Ni la bajada de los tipos de interés, ni las incertidumbres geopolíticas globales, ni las OPA hostiles, ni los cambios en las cúpulas, ni el impuesto extraordinario hacen mella en los resultados de la gran banca española. En los nueve primeros meses del año las seis mayores entidades financieras españolas han vuelto a romper récord de beneficios. Han ganado 23.656 millones de euros, un 20% más que en el mismo periodo de 2023.

Aunque la época del dinero caro, tras la invasión rusa de Ucrania, ha tocado a su fin con la inflación bajo control y el PIB europeo en riesgo de caída, los bancos españoles siguen presumiendo de resultados galácticos. E incluso de una rentabilidad mejorada. Compensan la desescalada de tipos aumentando su volumen de negocio –reforzando su operativa comercial: más hipotecas, más cuentas nómina–, y diversificándose geográficamente. El consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, aseguró en la presentación de resultados que su objetivo es convertir la entidad “en el banco principal” para sus clientes, y de ahí que, por ejemplo, haya prorrogado ya varias veces la promoción en la que ofrece el pago de 400 euros a cambio de domiciliar la nómina. Una guerra por las cuentas a cambio de un regalo en efectivo en la que están embarcados los mayores bancos del país.

Grisi, de hecho, anunció que el Santander seguirá batiendo récords de beneficios –“Lo mejor está por venir”, avanzó– en el futuro, pese a la moderación de los tipos de interés y la consiguiente rebaja de los márgenes bancarios.

El banco que preside Ana Patricia Botín ganó 9.309 millones de euros entre enero y septiembre de este año, un 14% más que en el mismo periodo de 2023, superando las previsiones del mercado. Y aumentando el número de sus clientes hasta los 171 millones, cinco millones más. Precisamente a la mayor “actividad de clientes” y a la “buena gestión de los márgenes” atribuye el banco la subida del 8% del margen de intereses –la diferencia entre ingresos y costes financieros, que sirve para medir el negocio puramente bancario–.

Al mismo tiempo, ha mejorado su rentabilidad, alcanzando un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%.

Los números son tan positivos, destaca el banco en el informe sobre sus más recientes resultados, que ya en julio revisó al alza tres de sus objetivos para este año: el crecimiento de los ingresos, la ratio de eficiencia y el mencionado RoTE.

Sin embargo, aun con semejante bonanza, el Santander va a despedir a 1.425 trabajadores en su filial del Reino Unido, según alega, debido al “cambio del modelo operativo del grupo y de la simplificación y automatización de procesos” que está llevando a cabo. “Es posible que al final el recorte afecte a un número de empleos algo mayor. Dependerá de cómo evolucione el proceso”, advirtió Grisi.

Los cuantiosos beneficios y grandes expectativas tampoco impiden al Santander atacar el impuesto temporal a la banca que creó el Gobierno en 2022 y cuya extensión durante tres años más acaba de pactar el PSOE con PNV y Junts. Hace una semana, Ana Patricia Botín dijo durante un acto en Washington que el gravamen va “contra el crecimiento” y no facilita “un ambiente inversor y más atractivo y dinámico”, informa Efe.

No ha sido la única crítica. La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, arremetió contra el “mercadeo político” que, a su juicio, se está practicando en torno al polémico impuesto. Ortiz pidió una “discusión entre adultos” en temas fiscales y reiteró que el banco recurrirá el gravamen si considera que no cumple la normativa, pero sin amenazar con llevarse “nada a ningún sitio”, en alusión a Repsol, que advirtió de su intención de trasladar inversiones a otros países si se mantenía en vigor el impuesto a las energéticas.

Este mismo jueves, fue el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, quien cargó contra el gravamen: “Lo que me parece más grave es que consagra y exagera la discriminación entre entidades. Es un impuesto progresivo, algo en lo que creo en las personas físicas, pero en las jurídicas es un concepto que se me escapa. Se está gravando según el tamaño y nosotros somos la entidad financiera más grande en España; por tanto, seremos los que más paguemos”. Gortázar se lamentó de que al gravamen bien podría llamársele “tasa Caixabank”.

El impuesto a la banca, que originalmente era del 4,8% sobre los ingresos, pasará a ser progresivo desde un mínimo del 1% hasta un máximo del 6% en función de la base liquidable, que es el que corresponde a Caixabank. Pero también se permitirá una deducción del 25% en el impuesto de sociedades y una deducción extraordinaria en caso de que la rentabilidad de la entidad baje de un determinado umbral. Este año, Caixabank ha pagado 493 millones de euros en concepto de gravamen extraordinario. En total, según los cálculos de Efe, los seis grandes bancos nacionales han abonado un total de 1.500 millones de euros por el impuesto. Es decir, aún sin finalizar el ejercicio, esa cantidad equivale a sólo el 6,34% de sus beneficios. En 2023, el Santander pagó 224 millones por el impuesto –un 8,7% de sus beneficios–, el BBVA 225 millones y Caixabank, el que más, 373 millones de euros.

El BBVA ganó 7.622 millones entre enero y septiembre, más que nunca en ese periodo y un 28% más que en los nueve primeros meses de 2023. El banco lo atribuye, al igual que el Santander, al aumento del crédito y de los depósitos. El negocio en España creció un 37,6%. Y la rentabilidad sobre recursos propios, un 20,1%. Ni al BBVA ni al Sabadell les ha penalizado la OPA hostil que el primero lanzó sobre el segundo el pasado mayo y que está pendiente de autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Hemos cerrado, un trimestre más, una mejora de la rentabilidad y la solvencia, lo que apoya la creación de valor para los accionistas de forma recurrente y el proyecto en solitario de Banc Sabadell”, elogió el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, al presentar los beneficios del banco: 1.295 millones de euros, un 25,9% más que entre enero y septiembre de 2023. Unas cifras que son el resultado del alza del 26% en el crédito a empresas y de un 34% en el número de hipotecas. La rentabilidad también ha mejorado, casi dos puntos, hasta el 13,2%.

En Caixabank la presentación de resultados ha servido también para anunciar la renuncia voluntaria de José Ignacio Goirigolzarri como presidente ejecutivo de la entidad, y su sustitución por Tomás Muniesa. Caixabank cumple así con la recomendación del BCE, que presiona para que se separen las funciones ejecutivas y no ejecutivas en los órganos de poder de los bancos. Ya lo han hecho Bankinter y Unicaja, que cuentan con un consejero delegado y un presidente ejecutivo, pero aún mantienen todo el poder Ana Patricia Botín en el Banco Santander, Carlos Torres en el BBVA y Josep Olíu en el Banco Sabadell.

El cambio en la cúpula se produce mientras Caixabank se apunta unos beneficios de 4.248 millones de euros hasta septiembre, un 16,1% más, gracias a “una intensa actividad comercial, una morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables”, en palabras de Gonzalo Gortázar. Por ejemplo, las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros y planes de pensiones han crecido nada menos que un 54,3%, y las hipotecas, un 55%.

Los beneficios de Bankinter han sido más modestos, 731 millones de euros, un 7% más que el año anterior, mientras su rentabilidad sobre recursos propios se eleva al 18%. La entidad atribuye los números a un “sólido crecimiento en todos los volúmenes del negocio con los clientes”.

El sexto mayor banco español, Unicaja, ganó 451 millones de euros hasta septiembre, un 58% más que en el mismo periodo de 2023. Gracias a la caída de los tipos de interés, las hipotecas repuntaron un 35%. Mientras que su RoTE ha mejorado dos puntos, hasta el 10%.

También podría añadirse a la lista de los grandes beneficios Abanca, heredera de las quebradas cajas de ahorro gallegas. Porque la entidad presidida por Juan Carlos Escotet ganó 988,1 millones de euros hasta septiembre –casi el doble que Unicaja y por encima de los de Bankinter–, nada menos que un 160% más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra incluye la integración del banco portugués EuroBic. Aun sin contar esa operación, los beneficios de Abanca sumaron 638 millones de euros, un 48,8% por encima de los resultados de septiembre de 2023. Su rentabilidad roza el 17%. Como el resto de la banca, la entidad gallega gana gracias a un aumento del crédito a particulares del 12,1% y a empresas del 12,7%, así como al 22% en que han crecido los depósitos.

Centenares de empleados de banca protestaban este viernes ante las oficinas centrales de Caixabank en Valencia mientras su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, anunciaba los 2.457 millones de euros que ha ganado la entidad entre enero y septiembre de este año. En Madrid, en A Coruña y en otras ciudades españoles se repitieron las manifestaciones de los trabajadores bancarios, que reclaman desde hace semanas subidas de salarios que les compensen del alza de la inflación. Hasta el momento, las dos patronales del sector, AEB y CECA, se muestran reticentes a igualar la escalada del IPC, que se sitúa en el 7,3% según ha publicado también este viernes el INE. Los sindicatos reprochan a los bancos los “beneficios récord” que han presentado a lo largo de esta semana y los “dividendos astronómicos” que van a repartir entre los accionistas, al tiempo que se niegan a evitar a los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo.

En efecto, los cinco grandes bancos españoles, Santander, BBVA, Caixabank, Bankinter y Sabadell, han ganado hasta septiembre 15.754,1 millones de euros, un 31,59% más que en el mismo periodo de 2021. Todos ellos han mejorado sus ingresos, especialmente los procedentes del negocio bancario puro: cobrar por prestar dinero y remunerar los depósitos.

Mientras el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se felicitaba este viernes por haber obtenido unos “muy buenos resultados y de gran calidad” en lo que va de año, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, presumió de que en la entidad van “muy sobrados” para afrontar periodos económicos más difíciles. Por su parte, Caixabank ha duplicado la concesión de hipotecas, aumentado el crédito al consumo un 23% y aún más la financiación a las empresas, un 47%. El Sabadell, que también ha crecido en créditos al consumo, un 18%, y en hipotecas, un 7%, asegura que ha alcanzado un “récord histórico” en la facturación con tarjetas –un 17%– y en los terminales de punto de venta en comercios –un 33%–.

Sin embargo, los bancos creen que esos resultados tan extraordinarios no justifican el impuesto temporal que prepara el Gobierno. “No me parece lógico, y mucho menos perpetuarlo en el tiempo”, ha criticado Gonzalo Gortázar, quien rechaza la prestación patrimonial porque grava los ingresos y no los beneficios. “Si tuviéramos una recesión mucho peor y hubiera entidades con caídas de resultados y pérdidas”, explicó, “tendrían que hacer frente al impuesto, aparte de otros efectos discriminatorios, porque hay entidades afectadas y otras no”. Para el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, el problema estriba en que los resultados “supuestamente extraordinarios” de los bancos no son “los que espera el mercado”. “Los resultados tienen que ser consonantes con el capital invertido y no parece que ahora que los resultados son mejores esté justificada una presión impositiva sobre un sector que no cumple con las exigencias de rentabilidad”, argumentó.

El impuesto a la banca gravará con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras que ingresaran en 2019 más de 800 millones de euros por ambos conceptos. Es decir, además de a los cinco grandes bancos, probablemente afectaría a Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.

El rechazo al impuesto y a compensar a sus trabajadores por la subida de la inflación no ha sido óbice para que los responsables de los principales bancos hayan expresado su voluntad de negociar con el Gobierno una fórmula de ayuda a las familias “vulnerables” que no puedan pagar sus hipotecas. “Estamos en el mismo barco”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Alvárez, en referencia a un mecanismo para ampliar el plazo de las hipotecas que se encarezcan más de un 30% por la subida del euríbor y que quedará incluido en el Código de Buenas Prácticas del sector.

El caso es que también el BCE ha tomado medidas para recortar los beneficios extra que los bancos obtienen de aparcar en las reservas del supervisor europeo el exceso de liquidez que les han brindado las operaciones de refinanciación puestas en marcha con el covid y que aún no han devuelto. Gracias a las subidas de tipos, las entidades financieras reciben un interés del 1,5% por ese dinero, lo que les resulta preferible a devolverlo al BCE. Así que Christine Lagarde anunció este mismo jueves que modifica las condiciones de las operaciones de refinanciación, aplicándoles el mismo interés que paga a los bancos por el dinero depositado en el BCE, con el fin de desincentivar esa operativa.

El primer banco español, el Santander, ganó 7.316 millones entre enero y septiembre, un 25% más que el año anterior, por lo que bate de nuevo registros desconocidos desde antes de la crisis financiera. La cifra es el resultado del aumento de un 11,5% de sus ingresos, hasta los 38.594 millones de euros. Pero su margen de intereses, que sirve para medir el negocio puramente bancario, ha mejorado incluso más, un 15,4%, lo que se traduce en 28.460 millones. Los ingresos por comisiones también han crecido, un 7%. Y, pese a la fragilidad económica por la inflación y la incertidumbre, la morosidad se mantiene en el 3,08%.

Los beneficios del BBVA en los primeros nueve meses del año ascienden a 4.842 millones, por lo que han crecido un 46,2% respecto al año anterior, casi el doble que los del Santander. El margen de intereses del banco que preside Carlos Torres ha mejorado un 32,6%, por encima del 21,2% en que han aumentado los ingresos totales del negocio. La entidad atribuye ese buen comportamiento al crecimiento del crédito, un 15%. Por comisiones el BBVA ha ingresado en lo que va de año un 17,4% más que en 2021. La tasa de mora incluso ha bajado: del 3,7% al 3,5%. En la presentación de los resultados, Onur Genç avanzó que el banco utilizará sus excedentes de capital en “crear valor para los inversores” y si no encuentra vías para hacerlo, elevará la retribución a los accionistas. El pasado día 11 el BBVA les pagó un dividendo de 12 céntimos por acción, a cuenta de los resultados de este año, un 50% más que el repartido en 2021.

Caixabank ganó 2.457 millones de euros, un 21,51% más, hasta septiembre, sin incluir en la comparación el impacto de la fusión con Bankia el año pasado. De las cinco grandes, la entidad presidida por José Ignacio Goigolzarri es la que menos ha mejorado tanto su margen bruto, un 2,7%, mientras que su margen de intereses se reduce cuatro décimas respecto a 2021. Gracias a las comisiones ha ingresado un 2,1% más. Y mantiene una ratio de morosidad del 3%, en niveles mínimos desde 2008. Según destaca el propio banco, sólo el 4% de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como respuesta al covid-19, están clasificados como morosos. Además, tras la fusión de Bankia, Caixabank ha recortado sus gastos de personal en un 8,5%.

El Banco Sabadell casi ha duplicado este año sus beneficios respecto a los nueve primeros meses de 2021. Ha ganado 709 millones de euros, un 91,6% más. La cuenta es aún mayor si se le descuentan los resultados de su filial británica, el banco TSB: entonces pasa de 288 millones el ejercicio pasado a 616 millones el actual, un 114% más. En el caso de la entidad de Josep Oliu, el negocio bancario ha mejorado un 6,2% y los ingresos por comisiones, un 4,5%, mientras que en personal han reducido el gasto en un 26%, tras un recorte de plantilla que superó los 2.000 trabajadores. La ratio de morosidad del Sabadell se encuentra en el mismo nivel que el de sus competidores, un 3,4% y por debajo del 3,59% del año anterior.

De forma que el banco ha anunciado que aumentará hasta un mínimo del 40% el porcentaje de los beneficios que repartirá como dividendo entre sus accionistas. Éste será de 0,02 euros a cuenta de los resultados de este ejercicio y se pagará el próximo 30 de diciembre.

Finalmente, Bankinter se apuntó unos beneficios de 430,1 millones de euros hasta septiembre, un 22,2% más que el año pasado. El banco asegura que en los últimos tres meses han crecido todos sus indicadores de negocio. Su margen de intereses ha mejorado un 11,6%, mientras que los ingresos por comisiones suben un 2%. Bankinter tiene una de las ratios de morosidad más bajas, el 2,1%, que además se ha recortado 30 puntos básicos respecto a la de 2021, presume la entidad. María Dolores Dancausa considera que, a tenor de estos resultados, “no hay ninguna razón” para cambiar su política de reparto de dividendos: les dedica el 50% del beneficio.

Pese a estos resultados y coincidiendo con el anuncio del BCE de una nueva subida de tipos de interés y del IPC adelantado de octubre, los bancos llevan dos días cayendo en Bolsa. Le ocurrió al Sabadell el jueves, con un recorte del 2,3%, y lo sufrieron el viernes Caixabank, con un descenso del 7%, y BBVA, que comenzó la sesión perdiendo un 3,7%, pero remontó hasta el 0,73% al cierre.

El que fuera consejero delegado de BBVA y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha testificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no intervino en modo alguno en la contratación de CENYT, el grupo empresarial del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, apuntando como responsable al entonces presidente de BBVA, Francisco González.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Goirigolzarri ha explicado que se enteró de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo hacia 2004 o 2005 con Ángel Cano, también ex consejero delegado del banco que en ese momento tenía otras responsabilidades internas.

Goirigolzarri ha contado que Cano le explicó que se había contratado a una agencia de inteligencia, aunque no recuerda que le mencionara los nombres de CENYT o Villarejo, en relación con la problemática con Sacyr, que en ese momento maniobraba para desembarcar en el accionariado de BBVA.

De acuerdo con su relato, Goirigolzarri entró en cólera porque se había estado ocupando de la supuesta ofensiva de Sacyr y vio como una deslealtad hacia él que se enterara a posteriori de que se habían contratado los servicios de una agencia de inteligencia para este asunto.

Al ser interrogado por las partes sobre quién pudo ordenar contratar a Villarejo, él ha contestado que no siendo él, que en esa época era el número 2, la única persona con capacidad para adoptar tal decisión sin contar con el CEO era el número 1, señalando de este modo a González.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga los presuntos encargos ilícitos de BBVA al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo ha rechazado citar como testigo al presidente de BBVA, Carlos Torres, pero sí ha acordado interrogar como tal al ex consejero delegado de la entidad bancaria y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, según informa Europa Press.

En un auto de este mismo jueves, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, descarta la testifical de Torres, planteada entre otros por la acusación particular que ejerce el empresario Luis del Rivero, si bien admite la petición de la Fiscalía Anticorrupción de interrogar a Goirigolzarri y la de la acusación de escuchar también a Ayuso.

Gadea recuerda en su auto que se interesaba la testifical de Torres en relación con la información que le suministró el director de Comunicación de BBVA, Pablo García Tobin y, en concreto, para saber si conocía la existencia de la carpeta de Google Drive en la que se guardaron algunos documentos.

El instructor entiende, tal y como expone el fiscal, que para aclarar si Torres tuvo conocimiento de la documentación subida a Google Drive se puede acudir a quienes tuvieron acceso a la misma, sin necesidad de recurrir a él. "No existiendo indicio alguno que permita sostener que el Torres hubiese tenido acceso a la carpeta Google Drive, la petición carece de utilidad y pertinencia alguna", aclara.

En el mismo sentido, Gadea señala que, del análisis de las actuaciones practicadas hasta la fecha y del estudio del material que obra en las actuaciones, no se ha hallado indicio alguno que permita sostener que Torres "impartió directriz, instrucción u orden alguna para ocultar documentos que afectasen al procedimiento, por lo que no se detecta vinculación alguna, más allá de su posición jerárquica o en la entidad, que justifique el llamamiento".

En cambio, el juez sí considera útil y necesario citar a Goirigolzarri como testigo, puesto que, del análisis efectuado de la documentación interna de CENYT —el grupo empresarial de Villarejo— sobre el proyecto "Trampa/Trapa", resulta necesario escuchar al que fuera consejero delegado de BBVA en 2004 y 2005 "al existir indicios de que tuvo acceso al informe "Trampa II", así como posteriormente al "Trampa I", y que, aunque le pareció que podía ser delictivo no se atrevió a comentarlo con Francisco González", el entonces presidente de la entidad bancaria.

Además, Gadea acepta la declaración como testigo del ex director de Comunicación, a la vista de los nuevos datos recabados desde su anterior declaración en noviembre de 2019.

Caixabank tiene previsto plantear a los representantes sindicales con los que negocia estos días el despido de 7.791 trabajadores una propuesta para homologar las dispares condiciones laborales de quienes conserven sus puestos de trabajo, una vez integrada la plantilla de Bankia. La próxima reunión se celebrará el día 19. Pero el informe técnico del ERE, al que ha tenido acceso infoLibre, cifra en 231 millones de euros el coste anual de esa futura homologación, lo que supondría recortar un 35% los 662 millones que la entidad bancaria pretende ahorrar con los despidos. “La homologación supondría consolidar, para una plantilla de mayor dimensión, una situación que minora significativamente la competitividad de Caixabank”, advierten los autores del documento, porque el banco ya tiene unos costes salariales medios “muy superiores” a los de sus competidores.

El coste salarial medio en Caixabank alcanza los 86.300 euros, mientras que en Bankia es mucho menor, 68.200 euros, según consta en el informe mencionado. Además, está un 21,9% por encima de la media de las principales entidades españolas, que es de 70.800 euros. Por eso, sus autores consideran “imprescindible” que Caixabank adopte “medidas” para “reducir sensiblemente el diferencial de coste de personal” respecto de sus competidores, con el fin de no perder “una parte relevante de las sinergias y ahorros” de la fusión y “no incurrir con carácter estructural en unos sobrecostes salariales” que, a su juicio, comprometen “la eficiencia y la competitividad del banco”.

“La homologación es una pieza clave de la negociación del ERE”, subraya Óscar Bayona, secretario general de la sección de UGT en Caixabank en la Comunidad Valenciana. Pero la prioridad sindical, asegura, es preservar el empleo. La homologación, que se opte por las prejubilaciones en lugar de los despidos forzosos y el carácter voluntario de la adhesión al ERE son “vasos comunicantes”, explica Bayona. “El problema es que, por el momento, no tenemos nada en ninguno de ellos”, describe gráficamente. Los 15.950 empleados de Bankia llevan años conviviendo con los problemas de homologación de las diferentes entidades que la constituyeron: Cajamadrid tenía mejores condiciones salariales que Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja y Banco Mare Nostrum. En Caixabank, hasta ahora, la integración de Banca Cívica, Banco de Valencia, Barclays y el portugués BPI se ha hecho “de forma progresiva, hasta igualar al 100% las condiciones [de la entidad catalana] en cinco años”, detalla Joan Sierra, secretario general del sector financiero de CCOO. “Ahora puede ser que extiendan aún más ese plazo”, aventura.

Pero lo que el dirigente de CCOO descarta es que se rebajen los salarios de los 35.434 trabajadores procedentes de Caixabank, pese al llamamiento que hace el informe a rebajar los costes de personal frente a los otros grandes bancos. Cuando hay una sucesión de empresas, como es el caso de la fusión con Bankia, deben mantenerse las condiciones de la plantilla. “Otra cosa es que se decida, por ejemplo, suspender las aportaciones de la empresa a los planes de pensiones de los trabajadores”, advierte Joan Sierra. Manuel Marino Peche, responsable de la sección sindical de CGT en la antigua Bankia, cree que el peligro de desaparecer lo corren los complementos como las ayudas por hijos, pero que no se podrán tocar los sueldos base. “No es de recibo que una entidad que ha ganado 1.381 millones el año pasado y 514 millones este primer trimestre recorte plantilla y lo haga, además, a coste del Estado, después de triplicarse el sueldo sus directivos”, resume Manuel Marino la indignación sindical. Caixabank justifica el ERE en causas organizativas y de producción, no en causas económicas. La fusión con Bankia le ha reportado un impacto extraordinario de 4.272 millones que, sumado a los 514 millones antes citados, se traduce en un beneficio de 4.786 millones de euros sólo hasta marzo.

El triple de cargos por mantenimiento de las cuentas

Unos 400 trabajadores de Caixabank protestaron este viernes contra los despidos ante al Palacio de Congresos de Valencia donde se celebraba la junta general de accionistas de la entidad, que aprobó las cuentas de 2020, el reparto de 216 millones de euros en dividendos y los sueldos de sus principales ejecutivos. No obstante, este último punto del orden del día contó con el voto en contra del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que posee una participación del 16,11% en Caixabank a través de su participación en Bankia, entidad rescatada y nacionalizada durante la crisis financiera. El expresidente de Bankia y ahora presidente ejecutivo de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, cobrará en su nuevo puesto 1,65 millones de euros al año más una retribución variable de 200.000 euro. Triplica así los 500.000 euros que ingresaba en su anterior puesto, donde tenía el sueldo limitado por la participación pública en el banco, entonces del 61,78%.

El FROB expresa de esta manera las críticas que antes formularon tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz, a las elevadas retribuciones de los banqueros mientras planean miles de despidos. También el BBVA ha anunciado un ERE para 3.798 trabajadores tras haber ganado 1.210 millones de euros en el primer trimestre de este año. En su intervención ante los accionistas, Goirigolzarri ha defendido sus emolumentos, que se sitúan “en la línea con los esquemas tradicionales de CaixaBank”, ha dicho, y son “inferiores a las referencias comparables del mercado”.

En el informe del ERE, Caixabank reconoce que, para compensar la caída de los ingresos por intereses, ha aumentado “el asesoramiento y comercialización de productos y servicios financieros” para elevar los ingresos por comisiones. Éstos han crecido un 4,5% desde 2018, hasta situarse en 3.390 millones de euros en 2020. En Bankia, los cargos por el mantenimiento de las cuentas de los clientes casi se han triplicado entre 2019 y 2020, al pasar de 64,2 a 175,9 millones de euros, mientras que los ingresos por cuotas de las tarjetas de crédito se han elevado un 47,4% y por las transferencias un 70%.

Los sindicatos también critican que Caixabank haya planteado “por primera vez” que la mitad de los despedidos deban tener menos de 50 años. Su primera propuesta de indemnización, además, es del mínimo legal por despido objetivo, 20 días por año trabajado. De esta forma, la entidad se ahorra las penalizaciones de la llamada Enmienda Telefónica, que deben pagar las empresas con más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años con beneficios.

Menos negocio por oficina y por empleado que la media 

“No hay argumentos objetivos para despedir”, replica Óscar Bayona, “lo peor ya ha pasado, suben en la Bolsa y el sector ya está ajustado”. No son ésas las conclusiones del informe técnico que ha presentado Caixabank para justificar el enorme volumen de despidos: propuso 8.291 inicialmente para luego rebajar 500 –cambiados por recolocaciones–, el mayor ERE de la banca hasta el momento.

El documento dibuja un escenario catastrófico por culpa de los bajos tipos de interés, la escasa demanda de crédito solvente, el repunte de la morosidad, la baja rentabilidad del capital, las crecientes exigencias regulatorias, las elevadas inversiones necesarias para la digitalización, y la “proliferación” de nuevos competidores –Google, Apple, Facebook, Amazon, PayPal y Samsung–. Comparando los números de 2018 con los de 2020, el año de la pandemia, el resultado de la actividad de explotación cae un 63,5%, aunque en esa caída el banco incluye 1.502 millones de euros en provisiones extraordinarias por el covid-19. Igualmente empeora su ratio de eficiencia en más de tres puntos. Es más, el margen bruto por oficina –todos sus ingresos, incluidos las comisiones– de Caixabank y Bankia en 2020, 1,6 millones de euros, fue muy inferior al del sector, 2,1 millones, y al de sus más cercanos competidores, 3,2 millones. Lo mismo ocurre con el margen bruto por empleado, que fue de 0,23 millones, en comparación con los 0,33 millones de los grandes bancos y con los 0,28 millones de media del sector bancario español.

También destaca el informe que las operaciones realizadas en las sucursales de Caixabank se redujeron un 9,2% y los procesos administrativos un 25,4%, mientras que las transacciones cayeron un 62,1% en las de Bankia. Una vez más, la comparación se realiza entre 2018 y el año de la pandemia, 2020. Por el contrario, las operaciones a través del móvil se dispararon un 78,9% en el banco catalán y los clientes digitales han pasado de representar en Bankia el 37,3% al 60,5%.

Cerrarán 664 sucursales rurales

Si a este cambio en el consumo de productos y servicios bancarios se le suman los “solapamientos geográficos, duplicidades e ineficiencias funcionales en las direcciones territoriales y servicios corporativos” que el informe dice haber detectado en las estructuras del banco como resultado de la fusión con Bankia, la consecuencia es la supresión de 5.742 empleos en la red de oficinas, 250 en las direcciones territoriales, 1.611 en los servicios corporativos y 630 en las filiales. Además, no podrán reincorporarse a sus puestos 58 empleados que disfrutaban de excedencias incentivadas. En total, se cerrarán 1.534 oficinas, el 27,2%.

El informe no precisa cuántos de esos trabajadores y sucursales corresponderán a Caixabank y cuántos a Bankia. “Sería discriminatorio si eliminaran por origen, los tribunales lo rechazarían”, advierte Óscar Bayona. Pero sí detalla cuántas oficinas van a desaparecer en cada provincia y comunidad autónoma. Y las que más van a sufrir van a ser Madrid, con 401 sucursales menos, y la Comunidad Valenciana, con 259. Precisamente donde más peso tenía hasta ahora Bankia. En Cataluña serán menos, 224.

También se concreta el número de supresiones por tipo de oficina. El ERE cerrará 664 sucursales rurales. Como tales se consideran aquellas oficinas con menos de cinco empleados situadas en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Como tienen “menores niveles de eficiencia y rentabilidad”, dejará de ser obligatorio que cuenten con un subdirector, y los salarios y pluses de sus trabajadores tendrán una regulación específica, adecuándose “a la responsabilidad y márgenes” de estas sucursales. Que podrán ser unipersonales y tener un horario de atención al público reducido o incluso cerrar en algunos periodos de tiempo.

Del total, 134 oficinas se reconvertirán en “ventanillas”, puntos de atención al cliente que abren sólo dos o tres veces a la semana en horario limitado y dependen de una sucursal matriz. A su vez, 12 de las ventanillas actuales desaparecerán. Sin embargo, se mantendrán los 14 ofibus, vehículos para atender pequeñas poblaciones rurales, puesto que los 12 de Bankia y los dos de Caixabank cubren zonas geográficas distintas.

Un Real Decreto promulgado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy durante lo peor de la anterior crisis financiera limita las remuneraciones de los directivos de las entidades financieras rescatadas:"Los administradores y los directivos de las entidades de crédito participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ajustarán las condiciones retributivas de sus administradores y directivos a las previstas en (...) este artículo y en la normativa que se dicte en desarrollo del mismo", reza el título cuarto del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero. Pero no especifica qué ocurrirá en caso de una fusión como la acordada entre Caixabank y Bankia. Un vacío legal que permitirá a los cinco consejeros de Bankia que se sentarán en el consejo de administración del nuevo banco Caixabank romper el límite salarial que desde 2012 afectaba a la antigua caja madrileña rescatada.

El Real Decreto establecía una "retribución fija" para el presidente, consejero delegado y directivos de las "entidades participadas mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria" (FROB) de 300.000 euros. Así, y sumando retribuciones variables, bonuses y demás remuneraciones existentes, el presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri percibió 500.000 euros en 2018 y 606.000 euros en 2019, según informó en su momento la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El consejero delegado José Sevilla (al que la operación de absorción se ha llevado por delante y no se sentará junto a la cúpula del nuevo banco) percibió la misma cantidad en sendos ejercicios. 

Muy lejos sin embargo de los 3,76 millones de euros que recibió el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, al frente de la entidad que los engulle; el presidente, Jordi Gual (otro a los que la operación ha borrado del consejo de la nueva Caixabank), ganó 1,38 millones de euros. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria Caixa (la cual controla la Fundación La Caixa, que a su vez es el principal accionista de Caixabank) cobró solo 800.000 euros.

El enfado de Fainé

La razón del tope salarial a Fainé fue que el Banco Central Europeo (BCE) impidió cobrar dividendos a las cajas rescatadas durante la primera pandemia del covid-19. Fainé, muñidor de la fusión, estalló por cobrar tan poco: "Para hacer obra social hay que ganar dinero.tan poco No estoy de acuerdo con esta política que ahora se ha puesto de moda de no pagar dividendos", dijo en junio, y añadió que "hay jubilados que necesitan los dividendos". 

¿Se triplicarán –o incluso multiplicarán por cinco– ahora el sueldo los cinco consejeros de Bankia, entre ellos Goirigolzarri? A todas las fuentes consultadas no les cabe la menor duda. El diario Cinco Días publicó el pasado 17 de septiembre que "la nueva CaixaBank pide al BCE eliminar los límites salariales de Bankia". infoLibre ha preguntado al supervisor europeo por su posición. "Como normal general", señala una portavoz en Fráncfort, "el BCE no hace comentarios sobre bancos individuales o sus operaciones. Las limitaciones en la política de remuneraciones en entidades de crédito que reciban apoyo financiero público vienen dadas por la ley nacional y no por una norma que el BCE aplique en todas las jurisdicciones. Es por eso que remitiría al Banco de España, la autoridad supervisora con más experiencia con las disposiciones de la ley nacional".

El Banco de España también ha contestado a este medio. "Las retribuciones de directivos y administradores de entidades de crédito que recibieron ayudas públicas no tienen un límite impuesto por el Banco de España, sino que están reguladas en el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero", indica un portavoz. Se refiere al ya mencionado Real Decreto del Ejecutivo de Rajoy, en un momento en que el sistema financiero español se tambaleaba.

Ni Banco de España ni BCE

El Real Decreto permite además eliminar los topes salariales "una vez producido el saneamiento de la entidad mediante el pago, amortización, rescate o enajenación de los títulos suscritos por el Fondo", algo que no se ha producido en absoluto ya que Bankia no ha devuelto aún alrededor de 24.000 millones de euros por su rescate. El texto sin embargo no dice qué ocurriría con las remuneraciones en caso de fusión o absorción, un espacio –cuentan fuentes del mundo financiero– que claramente van a aprovechar los nuevos consejeros para dispararse el sueldo. 

Es la primera vez, si nada lo impide en el primer trimestre de 2021, que se producirá una fusión con una entidad rescatada implicada en la operación. El solapamiento de altos cargos, empleados y oficinas provocará sonadas salidas (Gual, Sevilla), onerosas prejubilaciones que asumirá la empresa (según confirmó el Ministerio de Seguridad Social a este periódico la semana pasada) y el cierre de muchas sucursales bancarias. La Caixabank de 2021 tendrá que sortear muchos riesgos sistémicos e incluso posibles demandas de accionistas minoritarios de Bankia, que consideran que pierden con la fusión al percibir menos por sus acciones debido al badwill o fondo de comercio negativo existente.  

El presidente de Bankia y futuro presidente del grupo resultante de la fusión del banco madrileño con CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha defendido que las ayudas públicas a Bankia fueron la "decisión correcta" independientemente de cuánto llegue a recuperar el Estado.

Así lo ha indicado este viernes Goirigolzarri a Europa Press durante el turno de preguntas de la rueda de prensa posterior a la presentación de la operación de consolidación entre Bankia y CaixaBank.

De esta forma, ha rechazado que si no se llegan a devolver todas, el apoyo estatal al banco madrileño se valore como una "mala decisión", recordando que esta iniciativa permitió estabilizar el sistema financiero español.

Asimismo, el consejero delegado de CaixaBank y futuro primer ejecutivo del grupo resultante de la fusión, Gonzalo Gortázar, ha remarcado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) "no ha tenido ninguna interferencia" en la gestión de Bankia durante los últimos años, por lo que ha negado que ahora la vaya a tener, al reducir su peso como accionista.

"No veo en absoluto que eso vaya a cambiar", ha remarcado Gortázar, y ha valorado que la presencia del FROB en el futuro grupo supondrá una responsabilidad añadida, con el objetivo de garantizar que la recuperación de las ayudas sea la mayor posible.

Por su parte, Goirigolzarri ha subrayado que el FROB "no ha puesto ninguna condición" en el proceso de explorar la fusión, puesto que ha asegurado que no ha intervenido en las negociaciones.

Negociaciones

Sobre la fusión, Goirigolzarri ha explicado que arrancaron cuando Criteria Caixa, el accionista mayoritario de CaixaBank, se acercó al Ministerio de Economía, su homólogo en Bankia.

A partir de ese "interés común", los principales accionistas de ambos bancos fueron estudiando las posibilidades de una posible fusión, que fue planteada por primera vez en los respectivos consejos de administración a finales de agosto, momento que el presidente de Bankia ha fijado como el inicio de las negociaciones y no antes.

Privatización 

También ha subrayado la intención "clara" del Gobierno sobre la privatización de Bankia y su idea de maximizar el valor de su salida, y ha recordado que la fecha está definida para diciembre de 2021, pero ha indicado que se puede trasladar más allá, como se ha hecho en anteriores ocasiones.

"No hay calendario trazado", ha expuesto, pero ha considerado que si la privatización se quiere hacer con una perspectiva de maximización, no es el mejor momento hacerlo cuando se cotiza a unos niveles menores de las últimas décadas.

Sobre una posible contraoferta, el presidente de Bankia ha indicado que "es posible" que haya terceros que las propongan.

Caixabank y Bankia pasarán el otoño estudiando cómo fundir sus negocios en un nuevo banco que se anuncia ya como el primero de España por volumen de activos, 665.000 millones de euros, por delante del que poseen, en territorio nacional, Santander y BBVA. La entidad resultante de la operación sumará unos 21 millones de clientes y una cuota de mercado del 28%. Éste es, en realidad, el segundo intento de unir ambas entidades, tras fracasar el breve que abrieron en 2012 Rodrigo Rato e Isidro Fainé. También es una de las opciones que acariciaba el sector, donde desde hace meses se suceden los rumores sobre posibles novios para Bankia y sobre conatos de fusión entre entidades menores, como Liberbank y Unicaja. “Los números llevan hechos mucho tiempo”, recuerda José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, “pero el mercado ha cambiado y ahora habrá que hacer otros”.

En efecto, aun superada la crisis financiera, el panorama dista de ser halagüeño. A los tipos de interés en mínimos históricos, el euríbor en negativo, las bajísimas rentabilidades del negocio bancario y el desplome de las entidades financieras en las bolsas, se les acaba de unir la crisis del covid-19. El contexto empuja a los bancos a ganar tamaño y el BCE no ha cesado de presionar sin descanso en esa dirección. De momento, el Ministerio de Economía, que debe aprobar la operación, se ha limitado a recordar que su prioridad, en relación con Bankia, es “proteger el interés general de los ciudadanos españoles, maximizar el valor de la participación pública y reforzar la estabilidad financiera del país”. Porque el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) posee el 61,8% de las acciones de Bankia, que fue rescatada en 2012 con 24.069 millones de euros. Un dinero público del que sólo se han recuperado, ocho años después, 3.303 millones: 2.122 millones procedieron de dos ventas de acciones, en febrero de 2014 –un 7,5%, que reportó 1.304 millones de euros– y en diciembre de 2017 –un 7%, 818,3 millones–, los 1.181 millones restantes corresponden a los dividendos pagados al FROB desde 2015 hasta 2019.

El Banco de España, que revisa cada fin de año las cuentas del rescate financiero, calcula en Bankia como “recuperables” 9.560 millones de euros, una cantidad que ha ido rebajando cada año, a la vista de cómo iba cayendo el valor de la entidad en Bolsa. Ése es el importe en que cifra el 61,8% del FROB en Bankia. Desde que fue rescatada, sus acciones han pasado de 132,7 euros a costar poco más de un euro. Sólo desde 2016 ha perdido un 63,22% de su valor en Bolsa. Este viernes, y tras subir sus títulos casi un 30% por efecto del anuncio de fusión, la capitalización bursátil de la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri era de sólo 4.113 millones de euros. La de Caixabank, 12.094 millones. Sumadas ambas, superan en muy poco el volumen de dinero del rescate a Bankia que, según el Banco de España, jamás se recuperará: 14.509 millones de euros.

“No es un rescate, es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca”, aseguró en junio de 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados. Un mes más tarde fue su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien insistió en que el objetivo del rescate era que no costase “ni un euro al contribuyente”.

El FROB debe vender cuanto antes

“Recuperar el dinero del rescate va a ser muy complicado”, explica García Montalvo, “y es el mercado el que va a marcar la capacidad que tienen de hacer un tipo de operación u otra”. Para recobrar lo que inyectó, el FROB deberá vender su participación en el futuro banco, que quedará diluida probablemente hasta un 14%. De forma que la mayor o menor recuperación del dinero público “no depende de cómo se haga la fusión, sino de cómo vaya el sector”, aclara el catedrático de la Pompeu Fabrea. Y el sector lleva de capa caída demasiado tiempo, con un futuro que tampoco se antoja mucho mejor. A su juicio, el objetivo es “minimizar en lo posible la pérdida, no maximizar el importe de la recuperación”. Teniendo en cuenta la devaluación bursátil de la entidad, la estrategia para recobrar el rescate es precisamente la fusión, apunta García Montalvo.

Para Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, la fusión “sólo tiene sentido si el FROB sale del capital de Bankia”. Además, cree que debe hacerlo cuanto antes. “Esperar no es la solución”, asegura. “¿Cuántos años más pueden esperar?”, se pregunta, después de una primera venta en 2014 y una segunda que se demoró tres años y por la que se ingresó casi la mitad. “No hay forma de acertar cuál es el momento adecuado para vender”, corrobora José García Montalvo. De hecho, recuerda, no se han repetido las ventas desde 2017 ante el temor a malvender las participaciones en un mercado que no cree en los bancos. Ese año, el ministro de Economía, Luis de Guindos, urgía a privatizar Bankia “lo antes posible”. Un “lo antes posible” que nunca llegó.

Tampoco ven Carbó y García Montalvo que mantenerse en el capital del futuro banco y recuperar el rescate a través de los dividendos que perciba el FROB como accionista sea una opción. “Sin duda, con la fusión habrá una ganancia, en sinergias y en rentabilidad”, apunta el catedrático de la Pompeu Fabra, pero no será suficiente para devolver tanto dinero en un plazo razonable.

Caída de beneficios

La operación, por tanto, mejorará el valor de Bankia, pero al tratarse de una “situación forzada, primada por los reguladores”, García Montalvo descarta que se pague una prima por acción, o ésta será “muy pequeña”. En todo caso, ve muy difícil que se acuda a una ampliación de capital, “una operación arriesgada” considerando que los inversores no tienen a los bancos entre sus favoritos.

El covid-19, además, ha contribuido aún más si cabe a la debilidad bancaria. Todas las entidades han tenido que recortar sus beneficios apuntando cuantiosas provisiones para hacer frente a las incertidumbres que ha traído aparejadas la pandemia. Así, en los primeros seis meses del año, el beneficio de Bankia ha caído un 64,4% respecto al mismo periodo de 2019: ha ganado 142 millones de euros tras haber provisionado otros 310 millones. Las ganancias de Caixabank han menguado un 67% hasta junio, por lo que su resultado se ha quedado en 205 millones de euros. Sus provisiones anti-Covid se elevan a 1.155 millones.

Así que crecer se presenta como la única solución para aumentar la eficiencia e intentar escapar a las flaquezas descritas. De culminar con éxito las negociaciones, el banco resultante sumará 350.000 millones en créditos y 363.000 millones en depósitos. Tendrá 43.000 trabajadores repartidos en 6.279 oficinas. Carbó cree que Bankia y Caixabank “encajan my bien geográficamente” y comparten un perfil de negocio similar, familias y pymes, al proceder ambas entidades de cajas de ahorro. Ni él ni García Montalvo temen que el nacimiento de un nuevo gigante vaya a perturbar demasiado a las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, que ya llevan tiempo apoyándose en su negocio internacional. Curiosamente, el nuevo banco líder del mercado nacional estará formado por dos antiguas cajas de ahorro. Y puede dar ahora el primer paso para abrirse al extranjero. “Tamaño tendrá [para hacerlo] y Caixabank ya está en Portugal [compró BPI en 2018]”, apunta Santiago Carbó.

Más fusiones y miles de despidos

Que la operación sea, además, la mecha que encienda nuevas fusiones bancarias, está por ver, dudan los dos expertos consultados. La de Bankia ya estaba “cantada”, replica García Montalvo. La de Liberbank lleva algún tiempo en barbecho, tras el fracaso de la operación con Unicaja y la huida de Abanca hace sólo unos meses. Tanto el BCE, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, como el Banco de España y la misma patronal bancaria han sustentado los continuados rumores sobre posibles fusiones con sus declaraciones animando la acción. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, llegó a hablar de “caldo de cultivo” propicio en España para unir entidades. La Bolsa, al menos de momento, parece también dispuesta a apostar por las fusiones bancarias, a tenor del empujón que recibieron este viernes todas las cotizadas del sector nada más conocerse la noticia e Bankia y Caixabank.

Más preocupados se han quedado los trabajadores de ambas entidades, que aventuran nuevos cierres de oficinas y despidos. Los sindicatos lo han dado por hecho cuando han pedido medidas “acordadas y no traumáticas”. Un informe de Barclays ya ha calculado que el recorte afectará a 4.995 trabajadores y que el coste de la reducción de plantilla ascenderá a 1.099 millones de euros, 220.000 euros por persona, pero redundará en un ahorro en costes laborales de 481 millones. De las 6.279 sucursales con que cuentan ambos bancos, se solapan, dice Barclays, 1.411. Caixabank ha ejecutado tres ERE desde 2013, por los que han dejado la entidad más de 5.300 empleados. En Bankia, el rescate vino acompañado de un ERE que finalmente superó los 4.200 despidos inicialmente previstos y tuvo un largo recorrido en los tribunales por las demandas de los trabajadores. El cierre de oficinas, en un goteo sin pausa durante la última década, es una tendencia imparable. “El sector no tiene futuro con esa cantidad estratosférica de sucursales que tiene en España”, destaca José García Montalvo.

Lo que ambos catedráticos desechan es que la fusión vaya a ser una amenaza para la competencia. “En otros países, la concentración es aún mayor”, opone Carbó. Para García Montalvo, la competencia ahora es “digital”, no sucursal a sucursal, y cada vez mayor “en medios de pago y en gestión de activos, con neobancos y nuevos actores tecnológicos que ya dan créditos al consumo e incluso hipotecas”, detalla.

El precedente de Abanca

Contentos los reguladores, el Ministerio de Economía, los mercados y los expertos, y ni siquiera especialmente nerviosos los sindicatos, sólo Unidas Podemos ha mostrado sus reparos a la fusión. Exceso de concentración, pérdida de empleos, privatización del banco y dilapidación del rescate público han sido sus objeciones. Tampoco ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores y usuarios de banca, que recuerdan el gran número de litigios que acumulan Bankia y Caixabank por vender productos financieros con cláusulas abusivas y resaltan que son las entidades que mantienen el mayor número de hipotecas referenciadas al IRPH.

Si la fusión llega a hacerse realidad, también habrá que observar si se repite la trayectoria de otra entidad salvada por el rescate, Abanca. De los 9.404 millones de euros que le inyectó el Estado, sólo se han recuperado 783 millones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. La entidad, resultado de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, fue vendida por 1.003 millones de euros al banquero venezolano Juan Carlos Escotet en 2013. Desde entonces ha sumado casi 3.556 millones de euros en beneficios y no ha dejado de repartir dividendos millonarios todos los años. El Banco de España dice que el contribuyente, en cambio, jamás recuperará 8.621 millones de aquel rescate que, sostenía el Gobierno de entonces, no le iba a costar ni un euro.

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.

Los mayores bancos españoles ingresaron el año pasado 10.251 millones de euros en comisiones, 110 millones más que en 2018, lo que equivale a un aumento del 1,1%. Es la suma de lo que han ganado por este concepto las ocho entidades que han presentado cuentas hasta el momento, los seis grandes –Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter– además de Unicaja y Liberbank. De los 10 grandes aún faltan por anunciar sus números de 2019 Abanca y Kutxabank. La mayoría de ellos empezaron a subir las comisiones a sus clientes en el último trimestre del pasado ejercicio o las han aumentado nada más comenzar el año en curso.

Las diferencias entre entidades, no obstante, son sustanciales. Todos han mejorado sus comisiones netas –la diferencia entre las que cobran y las que pagan– menos Banco SantanderBanco Santander, que en España las ha reducido en 143 millones, un 5,4%. La entidad atribuye la caída a que ha disminuido su actividad en banca corporativa y con clientes institucionales Aun así se ha embolsado 2.481 millones. Para remediarlo, ha subido a 116 euros al año el mantenimiento y administración tanto de la Cuenta Estándar Particulares como de la Cuenta Clásica. La Cuenta Día a Día tiene ahora un cargo de 108 euros anuales y la Cuenta Zero 1, 2, 3 pasa a costar 114 euros al año si no se cumplen determinados requisitos de vinculación –tener domiciliada una nómina de al menos 600 euros, una pensión de 300 euros, tres recibos o realizar seis operaciones con tarjetas cada trimestre–.

En cambio, en los resultados globales las cifras de Santander son positivas: ha ganado 11.779 millones por comisiones netas en todo el mundo, un 4,6% más que en 2018 sin el impacto de los tipos de cambio. Donde más ingresa por este concepto es en Brasil, 3.497 millones de euros, seguido de España. Y sólo ha reducido las comisiones netas respecto a 2018, además de en el mercado nacional, en Reino Unido, Argentina y en Chile.

La entidad financiera española que más dinero gana en comisiones es Caixabank, con un saldo neto de 2.598 millones de euros, aunque esa cuantía represente sólo un alza del 0,6% respecto a 2018. Gracias a esas cifras, la entidad que preside Jordi Gual se sitúa no sólo por encima del Santander, sino también del segundo banco del país, el BBVA, que el año pasado se apuntó unas comisiones netas por su negocio en España de 1.751 millones de euros, un 4,1% más. Por su negocio global alcanzó los 5.033 millones, un 3,6% por encima del ejercicio precedente. Desde el 16 de diciembre, BBVA cobra 100 euros, en lugar de 60, por mantenimiento de una cuenta. Por las cuentas con libreta retiene 10 euros.

Las del Sabadell crecen un 7,8%

Pero el mayor aumento anual lo ha conseguido el Banco Sabadell, 104 millones, una subida del 7,8%. El banco presidido por Josep Oliu ya comenzó en noviembre a endurecer los requisitos para evitar las comisiones en la Cuenta Expansión Premium: además de exigir unos ingresos mensuales de al menos 700 euros, tener un seguro, un plan de pensiones, un fondo de inversión o una cuenta de valores con más de 10.000 euros, o bien un contrato de renting de un vehículo con la propia entidad. Si no se cumplen esas condiciones, sólo se puede acceder a la Cuenta Expansión básica, que tiene una comisión desde el pasado 1 de enero de cinco euros mensuales, excepto para menores de 30 años o pensionistas. Es la política que están siguiendo la mayoría de las entidades: promover una mayor vinculación del cliente con la entidad a cambio de evitar los recargos.

Las comisiones netas de Bankinter también disfrutaron de un cómodo aumento en 2019, un 6,6%, hasta los 479 millones de euros, pero con subidas del 14% de la banca de empresas y de hasta el 52% en banca de inversión. Otro tanto puede decirse de las ganancias de las dos entidades más pequeñas, Unicaja –231 millones de euros– y Liberbank –191 millones–, que el año pasado mejoraron sus ingresos por comisiones un 5,5% y un 4,4%, respectivamente, en comparación con 2018.

El pasado 15 de diciembre los clientes de Unicaja comenzaron a pagar una comisión anual de 84 euros si habían pasado 18 meses sin hacer ingresos en una cuenta. También si tenían en ella menos de 1.000 euros. En el caso de que el saldo sea inferior a 1.000 euros pero el cliente esté vinculado, con una nómina o pensión domiciliada y una tarjeta operativa, la comisión anual se reduce a 60 euros. O si el saldo medio no supera los 30.000 euros. Para saldos superiores, la comisión será de 24 euros anuales.

Se dispararon en los últimos meses de 2019

Por su parte, Bankia ganó en comisiones 1.081 millones de euros. Aunque sólo supone un alza del 1,5% anual, sólo en el cuarto trimestre sus ingresos por este concepto se dispararon un 8,1% respecto al trimestre anterior. El banco de José Ignacio Goirigolzarri atribuye la subida al 8,9% en que han aumentado sus ingresos por tarjetas, al 14,2% por las cobradas en operaciones corporativas y al 3,3% por las de pensiones, seguros y fondos de inversión.

El pasado mes de septiembre Bankia también endureció el requisito para no cobrar comisiones a los poseedores de una cuenta Por Ser Tú: de 450 a 700 euros como nómina mínima. En caso de no cumplirlo, la entidad cobraba 60 euros al año, 0,5 euros más por apunte, una cuota anual de 28 euros por la tarjeta de débito y 43 euros si es de crédito. A partir del próximo día 23, las condiciones vuelven a recrudecerse: nómina aparte, si no quiere pagar comisiones, el cliente deberá haber contratado una póliza de seguro o tener al menos 30.000 euros en un fondo de inversión, plan de pensiones o seguro de ahorro, o bien hacer dos pagos mensuales con tarjeta de crédito. Si sólo tiene la nómina, se le cobrarán 72 euros al año. Y si ni siquiera tiene domiciliado el salario, la comisión se elevará a 168 euros anuales.

Ese mismo repunte en el último trimestre de 2019 lo han experimentado los ingresos por comisiones de BBVA y de Caixabank. En el primer caso, crecieron un 5%, gracias a sus operaciones en banca corporativa y a la gestión de activos. En el segundo, aumentaron un 5,7%, casi 10 veces más que la media de todo el ejercicio. La entidad catalana exige una nómina de 600 euros y domiciliar tres recibos o pagar tres compras con tarjeta cada trimestre a cambio de no cobrar comisiones en su Cuenta Family. Si no se cumplen esas condiciones, el coste es de 72 euros al año. A partir del 28 de marzo, Caixabank subirá las comisiones de las tarjetas de crédito vinculadas a comercios en divisas distintas al euro.

Un 33% de los ingresos

En Bankia y en el Santander, las comisiones representan ya más de una tercera parte –33,4% y 33,05%, respectivamente– de su margen bruto; es decir, del grueso de sus ingresos anuales. En los casos del BBVA y Caixabank, superan el 30%. Sólo Liberbank, Bankinter y Unicaja están por debajo de ese valor, con un 29,8%, un 23,3% y un 22,9%, respectivamente. La evolución parece clara: en 2018, sólo Bankia y Santander excedían el 30% en comisiones respecto al margen bruto.

Los bajos tipos de interésbajos tipos de interés, en mínimos históricos y sin visos de un cambio de tendencia, están moviendo a los bancos a eliminar las remuneraciones de los depósitos e incluso a cobrarlos a los clientes, de momento sólo a los corporativos o institucionales. Al tiempo que afianzan sus ingresos elevando las comisiones.

Éstos son los comparecientes cuyos testimonios ni el PP ni Ciudadanos, actualmente en el Gobierno autonómico, quieren que se escuchen en la Cámara madrileña.

  CARGOS POLÍTICOS

1. Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde el pasado 19 de agosto. A principios de 2011 hizo gestiones para averiguar “con qué persona había que hablar” a fin de conseguir que Avalmadrid concediera un aval a la empresa de la que eran socios sus padres. Para ello usó sus amistades dentro del Gobierno de Esperanza Aguirre y contactó con un directivo de Avalmadrid, a quien pidió datos sobre la solvencia económica del grupo empresarial de sus padres e información confidencial sobre otras compañías. Este empleado atendió su solicitud al entender que era un encargo que procedía directamente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, entonces ocupada por Esperanza Aguirre.

Además, Díaz Ayuso es propietaria de un piso en el centro de Madrid que obtuvo presuntamente mediante la comisión de un delito: alzamiento de bienes. Sus padres le donaron el inmueble pese a que era una de los inmuebles que figuraban en la lista aportada a Avalmadrid por los socios de MC Infortécnica para demostrar su solvencia patrimonial, cuando solicitaron el crédito-aval de 400.000 euros.

2. Esperanza Aguirre 

Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, cuando se cometieron las irregularidades que investigará la comisión. La Comunidad de Madrid posee en la actualidad el 26,1% de Avalmadrid, cifra que llegó a superar el 30% en algunos años del periodo investigado. Como accionista mayoritario, nombra al presidente de la sociedad de garantía recíproca y a dos vocales del consejo de administración. A lo largo de los años, estos cargos han recaído en viceconsejeros de Economía y Empleo, y directores generales de esos departamentos.  

3. Ignacio González 

Presidente de la Comunidad de Madrid desde septiembre de 2012 hasta junio de 2015. Durante todos esos años Avalmadrid no actuó para recuperar el dinero del aval que MC Infortécnica SL no devolvió. Los préstamos que otorga la entidad semipública están reavalados por Cersa, una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 sociedades de garantías que hay en España, y por la Comunidad de Madrid. En 2012 el Banco de España hizo una primera inspección a Avalmadrid, que terminó con tres requerimientos que la entidad no ejecutó.  

4. Cristina Cifuentes

Presidenta de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015 hasta abril de 2018. Entre 2016 y 2017 el Banco de España sometió a Avalmadrid a una segunda inspección, en la que constató que la entidad no había cumplido dos de los tres requerimientos de su primer examen y que dio pie a la apertura de un expediente. Mientras Cifuentes presidía el Gobierno madrileño, MC Infortécnica SL seguía sin devolver el importe del aval concedido.  

5. Ángel Garrido García

Presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta abril de 2019. El Banco de España presentó su informe sobre Avalmadrid en enero de 2019: ha encontrado anomalías en 167 avales. La entidad encarga un informe a la consultora Forest Partners para que estudie esas operaciones, lo que se traduce en una denuncia ante la Fiscalía que termina archivada por haber prescrito los posibles delitos.

6. Pedro Rollán

Presidente de la Comunidad de Madrid desde abril hasta agosto de 2019. El mes anterior estalló el caso Ayuso.  

7. Ignacio Aguado Crespo

Vicepresidente de la Comunidad de Madrid desde el pasado mes de agosto. La cabeza visible de Ciudadanos en el Gobierno de Díaz Ayuso. Tras declarar que “la sombra de corrupción” en Avalmadrid es “tan grande que habría que cerrarla” y que es necesario llegar “hasta el final del asunto”, ha prometido impedir cualquier iniciativa que pretenda “sacar tajada y atacar personalmente” a Isabel Díaz Ayuso. Por ejemplo, Ciudadanos ha rechazado la comparecencia de la presidenta madrileña y de los socios de sus padres en la empresa MC Infortécnica SL. Aguado es quien ha nombrado al consejero de Economía, Manuel Giménez, y éste, a su vez, al nuevo presidente de Avalmadrid, Isaac Martín.

  MC INFORTÉCNICA SL

8 a 12. Juan Carlos Herrero Casasola, José Luis Marcelino Santamaría,

     Victoria Suñer Cordero, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo López-Cancio

MC Infortécnica SL, la empresa de suministros médicos que consiguió en 2011 un aval de 400.000 euros que nunca fueron devueltos tenía como accionistas a cuatro matrimonios, entre ellos Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la presidenta madrileña.

Cuando lo solicitaron, estos cuatro matrimonios justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3,27 millones de euros. En concreto, ocho viviendas, tres plazas de garaje y dos naves industriales repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila. Tras producirse el primer impago del préstamo, Avalmadrid localizó otro piso en Asturias.

Siete de estos 14 inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley, lo que el Código Penal califica de alzamiento de bienes. Los padres de Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave a terceros. Las transmisiones de bienes se prolongaron desde 2011 hasta 2016.

PP y Ciudadanos no quieren que en la Asamblea se escuche el testimonio de los dos administradores de la empresa –Juan Carlos Herrero Casasola y José Luis Marcelino Santamaría– y de tres avalistas del aval –Victoria Suñer, Victoria Fernández Moyano y María del Carmen Angulo–. Otros dos administradores han fallecido –Leonardo Díaz Álvarez y Juan Manuel Pitarch Divar –. La octava socia y avalista es la madre de Ayuso, a la que ningún grupo ha querido citar de momento como compareciente precisamente para evitar que la presidenta madrileña continúe escudándose en su familia para no dar explicaciones sobre el escándalo.

13. Manuel Pérez Campos 

Director financiero del Grupo MC Infortécnica SL de 2010 a 2012, cuando la empresa pidió el aval. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, fue Manuel Pérez quien facilitó a Avalmadrid la documentación necesaria a fin de cerrar la operación: cartera de pedidos, contratos, escrituras…

  DIRECTIVOS, CONSEJEROS y subcontratistas DE AVALMADRID

14. Sandra Coego Benavides

Gestora comercial de Avalmadrid. Empezó a gestionar la documentación necesaria para que MC Infortécnica SL solicitara el aval de 400.000 euros que luego no devolvió. Era quien estaba en contacto con el director financiero de la empresa de suministros médicos para reclamar y recibir la información necesaria.

15. Ana Suárez Rotellar

En la actualidad es la directora de Comunicación de Avalmadrid, pero cuando MC Infortécnica solicitó el préstamo estuvo en contacto con el director financiero de MC Infortécnica SL, Manuel Pérez Campo. Es sobrina del expresidente de Avalmadrid entre octubre de 2014 y octubre de 2015, José María Rotellar, quien también ejerció como viceconsejero de Hacienda.

16. Fernando Cañellas de Colmenares

Presidente de Cobralia, la empresa con la que Avalmadrid contrató la recuperación de determinados expedientes fallidos. Cobralia no fue muy diligente a la hora de cobrar el aval impagado de MC Infortécnica SL. Avalmadrid no se dio ninguna prisa para actuar y, cuando decidió hacerlo, sólo proporcionó a Cobralia documentación para poner en marcha uno de los dos procedimientos aprobados. Además, el título que permitía actuar contra los avalistas en este asunto, Cobralia lo entregó en el juzgado equivocado. Y en dos años nadie se dio cuenta de lo que había ocurrido. Cuando oficialmente se percataron del error y Cobralia preguntó cómo solucionarlo, Avalmadrid no respondió.

Además, un informe encargado por la propiedad sociedad de garantías y elaborado por PwC desveló la existencia de dos contratos, uno con Cobralia y otro con su presidente, Fernando Cañellas, que pueden haber resultado en el pago duplicado de honorarios a ambos por un mismo servicio: el cobro de fallidos.

17. María Fajardo Lubián

Directora de Recuperaciones de Racmo Gestión España, la empresa que el pasado mes de junio sustituyó a Cobralia en la recuperación de impagados. A Racmo, presidida por Alfonso Cabeza Navarro-Rubio, hijo del famoso presidente del Atlético de Madrid en los años 80, Avalmadrid le encargó dos informes a medida con un doble objetivo: evitar la vía penal en el caso Ayuso y echar la culpa de las graves negligencias cometidas durante siete años por los máximos responsables de la entidad a un abogado de Cobralia.

18. Borja Cubillo Santamaría

Director comercial de Avalmadrid entre septiembre de 2008 y julio de 2014.

19. Daniel Jiménez

Responsable de Sistemas de Avalmadrid.

20. Rafael Severino

Apoderado de Avalmadrid.

21. Claudia Alonso Rodríguez

La procuradora que representaba a Avalmadrid en los procedimientos judiciales a los que tuvo que hacer frente.

  SOCIOS DE LAS EMPRESAS SUPUESTAMENTE favorecidas

22 a 25. Isaac y Moisés Amselemn Eibaz, Ignacio Buqueras y Bach, Rosario Pérez González

Socios del Grupo Nupcial Novíssima, una de las empresas vinculadas a los consejeros de Avalmadrid que recibió un aval. A esta firma fueron dos los concedidos, por importe de 955.000 y 700.000 euros, para financiar su plan de expansión. No pudo devolverlos. Según el informe elaborado por la consultora Forest Partners, la tramitación de estos avales se inició justo después de que Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid (CRM) hubiera tomado una participación en Nupcial Novíssima, donde invirtió tres millones de euros. En aquel momento, el consejero de Avalmadrid Pedro Olabarría Íñiguez de Onzoño era también director general de CRM, por lo que figuraba como apoderado de la firma textil.

26 a 29. Casto Benito Moreno, Ildefonso Hernando Polo, María Luis Pérez Barroso, Marta Martínez Fernández

Socios de Casbar, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles metálicos. Marta Martínez Fernández, por su parte, era socia de Signo Once SL que a su vez era accionista de Casbar. También se le otorgaron dos avales. El primero, de 565.394 euros, y el segundo, de 269.600 euros. Ambas operaciones dejaron un saldo final fallido de 257.941 euros. También estaba relacionada con un consejero de Avalmadrid: José Miguel Guerrero Sedano, vocal de la Cámara de Comercio madrileña, era al mismo tiempo el principal accionista de Casbar, con el 22,52% del capital, y miembro del consejo de administración de la firma con el cargo de presidente, según consta en el informe de Forest Partners.

30 a 33. Cándido y María Cerón Lozano, Fernando Mano de Piniés Canthal, Sonia Torrubiano Gómez

Socios de Vipventa, en el caso de Sonia Torrubiano Gómez a través de la sociedad Cylex Servicios Profesionales SL. Vipventa era una plataforma de venta online de ropa y complementos de marcas de lujo a la que se concedieron otros dos avales, uno de un millón de euros y otro de 350.000 euros. Ambas operaciones, tal y como señala Forest Partners, eran de “alto riesgo” porque, desde su constitución, la empresa “sólo había generado pérdidas”. Vipventa ha dejado a deber a Avalmadrid 526.215 euros.

Parte del capital fue invertido por Inicap I Fondo de Capital Riesgo, gestionado por Möbius Corporate Venture Capital SGECR SA y participado por la Cámara de Comercio de Madrid, a su vez socio de la entidad semipública. Además, Alfonso Carcasona simultaneaba los cargos de consejero de Avalmadrid, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. y consejero de Möbius Corporate, por lo que también ejerció de vicepresidente y consejero de Vipventa desde mayo de 2008, dos meses antes de que se concediera a la empresa el primer aval.

34. Antonio Fernández del Real

Socio de Máscara Films. El director de cine buscaba financiación para la película La Conjura de El Escorial, con un presupuesto de 11,25 millones de euros. Avalmadrid le concedió un aval de un millón de euros en 2007 y otro de 300.000 euros en 2008. Han dejado un agujero de 990.090 euros. En este caso, Caja Madrid y Capital Riesgo Madrid (CRM) cofinanciaban la producción de la película. La primera es socio protector de Avalmadrid –con un 25,3% del capital– y la segunda estaba íntegramente participada por accionistas de la sociedad de garantías. De nuevo, Pedro Olabarría era, a la vez, consejero de la entidad semipública y director general de Capital Riesgo Madrid.

35. Alfonso Ferrón del Río

Socio de Alfedel, que está imputada como persona jurídica en el caso Púnica por la concesión irregular de colegios concertados por parte de la Comunidad de Madrid. Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es una de las empresas que utilizaron Francisco Granados y el ex número dos de la trama, David Marjaliza, para hacer negocio con los colegios concertados por la Comunidad de Madrid y rentabilizar sus contactos e influencias públicas y políticas en el sector de la educación. A Alfedel Avalmadrid también le dio un aval, que no obstante fue devolviendo hasta sumar 175.000 euros entre 2009 y 2013, según publicó Vozpopuli.

36. Gonzalo Juan Martín Díaz

Socio de Cubenube, una startup a la que se otorgaron tres avales por valor total de 225.000 euros. Martín Díaz es hijo de Jesús Juan Ciro Martín Díaz, consejero de Avalmadrid en representación de la patronal madrileña CEIM –de la que fue vicepresidente de 2002 a 2016– y a su vez propietario del 5% de Cubenube a través de la sociedad Performance Medical Support SL. Un conflicto de interés claro, de acuerdo con el dictamen de Forest Partners.

37 y 38. José María Muñoz y Dionisio Silvestre Mata

Socios de Ercam, que recibió dos avales por importe de 2,8 millones de euros. Para la consultora, “lo más llamativo” de la operación es que Avalmadrid entrara en un macroproyecto en Texas, una planta fotovoltaica, a través de un joint venture en la que Ercam era socio minoritario y el 51% estaba en manos de una compañía surcoreana. A su juicio, debería haber obtenido financiación/avales de un banco español internacional; en su lugar los consiguió de Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Como no se tomaron, asegura el informe, las “cautelas suficientes”, el fallido asciende a 1,1 millones de euros.

39. Alejandro Núñez Jiménez

Socio de Volupte SL, para la que Avalmadrid aprobó dos avales en 2008 por importe de 182.014 y 88.500 euros. Ambas operaciones también resultaron fallidas. Se trataba de un proyecto de capital semilla en el sector de la alta costura. De nuevo, el vínculo con la entidad semipública es el consejero Pedro Olabarría, a través de Capital Riesgo Madrid, que tenía una participación del 28,57% en Volupte SL.

40. Javier Pereyra Pardo

Socio de The Tie Gallery España SL. Recibió un aval de 100.000 euros en 2009 para financiar el crecimiento del negocio. Pero, “dadas las dificultades” que estaba atravesando la sociedad, “con pérdidas continuas en los tres últimos años”, todo apuntaba a que el destino de ese dinero era “cubrir parte de sus pérdidas y/o tensiones de liquidez”. La operación dejó una deuda de 34.492 euros. Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y vicepresidente de la patronal CEIM, fue consejero de Avalmadrid entre 2005 y 2010 y, al mismo tiempo, dueño del 33% de The Tie Gallery y su administrador único. Además, uno de sus hermanos poseía un 5% de la empresa.

  OTROS

41. José Ignacio Goirigolzarri

Presidente de Bankia desde mayo de 2012. Bankia es la sucesora de Caja Madrid y, al igual que ésta, el segundo accionista de Avalmadrid, con un 25,3% del capital. Nombra a dos de sus 10 consejeros, en representación de dos de sus empresas: Participaciones y Cartera de Inversiones SL y Valoración y Control SL. Entre las operaciones bajo sospecha hay al menos tres en las que aparece el fondo de capital riesgo Capital Riesgo Madrid (CRM), participado en un 35% por Caja Madrid: los avales concedidos a Grupo Nupcial Novíssima, Volupte SL y la película La conjura de El Escorial.

42. Javier López Madrid

Socio de Möbius, gestora del fondo de capital riesgo Inicap –participado por la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio– que también participó en operaciones bajo sospecha de trato de favor: Vipventa y Bioapter.

43. Isabel Gallego Navarrete

Avalmadrid vendió en 2013 al padre de Isabel Gallego, entonces directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, un estudio en el barrio de Chueca por 30.000 euros. En 2010 había sido tasado en algo más de 100.000 euros y su valor de mercado cuando se vendió superaba los 82.000. Gallego era una de las personas más poderosas del Gobierno autonómico y su marido estaba colocado en Avalmadrid, donde ahora es presidente del comité de empresa.

44. Francisco Marhuenda

Director de La Razón. El sumario judicial de la operación Lezo, que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, incluye la transcripción de una conversación entre Marhuenda y la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en 2016, donde el periodista asegura que “han encontrado dos sociedades que no se sabía que existían dedicadas a hacer como capital riesgo, a prestar dinero a consejeros a través de consejeros (...) dice que es como lo de Avalmadrid, pero peor”.

45. Lourdes Carrasco Laguna

Técnica jurídica del Banco de España. Desde 2012 el organismo supervisor inspeccionó dos veces Avalmadrid. Tras la última ocasión, abrió un expediente que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 personas, entre consejeros y ejecutivos de la entidad semipública, así como para la propia sociedad de garantías y la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.

46. Marta García Miranda

Actual interventora general de la Comunidad de Madrid.

Los seis mayores bancos españoles ganaron 10.467,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 20,8% menos que en el mismo periodo de 2018. De hecho, sólo los más pequeños entre los grandes, Banco Sabadell y Bankinter, aumentaron sus beneficios respecto al ejercicio anterior. Los cuatro gigantes, Santander, BBVA, Caixabank y Bankia, rebajaron sus resultados en los tres primeros trimestres del año.

Banco Santander es la entidad que más dinero gana, 3.732 millones de euros, pero también la que más ha reducido sus beneficios, un 35%. De la caída, el banco de Ana Patricia Botín culpa a las dotaciones que ha debido realizar en Reino Unido: un ajuste de su fondo de comercio de 1.491 millones de euros, una provisión adicional por los seguros de protección de pagos por importe de 103 millones y 40 millones de euros por otros cargos. También ha tenido que pagar 814 millones en costes de reestructuración tanto en Reino Unido como en España.

Si se excluyeran estas partidas, el beneficio del Santander habría alcanzado los 6.180 millones de euros, un 2% más que el año pasado.

BBVA casi ha igualado los beneficios del Santander en lo que va de año, con un resultado positivo de 3.667 millones de euros. Aun así, son un 15,2% menos que en los primeros nueve meses de 2018. La causa del descenso lo atribuye la propia entidad al aumento de los beneficios que supuso el año pasado la venta de su negocio en Chile.

Descontada esa plusvalía, la cuenta para el BBVA respecto al ejercicio precedente supone en realidad una mejora del 1,2%.

Caixabank redujo sus ganancias un 28,4% en los tres primeros trimestres de este año respecto de 2018, con un resultado de 1.266 millones de euros. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto el despido de 2.023 trabajadores y le ha costado a la entidad 978 millones de euros está detrás de este descenso de beneficios. Sin ese gasto, el resultado de Caixabank habría alcanzado los 1.951 millones, un 10,4% por encima del registrado en los nueve primeros meses de 2018.

Los resultados de Bankia son más modestos: 575 millones de euros. Pero también encogen respecto al ejercicio anterior, un 22,6%. La mayor dotación de provisiones por reducción de dudosos y por la venta de carteras de renta fija ha lastrado sus cuentas. Prescindiendo de esos cargos, el negocio bancario de la entidad semipública se tradujo en unos beneficios de 946 millones de euros, un 0,7% más que en los nueve primeros meses de 2018.

Banco Sabadell, en cambio, ha aumentado sus beneficios un 216% respecto al ejercicio precedente, 783 millones de euros. Pero la abultada ventaja se deriva del elevado coste que tuvo para la entidad el año pasado la problemática migración tecnológica llevada a cabo en su filial británica, TSB: 320 millones de euros.

Finalmente, Bankinter ha ganado 444,4 millones de euros, un 10,1% por encima de los beneficios de 2018, gracias a que ha incorporado este año a sus cuentas las cifras de negocio de EVO Banco y de su filial de consumo en Irlanda, Avantcard.

Caída de la rentabilidad

Hasta septiembre, la gran banca también ha empeorado sus ratios de rentabilidad. Para medirla se utilizan dos magnitudes, el ROE (cociente entre el beneficio neto y el capital) y el ROTE (entre el beneficio y el capital tangible). Atendiendo a cualquiera de los dos parámetros, todas las grandes entidades financieras españolas han empeorado su rentabilidad en los tres primeros trimestres del año respecto al mismo periodo de 2018. Excepto Caixabank si se atiende sólo al ROTE –que excluye de la fórmula intangibles como el fondo de comercio, las emisiones convertibles y las preferentes– ordinario, que alcanza el 10,1%, por encima del 9,5% de hace un año. Sin embargo, su ROE cae del 7,9% al 5,6%. La rentabilidad óptima exigida a las entidades financieras se calcula en un 10%, que se supone es el coste de capital del sector. Por encima de ese porcentaje sólo se sitúan ahora Bankinter, con un 12,64%, y BBVA, con un 10,1%. El resto queda muy lejos de la cifra idónea: un 7,02% el Santander –en el último mes, septiembre, fue incluso menor, un 5,9%–, un 6,92% el Sabadell, un 6% Bankia y, como queda dicho, un 5,6% Caixabank.

Otro tanto ocurre con el ROTE. La rentabilidad del BBVA ha caído dos puntos tanto si mide con esta magnitud como con el ROE. Casi la misma pérdida que ha sufrido Bankia en ambas ratios. Bankinter, el más rentable de todos, no publica sin embargo el rendimiento de su capital tangible, aunque también ha reducido el ROE en casi medio punto este año.

Las entidades atribuyen esta baja rentabilidad a los bajos tipos de interés, en mínimos históricos, pese a los desmentidos continuos del Banco Central Europeo (BCE). El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, cifró el pasado lunes en 500 millones de euros el impacto de los bajos tipos en sus cuentas. Por el contrario, tanto el ya expresidente del BCE Mario Draghi como su vicepresidente, Luis de Guindos, han insistido en que la culpa deben buscarla los bancos mucho más cerca: en su escasa eficiencia, su modelo de negocio, el lastre de sus activos tóxicos o el exceso de estructurasu modelo de negocio. De ahí que el exministro de Economía del PP no haya dudado en recomendarles que aceleren la venta de activos improductivos, sigan cerrando oficinas y negocien fusiones, nacionales o incluso internacionales.

Cierre de oficinas y fusiones

En algunas de esas recomendaciones ya le están haciendo caso. Tras presentar los resultados este jueves, el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, anunció que el banco seguirá cerrando oficinas en 2020, aunque ha descartado despidos colectivos. La entidad ha prescindido de 1.355 sucursales desde que Carlos Torres aseguró en junio de 2016 que a la entidad le sobraban 2.800.

Otro banco que ha cerrado masivamente oficinas este año ha sido el Santander, tras ejecutar un ERE para 3.223 trabajadores. En total, desaparecerán 1.150 sucursales cuando concluya el proceso.

También avanzó Onur Genç que la prioridad del BBVA es “crecer de forma orgánica”, aun sin rechazar operaciones “siempre y cuando tengan sentido estratégico y orgánico”. Los rumores sobre posibles fusiones bancarias son una constante en los últimos tiempos. Una de ellas, la de BBVA y Bankia. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri está pendiente de su privatización –el 61,7% del capital pertenece al FROB– pero, como ya ha advertido José Sevilla, habrá que esperar “un momento mejor en el futuro” para vender esas acciones. De hecho Bankia es la entidad financiera que más ha perdido en Bolsa este año, un 48,6%, seguida de Caixabank, un 33,6%. El BBVA, un 12,9%. Tras presentar sus resultados, los títulos del Santander cayeron un 3,1%, que se sumó al 6,48% del miércoles. De forma que Ana Botín compró el jueves un millón de acciones de la entidad, por los que pagó unos 3,6 millones de euros, para intentar parar el desplome de la acción. Los seis grandes se han dejado casi 33.000 millones de euros en el parqué hasta septiembre.

Mientras, la flecha de las posibles fusiones se dirige de nuevo a Unicaja y Liberbank, dos entidades con muy baja rentabilidad cuyas negociaciones ya se frustraron el pasado mes de mayo. Y hacia Abanca, que puede hacerse con cualquiera de las dos anteriores y acaba de cerrar la compra de la filial española del portugués Banco Caixa Geral de Depósitos. Una última combinación es la que incluye a Bankia y Sabadell, dos de los bancos medianos. Bankinter ya se hizo con parte de Evo Banco en 2018, pero excluyó de la operación a Evo Finance, que se quedó en manos de Apollo. Este mismo miércoles, el fondo estadounidense anunciaba el cierre definitivo de Evo Finance para el 30 de junio de 2020, así como un ERE para el 73,7% de la plantilla, 84 personas. Otro despido colectivo más que sumar a un sector financiero en constante sangría de trabajadores desde 2012.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, percibió en 2018 un salario fijo de 500.000 euros, la misma cantidad que el ejercicio anterior.

Asimismo, otros dos consejeros ejecutivos del banco, José Sevilla, consejero delegado, y Antonio Ortega, director general de Personas, Medios y Tecnología, recibieron la misma retribución fija.

Según consta en el informe de retribuciones hecho público este miércoles por la entidad, Goirigolzarri, Sevilla y Ortega generaron además una retribución variable de 300.000 euros que comenzarán a cobrar a partir del año 2022 y que terminarán de percibir en 2024. En esta suma se incluye tanto la variable anual como la de plurianual.

La mitad de esos 300.000 euros se abonarán en metálico, mientras que el otro 50% será percibido en acciones de Bankia.

Las acciones que se entreguen en cumplimiento de la retribución variable no podrán venderse hasta un año después de su entrega a los consejeros.

Carlos Egea, sin variable

Por su parte, el cuarto consejero ejecutivo de Bankia, Carlos Egea, obtuvo una retribución fija de 232.000 euros durante el pasado ejercicio y no percibió retribución variable porque así lo establece su contrato, según el informe publicado por la entidad.

Los demás consejeros de la entidad, de carácter no ejecutivo, tienen estipulado un ingreso anual de 100.000 euros anuales. Estos consejeros no reciben importe adicional alguno en concepto de dietas de asistencia ni retribución por la pertenencia a comisiones del consejo de administración. En este caso, Laura González Molero, nombrada consejera a finales de octubre, percibió 15.000 euros.

Así, en su conjunto, el consejo de administración de Bankia percibió el pasado ejercicio 3,34 millones de euros, un 5% más respecto a los 3,18 millones del año precedente. Esta diferencia se explica por la incorporación de dos consejeros más: Carlos Egea, que fue nombrado consejero ejecutivo en enero de 2018, y Laura González.

Goirigolzarri, Sevilla y Ortega no cobraron remuneración variable ni en 2012 ni en 2013, mientras que en los ejercicios 2014 y 2015 renunciaron a la misma, a pesar de haber cumplido los objetivos establecidos.

3.000 millones devueltos a los contribuyentes

Durante estos años, Bankia ha devuelto a los contribuyentes 3.083 millones de euros, cifra que contabiliza el dividendo que se tiene previsto distribuir el próximo abril.

Una vez se efectúe este pago, Bankia habrá abonado a sus accionistas dividendos por importe de 1.517 millones de euros.

Asimismo, la entidad ha devuelto a los inversores minoristas que acudieron a la OPS de 2011 y a tenedores de instrumentos híbridos más de 4.500 millones de euros.

El plan de retribuciones de los consejeros ejecutivos del banco tiene como objetivo incentivar el logro sostenible de los objetivos estratégicos del banco, alinear su sistema retributivo con las recomendaciones de los organismos supervisores y conseguir la máxima motivación y fidelización de los directivos, según detalla Bankia.

Los emolumentos variables percibidos por los consejeros cuentan con ciertas salvaguardas para su devengo. Así, están sujetos a la evolución futura de la entidad, al establecerse mecanismos de reducción del importe a cobrar, lo que se conoce como cláusulas malus, o, incluso, cancelar los pagos (cláusula clawback) si concurren determinadas circunstancias, como que la entidad incurra en pérdidas, suspenda exámenes de solvencia o se vulnere el código ético y de conducta del banco.

Los seis mayores bancos españoles ganaron el año pasado en territorio nacional un total de 7.167,7 millones de euros, por lo que sus beneficios crecieron un 9,3% respecto al año anterior. Esa cifra representa el 43% de sus resultados totales, que se elevan a 16.676 millones, un 22,4% por encima de los conseguidos en 2017.

De las seis entidades, Bankia no tiene negocio en el exterior desde que fue rescatada y Bankinter cuenta con una filial en Portugal que en 2018 le aportó 60 millones de euros de beneficio antes de impuestos. En las cuentas que hizo públicas el pasado 24 de enero, no revela la cifra de beneficio después de impuestos que atribuye a Bankinter Portugal. Por tanto, descontados estos dos bancos, los otros cuatro, Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell, que son los que desarrollan mayor actividad internacional, obtienen no obstante en España el 38,4% de sus beneficios.

Y ello pese a que son frecuentes las quejas de sus responsables sobre la mala salud del negocio bancario en España. Por ejemplo, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, aseguró en el Congreso que su banco “no genera beneficios en España desde hace seis años”. Se refería a la suma de los resultados del Banco Santander España, la división inmobiliaria y el centro corporativo. Estas dos últimas divisiones sí dan pérdidas, no así el primero. En 2018 el banco de Ana Patricia Botín ganó 1.738 millones de euros en España, un 21% más que el ejercicio anterior. El porcentaje de crecimiento es superior al que ha tenido el beneficio global de la entidad, un 18%. Su resultado alcanzó los 7.810 millones de euros, la mayor cifra desde 2011.

Ciertamente, los beneficios españoles del Banco Santander se derrumbaron a partir de ese año, como consecuencia de la crisis financiera, y llegaron a su mínimo en 2013, cuando sumaban sólo 430 millones de euros. Pero desde entonces no han hecho más que subir y los del año pasado multiplican por 3,6 los de cinco años atrás. Según la propia entidad, el buen resultado se debe al “aumento de los ingresos comerciales” y a la integración del Banco Popular. De hecho, cifra en un 40% el aumento del número de clientes vinculados –los que consideran al Santander su banco principal– y en un 14% el de la facturación de tarjetas. En pymes ha crecido un 17% y en banca privada, un 30%. Los depósitos por la cuenta 1,2,3 han mejorado un 8%, un alza de 5.300 millones respecto a 2017.

Un comportamiento similar han tenido los resultados de BBVA. Los beneficios del banco de Carlos Torres en España también alcanzaron su mínimo en 2013, cuando ganó 589 millones de euros, pero los registrados en 2018, 1.522 millones de euros, los multiplican por 2,6. La entidad atribuye sus buenos resultados –gana un 10,8% más que en 2017– al crecimiento de las comisiones en un 7,7%. También se felicita por el 22% en que ha subido la financiación al consumo y las tarjetas de crédito respecto al año anterior y el aumento de los depósitos en un 6,5%.

El año pasado el BBVA se apuntó unas ganancias globales de 5.324 millones, lo que se traduce en un espectacular aumento del 51,3% respecto a 2017, que la propia entidad atribuye a la plusvalía conseguida con la venta del BBVA Chile.

Más comisiones, menos morosos, más rentabilidad

Caixabank no tuvo negocio en el exterior hasta que en 2017 adquirió el portugués BPI. Ese año se apuntó 176 millones de euros de beneficios procedentes de la entidad lusa, apenas el 10,4% de los 1.684 millones que ganó en total. En 2018, BPI ha aportado al grupo unos beneficios de 262 millones de euros, el 13,2% de la cifra global de ganancias, 1.985 millones de euros. Caixabank mejora así sus números en España en un 14,25% respecto a 2017.

Bankia también disparó el ejercicio pasado sus resultados, un 39,2%, tras registrar unos beneficios de 703 millones de euros. La fusión con BMN le ha supuesto un aumento del número de clientes, asegura la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, que además ha elevado los ingresos por comisiones en un 25,3%. Y ha reducido sus activos improductivos en 6.000 millones de euros, duplicando su objetivo, por lo que la tasa de morosidad ha bajado 2,4 puntos. Gracias a sus buenos resultados, Bankia subirá un 5% el dividendo por acción, por lo que el Estado, a través del FROB, recibirá 219 millones de euros por el 61,4% de acciones que posee de la entidad nacionalizada. Así, habrá devuelto ya 3.083 millones de las ayudas públicas, más de 24.000 millones que recibió al ser rescatada.

Bankinter ganó 526,4 millones de euros el año pasado, un 6,3% más que en 2017, y presume de ser el “banco cotizado español más rentable”. Lleva seis seguidos “batiendo resultados”, hasta alcanzar en 2018 más beneficios que nunca. Ingresó un 6,2% más por comisiones que en el ejercicio precedente y tiene una morosidad de sólo el 2,9%, menos de la mitad que la media del sector.

Banco Sabadell, en cambio, es el único de los seis grandes que ha encogido sus beneficios. Nada menos que un 54,2%. Ganó 328,1 millones de euros en 2018, pero en su caso el desplome se debe a sus problemas en TSB, el banco británico que compró en 2015. Sin los costes extraordinarios que le supuso el cambio de plataforma tecnológica del TSB, que cifra en 637,1 millones, Sabadell habría aumentado su beneficio en un 9,6%, asegura la entidad. En España, de hecho, ganó 955 millones de euros el año pasado, aunque la cifra también es un 39% inferior a la de 2017. En Reino Unido, por el contrario, perdió 239,9 millones: en los dos últimos años, un total de 130.000 clientes cerraron sus cuentas en TSB por los errores informáticos que cometió el banco y que incluso le costaron el puesto a su consejero delegado, Paul Pester.

16.676 millones de euros en 2018

Los 16.676 millones de euros ganados por los seis grandes en 2018 constituyen su mejor resultado desde 2009. Los beneficios de la gran banca se hundieron en 2012, cuando sumaron sólo 1.731,9 millones de euros. Entonces era el Popular el más pequeño de los grandes; hoy se encuentra integrado en el Santander y Bankinter ocupa su lugar en la cabecera del sector financiero español. Desde entonces, las ganancias de la gran banca no han dejado de crecer, aunque todavía no alcanzan los 17.590 millones de euros conseguidos en 2008, el primero año que resultaron tocados por la crisis financiera. En plena euforia económica, un año antes, habían registrado la cifra récord de 21.595 millones.

Sin embargo, los mejores resultados de la gran banca en una década se han producido cuando sus acciones se desmoronaban en la bolsa. Mientras el ÍBEX 35 perdía un 15% en 2018, Sabadell, Bankia y BBVA se dejaban más del doble: la cotización de sus acciones se hundió un 37,4%, un 35,5% y un 34,8%, respectivamente. Las del Santander cayeron un 27,5%, mientras que las de Caixabank descendían un 18,6% y las de Bankinter, un 11,2%. El mal comportamiento no es único de la banca española, sino que se reproduce en el resto del mundo. Si el ÍBEX bancario se desmoronó un 28,7% el año pasado, el índice de bancos de la zona euro bajó aún más, un 33,3%, y el Stoxx Banks, que incluye al Reino Unido, se recortó un 28%. El S&P Regional Banks de Estados Unidos lo hizo un 20,5%.

Los afectados atribuyen semejante depresión inversora a las incertidumbres políticas en Italia, Brasil y Reino Unido –con la amenaza del Brexit–, así como a la guerra comercial de Estados Unidos con China. También los síntomas de desaceleración de la economía mundial influyen en la escasa alegría de los mercados bursátiles. Es decir, los bancos acuden a causas externas al sector para explicar la debacle, que les ha supuesto una pérdida de capitalización superior a los 50.000 millones en un año. El caso es que la caída se ha producido antes incluso de que se hicieran públicas las relaciones del expresidente del BBVA Francisco González con el comisario Villarejo, la renuncia del Santander al carísimo fichaje del italiano Andrea Orcel como consejero delegado o el ERE de Caixabank. Queda fuera igualmente de las explicaciones de los banqueros el escándalo que provocó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.

Ante estas perspectivas, no es de extrañar que la privatización de Bankia se retrase, a la espera de mejores condiciones en la Bolsa. Este viernes, la acción del banco semipúblico cerró a 2,48 euros, tras una semana en la que las entidades financieras no han dejado de caer mientras presentaban sus buenos resultados de 2018.

Banco Sabadell fue el más castigado, al acumular un descenso del 15,8% en la última semana. Fue el que peores resultados publicó. Pero los demás tampoco tuvieron mucha animación en el parqué pese a que lucían mejores caras. CaixaBank perdió un 10%, Bankinter un 7,75 %, Santander un 6,49 %, Bankia el 4,21% y el un 2,02% el BBVA.

Bankia obtuvo un beneficio atribuido de 703 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 39,2% respecto a 2017, tras la incorporación de BMN, según ha informado este lunes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En términos ordinarios, el beneficio se situó en 788 millones, lo que supone un descenso del 3,4% respecto a los 816 millones ganados en el ejercicio anterior, ha informado Europa Press.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que el año 2018 ha sido, desde el punto de vista estratégico, "muy importante" para la entidad porque ha integrado a BMN "en un tiempo récord y de forma magnífica", lo que abre "enormes" posibilidades de cara al futuro y ha añadido que la fusión ha proporcionado ya un incremento de la base de clientela.

Durante 2018, Bankia elevó un 5,5% el margen de intereses, hasta 2.049 millones de euros (no obstante, de haberse incluido a BMN en la cuenta de resultados de 2017, esta línea caería un 9,6%). Los ingresos por comisiones se incrementaron un 25,3% (3,4% en comparación homogénea) y los resultados por operaciones financieras aumentaron un 11,5%, lo que permitió que el margen bruto avanzara un 11,3% (cae un 6,3% con BMN) y se situara en 3.368 millones.

El margen bruto de clientes creció hasta el 1,58%, nivel que se equipara con el logrado en el primer trimestre de 2017 y que, con anterioridad, no se conseguía desde la segunda mitad de 2013. Esta cifra fue cinco puntos básicos superior a la del último trimestre de 2017, crecimiento que estuvo motivado por un menor coste de los depósitos y un ligero aumento del rendimiento de los créditos.

Los gastos de explotación crecieron un 20,7% por la integración de BMN, pero en perímetro homogéneo descendieron un 4,3% gracias a la aceleración de la captura de sinergias tras la fusión, que ascienden ya a 130 millones de euros, frente a los 66 millones que se preveían para este momento. Con ello, el margen antes de provisiones subió un 1,4% (-9,1% en proforma), hasta 1.498 millones.

Las dotaciones ordinarias de crédito y adjudicados se elevaron a 437 millones, un 2,5% menos que el ejercicio anterior, lo que permitió reducir cinco puntos básicos, hasta el 0,18%, el coste de riesgo recurrente.

De manera adicional, se realizó una dotación extraordinaria de 85 millones después de impuestos por la venta de una cartera de activos improductivos de un tamaño de 3.070 millones en el momento del acuerdo. A cambio, esta operación permitirá ahorrar 200 millones de euros en los tres años posteriores a su cierre.

De esta forma, el beneficio ordinario ascendió a 788 millones de euros (un 3,4% menos), que queda en 703 millones si se resta la provisión extraordinaria por la venta de carteras (un 39,2% más que los 505 millones del año pasado, cuando se hizo un cargo de 312 millones para la fusión).

Eleva un 5% el dividendo

Con estos resultados, el consejo de administración propondrá a la junta general de accionistas elevar un 5% el dividendo por acción, hasta los 11,576 céntimos (11,024 céntimos en 2017). Así, la cuantía total que se abonará a los accionistas de Bankia ascenderá a 357 millones de euros, frente a los 340 millones del ejercicio precedente. El pay-out alcanza así el 50%.

Con la participación actual del 61,4% que tiene el FROB en Bankia, este dividendo supondrá un nuevo avance en el proceso de devolución de las ayudas por importe de 219 millones de euros. Así, el total de las ayudas reintegradas tras realizarse el pago, que está previsto en abril, ascenderá a 3.083 millones de euros, de los que 961 millones corresponden a los cinco dividendos abonados desde 2014.

Los mayores bancos del país han ganado en los nueve primeros meses del año un total de 13.228,4 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo de 2017. De las cinco entidades que cotizan en el ÍBEX 35 sólo el Banco Sabadell ha recortado sus beneficios Banco Sabadell en los últimos 12 meses, nada menos que un 56,5%, debido a la venta de algunas carteras y los problemas que le ha supuesto la migración tecnológica de TSB. El impacto en sus cuentas de la crisis de su filial británica ha alcanzado los 559,6 millones de euros, lo que ha reducido las ganancias del Sabadell a 247,8 millones hasta septiembre.

Además, Bankia ha aumentado el beneficio sólo un 0,6%, hasta 744 millones, tras completar su fusión con BMN. Por el contrario, Santander, BBVA y Caixabank han elevado sus ganancias con cifras de doble dígito: el BBVA un 25,3%, Caixabank un 18,8% y el Santander un 13%BBVA CaixabankSantander. Sólo el resultado de Bankinter ha crecido menos, aun así un 7,3%. En euros, el banco de Ana Botín es el que más gana, 5.742 millones, seguido del BBVA, con 4.323 millones. Caixabank se apunta 1.768 millones de euros y Bankinter, 403,6 millones.

De esos más de 13.200 millones de beneficios, el 42,67% lo consiguen los cinco grandes bancos con su negocio en España. Son 5.644,8 millones de euros, lo que equivale a un aumento del 14,8% respecto a los nueve primeros meses de 2017. En España, el Santander ganó hasta septiembre 1.306 millones de euros; el BBVA, 1.167 millones.

Ambos son también los bancos con mayor negocio internacional. De hecho, el país que más aporta al beneficio del Santander es Brasil, con un 26% –1.942 millones de euros–, mientras que España contribuye con un 17% y Reino Unido con un 14% –1.077 millones–. En todas las áreas de negocio ha aumentado sus ganancias el banco de Ana Botín este año menos en Argentina. La hiperinflación le ha costado un 38% de sus resultados, que han caído hasta los 67 millones de euros. Por el contrario, en Estados Unidos el Santander ha disparado el beneficio un 46,5%, hasta los 460 millones.

En el caso del BBVA, sus puntos flacos han sido Argentina y Turquía. La hiperinflación le ha costado 190 millones de euros a la entidad que dirige Carlos Torres Vila y que ha perdido dos millones de euros hasta septiembre. En Turquía, el BBVA posee el 48,95% de Garanti Bank, que ha ganado 488 millones, un 18% más que en 2017, pese al hundimiento de la lira turca este verano y al deterioro de hasta casi un 150% de sus activos financieros. Por el contrario, el BBVA ganó en México 1.851 millones, un 13% más, y en Estados Unidos otros 541 millones, lo que equivale a una significativa mejora del 34,5%.

Los que menos negocio internacional poseen son Caixabank, Sabadell y Bankinter. Bankia tiene prohibido salir de su territorio natural por el memorando de rescate de Bruselas. Caixabank integró en febrero de 2017 al portugués BPI, que ha aportado al beneficio de la entidad catalana 168 millones de euros hasta septiembre, 12 millones menos que el año pasado. Por tanto, apenas supone un 9,5% de sus resultados. Sabadell cuenta con una filial en México y con el TSB en Reino Unido. De los 140.234 millones en créditos que maneja el banco de Josep Oliu, sólo el 2,1% procede de su filial mexicana, y el 24,6% de TSB. Sabadell no publica la aportación al beneficio del banco de cada una de estas unidades de negocio.

Finalmente, Bankinter cuenta con una filial en Portugal, que en los nueve primeros meses del año ha ganado 43,5 millones de euros, el 10,7% de los beneficios de la entidad en ese periodo. Y acaba de cerrar la compra de una firma irlandesa de créditos al consumo, Avantcard, filial de Evo Banco.

Margen de  intereses y comisiones

Los bancos se quejan del lastre que para su margen de intereses supone los tipos de interés en mínimos históricos de la zona euro. De hecho, según el Banco de España, el margen de intereses –la diferencia entre lo que cobran por el dinero que prestan y lo que pagan a los clientes por sus depósitos, el negocio bancario básico– ha caído un 28% desde 2007 y se sitúa al mismo nivel que tenía en 2003, arrastrado también por el aumento de la morosidad y la caída en el volumen de operaciones. No obstante, como admitió el gobernador de Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su primera intervención ante el Congreso de los Diputados este miércoles, la rentabilidad de los bancos españoles se sitúa por encima de la media de la UE.

Así, por ejemplo, el margen de intereses sobre activos totales medios en España es de sólo el 1,12% a fecha de septiembre, pero se eleva hasta el 5,77% en México y el 5,17% en Turquía. Eso explica que el BBVA gane más en México, donde tiene préstamos por importe de 52.039 millones y depósitos por otros 50.327 millones, que en España, pese a que aquí el volumen de los préstamos y depósitos más que triplica el americano. Para compensar el estrechamiento de los márgenes, los bancos utilizan otros mecanismos con los que sostener los resultados. Como subir las comisiones. El Santander ha aumentado los ingresos por este concepto un 21% en España, mientras que en Brasil lo ha hecho un 15% y en México sólo un 9%.

“Seis años en pérdidas”

En las presentaciones de resultados que se han sucedido a lo largo de la última semana, los responsables de los grandes bancos se han felicitado por los beneficios de sus respectivas entidades. “Hemos aumentado los clientes vinculados y digitales”, elogió Ana Botín, “y estamos entre los tres primeros en satisfacción de clientes en la mayoría de nuestros mercados”. “Los resultados del tercer trimestre son una muestra de la fortaleza del modelo de negocio y de la diversificación del grupo BBVA”, ha destacado por su parte Carlos Torres Vila. El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, alabó la “buena marcha” del negocio y la “rentabilidad” del grupo, mientras que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, resaltó que la entidad ha elevado su número de clientes, aumentado el negocio en fondos de inversión, planes de pensiones, hipotecas, crédito al consumo y financiación a las empresas, al tiempo que ha reducido los créditos dudosos, “aumentando la solvencia y la rentabilidad”.

El pasado septiembre, el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, aseguró en el Congreso de los Diputados que el banco lleva seis años sin generar beneficios en España, dato que utilizó para rechazar la creación de un impuesto a la banca como había prometido el PSOE antes de llegar al Gobierno. Para llegar a esas pérdidas, Álvarez incluyó en las cifras los resultados del centro corporativo y de la división inmobiliaria.

La semana pasada fue el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, quien lamentó el perjuicio que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de actos jurídicos de las hipotecas puede ocasionar a los bancos debido al “problema de baja rentabilidad” que, según dijo, padecen.

Bankia reclamó a Hacienda un total de 347,2 millones de euros en devoluciones por el impuesto de sociedades entre 2015 y 2016. De esa cantidad, 344,88 millones corresponden a la Hacienda del Estado y el resto, a las forales vasca y navarra. Según las declaraciones de ese impuesto a las que ha tenido acceso infoLibre, el banco nacionalizado. Esa cantidad reclamada en la liquidación anual se corresponde exactamente con la cifra que la entidad financiera había ingresado en Hacienda por adelantado, a través de pagos fraccionados y retenciones a cuentas. Por tanto, en términos netos, Bankia no abonó ni un sólo euro por el impuesto de sociedades en esos dos ejercicios.

En 2015 y 2016, Bankia obtuvo unos beneficios de 1.050,38 millones de euros en 2015 y de 493,9 millones en 2016. En total, 1.490,28 millones de euros.

La única forma de saber cuánto ha pagado una empresa o un banco por el impuesto de sociedades es consultando los documentos que presentan ante la Agencia Tributaria, puesto que la que tienen que aportar a organismos o registros públicos es parcial –CNMV, Banco de España, Registro Mercantil–. La mecánica del impuesto de sociedades es similar a la del IRPF. En ambos casos, las personas físicas o jurídicas van abonando durante el ejercicio fiscal unos pagos adelantados a Hacienda: en el caso del IRPF son las retenciones mensuales que se realizan sobre los ingresos de los trabajadores, mientras que en las empresas son los denominados pagos fraccionados, que las sociedades tienen que abonar tres veces a lo largo del ejercicio –en octubre, diciembre y abril–. Y luego, una vez al año, tienen que hacer la liquidación con la Agencia Tributaria: si una persona o una empresa ha ido pagando durante el año más de lo que les corresponde de acuerdo con sus ingresos o beneficios, les sale a devolver; es decir, Hacienda les devuelve lo que ha cobrado de más durante el año. Y si han abonado menos de lo que deberían, la liquidación les sale a ingresar, de forma que el trabajador o la compañía pagan la diferencia entre lo que ya aportaron y lo que realmente les corresponde según sus rentas o beneficios.

Pues bien, infoLibre ha tenido acceso al modelo 220 –la liquidación anual que presentan ante Hacienda los grupos consolidados– de declaración realizada por Bankia en 2015 y 2016, lo que permite saber cuánto dinero ingresó la entidad en Hacienda en concepto de pagos fraccionados y retenciones a cuenta y cuál fue el resultado de la liquidación anual. 

Bankia sigue así la misma operativa que el Grupo Santander, que como desveló este periódico, tampoco abonó ni un solo euro por el impuesto de sociedades entre 2013 y 2016. En esos cuatro años, la entidad presidida por Ana Botín también reclamó a la Agencia Tributaria que le devolviese exactamente la misma cantidad que había abonado por adelantado a lo largo del ejercicio.

Deducciones

En 2015, siempre según los datos que constan en los modelos 220, la base imponible de Bankia resultó ser positiva, 425,55 millones de euros. Pero, tras aplicarse deducciones por doble imposición interna pendientes de años anteriores por importe de 124,51 millones y de 3,15 millones más por doble imposición internacional, sumadas a las retenciones ya practicadas por la Agencia Tributaria y a los pagos fraccionados realizados previamente por el banco, en la liquidación anual le salió "a devolver" 152,75 millones para la Hacienda central.

En 2016, por el contrario, la base imponible fue directamente negativa, -27,98 millones de euros, gracias a que se aplicó una correcciones de 41,15 millones de euros. No activó ninguna deducción a esa base imponible, pero gracias a las retenciones y los pagos fraccionados realizados con anterioridad, la devolución que reclamó a la Hacienda central se elevó hasta 192,12 millones de euros.

Bankia explica su base imponible negativa por el hecho de que ese año se produjeron la mayoría de los pagos a clientes derivados de su salida a Bolsa en 2011. En ejercicios anteriores, el grupo había provisionado los importes a los que calculaba que iba a tener que hacer frente e hizo los “ajustes positivos correspondientes” por considerar estas provisiones no deducibles; es decir, tributó por ellas. En 2016 practicó los “ajustes negativos” de esas cantidades.

De esta forma, en 2016 aún disponía de un total de 12.643,53 millones de euros en bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que podrá seguir usando en años futuros para rebajar su factura fiscal. Al igual que otros 422,27 millones de euros en deducciones no utilizadas. Entre estas últimas, Bankia acumulaba en ese ejercicio 203,95 millones de euros en deducciones pendientes por reinversión de beneficios extraordinarios, 178,13 millones por doble imposición interna, 6,03 millones por doble imposición internacional, 4,9 millones por innovación tecnológica o 3,89 millones de euros más por donativos a entidades sin fines de lucro.

Así que esos créditos fiscales se convirtieron en un colchón tributario de 8.304 millones de euros en 2016, de los cuales 7.996,52 son activos fiscales diferidos (DTA).

Los DTA se originan a partir de las provisiones que los bancos realizan –para cubrir el riesgo de los créditos e inmuebles tóxicos, por ejemplo–, de las aportaciones a los planes de pensiones de sus plantillas y de las pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades no son deducibles en el impuesto de sociedades, pero Hacienda permite a los bancos acumularlas en forma de DTA y utilizarlos en los siguientes ejercicios para reducir sus pagos fiscales.  

38,25 millones 'a devolver'

En junio de 2017 Bankia absorbió Banco Mare Nostrum (BMN), también participada mayoritariamente por el Estado y fruto de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra. De nuevo, en BMN la práctica es idéntica a Santander y Bankia: las cantidades abonadas por adelantado durante los ejercicios 2015 y 2016 en concepto de pagos fraccionados y retenciones a cuenta, la entidad financiera reclama a Hacienda que se las devuelva en la liquidación anual del impuesto. En total, pidió un reembolso de 38,25 millones de euros a la Hacienda central –no operaba en País Vasco y Navarra–.

BMN declaró a Hacienda en 2015 unos beneficios de 40,74 millones, pero un año después ya se encontraba con unos números rojos de 40,82 millones de euros. En ese primer ejercicio su base imponible también fue positiva, 63,69 millones de euros. Después se aplicó una compensación de 23,9 millones de euros por bases imponibles negativas de años anteriores y deducciones por doble imposición interna e internacional que sumaron 19,1 millones de euros. Con las retenciones practicadas con anterioridad y los pagos fraccionados realizados previamente, finalmente la declaración le salió a devolver por un importe de 26,04 millones de eurosa devolver.

En 2016, en cambio, la base imponible fue negativa, -80,68 millones de euros. Descontando las retenciones y pagos fraccionados, pidió un reintegro a Hacienda de 12,21 millones de euros. Ese año le quedaron unas bases imponibles pendientes de compensar de 245,07 millones de euros, así como deducciones para ejercicios futuros de 79,3 millones. De ellas, el capítulo más importante es el que se refiere a las deducciones por doble imposición interna, que ascienden a 55,34 millones de euros.

Los activos fiscales de BMN heredados por Bankia

El colchón fiscal con que contaba BMN al término de 2016 era de 2.357,78 millones de euros en activos por impuestos, de los cuales 2.305,17 millones correspondían a DTA. Ahora esos créditos fiscales los ha heredado Bankia, a la que ayudarán a recortar su factura a Hacienda en próximos ejercicios. De hecho, nada más absorber BMN, el banco de José Ignacio Goirigolzarri pidió a Hacienda, en la misma declaración de 2016, que le pagara 37,98 millones por ese concepto. La Ley del Impuesto de Sociedades permite a cualquier empresa, no sólo a los bancos, convertir los DTA en “créditos exigibles frente a la Administración tributaria” si registra pérdidas o si es liquidada o declarada insolvente por un juez. Es lo que hizo el Santander al comprar el Popular –solicitó al fisco que le abonara 474,23 millones de euros también en la declaración de 2016– y Bankia.

No obstante, no todos los DTA cuentan con esa garantía del Estado y puede pedirse su abono en efectivo. Sólo se permite con los DTA generados por provisiones y por aportaciones a planes de pensiones, que equivalen a un 60% de los activos fiscales diferidos, pero no a los generados por bases imponibles negativas.

En 2015, Bruselas abrió una investigación para determinar si esa garantía sobre algunos DTA constituía una ayuda de Estado ilegal. Así que el Gobierno impuso a los bancos una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5%, que fue aceptada por Bruselas para cerrar la investigación. Por esa tasa el Estado recaudó 471 millones en 2017, según los datos de la Intervención General del Estado. También se limitaron las deducciones por estos activos, que llegaban al 60% en la base imponible en 2016 y al 70% a partir de 2017, pero se han quedado en el 25%.  

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Este reportaje es el tercero de una serie de infoLibre sobre los beneficios fiscales de la banca. Puedes consultar aquí los anteriores:

1. Lo que realmente pagan los bancos a Hacienda por el impuesto de sociedades

2. Hacienda le devuelve al Banco Santander 2.440 millones en cuatro años por el impuesto de sociedades

Mientras corren, y luego se desmienten, los rumores sobre un posible interés del BBVA en comprar Bankia, Unidos Podemos llevó al Congreso una propuesta para conservar el banco en poder del Estado y convertirlo en el núcleo de una renovada y más potente banca pública. También el PSOE ha resucitado la idea de una banca pública que garantice tanto el crédito para inversiones a largo plazo como el crédito social.

En España la banca pública se redujo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde que Argentaria, fruto de la fusión en 1991 del Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Caja Postal y Banco Exterior, fue privatizada y terminó fusionándose con el Banco Bilbao Vizcaya en 1999. Francisco González fue el último presidente de Argentaria y el primer copresidente, junto a Emilio Ybarra, del recién nacido BBVA.

Tras la crisis financiera de 2008 y la consiguiente restricción del crédito que padeció la economía española, han vuelto, aunque tímidas, las voces que reclaman el regreso de una banca pública con más músculo del que tiene ahora el ICO. Bankia fue rescatada con dinero público, un mínimo de 22.424 millones según las cifras oficiales del Banco de España, con la idea de devolverla al sector privado antes del diciembre de 2019. Al menos así queda recogido en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado con Bruselas. Sin embargo, los bajos índices de rentabilidad del negocio bancario lastran su cotización bursátil, por lo que la venta de las acciones de Bankia se retrasa día a día a la espera de que el mercado se anime. Por el momento, se han colocado sólo dos paquetes de acciones, el primero en febrero de 2014, un 7,5% del capital, por importe de 1.300 millones de euros, y el segundo, el 12 de diciembre pasado, un 7%, por menos dinero, 818,3 millones de euros. El 18 de abril el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, admitió en el Congreso que no tiene “ninguna ansiedad” por vender Bankia y se empieza a hablar de retrasar a 2020 la fecha límite en busca de un repunte de las acciones en el parqué.

En ese escenario el Congreso debatía sobre la conveniencia de dejar Bankia en el sector público –el Estado sigue poseyendo casi el 61% de las acciones del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri–, fusionarla con el ICO y convertir ambos en una renovada banca pública que financie proyectos de infraestructuras e industriales, facilite el acceso a la vivienda y ofrezca “un sistema de depósitos seguro y a bajo coste”. La proposición no de ley fue rechazada por la Comisión de Economía.

“En otros países europeos existen bancos públicos con cuotas de mercado de entre el 15% y el 25%”, responde Bruno Estrada, director de Estudios y Proyectos de la Fundación Primero de Mayo de CCOO y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Madrid. En Francia, la Caisse des Dépôts, la Banque Postale y la Banque Publique d'Investissements (BPI) son públicos. Este último invierte en sectores industriales considerados estratégicos, explica Estrada. Alemania cuenta con una banca pública regional, dependiente de los Länder. En Italia, a la Banca Posta y la Cassa Depositi e Prestiti se le unió en 2011 el Fondo Strategico Italiano, que imita la política de inversión industrial del BPI francés. En Holanda, el Bank Nederlanse Gemeenten es la cuarta entidad del país por volumen de activos. Hasta en Dakota del Norte, destaca Estrada, existe un banco público donde la administración estatal está obligada por ley a depositar todos sus ingresos y cuya misión es impulsar la economía del Estado.

Contra la concentración bancaria

Aunque el economista de CCOO no cree que España pueda ni deba imitar el modelo alemán, por ejemplo, sí aconseja renegociar el MoU con la Unión Europea, mantener el control estatal sobre el 51% de Bankia y dar un “papel más activo” al ICO. “El ICO carece de capacidad ni personal suficientes para gestionar las líneas de crédito, tiene que firmar acuerdos con las entidades bancarias para hacerlo”, lamenta Estrada. En esa queja coincide con Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario entre 1985 y 1994. “El ICO tiene ahora un papel muy limitado en la economía española, pinta muy poco”. Representa el 2% del crédito, cuando hasta los años 90 llegó al 15%.

Ambos defienden la existencia de un “segmento público” en el sector financiero también como forma de contrarrestar la creciente concentración bancaria. Tras la absorción del Popular por el Santander y de BMN por Bankia, “las cinco mayores entidades controlan el 70% de la actividad bancaria en España”, recuerda Bruno Estrada. Según el informe anual que acaba de publicar el Banco de España, si se le añade el negocio de estos cinco bancos en el extranjero, esa cuota es aún mayor: el 81,5%, cuando en 2008, antes de explotar la crisis, no pasaba del 49%. “La concentración redunda en un empeoramiento de las condiciones que se ofrecen a los clientes, además de que la concentración provoca exclusión bancaria: cada vez más núcleos de población se quedarán sin sucursales”, apunta Julio Rodríguez.

Para el expresidente del Hipotecario, rechazar la banca pública por anacrónica es una postura “muy ideológica”. Por su parte, Bruno Estrada destaca el elevado coste  que el rescate de Bankia ha tenido para el contribuyente y aboga por añadir “criterios sociales” a los “de mercado” en las líneas de actuación de la banca. Por ejemplo, “un comportamiento diferenciado en las hipotecas”: “Si ofreces mejores condiciones a los particulares en estos créditos pequeños obligas a la banca privada a mejorar las suyas y así mejoras las condiciones del crédito en general, introduciendo más competencia en un mercado cada vez más concentrado”, asegura.

Al tiempo, Estrada defiende que se mantenga la parte de Bankia que ya está en manos privadas. “Ayuda a disciplinar la gestión en términos de eficacia económica”, sostiene, “supone un control de la gestión pública que evitará lo ocurrido en las cajas de ahorros”.

Vivienda sí, infraestructuras no

También Julio Rodríguez ve con buenos ojos que Bankia se quede en el sector público, o bien se refuerce el ICO, con la mira puesta en promover la vivienda en alquiler. “España carece de un parque público de vivienda social para alquiler y los bancos privados no están dispuestos a financiar promociones sobre suelo cedido por los ayuntamientos”, lamenta Rodríguez, quien cree que ahí debería estar un ICO que preste directamente, en lugar de a través de los bancos privados como hace ahora, y “capte dinero también directamente de los mercados”. “O una Bankia que desarrolle determinadas líneas que sugiera el Gobierno con condiciones algo mejores que las privadas, pero sin poner en peligro su cuenta de resultados”, ofrece.

Eso sí, a diferencia de Estrada, desaconseja que la banca pública imite a la francesa invirtiendo en infraestructuras. “Para eso es mejor la financiación presupuestaria, los préstamos tienen costes muy altos y terminan siendo ruinosos”, advierte el expresidente del Hipotecario.

Julio Rodríguez recuerda que en su época “el crédito oficial funcionaba bien”. “El Banco Hipotecario tenía 500 empleados [el ICO cuenta con 300 trabajadores], unos beneficios de 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros] y el 40% de la vivienda pública oficial en su cartera”, presume. Aunque, para mejorar su experiencia, Julio Rodríguez pide que una posible nueva banca pública sea sometida a un “seguimiento muy estrecho” por parte del Parlamento y que la elección de sus directivos sea tan estricta “como la que se hace con los del Banco de España”.

“La banca pública ya está inventada y no funcionó”

Por el contrario, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, responde que “no tiene sentido” ni recuperar la banca pública ni que ésta sea Bankia. “La banca pública ya está inventada y no funcionó”, apunta en dirección a las cajas de ahorro. “Fueron el reflejo de lo que pretendía ser la banca pública, sus inversiones fallidas eran inversiones dirigidas por los gobiernos, las terras míticas y similares…terras míticas”, mantiene. Aunque se trataba de entidades privadas, las cajas de ahorro “por gobernanza sí tenían objetivos públicos”, critica García Montalvo, “por ejemplo, invertir en parques de atracciones porque de ello dependía el futuro de una comunidad autónoma era un objetivo del político de turno, que luego resultó que se equivocaba o que tenía incentivos perversos para financiar cosas que no tenían sentido”.

A su juicio, la banca pública sólo es necesaria cuando se sufre un problema general de falta de financiación, como ocurrió durante la crisis, o si hay algún sector o actividad en particular cuyo desarrollo interesa al Estado y no tiene otra forma de conseguir dinero más que recurrir al ICO. Pero en estos momentos, resalta el economista de la Pompeu Fabra, los tipos de interés están lo suficientemente bajos como para que la ayuda pública sea innecesaria. Es más, “ahora faltan empresas que pidan financiación, los bancos querrían prestar más, pero con la crisis las grandes compañías han huido de la financiación bancaria y se han lanzado a emitir bonos”.

García Montalvo replica también que las entidades privadas seleccionan mejor los sectores financiables que el Estado. Rechaza “el dirigismo industrial”. “No funciona bien”, continúa, “en Cataluña ha habido mucho y ha sido desastroso”.

Del ICO alaba el apoyo que prestó a las pymes durante la crisis, cuando se les cerró el grifo de la financiación, pero critica los préstamos Renta Universidad, que han dejado entrampados a miles de estudiantes que los pidieron para cursar másters entre 2009 y 2011. “La banca pública debe ser complementaria de la privada y dedicarse a financiar cosas muy concretas en las que los bancos privados no entran porque son muy arriesgadas pero importantes desde el punto de vista estratégico”, precisa. Y en ese campo limitado “no hay papel para Bankia”, subraya: “Si quisiera hacer una banca pública, yo no haría una Bankia”. Según explica, la entidad rescatada “tiene una estructura y una determinada concentración geográfica que no encajarían en la banca pública”. Tampoco para financiar proyectos de vivienda. “Eso ya se hace en los planes estatales de vivienda, que utilizan a los bancos privados: se ofrecen tipos más bajos y la diferencia la paga el Estado”, descarta.

Sobre lo que ninguno de los economistas consultados se atreve a conjeturar es la fecha adecuada para vender Bankia. Bruno Estrada rechaza de plano la privatización, Julio Rodríguez advierte de que la idea de vender “como sea” antes de dos años perjudicará irremediablemente el precio y José García Montalvo teme por un sector bancario en serio peligro ante la amenaza de Google, Amazon y las fintech. “Vender Bankia para recuperar todo lo invertido en el rescate es una quimera, por mucho que mejore el mercado; el objetivo será conseguir el máximo posible”, se resigna.

Las compañías del ÍBEX 35 ganaron 36.400 millones de euros en 2016, un 18% más que el año anterior, pero han elevado sus plantillas apenas un 0,3%. De hecho, sólo una, Inditex, ha aumentado de personal al crecer su actividad; el resto tiene más empleados únicamente porque ha adquirido otras empresas. Ferrovial, que compró ese año Broadspectrum, una firma australiana, también fue la compañía donde más crecieron los gastos de personal, 1.000 millones de euros, un 36,1%.

Sin embargo, el gasto total en personal de las 35 empresas del ÍBEX se redujo en un 0,7% –481,16 millones de euros– en 2016 respecto del ejercicio anterior. Y aún más cayó el gasto medio de personal, un 3,6%. La compañía que más lo recortó fue Telefónica, casi un 21%, seguida de Caixabank –13,4%– y Endesa –11,7%–. Si la atención se pone en el gasto salarial medio, resulta que las mayores compañías españolas sólo subieron sus sueldos un 0,5% en 2016. El gasto de personal –salario, cotizaciones a la Seguridad Social, indemnizaciones por despido, aportaciones a planes de pensiones y retribuciones con acciones– por empleado de las empresas del ÍBEX 25 es de 55.000 euros al año; de esa cifra, 33.000 euros corresponde a los salarios.

Este conjunto de cifras procede de la radiografía que la Fundación Primero de Mayo de CCOO ha hecho del selectivo bursátil español en su informe anual sobre los indicadores de buen gobierno de estas 35 compañías. Para explicar la contención de la partida de personal de estas grandes empresas, además de al número de trabajadores, hay que atender a los cambios en las características de las plantillas. De las 35 empresas del ÍBEX, sólo 18 publican cuántos de sus empleados trabajan a tiempo parcial. En conjunto, los trabajadores por horas representan el 16,57% de su personal, un punto por encima de la media nacional en 2016. Ese año, además, crecieron un 14,2% respecto del anterior, mientras que los trabajadores a tiempo completo sólo aumentaron un 3%.

Pero las cifras se multiplican en algunas compañías. En Inditex, el 61% de su plantilla tiene jornadas a tiempo parcial jornadas a tiempo parcial. La segunda empresa con más empleados con este tipo de contrato es Ferrovial, y cuenta con muchos menos: el 14,8%. Indra alcanza el 14% y Mediaset, el 12,6%. En AENA, Banco Popular y Red Eléctrica, casi toda la plantilla tiene empleos a jornada completa.

A tenor de las cifras reveladas por el informe, algunas de las grandes compañías han aumentado el número de sus trabajadores apostando con verdadero entusiasmo por el empleo a tiempo parcial. Así, Bankinter elevó nada menos que un 777% la nómina de sus empleados por horas en 2016, e Indra un 112,3%, mientras reducía la de trabajadores a tiempo completo un 18,4%. Mediaset la aumentó un 58,4% y Meliá Hotels un 48,7%. También Caixabank y el Banco Santander han optado por las medias jornadas, con un alza, respectivamente, del 26% y el 23,3% –y un descenso del tiemplo completo del 4% en este último caso–. Pero la compañía que más empleados a tiempo parcial contrató en 2016, en números absolutos, fue Inditex: 10.439, casi cinco veces más que Indra –2.539 personas– y el Santander –2.000–.

Por el contrario, la tasa de temporalidad de las 35 grandes el ÍBEX, el 16,7%, está casi 10 puntos por debajo de la media nacional. Excepto en una empresa, la constructora ACS, en la que asciende al 67%, muy por encima del 28% de Meliá Hotels o el 25,6% de Técnicas Reunidas. En Inditex, el 20% de la plantilla tiene un contrato temporal. Por el contrario, no llega ni al 1% el empleo de este tipo en Bankia, Cellnex, Merlin Properties, Red Eléctrica y Banco Popular.

Techo de cristal

En conjunto, las mujeres representaban en 2016 el 48% de las plantillas del ÍBEX, 1,2 puntos porcentuales más que el año precedente. Once de las 35 empresas del índice emplean a más mujeres que hombres: en Inditex las trabajadoras suman el 75,7% y en los supermercados DIA, el 65%. Pero también son mayoría en el Banco Sabadell –56%–, el Santander –55%– y Mapfre –55%–. Por el contrario, en Acerinox apenas equivalen al 11,6%, en Gamesa al 18% y en Cellnex al 20%.

Las grandes del ÍBEX son un claro ejemplo del techo de cristal: pese a que las mujeres equivalen a casi la mitad de sus empleados, sólo el 13% de los altos directivos lo son: 54 de un total de 413. El informe destaca que en seis empresas no hay ni una sola mujer en sus equipos de dirección: Acerinox, Merlin Properties, Gamesa, Telefónica, Iberdrola y Viscofan. En Acciona e Inditex, las compañías con más directivas, sólo tienen a cuatro mujeres cada una en la cúpula ejecutiva. Inditex, además, es la empresa con mayor plantilla femenina: 122.974 trabajadoras. Otro ejemplo: el 54,6% de los empleados de Bankia son mujeres, pero sólo uno de sus cinco altos ejecutivos lo son.

Al pasar a los consejos de administración, resulta que las mujeres representaban sólo el 20% de sus miembros en 2016, después de que ese año se incorporaran siete nuevas consejeras. En cualquier caso, Abertis y Santander cuentan con un 40% de mujeres en sus consejos, mientras que Red Eléctrica e Iberdrola alcanzan el 36% y el 35%. En cambio, Cellnex no tiene ninguna consejera y Técnicas Reunidas nombró a su primera mujer en 2016. Repsol, Técnicas Reunidas, Mediaset, Ferrovial, Bankia, Endesa, Amadeus y Viscofan sólo cuentan con una. Es más, sólo dos de las 89 consejeras del ÍBEX tienen cargos ejecutivos: Ana Patricia Botín en el Santander y Concepción Dancausa en Bankinter. La mayoría, el 31%, son consejeras independientes.

Los mejor pagados y los más 'pobres'

Si el gasto de personal de las compañías del ÍBEX se redujo en 2016, y más aún el gasto por empleado, las retribuciones de sus primeros ejecutivos se elevaron un 9,2% y un 8,6% las de los equipos de dirección. Sin embargo, la remuneración de los consejos de administración se redujo un 3,4%.

De media, los presidentes ejecutivos y consejeros delegados cobraron cuatro millones de euros. Aunque quedaron muy por encima las retribuciones del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, que se llevó 15,3 millones gracias a un paquete de opciones sobre acciones, o los 9,9 millones de Ana Patricia Botín. Pablo Isla se embolsó 10,4 millones en Inditex e Ignacio Sánchez Galán 9,4 millones en Iberdrola. Los pobres del ÍBEX son los presidentes de las semipúblicas AENA –166.000 euros para José Manuel Vargas–, Bankia –750.000 euros para José Ignacio Goirigolzarri– y Red Eléctrica –750.000 también para el consejero delegado, Juan Francisco Lasala–.

De esta forma, la brecha entre los salarios de las cúpulas del ÍBEX y los que cobran sus trabajadores se ensancha. En 2016, la retribución media de un presidente ejecutivo o consejero delegado equivale a 123 veces el sueldo medio de su plantilla. Y esa distancia aumentó 10 puntos respecto al año anterior. Pero se trata de un promedio. Si se pone la lupa en algunas empresas, la brecha se convierte en abismo. En Inditex, la diferencia entre lo que cobra Pablo Isla y la nómina media de sus empleados es una ratio de 559Pablo Islaratio. En Ferrovial, Rafael del Pino cobra 406 veces el salario medio. En el Banco Santander, la remuneración de Ana Patricia Botín multiplica por 233 el sueldo medio de sus trabajadores. Por el contrario, las empresas menos desiguales son también las semipúblicas AENA –con una ratio de 4,7–, Red Eléctrica –12,1– y Bankia –14,4–.

El desfase entre las máximas retribuciones y los sueldos de las plantillas se entiende mejor si se tiene en cuenta que Inditex tiene el tercer gasto salarial medio más bajo del ÍBEX, 18.500 euros. Sólo en DIA, con 15.000 euros, y en Meliá Hotels, con 18.400, el sueldo medio es peor. La empresa con mejores salarios, por el contrario, es la inmobiliaria Merlin Properties, que paga una media de 283.000 euros a cada uno de sus 132 empleados, la plantilla más pequeña del selectivo. Esta socimi también es una de las empresas con menor desigualdad entre trabajadores y cúpula directiva: su primer ejecutivo cobra 22 veces el sueldo medio; sus consejeros, el triple, y los miembros del equipo directivo, 1,5 veces la retribución promedio.

Repsol, reina del blindaje

En el otro extremo, las cuatro empresas con brechas más amplias, tanto si se consideran los primeros ejecutivos, como los consejeros y la alta dirección, son Inditex, Santander, Ferrovial y Mapfre. Además, de los 759 contratos blindados de que disfrutan los consejeros, ejecutivos y directivos del ÍBEX, 244 pertenecen a Repsol –45 menos que en 2015–. A considerable distancia le siguen los 77 de Grifols y los 62 de BBVA. Cinco empresas dicen no tener ninguno: ACS, AENA, Banco Popular, Bankinter y Mapfre.

Finalmente, el informe de la Fundación Primero de Mayo destaca que cinco empresas del índice pagaron en 2016 dividendos a sus accionistas muy por encima de los beneficios obtenidos. Gamesa distribuyó 1.026,9 millones de euros entre sus accionistas, casi 3,5 veces los beneficios de ese ejercicio. Acerinox, casi el doble de lo que ganó: 124,2 millones de euros. Los 3.647,9 millones de euros en dividendos repartidos por Telefónica multiplican 1,5 veces sus resultados. Ferrovial los superó 1,4 veces y Mediaset los excedió en casi cinco millones de euros.

Bankia prevé repartir entre sus accionistas más de 2.500 millones de euros en los próximos tres años, más del doble que los 1.160 millones abonados en los últimos cuatro años, según contempla su Plan Estratégico 2018-2020 anunciado este martes por la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

Esta cifra es consecuencia de su intención de elevar al 45-50% el porcentaje de beneficios que va a destinar al pago de dividendo ordinario en efectivo ('pay out') y de reintegrar el exceso de capital sobre el 12% 'CET1 fully loaded'.

El banco prevé alcanzar un beneficio de más de 1.300 millones en el último ejercicio del plan, un 62% más que en 2017 (un 162% si se calcula sobre los 505 millones ganados incluyendo los ajustes realizados por la fusión con BMN), y elevar su ROE (rentabilidad sobre fondos propios) al 10,8%, una vez ajustado a un nivel de capital del 12%.

El Tribunal de Cuentas estimó en 2017 que el rescate de BFA/Bankia costó a las arcas públicas 12.347 millones de euros. El Banco de España lo elevó a 12.690 millones, a los que hay que sumar los 192 de BMN. Según el organismo regulador, se estima que se recuperarán en el caso de Bankia 9.734 millones. En este momento, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, controla el 66% de Bankia.

La tasa de morosidad se situará por debajo del 4% y la ratio de cobertura superará el 55%, con un coste de riesgo que se mantendrá en 24 puntos básicos, al tiempo que la eficiencia mejorará hasta quedar por debajo del 47% después de que las sinergias de la fusión con BMN se eleven a 190 millones, un 22% más de lo previsto inicialmente.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que la entidad inicia este nuevo plan "con mucha ilusión" porque la "fuerte" posición de balance y el dinamismo comercial de los que parte se ven reforzados ahora por la eliminación de las restricciones por parte de la Unión Europea y el empuje que da la ejecución de la fusión con BMN.

"Este proyecto que ahora comenzamos es muy diferente al que planteamos hace cinco años, pero ambos compartirán dos puntos de partida: seguiremos haciendo muchos esfuerzos para tener un sólido gobierno corporativo y continuaremos gestionando con la mirada puesta en nuestros principios y valores", ha añadido.