Es una mañana distinta en el Claudio Moyano de Zamora, un instituto público que puede no parecerlo a primera vista. Catalogado como centro histórico, rodeado de jardines, con techos altísimos y espacios señoriales, el gran instituto del centro de Zamora con casi 900 alumnos está de celebración: una alumna, Zhishan He, ha sacado la mejor nota de la PAU en las nueve provincias de Castilla y León, una comunidad conocida por tener una de las selectividades más exigentes del país. Un 9,975 que, a pesar de lo improbable que resulta conseguirlo, no ha sorprendido a sus profesores ni a compañeros.

Zhishan He es hija de un matrimonio chino que emigró de Fuzhou a Zamora cuando ambos rondaban la treintena y que regenta un restaurante. Es la tercera de cuatro hermanos, de 23, 21,17 y 16 años. Empezó a ser una alumna brillante en la ESO. “En primaria no tanto, sobre todo por el idioma. Porque como en casa hablaba chino, se me dificultaba un poco; pero bueno, a partir de secundaria todo fue mejorando”, cuenta a infoLibre sentada en la escalera exterior de la fachada principal, bajo el letrero que recuerda que el edificio cumplió un siglo en 2019.

La niña que batalló con una lengua escolar que no era su lengua materna ha sacado en la prueba de acceso a la universidad un redondo 10 en Lengua Castellana y Literatura, cuando la nota media en el distrito de la Universidad de Salamanca, al que pertenecen también Zamora y Ávila, ha sido un 6,87. ¿Qué es necesario para alcanzar ese nivel de excelencia? “Está claro que tiene que haber una capacidad de base mínima, pero el esfuerzo yo creo que es la respuesta. Su esfuerzo, su trabajo incansable y su constancia”, explica a infoLibre Ana, su profesora en esa materia. Y lo ilustra: “Le pones cinco textos y, a los dos días, con total tranquilidad y humildad te dice: Ya los he acabado, ¿me das alguno más si puedes, por favor? ¿Me corriges? Ósea, magnífica”.

Zhishan He asegura que ella nunca se propone la meta de sacar el 10, sino que intentar dar lo mejor de sí misma es simplemente su manera de actuar. Siempre ha vivido el hecho de ser hija de migrantes “con bastante normalidad”. “No me ha afectado ni nada, pero yo creo que ha sido un factor importante porque el hecho de que mis padres se hayan esforzado tanto en venir hasta aquí y en trabajar tantísimo me ha hecho querer esforzarme yo también y poder conseguir, pues bueno, todo lo que he conseguido”, reconoce.

La noticia de que la mejor PAU de Castilla y León pertenece a una alumna hija de migrantes llega en la misma semana en la que el PP ha sellado su segundo Gobierno con Vox en la comunidad. Lo ha hecho con un pacto que eleva aún más la retórica antiinmigración del partido de ultraderecha mediante la llamada "prioridad nacional", que plantea discriminar por origen en el acceso a ayudas y servicios públicos.

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado por el aro, como sus compañeros de partido en otras comunidades, aunque su narrativa intenta marcar otro tono: Castilla y León acoge a todo aquel que desee trabajar y contribuir. La llegada de migrantes de otros países es, de hecho, una de las últimas esperanzas demográficas de una de las zonas más despobladas de Europa, con más de un millón de personas nacidas en la comunidad viviendo fuera.

Zhishan He está a punto de pasar a engrosar esa cifra. Como ha ocurrido históricamente, ella y su impresionante expediente académico se trasladan a Madrid en cuanto suena la última campana del instituto. Siempre ha querido estudiar Ingeniería Biomédica y, aunque se puede cursar en la Universidad de Valladolid, ella busca las ventajas que pueden darle la Carlos III o la Politécnica. “Allí tienes más oportunidades de hacer intercambios y de convenios con empresas”, argumenta. Podrá vivir en una residencia de la capital gracias a sus padres y lo tiene muy presente: “Mis padres me ofrecen esta oportunidad y yo pienso aprovecharla al máximo”.

La alumna autoexigente que describen sus profesores lo tiene todo previsto: “Me gustaría inventar algo, fabricar algún dispositivo, a lo mejor dedicarme a la investigación, pero en España casi no hay oferta laboral para esta carrera, según dicen”. No descarta irse después a algún país europeo con más empleo en su campo. El inglés lo maneja ahora mejor que el chino natal de sus padres. Ha sacado un 9,9 en la PAU y tiene el B2 de la Escuela Oficial de Idiomas. “La verdad que el inglés no es problema”, dice con la humildad serena con la que la describen docentes y compañeros.

El elegante Claudio Moyano puede no parecer un instituto público a primera vista, pero lo es y sus profesores lo llevan a gala. Álvaro Gallego, jefe de estudios de Bachillerato y profesor de Biología de Zhishan He, defiende que el mensaje fundamental de esta historia de éxito es que "la enseñanza pública garantiza la igualdad de todos los alumnos". "Aquí una de las premisas que tenemos todo el profesorado es que nuestro alumnado es igual independientemente de su procedencia", cuenta a infoLibre.

Los institutos de Castilla y León son cada vez más diversos, aunque aún hay una brecha entre la ESO y el bachillerato. “Puede quedar mucho por hacer, pero cada año se va logrando más. En los primeros cursos hay más diversidad de alumnado y se atienden, cuando hay, necesidades específicas, problemas de aprendizaje o de idioma, que suele pasar muy a menudo”, explica.

Zhishan He no es una excepción. El año pasado, el centro tuvo una alumna de origen marroquí con matrícula de honor. “Es decir, la escuela pública ejerce el papel de igualador y da oportunidades a todos independientemente de su nivel económico, social o su procedencia. Ese es el gran reto y también la gran esperanza”, considera, emocionada, Ana, la profesora de Lengua.

Zhishan He se ha sentido siempre bien acogida en su instituto como hija de inmigrantes. “Sobre todo en Zamora, yo creo que la acogida es bastante buena, a lo mejor en otras localidades cambia, pero en Zamora yo creo que no hay mucho problema”, comenta junto a Rodrigo, su amigo desde los tres años.

“Siempre la recuerdo muy buena estudiante, aunque lo de que fuera la mejor nota ni lo había barajado. Sí estaba preocupado por que entrara en la carrera que quería y estoy muy contento de que lo consiga”, relata, antes de que ambos se vayan a comenzar el verano irrepetible de los 17 años, cuando todo está por escribir.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

Los acuerdos entre el Partido Popular y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León siguen el mismo patrón: incorporan medidas de fuerte carga ideológica en inmigración, vivienda, ayudas públicas, seguridad y servicios sociales, pero varias de ellas no pueden ejecutarse plenamente desde un gobierno autonómico. En unos casos porque invaden competencias exclusivas del Estado, en otros, porque chocan con derechos reconocidos por leyes orgánicas estatales o por el derecho europeo.

Para cubrirse las espaldas — y de las potenciales querellas o recursos ante los tribunales— , estas medidas están redactadas con salvaguardas como "en el ámbito de sus competencias", "conforme a la legalidad vigente" o "se instará al Gobierno de España". Son coletillas que funcionan como reconocimiento implícito de que la promesa política no puede aplicarse literalmente desde un consejo de gobierno autonómico.

Y aunque los pactos entre los conservadores y la extrema derecha sí tienen sus efectos en presupuestos, subvenciones, estructura administrativa, inspección, vivienda o servicios propios, sus medidas estrella —prioridad nacional, exclusión de migrantes en situación irregular, retorno de menores, reforma del padrón, prohibición general del burka o blindaje de la central nuclear de Almaraz en Extremadura— dependen de terceros para hacerse realidad. Las autonomías pueden recurrir, condicionar ayudas o presionar al Ejecutivo central, pero poco más.

Los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León han introducido la llamada "prioridad nacional" como “principio inspirador”, que el PP traduce como "arraigo real, duradero y verificable" para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas, vivienda protegida y alquiler social. Sin embargo, para Vox se trata de poner en práctica su consigna racista de “los españoles primero” en el acceso a los servicios. En Extremadura y Aragón se fijan mínimos de empadronamiento de diez años para compra y cinco años para alquiler; en Castilla y León el acuerdo replica ese criterio con requisitos de arraigo en la comunidad y en España.

Las comunidades autónomas tienen competencias en vivienda, servicios sociales y parte de la política de ayudas, pero no pueden usarlas para vaciar derechos reconocidos por la legislación estatal de extranjería. La Ley Orgánica 4/2000 reconoce a los extranjeros residentes el acceso a servicios y prestaciones sociales en las mismas condiciones que los españoles, y a los residentes de larga duración el acceso a ayudas de vivienda también cumpliendo ese criterio. Además, considera discriminatorios los actos que impongan condiciones más difíciles a un extranjero por su nacionalidad.

Por ese motivo el PP ha tratado de vender la medida como un criterio más a aplicar dentro de un baremo, en el que “el arraigo” es uno más, al igual que la vulnerabilidad, la discapacidad, o el hecho de ser familia numerosa. Así, todos los presidentes autonómicos han negado que se trate de establecer una preferencia general por ser nacional. Y, aunque usar el empadronamiento como criterio de baremación es legal, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió el pasado 7 de mayo que exigir diez años de residencia para acceder a una prestación social y de inserción laboral constituía una “discriminación indirecta contra beneficiarios de protección internacional” al analizar un caso italiano.

Las tres comunidades también incluyen de forma expresa la exclusión de las personas en situación irregular del acceso a prestaciones y servicios sociales "estructurales", limitándolos a supuestos de urgencia vital. Pero la Ley de Extranjería establece que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Y, por tanto, una comunidad autónoma no puede impedirlo.

Los tres acuerdos también rechazan la reubicación de menores migrantes entre las comunidades autónomas que se aprobó esta legislatura en el Congreso y plantean impedir nuevas plazas, reducir gasto y favorecer retornos. En los tres casos se asegura que no se facilitará la acogida de estos menores y se comprometen a “trabajar” para devolverlos a sus países de origen. Sin embargo, las comunidades autónomas no son las que deciden sobre traslados ni sobre las devoluciones. 

Las autonomías son las encargadas de gestionar la protección de menores y de administrar los centros, la tutela y los recursos de acogida. Pero inmigración, extranjería, asilo y relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, como le ha recordado el PP al presidente Pedro Sánchez en distintas ocasiones desde que ejerce el cargo.

La Ley de Extranjería permite que las comunidades firmen acuerdos con países de origen para favorecer la atención e integración social de menores en su entorno de procedencia, pero no les da poder para ordenar repatriaciones ni para desobedecer los mecanismos estatales de derivación cuando estén previstos legalmente. Una comunidad autónoma puede recurrir ante los tribunales o reclamar financiación, pero no bloquear por sí sola un reparto obligatorio aprobado en la Cámara Baja.

Los tres acuerdos también proponen reformar la Ley de Bases de Régimen Local para que quien no tenga título habilitante de ocupación de una vivienda no pueda empadronarse válidamente ni usar el padrón para acceder a derechos o prestaciones. Pero los propios pactos también reconocen que no pueden hacerlo sin modificar una ley estatal. Las autonomías sí pueden crear unidades antifraude, coordinarse con ayuntamientos o revisar el acceso a ayudas si hay falsedad documental, pero no alterar la naturaleza del patrón.

El padrón municipal se rige por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y por instrucciones estatales de gestión padronal. El criterio vigente es que el padrón debe reflejar dónde vive realmente cada persona, aunque no es un registro de propiedad ni un instrumento para controlar la legalidad de la ocupación de una vivienda. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha recordado que el control de la permanencia de extranjeros corresponde al Ministerio del Interior, no a los ayuntamientos a través del padrón.

Además, los tres pactos prometen aplicar de forma firme el desahucio exprés y reforzar la protección a propietarios afectados por ocupaciones. La comunidad puede financiar asistencia jurídica, oficinas de apoyo, ayudas a víctimas o convenios con colegios de abogados, pero no modificar por sí sola los plazos judiciales, las causas de desalojo ni las reglas procesales. La legislación procesal, civil y penal corresponde al Estado. 

Los tres acuerdos plantean prohibir el burka y el niqab, al menos en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, después del fracaso de las propuestas de Vox y el PP en el Congreso por falta de apoyos. En los pactos, se limita la medida al "ámbito de sus competencias", pero se puede producir un choque jurídico si se atiende a los antecedentes. 

En el año 2013, el Tribunal Supremo anuló en 2013 la prohibición del velo integral aprobada por el Ayuntamiento de Lleida porque limitaba la libertad religiosa y porque una administración territorial no podía restringir un derecho fundamental sin una ley previa suficiente. La aconfesionalidad establecida en la Constitución tolera de manera muy amplia las manifestaciones de las distintas religiones y credos aunque choquen con otros derechos fundamentales. Incluso en casos como el rechazo a las transfusiones de los Testigos de Jehová, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, pese a la implicación del derecho a la vida y a la integridad.

Esa doctrina no impide cualquier regulación de identificación en casos concretos —por ejemplo, controles de seguridad o trámites administrativos donde sea imprescindible identificar a una persona—, pero sí dificulta una prohibición general y preventiva basada en convivencia, igualdad o seguridad. Si una comunidad quiere regular el acceso a edificios autonómicos, tendría que hacerlo de forma proporcionada, neutral, ligada a necesidades concretas de identificación y sin convertirlo en una prohibición general del símbolo religioso. 

Hasta la fecha, el tribunal europeo ha rechazado los motivos relacionados con la seguridad ciudadana que esgrime el PP para prohibirlo, es decir, el peligro que puede suponer un velo integral para la identificación de las mujeres que lo lleven. Prohibir el burka o el niqab por ese motivo supondría privar a esas personas "de un elemento de su identidad que consideran importante", así como de "la forma en la que han elegido para manifestar su religión o sus creencias", algo que, según Estrasburgo, podría evitarse con "una mera obligación de mostrar el rostro e identificarse cuando se haya establecido un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes o cuando circunstancias particulares hagan sospechar una suplantación de identidad”.

En los recientes acuerdos impulsados por PP y Vox, el Pacto Verde está muy presente. Entre sus medidas, abogan por un "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", de protegerlo "de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", y también defienden rechazar el acuerdo UE-Mercosur.

Sin embargo, el Pacto Verde Europeo es una estrategia política de la Comisión Europea -institución presidida por la conservadora Ursula Von der Leyen- para transformar la economía, la energía, el transporte y la industria hacia un modelo más sostenible. La propia Comisión lo vincula con la Ley Europea del Clima y con el objetivo de neutralidad climática en 2050.

La clave jurídica está en que parte de ese paquete ya es derecho vinculante. Por ejemplo, el Reglamento Europeo del Clima obliga a la UE a alcanzar emisiones netas cero en 2050 y exige a instituciones y Estados miembros adoptar las medidas necesarias. Además fija una reducción neta de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990. Los reglamentos europeos son "obligatorios en todos sus elementos" y "directamente aplicables" en los Estados miembros.

El pacto extremeño promete "blindar" la continuidad de la central nuclear de Almaraz y acompaña esa promesa de la eliminación progresiva de la ecotasa autonómica. La Junta de Extremadura puede modificar o suprimir tributos propios si respeta la ley y aprueba los cambios presupuestarios correspondientes, pero no decidir por sí sola su continuidad. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030.

Las instalaciones nucleares están sometidas a autorizaciones estatales, con intervención del ministerio competente y del Consejo de Seguridad Nuclear. También la planificación eléctrica corresponde al Estado, con participación autonómica, pero no con decisión final autonómica. 

El acuerdo de Aragón exige al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad común para toda España, la misma petición que han trasladado de manera recurrente las comunidades del PP. Sin embargo, el diseño básico del sistema de acceso y la igualdad de condiciones en todo el Estado dependen de normativa estatal. Y, por tanto, Aragón no puede implantar unilateralmente una EBAU única nacional.

Por tercera vez en este ciclo político, el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en Castilla y León tras los de Extremadura y Aragón. Se trata de un pacto más extenso que el de 2022, cuando la extrema derecha de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno con el PP con el visto bueno de su recién llegado líder, Alberto Núñez Feijóo, y que incluye la llamada "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y prestaciones públicas. Así, los ultras tendrán voz y voto a la hora de decir quién tiene acceso a qué subsidios.

El nuevo acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León no es, sin embargo, una simple reedición del pacto firmado en 2022. Es un pacto “más detallado”, como han repetido el actual presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, en varias ocasiones, y también más ideológico. Si aquel primer entendimiento que convirtió a Mañueco en el primer presidente autonómico del PP en gobernar con la extrema derecha se limitaba a 11 ejes y 32 medidas, el documento acordado este miércoles tiene 62 páginas, 19 bloques programáticos, plazos de ejecución y un reparto de poder que devuelve a Vox al Consejo de Gobierno con una vicepresidencia primera y tres consejerías.

Aunque el acuerdo de 2022 hablaba de "inmigración ordenada", de "educación libre de adoctrinamiento" y de "violencia intrafamiliar", conceptos utilizados por Vox de manera habitual, el de este miércoles asume la "prioridad nacional", los "menores no acompañados" las auditorías del gasto vinculado a la inmigración, la prohibición del burka y el nicab, la revisión de "leyes ideológicas", el  rechazo a la Agenda 2030 y el blindaje del campo frente al Pacto Verde europeo. La agenda de Vox condensada en un documento.

El nuevo Ejecutivo tendrá 11 integrantes, según avanzó el propio Mañueco. El PP retiene la Presidencia, una vicepresidencia segunda y seis consejerías —Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial— . A esto se suma que la vicepresidencia segunda del PP asumirá Vivienda, Despoblación y Protección Civil. En cuanto a Vox, volverá a tener la Consejería de Agricultura y Ganadería, pero también Política Ambiental, además de hacerse cargo de la cartera de Cultura, Turismo y Deporte y la nueva área de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. De esta manera, asume más competencias, desgajadas de las siete consejerías del PP.

La “prioridad nacional”, el “criterio inspirador”

La principal cesión del PP a Vox pasa por asumir la “prioridad nacional” y dejar que sea Vox quien asuma las competencias migratorias, aunque Mañueco lo intentó rebajar al defender que es "el mismo texto" que en Extremadura y Aragón. Es más, la presentó como una "asignación prioritaria" vinculada a un "arraigo veraz y verificable". Según su explicación, será un "criterio inspirador" que habrá que ir desarrollando "medida a medida", siempre "dentro del ordenamiento jurídico y el marco legal". Es decir, el PP asume el marco de Vox, pero, como ya hicieron la extremeña María Guardiola y el aragonés Jorge Azcón, lo vende como un sistema de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.

Mañueco, al igual que sus homólogos en Aragón y Extremadura, la asume como propia pese a que se trata de una exigencia de los ultras. En el documento se vincula al acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, y también a vivienda protegida y alquiler social. De este modo, los conservadores aceptan ordenar los recursos públicos bajo una lógica de preferencia para quienes acrediten una vinculación previa con el territorio. Es asumir la consigna racista de ‘los españoles —o los castellanoleoneses—  primero”, que defiende abiertamente la formación de Santiago Abascal.

El hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes de Castilla fue más claro. Polán situó la "prioridad nacional" en las ayudas sociales y la vivienda y defendió que el acuerdo es "más amplio" y con "medidas concretas". También quiso despejar las dudas sobre la confianza entre ambos socios y aseguró que sí “se fía” de Mañueco tras las desavenencias del pasado, ya que la relación entre Fernández Mañueco y su vicepresidente, Juan García-Gallardo, no fue precisamente buena. El dirigente de Vox se marchó del partido en febrero del pasado año entre críticas a la cúpula de Abascal, a la que acusa de estar en política para enriquecerse.

Tras la ruptura del verano de 2024 por la reubicación de los menores migrantes, el PP da ahora más garantías programáticas a los ultras y un reparto de competencias diseñado para aplicar su agenda. Mañueco justificó la coalición como un instrumento de estabilidad pese a que durante la campaña abogó por gobernar en solitario. Ambas formaciones también se comprometen a aprobar presupuestos anuales durante toda la legislatura.

Vox diseñará la política migratoria, las ayudas sociales y medidas medioambientales

Pollán precisó que todavía no está cerrada la consejería que quedará adscrita a la vicepresidencia, pero sí apuntó algunas de las competencias que manejará Vox: inmigración, cooperación al desarrollo, juventud, caza, pesca y cultura. Así, la extrema derecha no sólo conserva dos espacios clásicos de su agenda autonómica —campo y cultura—, sino que entra de lleno en el terreno social mediante una consejería de familia y ayudas sociales.

En inmigración, la victoria de Vox es especialmente visible. El acuerdo incluye el rechazo a la llegada de menores extranjeros no acompañados, un plan de retorno y repatriación de inmigración irregular, pruebas de determinación de edad, supresión de subvenciones a ONG que "favorezcan la inmigración ilegal", auditoría anual de gastos vinculados a la "inmigración masiva", prohibición de abrir nuevos centros de acogida y endurecimiento del régimen interno de los centros de menores. La comunidad tiene competencias limitadas en la materia, pero Vox consigue convertir esa limitación en un frente político contra el Gobierno central.

En el campo, la extrema derecha también sale reforzada. El acuerdo habla de "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", rechazo al acuerdo UE-Mercosur, oposición a "imposiciones de Bruselas" y del Pacto Verde, simplificación de Red Natura 2000, protección de ganaderos frente al lobo, defensa de la caza y promoción de la pesca. Todo ello queda conectado con una consejería de Vox que suma agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental. Es uno de los principales saltos respecto a 2022: la extrema derecha pasa de influir en el discurso rural a disponer de un área más amplia para desarrollarlo desde el Gobierno.

El reparto también muestra una negociación clave en materia ambiental. El PP conserva Medio Ambiente y Energía, y con ello mantiene bajo su control las competencias más sensibles de incendios y energía. Pero, a su vez, Vox incorpora "Política Ambiental" a Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Ninguno de los dos dirigentes concretó qué competencias tendrán cuando fueron inquiridos por la prensa y simplemente señalaron que habrá “reajustes competenciales". Según explican fuentes del PP, la fórmula permite a Mañueco retener el mando institucional sobre incendios tras lo ocurrido el pasado año, pero concede a Vox un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

En cultura, Vox recupera otra de sus grandes obsesiones ideológicas. El documento incluye la defensa de tradiciones, la promoción del español, la mejora de plazas de toros rurales, la organización de novilladas y la Ley de Concordia. A eso se suma el compromiso de revisar entidades públicas y normas que el texto califica como "ideológicas". La apelación genérica de 2022 a una historia "integradora" se convierte ahora en una agenda concreta para sustituir el marco de memoria democrática por el de "concordia".

Tras Castilla y León es el turno de Juanma Moreno, el presidente andaluz, que intenta marcar distancia con Mañueco, Guardiola y Azcón. Su línea roja, por ahora, es gobernar en solitario y buscar un acuerdo parlamentario, no una coalición. El presidente andaluz considera que el resultado le da "margen de maniobra para gobernar en solitario" y que "no tendría sentido" que Vox buscase un sillón, aunque asume que tendrá que pactar su investidura. Desde las pasadas elecciones del 17 de mayo, tanto él como el PP-A han evitado hablar de negociaciones con los ultras.

Vox, sin embargo, está trasladando a Andalucía la misma presión que en Extremadura, Aragón y Castilla y León: "prioridad nacional", campo, inmigración y control del gasto. Vox ha dejado claro que no quiere "regalar" la investidura y los conservadores andaluces buscan desligar su negociación del resto de comunidades, alegando que el PP está a sólo dos escaños de la absoluta y que Vox apenas creció respecto a 2022. El próximo 11 de junio se constituirá el Parlamento andaluz y será la primera prueba del entendimiento (o la falta de él) entre ambos.

El concepto de 'prioridad nacional' para el reparto de ayudas públicas en Castilla y León actuará de "criterio inspirador" del acuerdo de gobierno firmado este miércoles entre PP y Vox, que también recoge un "rechazo frontal" a la inmigración ilegal y en concreto a la acogida de menores extranjeros no acompañados.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la investidura el próximo martes 9 de junio, Alfonso Fernández Mañueco, ha explicado en la presentación de este acuerdo, similar a los de Extremadura y Aragón, que asume este concepto acuñado por Vox, aunque condicionado a que sea legal y como "criterio inspirador".

Acompañado del futuro vicepresidente primero de su gobierno, Carlos Pollán (Vox), Mañueco ha defendido la 'prioridad nacional' como una "asignación prioritaria" de ayudas a personas con un "arraigo real y verificable".

Por su parte, el representante de Vox ha sostenido que esas ayudas de vivienda y otras sociales se dirigirán a las personas que tengan "arraigo" en esta comunidad porque "son las que necesitan que verdaderamente se les tenga en cuenta", en detrimento de aquellas que no puedan demostrar que llevan diez años empadronados en España si quieren comprar o cinco años para alquilar.

Este punto era uno de los que quedaban por definir y finalmente PP y Vox repiten el esquema aplicado en Aragón y descartan seguir el paso de Extremadura, donde el empadronamiento debe ser en la propia autonomía, sin ampliarlo a personas empadronadas en otras autonomías españolas.

Mañueco ha matizado que el Gobierno irá aprobando "medida a medida" y garantiza que la 'prioridad nacional' se ajustará "al ordenamiento jurídico y el marco legal" vigente.

Sobre el tema que detonó la ruptura del acuerdo entre ambas formaciones en julio de 2024, el acogimiento de menores extranjeros no acompañados, Mañueco ha señalado que esta comunidad ya está "por encima" de su capacidad para acoger más migrantes menores de edad, lo que se plasma en el documento en el enunciado: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)".

"Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos", ha argumentado Mañueco, quien ha defendido la coincidencia con Vox en el "no a la actual política" del Gobierno central, lo que ha ratificado Pollán con referencias al "plan de choque contra la política migratoria de Pedro Sánchez".

Sobre otra de las cuestiones que generaron polémica la pasada legislatura, PP y Vox han acordado retomar la aprobación de una ley de concordia en la comunidad, después de que en 2024 el texto que elaboraron ambas formaciones fuese rechazado en las Cortes tras la ruptura de su pacto, que llevó a los populares a votar en contra de su toma en consideración pese a que era el previamente acordado.

Según el documento, ambos se comprometen a aprobar, antes de junio de 2027, una proposición de ley de concordia, es decir, que la norma estará impulsada por los dos grupos parlamentarios y no por la Junta de Castilla y León a través de un proyecto de ley.

Finalmente, el acuerdo incluye reducir a la mitad las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública desde el primer presupuesto que se apruebe (2027), algo que en la pasada legislatura ya generó un choque constante entre gobierno y sindicatos, que lo llevaron incluso a los tribunales, que les dieron la razón.

Sobre la estructura del futuro gobierno, llama la atención la existencia de dos Vicepresidencias, una Primera que gestionará Vox con una Consejería asignada —aún por definir— y otra Segunda asumida por el PP, que no tendrá una cartera específica pero sí amplias competencias que actualmente son parte importante de Consejerías —Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil—.

El reparto de consejerías y competencias es el siguiente:

PP:

- Presidencia de la Junta de Castilla y León.

- Vicepresidencia Segunda. Sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil.

- Consejería de la Presidencia.

- Economía y Hacienda.

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

- Medio Ambiente y Energía.

- Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial.

- Sanidad y Bienestar Social.

- Educación.

Vox:

- Vicepresidencia Primera. Llevará asociada una consejería, pero aún sin concretar.

- Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Con competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo.

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Incluye competencias en Caza, Pesca y Política Ambiental, pero no gestión de incendios.

- Cultura, Turismo y Deporte.

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

Alfonso Fernández Mañueco tuvo una campaña más tranquila que sus compañeros de Aragón y Extremadura. Con su flema, parsimonia y costumbre de no exponerse a preguntas de la prensa, logró que no se lo fagocitaran los temas nacionales y defendió con más éxito del pronosticado el gran territorio popular, la única comunidad sin alternancia política en 40 años, ante un Vox que pinchó sobre sus propias expectativas. Prometió entonces que para él la negociación sería diferente, que la ultraderecha tendría que pivotar sobre el programa del PP y no al revés, pero Santiago Abascal, desde su ahora ruta infatigable por Andalucía, le deja claro que el menú es igual para todos. Y lo comes o lo dejas.

En un mitin reciente en Huelva, el líder de Vox aprovechó para recuperar su reproche insistente durante la campaña electoral en Castilla y León: que Mañueco, el nada polémico Mañueco, había sorprendido a todos en el primer debate lanzándole al candidato Carlos Pollán un dardo inusual: que su partido quería “tirar gente [migrantes] al mar”. Y que esa “infamia”, repitió en cada mitin y canutazo Abascal, no la podía aceptar Vox, el mismo partido que abandonó el Gobierno de coalición con argumentos como este, en palabras del entonces vicepresidente Juan García-Gallardo: "No queremos que Castilla y León se convierta en Francia, que sus barrios humildes acaben como los barrios del extrarradio de París […] Estamos a tiempo de corregir esto en Castilla y León, no estamos condenados a la islamización".

Abascal se pasó toda la campaña a partir de esa frase inesperada de Mañueco subiéndole el precio: le exigía una disculpa pública para poder pensar en negociar juntos, le venía a decir que se acabaría comiendo esas palabras. Y ese menú, importado de Francia, tenía un nombre que se repetía constantemente en campaña antes de colocarse como un tema principal en el debate público español: “prioridad nacional”. Cuando los periodistas le preguntaron por esto en la celebración del Día de Castilla y León en Villalar el 23 de abril, Mañueco se limitó a decir al respecto: "Hablaremos de ese proyecto cuando se concrete y cuando se firme. Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle".

La negociación de Castilla y León queda por el camino, pero el premio gordo se juega en Andalucía. El Partido Popular se conjura ahora para hacer todo lo posible por que los pactos en otras autonomías no perjudiquen las aspiraciones de Juanma Moreno, especialmente por el flanco más moderado. En Vox ya han activado la batería de reproches ante la expectativa de que el pacto en Castilla y León, que según ellos se podría hacer en 24 horas, quede para después de la campaña andaluza con el objetivo proteger a Moreno. La ultraderecha, al contrario, no deja pasar la ocasión de usar el debate sobre la negociación en Castilla y León para marcar la hoja de ruta en Andalucía y recordar que apretarán al máximo en el tema migratorio, donde ya han conseguido arrastrar al PP a posiciones muy incómodas, incluso para la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La inmigración fue el tema de mayor choque entre Mañueco y Abascal (y el candidato que apenas lo parecía, Pollán) en la campaña de Castilla y León. El popular defendió, como había hecho anteriormente en las Cortes tras la espantada de Vox de los gobiernos autonómicos, que la comunidad recibe de buen grado a todo el que llegue “a trabajar”. “Somos una tierra de emigrantes, no lo olvide nunca, y somos tierra de acogida, de integración y oportunidades para los que quieran venir a trabajar, lo éramos cuando formaban parte de este Gobierno y lo somos ahora”, le decía a la bancada de Vox el Mañueco de marzo de 2025, quien, ante la excusa de Vox para romper por el reparto de menores no acompañados, recordaba a la ultraderecha que el punto dos de su pacto de Gobierno era promover la solidaridad entre las comunidades y ciudades autónomas. “Canarias y Ceuta son comunidades y ciudades autónomas de España, somos solidarios con España”, remachaba.

Para el presidente de la Junta no será cómodo explicar por qué asume, como todo pronostica que le tocará, el concepto de “prioridad nacional” impuesto por el partido al que reprochó querer tirar migrantes al mar. Y, sobre todo, cuando la comunidad y sus gobiernos autonómicos, provinciales y locales bracean desesperadamente contra la despoblación crónica en una de las regiones más envejecidas de Europa. Capitales de provincia en el epicentro de esa despoblación, como Zamora, solo han logrado revertir las caídas abismales (bajar, en este caso, de los 60.000 habitantes) gracias a la llegada de población extranjera, como tienen bien analizado los ayuntamientos. Mañueco reconoce esta conveniencia por un lado, al tiempo que hace malabares para no dejar de criticar la política de apertura del Gobierno. De hecho, la Junta ya ha anunciado que recurrirá la regularización extraordinaria de inmigrantes promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mañueco ha puesto en marcha en los últimos años ayudas directas, aunque insuficientes, para favorecer el retorno de los emigrados de la comunidad, con un ‘Pasaporte de vuelta’ para que regresen del extranjero o de otras autonomías. Si se aplicara en Castilla y León la ‘Prioridad nacional’, podría ocurrir que un nacido en la comunidad y residente en otra autonomía pueda optar a este tipo de apoyos al llevar al menos dos años empadronado fuera, mientras por esa misma razón —no haber estado empadronado en Castilla y León los últimos diez años— estaría fuera de las ayudas para el acceso a la vivienda. Vox ya ha dejado claro que no hará excepciones ni con Castilla y León ni con Andalucía: la “prioridad nacional”, como ocurre con su programa electoral, es un calco para todos. Y tratan de zafarse de los reparos que expresan desde el PP mientras van firmándolo en pactos uno detrás de otro: "Qué cosa más estúpida esa de demonizarnos y por lo tanto demonizarse a sí mismos", afirmó Abascal, seguro de que todos los dirigentes populares tendrán que pasar por el aro de su marco una vez más.

La “prioridad nacional” pactada por el Partido Popular y Vox para investir a los presidentes de Extremadura y Aragón ha abierto una brecha en el partido de Alberto Núñez Feijóo, que espera que el asunto se “acabe cuanto antes”. Desde Génova sostienen que el acuerdo no discrimina por nacionalidad, sino que premia el “arraigo real, duradero y verificable” —empadronamiento, cotización, vinculación laboral, familiar o formativa— para el acceso a determinadas ayudas de la Administración en materia de vivienda y que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Pero lo cierto es que el término ni siquiera convence a los suyos.

El principal motivo es que Vox ha conseguido imponer sus tesis y lo vende como la traducción práctica de su lema “los españoles primero”. Una fórmula que implica asumir, de facto, una segregación en el acceso a los recursos públicos pese a que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón han incidido en varias ocasiones en que no se apartarán “de la legalidad”. “Si tenemos que salir a explicarlo tantas veces, es que algo no funciona y estamos haciendo mal”, reflexiona una fuente con asiento en el Congreso en conversación con infoLibre, que cree que Vox ha conseguido más peso que en los pactos de 2023.

En la dirección nacional del PP consideran, sin embargo, que no han cruzado sus líneas rojas y sostienen que esta cuestión “no les quita ningún voto” y, a cambio, les sirve para garantizarse cuatro años de mandato. “Hemos despejado el riesgo de otras elecciones”, destacan también. Un logro que atribuyen a los dos negociadores de Génova: Miguel Tellado, secretario general del PP, y Marta Varela, jefa de gabinete de Feijóo. Ambos tomaron las riendas de las negociaciones días antes de que los ultraderechistas votaran en contra de la investidura de Guardiola y tras advertencias a la baronesa extremeña. 

Aunque algunos dirigentes temen que Vox haga suya la medida mientras el PP queda atrapado en la indefinición, en Génova aseguran que, una vez que se traslade a la legislación autonómica, “no habrá debate posible” y serán los ultras los que “deberán retractarse”. Además, una fuente del equipo de Feijóo admite que el de la “prioridad nacional” es un “balón de oxígeno” que la formación de Abascal “necesita”. “No podemos permitirnos que se vuelva a repetir el escenario de las últimas generales, en las que Vox se quedó por debajo de los 35 escaños”, reflexiona, en referencia a que el PP necesita a un Vox fuerte para poder hacerse con el control del Congreso de los Diputados.

Privar de ayudas a una persona por su origen o nacionalidad es inconstitucional, de ahí que el pacto no incluya esos criterios como baremo y recurra a fórmulas como la residencia, el empadronamiento o la contribución al sistema. Sin embargo, voces del PP también advierten de que el criterio de arraigo podría generar desigualdades no solo entre migrantes, sino también entre españoles; por ejemplo, entre quien se traslada de una comunidad a otra.

Todas estas cuestiones forzaron a Feijóo a intentar acotar el alcance del acuerdo. Desde el Congreso, el líder del PP pidió "rigor", defendió que "todo lo que se ha firmado es de acuerdo a las leyes" y recalcó que el pacto habla de arraigo "con independencia de la nacionalidad”. Según Feijóo, las acotaciones añadidas en el texto de ambos acuerdos dejan claro que “prioridad nacional” no significa dar prioridad a los españoles, pese a que así lo afirma Vox.

Una explicación que también tuvo que dar, a través de su cuenta de X, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, encargada de explicar el ‘no’ de su partido a la moción de Vox que quería extender este criterio segregacionista a nivel nacional. “Prioridad nacional conforme a la legislación vigente. Vivienda y ayudas para quien trabaja, cotiza y tiene raíces aquí”, señalaba la pasada semana.

En el caso de los barones autonómicos, la primera en alzar la voz fue la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se desmarcó nada más conocer el texto del acuerdo extremeño al advertir de que priorizar a los españoles frente a los inmigrantes "no es legal ni se ajusta a derecho”. El andaluz Juanma Moreno también ha tratado de tomar distancia desde Andalucía, donde el ruido por los pactos de Extremadura y Aragón incomoda su campaña, que se basa en tratar de revalidar su mayoría absoluta frente a los “líos” de sus compañeros de partido, en sus propias palabras. 

En Castilla y León, el entorno de Alfonso Fernández Mañueco también intenta desmarcarse pese a que Vox ya avisa de que "apretará un poco más" al PP en esa comunidad, donde considera que tiene más fuerza negociadora que en Extremadura y Aragón. Su portavoz nacional, José Antonio Fúster, recordó este lunes que en las elecciones obtuvieron 14 procuradores y un porcentaje de voto mayor que en Aragón —18,9% frente a 17,9%—, lo que a su juicio les permite elevar las exigencias en un eventual pacto. Según trasladan fuentes del PP, no está previsto cerrar un acuerdo hasta después de las andaluzas

Otros dirigentes territoriales, como Alejandro Fernández, líder del PP catalán, no se han pronunciado. No obstante, hace solo unos meses, él mismo rechazó de plano la "prioridad nacional" que defendía Vox y la definió como "la antesala del fascismo", al advertir de que clasificar derechos por nacionalidad podía llevar a "grados de consanguinidad" e insistió en que, si una persona trabaja y está en situación legal, “no se le puede negar una ayuda social por su origen”.

Este debate también agita a territorios especialmente sensibles a la cuestión migratoria, como Canarias y Ceuta. En Canarias, el presidente Fernando Clavijo, socio del PP en el Gobierno autonómico, ha mostrado "preocupación, decepción y enfado" por el rechazo a la reubicación de menores migrantes no acompañados incluido en los acuerdos, y ha cuestionado la legalidad de algunas medidas. En Ceuta, Juan José Vivas ha optado por el silencio pese a haber apelado otras veces a la solidaridad del resto de comunidades ante la presión migratoria. 

A esto se le añade la confusión que ha imperado también en Vox por el propio concepto. El portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga, afirmó el pasado viernes que "es español el nacido de padre y madre española", una definición que fue corregida después por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que la calificó de "error" y aclaró que, legalmente, español es “quien tiene el DNI" o quien tiene reconocida la nacionalidad. 

Abascal también tuvo que intervenir en un acto de la precampaña andaluza. Señaló que "ser español es tener la nacionalidad española", pero aprovechó para defender que se endurezca el acceso a la nacionalidad. En la formación ultraderechista no son pocos, comenzando por el propio Ignacio Garriga, que tienen padres de origen extranjero. En su caso, su madre nació en Guinea Ecuatorial y su padre es de ascendencia belga.  

Un monolito en una placita como la de cualquier pueblo mesetario, abajo los campos inmensos y verdes después de un invierno generoso y, al ser 23 de abril, cuatro coronas de flores adornando el monumento: a Juan de Padilla, a Juan Bravo, a Francisco Maldonado y María de Pacheco, figuras clave de la revuelta de los comuneros de Castilla contra Carlos I, descompuesta en una batalla en esta localidad de Villalar en 1521. Aquella derrota es, desde hace medio siglo, el asidero histórico para la fiesta del Día de Castilla y León, que resiste por el empeño del Ayuntamiento y la fidelidad de la izquierda sociológica de la comunidad, a pesar de los intentos del PP por diluirla y, en los últimos años, de Vox por acabar con ella.

“1521, y en abril, para más señas, en Villalar ajustician a quienes justicia pidieran. (….) Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar”, dice Castilla: canto de esperanza, el himno popular de la fiesta, interpretado tanto en el monolito como en la campa, la enorme explanada campestre que es el centro de la fiesta popular, por los segovianos Nuevo Mester de Juglaría. Ese “no se ha vuelto a levantar”, que se oye como un lamento resignado, ha sonado este año más vigente que nunca al llegar justo después de unas elecciones autonómicas que han confirmado que Castilla y León cumplirá 40 años sin alternancia política: gobernada por el Partido Popular y, en esta última etapa, con gobiernos de coalición con Ciudadanos, primero, y ahora con Vox.

Oficialmente, la Junta guarda las formas y el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, hace una aparición oficial a primera hora en Villalar. En la práctica, sin embargo, el Gobierno autonómico, especialmente tras la entrada de Vox, ha optado por no respaldar la celebración histórica y destina una importante cantidad de dinero público (este año, más de un millón de euros) a organizar conciertos en las nueve provincias, con artistas sin ningún vínculo con la comunidad ni coherencia artística entre sí, además de carreras populares y otras actividades que contraprograman la fiesta unitaria de este pueblo vallisoletano que no llega a los 500 habitantes.

“El objetivo de la Junta siempre ha sido fomentar los actos que se celebran paralelamente en las capitales y no promocionar precisamente el de Villalar, que siempre ha sido de carácter reivindicativo, además de festivo”, explica a infoLibre el alcalde de Zamora, Paco Guarido, el único regidor de Izquierda Unida en una capital de provincia. Asiduo a la cita de Villalar, se ha desplazado un año más en un autobús organizado por su partido y abierto a cualquier ciudadano que no pueda acudir en coche a un pueblo al que no hay otra forma de llegar. Algo que la Junta no hace, pese a que este es el primer año en que el transporte de su titularidad es gratuito a través del programa Buscyl. “Ya que es el primer año con transporte gratis, podrían haber puesto autocares para facilitar que la gente venga al acto verdadero y original, pero quizás es que no lo quieren promocionar”, comenta Guarido.

En el autobús que recorre los 45 minutos entre Zamora y Villalar, otros militantes de Izquierda Unida comentan que en medio siglo de “campa” lo han visto todo: la represión de los primeros años de clandestinidad, el crecimiento de la fiesta en democracia; el granizo y el viento feroz, pero también soles espléndidos como el de este año, que ha animado, según las previsiones, a más de 20.000 personas a pasar un día de reivindicación, campo e identidad en plena meseta castellana. Antes de la hora de comer ya habían acudido más de 15.000 personas, con 5.000 coches y 21 autobuses, según los datos de la Subdelegación del Gobierno.

Aunque es la celebración histórica y oficial, Villalar siempre ha sido una ocasión para la reivindicación política y social. En sus orígenes, por la libertad, la democracia y la soberanía regional; hoy, por la sanidad y la educación públicas, contra la extracción de recursos en plantas como las de biogás que asedian los pueblos, por la acogida solidaria a los migrantes, por los trenes que faltan o quitan y por las autovías que nunca llegan. Eso fue lo que le pidieron, al grito de “Autovía, Puente, autovía”, al ministro socialista y vallisoletano Óscar Puente durante la intervención del PSOE en el monolito, junto a la también ministra vallisoletana Ana Redondo, el portavoz en el Congreso, Patxi López y el líder de la oposición en las Cortes, Carlos Martínez. En tono casi de campaña, el exalcalde soriano reivindicó la unidad de las nueve provincias frente a los esfuerzos del PP por minar esa fuerza conjunta “con provincialismos”.

El público de Villalar es, de media, notablemente más joven que la población de una de las regiones más envejecidas de Europa. A diferencia de lo que se puede ver cualquier día en una capital de provincia de Castilla y León, sobre todo en las más pequeñas, por la campa discurren familias con hijos pequeños, adultos de todas las edades y cada año más jóvenes bien ataviados con sus camisetas de diseño en las que “remozan” la reivindicación identitaria: “El perreo hasta el suelo y la jota hasta el cielo”, frase del grupo vallisoletano Delameseta, uno de los que llevan la fiesta musical, esta sí enraizada, a la tarde y noche de la campa de Villalar, junto con otros artistas como el Rodrigo Cuevas castellano: Dulzaro.

“Castilla, entera, se siente comunera” es el lema más coreado en la fiesta de Villalar. “Comunista”, apunta Néstor Novo Pérez, vallisoletano de Medina de Rioseco, en Valladolid, que ha asistido a más Villalares de los que puede recordar a sus más de 80 años, hijo de un represaliado franquista y militante del Partido Comunista “de los primeros”. “Escuchaba en la radio esta mañana que dicen que los de izquierda habíamos monopolizado esta fiesta, pero es que ellos no cuajan aquí”, cuenta a infoLibre, mientras escucha atento uno por uno los discursos de quienes hacen la ofrenda en el monolito. Mensajes que hablan de los jóvenes que nunca pueden estar en Villalar porque “han tenido que ir a servir al capital en Madrid o Barcelona o el extranjero”, como dijo Iker Ibarrondo-Merino, de Izquierda Castellana, pero también de la defensa del pueblo palestino, o del fin de la guerra de Israel y Estados Unidos en Oriente Medio. “Somos los sectores más conscientes del pueblo”, resumió el militante.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha eludido pronunciarse este jueves sobre el concepto de la 'prioridad nacional' que PP y Vox han introducido en sus pactos de Extremadura y Aragón y se ha remitido al posible acuerdo en el que trabajan con Vox para "cuando se concrete y se firme".

"Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle", ha añadido Mañueco en declaraciones a los medios de comunicación en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, donde ha participado en actos conmemorativos del Día de Castilla y León.

Mañueco ha asegurado que trabajarán "en los próximos días y las próximas semanas" con "intensidad" y "tranquilidad" para "tener un proyecto de futuro para Castilla y León", en referencia a los contactos con Vox para suscribir ese posible pacto, como ya ha suscrito el PP en Extremadura y Aragón.

Esa apelación al proyecto de futuro es lo que Mañueco considera "imprescindible, más allá de cualquier consideración o medida puntual", que ha asegurado explicarán "cuando llegue el momento".

El presidente autonómico en funciones ha confirmado que mañana acudirá a Mérida para asistir a la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y que hará lo mismo la próxima semana, en el caso de Jorge Azcón como presidente aragonés, quien ayer anunció su acuerdo con Vox.

A ambos les ha felicitado por alcanzar esos pactos, que quiere también para Castilla y León como "proyecto estable" para la Comunidad.

El PP de Castilla y León ha confirmado este lunes que el segoviano Francisco Vázquez, actual secretario autonómico del partido, será elegido mañana martes presidente de las Cortes a través de su acuerdo con Vox, mientras que la hasta ahora consejera de Industria, Leticia García, pasará a ser la portavoz del Grupo Popular, según informa EFE.

Minutos después de anunciar su acuerdo con Vox para el reparto de cargos en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el PP ha detallado igualmente que la hasta ahora consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, será la propuesta para desempeñar la Secretaría Primera del Parlamento autonómico.

La salmantina Rosa Esteban, quien en la anterior legislatura ejerció de secretaria primera de la Mesa, no repetirá y se incorporará a la dirección del Grupo Popular, en la que tres mujeres marcarán la pauta, ya que el PP ha confirmado que también seguirá en esa dirección la palentina Mercedes Cófreces.

Vox ocupará la Vicepresidencia Primera, al contrario de lo que ocurrió hace cuatro años, cuando el leonés Carlos Pollán (Vox) fue elegido presidente.

Número dos del presidente del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, desde que accedió al liderazgo del partido, Vázquez fue reelegido el pasado 15 de marzo como procurador por Segovia, aunque con anterioridad ha desempeñado otras responsabilidades como la de senador y como presidente de la Diputación de Segovia, esta última durante dos legislaturas.

El PP defiende que Vázquez combina "experiencia institucional y capacidad de diálogo", por lo que confía en que pueda propiciar "estabilidad" parlamentaria en la legislatura que arranca.

El hueco dejado en la portavocía del Grupo Popular al no ir en las listas electorales el leonés Ricardo Gavilanes, último en ostentar esta responsabilidad en la anterior legislatura, será cubierto por la zamorana Leticia García, hasta ahora consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta.

El PP ha sostenido que la responsabilidad que asume García es "clave en la coordinación política" del Grupo Parlamentario y ha esgrimido para su nombramiento el desempeño realizado por ella como portavoz adjunta del Grupo Popular y, ya en la Administración, como delegada territorial de la Junta en Zamora y como consejera.

Mañueco encomendó a Leticia García la coordinación del programa electoral con el que el PP concurrió a los comicios del pasado 15 de marzo.

En el caso de la futura secretaria primera de la Mesa de las Cortes, la soriana Rocío Lucas, deja su gestión de siete años al frente de la Consejería de Educación, una de las materias que más ha esgrimido el PP como argumento electoral, con los informes PISA como referencia.

Además, Lucas fue anteriormente directora general y viceconsejera de Función Pública, además de gerente del Servicio Público de Empleo en anteriores legislaturas, mientras que a nivel interno del PP ha sido presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este miércoles a Vox un acuerdo parlamentario para gobernar en solitario, pero el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha replicado que su partido quiere entrar en un gobierno de coalición.

Tras mantener la primera reunión poselectoral entre PP y Vox, Pollán ha trasladado este resumen del encuentro a los medios de comunicación, mientras que el portavoz del equipo negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, se ha limitado a decir que su partido defiende lo que ha planteado en campaña, al ser preguntado por la pretensión de Mañueco de gobernar en solitario.

Pollán ha alertado de que a Vox no le vale ya la referencia del acuerdo de coalición que alcanzaron hace cuatro años, como ha planteado Mañueco en los últimos días, mientras que Carriedo ha reconocido que "hay que entrar en un mayor nivel de concreción y detalle": "Nosotros estamos dispuestos a avanzar y concretar".

También han coincidido en que lo que ocurra con las negociaciones de Extremadura y Aragón, y lo que pueda trascender de las elecciones en Andalucía, no va a condicionar las conversaciones en Castilla y León.

En este primer encuentro únicamente han participado representantes de Castilla y León, todos ellos procuradores electos, lo que en palabras de Carriedo "ayuda" a la consecución de un acuerdo, aunque ambas partes mantienen abierta la opción de que en futuras reuniones sí participen representantes de las direcciones nacionales.

Preguntado en varias ocasiones por si el PP ha propuesto a Vox que el futuro gobierno de Castilla y León pase por un Ejecutivo del PP en solitario con apoyos parlamentarios puntuales, como ha expuesto el candidato de Vox, Carriedo ha indicado que "no han hablado de responsabilidades, ni de cargos", sino de "comenzar a desarrollar un proyecto de futuro".

Sobre esta cuestión, lo único que ha expresado Carriedo es que "el PP sigue pensando lo mismo" que en campaña, es decir, un gobierno en solitario con apoyos puntuales, aunque ha reconocido que "ahora es otra etapa", y que toca "recoger el sentir" de los ciudadanos, que han dicho en las urnas: "Que nos pongamos de acuerdo y hagamos un esfuerzo".

Sí ha reconocido Carriedo que es "optimista" con un futuro acuerdo, ya que "se dan las bases" para alcanzarlo: "Por mi percepción personal, aunque luego hay que concretarlo, creo que hay muy buena disposición por ambas partes", ha ahondado.

Por todo ello, el portavoz del PP ha preferido no hablar de plazos y ha afirmado que la constitución de la Mesa de las Cortes no ha sido tema de debate en este encuentro, pues la reunión de hoy era para "la construcción de un gobierno".

Pollán ha valorado el ambiente "cordial" de la primera "toma de contacto", pero se ha mostrado tajante en la negativa a la propuesta planteada por Mañueco: "Le hemos reiterado nuestro interés por participar en el gobierno", ha resumido.

Ha planteado que la intención de Vox es que se pacte "medida a medida", con plazos concretos y garantías de cumplimiento, como en el caso extremeño, aunque ha reconocido que esto llegará en posteriores reuniones, dado que ha recordado que el PP mantiene mañana otros encuentros con el resto de partidos con representación parlamentaria.

Pollán ha remarcado que "ahora mismo" el PP está "en la misma situación" que como acabaron la legislatura anterior, cuando perdían buena parte de las votaciones: "Creo que la aritmética es clara, que somos necesarios", ha resumido.

Sobre la votación que deparará el 14 de abril la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León, el representante de Vox ha asegurado que ve "complicado" llegar a ese acuerdo, porque no será un pacto que se cierre "en días", aunque ha añadido que no han abordado esta cuestión en la reunión de hoy.

"Hemos manifestado reiteradamente que antes de hablar de sillones y de puestos o de consejerías y de Presidencia de las Cortes, queremos tener un acuerdo programático", ha resumido.

Siendo Castilla y León la Comunidad Autónoma más extensa, aunque tan despoblada como Extremadura y Aragón, el resultado de estas elecciones ha suscitado mayor interés que las anteriores. También porque estas elecciones han mostrado peculiaridades significativas en el momento de su celebración. Este interés logró, en la misma noche del domingo, y este pasado lunes, que todos los análisis estaban hechos, tal ha sido la avalancha de los mismos. Y todas las incógnitas despejadas. Con ese interés, me atrevo a formular las siguientes preguntas.

Al día siguiente de comenzar la campaña electoral, comenzó la guerra en Oriente Próximo (una peculiaridad) y Pedro Sánchez pronunció las cuatro palabras del eslogan del 2003: ”No a la guerra”. ¿Hasta qué punto el no a la guerra ha influido en el resultado electoral? A los dos días de comenzar la guerra, comenzaron también a subir los carburantes y los fertilizantes, la electricidad y los alimentos en los lineales de los supermercados. ¿Hasta qué punto han influido en el voto de los castellanos y leoneses estas subidas? Con motivo de las elecciones en Extremadura y Aragón se desató una pugna cainita entre la derecha del PP y la ultraderecha de Vox, en las voces diarias de Feijóo y Abascal. ¿En qué medida esta guerra dialéctica, ideológica y política, ha influido en el auge del PP y uno menor en Vox? ¿Y ha influido la guerra interna desatada en Vox hace meses y recrudecida en estos días? ¿Cuál ha sido el papel que han ejercido en estas guerras el Partido Socialista y las otras izquierdas? ¿Tiene sentido seguir movilizándose por el “no a la guerra” con la vista puesta en las elecciones en Andalucía?

A mi juicio, el eslogan del “no a la guerra” no se puede desvincular del incremento de precios de los carburantes, fertilizantes y alimentos. Al coincidir en el tiempo, se han solapado. Solo al eslogan se hubieran podido atribuir los dos o incluso tres o cuatro procuradores más que pudiera haber conseguido el PSOE; mezclado con las subidas de las gasolinas, ya no. De hecho, según cuentan en la propia dirección del PSOE, se hablaba de empate técnico con el PP. Aunque el “no a la guerra” se mantiene muy vivo en la consciencia y la memoria de los españoles, Feijóo y dirigentes de los agricultores y transportistas se han manifestado muy críticos con el Gobierno pidiéndole la rebaja del IVA de forma inmediata. Y Juan Roig, de los productos alimenticios, él que se enorgulleció en estos días de haber ganado unos 1.700 millones en 2025. Aunque el Gobierno anunció ayudas pronto, y Carlos Cuerpo también lo expresó, el hecho de no haberlas ejecutado ha jugado en contra del Gobierno. Al enfado y cabreo de los agricultores y transportistas castellanos y leoneses cuando llenaban sus depósitos en sus tractores y camiones de gasoil con varios céntimos de subida en el litro, el Gobierno no reaccionó. A mi juicio, muchos votantes se han decidido por el PP y Vox en estas circunstancias.

Nos extraña mucho la división entre las izquierdas, pero la pugna entre la derechas es un clásico, tan antiguo como lo es entre el Real Madrid y el Barça. Recordemos esa pugna entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. No era una lucha ideológica entre dos ultraliberales, era de egos, entre la condesa Presidenta de la Comunidad y el Alcalde. Aunque de esa pugna salían favorecidos los dos. Feijóo se ha apuntado en la campaña de Castilla y León a esa batalla dialéctica con su hermano político tiempo ha, para mantener la hegemonía del PP. Feijóo ha modificado radicalmente su posición contra Abascal con la clarísima intención, no solo de mejorar sus resultados en Castilla y León, que ha logrado, sino también para allanar el camino a Guardiola y Azcón para cerrar los gobiernos en las tres Comunidades. Y ha seguido la misma táctica este lunes y el martes al mismo tiempo que ha soltado amarras para dar a los tres barones mayor autonomía en las negociaciones.

Si Feijóo ha logrado contener el avance de Vox, los derrotados para impedir el avance de la ultraderecha y el neofascismo han sido los progresistas y las izquierdas, por dos motivos evidentes. El primero, por la enorme división de las candidaturas que concurrían a las elecciones, con el resultado de haber sido fagocitados. Se han librado solo UPL, con su objetivo de separarse de Castilla la Ancha, y los regionalistas de Ávila y Soria. Yo propuse unos actos-mítines en estas elecciones regionales donde se reflejara la unidad para impedir el avance de la ultraderecha. Una unidad antifascista, que creo muy necesaria, para ir socavando su avance. Pero, como dice Rufián, “no se ha hecho nada o se ha hecho lo mismo de siempre”. Por eso los progresistas y las izquierdas no se pueden llevar a engaño. No pueden eludir su responsabilidad. Han fallado colectivamente.

Abascal, por su parte, ha puesto sus ojos en estas campañas regionales en los jóvenes extremeños, aragoneses, castellanos y leoneses, percibiendo que una parte importante de los mismos son outsider del sistema, porque las perspectivas y el futuro que perciben es muy oscuro. Él solito, aun convertido Vox en una jaula de grillos, expulsados sus dirigentes y desconocidos sus candidatos, ha logrado mantener su suelo electoral. Algo va mal cuando esto ocurre. La educación privada avanza a ritmos agigantados en todas las Comunidades gobernadas por el PP, incluso en la FP, antes asilo de los menos pudientes y hoy objetivo, como la vivienda, de los Fondos buitre. Y en estas políticas ultraliberales participa Vox y su líder, Abascal, como si fuera un Ayatolá en su aspecto exterior, pero laico en su interior. Es el más descreído, por no decir ateo, al que no le verán en un funeral religioso, ni saludando a un obispo. Y el más antimonárquico. Por eso no deja de ser chocante que los castellanos y leoneses, de constante herencia católica y tradición de reinos cristianos, no hayan advertido estas facetas de su personalidad. Y tampoco se les haya advertido por los candidatos y partidos progresistas y de izquierda.

¿Cómo se enfocarán las elecciones en Andalucía que están a la vuelta de la esquina? Puede que las bombas y la guerra no se paren en estos próximos días. Por ello, las movilizaciones tienen que mantenerse y extenderse. Si a Netanyahu y, sobre todo, a Trump, su sostenimiento ya está dividiendo al movimiento MAGA en su apoyo y le puede hacer perder las elecciones de medio mandato, esas misma cuentas las tienen que hacer las fuerzas progresistas y de izquierda en contra de la guerra para dar un salto en el apoyo electoral. Por cierto, cabe aquí hacer una crítica al himno que se cantó al final de la concentración en la plaza de Juan Goytisolo en Madrid el sábado pasado. Una concentración laica contra la guerra no puede terminar con una petición a un ser supremo divino, “solo le pido a ….”como si de él dependieran la paz y el destino de la humanidad. Ni nos creó ni impedirá nuestra desaparición de este planeta biodiverso. Ese ser superior divino, exista o no, está al margen de la historia de la humanidad, de la que solo nosotros somos y las fuerzas de la naturaleza somos los protagonistas para lo bueno y para lo malo. También Trump ha rezado en el despacho oval invocando su nombre para que le conceda la victoria y Netanyahu y todos los ultraortodoxos invocan a Yahvé, el dios cruel y belicoso, para que elimine a los enemigos del elegido pueblo judío. Como la Iglesia católica tome nota, será el himno oficial en la visita del León XIV a España, como lo cantó su autor ante el papa Francisco.

Si Castilla y León tiene una herencia cristiana, Andalucía tiene una grandísima herencia musulmana, el Al-Ándalus, una peculiaridad que recordar a los andaluces en estos próximos meses. Su herencia arquitectónica y cultural debiera servir para programar actos en favor de los pueblos musulmanes más oprimidos y pobres, herencia que corre por la sangre de muchos andaluces. La Educación y la Sanidad, tan maltratadas por Moreno Bonilla, tienen que ocupar un interés principal, así como la unidad antifascista. El movimiento feminista antifascista y contra la guerra, que salió a las calles el 8M también tiene que ocupar una parte importantísima de la acción. Se avecina una tarea enorme en estos próximos meses. Es necesario acarrear recursos materiales y humanos inauditos. Tan difícil es una victoria, como posible una reconquista.

Un amigo del barrio ha escrito en su blog una distinguida frase del Quijote, en boca de Sancho, que referiré en su contexto. Cuando ambos, Sancho y Don Quijote, muy entrada la noche, llegaron al Toboso, “que estaba en un sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, el Caballero de la Triste Figura ordenó a Sancho que le guiara al “palacio” de su amada Dulcinea; quizá podrá ser que la hallemos despierta”. Caminando entre callejuelas, dieron con un bulto en la penumbra, que resultó ser la iglesia. “ ¿Adónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida, mentecato? Y viene la contestación ‘sanchista’, digo de Sancho: “Señor, en cada tierra su uso. Quizá se usa aquí en el Toboso edificar en callejuelas los palacios y edificios grandes…” Si nos atenemos a la tierra como espacio físico o bien a los usos y costumbres de los vecinos que la habitan y cultivan, podríamos encontrar las pistas de por dónde tienen que escogerse los candidatos y hacer los programas apegados al terruño, cuando se trata de territorios regionales. De los dirigentes cabe que sean prudentes para no despegarse de sus ciudadanos, de los usos y costumbres del lugar, y atrevidos para hacerles mirar a la lejanía, a un horizonte utópico. En este aspecto, la imagen que ha ofrecido Carlos Martínez me pareció adecuada.

La geopolítica ha entrado de lleno en las relaciones de poder que configuran el planeta. La relación entre las energías renovables y limpias y las de efecto invernadero y sucias van a entablar, lo están haciendo, estas guerras, de las que dependerá el futuro de nuestro planeta. Y España tiene que ponerse a la cabeza en la carrera por la extensión de las energías limpias, porque dispone de las condiciones materiales para ello. Nuestro futuro desarrollo y progreso colectivo dependen en gran medida de esta alternativa.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

El domingo por la noche estaban contentos en el Palacio de la Moncloa y en la sede del PSOE en la calle de Ferraz. Se rompía la mala racha del recién iniciado ciclo electoral. No era una fiesta, pero Pedro Sánchez y los suyos cogieron aire en Castilla y León. Los resultados se van reposando poco a poco y los focos los dirigen ahora hacia los pactos de las derechas y la débil posición de la izquierda transformadora.

En la reunión del lunes de la Comisión Ejecutiva, el presidente del Gobierno incidió mucho en el escenario de las negociaciones que se abren ahora entre el Partido Popular y la ultraderecha, según cuentan a infoLibre algunos de los participantes en ese encuentro de la cúpula del partido a puerta cerrada para analizar los resultados en Castilla y León.

Y en eso van a centrar el tiro los dirigentes del PSOE, según fuentes del partido. El PP y Vox han rebajado el tono y se preparan para negociar ya las investiduras de María Guardiola en Extremadura, de Jorge Azcón en Aragón y de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. La ultraderecha ha cambiado el paso y ahora está dispuesta a entrar en esos Ejecutivos después de ver cómo se ralentiza su crecimiento. A pesar de haber obtenido su mejor resultado histórico en una comunidad este domingo, los de Santiago Abascal no lograron superar la barrera psicológica del 20% y se quedaron lejos de las altas expectativas que ellos mismos habían alimentado.

Fuentes del PSOE indican que ahora el PP y Vox tienen que bajar a la tierra y negociar medidas concretas tras semanas de vivir de soflamas contra el sanchismo. Como señala un dirigente del núcleo duro del presidente: “¿Qué van a pactar? ¿Dónde van a recortar? ¿Las mujeres tendrán que escuchar el latido fetal [antes de abortar]? ¿Van a eliminar leyes LGTBI? ¿Volverán a enfrentarse por los menores migrantes no acompañados? ¿Venderán recortes en la Administración en temas de sanidad y educación? ¿Acordarán iniciativas fuera de sus competencias que luego no van a poder cumplir?”.

Los socialistas analizan que en estas negociaciones se verá hasta qué punto está dispuesto a ceder el Partido Popular y qué medidas y consejerías va a exigir Vox en un momento dulce en las encuestas precisamente gracias a no haber asumido ningún tipo de gestión. “No estaría la ultraderecha en estos niveles en los sondeos si les hubiera tocado estar dentro de los Gobiernos durante los incendios en Castilla y León o durante la dana en Valencia”, indica un alto cargo del PSOE.

Asimismo, ponen sobre la mesa que estos Gobiernos servirán como espejo de lo que puede suceder a nivel nacional tras las próximas elecciones generales. E insisten diferentes dirigentes en que las derechas, frente a las críticas sobre la relación entre el PSOE y sus socios, son mucho más inestables cuando conforman Ejecutivos, como se ha comprobado en los últimos dos años.

En el PSOE están convencidos de que los pactos dejarán numerosas cesiones a la ultraderecha. Fuentes de Ferraz remarcan: “El PP ha asumido el marco político de Vox. Si hace unos meses no sabíamos si mandaba más Ayuso o Feijóo, ahora hay una certeza: también manda Abascal. Vox no solo condiciona al PP, marca el paso y decide los límites”.

Y otro de los análisis es el de que hacen falta sólidas oposiciones en estos territorios. Hay total apoyo a la labor de Pilar Alegría, en Aragón, y de Carlos Martínez, en Castilla y León. En el PSOE sostienen además que estas dos figuras van a crecer más a partir de este momento. En Extremadura ahora mismo el partido está en un proceso congresual. Ferraz evita hablar en público sobre sus preferencias, pero en privado la dirección desliza que le gustaría que fuera una mujer. En la carrera están ahora mismo el secretario general del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina; la expresidenta del Parlamento Blanca Martín; el alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz Farias, y la diputada regional Soraya Vega.

Otra de las sensaciones que impregna al PSOE tras este 15-M es la todavía más creciente preocupación por el espacio a su izquierda. Una reflexión compartida por muchos dirigentes es que no sirve de nada que el partido aguante o que suba, como ha pasado en Castilla y León, si no tienen a su lado un espacio progresista competitivo con el que pactar gobiernos.

Por eso, durante estas horas cruzan con más fuerza los dedos para que las izquierdas encuentren algún punto de encuentro entre ellas para los siguientes pasos en el ciclo electoral, con la vista puesta especialmente en la parada de las generales. Los socialistas no quieren presionar en público, pero confían en que al final haya una única lista: “Nos preocupa mucho la debilidad de ese espacio. Deben hacer una reflexión”.

No obstante, analizan que cada comunidad “es un mundo” y que este espacio, a pesar de la división, no estará tan débil en la próxima parada electoral: Andalucía. Allí, según fuentes de Ferraz, esperan que la izquierda transformadora tenga más tirón, sobre todo por el asentamiento de Izquierda Unida.

El PSOE mira ya a esas elecciones andaluzas, aunque todavía la número dos del partido, María Jesús Montero, no ha abandonado el Ejecutivo para centrarse en la campaña en el sur. El presidente autonómico, Juanma Moreno, no ha anunciado aún la fecha concreta de las elecciones, pero los pronósticos apuntan a mediados de junio. La idea de la ministra de Hacienda es dejar su puesto una vez esté fijada la fecha en el BOJA.

Las elecciones andaluzas se presentan muy complicadas para el PSOE, aunque la gran incógnita en estos momentos es si el PP podrá mantener la mayoría absoluta. La crisis de la gestión de los cribados de cáncer de mama supuso el momento más bajo para Moreno durante esta legislatura, aunque su papel durante el accidente del AVE en Adamuz (Córdoba) le ha ayudado a recobrar su faceta más institucional y valorada por los ciudadanos. 

Pero los socialistas señalan que Castilla y León ha servido para comprobar cómo el PSOE puede volver a crecer. Y, en esa línea, dirigentes del socialismo andaluz aspiran a activar al electorado socialista en el sur, “un gran dragón dormido”. En este sentido, apuntan que, por ejemplo, en las pasadas generales, a pesar del mal momento del PSOE-A, se consiguió un 33% de apoyo en esta comunidad, lo que fue clave para que la izquierda pudiera conservar el Palacio de la Moncloa.

Asimismo, en el PSOE rechazan la teoría que está intentando instalar la derecha política y mediática de que el resultado del domingo fue gracias a que Carlos Martínez no es un dirigente sanchista. Diferentes cargos del partido destacan que el candidato tiene un “perfil propio”, pero que llegó al poder en la federación hace un año precisamente con el respaldo de Ferraz frente a Luis Tudanca. Además, lejos de criticar al Gobierno, durante toda la campaña ha contado en sus actos con Pedro Sánchez y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de con ministros como Óscar Puente y Ana Redondo y miembros de la dirección del partido como Rebeca Torró, Arcadi España y Enma López.

Una de las incógnitas que planteaban las elecciones de Castilla y León era conocer qué incidencia iban a tener los graves incendios forestales del pasado verano en los municipios más afectados y, mayoritariamente, han apoyado al PP a excepción de lo ocurridos en El Bierzo, una comarca históricamente socialista, según informa EFE.

El pasado verano fue uno de los más negros para esta Comunidad con más de 140.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas a causa del fuego.

Entre los fuegos más graves destacaron los registrados en municipios como Benuza y Encinedo (León), Ferreras de Abajo y Mahíde (Zamora), Navalacruz y Arenas de San Pedro (Ávila) o Monsagro (Salamanca), que obligaron a evacuar o confinar a vecinos de distintas localidades durante varios días.

En la comarca leonesa del Bierzo, históricamente ligada a la minería y al movimiento sindical, el PSOE ha conseguido ser la fuerza más votada en la mayoría de los principales municipios afectados por los fuegos, como en Villablino (48,6%), Bembibre (40,6%) o Toreno (53,9%).

Sin embargo, en los pequeños municipios de Benuza y Encinedo, muy afectados por los fuegos, el PP ha conseguido sendas victorias, con el 62,8% y el 48% de los votos, respectivamente.

Fuera de León, la victoria del PP en los núcleos afectados por los fuegos ha sido más clara. En Zamora el PP se alzó como la primera fueza en Mahíde (54,8%), Ferreras de Abajo (41,6%) y Riofrío de Alista (65%) y, en Ávila, en Arenas de San pedro (39%) y Mombeltrán (31,5%), mientras que en Navalacruz, PP y PSOE empataron al 35% de los votos.

Preguntado por la incidencia que han podido tener estos incendios en las elecciones, el candidato del PP a la reelección y ganador de los comicios, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que estos no han castigado al PP, ya que en León, una de las provincias más afectadas, su formación ha estado "a punto de ganar".

"Otros han querido hacer de una tragedia política a corto plazo, lo que es un error", ha expresado el presidente en funciones de la Junta en declaraciones a TVE tras las conocerse los resultados.

En la provincia de León, el PP ha conseguido un 28,04% de los votos, una subida de 3 puntos, frente al PSOE, que ha sido la fuerza más votada en la provincia con el 28,27%, aunque en la comarca del Bierzo, el PSOE ganó en 32 de sus 38 municipios.

“Es un fenómeno de las elecciones anteriores, ahora lo que hay en la comunidad es un movimiento de cambio y no de involución localista”. Estas palabras las pronunció durante la campaña electoral el candidato del PSOE, Carlos Martínez, y entonces sonaron más a deseo que a pronóstico. Pero acertó en una noche electoral en la que casi nadie lo hizo: el regionalismo de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) fracasó al enfrentarse a sus propias altas expectativas, el localismo de Soria ¡Ya! se desplomó frente al cinco veces alcalde de la capital de la provincia y el de Por Ávila no sólo no avanzó como quería sino que perdió votos.

Martínez, que se ha confirmado esta noche como una elección eficaz para el PSOE frente a estos partidos, vaticinó cambio pero este no ha sido en el sentido que él anhelaba, ya que no habrá un gobierno de izquierdas, ni en el sentido que nadie esperaba. El cambio en la conservadora Castilla y León, donde el votante medio supera los 50 años y el status quo es algo sociológicamente muy valorado, ha sido una vuelta al bipartidismo tras dos fallidos gobiernos de coalición, del PP con Ciudadanos y del PP con Vox, que terminaron abruptamente. Todo lo que se puede volver en 2026 al bipartidismo: PP y PSOE crecen en dos escaños cada uno y Vox queda muy lejos de las expectativas que había espoleado: ganando solo un procurador y a más de un punto del ansiado umbral del 20%.

Visiblemente decepcionados, los representantes de UPL reconocieron que han topado con el muro socialista en la única provincia de las tres en las que se presentan donde podían obtener representación, que es León. El PSOE se mantiene como primera fuerza y crece algo, el PP sube tres puntos a pesar de la gestión de los incendios del pasado verano y UPL pierde 0,35 puntos, gana apenas 400 votos y no pasa de los 3 procuradores que tenía, cuando su objetivo declarado era conseguir la quijotada del sorpasso al socialismo en su feudo histórico y lograr grupo parlamentario propio obteniendo el 5% de los votos en la comunidad, una cifra de la que se ha quedado lejos con el 4,34%.

Alicia Gallego, la única candidata mujer entre los partidos con escaño, ha enumerado una lista de razones que pueden explicar lo lejos que han quedado UPL del listón que ellos mismos marcaron: “haber quedado excluidos de los debates electorales (porque no tenían grupo parlamentario propio, sino compartido con Soria ¡Ya!), no tener los recursos de otros partidos que usan a los líderes nacionales para hablar de temas nacionales y captar la atención de los medios”. Su compañero procurador Luis Mariano Santos ha señalado además que El Bierzo se les resiste. “El Bierzo es socialista y ha sido muy socialista y eso nos ha lastrado”, ha constatado.

Unión del Pueblo Leonés, una fuerza nacida en 1986 que quiere una comunidad autónoma propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca),se ha beneficiado de la ola localista de los últimos años en una comunidad donde en cuatro décadas no ha cuajado el sentimiento autonómico, pero tiene una trayectoria de la que carecen Soria ¡Ya!, que se presentaba a sus segundas elecciones, y Por Ávila, que concurría a sus terceras. El partido soriano ha sido el más perjudicado por la elección de Martínez, el único alcalde del PSOE con mayoría absoluta en una capital de provincia, ya que ha perdido dos procuradores y más de 10.000 votos tras su irrupción meteórica en 2022 como primera fuerza en la provincia. Por Ávila, más alineado a la derecha, no ha logrado el segundo procurador que quería y se ha dejado además votos por el camino.

“No obstante, es meritorio que hayan mantenido el procurador logrado en 2022. Tanto más cuanto que la marca del partido, que gobierna en Ávila capital, está dañada tras una gestión municipal muy cuestionada. Para mí, ha sido una sorpresa. Si nos hubieran preguntado cuál de las candidaturas provincialistas obtendrían un resultado más decepcionante, seguramente muchos habríamos respondido que Por Ávila”, indica a infoLibre Guillermo Fernández Vázquez, residente en Ávila capital y doctor en ciencias políticas y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. El analista considera que el resultado es particularmente malo para Soria ¡Ya!, perjudicado por lo que ya se denomina “el efecto Martínez”. “Muchos sorianos han podido ver en Carlos Martínez una voz que puede defender los intereses de una provincia que se considera con buenos motivos olvidada; o, en todo caso, una voz tan potente o más que la de Soria ¡Ya! Hay que recordar que mucha parte del voto a esta candidatura en 2022 provenía de electores progresistas. De ahí que pueda decirse que la elección de Carlos Martínez como candidato por parte del PSOE haya sido seguramente buena”, explica. El socialista llamó durante la campaña a ponerse la camiseta de Castilla y León sin quitarse la de Soria o León y, al menos en esas provincias, las únicas en rojo del mapa de las nueve de Castilla y León, puede decir que lo ha conseguido.

Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones este domingo en Castilla y León, un triunfo que el Partido Popular daba por descontado aunque por momentos se llegó a temer que el auge de Vox le hiciera perder posiciones y eso diera el primer puesto al PSOE. No fue así. El barón del PP se impuso con más de cuatro puntos de ventaja respecto a la candidatura del socialista Carlos Martínez y sumó dos escaños a los obtenidos en 2022. Con todo, con sus 33 procuradores, Mañueco se queda lejos de una mayoría absoluta y vuelve a quedar en manos de la formación de Santiago Abascal.

En toda la campaña, el PP trató de instalar el mensaje de que ellos representan la estabilidad y el 'status quo', un mensaje que ha vuelto a funcionar tras cuatro décadas de dominio conservador en una comunidad envejecida y muy conservadora. En su comparecencia, Mañueco presumió de que el PP ha logrado "el mejor resultado" y asumió "la responsabilidad de formar gobierno" que, dijo, le han encargado los ciudadanos de Castilla y León. En ese nuevo escenario, prometió abrir una fase de "diálogo, acuerdo y pacto", aunque acotó de inmediato sus márgenes: aseguró que hablará "con todos", pero descartó cualquier acuerdo de gobernabilidad con "el sanchismo" en Castilla y León.

Mañueco no lo citó expresamente, pero sitúa a Vox como su socio preferente después de que precisamente se abriera hace cuatro años el ciclo de gobiernos conjuntos en esa comunidad. Los ultraderechistas han obtenido catorce escaños con el 18,92% de los votos, su mejor resultado en una comunidad autónoma, pero la gestión de las expectativas les han jugado una mala pasada. El objetivo que se habían marcado los de Abascal era superar el 20% de los votos, un escenario que anticipaban las encuestas y también el propio PP, pero se han quedado a más de un punto de lograrlo, por lo que su resultado queda totalmente deslucido.

Las derechas viven su propia lucha interna sobre la correlación de poderes. Y, tras dos elecciones autonómicas—las de Extremadura y Aragón—, en las que Vox había duplicado sus votos y escaños y se había reivindicado como el "verdadero ganador" de la noche frente a los conservadores, el resultado de este domingo parece delimitar el techo de la extrema derecha. Sin embargo, el líder de Vox no comparte esa lectura. Así, Abascal aseguró que, "a pesar de todos los intentos" por "frenar" y "silenciar" a su formación "no hay techo para Vox".

El candidato ultra en Castilla y León, Carlos Pollán —que ha quedado opacado por Abascal durante toda la campaña—, interpretó el resultado como la prueba de que "la ola del sentido común es absolutamente imparable" y de que Vox es ya "una realidad consolidada". Frente a quienes, dijo, les han dado "por muertos muchas veces", defendió que van a influir "de manera determinante" en las políticas que se apliquen bajo el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Un mensaje en el que incidió también Abascal. "Vamos a negociar medida a medida, con plazos y garantías de cumplimiento para asegurarnos de que el voto que esos castellanos y leoneses, extremeños y aragoneses han depositado en Vox sea respetado y se garantice que no se ha defraudado", señaló. Así, volverán a tratar de poner contra las cuerdas al barón del PP.

La lectura en Génova es otra. A juicio del PP, el resultado es un "castigo" por el bloqueo a la candidatura de la presidenta extremeña María Guardiola. "Estuvo más cerca del 25% que del 20% en los trackings de hace menos de un mes y su decisión de bloquear un gobierno de centro derecha en Extremadura le ha hecho daño", analizan en Génova 13. A diferencia de lo ocurrido con Guardiola y con Jorge Azcón posteriormente, las elecciones de Castilla y León no han sido fruto de un adelanto calculado, sino del fin de la legislatura. Nadie en el PP confiaba demasiado en Mañueco, pero ha salido mejor parado de lo esperado.

La campaña ha estado marcada por el juego cruzado entre ambos partidos a cuenta, precisamente, del 'no' de Vox a Guardiola en Extremadura. "El que se presente para bloquear la alternativa al Gobierno y estafar al ciudadano merece un castigo de la gente", llegó a pedir Feijóo en el mitin de cierre en Valladolid. "Que alguien que dice que hay que echar a [Pedro] Sánchez, pida el voto para no dejar gobernar al PP no lo había visto en la vida", denunció.

Abascal también se metió de lleno en esa guerra. Acusó al PP de llevar a cabo una "guerra sucia" contra su formación, para, según su opinión, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales y sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos. En ese sentido, dirigió más sus críticas a la dirección nacional del PP, y en especial a su secretario general Miguel Tellado, por querer boicotear, a su modo de ver, la investidura de Guardiola.

Con todo, la mala noticia para el PP es que los socialistas han acabado con su racha de derrotas y han mejorado sus posiciones respecto a 2022, con dos escaños más. La tesis de la dirección nacional es que han logrado capitalizar los votos de las formaciones a su izquierda "a costa de Podemos, UPL y Soria Ya". "¿Cuántas elecciones autonómicas tiene que perder el PSOE para que cambie de políticas y de políticos?", apuntan fuentes del equipo de Feijóo.

"Uno de los escaños que sube el PSOE lo consigue en Segovia y bajando en porcentaje de voto. Lo coge porque esa provincia reparte un procurador más. Por tanto el único escaño que el PSOE le arrebata a otro partido se lo quita a Soria ya", apuntan desde el equipo de Feijóo respecto al crecimiento de los socialistas. En la dirección nacional sostienen, además, que el "No a la guerra" no es el responsable de ese cambio y que "no ha servido de nada al PSOE".

La tercera estación del calvario electoral programado por Alberto Núñez Feijóo el pasado otoño contra Pedro Sánchez era Castilla y León. Fecha, 15 de marzo de 2026. Datos: el PP gana dos escaños y el PSOE otros dos. El primer objetivo del planazo –desgastar al “sanchismo” hasta “sangrar”– no parece muy logrado en la comunidad que pasa por ser la más conservadora de España, a la vista de 39 años de gobiernos de la derecha. La segunda prioridad declarada por el PP en este viacrucis era la de ensanchar la distancia respecto a Vox para rebajar sus exigencias en la negociación de gobiernos territoriales. Vox ha subido (solo) un escaño, de modo que la diferencia entre las dos derechas en Castilla y León ha pasado de 18 escaños ¡a 19! En esto le ha ido al PP mejor que en Aragón o en Extremadura, donde ya escribimos que hizo “un pan como una hostias”. Pero tendrá que seguir soportando, sí o sí, la penitencia que decida Abascal para gobernar en las tres comunidades que han votado en estos últimos meses.

Las urnas despejan incógnitas aunque no aportan los porqués (por mucho que nos empeñemos los analistas en lanzar juicios de intenciones sin esperar a los estudios postelectorales). De modo que no podemos saber hasta qué punto ha podido perjudicar las expectativas de Vox (las encuestas lo situaban por encima del 20%) su posición genuflexa ante Trump, sus vodeviles internos, su bloqueo de los pactos de gobierno en Extremadura o Aragón, etc. Como tampoco podemos saber en qué grado ha podido movilizar las filas socialistas el “No a la guerra”, la confrontación rotunda de Sánchez con Trump o la participación de Zapatero en algunas plazas clave de la campaña. Sí sabemos que donde han bailado escaños a favor del PSOE ha sido en Soria y en Segovia. Quizás –sólo quizás– la cercanía al territorio, a los problemas de la gente en su ámbito vital, pesan más que la geopolítica internacional.

Carlos Martínez, el candidato socialista, alcalde de Soria cuyo nivel de conocimiento a nivel autonómico no pasaba del 50%, ha conseguido atraer votos de Soria Ya a su cartel, y también ha inclinado a su favor el nuevo procurador que ganaba la provincia de Segovia gracias al aumento de población derivado de los trenes de alta velocidad a Madrid y Valladolid y de la población inmigrante. En Soria y en Segovia están las claves del crecimiento socialista. Y lo están, quizás, porque Martínez no es ningún paracaidista, porque ha centrado su campaña en plantear soluciones a lo que el PP no ha sabido gestionar en cuatro décadas, y porque lo ha sabido hacer sin aparcar la fuerza del “No a la guerra”, del brazo de Zapatero o acompañando a Sánchez sin ser ‘sanchista’ de primera hora. 

Que Mañueco renueve la primera posición o incluso la mejore, a pesar de su nefasta gestión de los incendios forestales del verano pasado, los casos de corrupción en su entorno salmantino o la devaluación permanente de la calidad asistencial en la región, no debería sorprender a nadie si se tiene en cuenta el ecosistema mediático regional (ver aquí). Tendrían que ocurrir muchas cosas a la vez (y en todas partes) para que la derecha pierda el poder en una comunidad en la que la influencia social de la Iglesia aún pesa más que las andas de Semana Santa y en la que un porcentaje muy relevante de la información (o desinformación) circulante está en manos de dos constructores condenados por corrupción.

Ni una sola encuesta ha acertado el resultado de Vox. De hecho, en los últimos días no había forma de escuchar un análisis electoral que no destacara que Santiago Abascal había hecho una campaña tan intensa que salía a tres pueblos por jornada, dedicado a predicar los efectos nefastos que el acuerdo de Mercosur tendrá para los agricultores y ganaderos de la región, sin olvidarse del “reemplazo” migratorio en marcha (dos ejemplos meridianos de manipulación informativa). Tampoco nos volvamos locos de (comprensible) alegría. El juego de las expectativas hace que nos parezca un éxito que Vox no haya superado el 20% del voto en Castilla y León, como si no fuera suficientemente grave que su resultado le permita seguir condicionando las políticas de gobierno desde el negacionismo, el extremismo y el discurso del odio. Eso sí, todo apunta a que el ‘No a la guerra’ sitúa a la extrema derecha ante el espejo de un patriotismo falsario.

El resultado electoral de Unión del Pueblo Leonés demuestra la fortaleza del sentimiento leonesista. Los agravios que hasta un 60% de la población de León (segunda provincia en aportación de procuradores a las Cortes autonómicas) siente hacia el centralismo de Valladolid no pasarán. La representación leonesista es estable y creciendo entre la población joven. En algún momento de un futuro (no tan lejano) habrá que repensar un mapa autonómico diseñado en los albores de la Transición, a menudo por intereses muy verticales y poco coherentes con las identidades plurales y diversas de España (y de Castilla y León). La representación parlamentaria (aunque sea mínima) que mantienen Soria Ya o Por Ávila remachan en el mismo clavo: la necesidad de respetar y dar cauce a las reivindicaciones más pegadas a la realidad local o regional.

A la izquierda del PSOE ha ocurrido lo que se temía y más allá. La dispersión de siglas no ayuda, y aunque la barrera electoral sea del 3%, como en Aragón, y no del 5%, como en Extremadura, lo cierto es que se produce una diseminación del voto que solo favorece a formaciones que “atrapan” los restos, y es evidente que las mayoritarias (incluida ya Vox) se aprovechan de esta distorsión en el ecosistema electoral español, más dependiente de la circunscripción provincial que de la demonizada Ley D’Hont. Si las izquierdas no aprenden algo de lo ocurrido en Extremadura (para bien) y en Aragón y Castilla y León (para mal) es que todas o alguna de ellas andan ciegas y sordas.

No nos cansamos de escribirlo: si a la izquierda de un PSOE que –al menos en esta tercera estación del viacrucis– resiste y se fortalece, no surge una iniciativa removilizadora que resetee un sentimiento de decepción y lo lleve a las urnas con una ambición no sectaria sino democrática y plurinacional, será imposible una renovación de la coalición de Gobierno progresista. 

Cuarta estación, Andalucía, probablemente en junio. Disculpen que no me atreva a aventurar lo que puede ocurrir en el plano político hasta entonces. La velocidad de los tiempos de la IA y el trumpismo es más difícil de gestionar que los incendios de quinta generación. Pero nada está escrito, ni mucho menos contrastado, sobre un futuro electoral en el que unos cuantos puñados de votos pueden decidir escaños suficientes para inclinar la gobernabilidad. No parece descabellado aventurar que Feijóo no termina de conseguir tumbar al sanchismo, Abascal tampoco logra su ansiado sorpaso, el PSOE resiste (en la tierra genuina de “el que pueda hacer que haga”), el leonesismo se reafirma y la izquierda de la izquierda vuelve a ser enviada al rincón de pensar.

Las elecciones de Castilla y León dejan muchas lecciones. Para mí, la más relevante es que contra la guerra, vuelta al territorio. En el fondo, no es nada nuevo. La globalización, ese fenómeno que alejó la política de la ciudadanía y generó una sensación de desamparo que está hoy en la base de muchos de los descontentos, ha generado un movimiento de refugio en lo local, lo cercano, lo territorial. Ulrich Beck le llamó a esto “glocalización” en 1997.

Pero volvamos a Castilla y León. Por la derecha, Vox ha crecido menos de lo que las encuestas decían, pero el Partido Popular de Mañueco, que ha hecho una campaña más pegada a las cuestiones del territorio, ha crecido dos escaños, ampliando por tanto en tres procuradores y cinco puntos el bloque de derecha y ultraderecha. El seguimiento de los trackings apunta a que los últimos días Vox fue descendiendo en intención de voto coincidiendo con la guerra y el protagonismo de Trump. Eso explica que ninguna de las encuestas realizadas estimaran bien el resultado de Vox, y que todas le dieran más representación. Alguna apuntando a 19 procuradores y a más del 21% de los votos. Esto es clave porque apuntaría que si Vox no ha crecido más no ha sido por no haber pactado con PP en Extremadura o Aragón, sino por su cercanía a los postulados trumpistas.

Por la izquierda, la candidatura de Carlos Martínez, alcalde de Soria desde hace 19 años y muy pegado al día a día, ha sido clave para dar el vuelco en Soria. Tanto que en la ciudad de Soria el PSOE incrementa más de 18,5 puntos, y Soria Ya! pierde 27. Es, curiosamente, el único partido de carácter provincial/territorial que pierde escaños. Tanto Unión del Pueblo Leonés como Por Ávila resisten manteniendo el número de procuradores.

¿Y la guerra? Esa es otra de las preguntas de la noche y, en efecto, sería un tanto extraño considerar que no ha influido en nada, pero tampoco resulta creíble que haya sido el motivo del incremento de dos procuradores para el PSOE. También IU-Sumar y Podemos tienen posiciones nítidas contra la guerra y han quedado barridos de las Cortes de Castilla y León. Se podrá aducir el consabido voto útil de la izquierda, y, en efecto, sería un sinsentido no tenerlo en cuenta, pero para que el voto útil se active tiene que tener un lugar concreto en el que refugiarse, y ahí es donde la figura de Carlos Martínez ha sido muy relevante a la hora de explicar el resultado.

Con este panorama, hay que esperar a las encuestas postelectorales para conocer con profundidad los movimientos de fondo, pero hay algunos datos curiosos. El porcentaje de voto a Vox fue bajando conforme el escrutinio avanzaba, es decir, conforme iban entrando las mesas con más votos; o, lo que es lo mismo, de municipios mayores. Justamente donde más porcentaje de jóvenes hay. En este caso, es muy posible que el voto joven no haya sido la clave del avance, aunque tímido, de Vox. No se debe olvidar que en Castilla y León Vox ya pegó el estirón en las anteriores autonómicas de 2022.

Las lecciones de Castilla y León son muchas. A modo de síntesis: que los adelantos electorales, como se vio en 2019, no estimulan la participación y generan mayor desafección y voto antisistema. En este caso, con una convocatoria ordinaria cuatro años después, la participación ha vuelto a las cifras de 2019.

Por otro lado, el rechazo a la guerra, a esta guerra y a todo lo que Trump supone, tiene un enorme respaldo de la ciudadanía. El PSOE lo supo ver desde el primer momento y ha sido capaz de generar un marco en torno a esta cuestión. Un marco que beneficiaría también al resto de la izquierda si fuera capaz de trasladar que tiene una opción viable y eficaz para competir electoralmente. Como por el momento no parece ser así, el bloque progresista, en su conjunto, retrocede y retrocede, lo cual nos advierte de que, de una u otra forma, las derechas están consolidando su posición.

Finalmente, disculpen la insistencia: el territorio, los candidatos pegados a la tierra, el conocimiento del día a día, la política de proximidad.

Tomen nota unos y otros para lo que viene por delante.