La consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) elaboró en diciembre de 2018 un informe, por encargo del consejo de administración de Avalmadrid, donde examinó el contrato por el que la sociedad de garantías madrileña vendió en junio de 2012 a Cobralia una cartera de créditos fallidos. Para ello tuvo también que investigar los contratos que la entidad semipública había firmado antes con esa misma empresa de cobro de morosos, en julio de 2007, para que le gestionara el recobro extrajudicial de los expedientes fallidos, y con su presidente, Fernando Cañellas de Colmenares, a título personal, en mayo de 2008, a quien encargó la presentación de demandas judiciales para recuperar las cantidades adeudadas por las empresas que no habían devuelto los avales concedidos. Igualmente analizó un tercer contrato, con fecha de 20 de octubre de 2010, por el que Fernando Cañellas cedía a Cobralia la gestión judicial por la que le había contratado Avalmadrid.

Los analistas consideran “discutibles” la causa y la finalidad tanto del contrato de venta de la cartera de fallidos de junio de 2012 como del contrato de subrogación de 2010, así como la manera en que fueron formalizados: ambos pueden ser nulos porque su causa fue “ilícita”. Según detalla el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, en abril y mayo de 2012 Avalmadrid llegó a un acuerdo “presumiblemente verbal” con Fernando Cañellas para que éste cobrara los honorarios que la entidad semipública le adeudaba. El esquema consistía en la subrogación de los expedientes y la posterior venta de esa cartera de fallidos, una estructura que resultaba “más favorable fiscalmente” para el presidente de Cobralia, destaca PwC. Si se demuestra que ésa era “la única finalidad de ambos negocios jurídicos”, el contrato de venta y el de subrogación tuvieron “una causa ilícita” y, por tanto, “son nulos de pleno derecho”, dictaminan.

Este periódico se ha puesto en contacto con Cobralia, que ha declinado hacer ningún tipo de “comentario o valoración” sobre el informe, Avalmadrid o la intervención de Fernando Cañellas en estas operaciones. “Nuestra política de empresa es no responder a preguntas sobre nuestros clientes o sobre nuestro presidente”, aseguró su portavoz.

Los autores del informe se quejan en varias ocasiones a lo largo de sus nueve páginas de la falta de información con la que trabajan. Los documentos y correos electrónicos que analizaron fueron suministrados por Avalmadrid, pero echan en falta otros necesarios para determinar “los honorarios facturados [por Cobralia y Fernando Cañellas], su correcto devengo” e incluso “la trazabilidad del proceso de decisión”. Llegan a asegurar que la documentación que se les ha proporcionado es “confusa” e “incompleta”.

No obstante, los técnicos de PwC señalan que las operaciones con Cobralia y Cañellas de Colmenares pueden haber producido dos tipos de daños al patrimonio de Avalmadrid. El primero, el perjuicio económico directo, en el caso de que la entidad semipública haya pagado “honorarios por duplicado por un mismo servicio”. Y el segundo, la sanción, pena o multa si Avalmadrid es considerada “responsable subsidiaria o cooperadora necesaria en la comisión de una infracción administrativa o un delito”. Según destaca el informe, todas las negociaciones y documentos “contaban con la intervención o, al menos el conocimiento” del presidente de Avalmadrid en ese momento, Juan Manuel Santos-Suárez, y de su consejero delegado, Juan Luis Fernández-Rubíes. Por lo que “la propia sociedad, a través de sus válidos representantes” aceptó “implícitamente” tanto la subrogación de Cobralia como el contrato de venta de la cartera de fallidos, concluye PwC.

Cañellas cobraba aunque no se recuperase dinero

Los analistas explican que, aunque “a priori” y “contractualmente” no parece haberse producido “una duplicidad o solapamiento” en la gestión de los recobros –Cobralia se encargaba de la recuperación extrajudicial y Fernando Cañellas, de la judicial–, “en la práctica, a la vista del volumen de expedientes gestionados y a la confusión generada”, sí que pudo haber “duplicidad o confusión en los honorarios facturados” puesto que no se delimitó “adecuadamente el perímetro de actuación de Fernando Cañellas”.

Además, PwC llama la atención sobre una peculiaridad del pago de honorarios al presidente de Cobralia. En virtud del primer contrato con esta empresa, el firmado en 2007, Avalmadrid abonaba a la empresa una comisión del 30% sobre el importe recuperado. Pero, según el segundo contrato, de 2008, Cañellas de Colmenares cobraba de las costas a las que era condenado el moroso si aquél ganaba el juicio. En caso de que el deudor no fuera condenado a pagar las costas, era Avalmadrid la que le abonaba los honorarios directamente, previa presentación de la correspondiente factura. El importe incluía un 20% de descuento sobre las tarifas recomendadas por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, los costes de investigación de la solvencia del moroso, y los costes de los procuradores los sufragaba igualmente Avalmadrid. En esos años presidía la entidad semipública Eva Piera.

Es decir, subraya el informe, Fernando Cañellas cobraba “independientemente del éxito de la reclamación judicial” que gestionaba, mientras que Cobralia sólo lo hacía en caso de éxito. El problema es que los analistas de PwC desconocían, por la información que Avalmadrid les facilitó, si existía resolución judicial en cada uno de los expedientes que el presidente de Cobralia facturó y Avalmadrid le pagó.

Cruce de correos para solucionar el pago de honorarios

Las sospechas sobre la finalidad real de los contratos analizados por la consultora proceden de varios cruces de correos electrónicos entre directivos de Avalmadrid y de éstos con Cañellas de Colmenares entre abril y junio de 2012. En ellos, se habla de una “posible” subrogación de Cobralia “como parte de una solución global para facilitar el pago de los honorarios devengados por Fernando Cañellas y pendientes de cobro”. Los ejecutivos expresan su preocupación por las “debilidades” del contrato de subrogación y las “situaciones controvertidas” que éste puede generar.

Posteriormente, es el propio Fernando Cañellas quien envía un correo al director de Operaciones, al secretario del consejo de administración y al consejero delegado de Avalmadrid en el que propone la “estructura jurídica” para pagarle los honorarios, incluyendo la subrogación y la venta de la cartera de fallidos. Como este “planteamiento” supone un “coste fiscal muy alto” para él, plantea que se subroguen sólo los expedientes que él factura a Cobralia, que Cobralia facture a Avalmadrid por la gestión judicial de esos expedientes y que, después, Cobralia le compre la cartera.

Así, el 7 de junio de 2012, Cobralia emite una factura por una lista de expedientes que asciende a 305.362,45 euros, de los que se descuenta un 25% y a los que se añade un 18% de IVA. Un total de 270.245,76 euros. La transferencia se realiza cuatro días después, la misma fecha en que Avalmadrid firma con Cobralia el contrato de venta de fallidos. El precio de la operación fue de 113.772,91 euros.

Como estos correos y la discusión entre ambas empresas sobre el contenido de la factura tienen fecha de 2012, los analistas de PwC sospechan que el contrato de subrogación, de octubre de 2010, pudo haber sido “predatado” a esa fecha, porque en realidad se redactó y firmó dos años después.

El próximo día 26 de noviembre comenzará sus sesiones la comisión de la Asamblea de Madrid que investigará las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, destapadas por una inspección del Banco de España y por las informaciones publicadas por infoLibre. Los inspectores del organismo supervisor y los analistas de otra consultora, Forest Partners, desvelaron el trato de favor que esta entidad semipública, propiedad en un 26,1% de la Comunidad de Madrid, ha otorgado durante años a ciertas empresas en la concesión de avales. Muchas de ellas estabanvinculadas a miembros del PP o a algunos de los socios de la propia sociedad de garantías, como Bankia, la patronal madrileña CEIM o la Cámara de Comercio de Madrid. Entre los supuestos favorecidos se encuentra la empresa de la que eran socios los padres de la actual presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Durante años, Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que concedió en diciembre de 2011 a MC Infortécnica SL, una firma de suministros médicos, y que sus propietarios y avalistas no devolvieron. Entonces era Cobralia la empresa encargada de recuperar fallidos como los de la empresa de los padres de Díaz Ayuso.

Asesoría jurídica de Caja Madrid

Fernando Cañellas fundó Cobralia en 2002, después de pasar 14 años en Cajamadrid, donde comenzó en 1982. Fue uno de los seis miembros de la asesoría jurídica de la caja de ahorros a quienes el entonces presidente, Jaime TerceiroJaime Terceiro, abrió un expediente sancionador en 1996 por las anomalías encontradas en la gestión que este departamento llevaba a cabo en el cobro de morosos. Dos años antes, en mayo de 1994, Terceiro había disuelto la asesoría jurídica después de que el departamento de Auditoría Interna elaborase un informe que destapaba irregularidades que habían costado a la caja 30.000 millones de pesetas –180,3 millones de euros–, según publicó en su día el periódico Abc.

Los seis abogados del departamento presentaron después un requerimiento notarial donde se calificaba ese informe de “falso, extemporáneo e ilegal”. Según explicaban en su escrito, los responsables de la caja de ahorros ni les comunicaron el contenido del informe ni les dieron ocasión de presentar alegaciones. También rechazaban cualquier responsabilidad en las anomalías descubiertas. Por el contrario, aseguraban que habían cumplido entre 1992 y 1994 los objetivos de recobro de deuda de forma “espectacular”, “duplicando e incluso triplicando” los resultados de ejercicios anteriores.

Por esas fechas se estaba librando en Caja Madrid una auténtica guerra interna que desembocaría en la renuncia de Jaime Terceiro, en septiembre de 1996, y su sustitución por Miguel Blesa, tras un pacto entre PP, Izquierda Unida, CCOO y la Confederación de Cuadros. Abc citaba entonces a fuentes de los partidos representados en los órganos de gobierno de la entidad, que veían motivos políticos tras la batalla en torno a la asesoría jurídica. En concreto, mencionaban a Emilio Navasqües, que además de miembro de ese departamento era consejero en representación de la plantilla y se había manifestado en repetidas ocasiones en contra de la permanencia de Jaime Terceiro al frente de la caja y a favor de su sustitución por Miguel Blesa. Ignacio Navasqües, hermano del anterior, miembro del mismo departamento y también consejero de la entidad, fue condenado en 2018 a un año de cárcel por el caso de las tarjetas blackel caso de las tarjetas black.

El de Cobralia es el tercer informe que PwC ha elaborado por encargo de Avalmadrid. La entidad semipública solicitó a la consultora un dictamen sobre la conveniencia de denunciar ante la Fiscalía el trato de favor a ciertas empresas descubierto por los analistas de Forest Partners. PwC le recomendó que acudiera al ministerio público. Además, la sociedad de garantías le pidió consejo sobre si debía recurrir el archivo del caso que había decidido el fiscal por considerar prescritos los posibles delitos. En este caso, PwC le aconsejó que no continuara con el proceso judicial.

Rodrigo Rato y Figaredo, azote de los gobiernos socialistas en su etapa de oposición. Especialista en grandes soflamas éticas desde el escaño del Congreso de los Diputados.

Ministro de Economía de Aznar y supuesto padrastro del “milagro económico” español (“boom inmobiliario”); Director del Fondo Monetario Internacional, dio la espantada del mismo a mitad de mandato, sin ninguna explicación y justo cuando empezaba la caída del mundo financiero, preámbulo de la mayor crisis económica mundial después del crack de 1929. Unos años después de su precipitada y nunca explicada marcha, el FMI publicó un durísimo informe interno sobre su nefasta gestión. Rato ha pasado a la historia del fondo como uno de sus peores directores. El FMI de Rato, según ese informe, "no anticipó la crisis, ni su ritmo ni su magnitud". Era el FMI de Rato el que ponía como ejemplo de economía "robusta" a Islandia (ese país que después quebró); el que elogiaba el sistema financiero estadounidense como "resistente y bien regulado" (como Lehman Brothers y el resto de la banca de inversión); el que aseguraba que "los mercados han mostrado que pueden autocorregirse y que de hecho lo hacen" (como vimos con las subprime).

Este miserable que, a su vuelta a España, maniobra dentro de su partido para hacerse con las riendas de Caja Madrid, como salvador de la entidad reflotada con el dinero de todos los españoles. Como premio por la tocata y fuga del FMI,  Mariano Rajoy le entregó otra bicoca: la presidencia de la cuarta entidad financiera del país. Hoy se recuerda poco, pero ni Miguel Blesa ni Rodrigo Rato llegaron al puesto por oposición ni por su currículum. A Blesa lo colocó su compañero de pupitre, José María Aznar, no tenía más currículum para el cargo que la amistad personal del presidente. A Rato lo puso también a dedo Manuel Fraga.

Este miserable, después del rescate de Bankia, después de su espantada del FMI, después de que la Audiencia Nacional le imputase por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar los precios y apropiación indebida, vendedor de preferentes a pequeños ahorradores. Continúa siendo militante del Partido Popular. Ha tenido que llegar el fraude de las “tarjetas black', (paradigma de los miserables) para que la justicia actuara contra este miserable. El verdadero milagro no fue la economía española de entonces, el verdadero milagro es que este miserable todavía no esté en la cárcel. 

Este miserable acaba de realizar su penúltima y doblemente miserable hazaña: reclamar 380 € a una humilde trabajadora de Gijón por unos cojines que le dejó para que se los arreglara. Este miserable no acudió a recogerlos, como era su obligación, en el plazo fijado (un mes), acudió seis meses más tarde, cuando la costurera, cansada de esperar y ocupándole un espacio en su pequeño local, optó por donarlos a Cáritas, a través de un contenedor cercano a su local. Ahora, este personaje, doblemente miserable, reclama a través de la oficina del consumidor a esta humilde trabajadora la cantidad de 380€, “por el valor sentimental de los cojines” !!MANDA COJINES!!

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Estanislao Rodríguez Ponga fue el primero de los condenados por las tarjetas black de Caja Madridblack que ingresó en prisión. El ex secretario de Estado de Hacienda en el segundo Gobierno de José María Aznar fue sentenciado a tres años y dos meses de cárcel por gastarse 255.000 euros con la tarjeta opaca al fisco que le proporcionó la entidad entonces presidida por Miguel Blesa. Desde el pasado 17 de octubre se encuentra en la prisión de Soto del Real (Madrid), la misma donde cumplen condena el exvicepresidente Rodrigo Rato, el extesorero del PP Luis Bárcenas y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. En ese momento también rescindió su contrato laboral con El Corte Inglés, en cuya área financiera e inmobiliaria trabajaba, según ha podido saber infoLibre.

Según fuentes oficiales del gigante comercial, Rodríguez Ponga puso fin a su relación laboral “por voluntad propia”. “Se llegó a un acuerdo”, explican, aunque sin precisar si se le pagó una indemnización. Desde 2009 el ex secretario de Estado había sido consejero delegado de Móstoles Industrial, una de las firmas del grupo entonces presidido por Isidoro Álvarez que se dedicaba a la fabricación de muebles de cocina y ha sufrido un progresivo desmantelamiento en los últimos años, tras ejecutar cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y reducir su plantilla a una décima parte de la que tenía en 2007.

Cuando fue procesado por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, Rodríguez Ponga “renunció” a ese puesto. A partir de entonces, continuó en El Corte Inglés pero fuera del área tributaria, recalcan las fuentes del grupo. “Él no quiso estar al cargo de temas de ese tipo por su actividad anterior”, explican. Rodríguez Ponga es inspector de Hacienda y ejerció como asesor fiscal de grandes empresas como el BBV, Repsol y la propia Caja Madrid en los años 90.

No devolvió los 255.000 euros

Quien fue número dos de Cristóbal Montoro entre 2001 y 2004, accedió al consejo de administración de Caja Madrid en 2006 y después resultó elegido vicepresidente no ejecutivo y miembro de la Comisión de Control de Cajamadrid. Fue imputado en 2012 y condenado por apropiación indebida de una cantidad que no ha devuelto. Hasta dentro de nueve meses y medio no podrá permisos para salir de Soto del Real.

Antes de su procesamiento por las tarjetas black, también había sido imputado por un supuesto delito fiscal de 21 millones de euros cometido por el BBV en 1995 cuando compró el banco mexicano Probursa. La Audiencia Nacional terminó sobreseyendo el caso. Rodríguez Ponga sustituyó al frente de la Secretaría de Estado de Hacienda a Enrique Giménez Reyna, quien tuvo que dimitir por su implicación en el caso Gescartera.

Suman 39. Todos ellos, salvo dos, perfectamente identificables. Son los políticos, empresarios, periodistas y policías que desfilan por el manuscrito secreto incautado a Ignacio González durante los registros de la Operación Lezo y desvelado este jueves por infoLibre. A lo largo de tres folios, el hoy expresidente madrileño, entonces todavía vicepresidente de Esperanza Aguirre, plasmó en 2012 la información, las opiniones y los apoyos recabados en su movilización por detener el avance del llamado caso ático, donde se investiga el origen de su lujoso piso de Estepona y que le costó tanto su primera imputación penal como su derrumbe político. Pero, sin pretenderlo, González, que en 2017 acabaría seis meses en prisión por el caso Lezo, dibujó también la urdimbre de un sistema subterráneo de relaciones sin el que difícilmente se entiende su larga supervivencia frente a la sucesión de escándalos que jalonaron su carrera. No todos los que aparecen en el documento participaron de la estrategia del dirigente madrileño. De hecho, también figura alguno de sus grandes enemigos internos, como Francisco Granados. Pero su simple mención en el texto explica su presencia en este quién es quién en el manuscrito secreto de Ignacio González. Estos son los 39:

  los políticos

Doce del PP... 

1. María Dolores de Cospedal. Secretaria general del PP desde 2008 y actual ministra de Defensa, es el personaje político al que mayor atención y espacio dedica González. El expresidente madrileño le atribuye haber pactado "con Rubal" –Alfredo Pérez Rubalcaba– la permanencia de José Luis Olivera en la estratégica unidad policial UDEF, que investigó el caso Gürtel, "para hacer otras cosas (sic)". Su nombre aparece ya en el tercer párrafo del texto cuando González reproduce uno de los datos que, según su relato, le había suministrado el entonces poderoso comisario José Manuel Villarejo: "Me dice que es amigo del marido de Cospedal desde hace 30 años y que ayuda a María Dolores y que le conoce". Casi al final del documento y tras una serie de anotaciones en las que se muestra su extrañeza por verse finalmente investigado, González introduce la siguiente pregunta sobre Cospedal: "Qué sentido tiene eso, si fue ella quien me puso en la Ejecutiva Nacional?"

2. Francisco Granados. Número dos del PP madrileño entre 2004 y 2011, consejero de peso en todos los gobiernos de Aguirre, máximo enemigo interno de Ignacio González y principal imputado en la Operación Púnica, Granados aparece en el texto como uno de los personajes centrales. "Desde junio 2011 están con Marbella (o antes). Lo cuenta Granados", se lee en la segunda línea del texto y justo antes de arrancar con el resumen de la reunión que el propio González había mantenido con el policía Villarejo. González le acusa de estar moviendo hilos e influencias para perjudicarle: cita un almuerzo que "Bieito" [Rubido, director de ABC] le ha contado que tuvo Granados con el periodista Eduardo Inda. Añade que "estuvo en Ferraz viendo a Rubalcaba". Y apunta algo que, a tenor de lo que escribe González, le dijo el diputado socialista madrileño José Cepeda: "Pepe Cepeda (PSOE) ya me contó hace mucho tiempo que Granados enredaba con este tema de Marbella".

3. La "jefa" (Esperanza Aguirre). González, que en septiembre de 2012 sucedió a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid, solo la cita una vez. Y ni siquiera por su nombre. Pero el contexto indica que es ella la "jefa", aquella a quien el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró, según su relato y al igual que al entonces consejero Percival Manglano, que "no hay investigación policial". Fue la gran mentora de Ignacio González, cuya carrera impulsó desde su misma llegada al palacio de la Puerta del Sol a finales de 2003. Desoyó todas las alarmas –desde el campo de golf promovido por el Canal de Isabel II y del que se benefició la familia de su entonces vicepresidente a la lluvia de datos que desde 2012 empezaron a caer sobre el ático de Estepona–, le otorgó poder omnímodo en la empresa pública de agua y le eligió como sucesor tanto institucional como en el liderazgo del PP madrileño. Cuando en abril de 2017 González fue detenido por la Operación Lezo, Aguirre lloró ante las cámaras: "Si es culpable, para mí sería un palo", dijo. Desde entonces, las pesquisas de la Fiscalía y la UCO han afianzado las sospechas de que todas las campañas de Aguirre se financiaron con dinero negro y con facturas falsas de adjudicatarios de contratos públicos. No está imputada ni en Púnica ni en Lezo. 

4. Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno y líder del PP es el político de mayor rango que aparece en el manuscrito, aunque González lo menciona solo una vez y en el contexto del plan que atribuye a la número dos del partido, María Dolores de Cospedal: "Según Mauricio [Casals, presidente de La Razón], el Gürtel lo controla Mª Dolores con estos polis y controla todo el partido y quieren acabar con todo lo anterior para heredar a Mariano Rajoy y puede ser ella la que use Gürtel contra todos".

5. Ignacio Cosidó. Diputado del PP durante tres años y medio tras las elecciones de 2008 y director general de la Policía desde la llegada de Rajoy a la Moncloa y hasta noviembre de 2016, Ignacio Cosidó tuvo un papel esencial en el intento de impedir que el caso ático llegase a los tribunales. En julio de 2012, destituyó al entonces comisario general de Policía, Enrique Rodríguez Ulla, días después de que este informase a su superior de que había interrogado al primer propietario del inmueble. Antes, y a tenor de la horquilla temporal que sitúa la confección del manuscrito entre el 20 de marzo y el 2 de julio de 2012, informó a dos personas ajenas a la Policía, la Fiscalía y la judicatura –la "jefa" y "Percival"– de que no había ninguna investigación oficial en marcha. 

6. Benjamín Martín Vasco. Diputado del PP en la Asamblea de Madrid hasta el estallido del caso Gürtel, está imputado en el tronco general de la causa por su actuación como consejero delegado de la empresa municipal de Fomento de Arganda del Rey. Ese municipio fue escenario del mayor pelotazo urbanístico investigado en Gürtel, la adjudicación a bajo precio de una parcela para casi 3.000 viviendas a la empresa Martinsa. En el manuscrito, González asegura que el comisario Villarejo le había informado de lo siguiente: "que hay un tal Benjamín Martín Vasco que ha declarado que yo estoy implicado en Gürtel con las parcelas de Arganda y F. Martín [Fernando Martín] y que la casa es de F. Martín en Delaware".

7. Percival Manglano. Fue consejero de Economía de Madrid justo hasta que González tomó el relevo de Aguirre como presidente y lo defenestró. Ahora ocupa un asiento como concejal en el grupo municipal del PP en Madrid. El manuscrito le presenta como destinatario de la confidencia atribuida a Ignacio Cosidó, quien supuestamente le confirmó que el ático no era objeto de investigación policial.

8. Alejandro Halffter. Ahora director de negocios de la actividad empresarial de la sociedad pública SEPI Desarrollo Empresarial SA, Halffter saltó a la fama cuando trascendió la ya célebre conversación grabada donde uno de los presuntos espías de Madrid –agentes a sueldo de la Comunidad que espiaron a Gallardón y otros cargos del PP contrarios a Aguirre– que habían tenido que declarar como imputados dijo lo siguiente: "A mí me dijo Halffter: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas". En 2012, Halffter, que antes había ocupado la viceconsejería de Presidencia de Interior con Francisco Granados, poseía también ese rango, pero en el departamento de Vivienda. Según González, fue el primero que le habló del comisario Villarejo. "Villarejo ya me habló hace años de él Alejandro Halfter y el de seguridad de los juzgados y el Decano", se lee en el manuscrito. 

9. Álvaro de la Cruz. Fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos en su etapa como secretario general del PP y más tarde, número dos de Rita Barberá en la Federación de Municipios (FEMP), donde adjudicó contratos a la trama Gürtel, aunque nunca llegó a estar imputado. Según González, De la Cruz participó en el espionaje a que fue sometido durante su viaje a Cartagena de Indias (Colombia) en 2008, aquel del que quedó un vídeo donde se ve al político entrar con bolsas blancas a una vivienda y salir sin ellas. "Me dicen –dice el manuscrito– que mi espionaje a Colombia lo hace Álvaro de la Cruz y la Empresa de Seguridad y que lo paga [Miguel] Blesa por Caja Madrid". 

10. Alberto Ruiz-Gallardón. Presidente de la Comunidad de Madrid, luego alcalde de la capital y finalmente ministro de Justicia, Gallardón aparece mencionado en el manuscrito secreto de González porque, según su version, es uno de los que le preguntan por el asunto del ático. Enemigo de González –como de su jefa, Esperanza Aguirre–, Gallardón se encuentra hoy paradójicamente unido a él por la Operación Lezo: Anticorrupción no ha decidido todavía si pedirá la imputación del exalcalde pero sigue reuniendo datos sobre su participación en la compra de la empresa colombiana Inassa en 2001, durante su mandato al frente de la Comunidad. Varios de sus principales colaboradores de aquella etapa ya han declarado ante el juez García Castellón.

11. Ana Botella. El documento ológrafo de González también incluye el nombre de la sucesora de Gallardón en la Alcaldía de Madrid. Pero solo porque fue otra de las personas que le preguntó por el ático.

12. Manuel Cobo. Vicealcalde con Gallardón, Cobo es el tercero que figura en la anotación que González hizo con este redactado: "Me preguntan: Gallardón, Ana Botella, Cobo".

... Y dos del PSOE

13. Alfredo Pérez Rubalcaba. Antecesor directo de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE, paradigma del histórico aparato socialista y ministro del Interior en los cinco últimos años de gobierno de Zapatero, Rubalcaba está considerado uno de los mayores conocedores de los entresijos de la seguridad del Estado. En el relato que traza González en su manuscrito desempeña un papel relevante y casi de bisagra: porque lo presenta junto con Cospedal como artífice de un pacto que se describe de manera muy sucinta –el de la permanencia de Olivera– y porque sugiere que mantiene una buena relación con Granados. Es decir, con su peor enemigo. El jueves, Rubalcaba negó a infoLibre de manera taxativa haber abordado jamás con Cospedal el asunto del ático de González. ¿Se reunió con Granados en Ferraz? "No", respondió en el mensaje que cruzó por escrito con este diario.

14. José Cepeda. Histórico del PSOE madrileño y miembro de distintas familias políticas a lo largo de los años, José Cepeda ocupa un escaño en la Asamblea de Madrid desde hace 14 años. En su manuscrito secreto, y refiriéndose a él por el diminutivo "Pepe", Ignacio González asegura esto: "Pepe Cepeda (PSOE) ya me contó hace mucho tiempo que Granados enredaba con este tema de Marbella".

  los empresarios

15. Fernando Martín. Propietario de Martinsa-Fadesa, ahora en liquidación, está imputado en Gürtel en la rama donde la Audiencia Nacional investiga el pelotazo que a finales de 2004 puso en manos de la promotora suelo para 2.700 viviendas en el municipio de Arganda del Rey, a 30 kilómetros de Madrid a un precio irrisorio. Tan bajo que Martinsa pagó 77 millones por el total de la parcela y a los dos años vendió un tercio por 73 millones. El jefe de Gürtel, Francisco Correa, logró la mayor comisión ilegal –al menos 12 millones– con esa operación. Pero hay más: las acusaciones populares del caso ático sostienen que ese piso pudo ser un soborno de Fernando Martín a Ignacio González por dar vía libre desde la Comunidad al pelotazo de Arganda. Vinculándola a lo que le había contado el comisario Villarejo, el expresidente de Madrid hizo mención a esa sospecha en su manuscrito: "Que investiga mi casa de Marbella y que hay un tal Benjamín Martín Vasco que ha declarado que yo estoy implicado en Gürtel con las parcelas de Arganda y F. Martín y que la casa es de F. Martín en Delaware".

16. Enrique Sánchez. Dado el mapa de relaciones de Ignacio González, la anotación se refiere de manera inequívoca al propietario de Segurisa, junto al que en marzo de 2008 se desplazó a Sudáfrica en un viaje por cuyo billete de avión el político dijo haber pagado 8.000 euros en metálico "porque me venía bien". Cuando el diario El País informó de aquel viaje, González aseguró que jamás le había adjudicado ningún contrato público a Enrique Sánchez. Poco después, Público confirmó que el vicepresidente había mentido: en 2006, el Canal de Isabel II había adjudicado un contrato de 33,4 millones a Segurisa, con Sánchez como principal accionista. El manuscrito secreto lo incluye dentro del perímetro de quienes en 2012 estaban haciendo gestiones en favor de González para detener la difusión del caso del ático de Estepona. La entrada concerniente al empresario de seguridad dice así: "Enrique Sánchez: habla Mundo, Casimiro, Antonio, etc. Publicarán que la policía investigará de nuevo Colombia".

17. Pedro Pérez Fernández de la Puente. Persona muy próxima a Ignacio González, en el manuscrito secreto aparece solo con nombre y primer apellido. Pero el binomio Pedro Pérez-Ignacio González conduce inexorablemente a quien hasta julio de 2013 presidió la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales: Pedro Pérez Fernández de la Puente. El empresario negó entonces que su cese voluntario guardase la menor relación con el hecho de que en los documentos remitidos por Suiza al juez de Gürtel apareciese directamente vinculado a la cuenta de una sociedad panameña de Francisco Correa, Itelsa. En esa cuenta también participaba el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero. El empresario siempre adujo que alguien debía de haber suplantado su personalidad. Pero lo cierto es que en la cuenta abierta por Itelsa en el HSBC no solo constaba el nombre y los apellidos encadenados de Pérez sino su DNI y su dirección. La anotación que González hace junto a su nombre es probablemente la única teñida de ironía. O de sarcasmo. "Me dicen hablan con Mercado y Pedro Pérez: horror!!". Mercado es el periodista Francisco Mercado. 

18. Ignacio López del Hierro. Ejecutivo de dilatadísima, polifacética y controvertida trayectoria y antiguo gobernador civil con UCD, López del Hierro saltó al primer plano cuando en 2009 se casó con María Dolores de Cospedal. En su recapitulación sobre el ático, González lo menciona dos veces, ninguna de ellas por su nombre sino como "marido" de la dirigente conservadora y ministra de Defensa. La primera vez lo hace para anotar que Villarejo le dijo que es "amigo" suyo "desde hace 30 años"; la segunda, para apuntar también en referencia a Cospedal que "El Mundo saca todo contra su marido". Una de las conversaciones intervenidas en Lezo constata que cuatro meses antes del estallido de la operación, el –presunto– testaferro y hombre de confianza de González para sus averiguaciones en materia policial, el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, le hizo el siguiente aviso al político madrileño: que quien mandaba en Mercasa, la empresa pública de abastecimiento de mercados, era López del Hierro. "Lo que te quiero decir, que Eduardo Ameijide [expresidente de Mercasa, ahora imputado], lo que diga Ignacio López del Hierro lo hace". Tanto Ameijide como López del Hierro lo negaron con rotundidad.

19. Eduardo Zaplana. Expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo, las conversaciones interceptadas en el caso Lezo presentan a Zaplana como uno de los más asiduos y firmes confidentes de Ignacio González. En el otro gran caso de corrupción que afecta al PP de Madrid, la Operación Púnica, la UCO emitió un informe donde sostiene que Zaplana, dueño de una consultora y consejero de Logista, debe adquirir la condición de investigado por tráfico de influencias. Pero, al menos de momento, no pesa ninguna imputación sobre él. En el manuscrito de González aparece una sola vez. Justo en el bloque donde el expresidente enumera las gestiones que él mismo o sus allegados están haciendo para evitar que la investigación sobre el ático siga adelante y se instale en la opinión pública. La anotación dice esto: "Zaplana: habla Inda y P.J.". Se refiere al periodista Eduardo Inda y, presumiblemente, a quien en ese momento era su jefe como director de El Mundo, Pedro J. Ramírez.

20. Pedro Antonio Martín Marín. El manuscrito de González solo menciona su nombre de pila. Pero el contexto y la cercanía que siempre ha mantenido el expresidente madrileño con el antiguo secretario de Estado de Comunicación de Aznar –lo nombró, por ejemplo, presidente del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid– indican que se trata de él. En referencia a la investigación policial sobre el ático, González le atribuye una de las frases del texto que remiten a la pelea interna que en los últimos años han protagonizado altos mandos policiales: "Pedro Antonio: esta es una guerra en la UDEF que hay que parar!!"

21. Miguel Blesa. Fallecido el año pasado tras su condena por el caso de las tarjetas black, el hombre que llevó a la ruina a Caja Madrid se contaba entre los enemigos capitales de Ignacio González. En 2009, Esperanza Aguirre intentó destronar a Blesa como presidente de la entidad de ahorro y colocar en su lugar a González. La entonces jefa del Ejecutivo regional a punto estuvo de lograr el consenso de PSOE e IU y de los sindicatos. Finalmente, fracasó en su plan. En su manuscrito, González sostiene que Blesa pagó "por Caja Madrid" el espionaje del que había sido objeto en 2008 durante su viaje a Colombia.

22. Manuel Pizarro. Expresidente de Endesa y exdiputado del PP, a Pizarro le incluye González una sola vez en su manuscrito, también en el bloque donde hace acopio de información sobre el ático: "Manolo Pizarro a Carlos Domínguez: iba a salir algo gordo mío!!!"

  Los periodistas y directivos de medios

23. Mauricio Casals. Presidente de La Razón y adjunto al presidente de Atresmedia, Mauricio Casals es el directivo de comunicación a quien más espacio dedica González en su manuscrito secreto. En abril de 2017 el juez de Lezo le interrogó en calidad de investigado bajo la sospecha de que había presionado a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, para evitar que denunciase las ilegalidades detectadas por su equipo en el Canal de Isabel II. Pero el juez levantó la imputación de manera inmediata después de que Cifuentes asegurase por escrito que "en ningún caso" habría dejado de elevar esa denuncia, que afectaba a uno de los consejeros de la empresa editora de La Razón: Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González en Latinoamérica y uno de los principales investigados en Lezo. Las conversaciones interceptadas dejaron al descubierto una en la que González relata a Zaplana lo siguiente: que una "magistrada amiga de la casa" le había contado a Casals que había una investigación abierta que le afectaba. El pasado lunes, el juez que investiga ese fleco de Lezo sometió a Casals y González a un careo. El primero negó haber dicho nunca nada de ninguna magistrada amiga. Y González se escudó en que, si bien creyó entender eso, no lo recordaba con precisión. En el manuscrito secreto, Casals aparece dos veces: "Casals: apoyo. con Partido, M. Castro y Galiano", dice la primera anotación. La segunda se refiere a Cospedal: "Según Mauricio el Gurtel lo controla Mª Dolores con estos polis y controla todo el partido y quiere acabar con todo lo anterior para heredar a Mariano Rajoy y puede ser ella la que use Gurtel contra todos".

24. Julio Ariza. El dueño de Intereconomía se colocó en la primera fila del escenario mediático en la primavera de 2017 en cuanto trascendió una de las conversaciones interceptadas a Ignacio González en la que este le contaba a su interlocutor –Eduardo Zaplana de nuevo– que Ariza había utilizado una grabación de un donante del PP para chantajear a Rajoy. La cinta, desde luego, existe: refleja una conversación entre Ildefonso de Miguel, que fue factótum de González en el Canal de Isabel II, y el empresario Rafael Palencia, presidente de Degremont en 2008. Ahora, su nombre aparece en el manuscrito secreto de González entre aquellos que le garantizan "apoyo" en el caso del ático: "Ariza: apoyo. Pero ojo!, al parecer quiere que Inda sustituya a Carlos Dávila".

25. Bieito Rubido. Director de Abc.  González lo cita solo por su nombre en la siguiente anotación: “Bieito: apoyo”.

26. Antonio Fernández Galiano. El consejero delegado de Unidad Editorial (El Mundo) figura en el texto de González dos veces: aquella donde el político da por seguro el apoyo de Mauricio Casals "con Partido, M. Castro y Galiano", y otra redactada del siguiente modo: "Antonio Fernández Galiano: habló con Inda, si no hay nada judicial ni oficial no habrá información (según Inda)". El Mundo siguió dando información sobre el ático de González.

27. Eduardo Inda. Las alusiones al hoy director de OKdiario y en 2012 periodista de El Mundo son una constante en el manuscrito del expresidente de Madrid. Todas las informaciones sobre el ático de Estepona llevaban su firma y la de Esteban Urreiztieta, que permanece en el diario de Unidad Editorial y a quien González no cita. "Inda me llama y publica la basura: informe policial, testigo, Colombia, Gibraltar, etc.", dice una de las anotaciones. El documento constata la preocupación que suscitaban en el entonces delfín de Aguirre los contactos de Inda con Francisco Granados. En esas fechas, buena parte de los actores políticos de la Comunidad de Madrid coincidían en una certeza nunca confirmada aún: la de que Granados atesoraba un auténtico arsenal de información contra González y viceversa.

28. Pedro J. Ramírez. González reservó una escuetísima referencia a quien en 2012 dirigía el diario El Mundo y hoy capitanea el digital El Español. La incorpora cuando aborda el reparto de tareas de su círculo: "Zaplana: habla Inda y P.J." Dos años después de haber escrito esos tres folios que la UCO extrajo de una libreta durante el registro a su domicilio en Madrid, González abroncó en la COPE a Ramírez por las informaciones sobre los testaferros que la sociedad de Delaware que formalizó la venta del inmueble a González y su mujer compartían con Francisco Correa en Panamá: "Esto que publica es otra basura a la que usted nos tiene acostumbrados, porque no presenta ni una sola prueba de nada, sólo insinuaciones. ¡Deje de hacer falsas insinuaciones que es a lo que se dedica usted en su periódico!". 

29. Casimiro García Abadillo. El ahora director del digital El Independiente desempeñaba el cargo de vicedirector de El Mundo cuando González elaboró su manuscrito. Aparece citado solo con su nombre en la anotación que encabeza Enrique Sánchez: "Habla Mundo, Casimiro, Antonio, etc. Publicarán que la policía investigará de nuevo Colombia".

30. Carlos Dávila. Hasta junio de 2012, Dávila fue director de La Gaceta, el diario ultraconservador de Intereconomía. A González le preocupaba que el dueño del grupo, Julio Ariza, se planteara sustituirlo por Eduardo Inda.

31. Manuel Cerdán. Periodista de investigación en sucesivos medios a lo largo de su carrera, el ahora director adjunto de OKdiario dirigía en 2012 en Telemadrid, la cadena autonómica madrileña, el programa Objetivo. Su inicial y su apellido emergen casi al comienzo de manuscrito, en una entrada en la que González parece referirse a la investigación inicial sobre el ático de Estepona: "Me cuentan esta hª por todos lados y M. Cerdán y Zaplana me confirman que es una investigación paralela, no oficial".

32. Francisco Mercado. Periodista de investigación que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en El País, periódico a cuya plantilla ya no pertenece. González le dedica una mención en compañía del empresario Pedro Pérez y situada justo debajo de aquella que expone los compromisos que supuestamente ha adquirido Casals: "Me dice hablan con Mercado y Pedro Pérez: horror!!"

  los policías

33. José Manuel Villarejo. En prisión preventiva desde el 6 de noviembre, el comisario con mayor proyección pública en los últimos años, considerado por sus enemigos como el mascarón de proa de las llamadas "cloacas del Estado" y uno de los principales artífices de la llamada "policía patriótica", es uno de los protagonistas estelares en el relato trazado por Ignacio González. El entonces vicepresidente de Madrid se reunió con "Pepe Villarejo y el gordo" [el comisario Eugenio García Castaño] en una cafetería de la Puerta del Sol en noviembre de 2011. Allí, en medio de un bar y así lo resume el político madrileño, ambos le informaron sobre la investigación en torno al ático. Y le dijeron lo que González reflejó así: "que sería bueno que yo le diera un recibo de pago". Esa reunión quedó grabada. La grabación fue difundida por El Mundo en 2015. Pero ya en 2012 González temía el poder de Villarejo, que para esa fecha –o así lo aseguran algunos policías que han seguido de cerca su carrera– poseía ya los datos básicos y suficientes sobre el sospechoso origen del ático de Estepona. En su manuscrito, González le reservó varias anotaciones. Una de las más significativas se localiza casi al final del texto: "QUIÉN HACE ESTO: Villarejo y alguien más"

34. José Luis Olivera. El actual director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ocupa un papel relevante en el manuscrito secreto de González: porque es su nombre el que consta vinculado al hipotético pacto alcanzado por Cospedal y Rubalcaba en ese primer semestre de 2012 para mantenerlo en la UDEF, la principal unidad policial de lucha contra la corrupción, aunque "para hacer otras cosas (sic)". Que González incorporase ese "sic" sugiere que estaba reproduciendo una frase previamente enunciada por un tercero, probablemente por quien le contó que había un pacto y que Olivera se mantendría en la unidad a cuyo frente se había situado en 2006, justo el año en que Rubalcaba desembarcó en Interior. Finalmente, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, removió del cargo a Olivera el 2 de julio de 2012. Al día siguiente, y en una crónica precisamente firmada por Francisco Mercado, el diario El País informó de que las pesquisas sobre el ático de González latían bajo la destitución de Olivera, "una de las bestias negras del PP", así como la del comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla. En noviembre, el jefe del Citco compareció ante la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP. Y allí dijo que no ve "indicios fuertes" de que el PP se haya financiado vulnerando la ley.

35. Enrique García Castaño. Es "el gordo" a quien González se refiere la primera vez que nombra a Villarejo. En 2012, el comisario Enrique García Castaño dirigía la UCAO, el departamento que se encarga de seguimientos, escuchas y grabaciones. Con su nombre asociado a la llamada "policía patriótica", en febrero de 2017 fue destituido, fundamentalmente por sus vínculos con Villarejo. Según el diario Público, el ya exjefe de la UCAO les reconoció a sus redactores que es "amigo" de Ignacio González. Y que fue él quien le recomendó entablar contacto con Villarejo. “La cita con Ignacio González la monto yo, para que te quede a ti claro. Ignacio González es amigo mío”. Según explicó: “Yo monto una reunión hace cuatro años con Ignacio González porque el hombre, entre otras cosas, estaba preocupado. Le dije 'habla con tu asesoría jurídica o yo, que conozco a un comisario que es experto en estas cosas, te lo traigo y hablas con él'. Y eso es lo que hice y a mí no me ha llamado chantajista”.

36. Juan Antonio González. Cerebro de la operación Gürtel y protagonista de hitos como la captura de Luis Roldán, el comisario Juan Antonio González cayó del cargo de jefe de la Comisaría General de Policía Judicial nada más aterrizar el PP de Rajoy en la Moncloa. El manuscrito de González le dedica una anotación breve: "POR ORDEN DE QUIÉN: Juan A. Glez". En el momento en que el político redactó el documento, González ya había sido destinado al Consejo Asesor de la Policía.

37. Agapito Hermes de Dios. "Inda: cesan al comisario de Marbella por mi culpa". Tras esa anotación se esconde el nombre de Agapito Hermes, que en abril de 2012 fue destituido y enviado a una comisaría de Madrid justamente por investigar el ático de González. Que ese fue el motivo lo declaró el propio Hermes de Dios en junio de 2016 durante su comparecencia como testigo ante la jueza que investiga la adquisición de ese inmueble por parte del político y su esposa, Lourdes Cavero. El comisario reiteró que fue el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) y número dos de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, quien de viva voz le ordenó investigar el ático porque un confidente policial no identificado había avisado de que el inmueble era un supuesto soborno.

  Dos incógnitas

38. M. Castro. A tenor del contexto, la persona que aparece mencionada de esa forma por Ignacio González podría ser Carmen Martínez de Castro, actual secretaria de Estado de Comunicación. Pero a diferencia de lo que ocurre con otros personajes del relato, aquí no cabe asegurar de forma inequívoca si se trata o no de ella. González incluye a "M. Castro" en esta nota: "Casals: apoyo. Con Partido, M. Castro y Galiano".

39. Carlos Domínguez. El nombre aparece en esta anotación: "Manolo Pizarro a Carlos Domínguez: iba a salir algo gordo mío!!!". Este diario no ha logrado identificar con total seguridad al "Carlos Domínguez" del manuscrito, aunque podría tratarse de Carlos Domínguez Luis, que fue el máximo responsable de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y enero de 2015. En alguna conversación grabada en Lezo, González habla sobre él.

La Audiencia Nacional ha absuelto a la antigua cúpula directiva de Abengoa, a la que el fiscal acusaba de un delito de administración desleal y apropiación indebida por haber cobrado indemnizaciones de casi 16 millones de euros cuando la empresa se encontraba al borde del concurso de acreedores. Los magistrados no sólo han librado al expresidente Felipe Benjumea y al ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega –los que cobraron–, sino también a tres miembros de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, que informaron favorablemente sobre las indemnizaciones. Para los primeros las acusaciones pedían cinco años de cárcel y cuatro para los segundos.

Según la sentencia, los contratos de Benjumea y Sánchez Ortega fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que ambos intervinieran en su redacción. Tampoco cree el tribunal que los miembros de la comisión de retribuciones actuaran “torticeramente” al informar favorablemente sobre las condiciones económicas de los dos máximos ejecutivos de la empresa de ingeniería sevillana.

Además, descarta que existiera “confabulación” alguna para beneficiar a presidente y consejero delegado con su salida de la compañía. Finalmente, la Audiencia Nacional destaca que ni siquiera la propia Abengoa les pide ninguna cantidad, pese a que “ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado”. Benjumea y Sánchez Ortega abandonaron la empresa en 2015; Abengoa perdió 7.626 millones de euros en 2016.

La sentencia rechaza con dureza las que considera “peticiones indemnizatorias desbordadas” de las acusaciones. Y les reprocha que pretendieran ampliar el ámbito de los perjudicados por la mala gestión de los ejecutivos de Abengoa a los accionistas y bonistas de la empresa: los primeros vieron diluida su participación en un 95% con el acuerdo de refinanciación de noviembre de 2016 y los segundos sufrieron quitas superiores al 70%. “Se ha planteado el juicio como una causa general contra la actividad empresarial desarrollada en Abengoa”, recrimina la sentencia a los acusadores.

Reproche moral, pero no delito

Pese al escándalo y la indignación que han suscitado los múltiples casos de altos directivos que recibieron cuantiosos sobresueldos o prejubilaciones mientras sus empresas se encaminaban a la ruina, sólo unos pocos ejecutivos han sido condenados y han tenido que devolver lo indebidamente cobrado. De hecho, el Tribunal Supremo ha dejado al margen de toda responsabilidad penal las “conductas que, pudiendo generar otro tipo de reproche moral, ético o político, aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal”. Con ese argumento el Alto Tribunal archivaba en julio de 2013 las actuaciones judiciales contra la expresidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por el cobro de dietas irregulares en una comisión de Caja Navarra que no figuraban en las cuentas de la entidad ni habían sido comunicadas al Banco de España ni a la CNMV.

Desde luego, los casos más sonados han sido los que han afectado a los máximos directivos de las cajas de ahorro. A punto de ser rescatadas con dinero público o fusionadas con otras, asfixiadas por el ladrillo tóxico y recortando sus plantillas en miles de trabajadores, muchas de ellas subían los sueldos o aprobaban bonus y prejubilaciones para los responsables de su nefasta gestión.

Una conducta que las instituciones europeas quieren extirpar de raíz aplicando una cláusula de recobro o clawback, para los directivos de bancos con pérdidas o en trámite de resolución. Establecida por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco de España la impuso el pasado 1 de enero y el Santander acaba de activarla para reclamar 25 millones de euros a los dos últimos presidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como a los consejeros delegados Pedro Larena, Francisco Gómez e Ignacio Sánchez Asiaín. A Ron le correspondió una prejubilación de 12,8 millones y a Gómez, otra de nueve millones. El banco de Ana Patricia Botín absorbió el pasado mes de junio el Popular, que perdió la mitad de su cotización bursátil y agotó su liquidez tras reformular sus cuentas en 700 millones de euros.

Sólo  pagan Caixa Penedès y Novagalicia

A la espera de lo que decidan los tribunales sobre las prejubilaciones del Banco Popular, muchos son los directivos de entidades financieras que han debido defenderlas en sede judicial. Algunos ya han tenido que pasar por caja. Los primeros fueron cuatro exejecutivos de Caixa Penedès, después integrada en Banco Mare Nostrum (BMN). Condenados a dos años de cárcel por administración desleal, se libraron de ir a prisión porque devolvieron 27 millones de euros percibidos ilegalmente como prejubilaciones.

También fueron condenados a reintegrar prejubilaciones de escándalo los directivos de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas. Se embolsaron casi 19 millones de euros. Primero se subieron los sueldos y luego cambiaron sus contratos, justo cuando la entidad se encontraba técnicamente en la quiebra y había pedido ayudas públicas para ser rescatada. Finalmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó un total de 10.118 millones de euros, de los que da por perdidos 8.648 millones, según los cálculos del Banco de España.

El Supremo les obligó a devolver 10 millones de euros, pero como no desembolsaron ni la mitad, la Audiencia Nacional les envió a prisión el pasado mes de enero. Fernández Gayoso, de 85 años, salió de la cárcel el pasado agosto, debido a su elevada edad y a que ha terminado devolviendo la cantidad íntegra que le exigía el tribunal. Los demás continúan entre rejas, pero han obtenido permisos de salida semanales antes de conseguir el tercer grado.

Por el contrario, los 13 máximos ejecutivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) –luego integrado en el Banco Sabadell– se libraron de reintegrar los 47 millones de euros embolsados en 2010 y 2011 entre prejubilaciones, rentas vitalicias, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones variables. La Audiencia Nacional las consideró legales en una sentencia del pasado octubre tras absolverles de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La operación fue similar a la de Novagalicia: los ejecutivos aprobaron mejorar sus rentas justo cuando la CAM se dirigía hacia la bancarrota. El Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre con aportaciones del resto de las entidades bancarias españolas, inyectó para el rescate de esta antigua caja un total de 11.093 millones de euros, según las últimas cuentas del Banco de España. La sentencia avala las actuaciones de la cúpula de la CAM con el argumento de que aun no siendo “siempre lógicas e incluso inteligibles”, estuvieron “amparadas por las resoluciones de la comisión de remuneraciones y el consejo de administración” de la entidad.

Caja Madrid, Catalunya Caixa y Caja Segovia, pendientes

Pendiente de la decisión final de los jueces se encuentran aún los antiguos gestores de Caja Madrid. Según los cálculos que el FROB remitió a la Fiscalía, los ejecutivos de la entidad percibieron indebidamente un total de 14,8 millones de euros entre 2007 y 2010. Empezaron subiéndose el sueldo más de 26%, entre retribución fija, variable, aportaciones a planes de pensiones e indemnizaciones. También acordaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas black.

Tanto el expresidente Miguel Blesa como su director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, estaban obligados a sentarse en el banquillo por los 8,57 millones de euros que cobraron en sobresueldos ilegales y por los que la Fiscalía Anticorrupción les pedía cuatro años de prisión. También les reclama su devolución. Blesa se suicidó en julio, pero el Tribunal Supremo le condenó cuatro meses después a responder con sus bienes por los 9,3 millones de euros que defraudó por el uso de las tarjetas blackblack y de los que sólo devolvió una mínima parte. Por este caso, la Audiencia Nacional condenó a los 65 implicados a devolver 12,5 millones de euros. De ellos, 2,7 millones corresponden a Rodrigo Rato, que a partir de 2010 también presidió la sucesora de Caja Madrid, Bankia.

Y Bankia, una vez intervenida y nombrado José Ignacio Goirigolzarri al frente, exigió enseguida a 72 de sus mayores ejecutivos que devolvieran los bonus cobrados en 2011. Como resultado de la revisión de sus cuentas, los 309 millones de euros de beneficios que habían servido a los directivos para cobrar sus variables se convirtieron en 2.979 millones en pérdidas. Lo mismo ocurrió con la indemnización de un millón de euros que pretendió llevarse Rodrigo Rato al salir de Bankia en mayo de 2012.

A lo largo de los próximos meses los tribunales deberán dilucidar qué ocurre con las cantidades cobradas por todos ellos en los casos de las tarjetas black de Caja Madrid –pendientes de recurso en el Supremo–, así como de la salida a Bolsa y de la falsedad de las cuentas de Bankia. La Audiencia Nacional sostiene que las irregularidades contables que precedieron a la operación bursátil permitieron también a los altos ejecutivos cobrar bonus ilegales .

La Fiscalía pide para el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y su ex director general, Adolfo Todó, cuatro años de cárcel por buscar únicamente su propio beneficio aprobando unos sobresueldos y prejubilaciones “escandalosos”. El rescate de la entidad catalana costó a las arcas públicas 11.830 millones de euros inmediatamente después. El fiscal les  ha reclamado, a ellos y a otros 39 miembros del consejo de administración una fianza conjunta de 9,5 millones de euros. Todó cobraba un sueldo anual de 600.000 euros, más una retribución variable del 35% y se aseguró una prejubilación del 90% del sueldo entre los 60 y 67 años, para a partir de esa edad percibir de forma vitalicia el 80%. Serrá sumó dietas extraordinarias de hasta 135.000 euros a su retribución anual de 175.000 euros.

Esta primavera se sentarán igualmente ante el juez seis ex altos cargos de Caja Segovia, una de las entidades que terminó formando parte de Bankia. Pese a que un juzgado de Segovia archivó en junio de 2016 la causa por apuntarse 17 millones de euros en prejubilaciones, la Audiencia Provincial la reabrió después de que el Tribunal Supremo condenara a la cúpula de Novagalicia. Como en otros casos similares, los directivos de la caja segoviana se adjudicaron 34 millones de euros –17 millones en prejubilaciones y el resto en planes de pensiones– justo antes de que la entidad se integrara en Bankia.

El Tribunal Supremo considera que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, fallecido el pasado 19 de julio, responsable civil subsidiario de los 9,3 millones de euros defraudados por el uso fraudulento de las tarjetas black de la entidad financiera. El alto tribunal confirma la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra él, por lo que se procederá a la venta de sus bienes ya embargados, si fuese necesario, para recuperar dicha cantidad.

En un auto, la Sala de lo Penal ha hecho firme la parte correspondiente al expresidente de Caja Madrid de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero por las tarjetas. Impuso una condena de seis años de prisión por un delito de apropiación indebida y al pago, de forma conjunta y solidaria con los 65 acusados, de los 9,3 millones de euros.

Los magistrados explican que esto ha tenido lugar al declarar el recurso de casación presentado por Blesa "desierto". Apuntan que sus herederos no han continuado con la acción procesal y que por el "tiempo transcurrido" se debe tener este escrito "por desistido y debe declararse desierto".

Recuerdan que tras su fallecimiento la responsabilidad penal ya quedó extiguida "sin perjuicio de que subsista la acción civil contra sus herederos". Y señala que el resto de partes personadas, con excepción de la Fiscalía, "no han solicitado nada al respecto".

De este modo, el Supremo comunica a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia, en este caso la parte relacionada con la responsabilidad civil. Este órgano judicial es quién debe comprobar si toda la cantidad defraudada ha sido repuesta y, en caso contrario, proceder a la venta de los bienes ya embargados de Blesa.

La Sala de lo Penal aún tiene que estudiar los recursos de los acusados y acusaciones contra la sentencia condenatoria de entre tres meses y seis años de prisión por el uso fraudulento que hicieron de la tarjeta de empresa, creada en un primer momento para gastos de representación. El que fuera presidente de Caja Madrid apareció muerto con un tiro en el pecho en la finca Puerto del Toro de Villanueva del Rey (Córdoba), a la que acudía con frecuencia a cazar. En ese momento se encontraba en una situación de libertad a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre el recurso que había presentado contra su condena por las tarjetas black.

Blesa, presidente de la caja entre 1996 y 2010, alegó en su escrito que no existe una prueba de cargo que acredite su responsabilidad en la práctica de este sistema de visas a las que se cargaron más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 por parte de los 65 acusados.

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) acordó este lunes el archivo de la causa que abrió para investigar la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ocurrida en la mañana del día 19 de julio en una finca dedicada a coto privado de caza en el término de Villanueva del Rey (Córdoba) y que la autopsia confirmó que se quitó la vida utilizando una escopeta de caza.

Según informaron a Europa Press fuentes judiciales, el juez tomó la decisión del archivo después de recibir los distintos informes sobre el caso y realizar la toma de declaraciones a diferentes testigos, por lo que se confirma que la causa de la muerte fue el suicidio.

Al respecto, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ratificó al día siguiente de los hechos que el expresidente de Caja Madrid se quitó la vida en la finca cordobesa Puerto del Toro de Villanueva del Rey utilizando una escopeta de caza de su propiedad. "Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", según detallaron fuentes de la investigación.

El citado juzgado se encargó de las diligencias previas y la apertura de la causa por la muerte de Miguel Blesa, de 69 años –el 8 de agosto cumplía 70– y natural de Linares (Jaén), donde nació en 1947 y donde descansan sus cenizas desde el día 21 de julio de este año, concretamente en el panteón que su familia tiene en el cementerio Jardín Virgen de Linarejos.

El fallecimiento de quien fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009 fue notificado por los Servicios de Emergencias el día 19 de julio, sobre las 8.40 horas. Un empleado llamó a las 7.50 horas para alertar de que el exbanquero había aparecido tirado en el suelo con un disparo en el pecho.

Miguel Blesa convocó a todos los directivos de la organización que presidía, en un evento montado con un despliegue de medios que recordaba las campañas presidenciales americanas, dirigiéndose a las 2.000 personas que abarrotaban las butacas de la gran sala de conferencias del Madrid Marriot Auditorium Hotel, desde una coreografía cuidadosamente montada sobre los 200 m2 de su escenario.

Todo ello para presentar el nuevo plan estratégico de la casa, para el periodo 2007/2010. Yo asistí al evento, sentado, en las primeras filas, junto a quien, por entonces, era mi superior directo. Se fueron sucediendo los momentos previstos en la agenda, trufados de cifras y números, más concretos respecto al pasado, que al futuro, hasta que, en la última fase de su intervención, empezó a referirse al conocido poema de Kavafis, Camino a Ítaca, entrando a comentar, de forma profusa, cada una de sus metáforas, para terminar dirigiéndose a todos los presentes, diciendo …"¡acompañadme a Ítaca!", momento sobre el que ya nos habían advertido los servicios de asistencia del evento, para que nos levantáramos de nuestros asientos y accediéramos al escenario, creando la sensación visual de acompañamiento al proyecto de nuestro presidente, desvelándonos que, tras el escenario nos esperaba un “cóctel”.

Aún recuerdo que en los comentarios, tras ese acto, compartí con compañeros, colegas y amigos, que no me había parecido el mensaje del presidente de una entidad bancaria; me sorprendió el tono y el foco puesto, o quizás, justamente, la falta de foco. Hoy diez años después de aquello, el paso del tiempo, y la realidad de lo sucedido, pone un marco adecuado a aquel momento, principio del fin de lo que devino.

Uno de los colegas que me acompañaban en esas butacas, años antes, entre 1996 y 1998, había sido la primera persona que me habló de Miguel Blesa, identidad, hasta entonces, totalmente desconocida para mí,  a pesar de los más de veinte años que yo llevaba trabajando en Caja Madrid, su referencia para hablarme de él fue la siguiente: “Miguel Blesa es el hombre del PP en 'la caja', a lo que yo, ingenuamente dije, 'no será para ser presidente'" pero, como otras veces, me equivoqué.

Efectivamente lo fue, y pasó del absoluto anonimato a presidir la segunda caja de ahorros española, por volúmenes, y la primera por solvencia, hasta entonces su curriculum se circunscribía a ser abogado, haber sido un técnico en la administración tributaria española y a haber tenido un bufete dedicado a la asesoría fiscal, época en la que se recorría Madrid a bordo de una moto para atender a sus clientes. Otros muchos, cientos o, quizás, miles, podrían tener un perfil similar, pero solo él mantenía una amistad con José María Aznar, presidente del Gobierno desde 1996, lo cual, le aupó definitivamente a presidir Caja Madrid; el amiguismo, de nuevo, se abría paso en los difusos terrenos entre política y gran empresa.

La meritocracia que faltó en su “ascensión a los cielos” de las finanzas en España, fue la misma fórmula que él aplicó en su gestión, rodeándose de un equipo en el que dominó el servilismo, comprando voluntades de los propios directivos a los que él nombró, “regando” el consejo de administración y los órganos rectores de Caja Madrid a base de “tarjetas black”, prebendas y altas remuneraciones.

Tuve un cliente, que llegó a viajar con él, y siempre me decía que era una persona muy simpática, que pagaba todo, invitaba generosamente y que le encantaba contar chistes, muchas veces a destiempo, pero todo ello no parecen atributos esenciales en un ejecutivo de primer nivel, encargado de gestionar una de las mayores entidades financieras españolas.

Quizás nunca nadie tuvo tanto poder, con menos merecimiento, formando parte de lo que ha sido la peor élite en la historia de nuestra España. Fue una persona puramente instrumental que ocupó una alta responsabilidad siendo manejado por otros, hasta que dejó de serles útil a los reales depositarios del poder en mayúsculas, que siempre han necesitado de gestores sumisos, próximos y cercanos.

Miguel Blesa nos anunció su embarque camino de Ítaca allá por 2007, cuando sus intereses prioritarios no estaban en el día a día de una entidad financiera.

Inició su viaje, el drama es que, con él, envió al desastre a miles de personas que no pudieron hacer nada para amortiguar las consecuencias de sus errores.

“Itaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.”

…igual que quienes te rodearon cuando disponías de prebendas para ellos, pero ya solo queda silencio… y la nada. _____________

Mario Maritín Lucas es socio de infoLibre

Me viene esta reflexión a la cabeza cada vez que veo a un tertuliano televisivo proclamar categóricamente su fe en que la justicia es independiente e igual para todos, su convicción en el perfecto funcionamiento del Estado de Derecho.  Que esto lo diga un político conservador tiene un pase: esa gente se gana el pan contando milongas. ¡Pero que lo diga alguien que se pretende periodista! Tengo en alta estima a este oficio, que fue el de mi padre y es el mío. Creo que lo mínimo que se le puede exigir al que lo ejerce es no dar la impresión de ser un completo imbécil.

Desde el arranque del caso Gürtel y hasta la actualidad, he tenido claras un par de ideas en relación a nuestros casos de corrupción política, empresarial y financiera. La primera es que solo son la punta del iceberg, aquellos que los policías, fiscales y jueces honestos pueden documentar. La segunda es que se enfrentan a una dificilísima carrera de obstáculos. Prescripciones por el tiempo transcurrido, extravíos de dosieres en dependencias oficiales, recusaciones de fiscales y jueces diligentes, exclusión de pruebas por errores técnicos, anulación de sumarios por una coma mal puesta…

La justicia no es igual para todos, queridos niños. Puede que la lucha de clases haya terminado (la han ganado los capitalistas, dice el millonario norteamericano Warren Buffett), pero las clases sociales no han desaparecido. Ni usted ni yo podemos pagarnos los abogados de los ricos y poderosos, ni utilizar sus influencias mediáticas, políticas y judiciales, ni eludir la prisión pagando fianzas de millones de euros.

Entretanto, la hidra de la corrupción española se hace cada vez más noir. Demos por hecho que Miguel Blesa se suicidó (no conozco nada que sugiera otra hipótesis, que apunte a un affaire Stavisky español); pues bien, aún así, es el primero de los grandes presuntos corruptos que recurre a un arma de fuego para cerrar dramáticamente su caso. Un final, por cierto, que poco tiene que ver con el de Rita Barberá: todo aquel que no sea un fanático o un sinvergüenza sabe que a ella terminó matándola un modo de vida poco saludable.

Aunque los propagandistas de guardia en las tertulias no lo hayan dicho, el violento final de Blesa nos ha recordado a algunos ciertos hechos probados. Uno, que consiguió cargarse al juez que osó enviarle a la cárcel (Elpidio Silva). Dos, que algunas víctimas de la estafa de las preferentes se habían suicidado antes que él. Y tres, como ha señalado aquí Jesús Maraña, que la muerte de alguien, por dura que sea, no borra los crímenes que pueda haber cometido, aunque le libre de la condena judicial.

Esto se pone cada día más noir. Desaparece un expediente crucial del caso Púnica, mire usted qué casualidad. Entran a robar en la casa de un fiscal anticorrupción –por ejemplo, el que lleva los casos de Murcia- y solo se llevan su ordenador portátil. Se filtran grabaciones en las que un político en activo y un presunto corrupto hablan sobre la conveniencia de nombrar a tal fiscal, o en las que un ministro del Interior planifica cómo embarrar a adversarios usando los recursos del Estado.

Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece hoy como testigo en la Audiencia Nacional. Cabe imaginar que proclamará que él no estaba al corriente de los chanchullos de sus tesoreros con empresarios para intercambiar donativos al PP por favores de ayuntamientos y comunidades autónomas. Rajoy estaba viendo RigolettoRigoletto.

Negro como el carbón, y no precisamente el de azúcar que traen los Reyes Magos a los niños malos. “Me han amenazado de muerte para que no hable de la trama Gürtel”, denuncia un exconcejal de Pozuelo. Y mientras Baltasar Garzón y Elpidio Silva están apartados de la carrera judicial, resulta que el fiscal favorito de un presunto corrupto tiene negocios en Panamá y un acervo profesional poco ejemplar. De paso, descubrimos también que, medio en broma medio en serio, ese presunto corrupto le suelta a un empresario amigo que quizá lo mejor sería pegarle dos tiros a la juez…

Estimados colegas que hacéis de portavoces, no os hagáis los tontos ni nos toméis por tontos. La justicia no es igual para todos. La prensa comprada, el empresario que soborna a un político y el magistrado que haría casi cualquier cosa por un ascenso existen. Las cloacas del Estado, los policías infectos y los servicios de inteligencia existen. Aquí y en todas partes, aunque en estos asuntos da la impresión de que aquí estamos más cerca de Panamá que de Escandinavia. El mundo capitalista es más una novela negra que un cuento de hadas.

La imagen de Villar entre guardias, que simboliza la caída de un cacique demasiado osado, bien pudiera ser la de la semana; de Blesa no hay testimonio, pero en nuestro imaginario bien podría asentarse ese instante en el que el banquero expulsado de la élite apoya la culata de su rifle contra el suelo y se pega un tiro en el pecho. Ambas, la real y la imaginada, tienen fuerza suficiente como para quedarse para siempre entre nosotros. Pero se me antoja que Cataluña tiene más recorrido: lo de Villar y Blesa no dejan de ser asuntos personales por mucha trascendencia o implicaciones que puedan tener; sin embargo, el golpe de estado catalán va más lejos y nos toca a todos más cerca.

Porque esta semana el independentismo catalán ha dejado claro para quien todavía dudaba de su metodología y propósitos que está en modo golpe de estado sin filtros ni matices. Poco después de que la muy independentista Marta Pascal abriera el grifo de la utilización de términos militares para definir la “resistencia” del independentismo frente al Estado opresor, un movimiento político de larguísimo alcance y consecuencias aún por ver ponía en manos de esta “soldadesca” las armas que hasta ahora no tenían.

A falta de ejército que movilizar contra el poder establecido, los independentistas han tomado la Policía, el único cuerpo armado catalán, para ponerla a su servicio. Para poner sus armas y su poder a favor de su opción y en contra de los demás. La Cataluña que no es partidaria de la independencia, se ha quedado sin protección para ejercer sus derechos porque el poder político que sale de un parlamento democráticamente elegido, pero deslegitimado por su intento de romper la legalidad vigente, ha decidido que su única fuerza armada se ponga al servicio de una parte de los catalanes.

El cambio de Albert Batlle, el jefe policial profesional que públicamente defendió que los Mossos de Esquadra no hagan otra cosa que ajustar su acción a la ley, por un sujeto de perfil sumiso pero al mismo tiempo vehemente que ha dejado escrito en redes sociales que le damos tanta pena los españoles como la CUP, es mucho más que un cese político y debería llevar a alguna reflexión a los muchos ingenuos que todavía creen que este proceso catalán es un camino democrático por la liberación de la opresión española.

El cambio al frente de los Mossos es el más grave de los movimientos que realiza Puigdemont y su gobierno en su camino suicida hacia la imposible independencia y refleja el verdadero cariz de quienes están impulsando todo este sinsentido.

Lo que sería un cambio asumible, lógico en cualquier circunstancia, poner al frente de la policía a alguien de más confianza que el que estaba, se torna en herramienta antidemocrática, en instrumento de golpe de Estado porque esa confianza se mide no en términos profesionales o de lealtad a una política, sino de sometimiento a una ideología, que no es lo mismo. ¿Aceptaríamos que el gobierno del PP o del PSOE, o de Podemos exigiera militancia en el partido a los miembros de las fuerzas de seguridad o del ejército? Pues eso es lo que ha hecho con su policía el gobierno catalán.

La decisión refleja además la ciénaga en que se han metido los impulsores del “procés”. Probablemente no tenían otro remedio para seguir adelante que poner la policía a su servicio, ya que de lo contrario deberían tenerla enfrente. Pero al hacerlo no sólo muestran su verdadero talante —“proceso adelante caiga quien caiga, incluso la máscara democrática que nos habíamos puesto”— sino que ponen en verdaderos aprietos a sus propios policías que, evidentemente, se enfrentarán a complicaciones legales y laborales si en vez de hacer su función de preservar la ley contribuyen a violentarla como les exigirá su nuevo jefe, Pere Soler, el de las penas en tuiter.

De momento los independentistas ya tienen a su servicio el poder armado de la policía. Otra cosa será que los funcionarios acepten resignados ese papel. Por lo visto hasta ahora, parece que no.

¿Por qué las dos “noticias de la semana” nos remitieron inmediatamente a una turbia y oscura imagen del poder que conecta rápidamente con el atavismo de la España negra? No hizo falta más que encender el ordenador para entenderlo. Fotos de Blesa de safari y cacería, pertrechado de su rifle y junto a una cebra o un ñu, ilustraban las informaciones. Fotografías que retrataban a la perfección a un país que fue, que hizo de la horterada, la opulencia y el lujo el símbolo del poder más rancio, que nos retrotrae a cacerías en fincas de señoritos atendidos por serviles paisanos. Un país que se construyó a base de preferentes y tarjetas blackblack, y que se apoyó en eso que ahora llamamos el "franquismo sociológico" para mantener sus privilegios.

La casualidad ha querido que este desenlace –trágico, como toda la tragedia que ha sido el entramado en torno a Caja Madrid y aledaños–,  haya coincidido con la detención y posterior entrada en prisión del que fuera presidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y el vicepresidente económico Juan Padrón, acusados de ser el epicentro de una red corrupta cuyos detalles, a la medida que vamos conociendo, van incrementando la sospecha de una onda expansiva de enorme magnitud. También ellos representan a una España peculiar: la de quienes consideran normal que se paguen fichajes millonarios a futbolistas estrella mientras se quejan de no poder llegar ni a mileuristas siquiera. La Liga de fútbol profesional en España supone prácticamente el 1% del Producto Interior Bruto, y mueve cada año la friolera de 7.600 millones de euros. Me confieso futbolera y seguidora de los buenos equipos, pero un país que convierte el fútbol en el principal –y casi único– de sus espectáculos, está condenado al "pan y circo".

La coincidencia en el tiempo de los dos casos anima a testar en ellos algunas de las características que los estudiosos de la corrupción han descrito como comunes en el sinfín de escándalos que venimos conociendo de unos años a esta parte. Veamos.

En primer lugar, ambos son fenómenos de corrupción que se han dilatado en el tiempo. Si al primer desvarío no pasa nada, y al segundo tampoco, la sensación de impunidad crece hasta el punto de llegar a dejar un reguero de pruebas de los desmanes. No hay más que leer algunos correos electrónicos relacionados con Blesa o escuchar las conversaciones telefónicas de personas clave en el fútbol nacional durante muchos años.

Por otro lado, ambos entendieron rápidamente la clave de la corrupción: No sin mi red. Nunca solo. La necesidad de contar con cooperadores, cómplices, o simplemente, con quienes miren para otro lado, hace imprescindible que cada cual reciba su parte, aunque en muchos casos no dejen de ser migajas, pero lo suficiente como para encontrarse enredado en la tela de araña. Blesa lo entendió y extendió su generosidad con las blacks entre propios y ajenos; de la misma manera que Villar generó todo un entramado en torno a su persona y la Federación española de fútbol, comprando, según describe el auto del juez, voluntades de líderes territoriales.

Tercera similitud, y a mi juicio la más grave: ambos representan a un país que arrastra complejos, que no ha pasado la página de la Historia porque ni siquiera la ha escrito y que vive lastrado por una parte de sus élites que siguen haciendo gala de la ostentación más hortera como símbolo del poder, conscientes de que el franquismo sociológico que todavía pervive en parte de la sociedad está dispuesto a sostenerlos. Una curiosidad: ¿Os habéis preguntado alguna vez cuáles son los deportes más practicados en España? Si atendemos al número de licencias deportivas, el primero el fútbol, lo cual no es ninguna sorpresa. ¿Y el tercero? Sí, lo han adivinado: la caza.

La buena noticia es que, mientras todo esto se rompe por las costuras, emergen con fuerza profesionales dispuestos a acelerar la transición: jueces y fiscales que se juegan su carrera –como se ha visto con destituciones varias de quienes estaban investigando casos de corrupción–, periodistas que publican un día sí y otro también pruebas y documentos sin cuyo conocimiento no conseguiríamos entender lo que ocurre a nuestro alrededor, u otros profesionales que plantan cara a todo esto desde su posición.

La no tan buena nueva es que esto no va a ser fácil, y que las herencias y las inercias son difíciles de dejar atrás. Como prueba, un botón: mientras los escándalos relacionados con casos de corrupción se agolpan en los informativos, el fiscal general del Estado ha decidido premiar con un ascenso al fiscal García Panasco, responsable de la Fiscalía de las Palmas, que en el año 2015, en plena campaña electoral, abrió una investigación contra la que era candidata de Podemos, Victoria Rosell, por un asunto de lo más rocambolesco que partía de una denuncia anónima en relación a los negocios de su pareja con un empresario investigado por la magistrada. Hace una semana, el Tribunal Supremo determinó que el señor García Panasco vulneró derechos fundamentales de la magistrada Rosell. Como compensación, el fiscal general del Estado le ha ascendido convirtiéndolo en uno de sus principales asesores.

La vieja España está en convulsión permanente. No le vendría mal una reforma de la administración de justicia, empezando por el Ministerio Fiscal, para ayudarle en su agonía.

La reflexión tuitera:

Cuando falleció inesperadamente la ex alcaldesa de Valencia, unos cuantos dirigentes del PP, desde el ministro de Justicia Rafael Catalá a su portavoz parlamentario Rafael Hernando, acusaron directamente a la prensa, a la oposición política y a los usuarios de redes sociales de haber organizado una “cacería”, un “linchamiento” que habría provocado la muerte de Barberá. Ninguno de los autores de aquellas barbaridades se ha disculpado, ni siquiera tras conocer los informes forenses que certificaban que fue su propio hígado el que se llevó por delante la vida de la dirigente valenciana después de serios y reiterados avisos.

“Miguel Blesa es Rita Barberá. La presión se cargó a Rita y se ha cargado a Miguel Blesa”, ha afirmado este jueves Fermín Gallardo, administrador de la finca cordobesa donde el exbanquero se quitó la vida de un disparo con su propio rifle. Puede disculparse la reacción espontánea de un amigo afligido por tan violenta pérdida, pero Gallardo ha argumentado además que Blesa era inocente, que las tarjetas black “las tienen todos los bancos y las han tenido todos los partidos”, y que las acusaciones eran por tanto una excusa para “llevárselo por delante”.

Gallardo, uno de los mayores gestores de cotos de caza en España, debe saber perfectamente que a Blesa lo condenó un tribunal a seis años de cárcel porque consideró que cometió varios delitos al crear, distribuir y usar esas tarjetas “opacas al fisco” durante años en el banco público a cuya presidencia le aupó a dedo su también íntimo amigo José María Aznar. Como sabe que la defensa de Blesa tenía recurrida esa sentencia ante el Tribunal Supremo, y por eso Blesa seguía en libertad. Y sabrá, o debería saber que, aparte del ya juzgado asunto de las tarjetas, Miguel Blesa estaba imputado en la causa de las preferentes, esa gigantesca estafa que arruinó a decenas de miles de pequeños ahorradores españoles (entre ellos a esos pensionistas que durante los últimos años se han venido manifestando cada jueves, hiciera calor o frío, ante las sedes de Caja Madrid o Bankia en Madrid, Barcelona y otras ciudades). Como también sabrá que Blesa estaba procesado en la causa por los sobresueldos irregulares que se repartía la cúpula de Caja Madrid bajo su presidencia. Sobre las responsabilidades de Blesa en esas causas basta un vistazo al dossier de infoLibre para comprobar la multitud de pruebas documentales que las señalaban.

La autopsia ha confirmado que Blesa se suicidó. Conocer las causas concretas que le llevaron a tomar esa decisión es prácticamente imposible. Ni siquiera sabemos si había barruntado esa posibilidad en algún momento anterior o si había recibido ayuda psicológica si la precisaba. Antes de caer en la tentación de achacar a la “presión” de otros la autolesión letal conviene informarse sobre una lacra que se ha convertido en algunas franjas de edad (especialmente muy jóvenes) en la principal causa de muerte en España, y cuyo incremento algunos estudios relacionan con los efectos de la crisis económica. Cabe exigir también el máximo respeto hacia los preferentistas arruinados que se han quitado la vida por desesperación absoluta, según las denuncias de las propias asociaciones de damnificados.

Por lo demás, ni la muerte de Rita Barberá elimina las irregularidades que bajo su mandato se cometieron por el PP de Valencia ni el suicidio de Blesa convierte en humo sus responsabilidades en la gestión del mayor fiasco bancario que han sufrido los contribuyentes españoles. Debería saberlo Rafael Hernando, quien se despachó hace unos días con la siguiente sentencia en Twitter: 

Las responsabilidades penales (de cualquiera) se extinguen cuando uno fallece, lo cual no quiere decir que los hechos no existieran o que las causas no continúen en lo que concierne a otros acusados. Incluso podría ocurrir que los herederos de Blesa tuvieran que asumir consecuencias económicas por las tarjetas black.

Si cabe establecer algún paralelismo entre los casos de Rita Barberá y de Miguel Blesa sería el aislamiento palmario en el que la inmensa mayoría del PP los dejó en los últimos tiempos. Achacar la causa de sus muertes a la “presión” de la soledad sería tan injusto y descabellado como esa extendida afición a convertir en víctimas a los culpables y viceversa.

La pregunta tuitera:

"Miguel Blesa es Rita Barberá, la presión se cargó a Rita y se ha cargado a Miguel Blesa"la presión se cargó a Rita, ha señalado Gallardo en declaraciones recogidas por Europa Press en la puerta del Instituto de Medicina Legal de Córdoba, donde la autopsia ha confirmado que Blesa fue el autor del disparo.

Gallardo ha defendido que el expresidente de Caja Madrid ya estuvo dos veces en prisión por el caso de las tarjetas black, al que ha quitado hierro porque "las tienen todos los bancos y las han tenido todos los partidos", por lo que ha sugerido que buscaban un motivo para "llevárselo por delante".

Preguntado por si le encontraba preocupado por la sentencia de seis años de cárcel impuesta por este caso, el administrador de la finca ha destacado que en general vio bien a Blesa, aunque durante esta semana llamó "tres o cuatro veces" echándose para atrás y luego confirmando su asistencia a la finca. "Cuando dijo que venía avisó a mitad de camino. Es un hombre muy ordenado y ahí llegó a las 2 de la mañana, eso no lo ha hecho nunca", ha asegurado Gallardo.

"Cuando llegó se acostó y por la mañana cuando se levantó le dijo a Rafa Alcaide (co-administrador de la finca) que cogiera el número de teléfono de su mujer por si la tenía que llamar por algo", ha afirmado. Según Gallardo, luego Blesa cogió el coche, se metió en la huerta y dijo que llevaba el vehículo a la sombra.

Llevó su propia arma

El administrador de Puerto de Toro ha confirmado a los periodistas que Blesa trajo en esta ocasión su propia escopeta, algo que no solía hacer. "Siempre ha usado armas nuestras, ahora lleva dos años que no iba de caza, si pensaba hacer lo que fuera se ha traído su arma para utilizarla", ha apuntado.

La autopsia ha confirmado este jueves que el expresidente de Caja Madrid murió a causa del disparo de una escopeta de caza de su propiedad. "Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", han determinado los especialistas en medicina forense, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La autopsia ha determinado este jueves que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa fue el autor del disparo que acabó con su vida, aunque por el momento no confirma que se tratara de un suicidio.

"Las heridas que presenta el cadáver son compatibles con el suicidio", han determinado los especialistas en medicina forense, según han informado fuentes de la investigación consultadas por Europa Press.

"Se confirma que se ha tratado de una muerte por autolesión por arma de fuego", ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos ocurrieron en la finca cordobesa Puerto del Toro de Villanueva del Rey utilizando una escopeta de caza de su propiedad que, tras sacar del maletero de su coche, apoyó en el suelo para dispararse en el pecho.

Las mismas fuentes han explicado que la reconstrucción de las últimas horas de Blesa lleva a determinar que el exbanquero se levantó de la mesa cuando desayunaba con la excusa de mover de sitio su coche. Ya en la zona de cocheras de la finca, abrió el maletero y cogió un rifle.

A continuación, Miguel Blesa se fue a la parte delantera del vehículo, apoyó la culata del arma en el suelo y situó su pecho sobre el cañón, accionando el gatillo. Efectuó un único disparo, provocando que el cuerpo del expresidente de Caja Madrid golpeara con el capó, deslizándose hasta caer desplomado en el suelo junto a una de las ruedas.

Para la reconstrucción de la secuencia los investigadores se han basado en el análisis ocular y en los testimonios de las personas que se encontraban en la finca, un coto privado de 1.600 hectáreas situado en Sierra Morena que solía frecuentar Blesa por su afición a la caza. De hecho, estaba en posesión de las licencias de caza D y E y era propietario de quince armas.

Blesa llegó a Puerto del Toro a las dos de la madrugada del miércoles. Condujo su propio coche, sin que nadie lo acompañara. Descansó y desayunó muy temprano con su amigo Rafael Alcaide, el gestor de la finca propiedad de la Sociedad Rozuelas del Valle S.L. A éste le dijo que iría a mover el coche. Un empleado encontró el cadáver del exbanquero tirado en el suelo, según fuentes de la investigación, y llamó a los Servicios de Emergencias 112 a las 7.50 horas.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informaron este miércoles de que Blesa fue hallado en el interior de un vehículo. Los servicios sanitarios certificaron la muerte a las 8.40 horas por el impacto de un disparo de rifle en el tórax. La investigación la asumió el juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

La autoridad judicial ordenó al mediodía el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Al lugar de los hechos se desplazó un médico forense y los agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil encargados de la investigación. Desde el primer momento la hipótesis que barajaron fue la del suicidio, a falta de la confirmación oficial cuando se le practique la autopsia prevista para este jueves.

El exbanquero, condenado a seis años por el caso de las tarjetas black y que se enfrentaba a otro juicio por los sobresueldos de Caja Madrid, fue presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009. Nació en Linares (Jaén) en 1947 e iba a cumplir el próximo 8 de agosto 70 años.

La súbita desaparición del banquero Miguel Blesa, muerto este miércoles de un disparo en el pecho en lo que las primeras hipótesis presentan como un suicidio o un accidente, ha abierto una panoplia de interrogantes sobre el futuro de las investigaciones penales en que se había visto involucrado.

Una vez extinguida cualquier responsabilidad penal que pesara sobre Blesa, una de las grandes incógnitas reside en si los otros investigados en las dos causas judiciales que tenía pendientes –la de las preferentes, en fase de instrucción e hibernada en la práctica, y la de los sobresueldos para directivos de Caja Madrid, donde la Fiscalía le pedía cuatro años de cárcel– intentarán modificar su estrategia tras el fallecimiento del principal investigado. Hay una segunda cuestión pendiente: la de qué sucederá con una tercera investigación que en marzo aún no había sido judicializada y que había emprendido la Fiscalía Anticorrupción tras descubrir los nexos de Blesa con una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

En febrero, Blesa ya había sido sentenciado a seis años en el caso de las tarjetas black por apropiación indebida y administración desleal. El tribunal consideró que no había motivo para privarle de su libertad en tanto el Supremo no se pronunciara sobre el recurso interpuesto por parte de los 65 condenados, entre ellos el propio Blesa y Rodrigo Rato.

Además de la condena a prisión, el tribunal le impuso como responsabilidad civil el pago de más de nueve millones de euros. ¿Se verán obligados su herederos a pagar esa cantidad si aceptan la herencia de Blesa? Los expertos consultados por este diario aseguran que sí. Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2013 establece que la muerte extingue la responsabilidad penal, pero no las obligaciones de responsabilidad civil, sea cual fuera la fuente de la que nazcan. Y el artículo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "la acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y por la vía de lo civil".

La tentación de cargar las culpas al fallecido

Este miércoles, infoLibre consultó con dos abogados de las acusaciones personadas en la causa de las preferentes, el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, que ahora representa a la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y Laia Manté, de 15MpaRato. Ambos se mostraron cautos sobre el eventual giro que la sorpresiva muerte de Blesa puede imprimir al procedimiento aunque creen posible que quienes pertenecían al consejo de Caja Madrid se vean tentados de cargar todas las culpas sobre el fallecido con el argumento de que aquella era una entidad "presidencialista".

Ambos, Herzog y Manté, coinciden en que la instrucción lleva "mucho tiempo" atascada –"está como en una especie de limbo", resume el exdiputado– y temen que el juez Fernando Andreu acabe por dar carpetazo a esta pieza separada una vez concluya la instrucción sobre la pieza que ahora centra su atención, la de la salida a bolsa de Bankia. "Tengo la impresión –desliza Manté– de que el juez ya quería archivar y si el principal responsable ya no está, con más motivo".

La emisión de preferentes lanzada por Caja Madrid en 2009 –Andreu rechazó investigar la comercialización y ha limitado las investigaciones al lanzamiento del producto– hizo que más de 300.000 clientes de la entonces boyante entidad de ahorro se hicieran con títulos de esa clase por unos 3.000 millones de euros. Al comprarlos, buena parte de los clientes creyeron estar ante una especie de depósito sin riesgos. Y que podrían recuperar su dinero cuando quisieran. No fue así. 

Los sobresueldos de los directivos

Siendo, por la envergadura de sus consecuencias, una de las piezas de mayor envergadura del llamado caso Bankia, la de las preferentes no constituía por tanto para Blesa la mayor amenaza. O, al menos, la más inminente. En cambio, la de los sobresueldos aplicados a los directivos de Caja Madrid a partir de 2008 implicaba para el banquero el riesgo de una segunda condena a cárcel. Presentado en febrero, el escrito de calificación del fiscal Conrado Sáiz sostiene que Blesa incrementó el salario de nueve directivos de Caja Madrid un 16% en 2008 de manera arbitraria, y "desobedeciendo" al consejo de administración de la caja, que había acordado un aumento del 4,5%. Además de incrementar los sueldos cuatro veces más de lo que se había pactado, ni siquiera se informó a la comisión de retribuciones. 

Pero el de los sobresueldos tampoco era el último riesgo penal que le quedaba por afrontar a Blesa. Un nuevo frente se le abrió en febrero, justo tras la condena por las tarjetas black. Fue entonces cuando se supo que la Fiscalía estaba investigando sus nexos con una sociedad localizada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes denominada Danforth Investments. Lo reveló el propio fiscal Alejandro Luzón, ahora jefe de Anticorrupción, cuando entregó al tribunal de las black un informe de la Policía sobre Danforth para sustentar su tesis de que el expresidente de Caja Madrid debía ingresar ya en prisión o, cuando menos, quedar sujeto a una fianza de hasta 100.000 euros. infoLibre preguntó este miércoles a los portavoces de la Fiscalía en qué punto se encuentran esas diligencias, que entonces no estaban aún judicializadas. No hubo respuesta.

Tampoco ha trascendido si esa investigación se dirigía solo contra Blesa o si por el contrario afecta o afectaba también a otras personas. La relación de Blesa con Danforth afloró en abril de 2016 tras la publicación de los papeles de Panamá. En aquella fecha El Confidencial confirmó el vínculo triangular entre Danforth, Blesa y la empresa de equipamiento bélico Einsa. En diciembre de 2013 y tomando como fuente los correos secretos de Blesa, infoLibre había desvelado que el expresidente de Caja Madrid le buscó a José María Aznar un contrato de comisionista con Einsa. Aznar, tajante, aseguró que jamás "concluyó" ningún contrato con Einsa.

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha fallecido en una finca de Córdoba este miércoles, según ha informado la Europa Press. La Guardia Civil estudia la hipótesis de que se trate de un suicidio.

El juez encargado de la investigación de la muerte ha ordenado el levantamiento del cadáver del exbanquero y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Córdoba, para practicarle la autopsia y establecer oficialmente la causa de la muerte.

Las primeras versiones indican que el cadáver de Blesa fue localizado en la cochera de la finca a las 7:50 con un tiro en el pecho de una escopeta de caza, según informa Europa Press.

Fue un trabajador de la finca el que localizó el cuerpo de Miguel Blesa y dio aviso a los servicios de emergencia, que sólo pudieron certificar su muerte a las 8:40. Según fuentes de la investigación citadas por Europa Press, la causa de la muerte ha sido la perforación en el tórax de una bala de rifle.

La finca de 1.600 hectáreas, a la que Blesa acudía regularmente a cazar, se llama Puerta del Toro, en la localidad cordobesa de Villanueva del Rey, emplazada en Sierra Morena.

Los primeros testimonios aseguran que Blesa se preparaba para una jornada de caza con unos amigos, cuando se levantó durante el desayuno y dijo a sus acompañantes que iba a mover el coche, y fue en ese momento cuando se escuchó el disparo.

La gestión del coto, según informa El País, está a nombre de Fermín Gallardo y Rafael A. Alcaide, que se encontraba en la finca en el momento de los hechos. Miguel Blesa llegó este miércoles a la finca a las dos de la mañana con la intención de pasar unos días allí, según las mismas fuentes.

La finca pertenecía a la sociedad Rozuelas del Valle, a la que acudía el ex banquero con frecuencia para cazar, según El Mundo. En el momento de los hechos, allí se encontraban un trabajador de la finca y el guarda, además del citado Rafael Alcaide, amigo de Blesa según las mismas fuentes.

Blesa, de 69 años, fue condenado en febrero a seis años de prisión por apropiación indebida en el marco del caso de las tarjetas black. En el marco del mismo caso fue condenado Rodrigo Rato a cuatro años y medio por el mismo delito, aunque no ingresaron en prisión, a la espera de la resolución de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.

El expresidente también fue imputado por la supuesta concesión de créditos irregulares al grupo Marsans y la compraventa de un banco en Florida.

La denuncia de PSOE, Podemos y Ciudadanos también subraya cómo el Canal contrató a una larga ristra de bufetes externos, que en total percibieron más de 11 milones. Entre ellos aparecen tres que, como empresa o a través de sus socios, han estado relacionados en algún momento con otras tantas personalidades del ámbito del PP: Esperanza Aguirre, el exministro José María Michavila y el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

Que el Canal otorgó a KPMG el contrato para dos asesorías de las que no hay informe escrito –la primera, de 2014, por 292.990 euros; y la segunda, de 2015, por 116.000 euros– fue notificado hace dos meses por el Gobierno de Madrid al PSOE. La contestación llegó tras sendas peticiones de información en las que los socialistas requerían copia de los informes a que hubiera dado lugar cada uno de los dos contratos. En ambos casos la respuesta del Ejecutivo, a la que infoLibre ha tenido acceso, contiene una frase de redacción peculiar pero aparentemente inequívoca: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato". Portavoces oficiales del Canal corroboraron el viernes a este periódico que, en efecto, los trabajos de asesoramiento prestados por KPMG no originaron ningún informe final ni memorando de actuaciones.

La segunda asesoría, aquella por la que el Canal pagó 116.000 euros ya en 2016, tenía por objeto implantar un sistema de control y gestión de riesgos en dos filiales latinoamericanas del Canal, Triple A de Barranquilla (Colombia) y Emissao (Brasil). Las dos son filiales del Canal a través de su cabeza de puente en Latinoamérica, Inassa, cuya adquisición en 2001 también se investiga en la Operación Lezo. Emissao ocupa un lugar central en las pesquisas.

La ausencia de rastro documental en contratos de tal envergadura explica por qué el nuevo escrito sobre los puntos oscuros del Canal que la oposición madrileña ha entregado a Anticorrupción incorpora un párrafo donde los tres grupos –PSOE, Podemos y Ciudadanos– expresan sus sospechas sobre lo que definen como supuestas "asesorías verbales". Entregado el jueves, ese nuevo escrito implica una ampliación de la denuncia que los tres partidos ya presentaron en marzo.

Fuentes del Canal aseguraron el viernes a mediodía que, tras revisar las 600 peticiones de información formuladas por la diputada socialista Mercedes Gallizo, la mención a  "asesorías verbales" solo puede aludir a esos dos informes de KPMG. Ante la insistencia de este diario sobre lo extraordinario que resulta que los trabajos desarrollados por una auditora de alto nivel como KPMG no quedasen plasmados en ningún papel, los portavoces de la empresa de aguas adujeron que si el PSOE consideraba "insuficiente" la información aportada podía haber solicitado amparo a la Mesa de la Asamblea de Madrid. infoLibre no logró contactar con ningún portavoz de KPMG.

Entre los anexos adjuntos a la nueva denuncia figura uno relativo a todos los contratos otorgados por el Canal y sus filiales desde 2010 tanto a KPMG Asesores como a KPMG Auditores y cuyos datos proceden del Gobierno regional.  Solo los contratos con el Canal –es decir, sin contabilizar los adjudicados por sus filiales dentro y fuera de España– han reportado desde esa fecha a KPMG Auditores 2.876.618 euros desde 2010. La cifra de negocio que la empresa de aguas ha supuesto para KPMG Asesores asciende a 597.293 euros.

La auditora, una de las mayores a escala internacional, se ha situado en un lugar preeminente del escenario desde el estallido de la Operación Lezo. Porque una de las principales operaciones del Canal bajo sospecha es la compra de la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2012. La transacción se articuló a través de una oscura compañía uruguaya ligada a Panamá. Y, según el juez Eloy Velasco, el Canal desembolsó un precio –21 millones de euros– muy superior al del valor real de Emissao.  La compra se efectuó sin que mediara una tasación externa. Según fuentes del actual equipo del Canal, KPMG llegó a acometer la elaboración de una due diligence –valoración independiente– pero no llegó a finalizarla.

"Diagnóstico a alto nivel"

El primero de los dos contratos, ambos adjudicados a KPMG Auditores, fue el número 7 de 2014. Y quedó bautizado así: "Servicios profesionales para la implantación, mantenimiento, seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos". Según la respuesta parlamentaria ofrecida al PSOE el 8 de marzo, lo que KPMG hizo fue lo siguiente: "El adjudicatario, conforme a su experiencia y al conocimiento de la actividad financiera de Canal de Isabel II Gestión SA, adquirida en su condición de ser el auditor externo, asesoró al equipo de trabajo de Canal de Isabel II Gestión SA para cumplir con la nueva normativa, que, entre otras previsiones, hace especial incidencia en la definición, descripción, mantenimiento y revisión del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera" (SCIIF). 

Es a renglón seguido cuando el Ejecutivo madrileño confirma la inexistencia de informe escrito: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato (sic), que consistió en el asesoramiento y asistencia al Canal de Isabel II Gestión" en varias parcelas. Las tareas desarrolladas, continúa la respuesta oficial, comprendieron desde la "actualización de la política SCIIF y el Manual de Organización del SCIIF" a un "diagnóstico de alto nivel de gobierno corporativo del cumplimiento de las recomendaciones propuestas en el Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas".

Respecto de la segunda asesoría, ejecutada en virtud del contrato 187/2015 y concerniente a Triple A de Barranquilla y Emissao, la respuesta del Gobierno esgrime como un leit motiv la ausencia de rastro documental: "A tal efecto no hubo informe que diera lugar la ejecución del contrato, el cual consistió en el asesoramiento y la asistencia a cada una de las sociedades respectivas para la implantación, seguimiento y supervisión del sistema interno de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información financiera (SCIIF) en Triple A de Barranquilla y Emissao SA". La implantación del SCIIF en Emissao –finaliza el texto– se llevará a cabo a lo largo del año 2017".

Más de 11 millones para abogados externos

Además de los anexos sobre los trabajos de consultoría pagados a KPMG, la denuncia adjunta la larga relación de asesorías jurídicas encargadas por el Canal y sus filiales a abogados externos desde 2003.

Entre los 40 bufetes que en ese periodo se repartieron 11,2 millones, desembolsados por la mayor empresa pública de Madrid, dotada de su propio departamento jurídico, figuran tres relacionados con destacadas personalidades del ámbito del PP: EIUS, al que durante años permaneció vinculado el exministro del PP José María Michavila al tiempo que ocupaba un escaño en el Congreso; Guió Abogados, capitaneado por el antiguo socio de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid; y Herrero y Asociados, una de las mayores agencias españolas de gestión de propiedad industrial y para la que, como desveló infoLibre, en 2014 prestó servicios como lobista el marido de Esperanza Aguirre.

De esos tres despachos fue Guió Abogados el que obtuvo mayores ingresos. Trabajó ininterrumpidamente para el Canal entre 2007 y 2016 –la respuesta parlamentaria que detalla los bufetes no ofrece datos del año en curso– y cobró por ello 1.110.052 euros. Su tarea: "Prestación de servicios externos de asesoramiento fiscal integral para la Dirección Financiera con independencia de los importes económicos de los asuntos sobre los que versa la prestación del servicio".

EIUS, con el que ya no colabora Michavila, recibió pagos del Canal en el periodo 2005-2009. Exactamente, 287.500 euros. Su misión oficial, según la respuesta del Gobierno: "Asesoramiento jurídico a Canal de Isabel II en materia de Derecho Público. Servicios de gestión de cobro".

El tercero de la lista, Herrero y Asociados (H&A), cobró 213788 euros en ocho años por servicios "en materia de gestión de marcas, patentes y propiedad industrial". Su colaboración con el Canal comenzó en 2006 y culminó en 2013. Al año siguiente, 2014, H&A se hizo con los servicios como lobista de Fernando Ramírez de Haro, el marido de Esperanza Aguirre.  “Prestación de servicios en gestiones de asesoramientos en tareas comerciales y promocionales”. La expresidenta de Madrid y de la organización regional del PP tenía información puntual de las gestiones de su marido como lobista.

No consta que Fernando Ramírez de Haro tenga especiales conocimientos en temas de patentes o de propiedad industrial. Pero, de acuerdo con los datos obtenidos en 2015 por infoLibre, una de las cosas que más llaman la atención es el listado de clientes que H&A intentó captar gracias a las gestiones de Ramírez de Haro, ya que incluye organismos en los que participa directa o indirectamente la Comunidad de Madrid (como la Universidad Politécnica, Telemadrid o Ifema), empresas muy bien relacionadas con la cúpula del PP madrileño (Endesa, Talgo o Cadena Cope) y una sociedad de Enrique Cerezo, uno de los empresarios más beneficiados por los Gobiernos de Aguirre (la productora Video Mercury).

Es bien sabido que, en la mayoría de las ocasiones, la claridad narrativa brilla por su ausencia en textos judiciales, administrativos o documentos bancarios. Tampoco ayuda la inmediatez que demanda normalmente el periodismo cuando se tratan causas judiciales tan complejas como la del caso Bankia, en la que se investiga por corrupción y fraude a la cúpula directiva (hasta principios de 2012) de esta entidad financiera. Esta razón, la de contar esta historia de una manera coloquial y hacerlo, además, de una forma lineal, atando todos los cabos, es una de las que han llevado a dos integrantes del colectivo 15MpaRato, Simona Levi y Sergio Salgado, a plasmar las bambalinas del caso en una obra de teatro (Hazte banquero) que ahora presentan ampliada en formato libro.

“Nosotros consideramos que los correos de [Miguel] Blesa explican cómo se ha construido la crisis”, cuenta Simona Levi, directora de teatro, artista multidisciplinar y coautora de Votar y cobrar. Al buzón de filtraciones de Xnet –grupo de ciberactivistas en el que están integrados ambos autores- llegaron de manera anónima los 8.000 e-mails enviados o recibidos por el que fuera presidente de Caja Madrid hasta 2010 y que revelarían el escándalo de las tarjetas black. Las primeras informaciones sobre esta correspondencia salieron a la luz en exclusiva en infoLibre en noviembre de 2013, semanas antes de que lo hicieran en otros medios.

15MpaRato está personada como acusación popular en dos de las tres piezas del caso Bankia (tarjetas black, las preferentes y la salida a Bolsa de la entidad). “La información que ha aparecido en los medios de comunicación, a excepción de infoLibre, se concentra en la noticia rápida y en el titular, lo que ha provocado que, en el caso de los correos de Blesa, se dé una lógica muy fragmentada”, explica Salgado. A lo que habría que añadirle el morbo que provocó todo lo relacionado con la vida de lujo de los consejeros (designados por el PP, el PSOE, IU, los sindicatos CC OO y UGT, y por la CEOE): noches en suites a 1.100 euros, 3.000 euros por elefante abatido en cacerías (con un límite de cinco por cazador), botellas de vino que superan los 700 euros.

Pero más allá del lujo, los correos del que fuera compañero de José María Aznar en el Cuerpo de Inspectores de Hacienda desvelaron aspectos tan espinosos como que el propio Blesa sabía en 2006 que los preferentistas no recuperarían el 100% del dinero invertido. O el correo del ministro de Economía, Luis de Guindos, a la sazón responsable de Lehman Brothers en España y Portugal, mostrando su interés por colaborar con Bankia en la “posible emisión de preferentes”.

Por eso, insisten en la necesidad de que sean dos miembros de 15MpaRato, la plataforma ciudadana que impulsó el caso en la Audiencia Nacional gracias a una campaña de micromecenazgo, quienes cuenten cómo se cocinó todo el proceso. “Resulta muy importante que la historia la cuenten quienes están detrás. En los últimos años, la sociedad civil ha adquirido protagonismo en todo lo que ha sucedido en España, pero si los partidos políticos o los grandes medios de comunicación se apoderan del relato volveríamos al estado anterior”, dice Salgado. Ahí está la PAH o los ciudadanos y asociaciones que plantaron cara a los abusos de Ignacio González, expresidente de Madrid ahora encarcelado como presunto jefe de una "organización criminal". “La batalla se ganará en la narrativa”, sentencia Levi.

Votar y cobrar. La impunidad como forma de gobierno, que edita el sello Capitán Swing, incluye una serie de manifiestos de Xnet y 15MpaRato, la obra de teatro –aderezada con gráficos y extractos de los correos– y una detallada cronología del caso. Entre peticiones de consejeros no satisfechos con los regalos o la velocidad que ha alcanzado el presidente del banco en su Ferrari, hay espacio para el humor. “Hay una parte muy divertida que nos gustaría fuese mérito nuestro, pero está redactada de puño y letra de los banqueros que se intercambiaron e-mails. Es un retrato costumbrista de la corrupción en España que pone de manifiesto que no son gigantes, sino personas y, en algunos casos, bastante chapuceras”. “Nosotros nos hemos leído los 8.000 correos de Blesa de pe a pa y ahí no había genios de las finanzas, sino que se dedicaban a las baratijas de dame el reloj o el dinero”.

España como cortijo

Y después de estudiar tanto a estos personajes, ¿cómo describirían la moral de los implicados? “Las personas malvadas, sea cual sea el mal que estén cometiendo, no se creen malvadas; sino que probablemente lo hagan porque lo justifican de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que es normal y legítimo que todas esas personas pensasen que estaban operando bien, que siempre se había hecho así, y que la población del país era básicamente su cortijo extractivo”. “De hecho”, añade Levi, “les resulta sorprendente que cinco o seis pringados como nosotros vayan a decirles que no lo podían hacer”. “A nosotros, más allá de esa labor de psiquiatría forense, nos interesa que tiren de la manta y se acusen unos a otros”, completa Salgado.

El objetivo que se marcaron en este trabajo multidisciplinario, que probablemente llegue también al cine, como ya lo hizo la obra Ruz-Bárcenas, podría resultar una entelequia: construir una opinión pública libre, activa y que forje su propia historia. Ahí tocaron hueso. “Sentar en el banquillo a varias decenas de banqueros y políticos no es tan difícil como lograr que la opinión pública sepa que está al alcance de todo el mundo”, escriben en el preámbulo. Ahora, que la primera pieza, la de las tarjetas black, ya ha condenado con penas de entre tres meses y seis años de prisión a los 65 acusados del caso por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012, y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo, ¿creen que lo han conseguido? “Es una lucha constante. Nosotros decimos que el mal siempre triunfa y el bien avanza. Lo interesante es aportar para que las cosas vayan cambiando”, reflexiona Levi.

Mientras, la moraleja de todo el proceso, desde que 15MpaRato se constituyó en Barcelona en el primer aniversario de las manifestaciones de mayo de 2011, la ofrece Salgado: “La inmensa mayoría de la gente nos decía que éramos un colectivo muy simpático, pero que no íbamos a conseguir nada porque [Rodrigo] Rato era intocable. Hoy en día, Rato ha pasado a ser alguien que nadie quiere tocar ni sacarse una foto con él, porque mancha a todo el mundo. Nosotros nos hemos dado cuenta del poder que tiene la sociedad civil para decir que aquí no hay nadie intocable”.