El Gobierno valenciano del Botànic tiene un simbolismo muy importante para la izquierda española. Fue un laboratorio para los posteriores Ejecutivos de coalición, un modelo de gestión antagónico a las derechas y un espejo de convivencia de las diferentes sensibilidades progresistas. Y ese espíritu vuelve a cobrar fuerza.

Dos miembros de aquel Gobierno valenciano copan las portadas durante esta Semana Santa. La exvicepresidenta Mónica Oltra (Compromís) ha dado un paso al frente, como le llevan pidiendo en su partido meses, para aceptar el reto de competir en las próximas elecciones municipales y autonómicas en València capital. Y Arcadi España, que fue conseller dentro del ala socialista, ha sido la gran sorpresa del cambio de Gobierno al situarlo Pedro Sánchez como sustituto de María Jesús Montero en la todopoderosa cartera de Hacienda.

Con el aterrizaje de Oltra, la batalla por el Ayuntamiento de València se convierte en una de las más interesantes y competidas para las elecciones locales de 2027. El PP tiene en esta ciudad ahora uno de sus bastiones más fuertes con María José Catalá al frente, aunque depende de Vox. El partido de Santiago Abascal podría concurrir con Vicente Barrera, el extorero y hombre fuerte en la provincia.

La izquierda ha decidido echar el resto para recuperar el Ayuntamiento valenciano. Por parte del PSPV-PSOE la candidata será Pilar Bernabé, una de las principales figuras ahora mismo del partido por su papel durante la gestión de la dana desde su posición como delegada del Gobierno en la comunidad. Es uno de los perfiles más aplaudidos dentro del partido.

Y ahora Oltra vuelve a primera división. La exvicepresidenta sigue inmersa en el proceso judicial por supuestamente encubrir los abusos de su exmarido, una causa que sigue viva por las acusaciones de la ultraderecha. Ella defiende su inocencia y es uno de los principales rostros del espacio progresista que está reconstruyéndose durante estos meses. Su regreso ha sido recibido con mucho calor por parte de todo el espectro, con apoyos de toda España.

Las candidaturas de Bernabé y Oltra evidencian que la izquierda va a por todas en el Ayuntamiento de València, que también es esencial para poder recuperar la Generalitat en las elecciones en las que se medirá el desgaste del Partido Popular por la actuación de Carlos Mazón durante la dana y el clima de crispación agitado por los espacios relacionados con la ultraderecha.

La Comunitat Valenciana será una de las autonomías clave en esos comicios. El PSOE llevará como número uno en la papeleta a Diana Morant, la actual ministra de Ciencia y Universidades. Por parte de Compromís concurrirá Joan Baldoví. La lucha entre bloques está muy igualada en estos momentos. El PP espera que Juanfran Pérez Llorca se asiente durante este tiempo, mientras que Vox espera recoger en votos a muchos votantes de los populares y a los antisistema desencantados por el papel de los políticos durante la dana.

Los socialistas valencianos cercanos a Puig pisan fuerte además en estos momentos en el Gobierno y en Ferraz. Arcadi España es ya el nuevo ministro de Hacienda. Él fue precisamente conseller de Hacienda en el Gobierno del Botànic y fue el encargado de realizar la reforma fiscal en la Comunitat Valenciana. Por eso, llega entrenado para formar parte de un Gobierno de coalición donde las almas del PSOE y de sus socios a la izquierda suelen chocar en materia de impuestos. 

Pero, además, España es un convencido federalista, como lo es Ximo Puig, su padre político. Esto le aporta un plus en un Ejecutivo que debe armar mayorías con partidos como el PNV, ERC, Junts, EH Bildu, BNG y el propio Compromís durante todas las semanas en el Congreso. Además, su experiencia en el Govern le sirve para poder hablar en el mismo lenguaje con las comunidades autónomas, un tema en el que además ha profundizado en los últimos años desde su anterior puesto como secretario de Estado de Política Territorial.

El socialismo valenciano ha alcanzado cotas de poder en el PSOE nunca vistas hasta ahora. Después de la irrupción del caso Cerdán, Sánchez eligió a Rebeca Torró como secretaria de Organización. Ella también proviene del Botànic, donde ejerció como consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat en la última etapa.

Pero no se queda ahí solo el poder valenciano. Bernabé también tiene un pie a nivel federal, ya que, además de delegada del Gobierno en la comunidad y candidata a la Alcaldía de València, es la número cuatro en el partido como responsable de Igualdad, un puesto al que ascendió en el último congreso del PSOE celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

El socialismo valenciano acudió en masa a la toma de posesión de España en el Ministerio de Hacienda el viernes pasado. Allí también estaban, por ejemplo, Lydia del Canto, actual secretaria de Estado de Comunicación y una de las más estrechas colaboradoras de Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Es una persona muy cercana a Puig, del que fue directora de comunicación y también pasó una breve temporada por el Govern.

En esa instantánea en el Palacio de la Aduana estaba también Zulima Pérez, que actualmente es la comisionada del Gobierno central para la reconstrucción tras la dana. ¿Su procedencia? Fue alto cargo en los gobiernos de Puig, ejerciendo puestos como subsecretaria de la Consejería de Hacienda y Modelo Económico y directora general de Coordinación del Diálogo Social.

En las pasadas elecciones valencianas, el PSPV creció cuatro escaños, pero la suma fue insuficiente frente al PP y Vox. En la cita electoral del 28M, la izquierda alternativa, que acudió dividida, fue menos competitiva: Compromís bajó dos escaños y EUPV-Podemos desapareció del Parlamento autonómico, al no lograr ni el 4% de votos, perdiendo sus ocho diputados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresident socialista de la Generalitat valenciana Ximo Puig, y otro empresario por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalitat valenciana y de la catalana.

Además, el juez impone para Francis Puig una fianza de más de 147.000 euros, según el auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y al que ha tenido acceso EFE.

En el auto, el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat valenciana -personada como acusación- consideran que los hechos cometidos por Francis Puig relativos a dos empresas audiovisuales con sede en la comarca castellonense de Els Ports suponen un delito de falsedad de documento mercantil y de estafa agravada, además de apropiación indebida, delitos los que responsabiliza también al otro empresario encausado, Juan Enrique Adell Bover. 

Según se concreta en el escrito, estos delitos se habrían cometido presuntamente en el ámbito del cobro de subvenciones de los gobiernos autonómicos valenciano y catalán para el fomento del uso del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

Así, atendiendo a los hechos expuestos en el auto de procedimiento abreviado, el magistrado considera que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa agravada.

En un auto notificado este martes a las partes, el instructor fija para los acusados, Francisco Javier Puig -hermano del que fuera presidente de la Generalitat en la época en la que ocurrieron los hechos, el socialista Ximo Puig- y Juan Enrique Adell Bover, fianzas de 147.589,29 euros para un acusado y a 99.614,33 euros para el otro, respectivamente. 

De esas cantidades, tal y como recoge la resolución, serían responsables civiles subsidiarias las sociedades Comunicaciones dels Ports SA y Canal Maestrat SL.

El juez excluye expresamente el fraude de subvenciones de los delitos por los que ha de celebrarse el juicio oral en aplicación de la legislación vigente en el momento de los hechos, antes de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019, como norma más beneficiosa para los reos, al establecer que la defraudación de las subvenciones debía ser superior a los 120.000 euros.

Asimismo, señala como órgano competente para celebrar el juicio y dictar la correspondiente sentencia la Audiencia Provincial de Valencia.

Este auto de apertura de juicio oral no puede ser recurrido, salvo en lo que relativo a la situación personal de los acusados, a diferencia del auto previo de incoación de procedimiento abreviado, respecto del que hay recursos interpuestos pendientes de resolución.

“Es una curranta nata. Muy formada, muy discreta. Nadie se puede imaginar las horas que trabajó para lograr que la gigafactoría de Volkswagen se instalara en Sagunt. Ella es muy del PSOE, muy leal a las siglas. No tiene afán de protagonismo, muy seria. Además, es feminista y muy defensora de los derechos LGTBIQ+. Va a ser un acierto aunque su nombre no se conociera a nivel nacional”.

Esta es la definición que hace de Rebeca Torró un alto dirigente del PSPV que ha crecido junto a ella políticamente. A partir de este sábado, la hasta ahora secretaria de Estado de Industria salta a la primera línea política como nueva secretaria de Organización del PSOE tras el caso Cerdán. En sus manos está buena parte del futuro del socialismo en su momento más difícil desde que Pedro Sánchez llegara al Palacio de La Moncloa.

Torró (Ontinyent, 1981) se ha convertido en la cara de la nueva etapa que abre el PSOE y que supone la gran prueba de fuego para tratar de agotar la legislatura. En el partido había un clamor por que una mujer cogiera la Secretaría de Organización (algo que no pasaba desde Leire Pajín en 2008) y se evidenciara un cambio total tras las etapas hipermasculinizadas encarnadas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Las conversaciones de ellos dos con Koldo García sobre mujeres han supuesto un durísimo golpe para el PSOE, un partido que se proclama feminista y que tiene un altísimo grado de votantes féminas.

Hay mucha confianza en un estilo nuevo alejado del ordeno y mando que históricamente ha caracterizado ese puesto en manos de hombres de perfil duro durante las últimas décadas, como Alfonso Guerra, Txiki Benegas y José Blanco, aparte de Ábalos y Cerdán. El último se rodeó además de una guardia de corps con figuras masculinas como Juanfran Serrano, Javier Alfonso Cendón y Manuel Arribas. Torró liderará una cúpula en la que ganan peso en el día a día también otras mujeres como Anabel Mateos (Coordinación Territorial), Montse Mínguez (Portavocía) y Enma López (adjunta a la Portavocía y responsable de Economía).

Asimismo, supone una ruptura total con los sectores relacionados con Cerdán y Ábalos. Otro dirigente del PSPV aporta este ángulo: “Rebeca pertenece en la federación socialista al sector de Ximo Puig y nunca ha estado en la órbita de José Luis [Ábalos]. Dos familias que se han enfrentado históricamente por el poder en la Comunitat Valenciana”. 

Su nombre en lo más alto del poder socialista viene a reforzar el papel del PSPV, donde Sánchez ha encontrado a una serie de dirigentes de confianza como Diana Morant (líder del territorio y ministra de Ciencia y Universidades) y Pilar Bernabé (delegada del Gobierno en la Comunitat y un referente ya moral en el partido por su papel durante los días de la dana). A ambas hay que sumar la figura de Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación, que también ha estado vinculada al socialismo valenciano como directora de Comunicación del partido y como secretaria autonómica de Comunicación de la Generalitat.

Además, esta Comunidad es clave para el futuro electoral: el PSPV es la segunda federación con más militantes después de Andalucía y el socialismo espera recuperar terreno después de la desastrosa gestión de Carlos Mazón.

Sánchez ya tenía a Torró en el radar desde hace unos años. Su nombre llegó a la mesa del presidente cuando pidió perfiles para el Gobierno tras las elecciones del 23 de julio. El expresidente valenciano Ximo Puig dio dos al líder nacional: Rebeca Torró y Arcadi España (que habían desempeñado papeles relevantes en el Gobierno del Botànic en la Comunitat Valenciana). Ambos entraron como secretarios de Estado de Industria y de Política Territorial, respectivamente.

Su nombre, aunque apenas conocido para el gran público, siempre estaba encima de la mesa para cualquier puesto de responsabilidad y faltó poco para que entrara en la pasada Ejecutiva que salió del congreso de Sevilla, pero se cayó porque ya había mucha presencia valenciana dentro con el propio Arcadi España, Alejandro Soler y Pilar Bernabé. 

Un colaborador cercano del presidente analiza así el nombramiento de Torró: “El presidente buscaba un perfil de esas características. Una persona con gestión comprobada, con condiciones de CEO de una empresa. Profesional como muchos de los perfiles que hay dentro del Ejecutivo. Encaja perfectamente en la idea que tenía. Además, ha demostrado aceptando que también es valiente”.

Torró tiene esa parte de gestión, pero es una persona, como también destacan varios dirigentes consultados, muy del PSOE. De hecho, ella ya era secretaria de Organización en su comarca con 23 años, como recuerda una compañera de fatigas políticas. Licenciada en Derecho, ha pasado por todos los niveles en la Administración y empezó como concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Ontinyent. Allí trabajó codo con codo con Jorge Rodríguez, que dejó el PSOE por el caso Alquería aunque luego no salió declarado culpable. Después él montaría un nuevo partido, pero ella decidió quedarse en el PSOE. 

Dentro del Gobierno valenciano, Torró jugó un papel muy importante como conexión con el mundo empresarial, que recelaba de la presencia de Compromís en ese Ejecutivo. Desde el Partido Popular se trató de vincular a la entonces consellera con el sobrecoste de material sanitario durante la pandemia a través de un contacto con un empresario chino, pero la investigación no llegó a ningún puerto. Durante estas horas, la derecha también intenta vincularla con el caso Cerdán porque, según publica La Razón, durante su época en el Ejecutivo autonómico autorizó adjudicaciones a Levantina de Ingeniería y Construcción SL, una de las empresas citadas en la trama.

Otro alto cargo que la conoce desde hace años responde así cuando se le pregunta por los puntos fuertes y los débiles de Torró: “Luchadora, valiente, con garra, conoce bien orgánicamente el partido. Es buena comunicadora y dura contra el PP”. Y sobre sus fragilidades: “Nunca ha llevado temas orgánicos, pero seguro que se pondrá en cero coma”. Por Torró pasa buena parte del futuro del socialismo y ahora le toca remontar, como en los partidos de fútbol femenino que suele ver.

La dana de septiembre de 2019, el estado de alarma por la covid, los incendios del verano de 2022 que arrasaron 31.000 hectáreas... La legislatura 2019-2023 en la Comunitat Valenciana fue una sucesión de crisis de emergencias. La incomparecencia del presidente valenciano Carlos Mazón, que no se puso al frente del siniestro hasta 10 horas después que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciara la alerta roja por lluvias, y la tardanza en poner en marcha las primeras medidas de urgencia ante la riada sin precedentes que asoló gran parte de la provincia de València los pasados 28 y 29 de octubre contrasta con la anticipación con la que actuó el Gobierno del socialista Ximo Puig en las catástrofes naturales con las que le tocó lidiar. El Ejecutivo del Botànic y los técnicos a su mando cometieron errores, sí. Pero aprendieron de ellos. Fuentes del anterior Ejecutivo aseguran que detectaron las carencias de un sistema de respuesta obsoleto ante fenómenos especialmente virulentos e impredecibles derivados del cambio climático que pusieron a prueba la eficacia y capacidad de sus equipos. También trataron de corregirlas con una reforma integral del servicio de Emergencias que el PP denigró al considerarla innecesaria, acusando al Consell de crear "chiringuitos" y "cortinas de humo".

Entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019 lluvias de hasta 496 litros por metro cuadrado cayeron sobre el Valle de Albaida, al sur de la provincia de Valencia, y en la comarca alicantina de la Vega Baja desbordando el río Segura y causando estragos catastróficos jamás conocidos en la Comunitat hasta entonces. Cuatro días antes, el 8 de septiembre, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergecias (AVSRE), dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior, tras recibir un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), activó el nivel amarillo de preemergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat puso en alerta a todas las instituciones y a las agencias con responsabilidad en materia de emergencias, a Protección Civil y a todos los municipios que podían verse afectados. A través de los medios de comunicación y de las cuentas en redes del 112 se difundió información a la población cuando la tragedia todavía no había empezado.

Cuando el 9 de septiembre las primeras tormentas comenzaron a caer sobre las provincias de Castellón y Valencia, la Consellería de Justicia elevó el nivel de preemergencia para toda la Comunitat Valenciana a naranja, nivel que se mantuvo durante todo el día siguiente, actualizándose todos los avisos de emergencia emitidos la víspera. Desde el Centro de Coordinación se instó a extremar la precaución a los municipios con riesgo alto o medio de inundaciones, especialmente a aquellos más cercanos a ríos y barrancos. Antes de que se iniciaran las lluvias torrenciales, el servicio 112 del Ejecutivo valenciano incrementó su personal en un 12% en sus salas de atención a llamadas en previsión de comunicaciones con la población que pudiera resultar afectada.

El mismo 11 de septiembre, con la alerta ya declarada, el entonces presidente Ximo Puig convocó una reunión a la que asistieron la consellera de Justicia e Interior y responsable de las emergencias, Gabriela Bravo, así como los titulares de Educación, Sanidad y Política Territorial, junto a representantes de las consellerias de Igualdad y Medio Ambiente. En el encuentro se decidió la suspensión de las clases a 20.000 alumnos de las provincias de Castellón y Valencia. También se activó el protocolo para atender a los mayores y dependientes usuarios de teleasistencia, así como a las personas sin hogar. Inmediatamente después, la consellera Bravo se dirigió a los ciudadanos a través de los medios para recordar todas las medidas básicas de protección que debían adoptar.

A las 11.33 de ese mismo día 11, tras recibir un nuevo informe de la Aemet avisando de las enormes precipitaciones, la AVSRE decidió elevar el nivel de preemergencia a rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y en toda la provincia de Alicante. Ante la gravedad que anticipaba, la Generalitat convocó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) pese a que todavía no se había declarado la situación dos (inundaciones generalizadas de gran extensión territorial), cuando los protocolos obligan a conformar ese órgano. En esa primera reunión del Cecopi estuvieron representadas las consellerías de Agricultura, Sanidad, Educación, Políticas Inclusivas y Política Territorial, junto a responsables de la Delegación del Gobierno, las diputaciones de Alicante y Valencia, la UME, Policía, Guardia Civil, confederaciones hidrográficas y Aemet. También acudieron representantes de Protección Civil, Cruz Roja, red eléctrica, Adif, Iberdrola, Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat.

Según dijo la consellera Bravo semanas después en las Cortes Valencianas, en esa reunión "se coordinaron los recursos de cada una de las administraciones y entidades y agencias implicadas, y se informó de las medidas preventivas que cada uno de los distintos departamentos estaba adoptando ante el inminente riesgo de lo que se avecinaba".

Al día siguiente, a las 10.15 se decretó la emergencia por lluvias generalizadas en el Valle de Albaida y tres horas y 45 minutos después, la Generalitat solicitó al Gobierno central el despliegue de la UME en previsión de que la situación en la Vega Baja se iba a complicar, como finalmente sucedió. A las cuatro de la tarde la situación de emergencia se extendió a toda la provincia de Alicante, con especial atención a esa comarca y a su capital, Orihuela, donde llegaron a caer 496 litros por metro cuadrado produciendo inundaciones inmediatas. El día 13, en pleno temporal, los 7.430 efectivos desplegados desde cuatro días antes efectuaron más de 600 actuaciones de salvamento de personas que se encontraban en situación de riesgo. La dana dejó a su paso tres muertos en la provincia de Alicante y enormes daños en edificios, infraestructuras y cultivos. En total, unas 4.000 personas tuvieron que ser rescatadas.

La magnitud de la catástrofe supuso un antes y un después en la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana. "Hemos de considerar que el cambio climático ha dejado de ser una posibilidad académica para convertirse en una verdadera amenaza real", dijo la consellera Bravo en su comparecencia en las Cortes semanas después, en la que vaticinó: "Es de temer que en el futuro tengamos otra dana como la que nos golpeó". Después anunció un replanteamiento de la gestión de estas crisis aunque todavía sin dar detalles: "Estamos preparando por ello una estrategia valenciana de protección civil que incluirá los desafíos que debemos afrontar a causa de la crisis climática".

La reflexión sobre la virulencia del fenómeno y su relación con el calentamiento global se materializó en los ejercicios siguientes. Un año después, el presidente Puig anunció la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un nuevo equipo operativo y de coordinación para "acelerar la respuesta ante un crisis de gran magnitud". El organismo, que aunaba a bomberos y forestales de las tres provincias, tenía como finalidad "la intervención y colaboración" en todo el territorio valenciano o en apoyo a otras comunidades "junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe u otras necesidades públicas", tal y como establecía el decreto del Consell que la creó en febrero de 2023.

Con el cambio de Gobierno y la llegada del PP, su sucesor en el cargo, Carlos Mazón, la suprimió en noviembre de 2023 como "primer paso de la reestructuración del sector público empresarial" de su nuevo Ejecutivo. Su eliminación se produjo cuando se encontraba en un estado muy inicial, en su primera fase de implantación.

La segunda gran crisis de emergencia meteorológica que tuvo que afrontar el Gobierno del Botànic fue la generada por los incendios que, entre el 13 y el 21 de agosto de 2022 arrasaron más de 31.000 hectáreas de terreno en los municipios de Vall d'Ebo (Alicante), y los de Useres y Bejís, en la provincia de Castellón. Este último, que en solo tres horas multiplicó por seis su extensión, puso en serio peligro a los 48 pasajeros de un tren que circulaba entre Valencia y Zaragoza. Ante la presencia de las llamas junto a la vía, el convoy tuvo que dar la vuelta y retroceder y algunos viajeros decidieron abandonarlo y 15 necesitaron asistencia sanitaria. Los fuegos, declarados en puntos muy distantes, pusieron a prueba los servicios de extinción y emergencias de la Generalitat.

Pese al comportamiento inesperado y excepcionalmente violento del fuego, según los propios técnicos que se afanaron en controlarlo, la Generalitat también se anticipó a la catástrofe desde el primer momento. Tras recibir la primera alerta de la Aemet por altas temperaturas el 11 de agosto, el president Ximo Puig convocó en Dénia al día siguiente a sus consellers de Justicia e Interior, Sanidad y Medio Ambiente y Transición ecológica para adoptar medidas de prevención por la ola de calor. En esa reunión el jefe del Ejecutivo valenciano decretó la preemergencia de nivel 3 movilizando a los medios aéreos y a los bomberos forestales para la vigilancia de los montes. También se cerraron los parques naturales y se suspendieron las obras y trabajos en terreno forestal prohibiendo hacer fuego y actividades deportivas.

Ya con la prealerta declarada, el primer rayo cayó en el municipio de Vall d'Ebo, dando origen al primer incendio sobre las 22.00 del 13 de agosto y, pasada la medianoche, el Puesto de Mando Avanzado decidió establecer el índice de gravedad 2 ante la posibilidad de amenaza a la población y núcleos urbanos. Dado que era de noche y no podían actuar los medios aéreos, se pidió al Gobierno central que activara la UME para maximizar los efectivos terrestres. Al día siguiente, ante las dificultades de la extinción, los técnicos acordaron la instalación de un albergue provisional y, ya por la tarde, se evacuó a los vecinos de varias poblaciones para alejarlos del peligro. A las 11 de la mañana del día 15 se constituyó el Cecopi debido a la declaración de otro incendio en Useres.

Mientras los bomberos forestales y los militares luchaban contra las llamas en Alicante, otro rayo inició un fuego en Bejís, 200 kilómetros al norte, sobre las cuatro de la tarde del día 15. Fue el más peligroso de todos. Al día siguiente, un incendio que los técnicos consideraban "convencional" pasó a convertirse en "una tormenta de fuego que desarrolló carreras rapidísimas por diversos flancos y frentes". Entre las tres y las seis de la tarde del día 16, ese fenómeno anómalo hizo que el fuego pasara de un perímetro de 600 hectáreas a 3.700. En su comparecencia posterior en las Cortes Valencianas, la consellera Gabriela Bravo, achacó a ese comportamiento imprevisto de las llamas el episodio del tren.

El pánico que se desató en el convoy y las lesiones sufridas por algunos de sus pasajeros (en algunos casos de gravedad), unido al proceso por lesiones y daños que se inició contra la maquinista y varios técnicos de protección de incendios, causaron un gran impacto en el Gobierno valenciano. "Nos dimos cuenta del peligro que estos fenómenos pueden generar de manera repentina debido al cambio climático", explica la exconsellera Bravo. "Solo unas horas antes del incidente nos habíamos reunido con el puesto de mando avanzado y con el Cecopi, sin que ninguno de los técnicos hubiera detectado el peligro. Podría haber ocurrido una tragedia mucho mayor", recuerda.

Esa fue la razón por la que la propia Bravo anunció un mes después la creación de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias. "Los episodios vividos nos muestran una realidad hasta ahora desconocida", dijo en una rueda de prensa la entonces consellera. "Los incendios de sexta generación que se han declarado o los fenómenos que están claramente vinculados al cambio climático, como las grandes inundaciones, nos hacen anticiparnos ante un nuevo escenario de vulnerabilidad", añadió. Este nuevo equipo de expertos, que tenía que contar con la última tecnología, debía de ser capaz de anticipar, planificar y diseñar la intervención de "los escenarios críticos que generan", estas nuevas emergencias. 24 horas al día y 365 días al año. Y en tiempo real.

Los presupuestos de 2023, los últimos aprobados por el Gobierno de Puig, dotaron esta nueva unidad con 500.000 euros para la contratación de los seis especialistas que debían formarla, pero solo dio tiempo a seleccionar a dos (un jefe de unidad y un jefe de servicio). También se inició el procedimiento para adquirir una herramienta de inteligencia artificial que fuera capaz de anticipar modelos de los riesgos meteorológicos y territorios y poblaciones con gran vulnerabilidad.

El Gobierno de Mazón formalizó la adquisición del software el pasado 21 de octubre, solo ocho días antes de la dana que asoló Valencia, por lo que no pudo utilizarse durante la emergencia. Las cuatro plazas restantes para técnicos del equipo diseñado el Ejecutivo del Botànic se sacaron a concurso el pasado 6 de noviembre cuando la lluvia había dejado de caer tras provocar 221 muertos.

Un rico magnate de prensa se casa con la sobrina del presidente para intentar dar el salto a la política, aprovechando el poder de su vasto imperio mediático. Solo un escándalo se lo impide. Efectivamente, se trata de parte del argumento de Ciudadano Kane, obra maestra de Orson Welles, que le llevó a ganar su primer y único Óscar. Como tantas veces, la ficción imita a la realidad. El relato de Welles no solo se basa en hechos reales, sino que representa, llevado al extremo, un esquema repetido muchas veces en Europa y en el mundo. Figuras destacadas de la política internacional han repetido este camino: de periodistas a políticos y de políticos a periodistas.

Un caso bien conocido es el del célebre primer ministro británico Winston Churchill, que antes de lanzarse a la actividad política, consiguió labrarse un nombre como corresponsal de guerra, sacando partido a su carrera militar. Otro futuro político que forjó sus habilidades comunicativas en la cantera del periodismo fue el dictador italiano Benito Mussolini, quien por aquel entonces comulgaba todavía con los ideales socialistas. Un salto profesional que acompañó su evolución hacia el conservadurismo fascista. Más próximo en el tiempo, el ex primer ministro tory Boris Johnson trabajó como periodista en medios tan reconocidos como The Times o Daily Telegraph, granjeándose la admiración de la propia Margaret Thatcher.

Ocurre lo mismo en España. Desde presidentes autonómicos, pasando por líderes del independentismo, hasta políticos de todos los colores y ocupando los puestos más diversos.

El que ha sido quizá el protagonista político del verano dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo. El expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se estrenó con tan solo 16 años escribiendo crónicas deportivas en Los sitios, un periódico local de Girona. Unos años más tarde, el político independentista terminaría abandonando sus estudios universitarios en Filología Catalana para centrarse en la labor periodística, incorporándose al diario El Punt, del que llegó a ejercer como redactor jefe. Se afilió también al Colegio de Periodistas de Cataluña. 17 largos años después, abandonó El Punt para aceptar su nombramiento como primer director de la Agència Catalana de Notícies.

Tiempo después, y tras un par de años como director de la Casa de Cultura de Girona, regresó al entorno periodístico para ostentar el cargo de director general de Catalonia Today. No fue hasta el año 2006 cuando decidió abandonar definitivamente el periodismo para dedicarse de lleno a la actividad política, tras obtener un escaño por la circunscripción de Girona en el Parlament de Cataluña como miembro de la extinta Convergència i Unió (CiU).

De la cabeza más visible del independentismo catalán, al estandarte españolista del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), de la que fue nombrada Alumna Ilustre, Ayuso cursó en esta misma institución un supuesto máster –en realidad un título propio– en Comunicación Política y Protocolo. Durante sus estudios de grado, realizó prácticas en la emisora deportiva Radio Marca y en una agencia de marketing en Ecuador –donde para sorpresa de la propia Ayuso también hablan español–. Al terminar la carrera, pasó unos meses en Dublín, donde realizó unas nuevas prácticas en el departamento de producción de un programa de radio fórmula de Spin 1038 FM.

Tras su regreso a España, se afilió a las Nuevas Generaciones del PP y comenzó a trabajar como asesora en el gabinete de prensa de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. De ahí pasó al Gabinete Técnico de la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que le encomendó la tarea de community manager del perfil en Twitter de Pecas, su perro. Antes de incorporarse como diputada a la Asamblea de Madrid en el año 2011, trabajó también para la cuestionada entidad de Aguirre Madrid Network. Continuó compatibilizando los comienzos de su carrera política con las labores de comunicación, dirigiendo la campaña digital de la heredera de Aguirre y la que sería la siguiente presidenta regional, Cristina Cifuentes.

Otros presidentes autonómicos como Ximo Puig o Uxue Barkos cursaron igualmente estudios de periodismo antes de dedicarse activamente a la política. El expresidente de la Generalitat Valenciana no llegó a completar la carrera universitaria, incorporándose directamente a trabajar en diarios como El periódico Mediterráneo de Castellón. Ejerció como director de comunicación del también socialista y presidente de la Comunitat Joan Lerma y colaboró con medios de la talla de la Agencia EFE, COPE o la desaparecida Antena 3 Radio. Por su parte, la expresidenta navarra, que sí finalizó su licenciatura, cuenta con una sólida carrera en el periodismo, previa a su paso por la política. Barkos trabajó en múltiples medios, tanto nacionales como autonómicos: RNE, TVE, Navarra Hoy o Euskal Telebista (ETB).

Empezando por el norte, en País Vasco se concentran varios ejemplos de periodistas reciclados en el mundo de la política. Quizá dos de los más llamativos, ambos licenciados en Ciencias de la Información, sean la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.

Aizpurua se estrenó como redactora del diario Egin y de la revista Punto y Hora de Euskal Herria. Ahora bien, si por algo es conocida en los círculos del periodismo es como fundadora y directora del periódico Gara, afín a la izquierda abertzale.

En cuanto a Ortuzar, empezó como corresponsal de Radio Popular en Bilbao. Más adelante, se incorporó al diario Deia, en el que ejerció como responsable de las secciones de trabajo y política autonómica. Su trayectoria no termina aquí. A finales de los 90, se convirtió en el nuevo director general de EiTB, cargo que desempeñó durante más de diez años. A pesar de su actividad política, Ortuzar nunca ha abandonado su vocación periodística. Tanto es así, que, hace apenas una semana, el político nacionalista sorprendía en redes con una crónica in situ del desarrollo de la Convención Demócrata en Chicago.

Bajando hasta la capital, la que fue diputada socialista y directora del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, cuenta con una extensa y dinámica trayectoria en el ámbito periodístico, igual que en el político. Lozano ha recorrido las redacciones de periódicos como ABC, El Mundo y El País, colaborando incluso con grandes medios internacionales como la BBC. Son también reconocidas sus coberturas como enviada especial en diferentes zonas del mundo: Mauritania, Argelia, Kosovo...

Por último y ya en el sur, el exdiputado 'casadista' del Partido Popular, Pablo Montesinos, trabajaba ya como periodista en medios como Libertad Digital y esRadio antes de integrarse en las filas de la formación conservadora. Lo mismo ocurre con la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que dio el salto a la política desde la redacción de El Mundo y el estudio de la COPE.

Para terminar, tres menciones especiales. En primer lugar, un periodista con un paso llamativamente fugaz por la política, de apenas una semana. Exacto, el ex ministro de Cultura y Deporte del PSOE, Máximo Huerta. En segundo, el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, exdiputado del PP en el Parlament catalán y, años después, director del gabinete del entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, así como director general de Relaciones con las Cortes. Hasta que un escándalo de corrupción precipitó su salida de la esfera política. Por último, aunque saliendo del entorno político, la que fuera reportera y presentadora de TVE, ahora reina consorte, Leticia Ortíz, hija del periodista Jesús José Ortiz Álvarez y nieta de la locutora de radio Menchu Álvarez del Valle.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha sido proclamada definitivamente como secretaria general del PSPV en el congreso extraordinario que los socialistas valencianos celebran en Benicàssim (Castellón) durante este fin de semana, como relevo de Ximo Puig, informa Europa Press.

La proclamación la ha comunicado la comisión nacional de Ética del PSPV a unas horas de la votación de la ejecutiva que encabezará Morant, durante la tarde de este sábado, por parte de los 451 delegados del congreso extraordinario.

Los primeros nombres que se dieron a conocer fueron los de Alejandro Soler (presidente) y Carlos Fernández Bielsa (vicesecretaría general). Ambos se postularon para competir con Morant en unas primarias, pero finalmente llegaron a un acuerdo para que fuera la única candidata.

Este pasado viernes por la noche se desvelaron otros cuatro nombres: el concejal de Gandia (Valencia) y diputado provincial, Vicent Mascarell, como secretario de Organización; Rubén Alfaro, alcalde de Elda (Alicante) y responsable de su campaña para este congreso, como portavoz del partido; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como secretaria de Relaciones Institucionales, y la alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón), Tania Baños, al frente del Consell d'Alcaldes, un órgano de nueva creación.

Antes de la proclamación, el 'expresident' de la Generalitat y secretario general saliente del PSPV, Ximo Puig, se ha despedido de los socialistas valencianos en su última intervención como líder del partido.

El congreso extraordinario del PSPV ha arrancado este sábado con un cierre de filas en torno a la figura de la nueva secretaria general para liderar la oposición al Consell que comparten PPCV y Vox. "Cuando Carlos Mazón convoque elecciones, tenemos la mejor alternativa", han coincidido varios de los intervinientes en el inicio del cónclave, al que ha asistido la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.

Al inicio, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz –hasta ahora secretario de Organización que será relevado por Mascarell– ha llamado a que los socialistas valencianos salgan del congreso "más unidos y fuertes y con la alternativa ya clara para volver en 2027" a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

En su intervención, el presidente de la mesa, Jordi Mayor, ha asegurado que en el PSPV son "conscientes de que (este cónclave) no va a ser una oportunidad perdida" y trabajarán "para que la ciudadanía tome conciencia de lo que supone para sus vidas que gobierne la derecha con el programa de la ultraderecha". Además, ha destacado el papel del secretario general saliente, Ximo Puig, y de predecesores como Joan Ignasi Pla o Jorge Alarte.

Como líder del PSPV en la provincia de Castellón, Samuel Falomir ha sostenido que el PP está "preocupado" porque "pensaba que con el lío de sucesiones" en el PSPV, antes del acuerdo para que Morant fuera la única aspirante, iba a tener mucho tiempo. "Los socialistas aprendemos de los errores del pasado y dejamos de hablar de nosotros", ha manifestado, y se ha mostrado convencido de que "hasta que Mazón convoque elecciones" el PSPV estará pulsando la calle para recuperar la Generalitat.

Por su parte, el secretario general de Joves Socialistes, Benjamín Mompó, ha agradecido el legado de Puig, al demostrar a jóvenes "que no habían visto gobernar al PSPV" que era posible, y ha destacado la capacidad del partido de "rearmarse" en unos meses. "En el momento en que Carlos Mazón convoque elecciones, puede hacerlo cuando quiera, tenemos la mejor alternativa para la sociedad valenciana", ha aseverado.

Por parte de los sindicatos, el secretario de Empleo y Política institucional de CCOO PV, Juan Carlos Gallart, ha augurado que el PSPV será capaz de relanzarse y ha prometido que su sindicato colaborará con el partido. "Hoy en Benicàssim es necesario mirar adelante y poner el acento en lo que está pendiente por hacer. Seguimos sin tener un modelo de financiación autonómica, vicepresidenta", ha subrayado dirigiéndose a la ministra de Hacienda.

Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, también ha exigido la reforma de la financiación, ha destacado el papel de Morant al frente del Ministerio de Ciencia en materia de empleo y progreso y ha agradecido a Puig su apuesta por el diálogo social "sincera además de propagandística". Además, ha animado a definir "un valencianismo auténticamente valenciano, ni por oposición ni a favor de determinadas posiciones más o menos cercanas".

Durante la apertura del congreso se han emitido vídeos de apoyo a Morant de representantes socialistas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el líder del PSC, Salvador Illa, o la presidenta de Navarra, María Chivite.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado claro que el PP debe saber "alto y claro" que los socialistas no se van a dejar "amedrentar" en materia de corrupción, ante casos como el de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: "No van a impedir que hagamos nuestro trabajo; periodistas, jueces, fiscales, inspectores, políticos... Vamos a perseguir la corrupción venga de donde venga".

En el congreso del PSPV, después de que hayan abierto diligencias contra la pareja de Ayuso por dos presuntos delitos, Montero ha asegurado que tiene muchas ganas de preguntar al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, si "está de acuerdo con que su partido esté amparando casos de delito sobre la pareja de otro gobernante del PP", en alusión a la presidenta madrileña.

"¿Realmente no tiene nada que decir de esta situación y comparte que hay que darle coartada y amparar discursos que lo que hacen es enriquecerse durante la pandemia y no pagar impuestos? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué el resto de dirigentes del PP no dicen basta ya y Génova solo responde a los intereses de Madrid?", ha manifestado.

Durante su intervención, en clave estatal, Montero ha acusado al PP de ser incapaz de asumir responsabilidades políticas o exigir dimisiones "cada vez que se descubre que tienen asuntos turbios en su entorno, como ahora con la pareja de Ayuso, antes con su hermano, antes con otros familiares". "Parece que la pandemia les vino fenomenal", ha señalado.

Montero ha acusado al PP de no ejercer como un partido democrático cuando le salpica la corrupción en su entorno, algo que ha ligado con los casos destapados de gobiernos 'populares' previos a 2015 en la Comunitat Valenciana, "durante tanto tiempo y de manera tan profunda y arraigada". "Qué te voy a decir, Ximo", ha indicado dirigiéndose al 'expresident' Ximo Puig.

Según ha defendido, mientras en el PSOE asumen responsabilidades de manera "contundente y rápida" cuando hay "gente vil y mezquina" en su entorno, en el PP "vuelven con esa teoría de la conspiración, que es su coartada cuando son pillados en las mentiras", algo que ha relacionado con el 11M, con la Gürtel "y ahora con el caso Ayuso".

"No les importa denostar las instituciones por mantenerse en el poder y por no dar dimisiones ni exigir responsabilidades", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que lo importante es cómo actúa cada partido porque "todos podemos tener un garbanzo negro dentro del canasto".

En esta línea, ha destacado que la "familia socialista" reacciona con "contundencia, transparencia y colaboración con la justicia hasta el final", mientras "ellos destruían ordenadores a martillazos, tenían una policía patriótica y están en contra de cualquier comisión de investigación". "Tolerancia cero, venga de donde venga; no valen los dobles discursos ni el ancho del embudo para unos ni el estrecho para otros", ha ilustrado.

También ha denunciado la "conducta" del PP cada vez que esta en la oposición, de generar "ruido, bronca, confrontación y enfrentamiento" al "creer que el poder les pertenece por cuna" y que los socialistas están en el Gobierno como "okupas o usurpadores".

Es algo que ha destacado que recuerda siempre el expresidente Zapatero sobre "el comportamiento de esa derecha que no terminó nunca de ser democrática y nunca aceptó que cuando no gobierna tiene que hacer una oposición constructiva y respetar los gobiernos legítimos en vez de hablar permanentemente mal de España fuera de nuestras fronteras".

El Consejo de Ministros aprobará en su reunión ordinaria de este martes el nombramiento del expresidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig como nuevo embajador delegado permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en relevo del también exdirigente socialista Manuel Escudero Zamora. El nombramiento tendrá lugar un día después de que Puig renunciara a su acta de senador el lunes por la tarde. El todavía secretario general del PSPV-PSOE presentó su renuncia al cargo al que accedió el pasado mes de julio tras perder la presidencia del gobierno valenciano, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.

Puig ha remitido una carta a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para comunicar su renuncia al acta de senador territorial: "Quiero testimoniar el agradecimiento a la cámara que usted preside y hacerlo extensivo a los diputados y diputadas que la conforman por haberme conferido el honor de representar a nuestro territorio en el Senado durante los primeros meses de esta legislatura", ha expuesto.

"Deseo que continuemos trabajando, desde las comunidades autónomas, para transformar el Senado en una auténtica cámara de representación territorial que ayude a entender mejor la diversidad polifónica de España y atienda de manera más adecuada la cohesión territorial y social de nuestra sociedad", ha añadido. Puig dejará de ser secretario general de los socialistas valencianos oficialmente en el Congreso de final de marzo, en el que se proclamará a Diana Morant como secretaria general, tras ser la única candidata que consiguió recopilar los avales necesarios.

De esta manera, el nombramiento del expresidente valenciano como embajador ante de la OCDE se suma a los exministros Héctor Gómez y Miquel Iceta respectivamente como nuevos representantes permanentes de España ante la ONU en Nueva York y ante la UNESCO, una decisión que generó malestar entre los diplomáticos, que lamentaron la falta de trayectoria internacional de ambos para ostentar estos puestos que requieren un perfil técnico. Además, advirtieron del impacto que para la imagen de España puede tener que políticos copen este tipo de destinos.

También la exministra de Sanidad, la socialista Carmen Montón, fue designada representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, mientras que el exdirigente del PSOE Manuel Escudero Zamora, que dará el relevo a Ximo Puig, está en la OCDE. A estos hay que sumar a la exministra de Educación Isabel Celaá como embajadora ante la Santa Sede y a Ángel Martín Peccis en Cuba.

Los líderes del PSPV en las provincias de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, se integrarán finalmente en la candidatura de la ministra de Ciencia, Diana Morant, que de este modo será la única aspirante a la secretaria general de los socialistas valencianos en sustitución de Ximo Puig, según han confirmado fuentes conocedoras del acuerdo y ha adelantado la Cadena SER.

Así se ha acordado en una reunión en la sede del PSOE en Ferraz en la que han participado los tres dirigentes socialistas, que formalizaron oficialmente este lunes sus candidaturas, y el secretario de Organización, Santos Cerdán.

Con este movimiento, el PSPV evita ir a primarias, que estaban fijadas para el próximo 25 de febrero, y despeja el camino de Morant hacia el congreso extraordinario de finales de marzo en Benicàssim, del que saldrá la nueva dirección de los socialistas valencianos que, por primera vez, encabezará una mujer.

Cuenta atrás. El reloj avanza. El proceso oficial por la sucesión de Ximo Puig ha arrancado y las familias del PSPV siguen sin acuerdo para una candidatura única, como persigue la dirección federal, y se encaminan en estos momentos a una lucha de primarias a tres con la ministra Diana Morant, Carlos Fernández Bielsa (alcalde de Mislata) y Alejandro Soler (diputado y exalcalde de Elche) como grandes aspirantes.

La idea que manejan en la calle Ferraz es intentar que haya una sola lista y evitar una guerra interna en estos momentos en una federación conocida por sus históricas peleas cainitas. Pero no se ha conseguido ese anhelado pacto por ahora, aunque todavía se intentará a través de conversaciones discretas entre los diferentes sectores.

El nombre que más suena en La Moncloa y en Ferraz para hacerse con el PSPV es el de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que no ha confirmado oficialmente que se vaya a presentar a este proceso interno, aunque la animan desde diversos sectores a intentarlo. Ella siempre se ha mostrado a favor de contribuir en el futuro del socialismo valenciano y se ha convertido en la voz más firme a nivel nacional contra el actual Gobierno del PP y de Vox en la Generalitat Valenciana.

En la remodelación del Ejecutivo, además, ganó peso al incorporar a su cartera la competencia de Universidades, lo que evidenció el respaldo que tiene de Pedro Sánchez a su trabajo. En el núcleo duro del socialismo entienden que Morant podría compaginar el cargo en el Ejecutivo y en el liderazgo del PSPV, mientras que los afines a Fernández Bielsa y a Soler creen que este doble papel es complicado y que se necesita a una persona a tiempo completo recorriendo la comunidad. Asimismo, los partidarios de Morant recuerdan que ella ya fue alcaldesa de Gandía y tiene colmillo político a pesar de la imagen de distancia que pretender difundir algunos dentro de la federación.

Fuentes de los distintos sectores que negocian en el PSPV reconocen que no se ha logrado ningún acuerdo desde que este lunes se aprobara el calendario y que en estos momentos se camina hacia una batalla entre varias candidaturas. Todos se verán las caras en el Comité Nacional del domingo del PSPV-PSOE para reconfirmar la hoja de ruta hacia el congreso extraordinario. Y esta semana es crucial para tantear esa posibilidad de unidad porque hay tiempo hasta la presentación de precandidaturas, que deberá hacerse el lunes y el martes que viene. Luego llegará el proceso de avales (entre el 31 de enero y el 7 de febrero), con la necesidad de reunir entre el 6 y el 10% de los militantes para pasar a la siguiente fase.

La primera vuelta de las primarias está fijada para el 25 de febrero. Y si ningún candidato supera el 50% de votos, se celebrará una segunda votación entre los dos más respaldados que sería el 3 de marzo. El final del camino será el congreso extraordinario que el PSPV organizará del 22 al 24 de marzo en Benicàssim (Castellón).

Fuentes de los distintos sectores no descartan que se pueda llegar a un acuerdo final, aunque reconocen que en estos momentos "vamos a votar". La idea de Fernández Bielsa (alcalde de Mislata) es dar la batalla si sigue para adelante Soler, según fuentes conocedoras, y sería más difícil que se plante en la carrera sólo ante Diana Morant. En los distintos sectores del PSPV ven muy lanzado al regidor y con muchas ganas. Como dice un dirigente del socialismo valenciano: “Él quiere ser el líder. Ve que si deja pasar este tren, puede que no lo consiga nunca”.

El alcalde de Mislata lleva como principal marca sus victorias con mayorías absolutas en su municipio aunque los partidarios de Morant subrayan que su candidatura tiene menos fuerza al no haber logrado ser el presidente de la Diputación de Valencia tras el 28M. No obstante, también reconocen en el PSPV que tanto él como Soler tienen mucha fuerza orgánica al ser los líderes del partido a nivel provincial en Valencia y en Alicante.

Fernández Bielsa se limitó a decir este martes, cuando le preguntaron sobre si daría el paso final, que este es el momento de “dialogar y compartir qué modelo queremos”. Manifestó que hay que construir un partido “sólido, fuerte y solvente” con capacidad para “echar de las instituciones a la extrema derecha”. Aseveró que está trabajando para poder “hacerlo lo mejor posible para enfrentarnos a ese proceso electoral en el que tenemos muchas opciones si tenemos un partido fuerte para enfrentarnos a las políticas neoliberales y de la derecha más radical que ha tenido el autogobierno valenciano”. “Queremos volver a ganar y tenemos que ilusionarnos en volver a ganar”, enfatizó el regidor, que se mueve especialmente para tener a su lado al municipalismo con apoyos como el de José Antonio Sagredo (Paterna).

A pesar del peso orgánico de Bielsa y Soler, los partidarios de Morant se ven con más fuerza para ganar al aunar el apoyo del ximismo y de las órbitas valencianas cercanas a Ferraz. Fuentes de la actual dirección del PSPV indican que ahora parece que se terminará votando en unas primarias, pero afirman que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades “va a ganar bien” si se presenta. “Los otros dos supuestos candidatos están teniendo fugas de apoyos”, relatan, para remachar: “Las acciones de Diana Morant van hacia arriba”.

El tercero en la carrera que aparece es Alejandro Soler, que anunciará a lo largo de la semana si se se presenta y ya ha mostrado su disposición a concurrir. Él tiene como fuerte su peso dentro de Alicante y sus buenos contactos en las otras provincias. Además, goza de un buen vínculo con el exministro José Luis Ábalos, que sigue arrastrando a sectores de militantes dentro del PSPV que podrían ser claves en una apretada votación. A los dos se les vio juntos charlando en la pasada convención política del PSOE en A Coruña durante el fin de semana.

En Ferraz siguen intentando que haya una lista de unidad para no tener semanas cainitas en una federación clave, que cuenta con casi 18000 militantes y es la segunda más grande después de Andalucía. Es el único territorio que puede quebrar la paz interna que vive el partido a pesar del batacazo regional el pasado 28 de mayo, aunque en breve también se pondrán manos a la obra en Extremadura para aprobar su hoja de ruta hacia un congreso extraordinario para sustituir a Guillermo Fernández Vara en la Secretaría General.

Las familias del PSPV, según fuentes de todos los sectores, sí tienen en común una idea: hay que ir ya a ese congreso e impulsar el proyecto para hacer oposición al Gobierno del PP y de Vox. Desde el primer minuto. Uno de los miedos que recorre en los análisis de los dirigentes es que se deje mucho espacio libre a Carlos Mazón (PP) y se termine asentando en la Generalitat. Los socialistas se fijan mucho en el caso de Juanma Moreno en Andalucía, que llegó a la Junta con el peor resultado, terminó comiéndose a Vox y arañando a parte del electorado del centro. Además, en el PSPV entienden que es posible recuperar el Palau dentro de cuatro años porque el partido es competitivo electoralmente, ya que el 28M sumó cuatro diputados más que en 2019 aunque luego no logró sumar con el resto del arco progresista. Uno de sus grandes problemas, afirman además, es la situación a su izquierda, cuya fragmentación hizo que se perdiera el Gobierno del Botánic.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha puesto fin este lunes a casi 20 años como diputado en Les Corts Valencianes -cargo que ha desempeñado en diferentes etapas- y ha explicado que seguirá siendo senador y se mantendrá al frente del partido hasta el congreso extraordinario. En declaraciones a los medios de comunicación en Les Corts antes de formalizar su renuncia al escaño, ha señalado también que le gustaría que el congreso extraordinario en el que se elegirá a la nueva dirección del partido sea en febrero, y sobre la posibilidad de ocupar en el futuro un puesto en París ha dicho que aún no está "en esa etapa", según informa Europa Press.

Puig ha asegurado que este lunes es "un día emocionante" y, tras recordar que entró en Les Corts en 1983 como miembro de la Mesa de edad al ser el diputado más joven, ha considerado que ha llegado el momento oportuno de ceder el paso a "generaciones jóvenes, con fuerza y empuje", que lleven adelante el que ha sido el proyecto de su vida.

El expresident de la Generalitat ha indicado que como diputado autonómico ha defendido un proyecto relacionado con la defensa del autogobierno, de la justicia social y de los derechos de la ciudadanía, y ha destacado que en estos momentos, con el Gobierno valenciano "más reaccionario de la historia del autogobierno" (en alusión al formado por PP y Vox), es una "exigencia moral" mantener las posiciones progresistas.

Puig ha explicado que va a continuar en el Senado, donde ocupa un escaño desde julio, para defender las posiciones de su partido y los mismos intereses que ha defendido en Les Corts, y donde, por ejemplo, este miércoles intervendrá para defender una resolución sobre el problema de la financiación autonómica.

Asimismo, ha aclarado que seguirá en la Secretaría General del PSPV hasta febrero, cuando espera que se celebre el congreso extraordinario para elegir los nuevos liderazgos -ya que marzo es un mes "especial" por las fiestas de las Fallas y la Magdalena- y se inicie una "etapa apasionante", con la vista puesta en ganar en 2027.

Preguntado sobre qué perfil le gustaría para la Secretaría General, ha asegurado que apoyará "con alma y corazón" a la persona que los militantes elijan democráticamente, y ha defendido que "la cohesión es fundamental" y que no le gustaría que se repitieran "errores históricos" como en 1995, cuando iniciaron una etapa de 20 años en la oposición. "Me gustaría que hubiera el máximo espacio de cohesión pero eso no quiere significar que aquellas personas que legítimamente quieren representar el partido, que es una gran responsabilidad, tengan las oportunidades de hacerlo", ha manifestado.

Puig ha asegurado asimismo que no espera que en el Consejo de Ministros de este martes se le nombre para ningún cargo, y respecto a si le apetece ser embajador de España ante la OCDE, en París, ha insistido en que "cada tiempo tiene su afán" y no está "aún en esta etapa", al tiempo que ha bromeado con que "París siempre merece una misa".

Sobre qué momento destacaría de estos años, ha reivindicado a los diputados que "dieron la cara por la dignidad" en la oposición y a los secretarios generales que le antecedieron, como Jorge Alarte, Joan Ignasi Pla, Joan Romero y Antonio Asunción, mientras que de sus ocho años en el Consell ha destacado la gestión de la pandemia.

Ha rememorado que entró en política "casi por casualidad", pues es periodista y siempre ha pensado que estaba "de paso" en la política, a la que llegó porque creía en el autogobierno en una época en la que gritaban en la calle "llibertat, aministia i Estatut de Autonomia". Puig ha agradecido al pueblo valenciano que le haya permitido representarles, lo que ha intentado hacer "de la manera más digna tanto en el Gobierno como la oposición", y ha asegurado que estar en política ha sido "enormemente satisfactorio en lo personal y, sobre todo, emocionante en lo colectivo".

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciado este sábado que propondrá a la ejecutiva nacional del partido la convocatoria de un congreso extraordinario a principios de 2024 ante la necesidad de "nuevos liderazgos de equipos y estrategias" en la formación con el objetivo de construir una "alternativa potente" a la derecha y la extrema derecha. "Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos adelante", ha asegurado, al tiempo que ha justificado esta renovación en la necesidad de contar con "nuevas ideas, impulso y liderazgo", según ha informado Europa Press.

Por ello, ha detallado que el próximo lunes propondrá a la comisión ejecutiva nacional que active el procedimiento para convocar el congreso en "el primer trimestre del año" 2024. Además, ha adelantado que el lunes también se procederá a nombrar una nueva dirección del grupo parlamentario socialista en Les Corts Valencianes.

Hasta la celebración del congreso, ha avanzado, se planificará "la acción política" del partido porque "no podemos perder ni un momento" y se impulsará una campaña de afiliación para que "muchas personas se sumen para ganar" las elecciones en 2027. También ha anunciado la celebración de un cónclave institucional para "enfocar adecuadamente toda la acción coordinada" del PSPV.

Así lo ha anunciado durante su intervención en el comité nacional del PSPV, celebrado este sábado en València, que ha contado con la participación del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la ministra que Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otros cargos.

A su llegada, el dirigente socialista ha declarado a los medios que el de hoy es "un día importante" para el socialismo valenciano porque supone "el inicio de una nueva etapa" que, a su juicio, va a "evidenciar una vez más" que el PSPV es el partido que "aglutina la mayoría social de la Comunitat Valenciana". "Es una buena noticia para los valencianos la que se va a producir hoy", ha avanzado.

Por su parte, Cerdán se ha mostrado "muy contento" de la invitación del PSPV para asistir a su comité nacional y ha asegurado que acude "para escuchar al 'president' Ximo Puig".

Mientras, Morant ha indicado que espera que el comité de este sábado aborde "las distintas circunstancias y situaciones", un cónclave en el que Puig, ha afirmado, "como ya nos ha anunciado, viene a trasladarnos a la organización que hemos de iniciar una nueva etapa".

"En este país estamos en una nueva etapa, es el primer comité nacional que se celebra después de tener de nuevo un Gobierno progresista, y tenemos que contraponer continuamente esa forma de gobernar que tiene el presidente Sánchez con el gobierno de Mazón, el gobierno de la derecha y la ultraderecha en la Comunitat Valenciana", ha argumentado.

Frente a ello, ha apostado por ser "el dique de contención" de las "políticas reaccionarias": "Vamos a hacerlo desde el Gobierno de España y también desde el PSPV. Y eso es lo que vamos a hacer, construir la alternativa aquí en la Comunitat Valenciana".

Mientras, el líder socialista en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha subrayado que desde este sábado se abre "un momento de reflexión" y de analizar "quién es la mejor persona que tiene que liderar el nuevo proyecto" del PSPV en la Comunitat Valenciana. "Hoy es un día para poner en valor todo lo que hemos hecho durante ocho años de gobiernos socialistas y todo lo referente a ese nuevo proyecto que tiene que venir a partir de ahora", ha indicado.

Por su lado, el presidente provincial de Alicante, Alejandro Soler, ha declarado que acude al comité nacional para, "primero, escuchar al secretario general a ver qué dice", y ha avanzado que "parece que va a anunciar que no va a concurrir al próximo congreso". "Por lo tanto, a partir de ahí, tenemos que hablar, tenemos que ver. Pero hoy es un día de escuchar al presidente, que es lo más importante", ha recalcado.

Preguntado por si se ve como sucesor de Puig, ha insistido en que el de hoy es "un día para escuchar a Ximo Puig, y a partir de ahí seguro que trabajaremos buscando la unidad del partido, buscando lo mejor para la organización, pensando en lo que quieren los militantes, que es lo fundamental. Y a partir de ahí, iremos definiendo el futuro", ha manifestado.

“Se necesitan nuevos vientos, cambios, nuevos liderazgos”. Se acabó la etapa de Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos. La federación abre un nuevo capítulo de su historia, tras perder la Generalitat el pasado mes de mayo, para rearmar el proyecto y poner al frente a una nueva cara. Otra era.

Puig, que anuncia este sábado su marcha ante el Comité Nacional del PSPV, cree que es el momento para la sucesión una vez se ha diluido el poder en la Generalitat, a pesar de crecer en votos aquella noche del 28M, y al quedar casi cuatro años de travesía en el desierto frente a un Consell formado por PP y Vox. Y también da el pistoletazo de salida para un proceso en más federaciones para adaptarse al nuevo ciclo político tras las autonómicas y las generales.

La federación socialista valenciana es clave en el partido al ser la segunda con más militantes (18.183), sólo superada por Andalucía. Y ha vivido años convulsos con Ferraz al apoyar durante las primarias Puig a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. En los últimos tiempos se habían reconstruido los puentes y la comunicación era más fluida entre el PSPV y Santos Cerdán.

El partido es un hervidero en estos momentos. “¡Vaya día más intenso!”, como reconocía un alto cargo del PSPV a las pocas horas de las declaraciones de Ximo Puig. La gran pregunta ahora es quién cogerá las riendas. Hay un nombre que se repite con mucha fuerza: Diana Morant. La ministra de Ciencia se ha convertido en la gran favorita en una carrera en la que también cabalgan Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler.

Morant es la aspirante con más fuerza, según comentan fuentes socialistas tanto a nivel nacional como en el PSPV. Muchos dan por hecho que ella será la que se imponga en el próximo congreso y puede ser la figura de consenso entre Madrid y la Comunitat Valenciana. Ella no ha dicho abiertamente que quiera suceder a Puig, pero ha dejado la puerta abierta. En una entrevista con infoLibre hace dos semanas, respondía así ante la pregunta de si sería la próxima secretaria general de los socialistas valencianos: “No vengo del futuro, pero le digo que estoy muy centrada en esta apasionante aventura en la que he vuelto a entrar de la mano de Pedro Sánchez”.

Llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la remodelación de 2021 tras su etapa al frente en el Ayuntamiento de Gandía (Valencia) desde 2015. Fue una de las grandes sorpresas de aquel Gobierno y su trabajo ha gustado mucho en el Palacio de La Moncloa. De hecho, ha salido reforzada en este nuevo Ejecutivo de coalición al incorporar Universidades a Ciencia e Innovación, haciéndose con la llave de un macroministerio al que quiere dar mucha importancia el presidente.

Según fuentes gubernamentales, Sánchez apoya la labor de Morant y le gusta tanto su formación técnica como el lado político que ha demostrado en los últimos tiempos. La dirigente socialista es ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene un marcado discurso progresista, especialmente por reivindicar sus orígenes humildes y lo que significa el ascensor social. Asimismo, es una feminista convencida y durante la pasada campaña del 23J, en la que lideró la lista por Valencia, se convirtió en objeto de ataques machistas por parte de Carlos Flores (Vox) y de Esteban González Pons (PP) durante los debates. Otra de las causas que con más ahínco defiende es la igualdad LGTBI (es habitual verla en la celebración del Orgullo y ha vestido varias veces una camiseta con los colores de la bandera trans).

Morant ha ganado peso además en el Ejecutivo de una manera que se ha evidenciado en las últimas semanas al haber salido en dos de las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros (sólo ha habido cuatro desde que surgió la nueva coalición). Además, lanzó un plan de 1.000 millones de euros para ciencia como declaración de intenciones de ese nuevo Gobierno.

Si Diana Morant saliera elegida en ese congreso, sería histórico por ser la primera mujer que se hace con las riendas de la federación, que sólo ha estado en manos de hombres (Ximo Puig, Jorge Alarte, Joan Romero, Joan Ignasi Pla y Joan Lerma). Como puntos débiles, según señalan algunas fuentes, tiene que su carrera está ahora enfocada a nivel nacional o que alianzas internas de las corrientes del PSPV abrazasen a otro candidato.

En la terna aparecen otros dos nombres: Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa. El primero tiene ahora asiento en el Congreso de los Diputados y está considerado como un hombre cercano al secretario de Organización, Santos Cerdán. Fue alcalde de Elche y es uno de los grandes conocedores del PSPV, además de encarnar la fuerza del socialismo alicantino (las corrientes provinciales son muy importantes de cara a ese futuro congreso). 

En una reciente entrevista, se lanzaba Soler así: “Yo estoy dispuesto a formar parte de ese proceso sin duda, estoy dispuesto a tener en él el papel que entre todos digamos. Estoy dispuesto a asumir la mayor responsabilidad, o ninguna, en función de que la mayoría lo acordemos. A lo que no voy a renunciar es a que Alicante tenga un papel trascendental en esa dirección”.

Y también con opciones aparece Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata (Valencia). Su principal activo: ser una máquina electoral con cuatro mayorías absolutas a sus espaldas en su municipio desde 2011. Además, ostenta el título de ser el regidor del PSOE en una ciudad con mayor porcentaje de voto, superando incluso a Abel Caballero (Vigo). Ahora ha ganado presencia nacional al ser senador. Su gran apoyo interno es otro alcalde, Juan Antonio Sagredo. Se quedó, no obstante, con una espinita: no pudo presidir la Diputación de Valencia por un voto. Él está ahora inmerso en un proceso "de reflexión" sobre si presentarse o no, según fuentes conocedoras.

Con la pérdida de la Generalitat y de las diputaciones, el poder institucional valenciano está en manos de muchos alcaldes jóvenes, que pueden ser decisivos a la hora de decantar un congreso con varias opciones. Entre estos referentes están Jordi Mayor (Cullera), José Manuel Prieto (Gandía), Darío Moreno (Sagunto), Rafa García (Burjassot) y Lara Romero (Tavernes). Asimismo, en el PSPV también miran a José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización y exministro, porque siempre tiene un grupo de fieles dentro de la federación que puede ser decisivo a la hora de las alianzas internas, además de que buscará afines para entrar dentro de la dirección. “Él siempre está en todos los procesos moviendo hilos”, como señala un dirigente del socialismo valenciano. Otro de los grupos de apoyos vendrá por parte del grupo afín a Ximo Puig con nombres como José Muñoz, Sandra Gómez y Arcadi España (que estaba llamado a ser el delfín, pero que ahora vive otra etapa como nuevo secretario de Estado de Política Territorial).

Diana Morant reconoce que lo pasó mal durante el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el lunes por la “impotencia” de ver a un líder del PP como una “ametralladora de mentiras y bulos”. A ella le gustaría que hubiera más cara a cara entre los dos para que el socialista desmonte la “falacia de persona moderada” del popular.

La ministra de Ciencia concurre a este 23J como ‘número uno’ de la plancha electoral del PSOE por Valencia. Denuncia que el PP se ha rendido ante Vox por “cuatro sillones” y muestra su preocupación por el hecho de que la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, no se pusiera detrás de la pancarta contra la violencia machista por el asesinato de una mujer en Antella por su marido ante su hijo de doce años. Y lamenta la amenaza a los derechos de las personas LGTBi y a los trabajadores, por lo que pide el voto de todos los progresistas que se quedaron en casa el 28M y de electores de la derecha moderada.

Con el aviso también de los retrocesos que suponen los Gobierno del PP y de Vox en materia de ciencia, con los populares eliminando departamentos de Medio Ambiente como en Balears y la ultraderecha llevando en su programa eliminar la AEMET. No combatir el cambio climático, advierte, va contra la salud de todos los ciudadanos y la economía del país. 

El debate entre Pedro Sánchez y Feijóo fue tenso y bronco, ¿ha servido a la ciudadanía?

Feijóo tenía pocas perspectivas de ganar si hacía un debate limpio, por lo que fue directamente a destrozarlo y a hacerlo sucio. Es muy difícil mantener la compostura, como hizo Sánchez, ante un Feijóo que fue una ametralladora de bulos y de mentiras. La pregunta que me haría hoy es si puede ser presidente del Gobierno una persona que se presenta a unas elecciones mintiendo una y otra vez y a través del engaño. Miente con el aplomo que parece que esté diciendo verdades como puños. Creo que sí tiene que pasar factura entre la ciudadanía. 

¿Ganó alguien el debate?

La antipolítica, que es algo a lo que juegan Feijóo y el PP. Quiero agradecer el papel a los medios de comunicación de aclarar los datos oficiales. Se atrevió a decir que en el pacto contra la violencia de género el único partido que no estaba era Podemos, cuando es Vox, que es su socio de Gobierno. Cuando uno miente con tanta poca vergüenza, no gana la política. Deberíamos poner ahí el foco, la política no puede ser eso ni los ciudadanos esperan eso.

¿Fue Sánchez víctima de una expectativas muy altas?

No. Si Feijóo se atreviera a tener más debates, el presidente tendría la oportunidad de ir desmontando la gran falacia de esa persona moderada que se presenta ante la ciudadanía escondiendo su proyecto de país.

Hubo muy pocas propuestas en general, ¿no?

Ya se sabe lo que está haciendo el PSOE. Durante los últimos cuatro años hemos hecho frente a la pandemia y a la guerra de Ucrania con un escudo social. Claro que nos vimos afectados y hubo una parálisis económica, pero desplegamos los ERTE y ayudamos a los autónomos. También hemos aplicado un plan de recuperación, que el PP boicoteó en Bruselas. ¡Que Feijóo diga que Europa va a suspender la excepción ibérica cuando quiere trasladarla al resto de países! Hacen falta más debates para que Sánchez desmonte todo y el líder del PP cuente su agenda oculta. Pero, ojo, ya la empezamos a conocer. En la Comunidad Valenciana el pacto entre el PP y Vox habla de adelgazamiento de las administraciones públicas, que eso se traduce en recortes como han hecho siempre. Feijóo no contó que lo que quiere es llevar a España a un tiempo atrás.

¿Cómo vivió el debate personalmente? ¿Lo pasó mal con tanta tensión?

Lo pasé mal porque me puse en la piel del presidente. Cuando uno cree en la política, la democracia y la palabra y se encuentra a un adversario con esa bajeza y con mentiras y bulos, genera impotencia y frustración. El debate también es el análisis que hay que hacer después. Un mentiroso compulsivo no puede ganar el debate y no puede ganar las elecciones.

Sánchez habló del “túnel tenebroso” de los pactos, pero en las encuestas se refleja una mayoría, o casi, absoluta, del PP y Vox.  ¿Se ha normalizado la ultraderecha en España? ¿Se ha perdido el miedo?

No, se le perdió el miedo a una ultraderecha que era abstracta, pero ahora ha aterrizado y ha empezado a poner sus condiciones. El PP ha comprado toda la ideología reaccionaria y el odio a las mujeres. Ya no quieren hablar de violencia machista. Este fin de semana en la Comunidad Valenciana ha habido una mujer asesinada a manos de su marido con su hijo de doce años presente y la presidenta de las Cortes Valencianas, puesta con los votos del PP, se aparta del minuto de silencio de condena.

También está el odio al colectivo LGTBi, en poblaciones como Náquera se han prohibido los minutos de silencio por la violencia machista y las banderas arcoíris en el ayuntamiento. Lo que estamos viendo es que quieren retroceder diez años en derechos laborales, veinte años en derechos del colectivo LTGBI y cuarenta años en derechos de las mujeres. Además, hay censura a las películas de Disney por el beso de dos mujeres en la España de 2023. ¡Es increíble! Hay muchos votantes del PP y, si me estira, también de Vox que no se creen lo que están haciendo porque son mejores que sus dirigentes.

Cita el caso de Llanos Massó, presidenta de las Cortes Valencianas. ¿Eso le pasará realmente factura en las elecciones del 23J a las derechas?

Claro. Se han asesinado a más de 1.200 mujeres desde que hay registros. En la Comunidad Valenciana hay 12.000 mujeres adheridas al sistema VioGen de protección. Hay 90.000 condenas al año por violencia de género. Es una realidad y una evidencia, no una opinión. Existe una desigualdad social, cultural y estructural entre hombres y mujeres. Si negamos que existe, no le hacemos frente. En nuestro país habíamos decidido que era un deber del sistema proteger a las mujeres y Feijóo en el debate fue incapaz de hablar de violencia machista porque sabe que ha rendido sus principios y sus valores por cuatro sillones. Esto les va a pasar factura.

Encabeza la papeleta del PSOE por Valencia. En Vox va un condenado por violencia de género, que fue el aspirante en las elecciones autonómicas y que se apartó por el pacto del PP. Ahora aspira al Congreso y su voto puede ser decisivo para la investidura de Núñez Feijóo. Estos días Carlos Flores ha llegado a decir que las mujeres no necesitan “puntos violetas, sino fronteras seguras”. ¿Qué supone esto?

El pacto del PP y Vox se cerró en unas horas porque tenían poco que discutir. Las líneas rojas de Núñez Feijóo pasaron a ser una alfombra roja en una discusión entre seis señores. Entre ellos, un maltratador. Lo primero que hicieron fue negociar la caída de los derechos de las mujeres. Presumen de haber apartado al condenado de Vox, pero me lo encuentro en todos los debates. ¿Utilizarán el voto del condenado machista para hacer a Feijóo presidente? Les digo que sí. La ley que no tiene excepción para el PP es que allá donde sumen, hayan ganado o no, tendrán este tipo de gobiernos que nos están llevando a tiempos muy oscuros. Me da mucha pena: un condenado por violencia machista no representa a nuestro país. Me parece que está inhabilitado para ser representante público y ser candidato y quien lo ha puesto y gobierna con él tiene la responsabilidad de llevar esa falta de ejemplaridad a la normalidad pública e institucional.

¿Está en peligro este Ministerio de Ciencia si gobierna la derecha?

Totalmente. Que la ciencia tenga voz en el Consejo de Ministros ha hecho que estemos en el presupuesto más alto de la historia y que uno de cada cuatro nuevos empleos sean en este sector. Muchos de los que fueron expulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy con sus recortes están volviendo, además estamos atrayendo científicos e innovadores de fuera. ¿Qué van a hacer los negacionistas con la ciencia? Relegarla porque no quieren escucharla. No estoy hablando sólo de Vox, sino también del PP.

Moreno Bonilla en Doñana ha planteado una ley para regar con el agua que no tiene, para desecar y atropellar el parque. En Castilla y León se ha propuesto una relajación de la normativa para la tuberculosis bovina, que es un problema de salud pública. Por eso es tan importante mantener el Gobierno de España y apelamos al voto de la gente sensata y con sentido común. 

El nuevo presidente del Parlament de Balears es antivacunas. ¿Este discurso puede abrirse paso en una España de vacunación récord? ¿Por qué Vox elige a ese tipo de perfiles tan radicales?

No sé cómo hacen el casting con antivacunas, antiabortistas y negacionistas del cambio climático y de la violencia de género. Abacal empezó la campaña diciendo que en Vox caben los defensores de la obra de Franco. Parece que esa gente existía y estaba metida en una caverna. Pero al PP no le parece esperpéntico. ¿Por qué al señor Feijóo no le parece que hay que hacer un cordón sanitario como hace toda la derecha moderada de Europa?

Hay países donde existen esos pactos.

El PP de Feijóo ya no es derecha moderada. Ursula Von der Leyen no se sienta en el Parlamento Europeo con Vox ni sus socios. Vox nació en el PP, pero el PP está volviendo a Vox.

En Baleares el PP gobierna en solitario, pero ha eliminado la Conselleria de Medio Ambiente. ¿Se está saliendo España de esa línea de consenso internacional por la lucha contra el cambio climático?

España no se está saliendo, sino el PP. En Balears es todavía más preocupante, ya que es un territorio sometido como ninguno a los efectos del cambio climático. Es un ecosistema que hay que cuidar, donde Francina Armengol había puesto todo el foco. Quieren contraponer un modelo con otro con una política reaccionaria. Feijóo dejó claro que va a derogar la solución ibérica y los impuestos a las energéticas y grandes fortunas. Van a dejar en la indefensión a la mayoría de los ciudadanos. No luchar contra el cambio climático es una oportunidad perdida para la economía de nuestro país e ir contra la salud de las personas.

Hay ola de calor ahora en España. Una de las propuestas estrella de Vox es eliminar las agencias meteorológicas, ¿qué significa científicamente?

Es que no nos digan lo que está pasando porque así no tenemos la responsabilidad de combatirlo. Es el jaque a la ciencia, ponerle velitas a la Virgen María para que llueva y prometer a todos los agricultores agua diciéndoles que el Gobierno de España es muy malo. No hay sector productivo que se vea más afectado por el cambio climático que el sector primario. Sin la ciencia no vamos a poder hacer frente a las consecuencias del cambio climático.

Ayuso, por ejemplo, fue una negacionista de la ciencia para combatir la pandemia, incluso Feijóo ponía restricciones. Aquí en Madrid estaban los bares abiertos y decía la presidenta que no se podía comparar con otra ciudad de España, sino con otras capitales europeas. Tenemos el dato de que Madrid es la región de Europa con más exceso de mortalidad por covid. Es por haber tomado decisiones irresponsables y alejadas de la ciencia. Sólo por eso Ayuso no debería seguir gobernando en Madrid.

¿Va a ser usted la próxima líder del PSPV-PSOE?

Soy la cabeza de lista por Valencia. Salimos a ganar y estaré donde el partido me necesite. Pero ahora mismo el partido necesita a Ximo Puig que obtuvo mejor resultado que en 2019 y 2015. Lo que pedimos Puig y yo es que no nos vote sólo el elector del PSOE, sino también el de izquierdas que se quedó en casa y también el moderado. Y necesitamos un Gobierno de España que frene las tropelías. 

¿Pero en el PSPV-PSOE tiene que haber un cambio después de perder la Generalitat o le gustaría que siguiera Puig?

Veo a Puig en plena forma, es nuestro líder y ha hecho un gran trabajo en la Generalitat y en el partido de unión. Es un proyecto que todavía tiene mucho que decir y él sabe que cuenta conmigo para que juntos volvamos a construir esa alternativa socialista.

El PP está presionando con la lista más votada, algo que ha llegado a plantear también Felipe González. ¿Está fuera de todo escenario? ¿Lo rechaza por completo?

Es Feijóo el que lo está rechazando. La norma que ha aplicado es que allá donde pueda gobernar, haya ganado o no, lo va a hacer con Vox. Es el propio Feijóo el que está incumpliendo ese pacto con la desfachatez de que PP y Vox han arrebatado alcaldías socialistas y han conformado 140 gobiernos municipales. Es un brindis al sol y una cortina de humo. El PP considera que el poder es suyo y que tiene que llegar de cualquier manera.

Sumar ha propuesto la controvertida herencia universal de 20.000 euros. ¿Qué le parece?

No tenemos el papel de analizar las propuestas de otros partidos y desde luego me merece todo el respeto. Quizá hay mucha gente en nuestro país que no ha visto 20.000 euros nunca juntos en su cuenta bancaria y que le puede sonar como algo irrealizable. El espíritu de Díaz es ayudar a esa generación nueva a que no sea perdida y ya lo está haciendo el Gobierno con la vivienda, las becas y el bono cultural. Si ponemos todo lo que estamos haciendo, quizá llegamos a esa cifra. Le deseo la mayor de las suertes a Sumar porque el 28M nos falló ese espacio. El PSOE también está aquí a disposición del votante a nuestra izquierda y a nuestra derecha porque lo que viene es una pesadilla. El PSOE es el instrumento para pararla.

“Hemos tenido que subir los ocho mil metros todos los días”. A puerta cerrada Pedro Sánchez expresó así ante la cúpula de su partido el sentimiento de esta legislatura. Con un PSOE que encara otra escalada de vértigo con el adelanto electoral tras el shock que supuso el 28M. Y el líder socialista lanzó un mensaje a toda la organización: necesita una formación “unida, potente y valiente”. Es el camino si se quiere conservar el Palacio de La Moncloa.

La reunión de este sábado del Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, era una de las más sensibles de las que ha presidido Sánchez desde que es jefe del Gobierno. El partido es consciente de la situación tan complicada a la que se enfrenta y de que tiene que tocar otras teclas después de que no funcionara la campaña del 28M. 

Sánchez llegó a la cita con un incendio que nadie esperaba días atrás: el malestar en algunas federaciones extendido a última hora del viernes por cambios en las listas por parte de la dirección de Ferraz. La tensión se había provocado por las planchas de Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Luis Tudanca, un hombre que ha acompañado a Sánchez desde los tiempos más duros de las primarias, decía a las puertas de la sede que se sentía “indignado”. 

Pero esa tensión luego se diluyó dentro de la sala, según fuentes presenciales consultadas. El propio Tudanca mostró que no le había gustado los retoques (los cabezas de lista al Congreso por Ávila y al Senado por Valladolid), pero que acataba la decisión. El tono fue “educado”, comentan fuentes socialistas. Eso sí, el presidente lanzó un mensaje directo: “Las cosas se dicen aquí”. El Comité Federal dio finalmente el visto bueno por unanimidad a las candidaturas, en las que Sánchez ha tirado de pesos pesados, perfiles muy de partido y de gestión.

Una de las cosas que Sánchez quiere evitar es el “ruido estéril”, como él mismo verbalizó en su discurso al inicio al hablar de Sumar. Uno de los análisis que han hecho en La Moncloa y en Ferraz es que los choques en la coalición han sido uno de los factores de desgaste de las izquierdas en las municipales y autonómicas. En el PSOE estuvieron muy pendientes durante estas horas de lo que sucedía en el otro lado de la coalición. El propio presidente en la parte de su discurso en abierto quiso referirse a Sumar y celebró que es más que “positiva” la noticia del acuerdo.

Pero el jefe del Ejecutivo insistió en esa línea, potenciada tras el 28M, de la “responsabilidad” que tiene el PSOE de lograr el mejor resultado para el 23J. Muchos de los cargos en el partido, según fuentes socialistas, creen que hay que intentar abarcar el máximo voto posible, acaparar el mayor espacio electoral que va desde el centro hasta su izquierda. Por eso se han escogido también nombres como los de Francina Armengol u Óscar Puente (que tienen tirón en sus territorios tras haber gobernado).

Los cargos del PSOE, como apuntan en el partido, ya están girando de ese shock al modo de movilización total. La tesis es que votarán tres millones de personas más en las generales y que el PP sólo les ganó por tres puntos. Los socialistas perdieron 400.000 votos, pero, dentro del resultado, ven algunas esperanzas como ser la primera fuerza en Cataluña o que en Andalucía se ha recuperado bastante voto respecto a las autonómicas en que arrasó Juanma Moreno el año pasado.

“La victoria es posible”, dibujó en su intervención Pedro Sánchez, que propuso como línea principal ese “progreso” que representa el PSOE frente a unas derechas “reaccionarias” que sólo plantean derogar derechos. El presidente del Gobierno repitió una frase varias veces: “La economía española va como una moto”. Para el socialista, su partido “lo tiene todo” para seguir gobernando al contar con un plan, medidas y equipo.

Esto último será también otro de los activos que va a explotar durante la campaña. Lo resumió de esta manera: “Nosotros tenemos a Nadia, ellos no tienen a nadie”. De hecho, en Ferraz confían mucho en un posible debate en temas económicos contra el PP con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, como representante del puño y de la rosa, a pesar de que no va en las listas por voluntad propia.

El presidente también quiso mostrar el “dolor” que ha supuesto que no puedan gobernar dirigentes como Ximo Puig, Amparo Marco, Antonio Muñoz, Concha Andreu, Ángel Víctor Torres o Javier Lambán. Este último dejó plantado al partido al estar en contra de la las listas (no quería que fueran ni Pilar Alegría ni Susana Sumelzo por Zaragoza). Tampoco acudió Emiliano García-Page, aunque dio por resuelto el conflicto con Ferraz en un tuit el viernes por la noche dando las gracias por el “diálogo cordial” a Ferraz para aclarar el error (al final irá de número uno por Toledo Sergio Gutiérrez, muy cercano al presidente autonómico, y de dos Milagros Tolón, alcaldesa en funciones y apoyo de Sánchez). Precisamente ella fue la encargada de dar el pistoletazo de salida como presidenta del Comité y mandó un mensaje directo que evitó el presidente: que algunos dirigentes “no se presten a ser el tonto útil de la derecha”.

Dentro de la reunión, tomaron la palabra algunos de los principales dirigentes. Según fuentes consultadas, gustaron los discursos de Ximo Puig y de Guillermo Fernández Vara apelando a la lealtad e ir a por todas este 23J. También insufló muchos ánimos el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que logró de nuevo mayoría absoluta. En varias ocasiones la cúpula del partido rompió a aplaudir, una de ellas cuando Sánchez dijo que las cosas se decían ahí dentro, no fuera. También en alguna intervención se puso sobre la mesa que no se podía hacer eje de la campaña el miedo al PP y Vox. El presidente contestó que no puede ser el tema central pero que no se pueden abstraer de ello y no se puede dejar decir lo que supondría ese Ejecutivo con la derecha y la extrema derecha. 

Sánchez, en su réplica final a los líderes territoriales y cargos, comentó que sabía que dejaría un día de ser el presidente del Gobierno pero que no va a ser este 23 de julio. “No veo cambio de ciclo”, resumió ante los suyos, según fuentes socialistas. Otra de las señales que dio al partido es que tienen que levantar la bandera europeísta y de la justicia social. Por eso llamó a mostrar el “orgullo” de la transformación que se ha hecho en circunstancias muy difíciles durante estos años.

La reunión del Comité sirvió como primer gran acto también de precampaña, con la vista puesta ya en los próximos días. Previsiblemente Nadia Calviño será la encargada el lunes de dibujar las líneas maestras económicas del programa. En Ferraz trabajan ya en la campaña, diseñada para unas condiciones de calor, aunque el presidente protagonizará grandes mítines con aforos de unas cinco mil personas.

La sensación general del PSOE, como confesaba una líder territorial al salir del Comité, es que “el partido está por lucharlo”: “La derecha fue toda a votar el 28M. La traslación será diferente en las generales”. Otra constante entre los cargos es que el PP hizo una campaña de “vísceras y de insulto”. “Hay que contestar a eso, pero no hay que ir también a insultar, campaña en positivo”, decía una persona que ha perdido el poder tras las autonómicas. “Tenemos posibilidades ciertas de ganar”, comentaba otro de los candidatos a las generales. Un barón territorial lanzando al aire tras el discurso: “Pedro es el que mejor puede sacar esto”.

Por un puñado de votos. Así podría titularse el western electoral en la ciudad de València el próximo 28 de mayo. Un concejal arriba o abajo puede dar la victoria o el hundimiento a los bloques progresista y de derechas. Pero Sandra Gómez está convencida de que al final habrá un gobierno de izquierdas con ella como alcaldesa.

Gómez (València, 1985) cree que es el momento de que una mujer del PSOE coja las riendas del Ayuntamiento de la capital para dar empuje y aprovechar el momento que vive la urbe. En su cabeza tiene impulsar, por ejemplo, una ordenanza para abolir la prostitución y lograr un gran pacto de corresponsabilidad. Sabiendo que el gran reto de la siguiente legislatura será la vivienda, con un mercado que expulsa a los jóvenes y que ve los barrios como un mapa furibundo para subir los alquileres. Promete un parque de viviendas y poner coto a los especuladores. Es la hora, avisa también, de que la urbe se convierta en la gran capital del arco mediterráneo. 

¿Qué va a pasar el 28M?

Habrá un gobierno progresista liderado por el PSOE.

Las encuestas señalan casi un empate entre bloques, ¿serán decisivas estas semanas de campaña?

Hay un porcentaje de indecisos, además la mayoría es favorable para el PSOE. Va a ser muy importante la movilización. Pero todas nuestras encuestas nos vienen a decir que la única fuerza de la izquierda que sube y tiene una tendencia creciente es el PSOE. Somos la única garantía de que haya un gobierno progresista tanto en la ciudad como en la comunidad. 

Señala esa tendencia creciente para el PSPV, eso significaría que es decreciente para el alcalde, Joan Ribó. ¿Está quemado?

Es necesario un relevo. Quiero construir la València del futuro desde la València que hemos hecho en estos ocho años. Pero la ciudad necesita hoy por hoy un liderazgo que tenga las ganas de poner a València en el momento que vive y que dé certezas. Cuando la gente coja la papeleta del PSOE estará votando a Sandra Gómez para ser alcaldesa. Y en el otro lado de la izquierda no existe esa certeza, porque no son pocas las declaraciones que se han hecho que llevan a la incertidumbre de que Ribó no aguantaría como alcalde los cuatro años. Hace falta, además, un proyecto de mayorías donde cualquier persona se sienta cómoda porque no pertenecemos a ningún proyecto político sectario que divida ni confronte. 

València es la gran pieza que quieren los dos grandes partidos a nivel nacional esa noche. ¿Le lleva a tener más presión?

Es normal porque la Comunitat Valenciana es el modelo que quiere tumbar el PP porque no pueden argumentar contra él. Se ha demostrado que con más derechos y protección social se puede ser también un modelo económicamente más próspero. Hemos pasado de ser la capital de los grandes eventos donde anidaban los procesos de corrupción del PP y el desmantelamiento de los servicios públicos a ser hoy la ciudad y la comunidad con más capacidad de atracción de empresas que generan empleo. Nos está llevando a nuestro mejor momento económico. Somos un modelo que ha demostrado que, con seguridad jurídica y con estabilidad política y diálogo social, es más atractivo para las empresas que cualquier fórmula del PP. La Comunitat Valenciana es el modelo a derribar por el PP, por eso ha puesto su foco, porque estamos demostrando que se puede gobernar mejor. 

Madrid es el gran ejemplo de ciudad para el PP; ¿en qué se diferencia con València?

El otro día vino Ayuso y habló de que la Comunitat Valenciana tenía que volver a recuperar ese ‘eje de la prosperidad’ que representaba en su día junto a Madrid y Baleares. Tenemos que recordar quiénes eran los personajes que firmaron ese pacto: Paco Camps (actualmente acusado en numerosos casos de corrupción e inmerso en la pieza valenciana de Gürtel), Esperanza Aguirre (se han demostrado las vinculaciones de su Gobierno con casos de corrupción) y Jaume Matas (condenado en diferentes causas judiciales). El único verdadero eje que existía era la Gürtel. Se estableció una estructura que aprovechaba la influencia de poder en los ámbitos territoriales para luego financiar en el ámbito nacional del PP. Les tenemos que decir que eso es un pasado del que afortunadamente la Comunitat Valenciana ha pasado página y no queremos volver. Hoy estamos mejor que hace ocho años.

De ser una ciudad que lideraba las tasas de desempleo, ahora lideramos las tasas de generación de empleo. En marzo, el desempleo bajó un 0,72% en València, mientras que en Madrid subió un 0,65%. El que no es ejemplo de gestión económica es Almeida. Tenemos una deuda por habitante de 300 euros aproximadamente mientras que Madrid está casi en los 700. Hemos cerrado el presupuesto de 2022 con un superávit de 90 millones, mientras que Madrid ha tenido un déficit de 350 millones. Ni tienen un buen modelo económico para el sector privado ni una buena gestión de las deudas públicas. Y representan un modelo de desmantelamiento. Y propongo ser la capital del arco mediterráneo en atracción de empresas con impacto positivo y con base tecnológica.

¿Ganarle a Barcelona en ese sentido?

Sí, sí, totalmente. El Financial Times ha publicado un artículo que habla sobre el buen momento que vive València y que hay empuje. Cuando recordamos los artículos que se escribían durante los años del PP eran todo lo contrario, de que la comunidad y la ciudad, citando literalmente, se habían convertido en el paradigma de la corrupción y en una especie de orgía de despilfarro con mala gestión de las entidades financieras y de los caudales públicos. Ahí están las dos comunidades. Almeida ha hablado mal de nuestra ciudad, aplaudido por los candidatos. Nunca hablaré mal de otra ciudad, pero lo mejor que le puede pasar a Madrid es que haya una alcaldesa socialista, Reyes Maroto.

Almeida estuvo en las Fallas y prometió una mascletà en Madrid para celebrar una victoria de María José Catalá. ¿Es apropiación cultural?

Si fuera él, me preocuparía de ver si puede celebrar la suya.

¿Qué representa María José Catalá?

En primer lugar, el pasado de la corrupción del PP. Ella fue la portavoz de esos gobiernos de los que hablaba. Formaba parte de la estructura en la que anidó la corrupción. Tanto es así, que ella tiene en su equipo como asesores personas vinculadas a tramas de corrupción como la sobrina de Rita Barberá. Es el PP putrefacto del que tanto se ha escrito y hablado, de los dirigentes del PP que decían que les había tocado la lotería. En segundo lugar, ella fue Ayuso antes de que existiera Ayuso, en el sentido del desmantelamiento de los servicios públicos. Fue la consellera de Educación que degradó la educación pública. Quitó las becas de comedor y recomendaba a los padres llevarse un tupper al colegio. Y puso una cuota por utilizar el microondas. Eso es lo que representa. Puso las tasas universitarias más altas. Y fue la consellera de Empleo, es la candidata del paro, con las tasas más altas de la historia. Y en tercer lugar: es una derecha muy desacomplejada, muy cercana a Vox.

¿Ella gobernaría tranquilamente con Vox y le daría una Vicealcaldía?

Sin ningún tipo de duda. Pero como sabe que el modelo de Castilla y León no tiene muy buena prensa pues evita decirlo. En 2019 en las entrevistas presumía de que representaba una derecha más feroz que la de Vox. Se sentiría muy cómoda porque es su espacio político natural. Y fue la consellera que privatizó la VIU.

Ustedes están denunciando que se privatizó la universidad y se vendió….

A un grupo de comunicación por un precio muy por debajo del mercado, como se ha demostrado en informes. El anterior rector de la VIU tuvo que ir al notario para plasmar por escrito irregularidades con respecto al proceso de venta. Y ella actualmente es profesora allí. No ha dicho ni qué cobra ni en calidad de qué es.. 

Catalá defiende que huele “a cambio” València. ¿Lo siente así?

Sí, va a haber una alcaldesa socialista. Pero la realidad es que la gente recuerda muy bien lo que hizo en esta Comunidad. No han sido capaces de articular un modelo. Lo único que saben decir es que son unas elecciones como un plebiscito a Pedro Sánchez. Las encaran como unas nacionales y eso les penaliza en las urnas. Además, es una paracaidista, fue alcaldesa de otro municipio.

Les acusan de haber dejado de invertir 800 millones de euros en los barrios.

Esas son las típicas mentiras e intoxicaciones de la derecha. La realidad es que en lo que va de año hemos autorizado más de cien millones de euros en inversiones en barrios, diez veces más que los que ellos invirtieron en 2014. Y tenemos el presupuesto más alto en inversión pública de 300 millones, que esperamos poder ejecutar en su gran mayoría hasta diciembre de 2023.

También denuncia la oposición que ha enviado miles de cartas sobre obras en la ciudad con fines electoralistas.

Son intoxicaciones del PP. Cuando hacemos una obra, se informa del inicio de la misma y las calles que se van a ver afectadas. No tiene más importancia, se ha informado a los ciudadanos. Es una pataleta de los que no trabajan. Ellos sí han iniciado una campaña de intoxicación, han enviado misivas a toda la comunidad con información tóxica y falsa sobre el presidente de la Generalitat. Me gustaría saber cómo la han pagado, como no está firmada por ellos no irá en sus gastos de campaña. Hay una mala praxis, como nos tiene acostumbrados el PP, ligada a financiación ilegal.

Hay preocupación entre barones y candidatos de su partido sobre los partidos a su izquierda, También hay fragmentación en València. ¿Teme que eso lleve a perder la Alcaldía?

No, porque el PSOE es un partido lo suficientemente de mayorías para que cualquier persona se sienta cómoda. Aquí hay un valor seguro, esta es la casa de todas las personas que quieran estabilidad, seguridad y certezas con una mirada progresista. Podemos abarcar un ámbito muy amplio. Hay que explicar a todo el mundo que esta es una casa donde ningún voto se va a perder.

Joan Ribó estuvo en el acto de presentación de Yolanda Díaz como candidata con Sumar a las generales. ¿Beneficia que el alcalde esté cerca de ella para movilizar a la izquierda o puede perjudicar al PSOE?

Me sorprendió que en plenas elecciones municipales y autonómicas Compromís, que dice ser de corte nacionalista, se vaya a hacer campaña a Madrid para unas generales. Tenemos aquí una responsabilidad muy importante: revalidar un Gobierno progresista. Nuestro foco tiene que estar en las elecciones municipales. No preocupa a la mayoría de valencianos en qué coalición van a ir Ribó, Pablo Iglesias y Yolanda Díaz en las nacionales. Estoy muy centrada en las locales y autonómicas Todo mi esfuerzo político está en mi ciudad.

Hay muchas Españas políticas, no lo que pasa en Madrid pasa en toda España. ¿El ruido nacional con la división de Díaz y Podemos o con la reforma de la le del 'sólo sí es sí' afectará en València?

Afecta mucho más que el candidato de Vox haya sido condenado por violencia de género. Y era un cargo designado por el PP. Eso es lo que representa actualmente la derecha. Si fuera un candidato en Madrid, ¿podría serlo? La presión de los medios le pondría muy difícil su camino. Es importante que se vea lo que representan los partidos nacionales en sus territorios. 

La Comunitat Valenciana ha estado inmersa en la guerra del agua. Al final se impuso el criterio de Teresa Ribera y de Emiliano García-Page, ¿puede influir también en la contienda?

Lo ha explicado bien el presidente de la Generalitat. Él es un buen ejemplo de que representa realmente, desde la lealtad, a su territorio. Ha tenido una posición firme y clara de defensa de los intereses valencianos. Es el candidato que tiene un proyecto territorial más claro y definido y con una voz totalmente valenciana. 

Feijóo está yendo mucho a València, ¿qué le parece cómo líder de la oposición? 

Como en el resto de España, en la Comunitat Valenciana el señor Feijóo ha demostrado los errores y las carencias de las que adolece. Está bastante incapacitado para ser, ni más ni menos, presidente del Gobierno. A nosotros nos llamó Costa Dorada. Es incapaz, en los discursos que he escuchado, de decir Comunitat Valenciana. Nos llama Comunidad de Valencia, eso no existe. No sabe ni cómo nos llamamos. En castellano es Comunidad Valenciana, es que no lo dice ni bien en castellano. Cuando ha venido, ha sido incapaz de presentar un modelo propio y definido de lo que representa el PP para la Comunidad. Va a los sitios con el que hay que echar a Sánchez, pero sin nada más detrás, es un partido a la contra. Bueno, a favor de los suyos. Hay una alianza de toda la derecha mediática, política y económica para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad y en València. Han puesto el foco para echarnos y para que gobiernen los suyos para ellos. Casi van con un dopaje mediático de ayudas y alianzas con poderes que no deberían interferir. Lo digo desde el respeto a los medios y al sector empresarial y privado.

Si el 17 de junio Sandra Gómez coge el bastón de mando, ¿qué aprobará en el primer Pleno?

Quiero ser una alcaldesa de mirada larga, no efectista o de titular de prensa. Quiero dar certezas, voy a ser alcaldesa de la ciudad. No me voy a ir a ningún sitio. Cualquier valenciano se va a sentir cómodo. Y con empuje y fuerza. Es verdad que hay una serie de cuestiones con nuestros socios de gobierno que sí quiero impulsar.

¿Cuáles?

Por ejemplo, la ordenanza para abolir la prostitución. Tenemos clara nuestra postura abolicionista, pero no hemos conseguido un acuerdo con nuestros socios de gobierno porque son más partidarios de regular. En segundo lugar: un primer pacto local para la corresponsabilidad. Queremos que los cuidados sean públicos y no dependan del ámbito privado.

Habla del momento de la ciudad, del artículo en Financial Times. Pero esto tiene una ‘cara b’: la subida de los precios de la vivienda y el problema de los apartamentos turísticos. ¿Qué va a hacer? ¿Y le gustaría que se pusieran de acuerdo los socios de investidura para sacar en el Congreso la ley de vivienda?

Tengo muy claro que el principal reto que vamos a tener en la próxima legislatura es la vivienda. Hay un encarecimiento de la compraventa y del alquiler. Eso es muy peligroso porque hay una generación entera que no ha tenido la oportunidad de comprar y que no puede alquilar porque tiene que dedicar novecientos o mil euros al mes. No es sólo injusto, sino que no es favorecedor para los intereses de la ciudad si expulsamos a la generación más joven. Eso sería expulsar al futuro. Queremos en primer lugar que haya un parque público de vivienda, que se genere de forma ágil y rápida. Y la segunda pata es poner las cosas muy difíciles a quienes ven nuestra ciudad como el mapa para hacer negocios.

Durante estos años, València se está convirtiendo también en un referente para el colectivo LGTBi. ¿Están en peligro los derechos si gobiernan PP con Vox?

Sin duda, ya lo han dicho abiertamente. Como PSOE hemos conseguido traer la sede de los Gay Games, que fomentan la diversidad en el deporte, que es un ámbito muy complicado. Se celebran en 2026. La derecha lo ha dicho: si ellos gobierna, desistirán de la candidatura. Qué retroceso, una ciudad que renunciara internacionalmente a eso. ¡Qué imagen más nefasta!

Para ir a comer una paella: Casa Carmela.

Para ver un amanecer: la playa de las Arenas o la de la Malvarrosa.

Para perderse y que no te ve nadie: El Saler.

Para tener una cita: La Albufera.

Para ir a leer un libro: En el río Turia.

Para salir a correr: También el río Turia.

La Comunitat Valenciana es la gran pieza a cazar el 28M. Esa noche el PSOE o el PP se darán por ganador si logran el Palau de la Generalitat. En Génova 13 hay obsesión por volver al poder allí, en tanto que la izquierda ha hecho del pacto del Botánico su gran faro autonómico y el modelo a vender en el resto de España.

Feijóo no deja de viajar a la comunidad para apoyar a su candidato y el PSOE tiene previsto organizar en la capital valenciana su gran convención municipal, entre los días 14 y 16 de abril, para exhibir su apoyo al PSPV y ganarse el favor de los ciudadanos. Cada voto cuenta (y mucho).

En los cuarteles generales socialistas hacen estos días cálculos y ultiman la campaña electoral. Estará todo muy ajustado y no habrá victorias holgadas. En el equipo de Ximo Puig, el presidente socialista, tienen datos y encuestas que pronostican que la izquierda resistirá esa noche.

A pesar del "ruido" que llega de Madrid, comentan en el entorno de Puig, sus cálculos es que tanto el PSOE como el Partido Popular subirán el 28M. Entonces llegará el momento de pulsar a los bloques, las coaliciones serán necesarias para arañar la Presidencia de la Generalitat.

En los datos que manejan los socialistas valencianos se refleja que Compromís se mantiene a pesar de la tumultuosa salida de Mónica Oltra de la Vicepresidencia de la Generalitat y su recambio con el diputado Joan Baldoví como candidato. Ella era una figura con mucho tirón en tierras valencianas y su ausencia en las listas, a la espera del proceso electoral, supone una gran incógnita para la izquierda. 

Pero en el PSPV estiman, según los datos que manejan, que Compromís logra resistir y que su nuevo número uno corta la sangría de votos. El trabajo ha sido bueno entre los socialistas y el Compromís de Aitana Mas en este tramo final, y se espera lo mismo con Baldoví.

Se trata de una cuestión de tres, no sólo de dos. En ese bloque se mira especialmente a Podemos, que, según los cálculos del entorno de Puig, podrá superar la barrera del 5% exigible para entrar en Les Corts valencianas, lo que haría posible repetir la fórmula para la investidura. En los análisis hechos se pronostica que no hay una pulsión de cambio a favor de las derechas. Por el momento, todavía Podemos (Héctor Illueca) y EU (Rosa Pérez) no han sellado el pacto definitivo, pero la situación no es tan tensa entre ellos ni en la coalición como a nivel nacional.

La idea que tiene Puig es hacer una campaña en la que se venda un Gobierno para todos y muy transversal, aferrándose a la estabilidad de esta legislatura. Se trataría del tercer mandato de Puig y el aspirante juega con la ventaja, como reconocen en su círculo, de un alto grado de valoración y popularidad entre la ciudadanía. Las encuestas internas lo reflejan frente a Carlos Mazón, el número uno del PP, impuesto durante la etapa de Pablo Casado.

Son conscientes en el bloque de la izquierda de que la derecha intentará jugar en clave nacional, algo que desdeñan en el PSPV. Su hoja de ruta es muy pegada al territorio y con un relato valenciano. También se espera que los alcaldes tiren en este 28M, aunque ven más complicada la batalla de Valencia ciudad.

Entre las sombras del PSOE valenciano de cara a este 28M están el caso Azud y la guerra del agua. No obstante, en el entorno de Puig no creen que sean determinantes a la hora de decantar la balanza de votos. Y se vaticina que se valorará la actuación que ha ejercido la Generalitat en ambas situaciones.

Otro de los aspectos clave para el equipo de Puig para este 28M es que el PP tendrá que depender de Vox si quiere volver al Palau de la Generalitat. El aspirante de la ultraderecha es Carlos Flores, que fue condenado por violencia machista hace veinte años. Es miembro del Consejo Valenciano de Transparencia a propuesta del Partido Popular y ya concurrió a las elecciones como número ocho del partido ultra Fuerza Nueva.

Algunos temas nacionales como la reforma del sí es sí o los votos de EH Bildu en el Congreso pueden erosionar en la campaña, reconocen fuentes socialistas valencianas, pero calculan que primará más lo local y que se pondrá priorizar también la gestión hecha durante la pandemia.

La comunidad tiene su propia idiosincrasia política, y Puig estará más fuerte, según los cálculos del partido, en las provincias de Valencia y Castellón (el presidente fue antes alcalde de Morella), siendo el territorio de Alicante el más propenso a la derecha en estos momentos (por eso el PP y Vox azuzaron con fuerza la guerra del agua).

De cara a esta contienda, también creen en el entorno de Puig que los datos económicos favorables darán aire a la candidatura, a la vez que se ha labrado una buena relación con el empresariado (a pesar de las críticas desde Unidas Podemos a Juan Roig, dueño de Mercadona y el empresario más poderoso de la comunidad).

La Comunitat Valenciana será clave la noche del 28M. El PSOE sale ese día a defender doce gobiernos autonómicos frente al PP, que tiene dos (Madrid y Murcia). Los populares habían planteado hace unos meses esta cita como un gran plebiscito a Pedro Sánchez, pero han ido rebajando ese listón. Entre los gobiernos con más pugna estarán el de Puig junto a La Rioja y Baleares.

La guerra del agua tiene ahora un principal campo de batalla: el Consejo de Estado. El órgano consultivo, presidido por Magdalena Valerio, estudia ahora mismo el proyecto de decreto del Gobierno que ha tensionado las relaciones entre comunidades y partidos por el trasvase Tajo-Segura.

Según fuentes del Consejo de Estado, está previsto que el dictamen final se emita el próximo 19 de enero por parte de la Comisión Permanente. El Gobierno le ha dado como fecha tope el día 20, por lo que se prevé que sea en la reunión del día anterior cuando acabe su trabajo. 

El informe no es vinculante, pero se ha convertido en un objeto de deseo para partidarios y contrarios a ese plan del Tajo, por el que se crea un caudal ecológico y, por tanto, mermaría en el futuro la cantidad que se pueda trasvasar a la cuenca del Segura. La Generalitat valenciana, la Junta de Andalucía y la Región de Murcia han anunciado alegaciones para intentar que las consideraciones sean desfavorables, en tanto que Castilla-La Mancha ha enviado al Consejo su escrito apoyando el proyecto enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pilotado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

El expediente, según las fuentes del Consejo de Estado, sobre el proyecto tiene unos 5.000 folios. Y es que no se trata de un texto legislativo sólo sobre el Tajo-Segura, sino que incluye todos los planes hidrológicos de tercer grado. Por lo que está toda la información recabada sobre ellos, además de las alegaciones registradas en el órgano consultivo.

En estos momentos, el expediente se encuentra en manos de la Sección Octava, presidida por el consejero permanente Enrique Alonso García, ya que es el departamento encargado de los asuntos procedentes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Forman parte de ella el letrado mayor José María Jover Gómez-Ferrer y los letrados Noemí Adelaida Gámez Moll y Francisco Fernando Jiménez Colorado.

Lo que tiene que hacer ahora esta Sección Octava es elaborar el dictamen, con sus observaciones y consideraciones sobre el proyecto de ley. Este texto tiene que pasar luego a la Comisión Permanente, donde se tiene que discutir y aprobar. La idea que maneja el Consejo es ver el proyecto de decreto ese día 19 (el 12 no daba tiempo) y también puede a su vez modificar el texto remitido por la sección.

Una vez se decida sobre el texto y se emita un dictamen final, se enviarán las conclusiones al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que puede utilizarlo para cambiar o no el proyecto que se enviará posteriormente para su aprobación por parte del Consejo de Ministros (el Gobierno quiere hacerlo durante este mes de enero).

El informe, no vinculante, será el primer gran foco mediático del Consejo de Estado desde que llegara a su Presidencia Magdalena Valerio. La exministra de Trabajo ocupa ese puesto desde el pasado 10 de noviembre, tras dejar el principal sillón la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Durante su toma de posesión, Valerio puso en valor que se trata de una institución “que goza de autonomía orgánica y funcional, con independencia y objetividad”. “Una de las fortalezas del Consejo de Estado es que está conformado por consejeros y consejeras de distinta procedencia y trayectoria profesional. Su capacidad para aunar criterios teniendo en cuenta los proyectos de dictámenes elaborados por el Cuerpo de Letrados son garantía de ecuanimidad y consiguen con su labor el prestigio de la institución y la auctoritas de su doctrina”, subrayó.

Y ahora ese Consejo tendrá que tomar posición sobre un proyecto de decreto que, según el Gobierno, viene a cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo que exigen un caudal ecológico para el Tajo y la planificación atendiendo a la crisis climática. En cambio, la Generalitat Valenciana, en sus alegaciones trabajadas por la Abogacía autonómica, presiona para que el informe sea desfavorable al entender que la actuación del Ministerio de Transición Ecológica “ha vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”.

El agua, fuente de vida. Y de batalla. A menos de cinco meses para las elecciones autonómicas y municipales, se ha recrudecido la llamada guerra del agua en España. Un tema que divide a territorios y partidos desde hace décadas y que durante años fue una de las grandes banderas electorales de la derecha.

Pero la marejada política subió durante estas horas con una pugna directa abierta por la administración socialista de la Generalitat Valenciana (principal bastión regional de la izquierda) contra el mismo Gobierno de Pedro Sánchez, a causa del plan hidrológico del Tajo. Y se suma así a la afrenta potenciada por las administraciones del PP de la Región de Murcia, pilotada por Fernando López Miras, y de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno.

El motivo de la disputa, indisimulada ya públicamente, está en el proyecto de decreto que se encuentra en el Consejo de Estado (paso previo al Consejo de Ministros) y que supone un aumento del caudal ecológico del Tajo, lo que en la práctica supondría menos agua para los regantes del Segura. Un cruce no solo de palabras, ya que el president valenciano, Ximo Puig, ha presentado alegaciones al órgano que dirige Magdalena Valerio con un objetivo muy claro: que se emita un informe desfavorable y se pueda determinar su nulidad de pleno derecho.

Las alegaciones han sido elaboradas por la propia Abogacía de la Generalitat Valenciana y en ellas se hace una acusación muy directa al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera: “Se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno”. El argumento que se da por parte del Ejecutivo levantino es que ese proyecto de decreto “no se ajusta a la legalidad” al haberse cambiado “posteriormente y sin previo aviso el texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua”. Se pide que se cambie el apartado sobre caudales ecológicos porque la redacción actual adolece “de falta de criterio y rigor técnico”.

De esta manera, Puig se pone en el frente que se ha ido levantando con otras dos autonomías gobernadas por el Partido Popular. Murcia ha sido hasta el momento la comunidad más beligerante con esta cuestión, ya que tiene la teoría de que el verdadero objetivo de la coalición de Gobierno es acabar con el trasvase en unos años. La Junta de Andalucía también va a batallar, por las implicaciones en la zona del levante almeriense, según explicó este martes la consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Su intención es comparecer también ante el Consejo de Estado para defender sus alegaciones: “Ante este hachazo grandísimo no podemos estar ni callados ni cruzados de brazos”.

En el otro extremo está Castilla-La Mancha, la comunidad que considera que se “ha ganado una batalla muy importante”, según dijo la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández. De esta manera se felicitaba hace unos días porque se permitirá que se respeten los caudales ecológicos, tal y como ha establecido en varias sentencias el Tribunal Supremo: “Ahora ya podemos decir que en un periodo de tiempo medio vamos a tener garantías de que nuestro Tajo vuelva a ser un río realmente y no un arroyo residual de Madrid”.

En el texto remitido por el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al Consejo de Estado se defiende que “ha de respetarse siempre la prioridad de la cuenca cedente” y que en esta comunidad “también se necesita agua para el abastecimiento humano de nuestros habitantes, especialmente en nuestro medio rural”. Se argumenta la “determinación impuesta” por las sentencias del Supremo de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo. Y se recuerda que esto fue aceptado también por la mayoría del Consejo Nacional del Agua, en su reunión del 29 de noviembre. Se apostilla que se hará esto de forma “progresiva” precisamente para que Murcia y la Comunitat Valenciana puedan ampliar su capacidad de desalinización, desde ahora hasta 2026.

La decisión de la Generalitat Valenciana de azuzar esta guerra y presentar alegaciones no ha sentado nada bien en el Ministerio de Transición Ecológica. La propia vicepresidenta Ribera dejó clara su postura y mantuvo su plan para el Tajo. Según explicó tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, se trata de un “tema muy sensible”, pero no hay que dejarse llevar “por pancartas” e ideas partidistas.

Para ella, muchas de las alegaciones que se verán en el Consejo de Estado (presentadas por autonomías y organizaciones ecologistas) tienen más que ver con “componentes emocionales”. El primer argumento de Ribera es que el plan tuvo el respaldo mayoritario del Consejo Nacional del Agua, en el que están presentes la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca y organizaciones profesionales, económicas y ecologistas.

Otro de los argumentos de la Vicepresidencia es que con este plan se da cumplimiento a las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a fijar un caudal ecológico. Como recuerdan fuentes de Transición Ecológica, “la del Tajo es la única cuenca en España que no tiene caudal ecológico, una anomalía histórica”. Algo que también impone la normativa europea. "¿No cumplimos la ley?", se preguntan retóricamente.

Desde el departamento de Ribera, se recuerda que los nuevos planes hidrológicos se han elaborado teniendo en cuenta el contexto: una crisis climática que lleva a episodios de sequía extrema o inundaciones. Según la Aemet, el año 2022 fue el más cálido y uno de los más secos desde que hay registros históricos en España. Además, en esta planificación se tiene en cuenta que, según los análisis científicos, la crisis climática provocará cada vez más fenómenos extremos.

A pesar de la persistente sequía, argumentan desde el Gobierno, “la gestión prudente de los recursos hídricos” que ha realizado la administración de Pedro Sánchez ha permitido garantizar los volúmenes para el abastecimiento a lo largo del período 2018-2022 (1.229 hm3 trasvasados en el cuatrienio), frente a los 829 hm3 trasvasados en el período anterior 2014-2018. Estos datos, en opinión del Ministerio, desmontan “el relato ficticio de un imaginario plan ideológico para acabar con el trasvase”.

Una de las quejas del Ministerio es que el PP restringió los volúmenes autorizados durante el periodo 2014-2017 sin que se levantaran tantas críticas como las de ahora, con una gestión diferente a la de Mariano Rajoy.

Pero, además, el Ministerio de Ribera insiste en que hay un plan de inversiones con el objetivo de dotar a la cuenca demandante de “un escenario de estabilidad hídrica”, pasando por infraestructuras para producción y gestión de agua desalada y regenerada que equilibre las posibles mermas de aguas superficiales o subterráneas “que tanto los impactos del cambio climático como las exigencias ambientales puedan ocasionar”. Hay una inversión de 1.100 millones de euros para Murcia, 542 millones para Alicante y 44 millones para Almería.

Pero la presión de la guerra del agua llega a la misma puerta de Transición Ecológica, donde están convocada este miércoles una manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura y de los regantes. Una concentración en la que van a participar miembros valencianos del PSOE (Roger Llanes) y de Compromís (Isaura Navarro). Y esa lucha se extiende con el intento del PP de reprobar a Teresa Ribera en las Cortes valencianas.

Una guerra de agua y de votos. Este tema puede hacer mucho daño precisamente a la izquierda, que tiene en la mente esos años de dominio del PP con las pancartas en los balcones del “agua para todos”. La Comunitat Valenciana será una de las grandes batallas electorales para el 28M y todo se jugará por un puñado de papeletas. En la encuesta del CIS de diciembre, el PSPV aparecía como primera fuerza y podría reeditar el Pacto del Botanic con Compromís y Podemos. Pero el PP está convencido de que puede arañar la victoria, con Carlos Mazón como candidato, sumando con Vox y Ciudadanos.

En Murcia, según los sondeos publicados, el PP logrará una amplia mayoría, mientras que el PSOE bajaría respecto a 2019. Se prevé un desplome de Ciudadanos, en tanto que Vox podría doblar sus resultados. López Miras quiere encabezar este sentimiento social del regadío para ampliar más su base electoral y pilotar con tranquilidad el Ejecutivo. En cambio, la situación del trasvase beneficia en Castilla-La Mancha la postura de Emiliano García-Page, que depende de reeditar su mayoría absoluta para conservar la Presidencia.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que, con su liberalización, la Alta Velocidad española "ha perdido su carácter elitista", "hay mejor competencia" y "ha alcanzado la democratización que buscábamos", así como la "rentabilidad social" de las infraestructuras, según ha informado Europa Press.

Sánchez se ha manifestado así tras llegar a València desde Madrid en el viaje inaugural de Iryo, que se ha celebrado a cuatro días del arranque de sus operaciones comerciales.

En el acto institucional con motivo de este viaje, la ministra Raquel Sánchez ha dado la bienvenida a Iryo a España y ha recordado cómo hace 30 años el país apostó por la Alta Velocidad y llegar a la "modernidad tan ansiada", una apuesta que "ha cambiado la imagen de este país", tanto de cara al exterior como la que teníamos "de nosotros mismos", y "ha servido para demostrar de lo que es capaz". "A partir de esa apuesta derribamos muchas barreras, no solo geográficas".

Raquel Sánchez ha hecho hincapié en que hoy en día la Alta Velocidad conecta al 70% de la población y superará los 4.000 kilómetros cuando se ponga en marcha el servicio a Murcia antes de final de año, con una inversión que a lo largo de los años se ha elevado a más de 60.000 millones de euros.

 Asimismo, ha destacado que España es una "potencia mundial en alta velocidad, no solo en kilómetros de vía, también en términos ferroviarios" de exportación de conocimiento e innovación, con empresas "líderes a nivel mundial". De hecho, ha destacado que el sistema de propulsión del tren llegado este lunes desde Chamartín ha sido fruto de la innovación española.

La ministra ha incidido en que la liberalización de la Alta Velocidad es un nuevo hito y una "apertura sin precedentes" que está logrando que este servicio "sea accesible a todos los ciudadanos". "Con la llegada de Iryo, somos el primer país del continente que tiene tres compañías de primer nivel que prestan servicios de alta velocidad", ha subrayado.

La primera consecuencia de ello, según la ministra, es que "la Alta Velocidad ha perdido su carácter elitista", "hay mejor competencia" y "ha alcanzado la democratización que buscábamos", así como la "rentabilidad social" de las infraestructuras. Por todo ello, ha asegurado que la ciudadanía es la primera beneficiaria de la liberalización, que también favorece al "sector en su conjunto" pues le incentiva a ser "más competitivos" y mejorar los servicios.

Sánchez ha incidido en que, tras el viaje de prueba entre Madrid y València, Iryo empezará a operar Madrid, Zaragoza y Barcelona. Después València y Cuenca y entre marzo y abril conectará con Andalucía.

 Por ello, ha llamado a "seguir celebrando cómo somos capaces de extender la alta velocidad" y ha remarcado que "la liberalización tiene que llegar también al norte de España". Finalmente, ha destacado cómo la liberalización de servicios como este permite ser "más resilientes y mejorar el servicio" para la ciudadanía.

Los ERTE, el mecanismo de protección de empresas y empleos que protagonizó la pandemia, sigue vivo, y repuntando, por culpa de la crisis energética y la incertidumbre asociada a la guerra y la inflación. A diferencia de entonces, cuando los ERTE de fuerza mayor eran la mayoría, debido a la paralización de la actividad por el confinamiento, ahora son los motivados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) los que agrupan al 87,3% de los trabajadores protegidos. Y éstos han aumentado un 4,3% durante el verano. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social, había 17.898 asalariados acogidos a ERTE del tipo ETOP en junio, que en septiembre son ya 19.019. Los trabajadores en ERTE no dejaron de disminuir conforme se suavizaban las restricciones por el covid y la actividad se recuperaba. Llegaron a ser 3,6 millones en lo peor del coronavirus, por lo que su número ahora es muy pequeño en comparación. La duda es si la economía de guerra que se avecina este invierno relanzará la cifra y el aumento de septiembre es sólo el aviso.

El repunte de los ERTE por causas económicas o productivas afecta también a sectores distintos de los que coparon las ayudas durante la pandemia. Si entonces la hostelería, los hoteles y el comercio se vieron abocados a suspender los contratos o reducir las jornadas de sus plantillas, este año el golpe lo están recibiendo sobre todo el sector cerámico y el del automóvil. En el primero, afectado por la escalada de los precios del gas, el número de trabajadores en ERTE se ha triplicado: de sólo 422 en junio a 1.297 en septiembre. En el segundo, aún pendiente de que se resuelvan los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, el aumento ha sido del 59%, hasta 1.609 registrados en septiembre.

Pero otros sectores también están sintiendo el peso de la incierta coyuntura económica. En la industria de la alimentación los trabajadores en ERTE se han disparado un 247% este verano y los de la industria textil, un 117%. En el sector químico han crecido un 50%. Por ejemplo, la falta de aceite girasol, que se importaba de Ucrania, forzó el ERTE al poco de la invasión en la planta que General Mills tiene en Navarra, donde se fabrican los productos de la marca Old El Paso. En el textil, un 20% de las empresas ha tenido que parar alguna línea de producción y un 15% ha aplicado un ERTE por los costes energéticos, según una encuesta del Consejo Intertextil Español.

El apuro de los fabricantes de automóviles es bien distinto. Comenzaron a sentir la falta de chips ya a finales de 2021 y anunciaron los primeros ERTE con el comienzo del nuevo año. Desde entonces no han dejado de prorrogarlos. Ford mantiene el suyo en la factoría de Almussafes (Valencia) por lo menos hasta el 31 de este mes. Seat acaba de prolongar la regulación de empleo hasta el 23 de diciembre, lo mismo que Volkswagen en Navarra. También han recortado su producción Mercedes en Vitoria y Stellantis –Citroën, Peugeot– en Vigo. Pero si las grandes marcas capean la necesidad de parar sus cadenas de producción por falta de componentes gracias a los ERTE, la industria auxiliar, que de ellas depende, no está teniendo tanta suerte. Si bien todas las auxiliares —suman una plantilla de 15.000 personas— que trabajan para la antigua General Motors –hoy también Stellantis— en Zaragoza están en ERTE hasta diciembre, Saint-Gobain, que fabrica lunas para vehículos, ya en junio añadió un ERE para despedir a 100 trabajadores al ERTE que estaba aplicando. Otra suministradora, en este caso de componentes eléctricos, Kostal Eléctrica, anunció en julio el despido de 120 de los 747 empleados que tiene en Sentmenat (Barcelona).

Aunque la peor parte se la está llevando el sector cerámico. Pese a que el Gobierno terminó incluyendo la cogeneración –el sistema que utilizan estas empresas para proveerse de energía— en la excepción ibérica el pasado mes, las industrias cerámicas sumaban casi 60 ERTE en septiembre. Halcón Cerámicas, Todagres o Azuliber son sólo algunas de las que han tenido que acogerse al mecanismo de protección público. Azulejera Alcorense ha ido más lejos: ya ha planteado un despido colectivo para 78 trabajadores. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido este mismo martes a la Comisión Europea una “acción ofensiva urgente” para sostener a la industria azulejera –que se concentra en la provincia de Castellón—, atenazada por los elevados costes del gas.

También son víctimas de los elevados precios de la energía las conocidas como empresas electrointensivas. Es el caso de grandes grupos como Arcelor Mittal, que aplicará hasta el 31 de diciembre un ERTE en sus plantas de Asturias, Sagunto (Valencia) y el País Vasco, y Ferroatlántica, que tendrá igualmente en ERTE durante nueve meses a su plantilla en Cantabria y que ya en julio paró sus hornos en la planta de Arteixo (A Coruña).

En cualquier caso, los trabajadores afectados por despidos colectivos, aunque han aumentado un 31,8% entre enero y septiembre, están lejos de las cifras de 2021. Este último mes los registros del Ministerio de Trabajo cuentan 2.663 despedidos en ERE. En el mismo mes de septiembre de hace un año, el número ascendía a 9.281, más del triple. También entonces su ritmo de crecimiento fue mucho más intenso: de enero a septiembre de 2021 los trabajadores que perdieron su empleo en un despido colectivo se multiplicaron por ocho.

Aun así, Iberia acaba de plantear un ERE para un número no determinado de trabajadores que será, según dice la aerolínea, “negociado, acordado y voluntario”. Lo ha hecho nada más firmar el convenio con los pilotos, a los que subirá el sueldo un 12% en los próximos cuatro años. Este año, se les mejorará los sueldos un 6,05%. El transporte aéreo también fue uno de los sectores más perjudicados por la pandemia. De hecho, es el que más trabajadores mantiene aún en ERTE: 1.983 en septiembre, más incluso que la hostelería y los hoteles.

Un caso bien distinto es el de Duro Felguera, que fue rescatada el año pasado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con 120 millones de euros, acompañados de otros seis millones que aportó el Principado de Asturias. La empresa de ingeniería anunció el pasado día 7 que quiere despedir a 208 personas en España y a otras 40 en el extranjero. Una medida que los sindicatos del grupo tachan de “desproporcionada” teniendo en cuenta que sus cuentas arrojan beneficios, 1,4 millones en el primer semestre del año.

Tampoco se ve empujada por los apuros económicos la farmacéutica Novartis, que quiere despedir a entre 220 y 240 trabajadores, de los 2.100 que tiene en España. En todo el mundo, la empresa suiza se deshará de unas 8.000 personas, pese a que en 2021 ganó 21.234 millones de euros, triplicando los resultados del ejercicio anterior. En España, el ERE que ha presentado está motivado por causas organizativas. Este será el segundo despido colectivo que ejecute la empresa en España en los dos últimos años. En 2020, ya rescindió los contratos de 63 empleados del departamento comercial.