio y poder reforzar así su vigilancia.

"Reforzar los cribados es salvar vidas", ha enfatizado la ministra, y para ello el Ministerio trabajará con las comunidades para "garantizar que todos los cribados funcionan como tienen que funcionar, que van a llegar a quienes tienen que llegar y que lo hacen con la calidad, la cobertura y la humanidad que ofrece nuestro Sistema Nacional de Salud".  

Su petición se extenderá a los cribados de cáncer de colon y cérvix, que son los otros dos que "tienen evidencia científica más que sostenida para ser previsibles y para tener un diagnóstico precoz". 

Además, "desde hace tiempo" preocupa en el Ministerio que, por ejemplo con el de colon, cuya prueba es la más fácil de practicar, "no todas las comunidades estuvieran poniendo el mismo esfuerzo", ya que algunas cumplen este programa en más de un 80% y otras apenas llegan al 50%. 

Por ello, quiere hacer un "seguimiento exhaustivo desde el Ministerio de Sanidad de todos estos indicadores y de todos estos programas", ha insistido, porque lo que ha pasado en Andalucía con la comunicación de los resultados de mamografías dudosas a miles de mujeres "no es un fallo anecdótico, es un fallo estructural" del servicio andaluz y "la punta del iceberg de por qué no funciona el modelo del Partido Popular". 

La gravedad de este caso, ha proseguido, "exige claridad y también exige responsabilidades. Las mujeres andaluzas tienen la necesidad y exigen y tienen el derecho a saber", ha subrayado. 

García ha dicho desconocer por ahora el plan de choque anunciado por la Junta para el programa, pero sí ha mostrado su convencimiento de que el Gobierno de Juanma Moreno va a echarle "la culpa" al Gobierno central, al Ministerio y a la hoy vicepresidenta María Jesús Montero, que fue consejera de Sanidad hace 13 años.

Pero estos problemas en el programa de cribado más antiguo que existe, el de cáncer de mama, "han empezado a detectarse hace 5". "Lo que está fallando en el Gobierno del señor Moreno Bonilla es la confianza que tienen en el sistema sanitario público", ha criticado.

La información que ha reclamado es la misma que pidió a Andalucía, es decir, "todos los informes elaborados o en elaboración que permitan tener constancia de la magnitud del problema y evaluar el impacto sobre la población, así como las medidas que se hayan puesto en marcha o se vayan a implementar para abordar la situación".

También ha pedido información de varios indicadores básicos como la cobertura de invitación o la de examen en el año índice y en la ronda de cribado; el porcentaje de participación; resultados en prueba de cribado; tasa de aceptación de valoración adicional, de aceptación de la biopsia y de detección o la de incidencia y de mortalidad, entre otros.

Y de otros complementarios, como las tasas de retención, aceptación de la reevaluación temprana, de detección en reevaluaciones tempranas o de aceptación del primer tratamiento, además de los indicadores de complicaciones graves por biopsia; porcentaje de falsos positivos, sensibilidad; tasa de cáncer de intervalo o porcentaje de mujeres con biopsia realizada en los plazos recomendados desde su derivación.

La jueza Mercedes Alaya, que fue el azote del PSOE por su instrucción del caso ERE, complica ahora la defensa en los tribunales del juez Francisco Serrano, el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, que llegó a la política prometiendo limpiar de la historia la corrupción socialista.

Así de retorcidos son a veces los giros de la política.

En un auto de 13 de junio de la sección séptima de la Audiencia Provincia de Sevilla, dentro del caso de posible fraude de subvenciones en el que Serrano está siendo investigado, Alaya incluye una afirmación que constituye un ataque en toda regla a su coartada, según la cual fue víctima de un engaño de sus exsocios y no tardó en marcharse tras descubrirlo.

La resolución de la que Alaya es ponente recoge que "existen indicios relevantes" de que "a finales de 2016", es decir, más de nueve meses antes de abandonar la empresa subvencionada, Serrano ya sabía que el préstamo de 2,4 millones concedido por el Ministerio de Industria "no se iba a destinar al fin previsto", una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva), y "no se iba a poder devolver".

infoLibre solicitó a Serrano su versión de los hechos, sin respuesta.

Serrano y un socio constituyeron en marzo de 2016 una sociedad, Bio Wood Niebla, atribuyéndole ante notario una maquinaria que en realidad no tenían. Esta falsedad les permitió engañar a Hacienda y obtener 2,4 millones de euros de ayuda pública para la fábrica, que no llegó a culminarse ni a funcionar. El dinero, que fue ingresado a la empresa en diciembre de 2016, tampoco ha sido devuelto a Industria.

Este periódico desveló los hechos en octubre de 2019, lo que llevó a la apertura de una investigación en la que Serrano terminó imputado penalmente, por lo que dimitió como parlamentario en septiembre de 2020. También ha visto sus bienes embargados. Ahora el juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, investiga tanto el modo en que Serrano, su exsocio y otro colaborador consiguieron el dinero como el destino final del mismo. Todos los investigados defienden su inocencia [ver aquí el dosier del caso].

La sección séptima de la Audiencia Provincial es la encargada de resolver los recursos del caso, por lo que cayó en sus manos uno presentado por Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación popular. Entre otras diligencias, Sánchez solicitaba la declaración en calidad de investigado del notario ante el que Serrano y su socio constituyeron la empresa, cosa que la Audiencia aceptó, y la imputación del exparlamentario de Vox por insolvencia punible. La Audiencia, en un auto con Alaya como ponente, rechaza esta solicitud de la acusación popular, pero en su explicación introduce una afirmación que ataca la base de la coartada de Serrano.

El auto de la Audiencia señala que "existen indicios relevantes de que fue a finales de 2016 cuando Francisco Serrano tomaría conciencia de que el préstamo concedido por el Ministerio de Industria no se iba a destinar al fin previsto y no se iba a poder devolver". ¿Por qué? Porque el 30 de diciembre de 2016 la sociedad adoptó el acuerdo de reducir el capital de la sociedad en la suma de 1.238.000 euros "con la finalidad de restituir aportaciones a los socios dejando fijado el capital en 7.000 euros", transmitiéndose a Serrano el secadero y a su socio las tres granuladoras. "Maquinarias –añade el auto– que nunca llegaron a adquirir y que fueron reflejadas en la escritura de constitución como aportaciones no dinerarias, documentándose en dicha escritura una de ellas con lo que se decía que era una factura, que tampoco lo era, y que sirvió para justificar el umbral de viabilidad económica y financiera para la solicitud y posterior concesión de la ayuda".

Es decir, Alaya señala cómo Serrano participó el 30 de diciembre de 2016 en una operación incompatible con el desconocimiento de las irregularidades.

Para entender la importancia de las referencias de Alaya a la maquinaria hay que ir nueve meses atrás, al 30 de marzo de 2016, cuando nace Bio Wood Niebla. La pretensión de los fundadores de la empresa era obtener una ayuda del Ministerio de Industria. Lo lograron. Fueron 2,48 millones, concedidos en noviembre de 2016 e ingresados en diciembre. Dicha ayuda fue sólo posible porque Bio Wood Niebla declaraba tener un capital social de 1.245.000 euros. De otro modo, hubiera sido imposible, dado que la orden de los préstamos de Industria impedía que las empresas nuevas recibiesen más del triple de sus fondos propios. Es decir, con 1,24 millones era posible recibir 2,48, como así ocurrió. Pero no hubiera sido posible si la empresa hubiera tenido, digamos, sólo 7.000 euros.

Pero eso era, 7.000 euros, lo que en rigor tenía la empresa. Veamos por qué, poniendo la lupa en la información del Registro Mercantil. Los fundadores de la sociedad fueron: 1) Serrano Abogados de Familia, Sociedad Limitada Profesional, representada en el acto de otorgamiento de escritura pública por el propio Serrano, su administrador único; y 2) Enrique Pelegrín, socio de Serrano. El capital social inicial era de 1.245.000 euros, dividido en igual número de participaciones, repartidas en una proporción de 60%-40%, correspondiéndole a Serrano la parte mayor a través de su despacho.

Pelegrín se quedó con 498.000 participaciones (40%), a las que accedió mediante la aportación de tres granuladoras para la fabricación de pellets valoradas en 495.200 euros y otros 2.800 euros en efectivo. La aportación del despacho de Serrano combinó 4.200 euros en efectivo y un "secadero rotativo [...] con caldera de biomasa" valorado en 742.800 euros. En total, 747.000 participaciones (60%). El propio Serrano como representante de su bufete manifestó en escritura pública que había adquirido dicha maquina "por justo y legítimo título, no adeudando nada por su adquisición".

Pero no era cierto, a tenor de la información en el Registro Mercantil.

La maquinaria, que era todo lo que tenía la empresa salvo 7.000 euros, en realidad no existía. De modo que el proyecto echó a andar con una falsedad de origen que afectaba al capital de la empresa. Tras la falsedad, llegó el dinero. El 24 de noviembre de 2016 el Ministerio de Industria concedió a la empresa 2,48 millones para la construcción de la fábrica de pellets en Niebla (Huelva), tras dar por bueno que la sociedad tenía una maquinaria que en realidad no tenía. El 22 de diciembre de 2016 Industria ingresó el dinero a la empresa en una cuenta de Targo Bank.

Y llegamos al 30 de diciembre de 2016, la fecha en la que pone la lupa Alaya. Una vez cobrado el dinero, la empresa Bio Wood Niebla adopta ese día el acuerdo de realizar una reducción de capital. Con dicha reducción, el despacho de Serrano recuperó el secadero y Pelegrín recuperó las tres granuladoras. En realidad, la recuperación no era tal, porque no había ni secadero ni granuladoras que recuperar. Los bienes aparentemente devueltos a los socios fundadores sumaban el 99,43% del valor de la empresa. Tras quedarse en el 0,57% de lo que era al nacer, Bio Wood Niebla cerró el año al día siguiente, 31 de diciembre, con un patrimonio neto de 6.994,9 euros. Son números propios de una micropyme. Una micropyme, eso sí, que había ingresado casi 2,5 millones de una ayuda pública que no podría haber ingresado sin haberse atribuido un valor muy superior al real.

Ahí es donde cobra relevancia la afirmación del auto de la Audiencia, que explicita que el 30 de diciembre de 2016 la sociedad adoptó el acuerdo de reducir el capital mediante la devolución de una maquinaria que nunca llegó a adquirir, que documentó mediante una factura que tampoco lo era, que permitió fingir una viabilidad inexistente y así lograr una ayuda a la que con los números rectos la empresa no hubiera podido optar. Y que apunta claramente a una conclusión: Serrano tenía que estar al tanto y saber, a finales de 2016, que el dinero no iba a ir a la fábrica ni tampoco iba a volver a las arcas del Estado.

Esta apreciación, realizada por la sección responsable de resolver los recursos del caso, choca con la línea de defensa de Serrano, que sostiene que fue víctima de un engaño y salió al descubrir las irregularidades. Sus diferentes manifestaciones, tanto públicas como en sede judicial, sobre la fecha en que supo que el proyecto estaba basado en un engaño ofrecen diferentes interpretaciones. Su versión más concreta fue expresada el 2 de junio de 2020 en la Fiscalía de Sevilla, donde aseguró que "en marzo de 2017, y después de mucho insistir", logró que su socio le reconociera que no tenía la famosa maquinaria que el propio Serrano había asegurado ante notario tener "por justo y legítimo título".

La apreciación del auto de la Audiencia sigue la misma línea que distintas averiguaciones policiales, que han concluido no sólo que Serrano participó en el engaño a Industria, sino también que siguió implicado en la gestión del proyecto al menos hasta finales de julio de 2017, cuando a todas luces era ya consciente de irregularidades. El 28 de julio de aquel año Serrano firmó una carta dirigida a un ingeniero con detalles del proyecto que demostraba su implicación en la gestión. No salió de Bio Wood Niebla hasta octubre de 2017. Poco más de un año después, en diciembre de 2018, lideraba la candidatura de Vox que irrumpió con 12 escaños en el Parlamento prometiendo limpiar Andalucía.

Si yo estuviera empadronado en Salobreña, como Macarena Olona (o en Rota, donde uno ubica una parte de su corazón y su memoria), sé muy bien que este domingo votaría. Y sé muy bien lo que no votaría. Ya sé que casi todos y todas solemos tener mucho más claro lo que rechazamos que lo que compartimos. Más aún nos pasa a quienes habitamos en el incómodo planeta de la duda, como Camus, como tantos referentes éticos que nos ayudan a caminar por la vida con el temor permanente a equivocarnos y con el máximo respeto a quien nos contradice. 

Tenemos por costumbre personal no dar consejos a nadie, y por principio editorial en infoLibre no pedir el voto para unas siglas concretas. Nunca lo hemos hecho. Lo que tampoco ocultamos son nuestras señas de identidad, netamente democráticas y progresistas. Y estas son las que nos llevan a reclamar modestamente que toda persona que comparta valores de progreso con derecho a voto en Andalucía lo ejerza este domingo, acuda a su colegio electoral y deposite una papeleta que al menos exprese su negativa a convertirse en cómplice o simple espectador del deterioro democrático y del desmantelamiento progresivo del Estado del bienestar.

Déjenme que lo diga sin rodeos: uno no es tan imbécil como para no entender y atender los motivos que llevan a una parte importante del electorado autocalificado de progresista a sentirse de algún modo decepcionado, desmotivado, desmovilizado o incluso encabronado. Bienvenidos al club. Tampoco voy a soltar a nadie la monserga de la necesidad (real y urgente) de resistir, de no permitir un paso atrás por mucho que nos parezcan lentos e insuficientes los que se han dado hacia adelante.

La noche de las anteriores elecciones andaluzas, aquellas en las que Vox se coló por debajo de casi todos los radares demoscópicos y mediáticos con una fuerza inusitada, aquí mismo escribíamos: "La lección más trascendente de este 2 de diciembre debería ser, especialmente para las izquierdas, la de ese 41,35% de abstención. Si damos la espalda a la política, seguirán creciendo los monstruos".

Y los monstruos han seguido creciendo, hasta el punto de que hemos ido normalizando discursos directamente xenófobos, machistas, homófobos y anticonstitucionales, puesto que no se cansan, por ejemplo, de pedir la ilegalización de otros partidos políticos. Quien tenía y tiene la mayor responsabilidad para afrontar ese debilitamiento democrático por la derecha es claramente el PP, un partido que ha preferido poner siempre por delante el ejercicio del poder antes que la fortaleza democrática. 

Conviene ser conscientes de lo que nos jugamos en cada partida, y de quién gana cuando otros pierden. Desde un medio como infoLibre, en el que la opinión es personal, sin editoriales colectivos, me atrevo simplemente a sugerir que cada lector o lectora, antes de decidir este domingo irse a la playa o quedarse en casa bajo el ventilador, dedique unos minutos a repasar algunos números clave, a contrastarlos y a comprobar ciertos eslóganes.  

Hemos intentado cumplir modestamente durante la campaña andaluza, como ya lo hicimos con la de Madrid hace más de un año y con otras anteriores, lo que consideramos nuestra obligación como periodistas: aportar datos, datos y datos (ver aquí el dosier de este 19J). Porque es la mejor forma de no dejarse atrapar por las sofisticadas técnicas de engaño masivo, de excitación de emociones que convierten al ciudadano o ciudadana en simple consumidor y a la democracia en un mercadeo de ofertas tan increíbles como impracticables.

Examinar 'Los números de Juanma Moreno' (ver aquí) no es un capricho personal o una manía persecutoria: quien ejerce el poder y decide adelantar elecciones para mantenerse en él debe en primer lugar responder por su gestión. Y basta echar un vistazo a ocho de esos números para comprobar que Andalucía está a la cola en gasto público sanitario por habitante, o en inversión por alumno en la enseñanza pública, o en PIB per cápita; o que la tan cacareada rebaja fiscal beneficia sobre todo a unos pocos privilegiados; o que la lucha contra la crisis climática no figura entre las prioridades de las derechas andaluzas, más cercanas al negacionismo de Vox que a compromisos que frenen la galopante desertización.

Por más que el clima psicológico colectivo reflejado por las encuestas anticipe un desánimo importante en este 19J, conviene no olvidar la advertencia de Edmund Burke: "Para que el mal triunfe, sólo es necesario que los buenos no hagan nada".

Pásalo... y vota.

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha tomado este lunes declaración como investigado al exdiputado autonómico de Vox y expresidente del Grupo parlamentario de dicha formación Francisco Serrano, por posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros cosechada por una empresa que gestionaba junto a un socio también investigado en esta causa judicial, según recoge Europa Press.

Francisco Serrano estaba llamado a comparecer este lunes junto a su socio empresarial Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, también investigados en estas diligencias, después de que su citación inicial del pasado mes de febrero fuese suspendida por circunstancias derivadas de la pandemia.

El que fuera líder de Vox en Andalucía ha prestado finalmente declaración este lunes durante aproximadamente una hora y media, accediendo a responder las preguntas de su abogado defensor, del juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero no las de las acusaciones populares que ejercen el secretario general de Facua, Rubén Sánchez; y Podemos.

Tras su comparecencia, Francisco Serrano ha manifestado ante los medios de comunicación su "confianza en la Justicia". "Espero que a partir de ahora, todo se pueda aclarar", ha dicho además.

Recordemos que la investigación atribuye a Francisco Serrano haber constituido junto a su socio Enrique Pelegrín la sociedad Bio Wood Niebla S.L. "con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes", presuntamente para obtener fraudulentamente ayudas públicas del programa Reindus del Ministerio de Industria, Turismo y Energía, al que dicha empresa habría concurrido en demanda de respaldo financiero para un proyecto de instalación de una planta de fabricación de pellets.

Préstamo reintegrable

Según la Fiscalía, merced a dicha convocatoria de ayudas, el Ministerio de Industria transfirió 2,48 millones a Bio Wood Niebla en concepto de préstamo reintegrable, siendo el dinero ingresado supuestamente en una cuenta bancaria de Francisco Serrano, tras lo cual parte de ese importe habría sido presuntamente transferido a una cuenta abierta en otro banco y el resto, en concreto 438.000 euros, habría sido empleado a diversas operaciones como préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago de facturas y gastos varios, entre otras finalidades no relacionadas con el objeto de la subvención, siempre según la Fiscalía.

En la causa judicial figuran como investigados Serrano, su socio Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros como "socio encubierto de Bio Wood", pesando un atestado policial según el cual del mencionado dinero del préstamo estatal reintegrable concedido a dicha empresa, un millón habría "sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión y objeto de sucesivas operaciones de ingreso y retirada".

Al respecto, figura además una resolución de la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía emitida el 31 de agosto de 2020, dando cuenta del "procedimiento administrativo de apremio" incoado por dicha entidad estatal contra Biowood Niebla en demanda del "reembolso" del préstamo de 2,48 millones de euros concedido por el Ministerio de Industria y Turismo a la entidad, a la que reclama algo más de tres millones de euros por el citado préstamo más los recargos correspondientes.

Sin "voluntad de devolver" el préstamo

Y es que según dicha resolución, Biowood Niebla "no ha demostrado ninguna voluntad de devolver las cantidades percibidas, más allá de la incautación de la garantía aportada, constituida precisamente con parte de los fondos percibidos, y tampoco abonó siquiera la primera cuota de intereses del primer año de los tres de carencia, a abonar el 29 de diciembre de 2017".

"Han sido escasamente fructíferas las acciones de embargo del líquido giradas contra la compañía, aunque sí han servido para constatar el caudal de lo distraído, y la conducta elusiva de la compañía, sus socios y sus administradores", indica la Delegación de la Agencia Tributaria en Andalucía, que detecta "indicios de levantamiento del líquido de la compañía obtenido del préstamo reintegrable, sin que efectivamente se aplicara a la finalidad a la que estaba destinado", es decir al proyecto de fabricación de Pellets.

En concreto, "gran parte del préstamo recibido del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la construcción de la nueva industria de fabricación de pellets en Niebla se destinó inicialmente a la realización de operaciones financieras especulativas, mediante la adquisición de fondos de inversión depositados en Ibercaja", pesando además "cargos correspondientes a diversos gastos a cuenta de socios y administradores, sin que conste la justificación ni aplicación de dichos importes a actividades propias de la entidad".

El Gobierno andaluz sigue en pie, aunque pierde solidez. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), y el vicepresidente, Juan Marín (Cs), coincidieron este miércoles en reivindicar la “estabilidad” del Ejecutivo autonómico, garantizando su continuidad. Las elecciones no están previstas hasta finales de 2022, insisten las fuerzas gobernantes. No habrá camino murciano, con moción de censura de PSOE y Ciudadanos, ni tampoco camino madrileño, con ruptura del pacto. El acuerdo andaluz tiene a su favor el compromiso total de Marín con el pacto con el PP, a pesar del empeoramiento electoral de Cs, y el presupuesto de 2021 aprobado. Ese es el gran asidero: hay cuentas en vigor. Pero las bases del Ejecutivo se han visto mermadas.

Las aguas estén lejos de la calma. En Cs hay un referente dentro del Gobierno, Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, que afirma ya claramente que su partido debe ser capaz de “formar gobiernos a izquierda y a derecha”. En unas resonantes declaraciones a la cadena Ser el martes, Ruiz, posible candidata a convertirse en aspirante de Cs a la presidencia de la Junta, se mostró partidaria de un gobierno “regenerador, moderno, progresista en lo social”. No eran unas declaraciones pensando en ahora, pero sí abrieron un escenario de agrietamiento de los bloques.

Justo un día después, llegaba el bombazo desde Murcia. Tras la moción murciana, Vox, sostén parlamentario del Gobierno andaluz, reclamó elecciones inmediatas, en la línea marcada por Santiago Abascal. Y lo hizo agarrándose a las palabras de Ruiz. “Nos cuesta entender cómo se pueden hacer este tipo de declaraciones al tiempo que se comparten responsabilidades en el Consejo de Gobierno. Ciudadanos es una fuerza muy poco fiable”, afirmó Alejandro Hernández, portavoz de Vox en Andalucía.

Vox ya había anunciado en febrero la interrupción de todos sus apoyos al Gobierno andaluz hasta la aprobación del “pin parental”. Sus 11 diputados –se salió una representante, que ahora está en Falange– son imprescindibles para que PP (26) y Cs (21) alcancen la mayoría absoluta, fijada en 55. La fuerza de Vox es mayor en Andalucía, con un 11% de los escaños, que en Madrid, 9,09%, y Murcia, 8,88%. Con la ultraderecha desvinculada ya del acuerdo –tras aprobar, eso sí, tres presupuestos en menos de dos años con PP y Cs–, la estabilidad del pacto pasa por un compromiso total de Ciudadanos. Por eso las palabras de Ruiz tuvieron tanto recorrido: abren la perspectiva de una ruptura futura de los dos bloques, que ha sido el modelo que ha permitido al PP llegar a San Telmo con 26 diputados, 24 menos que los que alcanzó Javier Arenas en 2012 sin conseguirlo.

Este miércoles, Elías Bendodo, consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno andaluz (PP), preguntado por las palabras de su compañera, respondió con contundencia a su compañera en el Ejecutivo. Aludiendo expresamente a la “señora Ruiz”, le recordó que el PSOE “de los ERE” es un partido “tóxico”, habló de los los “prostíbulos” del caso Faffe y de los “dos expresidentes condenados”, para concluir que que los socialistas no tienen “compatibilidad para pactar con nadie”. Artillería pesada.

No se oyó en Cs más reacción significativa que la de Juan Marín, vicepresidente andaluz, que garantizó la “estabilidad absoluta” del Ejecutivo. La misma línea siguió Moreno, que apeló a la necesidad de "estabilidad” en tiempo de pandemia y crisis económica. Fuentes del Gobierno andaluz subrayaban que Andalucía tiene presupuesto aprobado, por lo que “la viabilidad de la legislatura está garantizada”. Moreno y Marín tienen prevista una escenificación de unidad esta misma tarde. El gran activo de Moreno ahora mismo es su socio naranja, que tiene previsto intentar ser candidato por tercera vez en las próximas elecciones. A la hora de hacer proyecciones sobre un posible cambio de rumbo de Cs en Andalucía, fuentes socialistas señalan que, con Marín al frente, será imposible. “Es irrecuperable”, dicen.

Los focos apuntan también a Susana Díaz, secretaria general del PSOE, que lleva prácticamente desde el arranque de la legislatura tratando de proteger un liderazgo debilitado por la derrota orgánica ante Pedro Sánchez y la pérdida de San Telmo. Díaz, cuyo argumento ante las acometidas de los críticos suele ser la necesidad de olvidar los líos internos para centrarse en lo importante, mantuvo este martes esta línea. No quiso extrapolar a Andalucía lo ocurrido en Murcia y se negó a “hacer cábalas” sobre un hipotético acuerdo con Cs, aunque sí consideró “evidente” que el partido naranja se ha dado cuenta en Murcia de que “el PP lo está llevando a la ruina”. “Estamos en la pandemia, en lo que tenemos que estar”, dijo, recordando que la crisis sanitaria y económica exigen toda la atención y que Andalucía tiene “más de un millón de parados”, lo cual desaconseja cualquier distracción.

Díaz dirigió el mensaje a Juan Manuel Moreno, cuya dirección ha protagonizado enfrentamientos ahora con la de Pablo Casado en la antesala de las primarias de Sevilla. No obstante, un socialista crítico con la presidenta veía el mensaje lanzado también en clave interna: no es momento de líos, tampoco en el PSOE. De hecho, un líder provincial afín a la presidenta recalcaba que el movimiento murciano, por la inestabilidad que apareja, refuerza la posición de la secretaria general. No todos lo ven así. Un integrante del sector crítico, partidario de un cambio, aseguró que lo ocurrido no cambia la certeza absoluta de que, si Díaz mantiene su compromiso de intentar ser candidata pese a los ofrecimientos realizados para su salida, tendrá rival en las primarias. Está por ver quién es.

Lo que no está sobre la mesa ahora mismo es una moción de censura de un partido en solitario contra el bloque gobernante. Para presentarla es necesario un cuarto de los parlamentarios, por lo que en la práctica sólo podría hacerlo el PSOE, que tiene 33 de los 109. Los visos para que prosperase son mínimos, ya que necesitaría el apoyo no sólo de los 17 diputados del antiguo espacio de Adelante Andalucía, ahora dividido, sino de 5 de Ciudadanos. Que haya diferencias en el grupo parlamentario de Ciudadanos no significa que sea verosímil un escenario así.

La Policía Nacional ha detectado préstamos realizados por una sociedad de Francisco Serrano, el que fuera juez estrella de Vox y su candidato y primer portavoz parlamentario en Andalucía, a otras empresas suyas tras cobrar casi 2,5 millones de euros de una ayuda pública del Ministerio de Industria. La UDEF, en un informe al que ha tenido acceso infoLibre, identifica préstamos desde Bio Wood Niebla, empresa teóricamente constituida para construir una fábrica de biocombustible, al periódico XYZ y a Serrano Abogados, sociedades de las que formaba parte el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El nuevo informe apunta a que, además del gasto de 438.000 euros en conceptos totalmente ajenos a la finalidad de la ayuda pública, Serrano y su antiguo socio supuestamente enviaron un millón de euros a otra empresa en Extremadura tras un peregrinaje por cuatro cuentas corrientes. Además, según el informe, llevaron dinero a "fondos de inversión". El destino final de todo el dinero sigue pendiente de aclararse y es la clave de un caso que acabó con la dimisión de Serrano. El juez instructor se ha dirigido ahora a la entidad Ibercaja para intentar aclarar todos los detalles. A preguntas de este periódico, el dos veces candidato de Vox no ha respondido ofreciendo su versión.

El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en un informe del 1 de diciembre, responde a una solicitud formulada por el juzgado de instrucción 16 de Sevilla, donde recayó el caso a raíz de que Serrano dimitiese como parlamentario andaluz, renunciando así al aforamiento y por lo tanto provocando que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) perdiera la competencia. El nuevo instructor, Juan Gutiérrez Casillas, solicitó en noviembre a la Policía una investigación orientada a conocer si un millón de euros ingresado en una cuenta corriente de una empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, supuestamente proveniente de otra cuenta de otra empresa de Serrano, Bio Wood Niebla, tenía su origen en los 2,48 millones de euros ingresados a esta última sociedad por el Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de biomasa en Niebla (Huelva) que nunca llegó a completarse. Ahora la Policía responde al encargo con un informe resultado de un seguimiento de la "trazabilidad" de los fondos, que aporta además datos nuevos sobre usos del dinero supuestamente ajenos al final para el que fue concedido.

El informe policial apunta a que esa cantidad que intriga al juez y a la Fiscalía de Sevilla, un millón de euros, terminó en una tercera cuenta de una tercera empresa de Serrano, en este caso montada en Extremadura, Pellex Energía. Hay un auténtico baile de dinero entre un total de cuatro cuentas corrientes. Para seguir el hilo hay que ir cuatro años atrás.

Cuenta 1: Ingreso y primeros movimientos

Los 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria fueron ingresados en diciembre de 2016 en una cuenta de Targo Bank de la entidad Bio Wood Niebla, la conformada por Serrano y su socio Enrique Pelegrín, con el impulso de un tercer implicado en el proyecto, Javier López, los tres investigados en el caso. Bio Wood Niebla logró la ayuda gracias a un engaño a Industria demostrado documentalmente por este diario, que incluía la atribución a la empresa de una supuesta maquinaria industrial que en realidad no existía. Aquí puede consultarse el dosier del caso, que fue desvelado por este periódico y denunciado ante la Policía Nacional por el vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, que ahora ejerce la acusación popular.

La cuenta de Targo Bank en la que fueron ingresados los 2,48 millones de euros, en adelante la Cuenta 1, registra diversos movimientos en los meses siguientes, según recoge el informe policial: 33.000 euros en un "reintegro", 30.000 euros en un "préstamo", el pago de unos honorarios de más de 135.000 euros a la empresa que gestionó con éxito la solicitud de los fondos... Pero la Policía destaca dos operaciones especialmente relevantes. Se trata de dos envíos de dinero desde la Cuenta 1, con fechas 8 de febrero y de 16 de marzo. Las cantidades son 1,4 millones y 651.000 euros, respectivamente. Ello supone más de 2,15 millones, del total de 2,48 millones de euros ingresados por Industria.

Cuenta 2: Préstamos y "fondo de inversión"

¿Dónde aparece ese dinero? Según el informe policial, en los días siguientes a las dos salidas desde la Cuenta 1, es decir, 9 de febrero y 17 de marzo, idénticas cantidades entran en otra cuenta de Bio Wood Niebla, en adelante Cuenta 2, en la entidad Ibercaja.

La Policía consigna en su informe cómo el dinero sigue recibiendo supuestamente usos ajenos a la finalidad para la que fue concedido, la construcción de una planta de biomasa en Niebla que se quedó en promesa. Desde la Cuenta 2 sale, según el informe, un préstamo de 7.000 euros para XYZ, un periódico digital impulsado por el propio Francisco Serrano cuando era un referente de la derecha sevillana más conservadora. Sale además otro préstamo de 13.080 a para la empresa "Serrano Abogados", según consta en el informe policial. 9.300 euros son empleados en la constitución de tres empresas, Pellex, Enex y Overhouse, siempre según la investigación policial, sobre la que Serrano declina pronunciarse.

El movimiento más voluminoso, no obstante, es la salida de 1,3 millones, en concepto "fondo de inversión", con "destino desconocido", según recoge el informe.

El 15 de noviembre de 2019 en la Cuenta 2 quedan ya 0,31 euros.

Cuenta 3: 1,3 millones sin localizar

La UDEF continúa el rastreo. El informe pone el foco en otra cuenta, también de Ibercaja, en este caso de la empresa Proyectos e Inversiones Serralba, otra empresa de Serrano, que se desvincularía más tarde del entramado, en octubre de 2017. Antes de ir a esta tercera cuenta, una recapitulación: en la Cuenta 1, de Bio Wood Niebla en la entidad Targo Bank, entra el dinero de Industria; a la Cuenta 2, de Bio Wood Niebla en Ibercaja, pasan más de 2,05 millones de euros en dos envíos; desde la Cuenta 2 hay préstamos –siempre según el informe policial– al periódico XYZ y a Serrano Abogados; también salen 1,3 millones que la Policía Nacional no ha logrado localizar.

Llegamos a la Cuenta 3, de Proyectos e Inversiones Serralba. En la misma aparecen como autorizados Serrano y Pelegrín, según el informe. A dicha cuenta llega primero un préstamo, en mayo de 2017, por importe de 13.080, cifra que coincide con la cantidad del préstamo a Serrano Abogados, empresa que precisamente pasa a llamarse Proyectos de Inversiones Serralba en mayo de 2017. Más tarde, el 13 de junio, llegan a Serralba 6.200 euros, que se corresponden con los 6.200 euros de la constitución de dos de las nuevas empresas formadas, Enex y Pellex. El informe no hace referencia a las cuentas de XYZ.

Pero lo más importante se produce el 16 y el 19 de junio. La Policía Nacional anota un ingreso de "origen desconocido" de 1 millón de euros en la Cuenta 3, con el concepto "Préstamo Serralba", al que sigue tres días después una salida de la misma cantidad en concepto de "aportación dineraria de capital".

Cuenta 4: Dinero a Extremadura

El informe aún abarca otra cuenta corriente de Ibercaja, de la empresa Pellex Energía, con Serrano y Díaz también como autorizados. En adelante, la Cuenta 4.

El 19 de junio, es decir, el mismo día en que sale 1 millón de euros de la Cuenta 3, la de Proyectos e Inversiones Serralba en Ibercaja, entra esa misma cantidad en la Cuenta 4, según la UDEF. Hay una anotación clara en el informe: "Coincide con el movimiento de retirada" de la Cuenta 3. Es decir, la salida del millón de la Cuenta 3 (Proyectos de Inversiones Serralba) coincide con el ingreso del dinero de la Cuenta 4 (Pellex), según el informe policial. Hablamos de empresas en las que en el momento de los movimientos figuraba Serrano, que había sido en 2015 candidato de Vox a la presidencia de la Junta y volvería a serlo en 2018, cuando nada de esto se sabía.

De la Cuenta 4 salen además 300.000 euros en una operación consignada como "fondo de inversión". Hay además un traspaso de 550.000 euros a Bio Wood Niebla que la Policía no ha logrado detectar en las cuentas de dicha empresa. Se realiza otro un préstamo de casi 190.000 euros. En resumen, todo un baile de dinero a raíz del ingreso del millón de euros.

La pista de los fondos

La Policía presenta al juez Gutiérrez Casillas sus conclusiones. En línea con lo recogido en el atestado clave del caso, la UDEF constata que tras el ingreso de Industria de 2,48 millones de euros ingresados por Industria, los socios mermaron supuestamente la cantidad en 438.000 euros. Entre otros fines dados al dinero, el juez Serrano realizó un préstamo a un promotor moroso. Pero no es ahí donde pone el foco el informe de 1 de diciembre, sino en el dinero restante, algo más de 2 millones.

Esa cantidad, según la Policía Nacional, tras ser ingresada en la Cuenta 1 de Bio Wood Niebla en Targo Bank, es "íntegramente transferida" a la Cuenta 2, es decir, a una cuenta de Ibercaja en esta misma empresa. "De esta cuenta se recupera la trazabilidad de 1.000.000 [de euros] transferido sucesivamente" a la Cuenta 3, de Proyectos e Inversiones Serralba, y a la Cuenta 4, de Pellex, afirma la Policía Nacional en su informe.

¿Y el resto? "El resto de los fondos ha sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión, y objeto de sucesivas operaciones en las tres cuentas, de ingreso y retirada", señala el informe.

Las tres cuenta de Ibercaja –Bio Wood Niebla, Proyectos e Inversiones Serralba y Pellex– se encuentran en la misma oficina de Sevilla, según la Policía.

El punto de destino de la Policía Nacional es que el dinero ingresado en la Cuenta 3 de Proyectos de Inversiones Serralba, por el que preguntaba el juez Gutiérrez Casillas, tiene presumiblemente su "origen" en los "fondos de inversión" de la Cuenta 2, de Bio Wood Niebla. Hay que recordar que este dinero de la Cuenta 2 llega desde la Cuenta 1, donde Industria había ingresado 2,48 millones de euros públicos.

Mandamiento a Ibercaja

El juez instructor quiere toda la certeza. Por eso ahora, en un auto de 14 de diciembre, une el informe policial al procedimiento y reclama así a Ibercaja que "informe de modo completo, con aportación de justificantes documentales, órdenes mediante email o cualquier otro comprobante", sobre una serie de movimientos de dinero, entre ellos operaciones entre las tres cuentas de las tres empresas de Serrano (Bio Wood Niebla, Proyectos de Inversiones Serralba y Pellex), de las que ahora el dos veces candidato de Vox está desvinculado.

El juez quiere justificación de las operaciones, identificación de los responsables y saldos iniciales y finales. Además, pide precisar el "origen" del ingreso de un millón de euros el 16 de junio de 2017 en la Cuenta 3. El mandamiento dirigido a la entidad financiera también se interesa por los 550.000 euros de "traspaso a Bio Wood" que la Policía no logra encontrar. Y, por último, solicita identificar al director de la sucursal de Ibercaja donde estaban las cuentas entre 2016 y 2019. Ibercaja queda advertida de que si incumple lo solicitado puede ser objeto de "responsabilidades penales".

Este periódico, como viene haciendo desde hace más de un año, requirió a Serrano su versión sobre el avance de la investigación, en concreto sobre lo aportado por este nuevo informe policial, sin respuesta. Idéntica contestación, ninguna, se recibió de Pelegrín.

El renovado pacto antitransfuguismo, que acaba de endurecer sus reglas apuntando nítidamente contra las conductas de Teresa Rodríguez y el sector anticapitalista, será la guía que utilizará Ciudadanos para decidir su voto en el caso Adelante Andalucía. Este miércoles tiene lugar la reunión de la mesa del Parlamento que decidirá si Rodríguez y siete parlamentarios afines son expulsados del grupo, que pasaría así de 17 a 9 miembros. Y Ciudadanos votará por la expulsión, lo que sitúa a la dos veces candidata a la Junta de Andalucía cerca de la puerta de salida. Aún no está hecho, pero casi. Descontado el voto favorable a la expulsión del PSOE, sólo una negativa de PP y Vox, que supondría un cambio de sus posiciones iniciales, cambiaría un guión que parece ya escrito. Antes de conocer esta decisión, los parlamentarios afectados ya anunciaron que no se rendirían si eran expulsados y recurrirían a la vía judicial.

El partido naranja no ha dejado margen para las especulaciones. Este martes hizo público un comunicado anunciando su voto: expulsión. La posición de Cs, que inicialmente no apoyó la expulsión sino que se abstuvo, ha cambiado ahora tras el endurecimiento del pacto antitransfuguismo en Madrid y a priori inclina la balanza en contra de Rodríguez.

Cs tiene motivos para mostrarse duro en su concepto de tránsfuga. Hay un concejal salido del PP, Sebastián Pérez, que si se alía con el PSOE puede hacerle perder la mayor alcaldía que tiene, la de Granada, en la persona de Luis Salvador.

¿Por qué es tan importante la posición de Ciudadanos? La mesa del Parlamento tiene siete miembros con voto: dos del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos y uno de Vox. Adelante Andalucía tiene un representante, Maribel Mora, alineada en esta crisis con Rodríguez.

PSOE y Vox han sido desde el arranque de la crisis favorables a la expulsión. Al menos a priori, la salida de Rodríguez contaría con 5 de los 7 votos. Tampoco se pueden descartar los dos del PP, que es firmante –al igual que el PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos– de una adenda al pacto antitransfuguismo que pone en el punto de mira a Rodríguez y los suyos. No la menciona expresamente, como es lógico, pero sí se refiere formas que coinciden con su salida de Podemos. La sentencia de Rodríguez ha sido ese pacto. 

“Cs aplicará mañana en la Mesa del Parlamento andaluz el Pacto Antitransfuguismo que consiguió impulsar a nivel nacional. Los diputados de Ciudadanos con representación en la Mesa del Parlamento andaluz, entre ellos la presidenta de la Mesa, Marta Bosquet, votarán mañana [por este miércoles] a favor de la expulsión de los diputados del grupo Adelante Andalucía, en aplicación de los acuerdos alcanzados y suscritos por la mayoría de fuerzas políticas en el marco del Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, presidido por el Ministerio de Política Territorial”, señala Cs en un comunicado que no deja lugar a dudas.

Cs reivindica que fue el partido que “logró impulsar” el pacto “al retomarlo hace unos meses, cuando llevaba más de diez años sin reunirse”. La decisión fue anunciada por el partido desde Madrid.

Un pacto que apunta a Rodríguez

El cambio de criterio de Cs, que pasa de la abstención al voto a favor, deja a Rodríguez a las puertas de su expulsión del grupo Adelante Andalucía. La cobertura para este cambio la ofrece el acuerdo alcanzado el pasado miércoles en la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo, con el apoyo de 11 de los 22 integrantes: PSOE, PP, Unidas Podemos, Cs, PSC, PNV, Izquierda Unida, BNG, Partido Aragonés Regionalista, Foro Asturias y Galicia en Común [ver aquí información en detalle].

La adenda aprobada, llamada Acuerdo por la Estabilidad Institucional, parte de una ponencia de PSOE, Cs e IU. Y puede leerse en clave andaluza. El pacto alcanzado por los diez partidos, que suman una clara mayoría en el Congreso, 252 de 350 diputados (un 72%), incluye en la definición de “tránsfugas” a los que, “traicionando al sujeto político”, “hayan abandonado” al mismo, “hayan sido expulsados” o “se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”. El sujeto político puede ser un partido o una coalición.

“Se considerará tránsfuga a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido coaligado que propuso su incorporación en la candidatura”. Y añade: “Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso quien aclarará por escrito quiénes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas”. El acuerdo establece además que “las personas no adscritas”, que es la categoría en la que Podemos e IU quieren que queden Rodríguez y los suyos, “no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente”. Es más, aplicando el texto, aunque el grupo Adelante Andalucía pasara de 17 a 6 o a 9 parlamentarios, todo apunta a que la asignación seguiría siendo la misma [ver aquí acuerdo segundo d: “El grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad”].

El acuerdo fija que los partidos deben extender a los parlamentos autonómicos la regla de “cuando uno o varios concejales, incluso siendo la mayoría del grupo, abandona o es expulsado de la formación política que presentó la candidatura, los concejales que permanezcan en la formación política son los legítimos integrantes del grupo”. Agrega el acuerdo que mientras se producen esas reformas, se supere la “laguna” legal con interpretación en dicho sentido. Esto tiene una lectura en clave andaluza, ya que uno de los argumentos que vienen defendiendo Rodríguez y los suyos es que no tiene sentido que una minoría expulse del grupo a una mayoría.

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado la expulsión del grupo de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, toda vez que se ha sometido a votación el escrito que registró la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, en nombre de Podemos Andalucía, para situarles como diputados no adscritos al entender que son "tránsfugas" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

La decisión de la Mesa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Vox y la abstención de Ciudadanos (Cs), mientras que desde las filas de Teresa Rodríguez ya han anunciado que recurrirán el acuerdo adoptado.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que si bien la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha planteado en la Mesa que dicho escrito no se votara a fin de solicitar previamente un informe sobre lo ocurrido a los servicios jurídicos de la Cámara, "la mayoría ha decidido someter el escrito a votación y ha salido adelante".

De esta manera, Teresa Rodríguez junto a los portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo, pasan automáticamente a adquirir la condición de diputados no adscritos.

Teresa Rodríguez: "Me odian"

Por su parte, Teresa Rodríguez ya ha anunciado que recurrirán esta decisión de la Mesa y ha censurado que PSOE-A, PP-A y Vox hayan aprobado a propuesta de IU su expulsión y la de siete de sus compañeros del grupo parlamentario mientras permanece de permiso por maternidad.

"Tanto tocar las narices con las dietas y las bajadas de sueldo los ha puesto de acuerdo en algo: me odian", ha escrito en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, donde asegura que lo acordado "es un atropello jurídico" y que recurrirán.

A su juicio, esto ha ocurrido porque han mantenido a Inmaculada Nieto (IU) como portavoz "aunque no tuviera la mayoría del grupo respetando los acuerdos" y le ha reprochado que haya "aprovechado esa posición para presentar un escrito en nombre del grupo sin preguntarle y previo acuerdo con PP-A, PSOE-A y Vox". "Lamentable", apostilla Teresa Rodríguez.

De hecho, desde las filas de la líder de Anticapitalistas aseguran que "el voto de estas tres fuerzas se ha dado contra el criterio del Letrado del Parlamento y de la propia Marta Bosquet", y recuerdan que "es la primera vez que se presenta un escrito de este calado sin consultar con la mayoría del grupo parlamentario de manera totalmente unilateral por Nieto, que supone una vulneración democrática del grupo y así lo ha defendido también el letrado".

Asegura que "se ha decidido expulsar a ocho diputados y mantener a tres en el grupo parlamentario que no son de IU –Maribel Mora, María García Bueno y Ana Villaverde–, solamente para poder alegar que tienen mayoría del grupo parlamentario, cosa que no es cierta, pues IU sola cuenta con seis de 17 diputados".

"Está claro que quieren destrozar Adelante como una alternativa desde Andalucía y que no se pliega al bipartidismo. En plena pandemia esto es una idea horrible que solo refuerza a Juanma Moreno", agregan antes de asegurar que recurrirán la decisión de la Mesa "en todas las instancias posibles" y que pedirán medidas cautelares ya que "jurídicamente no tiene ningún recorrido y supone una vulneración de derechos de representación parlamentaria".

También sobre esto se ha pronunciado quien fuera número dos de Teresa Rodríguez cuando lideraba Podemos, Pablo Pérez Ganfornina, que ha censurado que "el régimen está unido a una sola voz", que "Andalucía no puede tener voz propia", y que "la palabra del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no vale nada".

"Pactar hasta con PP y Vox para negar un proyecto andaluz de izquierdas forma desde hoy parte de la estrategia frente populista. Andalucía es clave y la quieren sumisa", ha sentenciado en su Twitter.

Podemos e IU promueven su expulsión

Todo esto viene por que Podemos Andalucía ha reclamado en el Parlamento, a través de un escrito elevado por la portavoz del grupo y miembro de IU, Inmaculada Nieto, que Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, salgan del grupo parlamentario y pasen a ser no adscritos por "tránsfugas", lo que ha conllevado poco después a que los diputados de Adelante afines a Rodríguez hayan decidido cesar "temporalmente" a Nieto como portavoz, en una reunión en la que no han participado ninguno de los seis parlamentarios que forman parte de IU, de los 17 que conforman el grupo.

Nieto, en rueda de prensa, ha considerado "normal" la solicitud del partido morado porque "si una organización tenía once representantes –los que lograron escaños tras las elecciones andaluzas del 2018 de la mano de Podemos– y ahora no cuenta con ellos, es normal que demos pasos para recuperarlos".

Como réplica al escrito registrado por Nieto con las reclamaciones de Podemos, encauzadas por el secretario de Organización, Jesús de Manuel; los diputados acusados de "tránsfugas", a través de la representante de Adelante en la Mesa, quien llegó al Parlamento también por la cuota de Podemos pero que se considera independiente, Maribel Mora, han presentado otro escrito en el que solicita a la Mesa que inadmita el primer texto por "no resultar acreditada la legitimidad y legalidad de lo que solicita". No obstante, la Mesa no ha considerado el escrito firmado por Maribel Mora.

También sobre todo esto, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha explicado que han intentado en todos estos meses "alcanzar un acuerdo y solucionar la discrepancia desde el diálogo y la serenidad, pero Anticapitalistas ha roto todos los puentes y torcido la democracia interna de Adelante". "El secuestro de Adelante por los diputados de Anticapitalistas, una vez que se han marchado voluntariamente de Podemos, es un impedimento para que el grupo pueda cumplir con la labor que los votantes nos han encomendado", afirmó antes de sentenciar que "la unidad electoral entre Podemos e IU no está en cuestión".

El juez Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía y su primer portavoz parlamentario tras la irrupción del partido, deja su escaño. Lo hace acorralado por la investigación judicial abierta tras destapar infoLibre un caso de posible fraude de subvenciones y estafa de 2,48 millones [ver aquí el dosier del caso]. Adiós –político– al azote de las paguitas, al justiciero que iba a limpiar la política andaluza y a romper los clichés de la corrección progre. Pero su marcha no borra sus actos, que siguen bajo la lupa de la Justicia. El sumario que estaba en manos del magistrado instructor Miguel Pasquau, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pasará ahora a manos de un juzgado de instrucción de Sevilla, en turno de reparto. Pero el contenido seguirá siendo, a la espera de ver la dirección que imprime al caso el nuevo instructor y qué novedades incorpora, una seria amenaza para el juez Serrano, ya condenado por prevaricación en 2011. Y ese contenido incluye un informe policial, concretamente el atestado nº 1162/20 dirigido a la Fiscalía, que concluye que el que fuera líder andaluz de Vox engañó deliberadamente al Ministerio de Industria para obtener para su empresa Bio Wood Niebla 2,48 millones, dinero que nunca fue devuelto, para una fábrica de combustible ecológico que nunca llegó a culminar.

Se trató, según el informe policial, de un engaño elaborado, complejo, que se valió de la inclusión en la solicitud de la ayuda de documentación basada en falsedades destinada expresamente a convencer al Ministerio de Industria de dos mentiras. ¿Cuáles? 1) Que Bio Wood Niebla poseía la maquinaria industrial necesaria para la producción masiva de pellets. 2) Que Bio Wood Niebla tenía a su disposición suelo para desarrollar el proyecto en Niebla (Huelva). Ni lo uno ni lo otro, pese a que así lo declaró Serrano para obtener la ayuda, era cierto, como reitera a lo largo de sus más de 100 páginas un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incluido en el sumario del caso y al que ha tenido acceso este periódico. A pesar de que ni la maquinaria existía ni los suelos estaban adjudicados ni cedidos a la empresa, esta logró la ayuda tras convencer de ello a Industria. Y lo hizo en tiempo récord: Bio Wood Niebla fue constituida en marzo de 2016, solicitó la ayuda en mayo, le fue concedida en noviembre e ingresada en diciembre.

infoLibre trató de recabar este martes la versión de Serrano, sin respuesta. Tampoco Enrique Pelegrín respondió a los requerimientos informativos de este periódico.

Una maquinaria inexistente

Una idea se repite en el informe policial: las máquinas supuestamente aportadas en la constitución de la empresa por Serrano, a través de su despacho de abogados, y por su socio Enrique Pelegrín nunca existieron. Ambos declararon ante notario, en la constitución de la empresa, estar en posesión por legítimo título de tres granuladoras y un secadero de biomasa que sumaban un valor de 1.238.000 euros, es decir, el 99,43% del valor de la empresa. Pero dichas máquinas, como ya publicó este periódico en octubre, nunca fueron aportadas [ver aquí]. El informe policial recalca cómo Serrano y su socio en realidad sólo aportaron unas facturas-proforma, es decir, previas a la adquisición del bien.

El notario de Sevilla Álvaro Sánchez lo dio por bueno y acreditó en escritura oficial la posesión de los bienes por parte de la empresa. "En lugar de facturas, lo que aparece adjuntado en la escritura [notarial] es una copia de la carta de pago, modelo 600 de la Agencia Tributaria, por importe de 1.245 euros, correspondiente a la constitución de una sociedad con un capital social de 1.245.000 euros", señala el informe policial, que considera la actuación del notario "como mínimo una negligencia".

La falsa aportación de maquinaria es clave para el supuesto fraude. La concesión y el cobro de la ayuda fueron sólo posibles porque Bio Wood Niebla declaraba tener un capital social de 1.245.000 euros. ¿Por qué? Porque la orden de los préstamos del Ministerio de Industria impedía que las empresas nuevas recibiesen más del triple de sus fondos propios [ver aquí]. Es decir, con 1,24 millones era posible recibir 2,48 millones. Pero no hubiera sido posible si la empresa hubiera tenido como fondos propios, digamos, 7.000 euros. Que era lo que en realidad tenía.

Facturas proforma

A juicio de la UDEF, las escrituras de constitución de la empresa "fueron aceptadas en el ministerio, no dudando los técnicos del programa Reindus [el programa de las ayudas] de la existencia de las factura, toda vez que el notario daba fe de las mismas y se habían abonado los impuestos".

No es que no existieran las máquinas. Es que, según el informe policial, ni siquiera existían facturas propiamente dichas. Sólo había unas facturas-proforma, que declaraban una intención de comprar, no una compra realizada. Y que habían sido emitidas por un empresario conocido del socio de Serrano.

Una sociedad, luego otra

El informe de la Policía Nacional –que abrió la investigación a raíz de una denuncia en comisaría del vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez,actualmente parte en la causa como acusación popular– señala que la aportación de la maquinaria fue "fraudulenta", en realidad "un artificio para similar una solvencia inexistente, con la única finalidad de obtener fondos públicos, sin que se hayan destinado al objeto para el que fueron entregados", es decir, para la construcción de una fábrica en Niebla. El documento policial recalca que la maquinaria cuya aportación se fingió en Bio Wood Niebla ya había sido antes aportada para ampliar el capital, también en falso, en otra sociedad con los mismos socios, Bio Wood Andalucía. Eso fue en enero de 2016.

¿Por qué se prescindió de esa sociedad y se montó dos meses después Bio Wood Niebla para el mismo proyecto? Según la Policía, el motivo es que cuando intentaron inscribir el aumento patrimonial de Bio Wood Andalucía derivado de la supuesta aportación de maquinaria, la hoja de esta empresa en el Registro Mercantil estaba cerrada por no haber depositado las cuentas anuales. Por eso, según la Policía Nacional, Serrano y el que era su socio, Enrique Pelegrín, montaron una nueva empresa, Bio Wood Niebla, y repitieron la maniobra de imputarle la maquinaria. Lo hicieron, además, utilizando las mismas facturas-proforma, según señala el informe policial tomando como base la declaración del notario.

La firma de Serrano

Tras la constitución de la empresa en marzo ante el notario de Sevilla, Bio Wood Niebla solicita la ayuda a Industria en mayo. La solicitud está firmada por Francisco de Asís Serrano Castro, como recalca el informe.

¿Qué dice la solicitud? El presupuesto es de 3,5 millones de euros. La financiación propia debía ascender a 1,02 millones, mientras la pública –la del ministerio– sumaría 2,48 millones. Sonaba bien. La empresa comenzaría a producir en julio de 2017. La cifra de negocio del ejercicio iba a ser de 4,28 millones. La memoria, un documento de 61 páginas firmado por Serrano, decía: "Empezaremos a tener pedidos por alrededor del 75% de la producción máxima en septiembre de 2017, 4.600 toneladas de pellets". Previsiones más que optimistas. Y que no se han cumplido. Baste recordar que la fábrica es hoy poco más que una mole inútil en mitad del campo y el dinero no ha sido devuelto [ver aquí].

Pero de la previsión optimista pasamos a otro terreno. El del "engaño", por utilizar la terminología de la Policía nacional en el atestado. La página 11 de la memoria dice: "El apoyo de los socios [Serrano y Pelegrín] se muestra en la elevada aportación de capital social con que se ha constituido la empresa, que es de 1.245.000 euros". Es decir, se incide en la falsedad de las máquinas. La inclusión en la memoria del proyecto de la maquinaria es clave porque, "al ser [el equipo] propiedad de los socios y estar aportado a la sociedad, no se incluía en el presupuesto a financiar". Se trataba, según el presupuesto presentado, del "inmovilizado material de la empresa".

Un supuesto peritaje

El Ministerio de Industria, entre que recibió la solicitud (mayo de 2016) y pagó la ayuda (diciembre de 2016) hizo algunas gestiones. La más destacable: pidió a Bio Wood Niebla un "informe de experto independiente" que "acredite la valoración a precios normales de mercado" de la maquinaria. Aquí el informe policial detalla una complicación en el engaño.

Hay que situarse. Serrano y su socio ya tenían su empresa con un capital artificialmente inflado, gracias a una maquinaria aportada en falso y dada por buena por el notario, con unas simples facturas proforma, todo ello según el atestado policial. Gracias a ese capital inflado, optaban a una subvención millonaria, que ya habían solicitado, recalcando cómo el "apoyo de los socios" quedaba demostrado por aquella maquinaria. Y entonces, Industria pregunta por el valor de esas máquinas.

Bio Wood Niebla, es decir, la empresa del juez Serrano, encargó entonces un "supuesto peritaje" a una empresa de ingeniería, expone la Policía Nacional. El nombre del informe parece claro: "Informe de tasación pericial de maquinaria de planta de pellets de Bio Wood Niebla". Pero la Policía Nacional, que tomó declaración al responsable de la compañía, comprobó que –atención– "el tasador elaboró su informe sin ver la maquinaria" y "nunca verificó la existencia de los bienes". Entre otras cosas porque la maquinaria no era tal. Eran meras facturas-proforma emitidas por otra empresa, cuyo responsable también ha sido interrogado por la Policía Nacional. El propio responsable de la empresa que elaboró el "peritaje" declaró, según la Policía Nacional, que él "no hizo una tasación, sino una valoración al respecto de si las facturas proforma [...] estaban a valor de mercado". Así se consiguen 2,48 millones de euros.

Y aquí hay que recordar que, según la investigación judicial y policial, Serrano y su socio se "apropiaron" de la totalidad del préstamo, gastando al menos 438.000 euros en cuestiones totalmente ajenas al proyecto [ver aquí]. Y que la fábrica sigue sin terminar. Los investigadores tratan de averiguar ahora si Serrano envió un millón de una de sus empresas a una filial de nueva creación antes de salir del proyecto en octubre de 2017 [ver aquí]. Ahí estaba la instrucción cuando este lunes, Serrano anunció que dejaba el acta, lo que le hace perder el aforamiento y envía el caso a los juzgados de Sevilla, el que ha sido su lugar de trabajo como juez de familia.

Juez y parte

Volvamos al "peritaje". "Lejos de ser un experto independiente que informe al ministerio de que las máquinas ni siquiera existen, elabora un informe redactado de tal manera que contribuye a mantener el engaño necesario para mantener la estafa", señala el informe policial. Y hay algo más. El informe policial recalca que el ingeniero agrónomo elegido como tasador fue "parte interesada en el proyecto", ya que llegó a ser contratado para el desarrollo del mismo. No obstante, no acabaron bien. El ingeniero demandó a los socios de Bio Wood Niebla, aunque la demanda fue desestimada.

Un detalle da idea del grado de implicación de Serrano. Fue el juez el que, según el informe policial, escribió al ingeniero en julio de 2017 acusándolo de incumplimiento de contrato. Esto choca con lo defendido siempre por Serrano, es decir, que una vez conoció las irregularidades en la obtención de la ayuda, antes de terminar 2016, rompió con Pelegrín y un segundo socio en la sombra, Javier López. No fue así. Mantuvo su vinculación accionarial y siguió implicado en el proyecto [ver aquí].

¿Puede Serrano alegar desconocimiento? La Policía Nacional tiene claro que no. Sus actos determinan "de manera fehaciente" su implicación, desde la primera atribución ante notario de la maquinaria a Bio Wood Andalucía hasta el ingreso del dinero para Bio Wood Niebla, pasando por la escritura notarial y la solicitud de la ayuda. "Todos los documentos [de la solicitud del dinero] llevan la firma electrónica de Francisco Serrano", algunos incluso con "firma manuscrita", señala el informe policial. La Policía Nacional considera inverosímil que Serrano pretenda "hacer creer" que "nada tuvo que ver en la falsa aportación de capital a Bio Wood Niebla", cuando fue protagonista directo de la misma.

El suelo de Niebla

El engaño de Serrano a la Administración no tenía como único elemento la maquinaria. Había más. También estaba el suelo. La memoria del proyecto presentado a Industria señalaba que "el suelo donde se construirá la fábrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla" bajo una concesión administrativa de derecho de suelo de 30 años". Además, afirmaba que contaba con un "certificado" del Ayuntamiento que así lo corroboraba. Según acredita documentalmente la Policía Nacional, ni una cosa ni la otra son ciertas. El supuesto certificado es es un documento que, "lejos de certificar la concesión administrativa", se limita a informar de que el Ayuntamiento está "segregando" una parcela rústica, "tras lo que se iniciará el trámite para su adjudicación", según la Policía.

Los promotores aseguraron a Industria que tenían un derecho de uso de suelo, siendo falso, según el atestado policial. La parcela ni siquiera estaba aún segregada. Pero la memoria del proyecto de Serrano decía: "El Ayuntamiento ha aceptado la cesión". La alcaldesa de Niebla, la socialista Laura Pichardo, mostró ante los agentes, cuando declaró en febrero, su total incomprensión sobre la forma de proceder del juez y su socio: "No entiende cómo los promotores de la sociedad podían manifestar el 31 de mayo de 2016 que habían obtenido la concesión administrativa del derecho de suelo por 30 años, cuando apenas se había iniciado el procedimiento para la segregación [...]. No entiende cómo los promotores pueden manifestar que su escrito de 24 de mayo de 2016 [...] informando a Enrique Pelegrín del inicio de los trámites de segregación es un certificado que corrobora la supuesta concesión de suelo".

El atestado 1162/20 indica que los socios en Bio Wood Niebla "manifestaban" en mayo de 2016 "tener unos derechos sobre el suelo donde se ubicaría la supuesta planta de pellets que, en realidad, no obtuvieron hasta el 16 de mayo de 2019", es decir, casi dos años y medio después de haber obtenido los fondos públicos, si bien las obras empezaron antes. A juicio de la Policía Nacional, Serrano presentó ante Industria "diversos documentos" del Ayuntamiento de Niebla "de manera fraudulenta". Los promotores del proyecto faltaron a la verdad "dolosamente".

El juez del caso Serrano sigue el rastro del dinero. El magistrado instructor ha puesto el foco en un millón de euros ingresado en una cuenta bancaria de una empresa del dos veces candidato de Vox. Miguel Pasquau, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que instruye la investigación contra Francisco Serrano y su exsocio Enrique Pelegrín por un caso de posible fraude de subvenciones, que también podría ser de estafa, ha ordenado al Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigue el origen de un millón de euros ingresado en una cuenta de una empresa de Serrano en junio de 2017. El objetivo es comprobar si dicho dinero proviene de la ayuda abonada por el Ministerio de Industria en diciembre de 2016 a otra empresa de Serrano, origen del caso destapado por infoLibre [ver aquí el dossier completo].

El magistrado instructor trata de averiguar si Serrano cobró la ayuda destinada a una empresa, Bio Wood Niebla, concretamente 2,48 millones, y mandó un millón a otra de sus empresas, Proyectos e Inversiones Serralba. Para ello, solicita a la Policía Nacional información sobre el “origen” de la transferencia de un millón de euros a una cuenta de Ibercaja de la empresa Proyectos e Inversiones Serralba SL, de la que Serrano era administrador único y accionista mayoritario.

El ingreso en la cuenta, identificado como “Préstamo Serralba”, se produjo el 16 de junio de 2017, según la providencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, a la que ha tenido acceso este periódico. El dinero de la ayuda del Ministerio de Industria, 2,48 millones de euros concedidos a Bio Wood Niebla para construir una fábrica de biocombustible que jamás llegó a construirse, había sido ingresado el 22 de diciembre de 2016. El magistrado instructor quiere saber ahora si la transferencia de un millón de euros llamada “Préstamo Serralba” se corresponde con algún movimiento en la “misma fecha” de otra cuenta de Ibercaja en este caso de Bio Wood Niebla.

El magistrado instructor no se queda ahí. Reclama además a la Policía Nacional que incluya en su atestado “un análisis de los 162 asientos” de la cuenta de Bio Wood Niebla, codificados como “Fondo de inversión”, y “cualquier otra averiguación” sobre el “destino” dado a los casi 2,5 millones abonados por el Ministerio de Industria.

Origen y destino del dinero

La providencia judicial supone un movimiento de gran interés para el caso. La investigación policial y de la Fiscalía, realizada a raíz de las informaciones de infoLibre, se había centrado fundamentalmente en la forma irregular de obtener la ayuda. Serrano y su socio, Enrique Pelegrín, constituyeron Bio Wood Niebla ante notario en marzo de 2016 atribuyéndole una maquinaria industrial inexistente, lo que les permitió obtener una ayuda pública que sin ese falseamiento no podrían haber obtenido. El propio Serrano participó directamente en el engaño declarando la posesión de una maquinaria inexistente. Pero el destino dado a la ayuda obtenida, con la que debía haberse construido una fábrica de pellets en Niebla (Huelva), ha sido objeto de menor atención. Hasta ahora.

En el decreto en el que acordaba la interposición de la querella contra Serrano y su exsocio, la Fiscalía del TSJA los acusaba a ambos de haberse “apropiado” de toda la ayuda pública. Es más, señalaba que tanto el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta como su socio empresarial emplearon dinero de la ayuda pública de 2,48 millones en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios", conceptos sin relación "con la finalidad" para la que fue concedida la subvención, que era la construcción de una fábrica de pellets. La cuantía dedicada a estos fines ajenos por completo a la fábrica asciende a 438.000 euros, según la Fiscalía. Pero, ¿y el resto? El movimiento de la instrucción puede contribuir a esclarecerlo.

El magistrado instructor pone el foco en el origen del dinero ingresado en Proyectos e Inversiones Serralba. Es decir, quiere saber de dónde salió. Sobre su destino final, hay ya indicios de interés. ¿Cuáles? Desde Proyectos e Inversiones Serralba salió exactamente la misma cantidad por la que se interesa ahora el TSJA: un millón de euros. El destino fue otra empresa, montada en Extremadura como filial del Serralba, llamada Pellex Energía [ver aquí información en detalle]. ¿Cuándo fue enviado el millón de Serralba a Pellex? El 21 de junio de 2017, es decir, cinco días después de que entrase en Serralba un milón de euros. Ese es el tiempo, cinco días, en que el dinero estuvo en la cuenta de Proyectos e Inversiones Serralba. Tiene lógica que el magistrado instructor quiera conocer su origen. Y saber si estamos hablando de un millón salido del Ministerio de Industria.

Sin respuesta de Serrano

¿Sale ese millón de la ayuda abonada a Serrano por el Ministerio de Industria, que ni ha sido devuelta ni ha servido para el fin para el que se concedió? infoLibre lleva trasladando esa pregunta a Serrano y a Pelegrín desde noviembre del año pasado, sin respuesta. Tampoco ha habido ahora contestación, tras reiterar la cuestión este periódico tanto al uno como al otro. Serrano está citado a declarar el 8 de septiembre. El dos veces candidato de Vox en Andalucía, que ha hecho carrera política defendiendo la pulcritud en el uso de ayudas públicas y acusando a las administraciones de malgastarlas, ha venido defendiendo su inocencia y declarándose engañado. Salió de este entramado empresarial en octubre de 2017.

Fuentes del caso han señalado que, a lo largo de las pesquisas previas a la apertura de diligencias judiciales, ese envío de dinero desde una empresa de Serrano en Sevilla (Proyectos e Inversiones Serralba) a una filial de nueva creación en Extremadura (Pellex Energía) tras el cobro de una ayuda por otra empresa de Serrano en Sevilla (Bio Wood Niebla) resultó llamativo. No obstante, la profundización sobre el origen de ese dinero se dejó a expensas de la decisión de TSJA. Y, una vez llegado allí el caso, esa veta ha quedado inaugurada.

El expresidente del Grupo Parlamentario de Vox y actualmente diputado no adscrito en la Cámara andaluza, Francisco Serrano, ha expresado este miércoles su disposición a comparecer después de que PSOE-A y Adelante Podemos hayan pedido que tanto él como el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, comparezcan por posible "incompatibilidad" entre su actividad parlamentaria y negocios privados, un caso desvelado por infoLibre [ver aquí el dosier]. Serrano ha denunciado la campaña de "desgaste y persecución" de ambos partidos.

"Cuando quieran comparezco. Nadie me lo ha pedido. Deberían ya saber, porque está publicado en portal de transparencia, que, primero, solicité compatibilidad para poder terminar asuntos profesionales iniciados antes del inicio de actividad parlamentaria y sin retribución alguna", ha indicado Serrano en un escrito en su portal de Facebook, consultado por Europa Press.

Añade que, en segundo lugar, también publicado en forma en ese portal de transparencia, "para terminar de despejar suspicacias", cesó en octubre de 2018 como administrador, "cargo sin retribuir, del despacho profesional" y se dio "de baja como letrado ejerciente y no ejerciente en el Colegio de Abogados de Sevilla".

"Todo ello tras tener que renunciar a seguir llevando asuntos profesionales encomendados por razones de confianza personal, con el consiguiente y lógico enojo de clientes de ese despacho del que me apartaba, e insisto, para no dar lugar a ataques infundados de la izquierda andaluza", según apunta.

Añade que aún siendo para él "imposible ejercer o desarrollar actividad privada retribuida alguna" y pese a dedicase en exclusiva a la actividad parlamentaria, los partidos de la izquierda "ni olvidan ni perdonan, persistiendo en su campaña de desgaste y persecución".

La investigación de la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha presentado una querella contra el juez Francisco Serrano por un posible fraude de subvenciones, acredita que tanto el dos veces candidato de Vox a la presidencia de la Junta como su socio empresarial emplearon dinero de la ayuda pública de 2,48 millones concedida por el Ministerio de Industria en "préstamos a terceros, retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios", conceptos sin relación "con la finalidad" para la que fue concedida la subvención, que era la construcción de una fábrica de pellets (combustible a base de madera) en Niebla (Huelva).

La cuantía dedicada a estos fines ajenos por completo a la fábrica asciende a 438.000 euros, según la Fiscalía. Pero el Ministerio Público no se queda ahí. Considera que la apropiación afectó a toda la ayuda pública. Serrano y Enrique Pelegrín, fundadores de la empresa Bio Wood Niebla, se apropiaron "en su beneficio" del "importe total del préstamo recibido", según el decreto de la Fiscalía que recoge el acuerdo de la interposición de la querella criminal, firmado el 26 de junio de 2020, al que ha tenido acceso infoLibre. Este periódico trató de recabar la versión y respuestas de Serrano y Pelegrín, sin éxito.

El escrito confirma hitos desvelados por la investigación desarrollada por este periódico, que dio origen a la denuncia del vicepresidente de Facua, Rubén Sánchez, ante el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que a su vez inició unas pesquisas que acabaron en la Fiscalía de Sevilla, primero, y después en la Fiscalía Superior, por ser Serrano aforado [ver aquí el dosier del caso y aquí las preguntas todavía pendientes de respuesta por parte de Serrano]. Pero además el escrito de la Fiscalía, con el que finaliza esta primera fase de la investigación, salpica los hechos ya desvelados por valoraciones jurídicas, al tiempo que añade hechos nuevos, como el gasto de 438.000 euros en operaciones sin relación con el proyecto financiado por Industria.

La "firma electrónica" de Serrano

Serrano y Pelegrín, según la Fiscalía, "se concertaron" en 2016 "con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) convocado por el Ministerio de Industria. Con dicha "finalidad defraudatoria", Serrano y Pelegrín constituyeron el 30 de marzo de 2016 la empresa Bio Wood Niebla SL ante el notario Álvaro Sánchez Fernández, haciendo constar "aportaciones no dinerarias inexistentes", señala el escrito. Se refiere la Fiscalía a un secadero para biomasa supuestamente aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras supuestamente aportadas por Pelegrín. En realidad, nunca fueron aportadas, como confesó el propio Serrano. Presentaron unas facturas proforma, dadas por buenas por en la notaría.

Tras la constitución de la empresa, pidieron la ayuda al ministerio el 31 de mayo, "con firma electrónica" del propio Serrano. La solicitud de la ayuda lleva la firma del juez. La ayuda fue concedida el 24 de noviembre. Venía de camino el dinero del préstamo, que ya nunca regresó. La fábrica para la que fue concedida no culminó.

Dinero en la cuenta de Serrano

El traspaso del dinero se realizó el 22 de diciembre de 2016, ingresándose en la cuenta de Serrano en la entidad Targo Bank, según la Fiscalía. La cuenta fue cancelada el 20 de marzo de 2017, "habiéndose transferido previamente sus fondos a cuentas abiertas a nombre de Bio Wood Niebla SL" en la entidad Ibercaja Banco. El 8 de febrero de 2017 fueron a parar 1,4 millones a una cuenta; el 16 de marzo, 651.000 euros a otra. En total, más de 2 millones. 

"El dinero restante (438.000) del préstamo concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a Bio Wood Niebla SL fue empleado por los querellados en diversas operaciones (préstamos a terceros; retiradas de efectivo, pago [de] facturas y gastos varios; etc), ninguna de ellas relacionada con la finalidad para el que fue concedido", indica el decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía.

Los hechos culminan con los querellados "habiéndose apropiado en su beneficio" del "importe total del préstamo recibido", según la Fiscalía. Es una afirmación muy dura. No obstante, este decreto no es la conclusión de la investigación. Será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el que continúe con la instrucción, antes de un posible juicio, si lo hay. Queda trecho. Serrano, Pelegrín y, si los hubiera, otros sospechosos aún tienen opción de aclarar a qué fue dedicado el dinero. Hay una parte de la obra de la fábrica hecha en Niebla, aunque lejos de terminarse. El dinero nunca fue devuelto, agotados ya todos los plazos.

El escrito de la Fiscalía no alude al papel de un tercer participante en el proyecto, Javier López, al que Serrano ha citado como "promotor e ideólogo", pero que no participó directamente en la constitución de la sociedad ni en la solicitud de la ayuda. Fuentes del caso han indicado que no está descartado ampliar la investigación a otros sujetos. De momento, sólo hay dos nombres propios: Serrano y Pelegrín. La Fiscalía tampoco alude en este escrito al millón de euros enviado desde una segunda empresa de Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, a una cuenta de Ibercaja Banco a nombre de la sociedad extremeña de nueva creación Pellex Energía SL [ver aquí información en detalle].

"Indicios racionales"

El Ministerio Público considera que hay "indicios racionales" de que los hechos "presuntamente" constituyen un delito de fraude de ayudas públicas, tipificado en el artículo 308 del Código Penal. El decreto indica que los préstamos públicos tienen consideración de ayuda pública, sin necesidad de acudir a una interpretación "extensiva". Por todo ello se acuerda proponer a la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, una querella contra Serrano y Pelegrín. Contra el decreto no cabe recurso.

Serrano, como adelantó este periódico [ver aquí], logró declarar durante la fase de investigación de la Fiscalía de Sevilla. Lo hizo a pesar de que, como aforado, no podía ser investigado, ni ofrecer declaración en calidad de tal. Fue el 2 de junio de 2020 en compañía de su abogado, como indica el decreto de la Fiscalía Superior. Su declaración no detuvo la maquinaria judicial.

El caso pasó de la Fiscalía de Sevilla a la Superior, que a su vez reclamó a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), que acreditara que Serrano es diputado autonómico. Así lo hizo el Parlamento. La Fiscalía recibió la notificación el 25 de junio. Al día siguiente, se firmó el decreto para la interposición de la querella de la Fiscalía contra el que aún figura como presidente del grupo parlamentario de Vox. El 1 de julio se hizo pública la presentación de la querella. Serrano anunciaba que dejaba Vox y la presidencia del grupo casi al instante, pero manteniendo su escaño y por lo tanto su condición de aforado. Ahora Serrano encara el camino de vuelta a los tribunales, pero ya no será en calidad de juez.

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), se ha declarado este viernes "preocupada" por "el hecho de que puedan existir tránsfugas" en la Cámara autonómica o "personas que no sean lo suficientemente responsables y, cuando pierden la confianza en la formación política" con la que concurrieron a unas elecciones, o los partidos las pierden en ellos, no renuncien a sus actas y las conserven, pasando a ser diputados no adscritos.

En un encuentro digital organizado por la Cadena SER Andalucía, seguido por Europa Press, y en el que también ha participado el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Marta Bosquet ha opinado que le parece "hasta inmoral" que haya políticos que "no sean lo suficientemente éticos para dejar su acta" tras salirse de una formación, porque "las actas son de los partidos, no de las personas".

La presidenta del Parlamento se ha pronunciado así después de que esta misma semana haya anunciado su paso al grupo de no adscrito quien ejercía como presidente del grupo de Vox en Andalucía y fue su candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 2018, Francisco Serrano, despues de que una querella criminal contra Serrano por un fraude destapado por infoLibre precipitara su dimisión este miércoles. Su caso se ha unido al de otra diputada que concurrió a dichos comicios desde las listas de Vox, Luz Belinda Rodríguez, que figura como no adscrita tras abandonar dicho grupo hace unos meses.

Marta Bosquet ha defendido que "los ciudadanos han votado a unas siglas políticas", y "el hecho de mantener un acta" en esos casos le parece "triste y alarmante".Ha añadido que espera que "no vayamos a más" y el grupo de diputados no adscritos en el Parlamento andaluz no aumente, al tiempo que ha expresado que no entiende "a quiénes representan los diputados adscritos, más allá de representarse a sí mismos".

Tras reconocer, en todo caso, que los diputados "tienen su derecho a mantener su acta", la presidenta del Parlamento ha agregado que ella es "de las que aboga por listas abiertas y desbloqueadas".

Por su parte, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis también ha lamentado la práctica de no renunciar al acta tras dejar un partido, y ha señalado que se están viendo "muchas vicisitudes en el ámbito de la extrema derecha muy dañinos" y generando "situaciones adversas en el Parlamento andaluz", pese a que desde dicho segmento ideológico "decían que venían a regenerar la vida política".

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este viernes a Francisco Serrano, que hace unos días anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, que debería dejar el acta de diputado pues, según ha recordado, "todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea".

Así se ha pronunciado Hernández en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, dos días después de que Serrano diera a conocer que rompía relaciones con Vox para "no manchar al partido" tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones. No obstante, Serrano mantiene el acta como diputado no adscrito.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no ha hablado con Serrano desde que anunció su salida del partido, al tiempo que ha incidido en que, aunque los cargos de Vox se comprometieron a devolver el acta si dejaban la formación, "la normativa dice que el acta es del diputado".

"Al final es una cuestión de orden personal y no podemos perder de vista que cuando alguien abandona el partido no existe la capacidad de disciplinar", ha abundado Hernández, que, ante la denuncia, ha defendido que "la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos" pero ha matizado que, evidentemente, "lo que Vox sostiene es que el que la haga la pague, y si es uno de los nuestros lo decimos con más preocupación y firmeza".

Francisco Serrano, dos veces candidato de Vox en elecciones andaluzas (2015 y 2018), primer portavoz del grupo parlamentario y presidente del mismo, hincó este miércoles la rodilla, acorralado por un caso de posible fraude de subvenciones. Políticamente, es una caída. Serrano, que aún no ha dado una explicación detallada ni aclaratoria sobre el destino del dinero, queda fuera de su partido. Ahora le toca pasar la prueba judicial, donde le aguardan al menos tres preguntas tras la querella criminal de la Fiscalía Superior de Andalucía: ¿Cuál ha sido el destino exacto del dinero de la subvención recibido? ¿Cuál es el origen del millón enviado a una empresa extremeña? ¿Por qué no cortó con sus socios nada más conocer las ilegalidades?

Paradojas de la política. Una subvención millonaria lleva al juez estrella de Vox, azote de las paguitas, ante la Justicia, que busca una ayuda sin devolver de 2,48 millones. Serrano, que defiende su inocencia, anunció este miércoles su baja del partido de Santiago Abascal y su abandono del grupo, que lo despidió con un breve adiós y deseándole "suerte". Deja Vox después de que la Fiscalía Superior de Andalucía presentase una querella criminal contra él y su exsocio Enrique Pelegrín por fraude de subvenciones, un caso desvelado por infoLibre [ver aquí el dosier].

Ahora bien, Serrano mantiene el escaño. Y con el escaño, el aforamiento. Desde esa posición, la de aforado, le tocará al juez en excedencia defenderse ante la justicia, que impulsa contra él un proceso que puede obtener respuestas a al menos tres preguntas fundamentales, planteadas insistentemente por este periódico, que ni Serrano –que salió de la empresa investigada en octubre de 2017– ni sus exsocios han aclarado aún.

¿Cuál ha sido el destino del dinero?

La empresa de Serrano, Bio Wood Niebla, recibió una ayuda pública de casi 2,5 millones de euros. El proyecto para el que recibió el dinero, una fábrica de pellets en Niebla (Huelva), no se ha convertido en realidad. Hay una fábrica a medio hacer. Tampoco se ha devuelto el dinero, reclamado por Hacienda y por Industria.

¿A qué ha sido dedicado ese préstamo?

Ni el juez ni Pelegrín ni un tercer participante en el proyecto, Javier López, responden a esta pregunta. "Cuando yo estuve, se hizo la explanación del terreno, un camino, la acometida de agua, un arquitecto hizo el proyecto...", se limitó Serrano a explicar a este periódico en octubre del año pasado. En las cuentas de 2018 de Bio Wood Niebla, aparece un gasto de 112.000 euros a nombre de una empresa, por una factura de 2 de enero de 2017. También aparecen dos liquidaciones de intereses de préstamo, de algo más de 100.000 euros cada una. La deuda de 2,48 millones figura en las cuentas de 2018 de Bio Wood Niebla, las últimas presentadas, ya con Serrano fuera de la compañía.

Fuentes del caso indican que la investigación aún no ha aclarado el destino íntegro del dinero. ¿Dónde está? Para buscar pistas, hay que ir al origen. El caso Serrano arranca con una convocatoria de apoyos financieros del Ministerio de Industria hace ya más de cuatro años. Serrano estaba entonces en un momento delicado. Inhabilitado desde 2011 como juez por una condena por prevaricación por favorecer injustamente al padre en un régimen de visitas, candidato fallido de Vox en la Junta en 2015, trataba de rehacerse como abogado y empresario, mirando de reojo a la política. Una persona que lo conoce destaca que el mayor empeño de Serrano era "limpiar su nombre" por la condena.

Y apareció entonces la línea de ayudas. Fueron convocadas el 9 de marzo de 2016. Sólo 21 días después, el 30 de marzo, Serrano –a través de su despacho de abogados– y un socio, Enrique Pelegrín, constituyeron Bio Wood Niebla SL, con un capital inicial de 1.245.000 euros. El 60% de la empresa era propiedad del bufete legal de Serrano y el 40% de Pelegrín, su socio en esta aventura empresarial. Hay un tercer impulsor de la empresa, Javier López, que no figura como administrador de Bio Wood Niebla pero que el propio Serrano cita como "promotor e ideólogo" del proyecto.

Serrano montó la empresa asociado con López –a quien Serrano identifica como "el gerente" de su despacho, un hombre que venía de una convulsa etapa como directivo del club de fútbol Xerez Deportivo– y con Pelegrín –supuesto conocedor del sector de la biomasa–. El objetivo declarado de la compañía era construir una fábrica de pellets –combustible a base de biomasa– en Niebla (Huelva, 4.103 habitantes). Serrano y Pelegrín la constituyen ante un notario sevillano el 30 de marzo de 2016. La empresa está en una planta cuarta de los números 23-25 de la Avenida de la Constitución de Sevilla, pleno centro, junto a la catedral. 

Las complicaciones de la sociedad estaban en los detalles. ¿Por qué? El 99,43% del valor de la empresa (1.238.000 euros) radicaba en la maquinaria: un secadero para biomasa aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras aportadas por Pelegrín. Una maquinaria que, según admitió Serrano a raíz de la primera información sobre el caso publicada por este periódico, en realidad no había sido adquirida ni cuando la ayuda fue solicitada ni cuando fue concedida. Si esa maquinaria no aparece, desaparece una posibilidad de explicar el gasto del dinero.

De modo que Bio Wood Niebla SL, declarando la posesión de una maquinaria que no tenía, solicitó un préstamo a Industria para una fábrica de pellets en Niebla. Y funcionó. Industria le concedió la ayuda el 24 de noviembre de 2016. Al mes siguiente, concretamente el 30 de diciembre, Bio Wood Niebla SL hizo una reducción de capital, consistente en la devolución a los socios de la maquinaria aportada, con lo cual el valor de la empresa se reducía de 1.245.000 a 7.000 euros. Se trataba, según ha declarado Serrano, de un movimiento para "ajustarnos a la legalidad". El problema es que el “ajuste” se produjo una vez concedida la ayuda de 2,48 millones de Industria (24 de noviembre de 2016), que no ha sido devuelta. El falseamiento del capital de la empresa fue clave para obtener la ayuda.

La factoría tendría que estar terminada desde mayo de 2018 y la inversión tendría que estar justificada desde agosto de 2018, según el Ministerio de Industria. Pero no ha ocurrido a tiempo ni lo uno ni lo otro, por lo que Industria reclamó el dinero a Bio Wood Niebla SL, sin éxito. Industria ha presentado una denuncia de los hechos, según la Fiscalía Superior. Hacienda también ha reclamado el dinero, cuyo destino no está aclarado. La fábrica está a medio hacer. Cuando este periódico ha visitado el lugar, siempre ha estado todo vacío, sin terminar, sin urbanizar y sin funcionar. La alcaldesa de Niebla, Laura Pichardo, no ha ocultado sus dudas de que la fábrica llegue a terminarse algún día.

Con el proyecto naufragado y el dinero sin devolver, toca despejar la equis del destino de los euros. Serrano siempre ha sostenido que no ganó nada con el proyecto.

¿Cuál es el origen del millón extremeño?

Una segunda empresa sevillana administrada por Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba, destinó en junio de 2017 a una sociedad extremeña de nueva creación, Pellex Energía, un millón de euros cuyo origen el juez se ha negado a aclarar hasta la fecha. ¿Cuál es el origen del millón extremeño? Ni Serrano ni sus socios en su etapa empresarial han aclarado el origen del dinero, cuestión insistentemente planteada por este periódico. La última vez, este mismo miércoles.

Para entender la secuencia hay que viajar al 30 de diciembre de 2016, poco más de un mes después de la concesión del préstamo. Ese día Bio Wood Niebla SL redujo un 99,43% su capital devolviendo la supuesta maquinaria a los socios. Es decir, a Pelegrín y a Serrano. Pelegrín recibió de vuelta las tres granuladoras. El juez recibió la maquinaria, concretamente un secadero para biomasa valorado en 742.800 euros, que según lo declarado le fue devuelto al despacho de Serrano, llamado Serrano Abogados de Familia SLP, que era el dueño del 60% de las acciones de Bio Wood Niebla SL.

Este bufete legal, que acabaría cambiando su nombre para pasar a denominarse Proyectos e Inversiones Serralba SL, es clave. Con sede en Sevilla, el despacho Serrano Abogados de Familia SLP había empezado sus operaciones el 17 de septiembre de 2012, con un capital social de 3.060 euros y Serrano como socio principal y administrador único. La empresa se reestructuró a lo largo de los dos años siguientes. El 16 de julio de 2014 Serrano compró todas las participaciones a otros dos socios. Su bufete pasó a ser una sociedad unipersonal, según la información sobre la empresa recogida en el Registro Mercantil. El juez se quedaba con el 100% de su despacho legal.

Serrano utilizó su bufete para realizar, en marzo de 2016, la supuesta aportación del secadero a Bio Wood Niebla. Más tarde, en diciembre de 2016, volvió a recibir el secadero. Pero, tras la obtención de la ayuda de Industria, las cosas cambian. El 23 de mayo de 2017, Serrano Abogados de Familia SLP pasa a llamarse Proyectos e Inversiones Serralba SL y modifica su objeto social, que pasa a ser la compraventa, tenencia y explotación de terrenos, inmuebles y acciones, el asesoramiento sobre inversiones, proyectos inmobiliarios y urbanísticos, así como la intermediación.

El 21 de junio de 2017, menos de un mes después de la ratificación de Serrano como administrador único de Proyectos e Inversiones Serralba SL, esta compañía constituyó la sociedad Pellex Energía SL. Era una filial controlada al 100% por Proyectos e Inversiones Serralba SL. El objeto social de Pellex Energía SL es la explotación de la madera, una actividad similar a la de Bio Wood Niebla SL, la sociedad que había logrado la ayuda de 2,48 millones de Industria. El administrador único de Pellex Energía SL era Enrique Pelegrín, el socio de Serrano en Bio Wood Niebla SL.

Proyectos e Inversiones Serralba SL realizó una aportación dineraria de un millón de euros para convertirse en socio único de su filial extremeña. Pellex Energía SL, con sede en Mérida (Badajoz), se constituyó el 21 de junio de 2017 con un capital social de 1 millón de euros. Su socio único es por tanto la sociedad matriz, la empresa Proyectos e Inversiones Serralba SL, que antes había sido el despacho de abogados de Serrano y en la que el político de Vox tenía en ese momento el 66% del capital.

La forma elegida fue el ingreso del dinero en una cuenta a nombre de Pellex Energía SL en una oficina de Ibercaja Banco SA en Sevilla. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cuál es su origen? ¿Es dinero salido de la ayuda del Ministerio de Industria? Ni Serrano, ni Pelegrín, ni López –hoy apoderado de Proyectos e Inversiones Serralba SL– han respondido.

¿Por qué no corta al conocer las ilegalidades?

Serrano ha alegado que fue manipulado y manejado, según fuentes del caso. Que él no sabía y que no se ha quedado un euro, resumen las fuentes. Es un elemento clave para delimitar su posible responsabilidad. Si queda demostrado que participó en la obtención ilícita del dinero, le podría afectar el artículo 308.1 del Código Penal, que dice así: "El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro [...]". Si además, participó en un empleo ilícito dinero, le podría alcanzar el 308.2: "Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, los aplique en una cantidad superior a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida, salvo que lleve a cabo el reintegro [...]".

La línea de defensa basada en el desconocimiento de Serrano tendría una dificultad: las fechas. El 14 de octubre de 2019 infoLibre publicó la primera información sobre el caso: "Un proyecto empresarial fallido del juez Serrano le cuesta al Estado 2,4 millones" [ver aquí]. Esa misma mañana, Serrano reaccionó publicando un hilo de mensajes en Twitter que pretendían ser exculpatorios y han terminado siendo claves para armar el caso. "Mi falta de confianza en este proyecto empresarial comenzó cuando me di cuenta de que las máquinas que se habían aportado mediante facturas proforma no habían acabado en poder de mi socio, lo que dificultaba que el proyecto de la fábrica pudiera culminarse", escribía el juez.

Pero, ¿cuándo se dio cuenta? Serrano tenía que saberlo, con total seguridad, antes del 30 de diciembre de 2016. El juez señala en su hilo de Twitter que la "reducción de capital" de Bio Wood Niebla SL, que tuvo lugar el 30 de diciembre de 2016, se realizó para "ajustarnos a la legalidad". Es decir, que antes estaban fuera de la "legalidad".

Es decir, Serrano conocía que no había maquinaria antes de terminar 2016. Pero tardó en irse. Volvamos al 23 de mayo de 2017, cuando Serrano Abogados de Familia SLP pasó a llamarse Proyectos e Inversiones Serralba SL y cambiaron sus estatutos. Serrano es ese mismo día ratificado como administrador único. Así queda declarado ante el notario Álvaro Sánchez Fernández, el mismo al que Pelegrín y Serrano le dijeron ser dueños de la maquinaria aportada a Bio Wood Niebla SL. ¿Había cortado Serrano con Enrique Pelegrín ese 23 de mayo de 2017, medio año después, como mínimo, de conocer que la maquinaria no había sido aportada? La información mercantil indica que no. El 23 de mayo de 2017, el mismo día en que Serrano Abogados de Familia SLP pasa a ser Proyectos e Inversiones Serralba SL y el juez es ratificado como administrador único, Enrique Pelegrín compra 1.020 de las 3.060 participaciones de Proyectos e Inversiones Serralba. De este modo, la propiedad de Proyectos de Inversiones Serralba SL queda dividida así: Serrano, el 66,66%; Pelegrín, el 33,33%. Esto ocurre seis meses después de que se produjera una reducción de capital para "ajustarnos a la legalidad", según Serrano.

Serrano no salió de Bio Wood Niebla hasta el 4 de octubre de 2017. Antes de hacerlo, en junio, otra empresa sevillana administrada por Serrano, Proyectos e Inversiones Serralba SL, destinó a una sociedad extremeña de nueva creación, Pellex, un millón de euros cuyo origen se niega a aclarar. Las tres preguntas –sobre la subvención, sobre el envío de dinero, sobre las fechas– se entrecruzan.