La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

La oficina de conflicto de intereses de Cortes Generales ha recordado a diputados y senadores que están obligados a publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de grupos de interés.

En su último informe, que acaba de pasar por las Mesas del Congreso y del Senado y al que ha tenido acceso EFE, la oficina insiste en que esta es una obligación recogida en el artículo 6 del Código de conducta de las Cortes y pide la difusión de la misma para su cumplimiento.

Lo hace después de constatar que siguen siendo minoría en ambas cámaras, a pesar de las reiteradas recomendaciones en anteriores informes y de las advertencias del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea 2025, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios publican otro tipo de actividades o encuentros mantenidos.

Anotaciones, prosigue el informe del 2025, que se realizan en muchos casos de forma ocasional y no regular y se refieren a asistencia a actos pero rara vez a reuniones con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.

Según los datos del informe, en la agenda parlamentaria que se publicó el 31 de diciembre de 2025 se ha experimentado un aumento de miembros del Congreso que, además de la reuniones de los órganos de la Cámara, publican otro tipo de actividades y encuentros. Así, 75 diputados han anotado estas reuniones, frente a los 46 del año anterior. En la Cámara Alta fueron 55 los senadores que cumplimentaron esta obligación, frente a los 64 de 2024.

"Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras", remarca la Oficina de conflicto de intereses.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha expresado su preocupación ante la falta de avances en la regulación del 'lobby' en España.

Recuerda que por quinto año consecutivo la Oficina de conflicto de intereses alerta del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.

La asociación considera que este nuevo aviso confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada y señala que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario.

Por ello reclama que se avance hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales y considera especialmente preocupante que sigan paralizados, por falta de acuerdo político, los dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación.

A las 15.53 enfilaba Carlos Cuerpo el pasillo del Senado. Luz primaveral a través de la claraboya. Una treintena de periodistas apostados en las paredes entre cuadros de José Guerrero y Antonio Saura. El ministro de Economía tenía por delante su primera sesión de control como vicepresidente primero. El nuevo hombre fuerte de Pedro Sánchez. Y con una gran duda en su mochila: cómo mutar de tecnócrata a pope político.

En el menú: tres preguntas y una interpelación. Con la máxima expectación puesta en las dos primeras cuestiones lanzadas por el Partido Popular. Génova 13 eligió a Alicia García, la portavoz en la Cámara Alta, y Alfonso Polanco, con formación económica y ex alcalde de Palencia durante ocho años. El equipo de Castilla y León contra el vicepresidente primero, al que se unirá próximamente Ester Muñoz en el Congreso.

Los populares saben, como comentan algunos de sus parlamentarios en privado, que tienen un problema con Cuerpo. Y desde este martes por la tarde son todavía más conscientes de que no es un problema menor. No saben qué tecla tocar para atacar al vicepresidente primero, que, con sus formas templadas y extremadamente educadas, ha dejado a los populares en el lado de la exageración.

El ministro ha enseñado unos primeros compases de su fórmula para enfrentarse al Partido Popular. Lejos de palabras gruesas y de choque directo, Cuerpo busca retratar a los populares lanzando el mensaje de “mano tendida”, como repitió en varias ocasiones, para frenar los efectos económicos de la guerra de Irán y apelando al tono “constructivo”.

En mitad de tiempos de máxima polarización, Cuerpo, desde que ascendió a finales de 2023 al cargo de ministro por la marcha de Nadia Calviño, ha acuñado un estilo moderado y sin gritos. Y le ha dado ya resultados: es el miembro mejor valorado del Gobierno y ha logrado ser aupado por Sánchez como su mano derecha por el salto de María Jesús Montero a la batalla andaluza del 17 de mayo.

El nuevo vicepresidente primero decidió no entrar al choque directo con García (PP), que tocó todos los palos clásicos del Partido Popular para tratar de descolocar a Cuerpo. Desde su escaño, la senadora popular pasó de hablar de “la frustración de Bolaños” por no ser vicepresidente a “María Jesús del Gran Poder”, con alusiones a que el Gobierno español “no pinta nada dentro y fuera”. 

La portavoz del Partido Popular en el Senado, a la que Génova apartó en la comisión del caso Koldo para interrogar a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, sabía que este martes era muy importante de cara a Alberto Núñez Feijóo. Llevaba preparadas frases contra el vicepresidente de este estilo: “Cuerpo a tierra, que vienen los suyos”, “hoy empieza la primavera negra del sanchismo y usted empieza a florecer como número dos de Sánchez”, “dice que no tiene carné del PSOE, pero es un militante premium del sanchismo”. 

Cuerpo ni se inmutó. No entró al trapo. “Vamos a tener más interacciones. Intentemos conseguir un tono constructivo, al que esperemos que lleguemos”. Esa ironía gustó en la bancada socialista como se pudo ver en los aplausos de pesos pesados como Rafael Simancas, Alfonso Gil y César Mogo. Puso sobre la mesa el récord de los 22 millones de afiliados en España (un dato conocido este lunes) y apeló a un trabajo conjunto con ciudadanos y empresarios (una palabra que recalca frente a los discursos populares de que la izquierda hunde el país). Para repetirle: “Mano tendida, espero encontrarle porque ahí voy a estar yo”.

El segundo round llegaba con Polanco. El PP trata de rebatir constantemente al Gobierno con el discurso de que los datos macro no se traducen luego en la vida de los ciudadanos. Y quiso ejemplificarlo con la vida de un joven en Madrid con alquileres que sobrepasan los mil euros al mes, aunque el representante popular obvió citar que en esta comunidad el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la ley de vivienda por la que se pueden topar precios en las zonas tensionadas.

La técnica de Cuerpo, como si fuera casi un examen de oposición, fue centrar su respuesta comparando las cifras de los salarios entre el periodo 2018-2025 (Pedro Sánchez) y el de 2014-2018 (Mariano Rajoy). Para, además, centrarse en la reducción de los niveles de desigualdad, una cuestión que obsesiona a Cuerpo, que se presenta ante la sociedad como un garante del estado del bienestar y del ascensor social, que ha vivido en sus propias carnes (su abuelo tuvo que dejar de estudiar para trabajar en una mina y sus padres tuvieron que emigrar a Suiza). 

Y sacó pecho de que la renta de las familias españolas crece más que las de los Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. Pero recordó que el mundo vive un shock por la guerra de Irán, por lo que pidió al PP que arrime el hombro en un momento en el que Génova 13 decidió hace dos semanas abstenerse en la votación del decreto para paliar los efectos económicos del ataque ilegal de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Cuerpo ya ejerce de vicepresidente primero. Con estilo propio. Y el PP no sabe cómo pararlo. 

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

Hace ya 10 días que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, permanece en su puesto en funciones. Su mandato de nueve años como magistrado del órgano de garantías venció el pasado 10 de marzo, al igual que el de la progresista María Luisa Balaguer y el conservador Ricardo Enríquez, todos ellos elegidos el 10 de marzo de 2017. El Senado, la Cámara a la que corresponde su sustitución, tendrá que renovar también en el cargo al conservador José María Macías, designado en 2024 en sustitución de Alfredo Montoya, que dejó el cargo por motivos de salud dos años antes. El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ya ha iniciado el proceso, pero cuatro autonomías –Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía– han pedido una prórroga para elegir a sus candidatos, lo que retrasará los nombramientos, al menos hasta el otoño.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a que los magistrados elegidos por el Senado sean seleccionados "entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas". Rollán se dirigió el pasado diciembre a los Parlamentos autonómicos para pedirles que presentaran sus aspirantes a magistrados del órgano de garantías. Pero los recientes procesos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y los comicios andaluces, pendientes de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, los convoque, provocarán una demora de meses que, con toda probabilidad, dará tiempo al tribunal, con su configuración actual y con Conde-Pumpido como presidente prorrogado, a resolver los recursos de amparo del expresidente catalán Carles Puigdemont y del resto de condenados y procesados por el procés a los que el Supremo no aplicó la ley de amnistía.

Las cuatro Cámaras autonómicas han reclamado una prórroga. Pese a que en Extremadura, Aragón y Castilla y León los comicios ya se han celebrado, en ninguno de los tres territorios ha echado aún a andar la legislatura a la espera de que PP y Vox ultimen los órganos directivos de sus respectivos Parlamentos y los gobiernos. Independientemente de que lo logren en las próximas semanas o no, todavía falta que los andaluces acudan a las urnas, algo que está en manos del presidente Moreno. Si no convoca antes, la fecha límite en la que el Parlamento andaluz quedaría disuelto sería el 19 de junio. Así que, con toda probabilidad, la elección de los candidatos andaluces a magistrado del Tribunal Constitucional no estará lista hasta después de las vacaciones de verano.

Es a partir de ese momento, con todos los nombres sobre la mesa, cuando Gobierno y PP tendrían que iniciar una negociación para repartirse los nombramientos. Tradicionalmente, cuando es una de las cámaras la que tiene que designar, socialistas y populares se repartían las propuestas. Sin embargo, los alicientes del PP para sentarse ahora a la mesa son pocos. A finales de año se iniciará un nuevo ciclo electoral hacia las autonómicas y municipales de la primavera siguiente y las generales estarán cada vez más presentes. Tras convertir a Vox en su socio preferencial, es difícil que se arriesgue a que los ultras le afeen acuerdos con Pedro Sánchez a escasos meses de nuevos comicios a Congreso y Senado en los que, según todos los sondeos, Alberto Núñez Feijóo tendría que contar con Santiago Abascal si quisiera convertirse en nuevo presidente.

Otro de los elementos que empujan al PP a no pactar es la posibilidad de no tener que hacerlo, es decir, la de nombrar por sí mismo o con Vox a los cuatro magistrados y dar así la vuelta al juego de mayorías actual en el que los progresistas tienen, desde enero de 2023, una mayoría de siete a cinco sobre los conservadores. Con la composición actual del Senado, los populares controlan 145 escaños. Si suman el de su tradicional socio navarro UPN y los tres de Vox, alcanzan los 149 senadores quedándose a solo 11 de los tres quintos (160 votos) que se necesitan para la renovación. La tentación de lograrlos en las próximas generales es fuerte. Sería la primera vez desde la fundación del órgano de garantías, en 1980, que el PSOE no tendría capacidad de propuesta.

En caso de que, tras las elecciones generales de 2027 –siempre que Sánchez consiga acabar la legislatura–, el PP no lograra los tres quintos de senadores con Vox, el partido de Feijóo se vería obligado, esta vez sí, a sentarse con los socialistas, que si lograran incluir a dos de sus candidatos prorrogarían la mayoría de magistrados progresistas en el Constitucional al menos hasta 2031. Con una mayoría del PP y Vox en ambas Cámaras, un Gobierno sostenido por esos partidos y el tradicional derechismo del Poder Judicial, el órgano de garantías se convertiría entonces en el último reducto de los principales órganos constitucionales del país en el que la izquierda seguiría siendo mayoritaria.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar el próximo 2 de marzo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado para dar explicaciones, según el PP, sobre su posible vinculación con el "dudoso" rescate financiero público a la aerolínea Plus Ultra.

Fuentes de este partido han informado a EFE de que Zapatero ha sido convocado para esa fecha por la mesa de la comisión, en la que el grupo popular tiene mayoría para tomar decisiones, que se ha reunido este jueves de forma telemática.

De forma previa, para los días 25 y 26 de febrero, han sido citados a comparecer el presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el "posible testaferro de Zapatero", Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.

Los tres estaban incluidos en el listado de próximos comparecientes de la comisión Koldo desde diciembre y tenían pendiente la fijación de una fecha para sus declaraciones ante los senadores. Esta comisión de investigación ha celebrado ya un centenar de comparecencias en los veinte meses que lleva abierta, por lo que la de Zapatero será la número 103.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expuesto en un comunicado que Zapatero ha sido citado por su grupo parlamentario porque "está de sospechas de corrupción hasta las cejas".

En el Senado, ha añadido García, el expresidente del Gobierno y exlíder socialista "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narcodictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

Según cree, "tras las presiones de Zapatero", que habría cobrado por "asesorías fantasma", el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra con 53 millones de euros.

El PSOE y el PP han chocado este miércoles en el Senado a cuenta de una moción de los socialistas en defensa de los periodistas que son amenazados, y que ambos grupos de forma general condenan, pero el enfrentamiento entre los dos bloques no ha permitido que se apruebe entre acusaciones de sesgo ideológico, informa EFE.

El pleno del Senado ha rechazado la moción del PSOE con 145 votos en contra del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara, y Vox; una iniciativa en la que se hacía una defensa de los periodistas amenazados y que ponía el foco en el acoso y las intimidaciones, especialmente las atribuidas a grupos y movimientos de extrema derecha.

El debate ha derivado en un enfrentamiento político sobre el enfoque de la moción y con la defensa del PP de una enmienda de sustitución en la que mantenía la condena a cualquier amenaza, acoso o intimidación contra periodistas y profesionales de la comunicación. Pero ampliaban su alcance a conductas procedentes de "grupos o individuos de cualquier ideología o signo político, incluidos los extremismos ideológicos".

Y pedían también poner fin "a las reiteradas maniobras del Gobierno dirigidas a entorpecer, condicionar, discriminar e incluso realizar señalamientos públicos contra la labor independiente de los medios y de los informadores críticos".

La enmienda no ha salido adelante porque el grupo proponente de la moción, es decir el PSOE, no la ha aceptado, y por tanto no se ha llegado a votar.

Lo que sí se ha votado, pero el PP también se ha opuesto, es una enmienda de Izquierda Confederal y Plural para impulsar un Pacto de Estado para garantizar "el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones" por cualquier medio ante "las amenazas y acoso que reciben creadores, periodistas y medios".

En cualquier caso, el Senado no ha podido condenar las amenazas a periodistas en ningún sentido, y después de un debate en el que los socialistas, como la senadora Mariló Flores, han hecho hincapié en las "amenazas explícitas de violencia" que, según ha dicho, sufren periodistas de forma reiterada de la ultraderecha.

"No estamos ante una opinión incómoda. No es un exceso verbal. No es una salida de tono en redes (..) Y cuando las amenazas se convierten en estrategia política, estamos ante la antesala del autoritarismo", ha asegurado la senadora, quien ha advertido que "el fascismo comienza con el señalamiento".

Y ahí la senadora ha recordado las últimas denuncias de por este motivo, como la de la analista política Sarah Santaolalla.

Por eso, Salvador Vidal, del PSOE, dice no entender la enmienda del PP, que implica, a su juicio, que "no respeta a los periodistas amenazados", sino que "siempre mira hacia la ultraderecha"; una formación a la que, además, ha criticado por haber "fichado" a Vito Quiles, "el agitador de la mentira", en su cierre de campaña en Aragón.

Para el PP, la moción es "hipócrita" por promover una defensa "selectiva" y con sesgo ideológico del periodismo al centrar su iniciativa en un determinado origen político de las amenazas.

Una moción que, según la senadora del PP Cristina Díaz, utiliza a los periodistas como coartada política, tal y como se presenta esta moción defiende a un periodismo dócil, alineado y sometido".

La iniciativa, según la popular "señala insistentemente a la extrema derecha, pero calla de forma deliberada ante los ataques de los vetos, de los escraches, los señalamientos y las agresiones físicas que proceden de la extrema izquierda, de sus socios comunistas y de los del tiro en la nuca".

El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última reforma del Reglamento del Senado porque, entre otros motivos, habilitó los conflictos de atribuciones por demoras legislativas del Congreso, sin que este supuesto lo contemple la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), según informa EFE.

El PSOE ha anunciado este lunes en un comunicado la presentación de este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley reglamentaria aprobada el pasado noviembre por el pleno del Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta. Uno de los cuatro motivos del recurso es que introdujo la demora legislativa del Congreso como supuesto habilitante para presentar conflictos de atribuciones, mediante el nuevo artículo 108.6. Según los socialistas, supuso ampliar los supuestos previstos en la LOTC, ley de rango superior, y además invadir la autonomía de la Cámara Baja.

Un segundo motivo para el recurso se basa en el procedimiento de aprobación de la reforma del Reglamento, ya que durante la fase de ponencia se aceptaron correcciones técnicas que, según el PSOE, supusieron quince auténticas enmiendas fuera de plazo, las cuales, por tanto, no contaron con el preceptivo debate previo en el pleno.

El tercer motivo del PSOE para recurrir ante el TC es la nueva posibilidad desde noviembre de que una comisión del Senado pueda convertir en ley un texto procedente del Congreso que no ha sido votado por el pleno, porque se rechazaron las enmiendas o vetos y ningún grupo solicitó su elevación. Según el PSOE, eso contradice el artículo 75.2 de la Constitución e incluso el propio Reglamento del Senado en otros puntos.

El cuarto motivo del recurso, según explican los socialistas, tiene que ver con el denominado "veto presunto", por el cual el Reglamento desde noviembre equipara el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del pleno a la aprobación formal de un veto, como establece la Constitución en su artículo 90 y ha consolidado la doctrina del TC, que limita las discrepancias entre las dos cámaras.

Los preceptos recurridos del Reglamento vigente son sus artículos 107.3, 108.6, 116.3, 122, 126 ter.1, 129.5, 143.2 y 143.5. Este es el tercer recurso de inconstitucionalidad interpuesto en esta legislatura por los socialistas ante el TC por reformas del Reglamento del Senado. El primero de ellos, presentado en 2023, contra la reforma que permitió demorar hasta los dos meses la tramitación de la ley de amnistía, concluyó en una sentencia de inconstitucionalidad del TC en marzo de 2025. El segundo fue contra una reforma posterior del Reglamento también referida a la tramitación de leyes que proceden con el carácter de urgentes desde el Congreso, el cual fue admitido a trámite por el TC el pasado noviembre.

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella contra el exdirigente del PSOE Santos Cerdán por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

La jueza que investiga la querella de Hazte Oír había aplazado la declaración de Cerdán al 24 de marzo para dar tiempo a que la Audiencia resolviera el recurso de la Fiscalía contra la apertura de la causa, al que se había adherido el exsecretario de Organización socialista y que se iba a deliberar este mismo lunes.

Dice la Sala que "no puede sustentarse que el querellado haya faltado sustancialmente a la verdad" en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, por el hecho de que se mencione la existencia de una reunión entre el exasesor Koldo García y Cerdán en un informe de la UCO a partir de una grabación y en un artículo periodístico, "cuyas conclusiones no pueden servir de base para fundamentar la existencia del delito que se denuncia".

Y ello, continúa en su auto, porque "no constituyen, tal información y el informe policial, una realidad material incontestable, para contrastarla con lo manifestado por el querellado en la comisión y derivar, de ello, que el citado haya faltado sustancialmente a la verdad".

Los magistrados entienden que "la mentira se interpreta como una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación y exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete penalmente, como así ha sucedido con el querellado con posterioridad a su comparecencia ante la Comisión de investigación del Senado, sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, que deben tener primacía". Por tanto, añade el auto, "los hechos sobre los que se ha fundamentado la querella carecen de relevancia penal".

La titular de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza 24 (antiguo Juzgado de Instrucción 24) admitió a trámite la querella ante los indicios de una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, había indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

La Fiscalía, sin embargo, se mostró contraria a abrir causa al rechazar que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad", que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes". EFE

Máxima tensión política. El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz en el Senado, donde ha incidido en que el Ejecutivo está ofreciendo toda la información con transparencia y ha advertido de la estrategia de la derecha política y mediática de lanzar "bulos", algo que erosiona la confianza en las instituciones.

Al grito de "dimisión" ha sido recibido Puente por parte de los senadores del Partido Popular, quienes han criticado que Pedro Sánchez no haya ido a la Cámara Alta (dará explicaciones en el Congreso el próximo 11 de febrero). El ministro, durante sus primeras palabras, ha expresado el dolor por el accidente y ha reconocido la labor de los servidores públicos, para luego recordar que Mariano Rajoy nunca compareció ante las Cortes por la tragedia de tren en Angrois.

El ministro ha centrado buena parte de su intervención inicial de una hora en la cronología de los hechos conocidos. Y, asimismo, ha recordado las labores de mantenimiento que se han hecho durante estos años. Puente ha indicado que el trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla no está "olvidado" y ha remarcado: “Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla". Lo que se hace, ha añadido, es retocar los elementos que lo requieran.

En la fase final de esa primera intervención, Puente ha lanzado desde la tribuna de oradores un mensaje sobre el compromiso con la transparencia: "He asumido riesgos y he podido cometer errores, pero no tengo intención de ocultar nada". "Pienso que la transparencia es respeto a las víctimas", ha apostillado.

Por ello, ha puesto sobre la mesa que ha dado cuatro ruedas de prensa y ha concedido más de 16 entrevistas con la idea de trabajar para "aclarar lo ocurrido" y "reforzar la seguridad y la confianza" en el sistema ferroviario. Frente a ello, ha comentado, están los bulos en las redes sociales: "La desinformación planificada está vinculada a los neofascismos que buscan aniquilar la convivencia y minar la confianza en las instituciones".

Por eso, ha llamado a la reflexión sobre los bulos de la derecha política y mediática: "Esto solo beneficia a los que no creen en las instituciones y no creen en nuestro país".

Después de su primera intervención, los representantes del PP, Vox, Junts y UPN exigieron la dimisión de Sánchez. Antonio Silván (Partido Popular) le espetó: "El bulo es usted, o no sabía cuál era el estado real de las vía y mintió o, si lo sabía, mintió para proteger al Gobierno, y en los dos casos debe dimitir (...), su comparecencia de hoy debe terminar con tres palabras: presento mi dimisión".

En la réplica al PP, el ministro de Transportes ha señalado que no sabe cómo se sentirán las víctimas viendo esta “especie de circo” del Partido Popular en el Senado: “No puede ser más inapropiado”. “Su intervención es inapropiada”, ha insistido el socialista tras las palabras de Antonio Silván, el portavoz popular durante la comparecencia.

Asimismo, ha contrapuesto que ahora el PP va a forzar una comisión en el Senado sobre el accidente en Córdoba cuando la trató de tumbar en el Congreso cuando sucedió la tragedia de Angrois. En ese punto, rememoró que Alberto Núñez Feijóo rechazó un órgano de este tipo en el Parlamento gallego entonces.

“Cuando ustedes gobiernan, la culpa siempre la tiene el maquinista. Ahora la culpa es del ministro”, ha lamentado Puente, que ha calificado de vergüenza la actitud de los populares que tardaron un año en ofrecer el tique de El Ventorro por la comida de Carlos Mazón durante el día de la dana en Valencia.

“¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Creo que no. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos: atender a las víctimas, información en tiempo real y coordinación entre administraciones”, ha manifestado el titular de Transportes, quien ha añadido que España está “cerca del riesgo cero” en materia de seguridad ferroviaria.

Además, el ministro ha criticado que el Gobierno de Rajoy no puso "ni un proyecto encima de la mesa" sobre inversiones ferroviarias. "No están fundamentadas las peticiones de dimisión", ha remachado.

Para lanzar este mensaje a la oposición: "No soy como ustedes, no tengo nada que ocultar, tengo la conciencia muy clara. Cuando se produzca el homenaje de Estado, estaré allí y miraré a la cara a las víctimas. Ustedes no representan a las víctimas. Estaré con la cabeza muy alta. He hecho mi trabajo. No son nadie para decir quién puede acudir o no un funeral".

"No soy como ustedes. Ni por acción ni por omisión", ha dicho Puente, para, acto seguido, ahondar así: "Ni en mil vidas van a ver parecido con ese que estaba escondido en El Ventorro".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves la creación en el Senado de una comisión de investigación parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz para que se conozca la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español.

La comisión se creará de forma inmediata y la solicitud correspondiente se va a presentar este mismo jueves en la Cámara alta, según ha explicado Feijóo en una entrevista en Antena 3. El líder del PP ha argumentado que la "obligación" de su partido es saber cómo está la alta velocidad y cómo están Rodalies y Cercanías dado que el Gobierno "está ocultando" y "está engañando" a los españoles información sobre el accidente de tren.

Feijóo ha defendido el "derecho" y la "obligación" de su partido de decir a los españoles cuál es la responsabilidad de un ministerio, el de Transportes, que es la "zona cero de la corrupción del Partido Socialista", ha subrayado.

El líder del PP también se ha referido a los casos de corrupción en el PSOE relacionándolos con la actividad del Ministerio de Transportes. “Un ministerio que es la zona cero de la corrupción del PSOE, con el primer ministro en la cárcel (Ábalos), con el jefe de los asesores del ministerio y consejero de Renfe en la cárcel (Koldo García, colocado en Renfe Cercanías) y con un ministro que se ha dedicado más a las redes sociales que a las redes ferroviarias, el señor Óscar Puente, y que además nos ha mentido”, ha relatado.

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha citado al exdirigente socialista Francisco Salazar para que comparezca el jueves 5 de febrero y a la secretaria de Estado para Iberomérica y el Caribe, Susana Sumelzo, el día siguiente, el viernes 6 de febrero, según recoge EFE.

Fuentes del PP han informado este jueves de estas citaciones e indican que Salazar, además de haber dejado sus cargos en el PSOE y en la Moncloa por acusaciones de abuso sexual, podría estar implicado en amaños de los avales de las primarias socialistas en las que Pedro Sánchez fue elegido secretario general por segunda vez.

En cuanto a Sumelzo, quien estaba citada en principio para el lunes 2 de febrero pero la cita fue aplazada por un viaje oficial, tendrá que contestar el día 6 sobre las ayudas públicas a la empresa aragonesa Forestalia, ha apuntado el PP. La comparecencia de Sumelzo, que fue diputada por Zaragoza entre 2011 y 2024, tendrá lugar en el último día de la campaña electoral al Parlamento de Aragón.

Con las comparecencias de Salazar y Sumelzo la próxima semana se alcanzará el centenar de las celebradas en la comisión del caso Koldo en sus veintidós meses abierta.

Paco Salazar renunció a ocupar el cargo de adjunto a la Secretaría de Organización y a su puesto en el gabinete del presidente en La Moncloa, el pasado 5 de julio tras de la denuncia de varias mujeres del partido de comportamientos "abusivos" cuando era su jefe.

Todo salió a la luz después de la publicación de las testimonios en una noticia de elDiario.es, en la que varias mujeres del PSOE aseguraban que, entre otras cosas, "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía vernos el escote". A raíz de estas primeras denuncias más mujeres comenzaron a denunciar comportamientos abusivos por parte de varios políticos del partido socialistas y del PP.

Pese a la gravedad de los hechos relatados, el PSOE mantuvo las denuncias sin tramitar durante cinco meses y ambas llegaron a desaparecer del sistema interno, sin que las denunciantes recibieran apoyo, información ni respuesta. Solo tras las revelaciones de elDiario.es Ferraz reactivó los expedientes, alegando un “error informático”.

El Senado de Estados Unidos ha dado luz verde a una resolución que prohíbe ejecutar nuevas operaciones militares en Venezuela sin la aceptación previa del Congreso, según informa EFE.

Con 52 votos a favor y 47 en contra, la Cámara Alta ha aprobado esta medida, conocida como Resolución sobre Poderes de Guerra. Dos legisladores habían propuesto esta resolución tras el ataque estadounidense al país caribeño del pasado sábado, del que no se solicitó autorización previa al legislativo, a pesar de que es preceptivo.

La medida, que solo necesitaba la mayoría simple de la cámara -51 senadores-, había sido impulsada por el republicano Rand Paul y el demócrata Tim Kaine. La formación demócrata apoyó en bloque la medida, que también contó con los votos a favor de los senadores republicanos Todd Young, Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski y Josh Hawley.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Donald Trump, que la vetaría con toda seguridad.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios. La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela. Por su parte, el congresista por Massachusets Jim McGovern celebró la decisión del Senado, pero instó al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a someter la resolución a votación también en esta Cámara.

Ante el escepticismo sobre que eso ocurra, congresistas demócratas, encabezados por McGovern, presentaron este jueves una nueva resolución conjunta similar a la recién aprobada por el Senado que prevén votar en la Cámara Baja el próximo 22 de enero, según informaron este jueves en una rueda de prensa. El demócrata consideró que la operación en Venezuela no trata de democracia o de derechos humanos, sino simplemente de los intereses de Trump sobre el petróleo del país suramericano. "Algo que he llegado a comprender es que es fácil entrar en guerras, pero es increíblemente difícil salir de ellas", aseguró. "Esto trata del petróleo. Se trata de enriquecer a los directivos de las grandes compañías petroleras a expensas del pueblo de Venezuela", aseveró.

Por su parte, el miembro del Comité de Asuntos Exteriores, Joaquín Castro, hizo hincapié en la importancia de aprobar este tipo de resoluciones en relación al interés de Trump en tomar el control de Groenlandia, Cuba y otras regiones: "Las decisiones que un país puede tomar sobre ir a la guerra no se harán sin la voz y la autoridad del Congreso", agregó. Castro también criticó la utilización de fondos para la operación militar en Venezuela cuando, consideró, muchos estadounidenses sufren por la falta de fondos federales para subsidiar seguros de salud. "Esta una guerra que la gente estadounidense no pidió y que no puede afrontar", dijo el demócrata.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha denegado la autorización solicitada por el Senado para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra en prisión preventiva, asista mañana, jueves, a la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta sobre el caso Koldo, según informa EFE.

El magistrado ha dictado un auto este miércoles en el que considera que, ante la singular premura de la solicitud, no es posible otorgar dicha autorización, sin perjuicio de que el Senado vuelva a solicitarlo con tiempo suficiente "para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

La comisión de investigación abierta en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, acordó citar a Ábalos el jueves en la que hubiese sido la comparecencia número 99 de la comisión y la segunda del también exsecretario de Organización socialista, que contestó a las preguntas de los senadores el 6 de mayo de 2024.

José Luis Ábalos se encuentra en prisión preventiva junto a quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, desde el pasado 27 de noviembre a la espera de juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas en pandemia, en el que también se sentará en el banquillo el supuesto comisionista, Víctor de Aldama.

Tras un 2025 convulso, con la convalidación el pasado junio de la ley de amnistía y mientras avanzan las múltiples cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo asociados a esa misma norma, el Tribunal Constitucional vive, desde hace semanas, un período de tregua y tranquilidad lejos de los furibundos ataques a los que PP, Vox y la judicatura más conservadora han sometido al órgano de garantías –en especial, a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y la mayoría progresista actual– durante la tramitación del recurso de inconstitucionalidad del PP.

Los intentos de socavar la legitimidad de una institución en cuya composición participan los tres poderes del Estado y los principales partidos y sensibilidades ideológicas representados en cada uno de ellos –y que hasta 2023 estuvo dominado por los conservadores– han cesado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre el encaje de la disposición del perdón en los tratados y el resto del derecho comunitario.

En los asuntos pendientes, el recurso de amparo de Carles Puigdemont y los del resto de líderes independentistas condenados y procesados contra la polémica decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía, serán, previsiblemente, los casos más polémicos a tratar en los primeros meses del año. La mayoría progresista y los cinco magistrados conservadores han rebajado su nivel de enfrentamiento y, de común acuerdo, han rechazado las medidas cautelares planteadas por el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, que reclamaban que, antes de tomar una decisión definitiva, el tribunal dejara sin efecto sus respectivas penas de inhabilitación. También han desestimado la petición de Puigdemont de dejar sin efecto su orden de detención que impide su regreso a España sin ser detenido.

Las decisiones de fondo no se adoptarán, según fuentes del tribunal, hasta que se pronuncie el tribunal de Luxemburgo sobre las cuestiones prejudiciales contra la amnistía presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El abogado general de la UE, cuyo parecer acoge el tribunal europeo en la mayoría de ocasiones, dio un fuerte revés a las tesis conservadoras y aseguró el pasado 13 de noviembre que la amnistía no afecta a la normativa europea sobre terrorismo. En cuanto a su abanico de efectos, aseguró que es aplicable también a la malversación –en contra de lo que sostuvo el Supremo con un retorcido argumento sobre el lucro–, como reclaman los procesados y condenados.

En contra de lo que sostiene el PP, el Supremo y los magistrados del sector conservador, el alto funcionario europeo defiende que los gastos con los que se financió el proceso no afectaron a los intereses financieros de la UE. El abogado general también rechazó el argumento del PP de que fuera una autoamnistía y centró la aprobación de la ley en un "procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista" para "dar respuesta a una situación excepcional".

Si el TJUE sigue finalmente el criterio del abogado general también en este caso, el Constitucional no tendrá ya ningún obstáculo para decidir sobre el amparo de los líderes del procés. Fuentes del órgano de garantías creen que sus peticiones saldrán adelante –con toda probabilidad tras otro debate muy bronco y un festival de votos particulares– por lo que con toda probabilidad se levantarán definitivamente las penas a los condenados y decaerán las órdenes de detención contra los exdirigentes huidos, Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín.

Esperar al pronunciamiento europeo tiene, además, una segunda ventaja. Porque, en principio, impediría al Supremo o a cualquier otro tribunal que tuviera que aplicar las sentencias de amparo y aplicar la ley presentar una nueva cuestión en Luxemburgo durante la ejecución de las mismas. Cuestionar al TC después de que pronuncie sobre un caso es algo que ya ha hecho la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. El Constitucional anuló las sentencias y ordenó a ese tribunal rebajar las penas de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán, así como de otros consejeros condenados. La Audiencia se negó a hacerlo y recurrió a esa fórmula, la cuestión prejudicial, para desobedecer su fallo.

Más allá de los últimos coletazos del procés, al Constitucional también llegará próximamente el recurso de amparo anunciado por el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra la polémica sentencia que lo inhabilitó –en un proceso sin prueba directa y con serias dudas sobre sus garantías procesales– por desmentir el bulo difundido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que el Ministerio Público hubiera orquestado una operación de Estado contra su pareja, el comisionista Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales, falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. La Fiscalía ha presentado este miércoles un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo que, previsiblemente, será rechazada. Pero la vía al Constitucional quedará ya abierta a partir de ese momento.

Este 2026 que empieza es, además, el año en el que al Constitucional le toca afrontar la renovación parcial de cuatro de sus magistrados. Se trata de los cuatro designados por el Senado, que acaban de cumplir su mandato de nueve años. La Cámara tendrá que buscar a los sustitutos del actual presidente, Conde-Pumpido, de la también progresista María Luisa Balaguer, y de los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías (este es muy probable que sea renovado al haber sido nombrado en 2024). El presidente, Pedro Rollán, ya ha iniciado el trámite al solicitar a los parlamentos autonómicos que presenten a sus candidatos, pero el PP, en pleno momento de debilidad del Gobierno de Sánchez por el caso Ábalos y las denuncias de acoso sexual, ya ha anunciado que, por el momento, no piensa negociar nada con el PSOE.

Tradicionalmente PSOE y PP se han repartido en ambas Cámaras los nombramientos –dos para cada uno– al no alcanzar en ninguna los tres quintos de votos necesarios para sacarlos adelante. Al partido de Feijóo, que cuenta ahora con mayoría absoluta de senadores, y sus aliados naturales (UPN y Vox) les faltan únicamente 11 votos para poder designar a los cuatro nuevos magistrados por sí mismos, sin recurrir por primera vez en democracia a los socialistas.

Es más que previsible que el principal partido de la oposición mantenga el bloqueo –como hizo durante más de cinco años en el Poder Judicial– a la espera de que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones. En ese escenario, la victoria del PP y el previsible ascenso de Vox que vaticinan todas las encuestas, podría poner en manos del PP la posibilidad de nombrar, por sí mismo o con la ultraderecha, los cuatro nuevos jueces constitucionales, lo que supondría un vuelco inédito en el reparto de mayorías en el tribunal, en el que los conservadores volverían a ser mayoría, algo que no se esperaba hasta 2032.

La tentación es grande, porque si la aspiración del PP se cumple, derecha y ultraderecha acumularán una de las mayores cuotas de poder desde la dictadura. Controlarán los tres poderes del Estado –Gobierno, Cortes y Judicatura–. Pero también el Constitucional. El árbitro que actúa entre ellos.

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, en la que el PP tiene mayoría para tomar decisiones, citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el 8 de enero, pese a encontrarse actualmente en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid), según recoge EFE.

El anuncio lo ha hecho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa este martes.

Ha explicado que la solicitud para que pueda celebrarse esa comparecencia se trasladará tanto a Soto del Real e Instituciones Penitenciarias como al Tribunal Supremo, que instruye el caso en el que es investigado y que ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La comparecencia, si fuese autorizada, podría celebrarse mediante un traslado policial hasta el Senado o bien por vía telemática, según han apuntado fuentes del PP.

Han recordado, en este sentido, el precedente del pasado febrero en el Congreso de los Diputados, cuando compareció Mohamed Houli en la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, trasladado para ello desde la cárcel de Córdoba.

De producirse en esa fecha, la comparecencia de Ábalos sería la número 99 en la comisión Koldo, tras veintiún meses de trabajos.

Y sería la segunda declaración de Ábalos en esta comisión, pues fue ya uno de los primeros en comparecer, el séptimo, cuando lo hizo el 6 de mayo de 2024.

García ha dicho en la rueda de prensa que el Gobierno está "respondiendo con silencio" a las imputaciones sobre corrupción y a las acusaciones de acoso sexual, por lo que el PP del Senado replicará "con más control" parlamentario.

Ha evitado concretar la fecha en que será citado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuya comparecencia fue anunciada por el PP para que explique si tuvo participación en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

Tampoco ha ofrecido García fechas sobre otras comparecencias pendientes, como las del exdirigente socialista Francisco Salazar, la del primogénito de Ábalos o la de Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, más allá de recordar que enero fue habilitado en el Senado para que continuaran activas las cuatro comisiones de investigación abiertas.

Preguntada por la auditoría forense que el PSOE encargó a dos catedráticos, que ha descartado financiación ilegal en ese partido, la portavoz del PP en el Senado ha restado valor al resultado: "Es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual".

El Senado ha vuelto a plantear al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, también a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara, en esta ocasión por no haber presentado y remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, según informa EFE.

Esta iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, según recuerda la institución en un comunicado, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto. "Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones", explica la nota del Senado.

Uno de los efectos que el PP pretende conseguir con la presentación de este conflicto -el Senado ya ha tramitado una docena en lo que va de legislatura- es que el Tribunal Constitucional fije un "plazo máximo" al Ejecutivo para que presente las cuentas públicas de 2026, además de anular las prórrogas que ha acordado desde 2023. 

Durante el debate plenario de octubre el PP tachó de "anomalía democrática" que el Gobierno no hubiera presentado los presupuestos, y tras una bronca discusión con reproches cruzados con los senadores de otros grupos, el requerimiento fue aprobado por 144 síes (todos del PP), 101 noes y 14 abstenciones.

El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al "abuso indefinido de la prórroga presupuestaria" vulneran varios artículos de la Carta Magna. Porque, según los senadores, el no presentarlos incumple precisamente el cometido constitucional del gobierno de presentar cada año un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Por ello aseguran que las Cortes Generales "no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria" prevista en los artículos 66.2 y 134.1. y simplemente se "limita" la capacidad del Parlamento a modificar los textos o, en última instancia, aprobarlos o rechazarlos. Además inciden en que se habría vulnerado el artículo 23 de la Constitución, porque se impide la participación de los senadores en la función presupuestaria.

En cuanto al "uso abusivo" de la prórroga presupuestaria atribuido al Ejecutivo, con unas cuentas prorrogadas desde 2023, entiende que se hace "al margen" del Parlamento y contra la Constitución. Ante la falta de unos presupuestos actualizados, el gobierno asegura que pueden aguantar la legislatura hasta el 2027 ya que cuentan con los fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).

En otro ámbito, el Senado entiende que existe una relación directa entre la no aprobación de los presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura, y afirma que los dos precedentes en los que los presidentes del Gobierno adelantaron las elecciones al no poder sacar adelante sus presupuestos constituyen una "convención constitucional".

Ello sucedió en 1995, cuando Felipe González disolvió las Cortes después de perder el apoyo de CiU para aprobar las cuentas públicas, y en 2019, cuando Pedro Sánchez hizo lo propio una vez que el Congreso rechazó su proyecto presupuestario.

En suma, el Senado solicita al Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado su atribución constitucional para participar en la aprobación de los presupuestos, para modificarlos y para controlar la acción del Ejecutivo y por abusar de las prórrogas presupuestarias.

En consecuencia, reclama que las prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023 sean declaradas nulas y pide al tribunal que aclare los efectos jurídicos del posible reconocimiento de inconstitucionalidad y establezca un plazo máximo para que el Gobierno presente los presupuestos.