Rodrigo Rato ya ha cumplido su primera deuda con la justicia. Acaba de obtener la libertad condicional por la condena de cuatro años y medio de cárcel por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. Sin embargo, no es ni mucho menos la última a la que debe enfrentarse a la macrocausa abierta en los juzgados de Madrid que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio. El exvicepresidente económico del Gobierno y expresidente de Bankia está imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido a través de sus empresas tras el proceso de privatización de sociedades como Repsol, Endesa o Telefónica, donde habría "colocado" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

Esta causa lleva abierta casi seis años pero paralizada desde 2019 debido a que el juez Antonio Serrano-Arnal está reorganizando las actuaciones para elevarlas a la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que deberá confirmar las conclusiones y fijar una fecha para el juicio. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre calculan que el instructor cerrará previsiblemente las diligencias esta primavera y emitirá el auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que definirá claramente cuáles son los delitos por los que envía a juicio a Rato y los hechos concretos que haya podido probar durante la investigación.

Una condena y una absolución

La causa sobre el origen de su patrimonio es la última cuenta que le falta a Rato por saldar con la justicia, pero podría ser la que más consecuencias penales tenga para él, a la luz de los delitos que se le imputan. El exvicepresidente entró en prisión por el caso de las tarjetas black en octubre de 2018 y exactamente dos años después obtuvo el tercer grado que le permitió salir con control telemático. El juez de Vigilancia Penitenciaria valoró entonces su “avanzada edad” –71 años–, las enfermedades coronarias que padece, que hay baja posibilidad de reincidencia, que los permisos de los que había disfrutado no habían tenido incidencia negativa y que abonó una multa y devolvió el gasto opaco realizado con las tarjetas de crédito de Caja Madrid, que ascendió a casi 100.000 euros. Ahora ha llegado la libertad condicional al haber cumplido la mitad de la pena impuesta por la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo y porque ha realizado un programa de justicia restaurativa.

Al poco de haber entrado en prisión, Rato hizo frente a su segundo juicio, el que examinó la operación de salida a Bolsa de Bankia en 2012, en el que la Fiscalía Anticorrupción llegó a pedir para él ocho años y medio de cárcel por delitos de estafa de inversores y falsedad contable. Ni el expresidente de la entidad ni el resto de la treintena de acusados resultó condenado y el Ministerio Público optó por no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo.

Los problemas legales de Rato no acaban aquí. En los próximos meses se espera su procesamiento por la causa en la que se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre 2004 y 2015. Estas diligencias, que se han acabado conociendo como caso Rato, comenzaron teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, y a lo largo de la instrucción el también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre ha defendido su inocencia, arremetiendo contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".

Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

"Importes excesivos": casi 72 millones de euros facturados

En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad" con sus sociedades, informó Europa Press. El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

El exvicepresidente iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero de 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit. La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y multa de 2,5 millones de euros. Sin embargo, unos meses más tarde, en julio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras once personas, entre ellas el ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella, juzgado y absuelto igual que Rato en el caso Bankia.

Pero el procesamiento no se anuló por el hecho de que el tribunal no viera indicios contra Rato, sino que dio marcha atrás para que el juez instructor ordenara toda la instrucción y acumulara todas las piezas para convertirlas en un único proceso. Los magistrados consideraron que haciéndolo así, se evitarán en el futuro "pronunciamientos contradictorios" que pueden darse si se juzgan por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio del exvicepresidente.

Y este es el momento en el que se encuentra el caso Rato. El juez instructor debe elevar a la Audiencia Provincial un único procesamiento que podría volver a sentar en el banquillo de los acusados en unos meses al expresidente de Bankia por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Según el Código Penal, la pena prevista para el fraude fiscal es de entre uno y cinco años de cárcel; el de blanqueo, de entre seis meses y seis años; y el de corrupción en los negocios, de entre seis meses y cuatro años. La Fiscalía ya presentó escrito de acusación por este último delito en el primer procesamiento –pidió cuatro años–, pero ante la nueva situación procesal deberá remitir un nuevo informe en el que aclare cuánto solicita por cada ilícito por el que sea enviado a juicio.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha salido este viernes, a las 18.00 horas, del centro penitenciario de Soto del Real tras obtener el tercer grado bajo control telemático.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Castro autorizó este jueves el progreso al régimen de semilibertad tras conocerse dos días antes la sentencia absolutoria por la salida a Bolsa de Bankia.

Rato entró la cárcel el 25 de octubre de 2018 después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid.

A su salida, Rato, que ha estado acompañado por su mujer, que llegó al centro penitenciario 45 minutos antes, se ha acercado a los medios de comunicación para destacar la labor del "padre Paulino" y de las personas "que le acompañan todos los domingos en la misa, que hacen una labor espléndida para todos los reclusos y todos los internos", así como de las ONG con las que ha "podido colaborar" durante su estancia en el centro penitenciario.

El que fuera vicepresidente económico durante el Gobierno de José María Aznar también ha hecho una mención especial a sus "compañeros" de módulo, el número 10: "Dejo muy buenos recuerdos, espero, y ellos desde luego los tienen en mí. Les deseo buena suerte, justicia y libertad", ha dicho.

La salida de prisión se ha hecho efectiva después de que la junta de tratamiento se haya reunido este viernes para analizar los detalles que rodean al tercer grado, como el control.

Condenado por las tarjetas 'Black' 

Rato entró la cárcel el 25 de octubre de 2018 después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid. Hasta el momento, era el único de lo condenados que aún permanecía en la prisión.

Al haber cumplido ya una cuarta parte de la condena, el pasado mes de abril la junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real propuso concederle el tercer grado, si bien un mes más tarde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, rechazó la propuesta, entre otros motivos, porque aún tenía pendiente dos procedimientos judiciales.

Uno de ellos era la sentencia de la Audiencia Nacional la salida a Bolsa de Bankia en 2011 que se conoció este martes y que absuelve a los 34 acusados. El juez Castro afirma en su auto que es "razonable" haber esperado a conocer esta resolución debido a las "elevadas penas" (ocho años y medio de cárcel) que la Fiscalía solicitaba contra él por los delitos de falsedad contable y estafa a inversoras.

"Factores positivos"

Pero una vez conocida la sentencia y teniendo en cuenta "factores positivos" de Rato como interno en el centro penitenciario, el juez de Vigilancia Penitenciaria entiende que se debe conceder el tercer grado.

Para ello, ha valorado que la mitad de la pena se cumplirá en enero de 2021; que los permisos penitenciarios que el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no han tenido "incidencia negativa alguna"; y que el "pronóstico" de reincidencia delictiva es "baja" en atención a su actividad profesional y la edad (71 años).

A ello suma que Rato ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena por las 'tarjetas black', ya que abonó la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Así, entiende que ha cumplido con la exigencia legal de reparación del daño establecido para los delitos económicos, ya que, en este caso, para la concesión grado no solo basta con el buen comportamiento en prisión o durante los permisos penitenciarios, según explica el auto.

El juez recuerda además que el exvicepresidente del Gobierno "ha pedido perdón de forma voluntaria pública y notoria antes de su inmediato ingreso en prisión", una declaración que fue "emitida por numerosos medios de comunicación".

A Rato aún le queda abierto un frente judicial en los juzgado de Madrid, donde el titular del Juzgado de Instrucción 31, Antonio Serrano-Arnal, investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio. El magistrado abrió esta instrucción en 2015 por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas.

“Fue una decisión operativa mía”, asumió ante los diputados que le preguntaban por ese documento. En la sesión anterior, el pasado viernes, la presidenta de Avalmadrid entonces, Rosario Rey, había dejado claro que el informe no había sido iniciativa suya. En todo caso, Embid aseguró que lo había encargado cumpliendo un mandato de Rey para hacer “un análisis exhaustivo del trabajo de los despachos [que gestionan la recuperación de los avales impagados] y de la situación de cada expediente”. Pero también reconoció que la presidenta no sabía que se había pedido un informe sobre MC Infortécnica SL, la empresa de los padres de Díaz Ayuso que había dejado sin pagar un aval de 400.000 euros concedido en febrero de 2011.

Como ha publicado este periódico, el informe elaborado por Racmo Gestión tiene fecha de 25 de julio de 2019 y una extensión de apenas tres páginas. Su objeto era doble: en primer lugar, determinar cuál era la mejor opción para reclamar por la vía civil y recuperar la deuda pendiente por el aval fallido de MC Infortécnica SL. Y en segundo, “determinar si hay acción penal posible contra los herederos de los deudores fallecidos”. Los autores del documento se refieren a Leonardo Díaz Álvarez, el padre de la presidenta madrileña, y Juan Manuel Pitarch Divar. Los otros seis morosos están vivos. Pero Avalmadrid no preguntó si cabía emprender una acción penal contra ellos.

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sí preguntó este martes a Pedro Embid por qué el informe se interesaba por posibles acciones penales sólo contra los avalistas fallecidos y no por los demás. Pero el director general fue incapaz de explicarlo. “No creo que se limitara a eso”, replicó. Cuando Gutiérrez le leyó la frase textual del informe reproducida más arriba, esquivó la respuesta aduciendo que no podía “valorar un documento interno de la compañía”.

Los juristas consultados por infoLibre califican de “incomprensible” que se pregunte por unos avalistas y no por otros... salvo que se pretenda a toda costa evitar la vía penal, en cuyo caso lo mejor es no preguntar si es posible ir a dicha jurisdicción.

El informe fue filtrado a Libertad Digital para que lo publicase el 13 de agosto, el primer día de la sesión de investidura en la Asamble de Isabel Díaz Ayuso.

Un despacho sin especialistas penales

El diputado de Unidas Podemos Jacinto Morano quiso saber también por qué Embid le encargó a Racmo Gestión, un despacho especializado en procedimientos civiles y mercantiles, ese informe sobre posibles acciones penales, en lugar de contratar a abogados especializados en Derecho Penal. El director general de Avalmadrid justificó su decisión en el hecho de que Racmo Gestión fuera la adjudicataria del servicio de recobro de expedientes, así como porque se trata de un “despacho grande con especialistas en asuntos penales”.

Sin embargo, Racmo se publicita en su web únicamente como un bufete especializado en “auditoría legal y crediticia, valoración de carteras y gestión de activos”, inmobiliarios, residenciales, comerciales y hoteleros, “así como grandes carteras de deuda”. Pero no menciona que tenga ningún departamento penal.

Además, se da la circunstancia de que a Racmo se le encargó un segundo informe que cargaba sobre Cobralia la responsabilidad por las negligencias cometidas durante siete años en la recuperación del aval impagado de MC Infortécnica SL. Es decir, se contrató el análisis a un competidor de Cobralia que precisamente acababa de sustituirle –desde junio de 2019, apenas un mes antes de que emitiera ambos informes– como proveedor de servicios en Avalmadrid.

Aún faltan por recuperar 270.000 euros de MC Infortécnica SL

La diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera preguntó a Pedro Embid si Avalmadrid pensaba reclamar el dinero que aún le adeuda MC Infortécnica SL. “Ya se han llevado a cabo las mejores actuaciones para intentar recuperar esa operación”, le contestó el directivo. “¿Y piensa hacer algo más?”, abundó la representante socialista. “Se analizará qué hacer dentro de lo posible”, continuó Embid, quien repitió dos veces que Avalmadrid “ya ha hecho todas las actuaciones jurídicas que cabía hacer”. Cuando Sánchez Acera se interesó por saber qué “frutos” habían dado esas actuaciones, Embid dijo que no podía revelar datos de operaciones concretas.

La realidad es que Avalmadrid hizo bastante poco desde que MC Infortécnica SL incumplió el primer pago del aval, que debería haber ingresado el 15 de diciembre de 2011. Según consta en el informe elaborado por la auditoría interna de la sociedad de garantías y presentado en la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos el 30 de julio de 2019 –y al que ha tenido acceso infoLibre–, Avalmadrid entregó a Cobralia el expediente de MC Infortécnica SL ocho meses después de que el Comité de Morosidad aprobara ejecutar la hipoteca y a los avalistas. 

Después, la sociedad de garantías sólo entregó a Cobralia un certificado de saldo, pese a que había que interponer dos procedimientos. Además, Cobralia sólo presentó una demanda de ejecución hipotecaria, pero no de ejecución dineraria de los avalistas. “No existe documentación justificativa para la adopción de esta decisión procesal”, explican los auditores. Éstos también señalan las “debilidades” del seguimiento a que sometido el expediente de MC Infortécnica SL: “Hasta enero de 2015 no se conoce que únicamente se había interpuesto procedimiento de ejecución hipotecaria”. Y cuando Cobralia plantea a Avalmadrid dos posibles vías de actuación, la sociedad no responde.

Finalmente, los auditores constatan que Avalmadrid no efectuó hasta junio de 2019 “un análisis profundo” de los inmuebles de los avalistas. De hecho, algunos de esos bienes, concluyen, “ya no se encuentran en el patrimonio de los avalistas”. Aunque el informe no lo dice, los inmuebles habían sido vendidos o donados a familiares y terceros a lo largo de esos siete años a lo largo de esos siete añosen que Avalmadrid no había actuado con la diligencia debida. Entre ellos se encuentran los que pasaron a manos de Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás.

Hasta el momento, la sociedad de garantías no ha recuperado ni un euro, y sólo le ha sido adjudicada una nave en Arenas de San Pedro (Ávila). Era el único bien hipotecado y no ha sido capaz de venderlo.

Además, hay que tener en cuenta que la operación fue reavalada por la Comunidad de Madrid y por la sociedad pública de reafianzamiento Cersa para cubrir el fallido de MC Infortécnica SL: 102.030,55 euros puso la primera y 206.123,5 euros la segunda. Un total de 308.154 euros. El resto lo ha asumido Avalmadrid en sus cuentas.

No firmó la denuncia como respaldo a su equipo

A Pedro Embid también se le inquirió en la comisión sobre la denuncia en la Fiscalía que Avalmadrid interpuso por acuerdo de su Consejo de Administración en abril de 2019. Tras abrir el Banco de España un expediente sancionador a la sociedad de garantías y a una quincena de sus ejecutivos y consejeros, el Consejo de Administración encargó un informe forense a Forest Partners, que revisó los 167 expedientes donde el supervisor había hallado irregularidades. También encargó un informe a PricewaterhouseCoopers para que analizara las implicaciones penales de las anomalías descubiertas.

Pedro Embid se negó a firmar el escrito de denuncia al fiscal, donde se mencionan los nombres de antiguos ejecutivos de Avalmadrid, entre ellos el de Juan Antonio Chorro García, director de Riesgos en ese momento. Según explicó Embid, firmar esa denuncia hubiera supuesto “invalidar” el “respaldo” que el director general debe dar a su equipo. “No era necesario, menos aún cuando había propuesto una alternativa: que fuera la secretaria del Consejo de Administración, quien instrumenta sus acuerdos, la que lo firmara con un mandato expreso” de ese órgano. Además, detalló, apartó al director de Riesgos de su puesto. “No lo despedí porque pedimos asesoramiento laboral y nos dijeron que debíamos respetar la presunción de inocencia”, respondió a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Ana Isabel García García.

Juan Antonio Chorro fue degradadado a subdirector comercial, demandó a Avalmadrid en el juzgado de lo Social por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo el pasado mes de diciembre y ha terminado llegando a un acuerdo con la empresa antes del juicio.

En cualquier caso, Embid negó cualquier tipo de “desavenencia” sobre el envío del escrito al fiscal. Es más, aseguró que ni votó ni dio su opinión sobre ese asunto en el Consejo de Administración, donde se sienta como invitado permanente, con voz pero sin voto. Incluso recalcó que está “de acuerdo con la decisión tomada por el consejo”. Pero cuando la socialista Sánchez Acera le planteó: “Usted se negó a firmar el escrito, pero no niega su contenido…”, su respuesta reabrió las dudas: “Ni lo niego ni lo dejo de negar”.

Destitución ‘fantasma’

Otro punto de fricción se debió a su supuesta destitución, que según el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez fue anunciada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en La Sexta en julio de 2019. Pedro Embid, por el contrario, asegura que la presidenta de Avalmadrid sólo le comunicó el 5 de julio que se le estaban buscando posibles sustitutos. “Me pareció bien, sólo le pedí celeridad porque la interinidad no es buena para las empresas y porque se avecinaba un cambio de gobierno que podía dejar descabezada Avalmadrid sin sus dos principales directivos [Rosario Rey y él]”, recordó. Como motivos para su cese, Embid indicó que le habían referido “la reducción del número de operaciones” que estaba sufriendo la sociedad de garantías por el “ruido mediático y el daño reputacional” que le estaban infligiendo las noticias sobre las supuestas irregularidades.

El 29 de agosto de 2019, Rosario Rey fue, en efecto, destituida de su cargo, pero Pedro Embid continuó. “Me tuve que quedar en Avalmadrid para reunirme con los bancos, que estaban alarmados”, después de que ese mismo verano dimitiera el consejero independiente, Orlando García, y otro más “se prejubilara”. “Si me voy en ese momento”, añadió, “Avalmadrid se queda sin firma, no se hubieran podido pagar las nóminas, la luz y los requerimientos de pago de avales de los bancos”. Embid reveló que, como resultado de la alarma suscitada, “algunos bancos” han cerrado los convenios que tenían con la sociedad de garantías para ofrecer condiciones especiales a sus clientes. “El colapso habría sido irreversible”, sentenció.

Según publicó también este periódico, los representantes de Santander y Caixabank, socios protectores de Avalmadrid, abandonaron el Consejo de Administración el año pasado, el primero en septiembre y el segundo en mayo, en los meses de las turbulencias descritas por Pedro Embid. Aunque ambas entidades negaron que su decisión estuviera motivada por la revelación de las anomalías de funcionamiento de la sociedad de garantías.

En realidad, la Consejería de Economía no tardó mucho en reemplazar a Rosario Rey. El 10 de septiembre nombró presidente de Avalmadrid a Isaac Martín BarberoIsaac Martín Barbero, viceconsejero a las órdenes de Manuel Giménez. El vacío de poder duró sólo 12 días.

Casi 63 millones de euros de dinero público desde 2004

Pedro Embid ha sido el único de los comparecientes que hasta el momento ha llevado papeles a la comisión para detallar cifras concretas. También es el primer cargo en activo de Avalmadrid en acudir a la comisión. Así, por ejemplo, cifró en 21,7 millones de euros las cantidades aportadas por la Comunidad de Madrid desde 2004 hasta 2019 para dotar el Fondo de Provisiones Técnicas de la sociedad de garantías. Las contribuciones a los fondos específicos –por ejemplo, para ayudar a pymes o autónomos de ciertos sectores– suman otros 25 millones en ese mismo periodo. Si a esas cantidades se le suman los 16,1 millones que puso la Comunidad de Madrid como capital, la cifra total de dinero público que ha recibido Avalmadrid en los últimos 15 años asciende a 62,8 millones de euros.

También reveló que desde 2017 sólo la Comunidad de Madrid ha realizado aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas, que forma parte del patrimonio de la sociedad y no puede ser inferior al 1% del riesgo vivo –de los avales en vigor– de Avalmadrid. Antes de esa fecha, Caja Madrid –el segundo socio protector tras la Comunidad, relevada por Bankia desde 2010– sumaba contribuciones para ese mismo fondo por importe de 14 millones de euros. “Si al presidente de Avalmadrid lo nombra la Comunidad, si al Fondo de Provisiones Técnicas sólo aporta la Comunidad de Madrid, si los fallidos se reavalan con dinero público, si además tiene vocación de servicio público para ayudar a las pymes y los autónomos, y carece de ánimo de lucro [Embid acababa de explicar que todos sus beneficios pasan a engrosar el Fondo de Provisiones Técnicas]… entonces, ¿cómo se puede negar el carácter público de Avalmadrid?”, le planteó el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé. “No voy a valorar esa cuestión”, eludió de nuevo la respuesta Pedro Embid, “soy un profesional, ése es un tema de ustedes”. Las dudas sobre el carácter público o privado de la sociedad de garantías ha ocupado buena parte de las intervenciones y debates en las tres primeras sesiones de la comisión.

Este martes también compareció en la Asamblea Javier Gilsanz, autor del informe que Avalmadrid encargó a PricewaterhouseCoopers sobre las implicaciones penales de las irregularidades destapadas por el Banco de España. Gilsanz se negó a contestar todas las preguntas que le formularon los diputados, amparándose en el secreto profesional.

La Comunidad de Madrid aportó 29,55 millones de euros de dinero público a Avalmadrid desde noviembre de 2009 hasta febrero de 2019. Así consta en la respuesta que el Gobierno autonómico ha facilitado a la comisión de la Asamblea madrileña que investiga las supuestas irregularidades y el trato de favor en la concesión de avales por parte de la sociedad de garantía recíproca. irregularidades y el trato de favor en la concesión de avalesAvalmadrid es una sociedad semipública de la que la Comunidad de Madrid posee un 26,1% del capital y Bankia, banco público con un 61,7% en manos del FROB, tiene un 25,3% de las acciones. Así, al presidente de Avalmadrid lo nombra la Consejería de Economía, el accionista mayoritario, y tanto él como los otros dos representantes de la Comunidad en el consejo de administración son altos cargos de ese departamento.

El PP y Ciudadanos, que comparten el Gobierno madrileño, sostienen en cambio que Avalmadrid es una empresa privada “que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid, ni está incluida en el sector público autonómico”, un argumento que han utilizado para intentar impedir la creación de la comisión de investigación y para rechazar las preguntas que sobre la sociedad de garantías ha formulado la oposición en la Asamblea.

El año en que con más dinero entregó la Comunidad de Madrid a la sociedad de garantías fue 2017, cuando destinó un total de 12,4 millones de euros en sus presupuestos a Avalmadrid. De esa cantidad, 10 millones corresponden al convenio que ambas instituciones firmaron para constituir un fondo específico destinado a crear y mantener el empleo de los empresarios autónomos. Firmado en diciembre de 2017, cubre el riesgo derivado de conceder avales a autónomos para que puedan pedir préstamos a los bancos con los que hacer crecer o consolidar su negocio, y tiene una vigencia de tres años.

En 2018, el Gobierno madrileño pagó a Avalmadrid cuatro millones de euros, mientras que en 2015 su aportación alcanzó los 3,93 millones y en 2010 ascendió a 3,27 millones.

Buena parte de las aportaciones se hicieron en virtud del Plan de Fomento a la Hostelería y el Plan de Fomento a la Inversión Productiva, aunque también dentro del Plan Renove y el Plan de Apoyo a la Industria. Al menos hasta el año 2011. Ese año la Comunidad de Madrid firmó un convenio de reafianzamiento con Avalmadrid, por el que la Administración autonómica se comprometía a reavalar las operaciones suscritas por la sociedad de garantías hasta en un 75%. Desde entonces, la Comunidad de Madrid ha abonado un total de 2,46 millones de euros para cubrir 51 fallidos.

A partir de 2014, el dinero público le ha llegado a Avalmadrid en forma de subvenciones nominativas: dos millones de euros en 2015, y un millón anual en 2017, 2018 y 2019. También se le han pagado otras destinadas al fondo de provisiones técnicas –que está obligada a tener la sociedad por una cuantía mínima equivalente al 1% del riesgo vivo que soporte– y mediante el citado convenio para crear un fondo específico de ayuda a los autónomos.

La página web de Avalmadrid donde se detallan las aportaciones realizadas por la Comunidad de Madrid entre los años 2005 y 2009.

Esos 29,55 millones se corresponden con el periodo 2009-2019. Pero, con anterioridad, Avalmadrid también recibió importantes cantidades de dinero público. Así consta en la propia página web de la sociedad de garantías y en sus informes anuales.

Avalmadrid explica que, en virtud del convenio que firmó con la Comunidad de Madrid y Caja Madrid en 2005, ambas instituciones aportaron un total de 48 millones de euros hasta 2008, a partes iguales: 24 millones cada una, a razón de ocho millones anuales.

En 2009, según esas mismas fuentes, la Comunidad de Madrid volvió a aportar ocho millones de euros a Avalmadrid, y Caja Madrid otros tantos. Ese mismo año, la web informa de otras subvenciones: 1,5 millones de euros a través de los Programas de Apoyo a las Mujeres Empresarias y 600.000 euros a través del Programa de Innovación Tecnológica. “Se establece así una estrecha vinculación entre la financiación pública y la política de productos promovidos por Avalmadrid”, resalta la página web. Estas cantidades, sin embargo, no aparecen en la relación de partidas suministradas por la Consejería de Economía a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

La comisión de investigación vuelve el día 14

La comisión, que reanudará sus comparecencias el próximo día 14, investiga las irregularidades en la concesión de avales que desveló el Banco de España tras inspeccionar Avalmadrid, así como las denuncias publicadas por infoLibre sobre el aval de 400.000 euros otorgado a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un aval que nunca fue devuelto y cuyo importe terminó siendo cubierto con dinero público procedente de la Comunidad de Madrid y de la empresa estatal de reafianzamiento Cersa.

El pasado mes de enero, el Banco de España hizo públicas las primeras sanciones impuestas a Avalmadrid por las irregularidades descubiertas en sus inspecciones: 95.000 euros para la sociedad de garantías por una infracción grave, no aplicar en tiempo y forma un requerimiento para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejorar sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió. También sancionó a dos consejeros: la Cámara de Comercio de Madrid con 38.400 euros, y al expresidente de la patronal madrileña Juan Pablo Lázaro, con 10.400 euros más. Aunque el expediente sancionador sigue abierto contra una quincena de consejeros y ejecutivos que han presentado recursos contra la propuesta de sanción del organismo.

Además, la propia Avalmadrid encargó un informe a una consultora, Forensic Partners, que revisó los 167 avales donde el Banco de España había descubierto anomalías. El resultado de esa segunda investigación sirvió a la dirección de la sociedad de garantías para presentar una denuncia en la Fiscalía contra algunos de sus antiguos directivos y consejeros, que fue archivada por haber prescrito los hechos. No obstante, quedaron así al descubierto las vinculaciones entre algunos de estos ejecutivos y consejeros con las empresas a las que Avalmadrid concedía avales.

infoLibre desveló el año pasado las irregularidades relacionadas con el aval de MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos propiedad de los padres de Díaz Ayuso. Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas. De hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres.

La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.

Los analistas consideran “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos de junio de 2012 como del contrato de subrogación de 2010, así como la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, dictaminan.

Este periódico se ha puesto en contacto con Cobralia, que ha declinado hacer ningún tipo de “comentario o valoración” sobre el informe, Avalmadrid o la intervención de Fernando Cañellas en estas operaciones. “Nuestra política de empresa es no responder a preguntas sobre nuestros clientes o sobre nuestro presidente”, aseguró su portavoz.

Los autores del informe se quejan en varias ocasiones a lo largo de sus nueve páginas de la falta de información con la que trabajan. Los documentos y correos electrónicos que analizaron fueron suministrados por Avalmadrid, pero echan en falta otros necesarios para determinar “los honorarios facturados [por Cobralia y Fernando Cañellas], su correcto devengo” e incluso “la trazabilidad del proceso de decisión”. Llegan a asegurar que la documentación que se les ha proporcionado es “confusa” e “incompleta”.

No obstante, los técnicos de PwC señalan que las operaciones con Cobralia y Cañellas de Colmenares pueden haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid. El primero, el perjuicio económico directo, en el caso de que la entidad semipública haya pagado “honorarios por duplicado por un mismo servicio”. Y el segundo, la sanción, pena o multa si Avalmadrid es considerada “responsable subsidiaria o cooperadora necesaria en la comisión de una infracción administrativa o un delito”. Según destaca el informe, todas las negociaciones y documentos “contaban con la intervención o, al menos el conocimiento” del presidente de Avalmadrid en ese momento, Juan Manuel Santos-Suárez, y de su consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Por lo que “la propia sociedad, a través de sus válidos representantes” aceptó “implícitamente” tanto la subrogación de Cobralia como el contrato de venta de la cartera de fallidos, concluye PwC.

Cañellas cobraba aunque no se recuperase dinero

Los analistas explican que, aunque “a priori” y “contractualmente” no parece haberse producido “una duplicidad o solapamiento” en la gestión de los recobros –Cobralia se encargaba de la recuperación extrajudicial y Fernando Cañellas, de la judicial–, “en la práctica, a la vista del volumen de expedientes gestionados y a la confusión generada”, sí que pudo haber “duplicidad o confusión en los honorarios facturados” puesto que no se delimitó “adecuadamente el perímetro de actuación de Fernando Cañellas”.

Además, PwC llama la atención sobre una peculiaridad del pago de honorarios al presidente de Cobralia. En virtud del primer contrato con esta empresa, el firmado en 2007, Avalmadrid abonaba a la empresa una comisión del 30% sobre el importe recuperado. Pero, según el segundo contrato, de 2008, Cañellas de Colmenares cobraba de las costas a las que era condenado el moroso si aquél ganaba el juicio. En caso de que el deudor no fuera condenado a pagar las costas, era Avalmadrid la que le abonaba los honorarios directamente, previa presentación de la correspondiente factura. El importe incluía un 20% de descuento sobre las tarifas recomendadas por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, los costes de investigación de la solvencia del moroso, y los costes de los procuradores los sufragaba igualmente Avalmadrid. En esos años presidía la entidad semipública Eva Piera.

Es decir, subraya el informe, Fernando Cañellas cobraba “independientemente del éxito de la reclamación judicial” que gestionaba, mientras que Cobralia sólo lo hacía en caso de éxito. El problema es que los analistas de PwC desconocían, por la información que Avalmadrid les facilitó, si existía resolución judicial en cada uno de los expedientes que el presidente de Cobralia facturó y Avalmadrid le pagó.

Cruce de correos para solucionar el pago de honorarios

Las sospechas sobre la finalidad real de los contratos analizados por la consultora proceden de varios cruces de correos electrónicos entre directivos de Avalmadrid y de éstos con Cañellas de Colmenares entre abril y junio de 2012. En ellos, se habla de una “posible” subrogación de Cobralia “como parte de una solución global para facilitar el pago de los honorarios devengados por Fernando Cañellas y pendientes de cobro”. Los ejecutivos expresan su preocupación por las “debilidades” del contrato de subrogación y las “situaciones controvertidas” que éste puede generar.

Posteriormente, es el propio Fernando Cañellas quien envía un correo al director de Operaciones, al secretario del consejo de administración y al consejero delegado de Avalmadrid en el que propone la “estructura jurídica” para pagarle los honorarios, incluyendo la subrogación y la venta de la cartera de fallidos. Como este “planteamiento” supone un “coste fiscal muy alto” para él, plantea que se subroguen sólo los expedientes que él factura a Cobralia, que Cobralia facture a Avalmadrid por la gestión judicial de esos expedientes y que, después, Cobralia le compre la cartera.

Así, el 7 de junio de 2012, Cobralia emite una factura por una lista de expedientes que asciende a 305.362,45 euros, de los que se descuenta un 25% y a los que se añade un 18% de IVA. Un total de 270.245,76 euros. La transferencia se realiza cuatro días después, la misma fecha en que Avalmadrid firma con Cobralia el contrato de venta de fallidos. El precio de la operación fue de 113.772,91 euros.

Como estos correos y la discusión entre ambas empresas sobre el contenido de la factura tienen fecha de 2012, los analistas de PwC sospechan que el contrato de subrogación, de octubre de 2010, pudo haber sido “predatado” a esa fecha, porque en realidad se redactó y firmó dos años después.

El próximo día 26 de noviembre comenzará sus sesiones la comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, destapadas por una inspección del Banco de España y por las informaciones publicadas por infoLibre. Los inspectores del organismo supervisor y los analistas de otra consultora, Forest Partners, desvelaron el trato de favor que esta entidad semipública, propiedad en un 26,1% de la Comunidad de Madrid, ha otorgado durante años a ciertas empresas en la concesión de avales. Muchas de ellas estabanvinculadas a miembros del PP o a algunos de los socios de la propia sociedad de garantías, como Bankia, la patronal madrileña CEIM o la Cámara de Comercio de Madrid. Entre los supuestos favorecidos se encuentra la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Durante años, Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que concedió en diciembre de 2011 a MC Infortécnica SL, una firma de suministros médicos, y que sus propietarios y avalistas no devolvieron. Entonces era Cobralia la empresa encargada de recuperar fallidos como los de la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

Asesoría jurídica de Caja Madrid

Fernando Cañellas fundó Cobralia en 2002, después de pasar 14 años en Cajamadrid, donde comenzó en 1982. Fue uno de los seis miembros de la asesoría jurídica de la caja de ahorros a quienes el entonces presidente, Jaime TerceiroJaime Terceiro, abrió un expediente sancionador en 1996 por las anomalías encontradas en la gestión que este departamento llevaba a cabo en el cobro de morosos. Dos años antes, en mayo de 1994, Terceiro había disuelto la asesoría jurídica después de que el departamento de Auditoría Interna elaborase un informe que destapaba irregularidades que habían costado a la caja 30.000 millones de pesetas –180,3 millones de euros–, según publicó en su día el periódico Abc.

Los seis abogados del departamento presentaron después un requerimiento notarial donde se calificaba ese informe de “falso, extemporáneo e ilegal”. Según explicaban en su escrito, los responsables de la caja de ahorros ni les comunicaron el contenido del informe ni les dieron ocasión de presentar alegaciones. También rechazaban cualquier responsabilidad en las anomalías descubiertas. Por el contrario, aseguraban que habían cumplido entre 1992 y 1994 los objetivos de recobro de deuda de forma “espectacular”, “duplicando e incluso triplicando” los resultados de ejercicios anteriores.

Por esas fechas se estaba librando en Caja Madrid una auténtica guerra interna que desembocaría en la renuncia de Jaime Terceiro, en septiembre de 1996, y su sustitución por Miguel Blesa, tras un pacto entre PP, Izquierda Unida, CCOO y la Confederación de Cuadros. Abc citaba entonces a fuentes de los partidos representados en los órganos de gobierno de la entidad, que veían motivos políticos tras la batalla en torno a la asesoría jurídica. En concreto, mencionaban a Emilio Navasqües, que además de miembro de ese departamento era consejero en representación de la plantilla y se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jaime Terceiro al frente de la caja y a favor de su sustitución por Miguel Blesa. Ignacio Navasqües, hermano del anterior, miembro del mismo departamento y también consejero de la entidad, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por el caso de las tarjetas blackel caso de las tarjetas black.

El de Cobralia es el tercer informe que PwC ha elaborado por encargo de Avalmadrid. La entidad semipública solicitó a la consultora un dictamen sobre la conveniencia de denunciar ante la Fiscalía el trato de favor a ciertas empresas descubierto por los analistas de Forest Partners. PwC le recomendó que acudiera al ministerio público. Además, la sociedad de garantías le pidió consejo sobre si debía recurrir el archivo del caso que había decidido el fiscal por considerar prescritos los posibles delitos. En este caso, PwC le aconsejó que no continuara con el proceso judicial.

José María Rotellar, uno de los expertos incorporados por Pablo Casado a su gabinete económico, jugó un papel determinante para que el Gobierno de Madrid entregara a dedo en mayo de 2011 la gestión y reparto de 80 millones públicos a Madrid Network, una asociación privada que jamás ha hecho públicas sus cuentas. Fue Rotellar quien, como director general de Economía, suscribió un informe que definía a Madrid Network como "la única entidad" madrileña capaz de gestionar aquel inmenso paquete destinado a apoyar la innovación empresarial con créditos a intereses bajísimos y cinco años de carencia.

De 47 proyectos financiados, 16 no devolvieron el dinero, lo que obligó a Madrid Network a embarcarse en diversos litigios judiciales. Entre los beneficiarios figuraban dos antiguos altos cargos del Gobierno de Madrid. Y ambos engrosaron la nómina de quienes se negaron luego a devolver los fondos. 

Los dos antiguos cargos del Ejecutivo madrileño que se resistieron a devolver el dinero prestado por Madrid Network eran Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad de Madrid en la pasada década dejó tras sí como principal hito la persecución contra facultativos del hospital Severo Ochoa bajo el argumento de que una denuncia anónima les acusaba de matar a decenas de pacientes mediante sedaciones terminales; e Ildefonso de Miguel, que fue gerente del Canal de Isabel II bajo la batuta de Ignacio González y que ahora comparte con él la condición de imputado por la Operación Lezo.

En 2017, Lamela se negó a devolver medio millón, aunque este periódico ignora si finalmente se vio obligado a pagar. El pufo de Ildefonso de Miguel fue aún mayor: también ese año trascendió que el exgerente de la empresa pública de aguas no solo había dejado sin devolver los 2,3 millones que obtuvo en 2011 sino que reclamó a Madrid Network daños y perjuicios.

En teoría, el reparto de aquellos 80 millones (originalmente eran 98,5 pero 18,5 millones no llegaron a estar en circulación) debía quedar en manos de la Administración madrileña. Y así lo estipulaba el convenio suscrito el 27 de octubre de 2010 por la Comunidad y el Ministerio de Ciencia bajo la dirección de Cristina Garmendia. Pero un mes y medio después, Aguirre liquidó de un plumazo el organismo público que, según el convenio, debía encargarse de asignar préstamos a las empresas madrileñas: el Imade, cuyas actividades centran una de las líneas de investigación en la Operación Púnica. Una vez fulminado el Imade, el Ejecutivo regional decidió encomendar la tarea, sin que mediase concurrencia de ningún tipo, a Madrid Network.

Y es ahí donde el informe de Rotellar resultó crucial. El entonces director general –luego fue viceconsejero de Hacienda en el Gobierno de Ignacio González– ensalzó a Madrid Network  por su  capacidad de garantizar "la máxima rapidez en la canalización de la financiación". Y la presentó como la única destinataria posible del encargo dada "su naturaleza jurídica y sus fines estatutarios", su potencia como vértice de unión de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal y su envergadura al agrupar "empresas que suponen el 40% del PIB regional". El informe no decía en qué fuente sustentaba esa afirmación.

Todavía entonces bajo el Gobierno de Zapatero, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no planteó obstáculos a aquella sorpresiva cesión de poderes de la Administración pública madrileña a una asociación privada. En mayo de 2017, el digital vozpopuli.com desveló que empresas de biotecnología vinculadas a Cristina Garmendia habían terminado recibiendo préstamos de Madrid Network. 

La fundación liberal y el aplauso de Aguirre

Cuando firmó como director general aquel informe de mayo de 2011 en favor de Madrid Network, el propio Rotellar formaba parte de la junta directiva de la entidad. Porque Madrid Network había sido constituida en mayo de 2007 con el impulso directo del Ejecutivo regional y sus dos máximos aliados: la patronal regional CEIM y la Cámara de Comercio, ambas entonces bajo control de Arturo Fernández, amigo de la infancia de Esperanza Aguirre y hoy imputado en la Operación Púnica. La Comunidad, la CEIM y la Cámara fueron sus tres socios fundadores. Pero la entidad que alumbraron siempre tuvo la condición de asociación privada eximida de publicar sus cuentas. 

Quien ahora se cuenta entre los asesores económicos de Pablo Casado ya tenía en 2011 marchamo de miembro del sector liberal del PP. Fue él quien en nombre de una efímera fundación constituida por cargos de segundo nivel del partido en Madrid, la Fundación para la Investigación y los Estudios Liberales (FIEL), rubricó en 2008 el acuerdo con Caja Madrid por el que la entidad financiera predecesora de la rescatada Bankia aportaba a Fundación FIEL una subvención de 427.000 euros. Fundación FIEL, de la que se conocen algunas colaboraciones con FAES, se extinguió en diciembre de 2012. En solo dos años –2008 y 2009– había obtenido de Caja Madrid 854.000 euros.

Luego, y tras su etapa como viceconsejero de Hacienda, Rotellar se enroló en 2015 en la candidatura de Esperanza Aguirre al Ayuntamiento de Madrid. Pero su paso por la corporación municipal fue breve: en septiembre de ese mismo año dejó el acta para saltar a la empresa privada.

Aguirre, que le definió como un "excelente" economista, aplaudió su decisión. Rotellar, dijo, demostraba así que la política "no es una profesión". "Le han ofrecido trabajo en una empresa privada, en una gran empresa, y no puedo más que felicitarle. El ambiente actual dificulta muchísimo la puerta giratoria de salida a un político. Lamento también que esa dificultad de salida también se convierte en dificultad de entrada", apostilló la expresidenta de Madrid.

Estanislao Rodríguez Ponga fue el primero de los condenados por las tarjetas black de Caja Madridblack que ingresó en prisión. El ex secretario de Estado de Hacienda en el segundo Gobierno de José María Aznar fue sentenciado a tres años y dos meses de cárcel por gastarse 255.000 euros con la tarjeta opaca al fisco que le proporcionó la entidad entonces presidida por Miguel Blesa. Desde el pasado 17 de octubre se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), la misma donde cumplen condena el exvicepresidente Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En ese momento también rescindió su contrato laboral con El Corte Inglés, en cuya área financiera e inmobiliaria trabajaba, según ha podido saber infoLibre.

Según fuentes oficiales del gigante comercial, Rodríguez Ponga puso fin a su relación laboral “por voluntad propia”. “Se llegó a un acuerdo”, explican, aunque sin precisar si se le pagó una indemnización. Desde 2009 el ex secretario de Estado había sido consejero delegado de Móstoles Industrial, una de las firmas del grupo entonces presidido por Isidoro Álvarez que se dedicaba a la fabricación de muebles de cocina y ha sufrido un progresivo desmantelamiento en los últimos años, tras ejecutar cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y reducir su plantilla a una décima parte de la que tenía en 2007.

Cuando fue procesado por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, Rodríguez Ponga “renunció” a ese puesto. A partir de entonces, continuó en El Corte Inglés pero fuera del área tributaria, recalcan las fuentes del grupo. “Él no quiso estar al cargo de temas de ese tipo por su actividad anterior”, explican. Rodríguez Ponga es inspector de Hacienda y ejerció como asesor fiscal de grandes empresas como el BBV, Repsol y la propia Caja Madrid en los años 90.

No devolvió los 255.000 euros

Quien fue número dos de Cristóbal Montoro entre 2001 y 2004, accedió al consejo de administración de Caja Madrid en 2006 y después resultó elegido vicepresidente no ejecutivo y miembro de la Comisión de Control de Cajamadrid. Fue imputado en 2012 y condenado por apropiación indebida de una cantidad que no ha devuelto. Hasta dentro de nueve meses y medio no podrá permisos para salir de Soto del Real.

Antes de su procesamiento por las tarjetas black, también había sido imputado por un supuesto delito fiscal de 21 millones de euros cometido por el BBV en 1995 cuando compró el banco mexicano Probursa. La Audiencia Nacional terminó sobreseyendo el caso. Rodríguez Ponga sustituyó al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda a Enrique Giménez Reyna, quien tuvo que dimitir por su implicación en el caso Gescartera.

El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, ha ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real poco antes de las 13:00 horas de este jueves y lo ha hecho pidiendo "perdón a la sociedad" por las conductas que le han llevado hasta allí, un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las llamadas 'tarjetas black'.

El que fuera vicepresidente del Gobierno de España y director Gerente del Fondo Monetario Internacional se ha presentado así horas antes de que venciera el plazo máximo que le dio la Audiencia Nacional para ingresar en prisión una vez el Tribunal Supremo confirmó su condena el pasado 3 de octubre, y lo ha hecho pidiendo disculpas.

"Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas", ha señalado el ya reo a su entrada en Soto del Real, para agradecer, a renglón seguido, el apoyo que ha recibido estos días de sus amigos y familiares.

Rato había solicitado al tribunal que le enjuició que suspendiera su entrada en prisión hasta que Tribunal Constitucional decida sobre el recurso de amparo que prevé presentar contra la sentencia. Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechazó esta medida y mantuvo el plazo de ejecución, que vencía al término de esta jornada de jueves.

En Soto del Real, la prisión escogida, Rato coincidirá con al menos otro de los condenados por las black que ya han entrado en la cárcel, el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga. En la actualidad, se encuentran en este mismo presidio otros conocidos de Anticorrupción, como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, ambos condenados por el caso Gürtel.

Esta cárcel, inaugurada en 1995 y considerada VIP en su momento por la cantidad de instalaciones deportivas de que dispone, está relativamente cerca del centro de Madrid (en el kilómetro 3,5 de la M-609), lo que facilitará a Rato los desplazamientos cuando a partir del próximo 26 de noviembre tenga que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por el llamado caso Bankia.

Rato es el quinto condenado por las tarjetas black en entrar en prisión, como ya hicieron en los últimos días el mencionado Rodríguez Ponga, el exdirigente de CCOO Antonio del Rey, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicato Rodolfo Benito y el ex miembro de la Comisión de Control de la caja Miguel Ángel Abejón.

El resto tienen de margen hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y el exconsejero de CCOO Francisco Baquero, recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y el exvicesecretario de organización del PSOE madrileño, Antonio Romero, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 20 de octubre por motivos familiares.

La fiscalía ha emitido un informe contrario a suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las llamadas tarjetas black y que había solicitado a la Audiencia Nacional esta medida en espera de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según informa Europa Press.

El Ministerio Fiscal se opone a esta deferencia y así lo ha hecho saber en un informe a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que sentenció a Rato y que ordenó la ejecución de su sentencia una vez el Tribunal Supremo le dio firmeza. De este modo, es previsible que el tribunal se pronuncie este mismo miércoles sobre las pretensiones de Rato, cuyo plazo para ingresar por su propio pie en un centro penitenciario expira el jueves 25 de octubre a las nueve de la mañana.

Hasta la fecha la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el ingreso en prisión de siete de los condenados por el uso fraudulento de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid, mientras a otro le ha concedido un margen más amplio, diez días a contar desde el 30 de octubre para entrar en la cárcel, y a un noveno le ha solicitado que presente un informe médico que acredite sus alegaciones de que por motivos de salud, no debe entrar.

En concreto, se ha rechazado ya la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia instada por los exconsejeros de Caja Madrid de parte del PSOE, Jorge Gómez Moreno, condenado a 3 años y 2 meses de prisión; y José María De la Riva, sentenciado a 3 años; y el exconsejero de CCOO Francisco Baquero, que afronta tres años y dos meses de cárcel. Asimismo, ha rechazado las peticiones del exconsejero de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, condenado a 4 años de cárcel; el exconsejero de parte de UGT Gonzalo Martín Pascual, sentenciado a 3 años; el ex miembro de la comisión de control de Caja Madrid, Francisco José Pérez Fernández, con una sentencia de 2 años y medio; y el también miembro de la comisión de control Miguel Ángel Abejón, con la misma pena.

Todos deberán ingresar de forma inminente en un centro penitenciario, cosa que ya hicieron tras la confirmación de la sentencia en el Tribunal Supremo el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y el exdirigente de CCOO Antonio del Rey. En un caso más, el del miembro de la comisión de control nombrado por Izquierda Unida Rubén Cruz, que pidió eludir la cárcel por motivos de salud, la Sección Cuarta ha solicitado un informe médico que acredite su situación. Está condenado a dos años y medio de prisión por el uso de las black.

Mientras, la Sección Cuarta ha dado al exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño y exconsejero de la entidad, Antonio Romero, condenado a tres años y dos meses de cárcel, una ampliación del plazo para ejecutar la sentencia por motivos familiares. Tiene diez días más a contar desde el 30 de octubre para entrar en un centro penitenciario.

El plazo que dio la Audiencia Nacional para la entrada en prisión de todos los condenados por las tarjetas black vence el próximo 26 de octubre, de modo que antes del viernes deberán entrar en prisión también los ex miembros de la comisión de control, Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) y Javier de Miguel (PP), que no han presentado escrito solicitando la suspensión de sus respectivas condenas de dos años y medio de cárcel.

El ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y ex dirigente de CCOO Antonio Rey de Viñas han ingresado en las prisiones madrileñas de Soto del Real y de Navalcarnero, respectivamente, y se han convertido en los primeros condenados en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid en ingresar en la cárcel, según informa Europa Press.

En el caso de Estanislao Rodríguez-Ponga, ha ingresado a las 18.00 horas en la prisión de Soto del Real, donde pasará la noche en el módulo de ingresos. Está previsto que este jueves el equipo técnico de la prisión determine el módulo al que le enviarán. En el caso del ex secretario de Hacienda, durante el Gobierno de José María Aznar, se considera que gastó más de 255.000 euros con esas tarjetas.

Por su parte, Rey de Viñas se presentó el pasado lunes, día 15, en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, destinado a reclusos en tercer grado, y posteriormente ha sido trasladado al Centro Penitenciario de Navalcarnero. El ex dirigente de CCOO realizó gastos por valor de 191.500 euros.

Rodríguez-Ponga fue condenado a tres años y dos meses de prisión, mientras que en el caso de Rey de Viñas la pena fue de dos años y medio, ambos como colaboradores de un sistema de tarjetas black que nació bajo un acuerdo del consejo de administración en mayo de 1988 y desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia de Caja Madrid.

El pasado 3 de octubre el Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, y las de 63 exdirectivos y exconsejeros de la entidad financiera, cuyas penas oscilan entre cuatros meses y cuatro años y medio de cárcel, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas black.

El alto tribunal confirmaba así la resolución dictada por la Audiencia Nacional el 23 de febrero de 2017, que dio por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta.

La Audiencia Nacional ha recibido este viernes la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que confirma la condena a cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, así como fija las penas a otros 63 implicados en el caso de las tarjetas black y decidirá sobre su posible entrada en prisión en los próximos días. Según han explicado fuentes jurídicas, tras la recepción de la sentencia desde el Tribunal Supremo este viernes, se abre un procedimiento burocrático que puede llevar unos días dada la cantidad de condenados.

El primer paso es registrar uno por uno a los 64 afectados en la base de datos de condenados del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. Una vez volcados todos los datos, el resultado se envía físicamente a otra dependencia de la Audiencia Nacional para que se incorporen al sistema común de ejecutorias.

Esta oficina independiente del tribunal sentenciador emite una pieza de ejecución, es decir, una suerte de informe detallado a partir de las condenas de todos los implicados. Sólo cuando esté listo ese documento arrancará la fase final del procedimiento: la Sala que les sentenció, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, se reunirá y resolverá qué hacer con cada uno de ellos.

Esta decisión puede depender en parte del paso que den los propios afectados, especialmente los condenados a más de dos años de prisión (15 de los 64, incluido Rato) y que por ello, previsiblemente entrarían en la cárcel. Cabe la posibilidad de que comuniquen al tribunal su intención de seguir litigando, en cuyo caso, la Sala podría decidir mantener en suspenso la ejecución de la pena hasta que la instancia superior, que sería el mismo Supremo con un incidente de nulidad, resolviera.

Fuentes jurídicas informan de que después del pronunciamiento del Supremo es el tribunal sentenciador, es decir, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el que debe ejecutar la condena de Rodrigo Rato y los otros 63 condenados -eran 65 en total, pero Miguel Blesa falleció el verano de 2017-.

No obstante, a los exdirectivos de Caja Madrid con penas más altas les queda aún la opción de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional y que en él vaya incluida la petición de continuar en libertad provisional hasta que haya una decisión. El tribunal de garantías suele acceder a la suspensión de la ejecución de las condenas cuando lo piden condenados a menos de cinco años de cárcel, si bien no es una norma escrita y no ocurre en todos los casos.

Por otro lado, los condenados pueden optar por presentar una solicitud de indulto y, con ella, también pedir que se retrase la entrada en la cárcel. Sea en uno u otro caso, la Fiscalía Anticorrupción se opondrá a cualquiera de estas opciones.

Más de dos años para 15 condenados

De los 64 condenados por el caso de las tarjetas 'black', los susceptibles de entrar en prisión al haber sido penados con más de dos años de prisión son Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero Lázaro, Jorge Gómez Moreno, Rodolfo Benito, José María de la Riva, Gonzalo Martín Pascual, Rubén Cruz, Antonio del Rey de Viñas, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Francisco José Pérez Hernández y Miguel Ángel Abejón.

Para tres de los exdirectivos condenados por la Audiencia Nacional a más de dos años de cárcel, Ildefonso Sánchez Barcoj, Francisco José Moure y Antonio Cámara, el Supremo ha optado por reducirles la pena al aplicarles la atenuante de reparación del daño, de modo que podrían librarse de entrar en prisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una pena de prisión de cuatro años y medio para el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y las condenas de 63 exdirectivos de Bankia, cuyas penas oscilan entre cuatros meses y cuatro años y medio de cárcel, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas black.

La sentencia del alto tribunal, que se ha dado a conocer este martes, ha confirmado la resolución dictada por la Audiencia Nacional el 23 de febrero de 2017, que d por acreditado el gasto de más de 12,5 millones de euros entre los años 2003 y 2012, así como el uso personal de los plásticos a sabiendas de que era una práctica ilegal y de que causaron un quebranto al patrimonio de la caja extinta por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black durante el tiempo que estuvo al frente de Caja Madrid.

La sentencia relata que la conducta del presidente de Bankia consistió en mantener "conscientemente" un sistema que, ya cuando se estableció en 1988 por el presidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, "estaba pervertido en su origen y en su traslado a la práctica", pues ya entonces no era posible otra percepción dineraria que las dietas y las indemnizaciones.

El sistema, que antes de Rato también mantuvo e impulsó su antecesor en el cargo, el fallecido Miguel Blesa, consistió según el alto tribunal en "prescindir del camino legal", que habría conducido a solicitar un aumento de las cuantías asignadas a las dietas, para "construir un sistema nuevo, consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto".

Con esta estratagema se facultó a los titulares de las tarjetas que se expedían a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, "lo cual, en aquella época estaba fuera de la ley".

Es un hecho admitido, según constata el tribunal en su sentencia de 456 páginas, que las tarjetas se emitieron inicialmente por decisión de la presidencia ejecutiva que mantuvieron luego los demás presidentes, entre ellos el recurrente Rodrigo Rato, para quien se confirma una pena de cuatro años de cárcel, cuya ejecución efectiva depende ahora de que decida el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuició los hechos.

Actuaron como dueños del dinero

Añade el Supremo que Rato se aprovechó de su cargo y que carecía de facultades para disponer de esa forma del patrimonio sobre el que tenía serias obligaciones de cuidado". Además, el tribunal declara probado que los titulares de las tarjetas las utilizaron por unos importes determinados que hicieron suyos en la medida en que los invirtieron en lo que consideraron oportuno, "actuando como si fueran dueños del dinero, en cuya cuantía se perjudicó al patrimonio de la entidad contra cuya cuenta se giraban las cantidades pagadas con las tarjetas".

Los presidentes, de esta forma, concluye el Supremo, "disponían ilícitamente del dinero de la entidad, y si bien autorizaban la disposición cada vez que entregaban una tarjeta, estableciendo el límite de disposición, sabían que cada apoderamiento solo se consumaba en el momento en que cada uno de los titulares de las tarjetas hacía uso de las mismas, dentro del plan elaborado por aquellos y aceptado por éstos al participar en su ejecución".

Rato, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo no podía ignorar según el Supremo el funcionamiento opaco de las tarjetas y, a pesar de ello "mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas" cuando accedió a la Presidencia de Caja Madrid.

Pese a ser informado de lo que había, su decisión fue no solo mantener el sistema sino extenderlo a su favor y, posteriormente, ya en Bankia, de las otras personas mencionadas –los exdirectivos Jose Manuel Fernández Norniella e Ildefonso Sánchez Barcoj– con la finalidad de que todos continuaran disponiendo de la misma forma del patrimonio de la entidad. La sala recuerda que el recurrente utilizó una tarjeta en provecho propio, "a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el Consejero delegado Francisco Verdú, cuando rechazó la tarjeta que se le entregó".

Además, el Supremo considera proporcionada la pena de 4 años y 6 meses impuesta a Rato por su posición preeminente en las entidades de cuyo patrimonio "se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás", una posición que le obligaba especialmente a la protección de los intereses de aquellas, "lo que desconoció durante un apreciable periodo de tiempo y por cuantías importantes, como resulta de los hechos probados".

En definitiva, la sentencia resume que "ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable, que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables".

Con ello descarta en los acusados un error de prohibición (una atenuante o eximente de su actuación por pensar que lo que hacían era legal).

Para los magistrados del alto tribunal, el hecho de que las percepciones de cantidades a través de las tarjetas pudieran considerarse una forma de retribución, "o más exactamente, como una forma en la que los consejeros se retribuían a sí mismos a costa del patrimonio de la entidad, dado que cada uno disponía de lo que se le antojaba dentro de los límites máximos que se les imponían, no supone que tales percepciones tuvieran algún apoyo legal o estatutario".

El Supremo valida el 'excel' de los gastos

Algunos de los recurrentes denunciaban la vulneración de su derecho a la intimidad y a la protección de datos porque a su juicio Bankia accedió y divulgó datos íntimos y personales, sin consentimiento de sus titulares y sin autorización judicial, con la finalidad de obtener pruebas. Por ese motivo, cuestionaban la licitud del documento de excel con la lista de gastos efectuados con las tarjetas y los dos informes de auditoría interna de Bankia que se elaboraron a partir de dichos datos.

La Sala resuelve que Bankia "no accedió ilícitamente" a los datos de carácter personal relativos a los gastos concretos realizados por cada uno de los titulares de las tarjetas de crédito, por lo que no se ha producido tal vulneración de derechos. Lo que sí realizó la entidad financiera, explica la sentencia, fue "un acceso legítimo", que se mantiene exclusivamente dentro del ámbito interno, relacionado con el contrato de emisión de las tarjetas de crédito que le habilita para ello, como vía para comprobar el uso concreto de las tarjetas y cómo y cuándo se han cargado los gastos efectuados por sus titulares.

Así, obtuvo elementos indicativos de la realización de actividades que podrían ser ilícitas en la medida en que los cargos de esas tarjetas, que habían sido emitidas fuera del circuito regular, se habían realizado contra una cuenta de la entidad y no contra las cuentas personales de los titulares y, además, no tienen apoyo en la ley o en los estatutos ni en los contratos suscritos con alguno de los titulares". Con esos datos, añade, se elaboraron unos informes internos, que se comunicaron al FROB, que se limitó a remitirlos al Ministerio Fiscal, y se adjuntó a los mismos unos listados en los que constan los totales dispuestos por cada uno de los titulares.

En ellos no figuran de forma individualizada los gastos efectuados por cada titular, por lo que, al no constar ninguna información sobre el empleo particular que cada uno ha hecho de la tarjeta emitida a su nombre no se produce ninguna afectación del núcleo central de la intimidad.

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a dos exdirectivos de Novacaixagalicia a devolver 10,4 millones de euros por sus prejubilaciones irregulares y el juicio que se inició esta semana en la Audiencia de Alicante contra el consejo de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que admitió haber cobrado de forma ilegal el que fuera su presidente entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, han devuelto a la actualidad los abultados cobros en conceptos diversos recibidos por directivos de entidades de ahorro arruinadas y rescatadas por el Estado.

infoLibre detalla a continuación quiénes son los banqueros que ganaron miles de euros antes de la bancarrota y qué procesos judiciales encaran en el futuro o han enfrentado en los últimos años: 

  Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo confirmó el pasado abril que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros al FROB por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron "mediante engaño" en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones. 

La sentencia corrobora cómo los exdirectivos de Novacaixagalicia maniobraron para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. En octubre de 2015, ambos habían sido condenados por estos hechos a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. Además, Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Y todos entraron en prisión. De hecho, fueron los primeros banqueros en hacerlo. El Estado aportó a esta entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

  Caja del Mediterráneo (CAM)

El caso de la CAM, que se ha integró en diciembre de 2011 en el Banco Sabadell, es el más sangrante de las cajas de ahorros, pues es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.301 millones de euros de los cuales el Estado aportó 4.443 millones a través del FROB y la banca 21.858 millones por medio del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El proceso de rescate no ha terminado por lo que se desconoce la factura definitiva.

El pasado lunes, el que fuera presidente de la CAM entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, sociedad que pertenecía a la caja alicantina. Lo hizo ante los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, encargados de esclarecer si él, López Abad y los 19 componentes del consejo de administración maniobraron para que Crespo se beneficiara de una retribución que, según el fiscal, vulnera los estatutos de la caja.

Por otro lado, resultan llamativas las cuantías que se fijaron otros de sus directivos por diferentes conceptos retributivos (prejubilaciones, rentas vitalicias, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones...) en los años 2010 y 2011, justo antes de su bancarrota. No obstante, la Audiencia Nacional no pudo probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones, que ascendieron a unos 47 millones de euros. Por ejemplo, el que fuera director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, se embolsó 5,5 millones de euros brutos en junio de 2011 cuando ya había dejado ese puesto pero era consejero, apenas tres semanas antes de que el Banco de España interviniera la caja.

Peor suerte corrió la que fuera su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós, que cuando tomó las riendas de la entidad en noviembre de 2010 se autofijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.467 euros. Tras ser despedida por el Banco de España apenas diez meses después por, entre otros motivos, falsear los balances de la extinta caja, reclamó una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante que le fue denegada por sentencia judicial en marzo de 2012. La jueza también le negó el derecho a cobrar la citada pensión, cuya asignación consideró merecedora "del máximo reproche y sanción". 

  Caja Madrid

En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2008 y 2010. En concreto, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos durante la época en la que el fallecido Miguel Blesa era presidente (1996-2010). El FROB, que llevó este tema a la Fiscalía, calculó el perjuicio provocado por estos sobresueldos en 14,8 millones.

Según el ministerio público, los miembros del comité de dirección de la entidad habrían percibido en esos años un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. En enero del año pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel tanto para Blesa, que falleció seis meses después, como para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj por haber subido los sueldos de los directivos un 16% a pesar de la recomendación de Comisión de Retribuciones de aumentarlos en un 4,5%. El caso está a la espera de juicio. 

​​​​​ Catalunya Caixa

También se encuentran pendientes de juicio el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el que fuera director general Adolf Todó por los sobresueldos que cobraron en plena crisis, antes de la intervención del FROB. La Fiscalía, que los acusa de un delito continuado de administración desleal y que reclama para ellos cuatro años de prisión, mantiene que causaron "un perjuicio claro y directo" y que buscaron "únicamente el beneficio propio". Hay otros 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, para los que el ministerio público pide una pena de tres años de privación de libertad por el mismo delito. Además, tras considerar el Supremo que tanto Todó como el exconsejero delegado Jaume Masana fueron despedidos de forma improcedente, fueron indemnizados con 600.000 euros cada uno. 

El predecesor de Todó, Josep Maria Loza, se marchó de la entidad en 2008 con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de ese año, esa partida, que se consideró "habitual en el mercado", se aprobó por unanimidad, informó El País. Loza insinuó en 2013 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya "la posibilidad" de devolver esa indemnización, aunque no ha trascendido si llegó a hacerlo. Además, el diario El Mundo publicó en 2015 que la Fiscalía estaba investigando si 5,2 de esos 10,7 millones de euros habían sido cobrados en fraude de ley. Catalunya Caixa, entidad que surgió tras la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y fue comprada por el BBVA en 2014 por 1.165 millones.  

  Caja Segovia

Asimismo, se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros.

El pasado 3 de mayo, el que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en la que se está analizando la gestión de las cajas de ahorros, que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6,96 millones de euros en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con "requisitos tan gravosos". 

  Penedés Caixa

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron, en 2014, los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. 

La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), necesitó una ayuda pública en febrero de 2013 de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra. Tras la venta de BMN a Bankia, confirmada el pasado enero, el Estado apenas ha recuperado un tercio de esa inversión. No obstante, según el FROB, de no haberse producido la fusión las pérdidas públicas podían haber sido mayores porque BMN tenía muy comprometida su viabilidad.

  Bancaja

También los directivos que llevaron a la bancarrota a la caja valenciana y su entidad filial, Banco de Valencia, intentaron blindar sus remuneraciones antes del hundimiento. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, BFA, que ya estaba en proceso de nacionalización, se recogía que Bancaja tenía asumidos con su exdirector Aurelio Izquierdo el compromiso de abonarle 13,9 millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilacion. Él, sin embargo, asegura no haberlos cobrado y mantiene que sólo recibió 153.272,64 euros cuando fue despedido de la Fundación Bancaja en marzo de 2015. 

Asimismo, el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por la compra por parte de la entidad de una piscifactoría del exministro socialista Antonio Asunción, pactó una indemnización de 7,1 millones de euros que asegura no haber cobrado. Parra era el número dos de José Luis Olivas, que presidió entre 2004 y 2010 tanto Bancaja como su filial Banco de Valencia. De ahí pasó en diciembre de 2010 a ser vicepresidente de Bankia, de donde dimitió en noviembre de 2011, tras la intervención de Banco de Valencia, del que se supo después que tenía un agujero de 17.000 millones. Olivas no cobró indemnización, pero sí mantuvo los derechos de pensión adquiridos. También se embolsó 1,7 millones por los apenas diez meses que estuvo en Bankia. 

Bankia prevé repartir entre sus accionistas más de 2.500 millones de euros en los próximos tres años, más del doble que los 1.160 millones abonados en los últimos cuatro años, según contempla su Plan Estratégico 2018-2020 anunciado este martes por la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

Esta cifra es consecuencia de su intención de elevar al 45-50% el porcentaje de beneficios que va a destinar al pago de dividendo ordinario en efectivo ('pay out') y de reintegrar el exceso de capital sobre el 12% 'CET1 fully loaded'.

El banco prevé alcanzar un beneficio de más de 1.300 millones en el último ejercicio del plan, un 62% más que en 2017 (un 162% si se calcula sobre los 505 millones ganados incluyendo los ajustes realizados por la fusión con BMN), y elevar su ROE (rentabilidad sobre fondos propios) al 10,8%, una vez ajustado a un nivel de capital del 12%.

El Tribunal de Cuentas estimó en 2017 que el rescate de BFA/Bankia costó a las arcas públicas 12.347 millones de euros. El Banco de España lo elevó a 12.690 millones, a los que hay que sumar los 192 de BMN. Según el organismo regulador, se estima que se recuperarán en el caso de Bankia 9.734 millones. En este momento, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, controla el 66% de Bankia.

La tasa de morosidad se situará por debajo del 4% y la ratio de cobertura superará el 55%, con un coste de riesgo que se mantendrá en 24 puntos básicos, al tiempo que la eficiencia mejorará hasta quedar por debajo del 47% después de que las sinergias de la fusión con BMN se eleven a 190 millones, un 22% más de lo previsto inicialmente.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que la entidad inicia este nuevo plan "con mucha ilusión" porque la "fuerte" posición de balance y el dinamismo comercial de los que parte se ven reforzados ahora por la eliminación de las restricciones por parte de la Unión Europea y el empuje que da la ejecución de la fusión con BMN.

"Este proyecto que ahora comenzamos es muy diferente al que planteamos hace cinco años, pero ambos compartirán dos puntos de partida: seguiremos haciendo muchos esfuerzos para tener un sólido gobierno corporativo y continuaremos gestionando con la mirada puesta en nuestros principios y valores", ha añadido.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) acordó este lunes el archivo de la causa que abrió para investigar la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ocurrida en la mañana del día 19 de julio en una finca dedicada a coto privado de caza en el término de Villanueva del Rey (Córdoba) y que la autopsia confirmó que se quitó la vida utilizando una escopeta de caza.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, el juez tomó la decisión del archivo después de recibir los distintos informes sobre el caso y realizar la toma de declaraciones a diferentes testigos, por lo que se confirma que la causa de la muerte fue el suicidio.

Al respecto, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ratificó al día siguiente de los hechos que el expresidente de Caja Madrid se quitó la vida en la finca cordobesa Puerto del Toro de Villanueva del Rey utilizando una escopeta de caza de su propiedad. "Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", según detallaron fuentes de la investigación.

El citado juzgado se encargó de las diligencias previas y la apertura de la causa por la muerte de Miguel Blesa, de 69 años –el 8 de agosto cumplía 70– y natural de Linares (Jaén), donde nació en 1947 y donde descansan sus cenizas desde el día 21 de julio de este año, concretamente en el panteón que su familia tiene en el cementerio Jardín Virgen de Linarejos.

El fallecimiento de quien fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009 fue notificado por los Servicios de Emergencias el día 19 de julio, sobre las 8.40 horas. Un empleado llamó a las 7.50 horas para alertar de que el exbanquero había aparecido tirado en el suelo con un disparo en el pecho.

Bankia obtuvo un beneficio neto atribuido de 739 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, lo que supone un incremento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de los ingresos por comisiones y al descenso tanto de los gastos como de las dotaciones a provisiones por la mejor calidad crediticia.

En concreto, la entidad realizó provisiones por 244 millones de euros entre enero y septiembre, un 4,3% menos, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha destacado que la entidad ha conseguido incrementar sus beneficios gracias a la buena dinámica comercial en un entorno complejo de tipos de interés.

"Cada vez tenemos más clientes, más vinculados y más satisfechos que compran más productos de valor añadido, y concedemos más crédito tanto a particulares como a grandes empresas y pymes", ha resaltado.

"Esto se complementa con una mejora constante de la calidad del balance, lo que se traduce en una menor necesidad de dotación a provisiones y en una nueva reducción de la tasa de morosidad y de los activos adjudicados", ha afirmado.

Por ello, según ha señalado, el ratio de solvencia del banco vuelve a mejorar y se eleva por encima del 14%, lo que sitúa a la entidad "entre las entidades más capitalizadas de Europa".

El margen de intereses alcanzó 1.467 millones de euros, un 10,1% menos que en el mismo periodo de 2016, como consecuencia de un entorno de tipos de interés en negativo que sigue afectando a la cartera hipotecaria del banco, mayoritariamente referenciada a tipos de interés variables, y al rendimiento de los bonos de la Sareb, cuya rentabilidad se ha situado próxima a cero.

Los ingresos por comisiones crecieron un 4,1%, hasta 636 millones, por el aumento del número de clientes y su mayor vinculación, que se ha reflejado en mayor medida en la generación de ingresos en los medios de pago, fondos de inversión y seguros.

El margen bruto frenó su caída hasta el 2,5% una vez que el resultado por operaciones financieras creció un 70,6%, hasta 314 millones de euros. Este incremento es consecuencia, según la entidad, de las ventas de carteras de renta fija principalmente en los dos primeros trimestres del año como anticipación a la previsible evolución de los tipos de interés.

Asimismo, la contención de los gastos de administración (descendieron un 3,1%) permitió que el ratio de eficiencia acumulada se mantuviera en el 48%, prácticamente el mismo nivel que al cierre de septiembre del año anterior, y la mejor cifra entre las grandes entidades españolas en su negocio doméstico, según la entidad.

Cae la tas de mora al 8,8%

El saldo de riesgos dudosos se redujo un 11,2% desde el inicio de año, hasta 10.194 millones de euros, con lo que la tasa de morosidad cayó en un punto porcentual, hasta el 8,8%, mientras la tasa de cobertura quedó en el 53,8%.

Al tiempo, los activos adjudicados pasaron de 2.251 a 2.082 millones de euros, un 7,5% menos, en términos de valor neto contable, después de que se vendieran 6.115 inmuebles, un 14,6% del stock existente al inicio del año.

Además, el banco ha captado, en términos netos, 141.000 clientes en los últimos 12 meses, al tiempo que los usuarios con ingresos domiciliados aumentaron en 103.000, y el número de tarjetas creció en 168.000.

En términos de solvencia, "un trimestre más", Bankia logró mejorar sus números, con un ratio de capital CET1 BIS III fully loaded del 14,16%, lo que supone 34 puntos básicos más que en el trimestre precedente. La cifra de capital no incluye las plusvalías en las carteras de deuda soberana. De incluirse, el ratio habría sido del 14,55%.

En términos regulatorios, lo que se conoce como phase-in, el ratio de capital CET1 BIS III alcanzó el 15,81%, lo que supone 1,11 puntos porcentuales más con respecto a diciembre (14,7%) y 45 puntos básicos por encima del cierre del trimestre precedente.

El capital total se situó en el 17,18% en términos fully loaded (14,36% en diciembre) y en el 18,75% en términos phase-infully loadedphase-in(16,03% en diciembre), lo que demuestra la capacidad del banco de generar capital de forma orgánica.

La "preocupación" de sus clientes por Cataluña se ha "suavizado"

En otro orden de cosas, Sevilla ha reconocido que durante el mes de octubre ha habido "varios momentos" en los que sus clientes han mostrado un "cierto nivel de preocupación" por la situación de Cataluña y, de hecho, algunos han solicitado la apertura de cuentas fuera de la región, aunque no ha detallado cuántos.

"Este proceso se ha ido suavizando, normalizando, en las últimas dos semanas", ha explicado Sevilla.

"Ha sido un mes, dentro de todas la cuestiones que ha habido, de cierta normalidad", ha señalado el número dos de Bankia, que se ha mostrado "convencido" de que en las próximas semanas "este proceso se va a normalizar completamente".

En todo caso, ha confiado en que, "en la medida en que se vayan dando pasos en la normalización de la situación de Cataluña, ese dinero volverá", en referencia a los depósitos retirados de algunas entidades por esta situación. "Es lo que queremos todos", ha añadido el segundo ejecutivo de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

Sevilla ha rechazado que haya habido deslealtad por parte de Bankia respecto a sus competidores con más presencia en Cataluña. "No queremos utilizar nunca los problemas o dificultades de un competidor como arma competitiva", ha dicho.

Miguel Blesa convocó a todos los directivos de la organización que presidía, en un evento montado con un despliegue de medios que recordaba las campañas presidenciales americanas, dirigiéndose a las 2.000 personas que abarrotaban las butacas de la gran sala de conferencias del Madrid Marriot Auditorium Hotel, desde una coreografía cuidadosamente montada sobre los 200 m2 de su escenario.

Todo ello para presentar el nuevo plan estratégico de la casa, para el periodo 2007/2010. Yo asistí al evento, sentado, en las primeras filas, junto a quien, por entonces, era mi superior directo. Se fueron sucediendo los momentos previstos en la agenda, trufados de cifras y números, más concretos respecto al pasado, que al futuro, hasta que, en la última fase de su intervención, empezó a referirse al conocido poema de Kavafis, Camino a Ítaca, entrando a comentar, de forma profusa, cada una de sus metáforas, para terminar dirigiéndose a todos los presentes, diciendo …"¡acompañadme a Ítaca!", momento sobre el que ya nos habían advertido los servicios de asistencia del evento, para que nos levantáramos de nuestros asientos y accediéramos al escenario, creando la sensación visual de acompañamiento al proyecto de nuestro presidente, desvelándonos que, tras el escenario nos esperaba un “cóctel”.

Aún recuerdo que en los comentarios, tras ese acto, compartí con compañeros, colegas y amigos, que no me había parecido el mensaje del presidente de una entidad bancaria; me sorprendió el tono y el foco puesto, o quizás, justamente, la falta de foco. Hoy diez años después de aquello, el paso del tiempo, y la realidad de lo sucedido, pone un marco adecuado a aquel momento, principio del fin de lo que devino.

Uno de los colegas que me acompañaban en esas butacas, años antes, entre 1996 y 1998, había sido la primera persona que me habló de Miguel Blesa, identidad, hasta entonces, totalmente desconocida para mí,  a pesar de los más de veinte años que yo llevaba trabajando en Caja Madrid, su referencia para hablarme de él fue la siguiente: “Miguel Blesa es el hombre del PP en 'la caja', a lo que yo, ingenuamente dije, 'no será para ser presidente'" pero, como otras veces, me equivoqué.

Efectivamente lo fue, y pasó del absoluto anonimato a presidir la segunda caja de ahorros española, por volúmenes, y la primera por solvencia, hasta entonces su curriculum se circunscribía a ser abogado, haber sido un técnico en la administración tributaria española y a haber tenido un bufete dedicado a la asesoría fiscal, época en la que se recorría Madrid a bordo de una moto para atender a sus clientes. Otros muchos, cientos o, quizás, miles, podrían tener un perfil similar, pero solo él mantenía una amistad con José María Aznar, presidente del Gobierno desde 1996, lo cual, le aupó definitivamente a presidir Caja Madrid; el amiguismo, de nuevo, se abría paso en los difusos terrenos entre política y gran empresa.

La meritocracia que faltó en su “ascensión a los cielos” de las finanzas en España, fue la misma fórmula que él aplicó en su gestión, rodeándose de un equipo en el que dominó el servilismo, comprando voluntades de los propios directivos a los que él nombró, “regando” el consejo de administración y los órganos rectores de Caja Madrid a base de “tarjetas black”, prebendas y altas remuneraciones.

Tuve un cliente, que llegó a viajar con él, y siempre me decía que era una persona muy simpática, que pagaba todo, invitaba generosamente y que le encantaba contar chistes, muchas veces a destiempo, pero todo ello no parecen atributos esenciales en un ejecutivo de primer nivel, encargado de gestionar una de las mayores entidades financieras españolas.

Quizás nunca nadie tuvo tanto poder, con menos merecimiento, formando parte de lo que ha sido la peor élite en la historia de nuestra España. Fue una persona puramente instrumental que ocupó una alta responsabilidad siendo manejado por otros, hasta que dejó de serles útil a los reales depositarios del poder en mayúsculas, que siempre han necesitado de gestores sumisos, próximos y cercanos.

Miguel Blesa nos anunció su embarque camino de Ítaca allá por 2007, cuando sus intereses prioritarios no estaban en el día a día de una entidad financiera.

Inició su viaje, el drama es que, con él, envió al desastre a miles de personas que no pudieron hacer nada para amortiguar las consecuencias de sus errores.

“Itaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.”

…igual que quienes te rodearon cuando disponías de prebendas para ellos, pero ya solo queda silencio… y la nada. _____________

Mario Maritín Lucas es socio de infoLibre

Cuando falleció inesperadamente la ex alcaldesa de Valencia, unos cuantos dirigentes del PP, desde el ministro de Justicia Rafael Catalá a su portavoz parlamentario Rafael Hernando, acusaron directamente a la prensa, a la oposición política y a los usuarios de redes sociales de haber organizado una “cacería”, un “linchamiento” que habría provocado la muerte de Barberá. Ninguno de los autores de aquellas barbaridades se ha disculpado, ni siquiera tras conocer los informes forenses que certificaban que fue su propio hígado el que se llevó por delante la vida de la dirigente valenciana después de serios y reiterados avisos.

“Miguel Blesa es Rita Barberá. La presión se cargó a Rita y se ha cargado a Miguel Blesa”, ha afirmado este jueves Fermín Gallardo, administrador de la finca cordobesa donde el exbanquero se quitó la vida de un disparo con su propio rifle. Puede disculparse la reacción espontánea de un amigo afligido por tan violenta pérdida, pero Gallardo ha argumentado además que Blesa era inocente, que las tarjetas black “las tienen todos los bancos y las han tenido todos los partidos”, y que las acusaciones eran por tanto una excusa para “llevárselo por delante”.

Gallardo, uno de los mayores gestores de cotos de caza en España, debe saber perfectamente que a Blesa lo condenó un tribunal a seis años de cárcel porque consideró que cometió varios delitos al crear, distribuir y usar esas tarjetas “opacas al fisco” durante años en el banco público a cuya presidencia le aupó a dedo su también íntimo amigo José María Aznar. Como sabe que la defensa de Blesa tenía recurrida esa sentencia ante el Tribunal Supremo, y por eso Blesa seguía en libertad. Y sabrá, o debería saber que, aparte del ya juzgado asunto de las tarjetas, Miguel Blesa estaba imputado en la causa de las preferentes, esa gigantesca estafa que arruinó a decenas de miles de pequeños ahorradores españoles (entre ellos a esos pensionistas que durante los últimos años se han venido manifestando cada jueves, hiciera calor o frío, ante las sedes de Caja Madrid o Bankia en Madrid, Barcelona y otras ciudades). Como también sabrá que Blesa estaba procesado en la causa por los sobresueldos irregulares que se repartía la cúpula de Caja Madrid bajo su presidencia. Sobre las responsabilidades de Blesa en esas causas basta un vistazo al dossier de infoLibre para comprobar la multitud de pruebas documentales que las señalaban.

La autopsia ha confirmado que Blesa se suicidó. Conocer las causas concretas que le llevaron a tomar esa decisión es prácticamente imposible. Ni siquiera sabemos si había barruntado esa posibilidad en algún momento anterior o si había recibido ayuda psicológica si la precisaba. Antes de caer en la tentación de achacar a la “presión” de otros la autolesión letal conviene informarse sobre una lacra que se ha convertido en algunas franjas de edad (especialmente muy jóvenes) en la principal causa de muerte en España, y cuyo incremento algunos estudios relacionan con los efectos de la crisis económica. Cabe exigir también el máximo respeto hacia los preferentistas arruinados que se han quitado la vida por desesperación absoluta, según las denuncias de las propias asociaciones de damnificados.

Por lo demás, ni la muerte de Rita Barberá elimina las irregularidades que bajo su mandato se cometieron por el PP de Valencia ni el suicidio de Blesa convierte en humo sus responsabilidades en la gestión del mayor fiasco bancario que han sufrido los contribuyentes españoles. Debería saberlo Rafael Hernando, quien se despachó hace unos días con la siguiente sentencia en Twitter: 

Las responsabilidades penales (de cualquiera) se extinguen cuando uno fallece, lo cual no quiere decir que los hechos no existieran o que las causas no continúen en lo que concierne a otros acusados. Incluso podría ocurrir que los herederos de Blesa tuvieran que asumir consecuencias económicas por las tarjetas black.

Si cabe establecer algún paralelismo entre los casos de Rita Barberá y de Miguel Blesa sería el aislamiento palmario en el que la inmensa mayoría del PP los dejó en los últimos tiempos. Achacar la causa de sus muertes a la “presión” de la soledad sería tan injusto y descabellado como esa extendida afición a convertir en víctimas a los culpables y viceversa.