La polémica sobre la petición de la comparecencia inmediata de tres ministros aprobada por el Senado haciendo valer la mayoría absoluta del PP y la amenaza de su presidente, Pedro Rollán, de tomar medidas contra el Gobierno en caso de que rechacen acudir a la Cámara ha quedado reducida a un cruce de declaraciones de políticos de distinto signo sin apenas trascendencia constitucional. El Ejecutivo de Sánchez ha desinflado el globo al confirmar que tiene la intención de comparecer en la Cámara de representación territorial, pero no en las fechas que exige Rollán y su partido, sino cuando lo permitan sus agendas. La única herramienta jurídica del Senado, la presentación de un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional, quedaría así vacía de contenido. El PP, sin embargo, no se empleó con la misma contundencia en 2016 cuando Mariano Rajoy y los miembros de su Gobierno se negaron a acudir a ninguna de las Cámaras durante más de 10 meses.

Los tres ministros –el de Exteriores, José Manuel Albares; la de Defensa, Margarita Robles; y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska– junto con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han pedido a iniciativa propia comparecer en el Congreso entre los próximos 25 y 28 de agosto. Cuando acudan podrán informar a los diputados sin límite de tiempo y después los portavoces de cada uno de los grupos en cada una de esas comisiones podrán plantear sus cuestiones en su turno de palabra. También han asegurado, ante la polémica suscitada por Rollán, que cumplirán con su obligación de ir al Senado, aunque no con la premura que les exige el PP. Gracias a la reforma del Reglamento de la Cámara Alta impulsada por ese partido el pasado noviembre, los ministros cuentan con solo 40 minutos para dar sus explicaciones.

El Ejecutivo cumple así con la obligación prevista en el artículo 101 de la Constitución que permite a ambas Cámaras exigir la presencia de los ministros y del presidente en ejercicio de su función de control. También con el artículo 66.2 del Reglamento del Senado que en la nueva redacción propuesta por el PP introdujo un mandato expreso de acudir a los miembros del Gobiernos para dar dar explicaciones. "Los miembros del Gobierno y demás autoridades y funcionarios de Administraciones públicas están obligados a comparecer ante las Comisiones y sus órganos, incluidas las Comisiones de Investigación", dice el nuevo precepto. La incomparecencia ante una comisión de investigación supone la comisión de un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código Penal, pero la ley no prevé ninguna consecuencia por no acudir a una comisión ordinaria en una fecha concreta.

Fuentes del Ejecutivo explican que lo normal en los casos de los ministros y el presidente es que los gabinetes de estos o la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, se pongan de acuerdo con los letrados de las Cortes o los presidentes de cada comisión para pactar una fecha. Esas mismas fuentes subrayan la dificultad que, en muchos casos, supone preparar una comparecencia y dar las preceptivas explicaciones debido a las cargadas agendas del presidente o de los ministros. "Se trata de una cuestión de cortesía parlamentaria y de lealtad entre instituciones", aseguran esas mismas fuentes. Marlaska anunció ayer que este miércoles debe coordinar el dispositivo para el eclipse. Robles, por su parte, está en Ceuta para supervisar el despliegue militar que busca prevenir una nueva entrada masiva de migrantes.

En esas condiciones, la única arma que le queda al Senado es presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional como el que ya remitió a ese órgano el pasado diciembre contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos. El anuncio del Ejecutivo de que sí dará explicaciones en la Cámara de representación territorial sobre la crisis de Ceuta dejaría previsiblemente sin contenido ese recurso ya que los magistrados del órgano de garantías, debido a los plazos que establece ese mecanismo, solo lo estudiarían cuando las comparecencias ya se hayan producido y la obligación constitucional de los ministros de someterse al control de los senadores se haya cumplido.

El incumplimento de ese deber –no solo ante el Senado, sino también ante el Congreso– sí se produjo en 2016, cuando el entonces presidente, Mariano Rajoy, y los miembros de su Gobierno se negaron a comparecer ante el Parlamento durante más de 10 meses alegando que estaban en funciones. En esa ocasión fue el Congreso, entonces presidido por el socialista Patxi López, el que llevó al Constitucional al Gobierno con los votos en contra del PP, que no consideró un problema los continuos plantones del presidente y sus ministros a ambas Cámaras.

La respuesta del Constitucional no llegó hasta noviembre de 2018, cuando Rajoy ya había caído por la moción de censura que hizo presidente a Sánchez. Sus magistrados dieron la razón al Congreso y aseguraron que las sucesivas negativas del ya expresidente y sus ministros a comparecer afectaban al "equilibrio de poderes" y que el Gobierno estaba obligado a someterse al control parlamentario "en la medida en que el Ejecutivo sigue desarrollando actividad", aunque se encuentre en funciones. La diferencia con las comparecencias por la crisis de Ceuta es evidente: el Gobierno socialista sí cumplirá con su obligación constitucional de acudir tanto al Congreso como al Senado, pero no en el momento exacto que le imponga el principal partido de la oposición.

El progresista Abdul El Sayed se impuso a la moderada Haley Stevens en la reñida carrera por la candidatura demócrata en las primarias al Senado en el estado de Míchigan, informan este miércoles medios estadounidenses.

El-Sayed ganó por menos de 15.000 votos a Stevens en unos comicios vistos como una prueba de fuego para el Partido Demócrata en un territorio clave de cara a los comicios legislativos de noviembre.

Abdul El Sayed, de 41 años, respaldado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, se enfrentó a la legisladora estatal en una campaña donde el representante del ala más progresista del Partido Demócrata criticó duramente las acciones de Israel en Gaza y el financiamiento de las elecciones estadounidenses.

Stevens reconoció su derrota en una "campaña exhaustiva y rigurosa que sacó a relucir todo el espectro de opiniones dentro del Partido Demócrata".

"Estoy orgullosa de haberme postulado para servir y aún más orgullosa de seguir trabajando juntos para asegurar que este escaño del Senado siga siendo demócrata, para lograr que el Senado de EE.UU. cambie de manos y para continuar la labor por Míchigan", dijo.

El Sayed se enfrentará en noviembre al republicano Mike Rogers, quien ya se aseguró la nominación de su partido en los comicios de otoño, donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, ambas controladas hoy por los republicanos.

Estas elecciones son clave para el futuro de la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha hablado de un posible juicio político en su contra si sus opositores recuperan la mayoría en el Congreso y ha hecho campaña contra los progresistas demócratas, a quienes tacha de "comunistas" que quieren "arruinar el país".

"Buenas noticias para el Partido Republicano. El Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda", escribió Trump en su red Truth Social, donde vaticinó que las "políticas locas" de los demócratas "solo van a empeorar".

En un mensaje anterior, el mandatario había puesto en duda la integridad de las elecciones en Míchigan, específicamente en el territorio donde se contaron los últimos votos de las primarias celebradas la víspera.

"El condado de Wayne (Detroit), en Míchigan, es una de las zonas electorales más corruptas de Estados Unidos, si no del mundo. ¡Es puro Tercer Mundo! En el condado de Wayne ocurren milagros, como que se emitan muchos más votos que el número de votantes existentes", dijo.

"Prepárense para otra elección amañada. En noviembre debemos votar por Mike Rogers y hacer que Michigan sea demasiado grande para ser amañado", indicó.

El Congreso ha cerrado el curso político con el habitual pleno escoba, celebrado el pasado jueves 23 de julio. Se trata de la sesión maratoniana que se celebra en la Cámara Baja cada año, antes de cerrar hasta septiembre, para culminar las votaciones que no se han logrado sacar adelante durante meses. En la cita de este año, el Gobierno logró sacar adelante la convalidación del segundo decreto de medidas anticrisis por el conflicto en Oriente Medio, que incluye una rebaja de los carburantes, y la reforma de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. 

También culminó, tras el conflicto con el Senado, la tramitación de tres proposiciones de ley impulsadas por el PSOE: la actualización periódica del programa de cribado neonatal, la transferencia de la AP-9 a Galicia y la pasarela voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Esta última permitirá a los profesionales mutualistas alternativos (como abogados, procuradores o arquitectos) trasladar de forma voluntaria sus fondos acumulados en mutualidades privadas al RETA de la Seguridad Social para mejorar las futuras pensiones de jubilación de estos profesionales. Además, con los votos de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG, sacó adelante una reforma del Reglamento del Congreso que rebaja los requisitos para constituir grupo parlamentario propio.

Pero ese mismo pleno certificó, una vez más, los límites de la mayoría parlamentaria, ya que PP, Vox y Junts volvieron a tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el primer paso para poder elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Es la segunda votación consecutiva que pierde el Gobierno en esta materia en apenas un mes. El Congreso también rechazó la senda de déficit público, aunque no tiene implicaciones prácticas y el Gobierno podrá presentar sus presupuestos a la vuelta del verano.

Para septiembre quedan pendientes 81 proyectos de ley en tramitación, varios de ellos llevan más de un año y medio esperando su turno. La Ley de Familias y la reforma del Estatuto de los Trabajadores para trasponer la directiva europea sobre condiciones laborales llegaron a la Cámara en 2024 y siguen sin ver la luz.

El bloque más numeroso tiene que ver con derechos sociales y sanidad. Ahí está la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que busca recuperar el acceso sanitario para colectivos que quedaron fuera de la cobertura pública como las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal; la reforma de la financiación de la dependencia para las personas con ELA y con otras enfermedades de curso irreversible; o la Ley de Organizaciones de Pacientes, que busca integrar por primera vez a las asociaciones de pacientes en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud (SNS). En el terreno laboral, sigue pendiente el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, que debía poner coto a la precariedad de los becarios y que los sindicatos llevan reclamando desde hace años.

Le sigue el bloque institucional, con la Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés en España, la conocida como ley de los lobbies, el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la norma de secretos oficiales de la época franquista de 1968 para regular con criterios democráticos qué documentos puede reservar el Estado y durante cuánto tiempo, una reforma prometida por numerosos gobiernos y que aún sigue sin materializarse.

También siguen pendientes la Ley de gobernanza de la inteligencia artificial y la de protección de menores en entornos digitales, dos textos que llevan meses de retraso, pese a la urgencia con la que Bruselas empuja a los Estados miembros a regular esta materia. Además, también está en tramitación la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que lleva más de dos años en el Congreso pese a ser una demanda histórica del sector.

Sin embargo, una parte considerable de esos 81 proyectos no son iniciativas nuevas del Gobierno, sino la tramitación parlamentaria de reales decretos-ley que ya están en vigor, como las ayudas tras la dana, la revalorización de las pensiones o la respuesta a la amenaza arancelaria, que ya se aplican desde la convalidación de los decretos.

A diferencia de los proyectos de ley que siguen en el Congreso, hay tres proposiciones que ya aguardan en el Senado. Ya han superado su tramitación en el Congreso, lo que las convierte en las que más opciones reales tienen de convertirse en ley nada más arrancar el curso.

Esas son la prohibición de las terapias de conversión LGTBIQ+, el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad para los funcionarios de prisiones y el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas, las tres en fase de enmiendas. También está pendiente la extensión de derechos de las personas con discapacidad, el único proyecto que ya se tramita como tal en el Senado, no como proposición.

Sumando reales decretos-ley, leyes ordinarias, las dos reformas de la Constitución y las cuatro modificaciones del Reglamento del Congreso, el Ejecutivo llega al parón de agosto con 74 normas publicadas en el BOE desde que arrancó la legislatura, en noviembre de 2023. Una cifra todavía muy alejada de las 215 iniciativas aprobadas durante la legislatura anterior, reflejo de las dificultades parlamentarias con las que el Gobierno afronta el nuevo curso, marcado de nuevo por su dependencia de Junts.

1. El curso 1976/77 estudiaba 8º de EGB en el colegio salesiano de Santander. Como aquel niño Alcántara de ficción, uno estaba atento a las cosas que oía en el barrio y en casa, pues los padres empezaban a ser más permisivos y también se expresaban con más libertad, al menos en el ámbito doméstico, y les oías comentar las noticias del telediario de la noche —"hijoputa", solía decir mi padre cuando en el televisor aparecía Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Laborales, pues nunca anunciaba subidas salariales y siempre hablaba de apretarse el cinturón; "¿más?", solía añadir mi padre después del improperio saludo y escuchar sus declaraciones—, pero sobre todo uno estaba atento a la tele.

Los menores teníamos los viernes, antes del telediario, hasta un espacio informativo propio, La semana: informativo infantil y juvenil, dentro del programa Un globo, dos globos, tres globos. Algún viernes de abril de 1977, después del "Sábado Santo rojo", según el título de Joaquín Bardavío que conservo, escucharía con el rostro hacia adelante, las manos apoyadas en la cara y los codos sobre las piernas con pantalones cortos, la adaptada información al público adolescente de La semana sobre la legalización del PCE, pero no lo recuerdo.

Sin embargo, mi memoria tiene tallado el primer mitin al que asistí un mes antes, el 13 de marzo, en el paraninfo de Las Llamas de la UIMP. De cómplice llevé a mi amigo Carlos, un año menor que yo. En aquel salón de actos se hacían actos culturales. Pero esa mañana de aquel domingo, cuando aún no se habían convocado las elecciones del 15 de junio de 1977, quien actuaría no era un poeta, ni un cantautor ni una compañía teatral, sino un jovencísimo dirigente político, Felipe González, y de telonero un aún más joven dirigente de las Juventudes Socialistas, el paisano Tino Brugos, de dilatada militancia sociopolítica tras su expulsión por "trotskista" del PSOE, sindicalista y sempiterno activista, fallecido en noviembre de 2025. Tengo para mí que este es el primer acto legal del PSOE en España desde 1936, pues fue legalizado un mes antes, el 11 de febrero.

De aquel mitin, al que asistieron según las crónicas 3.000 personas —y dos menores de 14 años—, me vine con una chapa roja y en blanco las siglas PSOE que llevé entre gozoso y preocupado algunos días en el colegio de marzo a junio. Un día, un profe seglar, el Cipri, me llamó a la tarima, pero no me afeó, más bien quería que se viera la chapa porque me pidió que bajara el brazo que yo había recogido sobre el codo para ocultarla, y aprovechó para llamar pistoleros a los de UCD cuando en ese momento pasó un coche con altavoces anunciando un mitin de Suárez —a nosotros nos llamaba pistoleros y él era el sheriff—. A quienes no les hizo mucha gracia mi outfit fue a los religiosos, a pesar de la abierta pastoral juvenil salesiana: una cosa es cantar con guitarras en misa y otra hacer propaganda política en el colegio. De hecho, el jefe de Estudios me cesó como delegado de clase. Al curso siguiente comencé 1º de B.U.P. en el instituto José María de Pereda.

2. El 15-J fueron las primeras elecciones libres desde 1936, pero no fueron pluralistas del todo, pues estaban prohibidas las candidaturas republicanas y no todos los partidos fueron legalizados para los comicios. ERC tuvo que amputar la erre para presentarse a las elecciones e Izquierda Republicana, el partido histórico fundado por el presidente Manuel Azaña en 1934, fue legalizado en noviembre, cinco meses después de las elecciones.

Las cartas estaban marcadas, pero era tanta el ansia de libertad —y el egoísmo competitivo— que los partidos de izquierdas legalizados miraron para otro lado cuando otros no fueron legalizados a tiempo para las elecciones del 15-J y tuvieron que presentarse con marcas blancas. También se compitió con las normas electorales aprobadas el 18 de marzo de 1977 por el segundo Gobierno del recién rey restaurado, aunque tampoco creo que fuera posible rechazarlas. El PSOE pudo modificar esa normativa electoral cuando la mayoría absoluta del cambio, por ejemplo, no manteniendo el mínimo de dos diputados por provincia, que favorece la representación de las hectáreas en lugar de las personas, como tampoco estableció ampliar hasta los 400 diputados del Congreso, previsto en la Constitución, y repartir así los 50 diputados para aprovechar los restos en las circunscripciones electorales provinciales como se hace en otros países. Con la LOREG de 1985, el PSOE consolidó la arquitectura electoral aprobada por aquel Gobierno no democrático de Adolfo Suárez, incluido el sistema mayoritario, las listas abiertas y el voto limitado para el Senado.

Precisamente, para evitar las condiciones mayoritarias del sistema electoral del Senado en las elecciones de 1977, se ensayó un experimento unitario de las izquierdas, aunque no en todas las circunscripciones. El PSOE y el PCE presentaron sus propias candidaturas en una treintena de circunscripciones y en el resto formaron parte de candidaturas unitarias o las apoyaron. Hubo siete candidaturas bajo la denominación Senado Democrático, cuatro de la Entesa dels Catalans en Cataluña y otras tantas del Frente Autonómico en el País Vasco y Navarra, mientras la Candidatura Democrática Gallega se presentó en tres circunscripciones y una fue la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática en Zaragoza, Rioja Democrática y la agrupación electoral Fuerzas Democráticas en Cantabria, entonces provincia de Santander.

Esta última candidatura, presentada bajo el lema "Senadores por la Democracia, otra política y otra gente", estaba formada por el abogado Benito Huerta Argenta, que salió elegido senador, y los catedráticos de instituto Tomás González-Quijano y Eduardo Obregón Barrera.

3. Quijano y Obregón fueron mis profesores de filosofía y de griego en el INB José María de Pereda. Haber conocido sus rostros en los carteles sobre fondo verde, pegados en las paredes de mi ciudad, antes que en el aula, me hizo disfrutar y estar atento a sus clases en aquel «tiempo-ahora» —Jetztzeit—, en aquellos días de transición de la dictadura a la democracia.

Recuerdo aquellas clases magistrales de Tomás González-Quijano, casi asambleas, pues socráticamente nos sometía a todo tipo de deliberaciones, donde iba desgranando el pensamiento de las históricas luminarias de la filosofía y, alternativamente, lanzaba una sucesión de preguntas en el aire que sus alumnos interiorizábamos y los más atrevidos levantábamos la mano para torpemente debatir o enmendar al filósofo de turno y a nuestro querido profesor. De aquellas clases recuerdo cómo germinó en mí el interés por la ética y por las obras del joven profesor José Luis López Aranguren, a quien tuve el honor de conocer en los estudios de RNE 1 y conversar con él en su estudio de la calle Zurbarán a mediados de los años ochenta.

De las clases de Eduardo Obregón aún conservo La Constitución de Atenas, de Aristóteles, nuestro libro de texto en edición bilingüe. Aún resuena en mi cabeza aquella definición de ζῷον πολῑτῐκόν, el animal político que caracteriza la naturaleza del ser humano, e ἰδιώτης, el que no participaba —durante los años ochenta así nos referíamos al moderno pasota—. También las magistraturas Βασιλεύς, Πολέμαρχος y Ἄρχων, la diferencia entre monarquía, oligarquía y poliarquía frente a la tiranía, y aquella frase ἡ πέν oúv πρώτη πολιτεία, "la primera constitución" —forma de gobierno—, que en mi cabeza religiosa traducía: "Y en el principio fue la política", por aquello del Génesis aprendido en los salesianos.

Lo primero que llama la atención de aquella agrupación electoral al Senado de Quijano, Huerta y Obregón era que se llamaba Fuerzas Democráticas y, sin embargo, sus candidatos eran "independientes", más allá de la proximidad de Benito Huerta a Izquierda Democrática, el partido fundado en 1975 por Joaquín Ruiz-Giménez. Desde el Partido Carlista hasta el Movimiento Comunista, pasando por el PSOE y el PCE, todas las fuerzas políticas realmente existentes de la disuelta Platajunta apoyaron la candidatura de los tres senadores por la democracia.

Aquella candidatura unitaria democrática era una expresión antifranquista, pues sus tres candidatos fueron luchadores contra la dictadura, bien desde su militancia en la Hermandad Obrera de Acción Católica —HOAC—, como era el caso de Eduardo Obregón, o bien desde el trabajo profesional de abogado de detenidos y detenidas, como Benito Huerta, o bien desde su acción educativa y cultural como firmante de dramaturgias y manifiestos, como Tomás González-Quijano. Los tres acumulaban detenciones y multas.

Los "tres tenores" hicieron una campaña muy pegada al terreno, barrio a barrio. Las campañas de Jaime Blanco, del PSOE, y del PCE, con Nicolás Sartorius a la cabeza, centraban sus esfuerzos en sus propias candidaturas al Congreso, pero sí acompañaron sus militantes, junto a la pléyade de militancias de las otras izquierdas y aquella juventud no partidaria, pero opositora, los actos político-culturales de la candidatura unitaria, que comenzaban con la representación de La pancarta, antes de tomar la palabra los candidatos al Senado de Fuerzas Democráticas. Eran mítines con teatro documental y, al recordarlo ahora, me explico por qué en las elecciones de 1982, durante los dos meses que pasé por Murcia reorganizando las Juventudes Comunistas, tras la escisión prosoviética de los cejotace, y organizando la campaña electoral con mi amigo Javier Alcázar, entramos en contacto con dos mimos, Pedro y Pablo, que vimos actuar y a quienes planteamos que hicieran unas performances antes de los mítines que improvisábamos en plazas y jardines —aquellos mimos eran Pedro Reyes y Pablo Carbonell, nómadas por tierras murcianas—.

Esto fue ayer, "el presente de las cosas pasadas", en palabras del santo de Hipona. Pero ¿qué pensar sobre "el presente de las cosas futuras", el mañana, porque hoy, "el presente de las cosas presentes", aún no hay convocatoria electoral?

4. Esta última legislatura llegará a su fin en 2027, como muy bien defiende con criterio y razón el presidente Sánchez. No ha sido tan fructífera legislativamente como la anterior, que aprobó doscientas normas, incluidas un centenar de leyes. Sin embargo, no ha sido menor la producción del segundo Gobierno de coalición y la mayoría de investidura, aunque esta última ha sido más inestable que la anterior mayoría, claramente progresista. Desde la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, hasta la Ley 1/2026, de impulso integral de la economía social, pasando por decretos tan importantes como el de regularización de las personas migrantes, esta segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista ha aprobado 56 leyes y 28 reales decretos leyes. Cierto que aún quedan algunas asignaturas pendientes como la llamada ley mordaza o la Proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Más allá de la producción legislativa y las dificultades para articular una mayoría estable, lo cierto es que esta legislatura se ha caracterizado por una pinza de togas para intentar torcer el brazo del Congreso y del poder ejecutivo, togas de color negro y otras de púrpura senatorial —como aquella antigua "toga pretexta" que distinguía a los senadores romanos—.

El antecedente fue esa reunión de fiscales en abril de 2023 con Feijóo donde se conjuraron para desregular la legislación del primer Gobierno de coalición progresista, pero se quedaron con la miel en los labios con la distribución parlamentaria de las elecciones del 23 de julio de 2023. Aquel acto sin consecuencias legales para los fiscales que violentaron su independencia hizo que, al poco de empezar la legislatura actual, los jueces —y también fiscales— con sus togas negras y vuelillos blancos se manifestaran ilegalmente a la puerta de los juzgados de España contra una ley que aún no había sido ni presentada, por no hablar de esta orgía judicial que lo mismo lleva ante un jurado a la mujer que condena penalmente al hermano del presidente Sánchez por una plaza administrativa, o que condena al fiscal general del Estado por si a alguien de su entorno se le ocurrió filtrar unos correos, cuando en este país se filtra de los juzgados hasta la agenda personal de un expresidente del Gobierno.

Como toda pinza, son necesarias dos puntas o mandíbulas, además de la caja de traba o resorte helicoidal para hacer funcionar el mecanismo, que en este caso se llama Aznar y su proclama "quien pueda hacer, que haga". No bastaría la punta judicial, hace falta otra mandíbula y, sin duda, esta es la mayoría absoluta en el Senado que ostenta el PP, teniendo solo un tercio de los votos que el sistema electoral mayoritario transforma en más del 51 % de los senadores de elección directa.

El sistema mayoritario de elección de senadoras y senadores implica un premio desorbitado para la lista de candidatos que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y supone una penalización extrema para el resto de las candidaturas. Castilla y León, con nueve provincias y una población de 2,4 millones, elige 36 senadores frente a la Comunidad Valenciana, que con 5,4 millones de habitantes elige 12 senadores, y aunque por senadores autonómicos la proporción poblacional hace que se elijan tres senadores por las Cortes castellanoleonesas y seis por Les Corts, es evidente la sobrerrepresentación de las hectáreas frente a los electores. El resultado es obvio: si obtienes la mayoría relativa, te quedas con un buen botín electoral.

El PP ha utilizado el Senado como enmienda a la labor legislativa del Congreso, aprobando 30 leyes, cuando solo tiene potestad constitucional de iniciar la labor legislativa para el Fondo de Cooperación Interterritorial. Mientras aún no ha comparecido en la comisión de investigación del Senado de la DANA el expresidente Mazón, proliferan en el palacio de la plaza de la Marina Española paseíllos de comparecientes con pena de telediario y un casting permanente de portavoces populares, a cuál más bronco. El PP ha aprobado sin consenso la cuarta reforma del Reglamento del Senado para limitar el tiempo de los ministros en la sesión de control del Gobierno, para que el Senado pueda recurrir al Tribunal Constitucional si el Congreso bloquea las leyes aprobadas en el Senado, para que los jueces y magistrados no tengan que asistir a las comisiones de investigación, entre otros cambios que han llevado a que se presenten recursos ante el Tribunal Constitucional sobre ocho artículos del nuevo reglamento.

Dadas las competencias del Senado para elegir su cupo del Consejo General del Poder Judicial y para nombrar a un tercio de los doce miembros del propio Tribunal Constitucional, parece claro que cuál sea la mayoría del futuro Senado es cuestión mayor, que diría Mariano Rajoy. Más aún, cuando los bárbaros están a las puertas de Roma y la posibilidad de que la coalición reaccionaria PP-Vox obtenga tres quintas partes del Senado puede hacernos un destrozo constitucional de difícil reparación.

5. Ciertamente, nos jugamos mucho, demasiado, en la convocatoria electoral por venir. Ya solo simbólicamente, celebrar el centenario de la Generación del 27 y llegar al centenario de la Segunda República con un Gobierno de coalición progresista parece de justicia poética.

No somos ingenuos. Hemos visto en esta legislatura cómo se ha apagado el incendio independentista, cómo el crecimiento del PIB nos coloca a la cabeza de las economías más desarrolladas, cómo por primera vez superamos los 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, cómo se ha reducido del 27 % al 12 % la tasa de empleo temporal y cómo se ha incrementado un 60 % el SMI. También cómo las pensiones han subido por encima del 9 % y un 35 % las no contributivas de viudedad; cómo las becas y ayudas al estudio han alcanzado el máximo histórico de los 2.559 millones de euros y el importe medio de las becas universitarias se ha incrementado un 60 %; cómo se van a financiar el 50 % de las ayudas a la dependencia con 6.200 millones de euros y cómo se va a financiar el 60 % del Plan de Vivienda con 7.000 millones de euros…

Y así podríamos seguir enumerando virtudes de la acción del Gobierno, aunque quedan cosas aún por hacer y seguro que habrá buenas sorpresas en los próximos meses. Pero el ruido judicial, mediático y político es ensordecedor. Tiene por finalidad tapar los logros gubernamentales y aburrir a la mayoría social para que nos resignemos a un Gobierno PP-Vox, o sea, al regreso de «los siete magníficos» de aquella AP, hoy reconvertida en Alianza Popular 2.0 o "coalición antisanchista".

Habrá tiempo para hablar de todo esto, pero hoy quiero subrayar que en las elecciones generales de 2027 no solo nos jugamos la mayoría del Congreso. Hay que ir a esas elecciones a ganar también la mayoría del Senado si no queremos asistir a un retroceso constitucional. Para ganar el Senado hay que recuperar el espíritu y la fórmula de aquellas candidaturas de Senadores por la Democracia de 1977 de mis profesores Quijano y Obregón, aquellas entesas, frentes y unidades, con dirigentes políticos y representantes sociales, con actos político-culturales como aquellos de 1977 —seguro que las fuerzas de la cultura se animarían a participar activamente en favor de estas candidaturas unitarias al Senado—. Confío en la sociedad civil para empujar la razón democrática y persuadir a las dirigencias políticas frente a la legítima, pero inútil, competición por el Senado.

Un gran acuerdo de todas las fuerzas progresistas y de izquierdas para concurrir agrupadas en las candidaturas al Senado no solo permitiría rivalizar por la mayoría relativa en las circunscripciones, evitando así una nueva mayoría senatorial del PP, sino que la conjunción con las candidaturas nacionalistas podría dar al Senado por primera vez una mayoría federal y plurinacional para hacer de la Cámara Alta una auténtica cámara territorial. Unas candidaturas unitarias de las izquierdas al Senado, además, serían un factor de motivación e ilusión que redundaría también en la necesaria movilización electoral progresista y de izquierdas para las candidaturas al Congreso.

El dilema en las elecciones de 2027, cincuenta años después, estoy convencido, será democracia y progreso versus reacción y democracia iliberal. Que no sea porque no hicimos todo lo posible para articular una mayoría en el Congreso, sí, pero también en el Senado. Ojalá así sea.

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Jesús Montero es socio de infoLibre.

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en la Comisión de Interior este martes en plena polémica por sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Con este mensaje por bandera: "No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González, durante una comparecencia que superó las dos horas, precisó que no se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y afirmó que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", añadió la directora de la Guardia Civil, que subrayó a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, prosiguió González, que puso en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”. 

Asimismo, quiso mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”. La directora de la Guardia Civil desoyó en todo momento las exigencias de dimisión por parte del PP y de Vox.

González detalló que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente [en aquella época]” .

Ahí se adentró en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Reconoció que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, relató, para mostrar luego su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Señaló que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”.

El tercer encuentro se produjo el año pasado, describió González, quien indicó que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante le plantea que el agente Rubén Villalba —quien se encuentra imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García— vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, apostilló, para indicar que los únicos tres encuentros que mantuvo con Díez fueron “cortos” —”no más tiempo de un café”—, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, remarcó.

Con este resumen final: "Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”. El paso de González por el Senado no deja ninguna información nueva respecto a la que aportaron fuentes de su entorno tras conocerse el informe de la UCO.

González dijo que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. Pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

Asimismo, indicó que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también manifestó que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

"Yo he dicho siempre la verdad. Nunca he perseguido a los míos. Nunca he hecho daño a un agente, ni he frenado ninguna investigación. Jamás, nunca. Nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes pueden adornarla con todas las mentiras", resumió González al final de la comparecencia.

Para despedirse con un mensaje contra "la política de la rabia" y la "jauría". Con una llamada al "diálogo": "La democracia no es un juguete, es un tesoro. Debemos protegerlo. Esto tiene que empezar aquí".

No figura como investigada en la causa seguida en la Audiencia Nacional sobre la supuesta trama para "desestabilizar" cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar "en los intereses" del PSOE y el Gobierno. Ni la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, al menos por el momento, su imputación. Pero la investigación del llamado caso Leire Díez ha puesto en una posición delicada a la exdelegada del Gobierno en Madrid y actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Este miércoles comparece en la Comisión de Interior del Senado. Lo hace a petición del PP. Sobre la mesa, tres reuniones con la llamada fontanera, varias investigaciones internas en la Benemérita y un borrado de mensajes que levanta no pocas sospechas.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporados a la causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción nº5 dan cuenta, entre otras cosas, de las maniobras de la trama contra la Guardia Civil. Y, en especial, de la relación entre Díez y González. Los investigadores dan por acreditadas, al menos, tres reuniones entre ambas. La primera, de la que tienen constancia por una nota en el teléfono móvil de la fontanera, se celebró el 30 de septiembre de 2024, un par de semanas después de que la segunda llegase a la jefatura de la Guardia Civil. Uno de los objetivos de este encuentro, sostienen, "habría sido intermediar" para que una asociación de la Guardia Civil pudiera reunirse con la directora para tratar la "equiparación salarial".

No obstante, para diciembre los agentes ya observan "los primeros elementos" de los que "se evidencia" que Díez "estaría haciendo llegar" a González, a la que conocería de tiempo atrás –grabó su contacto en el móvil en junio de 2022– "información derivada de la actividad aparentemente delictiva" que en ese momento "se venía desarrollando" y que "habría tenido como uno de sus objetivos" al Instituto Armado y, más en concreto, a su unidad de élite. Llegan a esta conclusión a raíz de una reunión que mantuvo la fontanera con, entre otros, el capitán Juan Sánchez Yepes, quien dio información sobre la estructura de la UCO, de la que había formado parte durante casi tres lustros. "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil [...] es de mi confianza", le dijo la fontanera.

El segundo encuentro entre Díez y González fue, siempre según el relato de los investigadores, el 20 de diciembre de ese mismo año. Pocas horas después, la primera trasladaba sus impresiones del encuentro a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "¿Cómo te fue con la Benemérita?", pregunta él. "Con la Benemérita bien. Ya tengo las causas que tenía en papel digitalizadas. Miraré el nombre que me dijiste. Le he comentado un poco por encima lo de los parkings. Me ha dicho que va a mirar pero que ya se lo cobraré [sic] con más detalle. Como le tengo que dar lo de hidrocarburos también si quieres lo preparamos. También le he pedido cosas para Garibaldi", responde ella en varios mensajes.

Las pesquisas sitúan la tercera reunión entre ambas el 2 de abril de 2025. En los meses anteriores constan, según los investigadores, una llamada de 13 segundos realizada por González a Díez o un mensaje de la fontanera al expresidente de la SEPI recordándole su relación con la jefa del Instituto Armado: "Recuerda que tengo amistad con la DG de la GC". Y un par de encuentros de Díez con otro guardia civil: el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. De ellos, el agente elabora actas, en las que hace constar, entre otras cosas, que Díez daba cuenta a la directora general de los encuentros que estaban manteniendo ambos: "Le trasladó que era un gran profesional, que no estaba solo".

Los investigadores presumen "la realidad" de esta tercera cita entre González y Díez apoyándose en las conversaciones sobre la misma que esta última mantiene con varios interlocutores. "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo alimentando esa vía", decía la fontanera a uno de ellos. González, según fuentes de su entorno, reconoce tres encuentros. Los dos primeros fueron una "mera toma de contacto" en la que no se habló de nada relacionado con el Instituto Armado. En cuanto al tercero, Díez preguntó si había alguna posibilidad de que Villalba regresara a su puesto de trabajo, algo que González rechazó "de plano", recordándole que estaba investigado y dando por finalizada "inmediatamente" la reunión.

A finales de ese mes de abril, y tras la publicación en El Confidencial de una de las reuniones de la fontanera, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota de despacho en la que se advertía de las maniobras de Díez para atacar no solo instrucciones llevadas a cabo por la UCO, sino también a sus investigadores, "personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos". Un asunto sobre el que también alertó el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO en otro escrito, en el que ponía de manifiesto que la fontanera presumía de tener "un control absoluto" sobre la directora general de la Guardia Civil. Advertencias que el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, dijo haber puesto en conocimiento de González.

Los investigadores ponen de relieve que la jefa del Instituto Armado era conocedora de lo que estaba ocurriendo, al menos, desde el 8 de mayo. Pese a ello, los contactos siguieron. Un día después, Díez le habría escrito de nuevo jugándose una comida apostando a que las filtraciones del caso Ábalos estaban saliendo de la UCO. En el entorno de Gónzalez han reconocido a la Cadena Ser que esos mensajes llegaron y que se respondieron. Sin embargo, ninguna constancia de ellos queda en el chat de WhatsApp, en el que los agentes destacan dos mensajes automáticos del 11 de mayo. El primero, sostienen, "resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva". En cuanto al segundo, refleja que se ha activado el "borrado automático de mensajes" cada 24 horas en la conversación.

Al día siguiente, según la cronología que se recoge en un informe ampliatorio conocido este mismo lunes, el director adjunto operativo de la Guardia Civil puso en marcha la apertura de una información reservada para investigar la filtración de una serie de mensajes intercambiados entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –comunicaciones que, en realidad, habría desvelado el primero–. Un expediente que se cerró dos semanas más tarde, "sin haberse practicado ninguna actuación" y tras una advertencia del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo-Ábalos, quien avisó de que abriría diligencias contra los responsables si no daban marcha atrás.

No es, sin embargo, la única investigación interna bajo la lupa de la UCO. En sus informes también ponen el foco sobre otras dos informaciones reservadas abiertas. La primera, en diciembre de 2024 por orden del DAO tras la inclusión en un informe aportado a la causa del hermano del líder del Ejecutivo de una cuenta de correo electrónico usada por su esposa. "El instructor de la información reservada concluyó la misma 'sin identificar responsabilidad disciplinaria’ pero sí requiriendo al jefe de la UCO que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la autoridad judicial", resalta en su último informe.

En cuanto a la segunda, se incoó en septiembre de 2025 por orden de la directora general de la Guardia Civil tras una noticia aparecida unos meses antes en un diario. Lo hizo al entender que el origen de la información era una filtración de mandos del Instituto Armado y algún integrante de la UCO. Pero un mes después, se archivaron las actuaciones al entender que el artículo no mencionaba que las fuentes tuvieran su origen en la unidad de élite de la Guardia Civil. Sus referencias son ambiguas, tales como 'fuentes conocedoras del conflicto', 'un alto mando', 'fuentes de toda solvencia', o 'es un secreto a voces", resaltó el general instructor cuando dio carpetazo al asunto.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

La oficina de conflicto de intereses de Cortes Generales ha recordado a diputados y senadores que están obligados a publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de grupos de interés.

En su último informe, que acaba de pasar por las Mesas del Congreso y del Senado y al que ha tenido acceso EFE, la oficina insiste en que esta es una obligación recogida en el artículo 6 del Código de conducta de las Cortes y pide la difusión de la misma para su cumplimiento.

Lo hace después de constatar que siguen siendo minoría en ambas cámaras, a pesar de las reiteradas recomendaciones en anteriores informes y de las advertencias del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea 2025, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios publican otro tipo de actividades o encuentros mantenidos.

Anotaciones, prosigue el informe del 2025, que se realizan en muchos casos de forma ocasional y no regular y se refieren a asistencia a actos pero rara vez a reuniones con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.

Según los datos del informe, en la agenda parlamentaria que se publicó el 31 de diciembre de 2025 se ha experimentado un aumento de miembros del Congreso que, además de la reuniones de los órganos de la Cámara, publican otro tipo de actividades y encuentros. Así, 75 diputados han anotado estas reuniones, frente a los 46 del año anterior. En la Cámara Alta fueron 55 los senadores que cumplimentaron esta obligación, frente a los 64 de 2024.

"Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras", remarca la Oficina de conflicto de intereses.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha expresado su preocupación ante la falta de avances en la regulación del 'lobby' en España.

Recuerda que por quinto año consecutivo la Oficina de conflicto de intereses alerta del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.

La asociación considera que este nuevo aviso confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada y señala que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario.

Por ello reclama que se avance hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales y considera especialmente preocupante que sigan paralizados, por falta de acuerdo político, los dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación.

A las 15.53 enfilaba Carlos Cuerpo el pasillo del Senado. Luz primaveral a través de la claraboya. Una treintena de periodistas apostados en las paredes entre cuadros de José Guerrero y Antonio Saura. El ministro de Economía tenía por delante su primera sesión de control como vicepresidente primero. El nuevo hombre fuerte de Pedro Sánchez. Y con una gran duda en su mochila: cómo mutar de tecnócrata a pope político.

En el menú: tres preguntas y una interpelación. Con la máxima expectación puesta en las dos primeras cuestiones lanzadas por el Partido Popular. Génova 13 eligió a Alicia García, la portavoz en la Cámara Alta, y Alfonso Polanco, con formación económica y ex alcalde de Palencia durante ocho años. El equipo de Castilla y León contra el vicepresidente primero, al que se unirá próximamente Ester Muñoz en el Congreso.

Los populares saben, como comentan algunos de sus parlamentarios en privado, que tienen un problema con Cuerpo. Y desde este martes por la tarde son todavía más conscientes de que no es un problema menor. No saben qué tecla tocar para atacar al vicepresidente primero, que, con sus formas templadas y extremadamente educadas, ha dejado a los populares en el lado de la exageración.

El ministro ha enseñado unos primeros compases de su fórmula para enfrentarse al Partido Popular. Lejos de palabras gruesas y de choque directo, Cuerpo busca retratar a los populares lanzando el mensaje de “mano tendida”, como repitió en varias ocasiones, para frenar los efectos económicos de la guerra de Irán y apelando al tono “constructivo”.

En mitad de tiempos de máxima polarización, Cuerpo, desde que ascendió a finales de 2023 al cargo de ministro por la marcha de Nadia Calviño, ha acuñado un estilo moderado y sin gritos. Y le ha dado ya resultados: es el miembro mejor valorado del Gobierno y ha logrado ser aupado por Sánchez como su mano derecha por el salto de María Jesús Montero a la batalla andaluza del 17 de mayo.

El nuevo vicepresidente primero decidió no entrar al choque directo con García (PP), que tocó todos los palos clásicos del Partido Popular para tratar de descolocar a Cuerpo. Desde su escaño, la senadora popular pasó de hablar de “la frustración de Bolaños” por no ser vicepresidente a “María Jesús del Gran Poder”, con alusiones a que el Gobierno español “no pinta nada dentro y fuera”. 

La portavoz del Partido Popular en el Senado, a la que Génova apartó en la comisión del caso Koldo para interrogar a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, sabía que este martes era muy importante de cara a Alberto Núñez Feijóo. Llevaba preparadas frases contra el vicepresidente de este estilo: “Cuerpo a tierra, que vienen los suyos”, “hoy empieza la primavera negra del sanchismo y usted empieza a florecer como número dos de Sánchez”, “dice que no tiene carné del PSOE, pero es un militante premium del sanchismo”. 

Cuerpo ni se inmutó. No entró al trapo. “Vamos a tener más interacciones. Intentemos conseguir un tono constructivo, al que esperemos que lleguemos”. Esa ironía gustó en la bancada socialista como se pudo ver en los aplausos de pesos pesados como Rafael Simancas, Alfonso Gil y César Mogo. Puso sobre la mesa el récord de los 22 millones de afiliados en España (un dato conocido este lunes) y apeló a un trabajo conjunto con ciudadanos y empresarios (una palabra que recalca frente a los discursos populares de que la izquierda hunde el país). Para repetirle: “Mano tendida, espero encontrarle porque ahí voy a estar yo”.

El segundo round llegaba con Polanco. El PP trata de rebatir constantemente al Gobierno con el discurso de que los datos macro no se traducen luego en la vida de los ciudadanos. Y quiso ejemplificarlo con la vida de un joven en Madrid con alquileres que sobrepasan los mil euros al mes, aunque el representante popular obvió citar que en esta comunidad el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda por la que se pueden topar precios en las zonas tensionadas.

La técnica de Cuerpo, como si fuera casi un examen de oposición, fue centrar su respuesta comparando las cifras de los salarios entre el periodo 2018-2025 (Pedro Sánchez) y el de 2014-2018 (Mariano Rajoy). Para, además, centrarse en la reducción de los niveles de desigualdad, una cuestión que obsesiona a Cuerpo, que se presenta ante la sociedad como un garante del estado del bienestar y del ascensor social, que ha vivido en sus propias carnes (su abuelo tuvo que dejar de estudiar para trabajar en una mina y sus padres tuvieron que emigrar a Suiza). 

Y sacó pecho de que la renta de las familias españolas crece más que las de los Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Pero recordó que el mundo vive un shock por la guerra de Irán, por lo que pidió al PP que arrime el hombro en un momento en el que Génova 13 decidió hace dos semanas abstenerse en la votación del decreto para paliar los efectos económicos del ataque ilegal de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Cuerpo ya ejerce de vicepresidente primero. Con estilo propio. Y el PP no sabe cómo pararlo. 

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

Hace ya 10 días que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, permanece en su puesto en funciones. Su mandato de nueve años como magistrado del órgano de garantías venció el pasado 10 de marzo, al igual que el de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos el 10 de marzo de 2017. El Senado, la Cámara a la que corresponde su sustitución, tendrá que renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó el cargo por motivos de salud dos años antes. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el proceso, pero cuatro autonomías –Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía– han pedido una prórroga para elegir a sus candidatos, lo que retrasará los nombramientos, al menos hasta el otoño.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que los magistrados elegidos por el Senado sean seleccionados "entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas". Rollán se dirigió el pasado diciembre a los Parlamentos autonómicos para pedirles que presentaran sus aspirantes a magistrados del órgano de garantías. Pero los recientes procesos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y los comicios andaluces, pendientes de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, los convoque, provocarán una demora de meses que, con toda probabilidad, dará tiempo al tribunal, con su configuración actual y con Conde-Pumpido como presidente prorrogado, a resolver los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de condenados y procesados por el procés a los que el Supremo no aplicó la ley de amnistía.

Las cuatro Cámaras autonómicas han reclamado una prórroga. Pese a que en Extremadura, Aragón y Castilla y León los comicios ya se han celebrado, en ninguno de los tres territorios ha echado aún a andar la legislatura a la espera de que PP y Vox ultimen los órganos directivos de sus respectivos Parlamentos y los gobiernos. Independientemente de que lo logren en las próximas semanas o no, todavía falta que los andaluces acudan a las urnas, algo que está en manos del presidente Moreno. Si no convoca antes, la fecha límite en la que el Parlamento andaluz quedaría disuelto sería el 19 de junio. Así que, con toda probabilidad, la elección de los candidatos andaluces a magistrado del Tribunal Constitucional no estará lista hasta después de las vacaciones de verano.

Es a partir de ese momento, con todos los nombres sobre la mesa, cuando Gobierno y PP tendrían que iniciar una negociación para repartirse los nombramientos. Tradicionalmente, cuando es una de las cámaras la que tiene que designar, socialistas y populares se repartían las propuestas. Sin embargo, los alicientes del PP para sentarse ahora a la mesa son pocos. A finales de año se iniciará un nuevo ciclo electoral hacia las autonómicas y municipales de la primavera siguiente y las generales estarán cada vez más presentes. Tras convertir a Vox en su socio preferencial, es difícil que se arriesgue a que los ultras le afeen acuerdos con Pedro Sánchez a escasos meses de nuevos comicios a Congreso y Senado en los que, según todos los sondeos, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Santiago Abascal si quisiera convertirse en nuevo presidente.

Otro de los elementos que empujan al PP a no pactar es la posibilidad de no tener que hacerlo, es decir, la de nombrar por sí mismo o con Vox a los cuatro magistrados y dar así la vuelta al juego de mayorías actual en el que los progresistas tienen, desde enero de 2023, una mayoría de siete a cinco sobre los conservadores. Con la composición actual del Senado, los populares controlan 145 escaños. Si suman el de su tradicional socio navarro UPN y los tres de Vox, alcanzan los 149 senadores quedándose a solo 11 de los tres quintos (160 votos) que se necesitan para la renovación. La tentación de lograrlos en las próximas generales es fuerte. Sería la primera vez desde la fundación del órgano de garantías, en 1980, que el PSOE no tendría capacidad de propuesta.

En caso de que, tras las elecciones generales de 2027 –siempre que Sánchez consiga acabar la legislatura–, el PP no lograra los tres quintos de senadores con Vox, el partido de Feijóo se vería obligado, esta vez sí, a sentarse con los socialistas, que si lograran incluir a dos de sus candidatos prorrogarían la mayoría de magistrados progresistas en el Constitucional al menos hasta 2031. Con una mayoría del PP y Vox en ambas Cámaras, un Gobierno sostenido por esos partidos y el tradicional derechismo del Poder Judicial, el órgano de garantías se convertiría entonces en el último reducto de los principales órganos constitucionales del país en el que la izquierda seguiría siendo mayoritaria.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado para dar explicaciones, según el PP, sobre su posible vinculación con el "dudoso" rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

Fuentes de este partido han informado a EFE de que Zapatero ha sido convocado para esa fecha por la mesa de la comisión, en la que el grupo popular tiene mayoría para tomar decisiones, que se ha reunido este jueves de forma telemática.

De forma previa, para los días 25 y 26 de febrero, han sido citados a comparecer el presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el "posible testaferro de Zapatero", Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.

Los tres estaban incluidos en el listado de próximos comparecientes de la comisión Koldo desde diciembre y tenían pendiente la fijación de una fecha para sus declaraciones ante los senadores. Esta comisión de investigación ha celebrado ya un centenar de comparecencias en los veinte meses que lleva abierta, por lo que la de Zapatero será la número 103.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expuesto en un comunicado que Zapatero ha sido citado por su grupo parlamentario porque "está de sospechas de corrupción hasta las cejas".

En el Senado, ha añadido García, el expresidente del Gobierno y exlíder socialista "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narcodictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

Según cree, "tras las presiones de Zapatero", que habría cobrado por "asesorías fantasma", el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros.

El PSOE y el PP han chocado este miércoles en el Senado a cuenta de una moción de los socialistas en defensa de los periodistas que son amenazados, y que ambos grupos de forma general condenan, pero el enfrentamiento entre los dos bloques no ha permitido que se apruebe entre acusaciones de sesgo ideológico, informa EFE.

El pleno del Senado ha rechazado la moción del PSOE con 145 votos en contra del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, y Vox; una iniciativa en la que se hacía una defensa de los periodistas amenazados y que ponía el foco en el acoso y las intimidaciones, especialmente las atribuidas a grupos y movimientos de extrema derecha.

El debate ha derivado en un enfrentamiento político sobre el enfoque de la moción y con la defensa del PP de una enmienda de sustitución en la que mantenía la condena a cualquier amenaza, acoso o intimidación contra periodistas y profesionales de la comunicación. Pero ampliaban su alcance a conductas procedentes de "grupos o individuos de cualquier ideología o signo político, incluidos los extremismos ideológicos".

Y pedían también poner fin "a las reiteradas maniobras del Gobierno dirigidas a entorpecer, condicionar, discriminar e incluso realizar señalamientos públicos contra la labor independiente de los medios y de los informadores críticos".

La enmienda no ha salido adelante porque el grupo proponente de la moción, es decir el PSOE, no la ha aceptado, y por tanto no se ha llegado a votar.

Lo que sí se ha votado, pero el PP también se ha opuesto, es una enmienda de Izquierda Confederal y Plural para impulsar un Pacto de Estado para garantizar "el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones" por cualquier medio ante "las amenazas y acoso que reciben creadores, periodistas y medios".

En cualquier caso, el Senado no ha podido condenar las amenazas a periodistas en ningún sentido, y después de un debate en el que los socialistas, como la senadora Mariló Flores, han hecho hincapié en las "amenazas explícitas de violencia" que, según ha dicho, sufren periodistas de forma reiterada de la ultraderecha.

"No estamos ante una opinión incómoda. No es un exceso verbal. No es una salida de tono en redes (..) Y cuando las amenazas se convierten en estrategia política, estamos ante la antesala del autoritarismo", ha asegurado la senadora, quien ha advertido que "el fascismo comienza con el señalamiento".

Y ahí la senadora ha recordado las últimas denuncias de por este motivo, como la de la analista política Sarah Santaolalla.

Por eso, Salvador Vidal, del PSOE, dice no entender la enmienda del PP, que implica, a su juicio, que "no respeta a los periodistas amenazados", sino que "siempre mira hacia la ultraderecha"; una formación a la que, además, ha criticado por haber "fichado" a Vito Quiles, "el agitador de la mentira", en su cierre de campaña en Aragón.

Para el PP, la moción es "hipócrita" por promover una defensa "selectiva" y con sesgo ideológico del periodismo al centrar su iniciativa en un determinado origen político de las amenazas.

Una moción que, según la senadora del PP Cristina Díaz, utiliza a los periodistas como coartada política, tal y como se presenta esta moción defiende a un periodismo dócil, alineado y sometido".

La iniciativa, según la popular "señala insistentemente a la extrema derecha, pero calla de forma deliberada ante los ataques de los vetos, de los escraches, los señalamientos y las agresiones físicas que proceden de la extrema izquierda, de sus socios comunistas y de los del tiro en la nuca".

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del Reglamento del Senado porque, entre otros motivos, habilitó los conflictos de atribuciones por demoras legislativas del Congreso, sin que este supuesto lo contemple la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según informa EFE.

El PSOE ha anunciado este lunes en un comunicado la presentación de este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley reglamentaria aprobada el pasado noviembre por el pleno del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta. Uno de los cuatro motivos del recurso es que introdujo la demora legislativa del Congreso como supuesto habilitante para presentar conflictos de atribuciones, mediante el nuevo artículo 108.6. Según los socialistas, supuso ampliar los supuestos previstos en la LOTC, ley de rango superior, y además invadir la autonomía de la Cámara Baja.

Un segundo motivo para el recurso se basa en el procedimiento de aprobación de la reforma del Reglamento, ya que durante la fase de ponencia se aceptaron correcciones técnicas que, según el PSOE, supusieron quince auténticas enmiendas fuera de plazo, las cuales, por tanto, no contaron con el preceptivo debate previo en el pleno.

El tercer motivo del PSOE para recurrir ante el TC es la nueva posibilidad desde noviembre de que una comisión del Senado pueda convertir en ley un texto procedente del Congreso que no ha sido votado por el pleno, porque se rechazaron las enmiendas o vetos y ningún grupo solicitó su elevación. Según el PSOE, eso contradice el artículo 75.2 de la Constitución e incluso el propio Reglamento del Senado en otros puntos.

El cuarto motivo del recurso, según explican los socialistas, tiene que ver con el denominado "veto presunto", por el cual el Reglamento desde noviembre equipara el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del pleno a la aprobación formal de un veto, como establece la Constitución en su artículo 90 y ha consolidado la doctrina del TC, que limita las discrepancias entre las dos cámaras.

Los preceptos recurridos del Reglamento vigente son sus artículos 107.3, 108.6, 116.3, 122, 126 ter.1, 129.5, 143.2 y 143.5. Este es el tercer recurso de inconstitucionalidad interpuesto en esta legislatura por los socialistas ante el TC por reformas del Reglamento del Senado. El primero de ellos, presentado en 2023, contra la reforma que permitió demorar hasta los dos meses la tramitación de la ley de amnistía, concluyó en una sentencia de inconstitucionalidad del TC en marzo de 2025. El segundo fue contra una reforma posterior del Reglamento también referida a la tramitación de leyes que proceden con el carácter de urgentes desde el Congreso, el cual fue admitido a trámite por el TC el pasado noviembre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.

Dice la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

Y ello, continúa en su auto, porque "no constituyen, tal información y el informe policial, una realidad material incontestable, para contrastarla con lo manifestado por el querellado en la comisión y derivar, de ello, que el citado haya faltado sustancialmente a la verdad".

Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 24 (antiguo Juzgado de Instrucción 24) admitió a trámite la querella ante los indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, había indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La Fiscalía, sin embargo, se mostró contraria a abrir causa al rechazar que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad", que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes". EFE

Máxima tensión política. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz en el Senado, donde ha incidido en que el Ejecutivo está ofreciendo toda la información con transparencia y ha advertido de la estrategia de la derecha política y mediática de lanzar "bulos", algo que erosiona la confianza en las instituciones.

Al grito de "dimisión" ha sido recibido Puente por parte de los senadores del Partido Popular, quienes han criticado que Pedro Sánchez no haya ido a la Cámara Alta (dará explicaciones en el Congreso el próximo 11 de febrero). El ministro, durante sus primeras palabras, ha expresado el dolor por el accidente y ha reconocido la labor de los servidores públicos, para luego recordar que Mariano Rajoy nunca compareció ante las Cortes por la tragedia de tren en Angrois.

El ministro ha centrado buena parte de su intervención inicial de una hora en la cronología de los hechos conocidos. Y, asimismo, ha recordado las labores de mantenimiento que se han hecho durante estos años. Puente ha indicado que el trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla no está "olvidado" y ha remarcado: “Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla". Lo que se hace, ha añadido, es retocar los elementos que lo requieran.

En la fase final de esa primera intervención, Puente ha lanzado desde la tribuna de oradores un mensaje sobre el compromiso con la transparencia: "He asumido riesgos y he podido cometer errores, pero no tengo intención de ocultar nada". "Pienso que la transparencia es respeto a las víctimas", ha apostillado.

Por ello, ha puesto sobre la mesa que ha dado cuatro ruedas de prensa y ha concedido más de 16 entrevistas con la idea de trabajar para "aclarar lo ocurrido" y "reforzar la seguridad y la confianza" en el sistema ferroviario. Frente a ello, ha comentado, están los bulos en las redes sociales: "La desinformación planificada está vinculada a los neofascismos que buscan aniquilar la convivencia y minar la confianza en las instituciones".

Por eso, ha llamado a la reflexión sobre los bulos de la derecha política y mediática: "Esto solo beneficia a los que no creen en las instituciones y no creen en nuestro país".

Después de su primera intervención, los representantes del PP, Vox, Junts y UPN exigieron la dimisión de Sánchez. Antonio Silván (Partido Popular) le espetó: "El bulo es usted, o no sabía cuál era el estado real de las vía y mintió o, si lo sabía, mintió para proteger al Gobierno, y en los dos casos debe dimitir (...), su comparecencia de hoy debe terminar con tres palabras: presento mi dimisión".

En la réplica al PP, el ministro de Transportes ha señalado que no sabe cómo se sentirán las víctimas viendo esta “especie de circo” del Partido Popular en el Senado: “No puede ser más inapropiado”. “Su intervención es inapropiada”, ha insistido el socialista tras las palabras de Antonio Silván, el portavoz popular durante la comparecencia.

Asimismo, ha contrapuesto que ahora el PP va a forzar una comisión en el Senado sobre el accidente en Córdoba cuando la trató de tumbar en el Congreso cuando sucedió la tragedia de Angrois. En ese punto, rememoró que Alberto Núñez Feijóo rechazó un órgano de este tipo en el Parlamento gallego entonces.

“Cuando ustedes gobiernan, la culpa siempre la tiene el maquinista. Ahora la culpa es del ministro”, ha lamentado Puente, que ha calificado de vergüenza la actitud de los populares que tardaron un año en ofrecer el tique de El Ventorro por la comida de Carlos Mazón durante el día de la dana en Valencia.

“¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Creo que no. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos: atender a las víctimas, información en tiempo real y coordinación entre administraciones”, ha manifestado el titular de Transportes, quien ha añadido que España está “cerca del riesgo cero” en materia de seguridad ferroviaria.

Además, el ministro ha criticado que el Gobierno de Rajoy no puso "ni un proyecto encima de la mesa" sobre inversiones ferroviarias. "No están fundamentadas las peticiones de dimisión", ha remachado.

Para lanzar este mensaje a la oposición: "No soy como ustedes, no tengo nada que ocultar, tengo la conciencia muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado, estaré allí y miraré a la cara a las víctimas. Ustedes no representan a las víctimas. Estaré con la cabeza muy alta. He hecho mi trabajo. No son nadie para decir quién puede acudir o no un funeral".

"No soy como ustedes. Ni por acción ni por omisión", ha dicho Puente, para, acto seguido, ahondar así: "Ni en mil vidas van a ver parecido con ese que estaba escondido en El Ventorro".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español.

La comisión se creará de forma inmediata y la solicitud correspondiente se va a presentar este mismo jueves en la Cámara alta, según ha explicado Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP ha argumentado que la "obligación" de su partido es saber cómo está la alta velocidad y cómo están Rodalies y Cercanías dado que el Gobierno "está ocultando" y "está engañando" a los españoles información sobre el accidente de tren.

Feijóo ha defendido el "derecho" y la "obligación" de su partido de decir a los españoles cuál es la responsabilidad de un ministerio, el de Transportes, que es la "zona cero de la corrupción del Partido Socialista", ha subrayado.

El líder del PP también se ha referido a los casos de corrupción en el PSOE relacionándolos con la actividad del Ministerio de Transportes. “Un ministerio que es la zona cero de la corrupción del PSOE, con el primer ministro en la cárcel (Ábalos), con el jefe de los asesores del ministerio y consejero de Renfe en la cárcel (Koldo García, colocado en Renfe Cercanías) y con un ministro que se ha dedicado más a las redes sociales que a las redes ferroviarias, el señor Óscar Puente, y que además nos ha mentido”, ha relatado.