El modelo residencial ha cambiado poco en Cataluña desde la pandemia. Es el consenso al que llegan la portavoz de las familias afectadas por las residencias, la patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña y expertos en derecho de las personas mayores. Las raíces del problema a las que todos apuntan son dos: falta de financiación y poco desarrollo administrativo de una legislación ya de por sí muy anticuada. Cuando se entra en cómo afrontar la situación las opiniones empiezan a divergir, pero todos ellos indican la urgencia de abordar una reforma profunda del modelo residencial. “Si tuviéramos ahora otra pandemia volveríamos a ‘palmar’”, zanja Ignasi Freixa, director de la patronal Unión de pequeñas y medianas residencias y servicios a la dependencia (UPIMIR).

Un poco diferente lo ve Lluís Torrens, exsecretario de Asuntos Sociales y Familia durante los dos últimos años en el gobierno de Aragonès, que pese a la situación compleja, indica algunos brotes verdes a infoLibre. “Este julio cerramos un primer documento para avanzar en la actualización de la Cartera de Servicios a corto plazo”. El problema es que para modificar esta cartera de 2010, que debe renovarse periódicamente cada cuatro años y aún no se ha hecho, el plazo para hacerlo es de 40 semanas, según Torrens, que dirigió la secretaría desde noviembre de 2022. Lluís Torrens explica que para planear esta reforma reunieron al sector y convocaron cuatro mesas sectoriales en las que había “representantes de las empresas, de las asociaciones de familiares, de colegios profesionales, sindicatos y expertos”. La idea del anterior departamento de Asuntos Sociales era establecer estas cuatro mesas sectoriales de forma permanente para poder hacer revisiones periódicas a la cartera de servicios de forma continuada. Un trabajo que dejará para la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez.

Las listas de espera para acceder a los servicios de dependencia, que engloban residencias, centros de día y atención domiciliaria se redujo en Cataluña 46 días en la anterior legislatura. Una cifra que mereció el reconocimiento de la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, durante la segunda comisión parlamentaria de la legislatura, hacia el trabajo del equipo anterior, pero que en palabras suyas, “sigue no siendo suficiente”. Por eso aclara a infoLibre que “antes de acabar el año planean presentar un plan de choque para abordarlo”. La media de espera en Cataluña para recibir un itinerario en dependencia está en 258 días. Una cifra alta a la que no llegan todos los usuarios que solicitan la ayuda. De hecho, muchos murieron antes de llegar a recibir esa ayuda. Desde enero a agosto de 2024, 497 personas murieron cada mes en Cataluña sin que se les hubiera podido asignar un itinerario, según datos del Imserso. 

Una población cada vez más envejecida agrava esta situación. En el año 2031 uno de cada cuatro ciudadanos en Cataluña tendrá más de sesenta y cinco años. El país encara un reto demográfico mayúsculo. “Han cambiado las necesidades y las expectativas de la ciudadanía, que reclama un modelo de atención centrado en la persona, con servicios de proximidad y que promueva la autonomía”, explican a este periódico fuentes de la consejería de Derechos Sociales de Mònica Martínez. El exsecretario saliente apunta uno de los cambios hacia dónde debería caminar la dependencia. “Debería existir un modelo de presupuestos personales”. Una experiencia que existe en Flandes y Reino Unido en el que en vez de apuntarte a una lista de espera, la administración ingresaría un montante de dinero y la persona perceptora de la ayuda se lo autogestionaría. De este modo “se eliminarían las listas de espera y la gente tendría mucha más libertad para escoger residencia”, cuenta el exsecretario Lluís Torrens.

Ignasi Freixa añade que el envejecimiento ha afectado a la gestión de las residencias. “Hemos pasado de tener una población que tenía un cierto grado de autonomía a que la gran mayoría de los usuarios tengan un nivel de dependencia y vulnerabilidad alto”, cuenta el director de la patronal. “Muchos llegan a la residencia y mueren”, concluye. El exdirector de Asuntos Sociales, Lluís Torrens, plantea otro reto del sector. “Vamos a necesitar muchísima gente trabajando que no tenemos. La mayoría de la población que hay trabajando es migrante”. El exdirector explica que los sueldos en dependencia tienen una remuneración baja y es complicado retener al personal laboral. Lo mismo apunta Jordi Muñoz, abogado y presidente de la Asociación para la investigación del maltrato a las personas mayores (EIMA). “Es un trabajo extremadamente vocacional. Hay que hacer cambios posturales, de pañales, limpiar a la persona, darle de comer.” El experto explica que muchas personas dejan el trabajo si observan que pueden cobrar lo mismo en otro sector.

La nueva consejería tiene el trabajo de encajar el cambio demográfico de los próximos años en Cataluña con una Ley de Servicios Sociales que es del 2007 y que fue pensada para las problemáticas y las casuísticas de esa década, y con una Cartera de Servicios sociales que es del 2010. Es por ello que fuentes de la misma consejería han informado a infoLibre que tienen la intención de reformar la cartera para que “sea más ágil, flexible y con capacidad de innovar, simplificando los trámites para los usuarios”. También promoverán trabajar con un grupo de expertos multidisciplinar para abordar esta reforma, de manera que el Departamento podría continuar la senda que ya empezó a trabajar la anterior secretaría de asuntos sociales. 

Las dos normativas que actualmente rigen el sector de la dependencia en Cataluña están desfasadas para Mª José Carcelén. Para la portavoz de la coordinadora de Residencias 5+1, asociación de familiares que desde el 2017 defiende los intereses de los residentes, el modelo de financiación y legislativo actual, además de llenar las listas de espera, establece ratios de personal “insuficientes” e inspecciones “que no dan respuesta a los problemas”.

Ignasi Freixa responde a la problemática de las ratios que “si la cartera de servicios es la misma que en 2010, eso quiere decir que el número de profesionales están pensados para los usuarios que había en 2010”, exponiendo que en ese momento los residentes tenían unos niveles de dependencia menores. La portavoz de la Coordinadora puntualiza que para ella una de las problemáticas es que la administración ha creado “tres clases sociales” de residentes, los que están en una pública de gestión pública, los que están en una pública de gestión privada y los que están en una privada con plazas concertadas con la Generalitat. Para estas últimas residencias, la Generalitat flexibilizó las condiciones para acceder a las subvenciones en 2014. La portavoz crítica que, a la práctica, eso supone ratios más bajas de personal en fisioterapia, psicología, trabajadores sociales y también tener menos gerocultores por usuario, lo que afecta a la calidad.

Un aspecto que debe mejorar la calidad de las residencias, pero se encuentra a medio construir es la Agencia integrada Social y Sanitaria, una apuesta del anterior ejecutivo. “Los médicos pueden consultar los expedientes de dependencia y los trabajadores sociales los expedientes de salud de un residente”, expone el exsecretario Lluís Torrens. En el mandato pasado se empezó a tramitar la ley que debía regir la Agencia. Pero la convocatoria electoral truncó la tramitación y, aunque hay elementos que ya están en funcionamiento, la ley aún no está aprobada. Un impasse que tiene impaciente al sindicato Metges de Catalunya, que alertan de que una de cada cuatro residencias no tiene un médico asignado. Según la portavoz de Metges de Catalunya, Lourdes Franco, “no hay protocolos ni circuitos creados para los médicos a la hora de atender las residencias”. La portavoz tampoco tiene claro si las residencias deben continuar contratando a un médico propio, y ante ese limbo muchas han empezado a despedirlos para ahorrarse dinero. “Esto nos está sobrecargando y obliga a los médicos a sacar horas de los Centros de Atención Primaria”, concluye Lourdes.

La financiación del Estado en dependencia acarrea un déficit histórico en inversión estatal que se remonta a los recortes del 2012 de Fátima Báñez. El plan de choque del gobierno estatal (2020-2023) aumentó un 138% las aportaciones del Estado a la dependencia tras la pandemia, pero el sector sigue en crisis. El sistema tiene la financiación de la dependencia partida entre el Estado y las comunidades autónomas, que son quienes gestionan las residencias. Pero el Estado nunca ha llegado a aportar el 30% del dinero que gastan las comunidades en dependencia desde que el Imserso hace recuentos, y son las comunidades quienes aportan el resto.

El Senado aprobó en 2022 una moción que instaba al gobierno a equiparar al 50% las aportaciones de comunidades autónomas y Estado en dependencia. Pero en 2023 el Estado financió solamente un 28%, y en Cataluña la cifra bajaba al 23,45%, según el Imserso. Como consecuencia, el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy se comprometió a elevar ese porcentaje al 50% para 2027 en una visita a Barcelona con el exconsejero Carles Campuzano el pasado febrero. “Es obvio que el sector social está infrafinaciado”, cuenta el exsecretario Lluís Torrens, que añade que a la hora de repartir los presupuestos siempre compiten con “la financiación en pensiones y en salud”. Quizás por ello la nueva consejera, Mònica Martínez, explica a infoLibre que se ha comprometido a también a encontrar más financiamiento en Europa “aprovechando las oportunidades del Fondo Social Europeo”.

Para Jordi Muñoz, abogado y presidente de EIMA, el problema es que el precio público por paciente es incompatible con un modelo de calidad. “Para aumentar las ratios de personal hay que pagar mejor la plaza pública. El precio público ahora es insostenible para un centro residencial”. La inversión por persona dependiente en Cataluña está por debajo de la media estatal según el Observatorio para la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes en servicios sociales. La media se sitúa en 1.815€ por persona y en Cataluña está en 1.649€. José Manuel Ramírez, portavoz del Observatorio, apunta hacia el gobierno catalán como corresponsable de la infrafinanciación. Cataluña es la comunidad autónoma que menos ha aumentado en gasto por habitante en políticas sociales entre 2009 y 2023 (que incluyen sanidad, educación y servicios sociales). Según el observatorio la comunidad autónoma solamente ha subido 153€ por habitante, mientras que la que más lo ha subido, Extremadura, elevó la inversión a 1.118€ por persona.

“No hay la voluntad de hacer la inversión necesaria para cambiar el modelo”, considera Mª José Carcelén, portavoz de las familias. “Una inversión del 2% del PIB, como la que hay en Europa, doblaría la inversión que tenemos ahora”, recuerda Ignasi Freixa, director de la patronal UPIMIR. El acuerdo sobre la infrafinaciación es, por lo tanto, unánime. Cómo solucionarlo será uno de los desafíos que tendrá que resolver la nueva consejera a lo largo de la legislatura.

Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Mariano Rajoy y actual presidenta de la fundación de la patronal CEOE, se convertirá en nueva consejera de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola. La propuesta como consejera de Báñez figura en la convocatoria de junta general de accionistas de Avangrid, remitida al regulador estadounidense (SEC) y que se celebrará el próximo 20 de julio en Boston, según informa Europa Press.

La exministra es uno de los dos nuevos miembros propuestos para ocupar un asiento en el órgano rector de la filial estadounidense, ya que los otros doce, incluido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, repetirán como consejeros.

No es la primera vez que Báñez, de 55 años, ocupa un cargo dentro de la estructura del grupo Iberdrola, ya que ha sido consejera independiente de Iberdrola México desde septiembre de 2020, aunque ha dejado este asiento este mismo mes de junio.

En su propuesta a sus accionistas, Avangrid destaca de Báñez, licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y MBA de la Universidad de Harvard, que aporta "experiencia en liderazgo ejecutivo, incluida su experiencia como ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, junto con una perspectiva comercial global y una amplia experiencia en relaciones gubernamentales, desarrollo económico, políticas públicas, y gestión del capital humano".

Junto a Báñez, la otra nueva incorporación al consejo de Avangrid será la de Camile Joseph Varlack, de 46 años y que se ha desempeñado como socia fundadora y directora de operaciones de la firma de abogados Bradford Edwards & Varlack, LLP.

Avangrid ha nombrado recientemente a Pedro Azagra Blázquez, hasta entonces director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, como nuevo consejero delegado, relevando en el cargo a Dennis Arriola.

“En velocidad de crucero” dice el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, que tiene que entrar ya la negociación para derogar la reforma laboral de 2012. Un diálogo que se ha ido complicando no sólo por lo sensible de los contenidos y el alcance de sus repercusiones económicas en plena crisis pospandemia, sino también por el estallido de la penúltima pelea política en el seno del Gobierno. Sea como fuere, con acuerdo o sin él, los cambios en las leyes del trabajo deben quedar listos antes de que acabe el año.

Aunque esa pugna en la coalición parece “zanjada”, por repetir el término que utilizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aún siguen abiertos sobre la mesa todos los puntos calientes de la negociación. Para la reunión del próximo miércoles la agenda incluye el regreso a las recetas contra la temporalidad, que ya se discutió esta semana, y el mecanismo de sostenibilidad del empleo, los ERTE permanentes, del que se llevaba sin hablar un par de meses. Pero no está claro si la supresión del resto de los “aspectos lesivos” de la reforma de 2012 se da ya por cerrada o no.

La prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la recuperación de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan y mientras se negocia su renovación– son para los sindicatos temas casi asegurados y liquidados “desde los tiempos de Fátima Báñez y de Magdalena Valerio”, las ministras de Trabajo del PP y el PSOE. Pero cuando en la mesa los sindicatos preguntaron a la CEOE y al Gobierno si esos asuntos habían quedado sellados, ninguno de los dos contestó.

Fuentes de CCOO, no obstante, aseguraron a infoLibre que, tras la última reunión, los sindicatos se sentían “reforzados”: ya no hay duda de que la derogación de la reforma laboral saldrá adelante, subrayan. Y ni la ultraactividad ni la prioridad de los convenios van a reabrirse, añaden. Para los sindicatos, sin “reequilibrio de la negociación colectiva” –que a su juicio descompensó la reforma de 2012 a favor de las empresas– no hay acuerdo posible.

Mariano Hoya atribuye el rechazo de la CEOE a ceder en esta materia a la presión de determinadas patronales. En concreto, menciona a Anfac, que agrupa a las grandes empresas de automoción. “Teme que la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa afecte a la flexibilidad a la carta de que disfrutan: pueden llamar con sólo 24 o 48 horas de antelación a un trabajador para que se incorpore a un turno o pueden doblar turnos o eliminar descansos”, explica. Es una flexibilidad interna que lleva años utilizando el sector y también, admite, una de sus fórmulas de éxito. Hoya asegura que esos mecanismos no corren peligro si se cambia la prevalencia de los convenios; se pueden preservar sin problemas en la negociación colectiva.

Hasta el 60% de temporalidad en la agricultura

“Los principales escollos [de la negociación] son el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores [modificación sustancial de las condiciones de los trabajadores] y el artículo 15 [duración de los contratos]”, resume el dirigente de UGT. Es decir, la enorme flexibilidad que dio a las empresas la reforma de 2012 y que ahora se resisten a ceder, apunta Mariano Hoya, y la temporalidad abusiva “y en muchos casos fraudulenta” del empleo.

Hasta ahora ninguna de las medidas aplicadas por los gobiernos desde los años 80 ha conseguido siquiera reducir apreciablemente la cifra récord de empleo temporal en España. La segunda más elevada de la UE sólo por detrás de Polonia. Un 26%, que se eleva al 31,6% en las administraciones públicas, al 35% en la construcción y nada menos que al 60% en la agricultura. Hoya cree que sólo con aplicar sanciones contundentes contra los contratos fraudulentos en el sector primario, la temporalidad se reduciría hasta siete puntos.

La patronal ha puesto el grito en el cielo cuando se ha planteado limitar a un 15% el número de trabajadores temporales en las empresas, una cifra cuya paternidad niegan tanto el Gobierno como los sindicatos. Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, asegura que el 15% “como único referente” no le vale a su sindicato. Piensa más bien en aplicar una “escala progresiva” según el número de trabajadores que tenga la empresa. Algo que ya se recoge en algunos convenios colectivos. Mariano Hoya coincide en que hay que distinguir según el tamaño de las empresas. E incluso según los sectores, como ha planteado la patronal. El problema, apunta Mari Cruz Vicente, es que en el Estatuto de los Trabajadores no se pueden hacer distinciones sectoriales. “Aún queda mucho por debatir”, precisa, “por ejemplo, no acabamos de ver cómo encajar los contratos de muy corta duración, 15 días o un mes, que se repiten en el tiempo, aunque sea sólo una vez al año, en las campañas comerciales de rebajas”. Para estos trabajadores, Mariano Hoya vería con buenos ojos no sólo el contrato fijo discontinuo, sino incluso un contrato estable de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

La CEOE, por su parte, se irrita cuando se asimila temporalidad con precariedad, está en contra de establecer un tope general de contratos temporales para todos los sectores y es partidaria de canalizar parte de estos contratos a través de las mencionadas ETT.

Alternativas y restricciones al despido

Sobre el mecanismo permanente que debe convertir la fórmula de los ERTE en una alternativa a los despidos, CCOO cree que la propuesta del Gobierno es “insuficiente”. No hay nada concreto sobre las exoneraciones de cuotas de que disfrutarán las empresas, o sobre el periodo de carencia y el contador cero de las prestaciones, advierte Mari Cruz Vicente. Tampoco está claro cómo se va a financiar el nuevo esquema. En principio, Trabajo planteaba que se sufragara con el superávit del Servicio Público de Empleo (SEPE). Pero, de momento, no hay tal, y no se ha propuesto una alternativa, lamenta la dirigente de CCOO.

Fuera de la mesa han quedado otras cuestiones igual de “lesivas” y más candentes, como los despidos. Mariano Hoya precisa: “Volver a las indemnizaciones de 45 días por los despidos improcedentes –que la reforma de 2012 rebajó a 33 días– y recuperar tanto los salarios de tramitación –que cobraban los despedidos cuando se les readmitía tras ganar una demanda– como la autorización administrativa para los despidos colectivos”. No obstante, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, defendió este viernes un “encarecimiento del despido” mediante medidas que lo restrinjan. “En España está muy activa la cultura del despido”, aseguró. Por lo que aboga por “taponar” esa vía para que las empresas prefieran flexibilizar jornadas.

Un acuerdo 'light'

Mariano Hoya teme que los esfuerzos del Gobierno por sumar a la CEOE al acuerdo terminen por generar un “acuerdo light” en el que “parezca que se toca algo pero no se toque nada” de la reforma laboral de 2012. A su juicio, con las peleas en el Gobierno, la patronal “se envalentona”. Sin embargo, y pese a las declaraciones públicas de sus dirigentes, en otra de las mesas del diálogo social, la de las pensiones, la CEOE no se mostró especialmente indignada por la propuesta de subir un 0,5% las cotizaciones sociales, más allá de expresar su rechazo, según explican fuentes sindicales. En la mesa sobre la reforma laboral sí que reveló su enfado por las enmiendas presentadas por Unidas Podemos a la primera parte de la reforma de las pensiones y por las filtraciones a la prensa de las propuestas del Gobierno. “¿Qué validez me da el Gobierno si un partido que está dentro del Gobierno, que tiene ministros, enmienda este acuerdo? ¿Va a hacer lo mismo con los siguientes acuerdos que hagamos?”, se preguntó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en un congreso de directivos celebrado el pasado jueves en Córdoba.

A diferencia de los sindicatos, a la patronal la última reunión del diálogo social, con la incorporación de dos directores generales de Economía y Seguridad Social, no le dejó buen sabor de boca. “No sé si el Gobierno se ha coordinado o no, pero seguimos con el mismo papel de hace 15 días, a la mesa ha llegado el mismo papel que estaba”, protestó. Esperaba un cambio que no se produjo.

El Gobierno limó los documentos sobre la reforma laboral y de las pensiones que ha enviado a Bruselas con la intención de sellar fisuras con Unidas Podemos y dejar margen de negociación a sindicatos y patronal en el Diálogo Social. Así, el texto sobre los cambios que quieren aplicar en el mercado de trabajo es tan genérico que apenas reúne un listado de enunciados, sin precisar en la mayoría de los casos en qué dirección apuntan las modificaciones esbozadas. En el caso de las pensiones, el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, concreta medidas con cifras y cálculos de todo tipo. Y, aunque rebaja algunas de las medidas anunciadas, mantiene las de mayor calado.

Cierto que no incluye los 35 años como nuevo periodo de cálculo de la pensión, un aumento de 10 años sobre el umbral al que debería llegarse en 2022 en aplicación de la reforma de 2011. Pero el Ministerio de Seguridad Social no renuncia, en cualquier caso, a ampliarlo. Aunque “simultáneamente” se permitirá descartar los años que sumen peores cotizaciones debido a interrupciones de la carrera laboral. Es decir, la idea es que el trabajador pueda elegir los años que van a integrar la base reguladora con la que se calcula su futura pensión. También que se diseñe un nuevo procedimiento para integrar las lagunas de cotización, puesto que el actual es “inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas al empleo temporal”, reconoce el Gobierno. Esas carreras suelen corresponder a mujeres y, desde la penúltima crisis, a los trabajadores de más edad despedidos al final de su vida laboral. De hecho, estos últimos se verían beneficiados de una ampliación del periodo de cálculo.

La desaparición de los 35 años en el documento final ha venido acompañada de polémica. El ministro de Seguridad Social, José María Escrivá, ha asegurado en Onda Cero que ése era un “cálculo intermedio” y que su departamento “todavía no sabe qué va a hacer”. “Tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios más a nivel de microdato y en eso estamos, ésa es la parte más difícil de precisar de todo lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado y lo que hemos mandado a Bruselas”.

En efecto, en un documento previo, enviado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, se incluía la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión. Y se cifraba en un 6,3% el recorte medio de la pensión inicial que supondría esa extensión a 35 años. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explica el ministerio en el informe. Fuentes del departamento indican a este periódico que el departamento está estudiando diferentes fórmulas para aumentar la contributividad del sistema –la correspondencia entre lo cotizado y la pensión– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado de trabajo. Pero la propuesta de extender el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión va a encontrar en el Diálogo Social el rechazo frontal de los sindicatos. “Ahí no va a haber acuerdo”, recalcan fuentes de la negociación. El mismo rechazo que ha suscitado en Unidas Podemos. E incluso en el PP, según las mismas fuentes.

Según recalca en el informe remitido a la Comisión Europea, el Ministerio de Seguridad Social pretende revertir la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, que tacha de “fallida”. “No fue puesta en marcha de forma efectiva por falta de legitimación social y política de dos elementos: el factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP)”, subraya el documento. Tal y como explica el ministerio, ambos mecanismos hacían recaer sobre los pensionistas y trabajadores “todo el impacto del aumento del gasto en pensiones”, lo que se traducía en “una pérdida secular de poder adquisitivo que se aleja de los modelos vigentes” en el resto de los países europeos.

Indicadores adicionales a la esperanza de vida

Pero eso tampoco significa que el factor de sostenibilidad vaya a desaparecer, al menos en la intención del ministerio. El diseñado en la reforma de 2013 se encuentra suspendido desde 2018. Debería haber empezado a aplicarse en 2019. Se trata de un coeficiente que reduce la cuantía de la pensión inicial dependiendo de la esperanza de vida de la generación del trabajador. Su existencia se preveía ya en la reforma de 2011, pero entonces se trataba de una revisión, cada cinco años, de todos  “los parámetros fundamentales del sistema” adecuándolos a “las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027”, año en que debería haber desplegado todos sus efectos la ley. El factor de sostenibilidad creado en 2013 sólo se aplicaba sobre la pensión inicial. 

En el documento enviado a Bruselas se prevé la creación de un nuevo instrumento con el que se revisarán periódicamente los parámetros fundamentales del sistema en función de la esperanza de vida, pero también “en función de otros “indicadores complementarios”. En concreto, cita “el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. En el informe previo en manos de la Comisión Delegada, se habla además de incorporar al diseño del nuevo factor de sostenibilidad –que el documento de Bruselas rebautiza como “mecanismo de equidad intergeneracional”– “otros parámetros del sistema en la esfera de los gastos y de los ingresos”. En cualquier caso, no empezaría a aplicarse hasta 2027. El objetivo de añadir esos indicadores complementarios es evitar que un coeficiente reductor automático –tal y como estaba diseñado en la reforma de 2013– “cargue exclusivamente sobre los pensionistas el coste del aumento de la esperanza de vida”, sin permitirles una planificación previa. Otras posibilidades serían vincular la esperanza de vida a la edad de jubilación. Las fuentes del ministerio consultadas por este periódico aseguran que aún no están definidos esos parámetros adicionales, que quedarán para una segunda fase de la reforma. 

Fórmulas con el IPC para subir las pensiones

La primera fase sí está en marcha. Ya se han remitido a los sindicatos y la patronal un puñado de fórmulas para actualizar las pensiones según la inflación, explican las fuentes de Seguridad Social. En el informe remitido a Bruselas no se explica cómo puede ser ese nuevo mecanismo, pero en el anterior facilitado a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos sí se precisa un poco más: la nueva fórmula tomará como referencia varios años de IPC, lo que evitará “fluctuaciones derivadas de cifras anuales o mensuales de inflación”. Las fuentes de la negociación consultadas explican que las primeras opciones no fueron aceptadas por los agentes sociales porque eran demasiado “alambicadas”. “Además de mantener el poder adquisitivo, la fórmula debe ser sencilla y comprensible, y las que propuso el ministerio no lo eran”, advierten.

Hasta que entró en vigor la reforma de 2013, se utilizaba el IPC del mes de noviembre para compensar la desviación sobre el IPC previsto a comienzos de cada año. Con la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), las pensiones se actualizaban de acuerdo con una fórmula que las ligaba a los ingresos y gastos de la Seguridad Social: si tenía déficit, como ocurrió en todos los años en que estuvo en vigor, sólo mejoraban un 0,25% –lo que el ministerio llama “semicongelación” en su documento a Bruselas–; si tenía superávit, el alza equivalía al IPC más un 0,5%. El IRP, resalta el ministerio de José María Escrivá, podía traducirse en una pérdida acumulada de poder adquisitivo de hasta el 37% para los pensionistas a lo largo de su vida. “Ello explica que ningún país europeo haya adoptado un modelo similar y que ningún partido político defienda actualmente su aplicación”, remata.

En el documento previo enviado a la Comisión Delegada, el ministerio también alude a los mecanismos de actualización de las pensiones de otros países europeos, que los vinculan a los salarios o los precios. En la penúltima ronda de negociaciones del Pacto de Toledo, que terminó sin acuerdo en febrero de 2019, se discutieron fórmulas para subir las pensiones que “modularan” el alza del IPC incorporando el PIB o los salarios. PP y Ciudadanos defendían ese diseño, que contó con el rechazo en bloque de los partidos de izquierda. Las fuentes de Seguridad Social niegan que se esté estudiando introducir ningún componente de este tipo. “La parte central de las nuevas fórmulas es el IPC”, resumen.

En cualquier caso, la negociación que tienen por delante el Gobierno, los sindicatos y la patronal no se antoja sencilla. El primer escalón será la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a los trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 jubilarse con las condiciones establecidas antes de la reforma de 2011 si éstas les resultan más ventajosas. Se acaba de prorrogar un año, pero  los sindicatos reclaman una solución definitiva. También tendrán que resolver la adaptación del complemento de maternidad tras la sentencia del Tribunal de la UE que lo consideró discriminatorio para los hombres. Hasta aquí, lo más fácil. La negociación será más cruda cuando se discutan los mecanismos para actualizar las pensiones según el IPC, así como los cambios en la jubilación anticipada, que el Gobierno quiere desincentivar, y en la demorada más allá de la edad legal de retiro, que el Ejecutivo pretende impulsar. 

2.400 millones para reformas hasta 2023

En el informe sobre el mercado de trabajo enviado a Bruselas, el departamento de Yolanda Díaz recopila un total de 17 reformas que supondrán una inversión pública de 2.400 millones de euros hasta 2023. El objetivo es redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, destaca el ministerio, que incluye alguna nueva regulación ya aprobada, como la del teletrabajo. El resto de las medidas están apenas esbozadas. Desde la “generalización del contrato indefinido” hasta la modernización de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación de trabajadores y parados– y la negociación colectiva. Tan difuso es el documento que, por ejemplo, sólo menciona como una de las medidas la “relación entre convenios sectoriales y de empresa”, sin atreverse a aventurar si se recuperará la prioridad de los primeros sobre los segundos, eliminada en la reforma laboral de 2012. Ése es el objetivo de CCOO y UGT, pero no de la CEOE.

En cambio, sí precisa que se abordará la regulación de las condiciones laborales de los repartidores a domicilio. Pero sólo las suyas, no las de los trabajadores de todas las plataformas digitales como reclaman los sindicatos. Ése es uno de los puntos que impide avanzar a la mesa del Diálogo Social donde se negocia desde hace meses la nueva ley.

También se incluyen los cambios en la subcontratación, otro asunto en el que discrepan sindicatos y patronal. Y para los ERTE, sobre los que se diseñará un “modelo permanente”, se piensa en crear un fondo público para financiar las prestaciones que reciben los trabajadores y las cotizaciones a la Seguridad Social que dejan de pagar las empresas. Además, en próximas fechas Trabajo presentará la reforma del Sistema de Garantía Juvenil, uno de los programas estrella de la ministra Fátima Báñez, cuyos resultados no fueron sin embargo muy espectaculares. La tasa de paro juvenil en España alcanza el 41,5%, la más alta de la UE.

Medidas más concretas son las que plantean limitar las subvenciones a los contratos indefinidos y usar la inteligencia artificial y el Big Data para mejorar la gestión y las tareas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan como principal valor del texto enviado a Bruselas el hecho de que comprenda “todo el programa de gobierno” acordado por el PSOE y Unidas Podemos.

“Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás…”. Atahualpa Yupanqui

El diputado Baldoví, de Compromís, lo dijo claro y alto en la sede de la soberanía popular, en el Congreso: “El discurso racista de una señora pija y mala, me produce vergüenza y náuseas”. Se refería a Rocío de Meer, de Vox. El presidente de la Cámara le invitó a expresar su deseo de retirar tales adjetivos, calificados como ¿“palabras gruesas”?, a lo que Baldoví respondió que el presidente hiciera lo que quisiera pero que “era lo que él sentía en el corazón”, como tantos otros, como yo mismo, sobre exabruptos, pronunciamientos, proclamas y discursos llenos de odio racista. Ante la avalancha, pues, de tan mezquina animadversión, en este caso racista y, por lo tanto, perverso, solo se puede contestar rotundamente, inequívocamente. Cuando, desde los escaños se la derecha se declara al contrario político de “enemigo”, y a los vulnerables se les convierte en diana de su peor saña, solo cabe pronunciarse de parte, contra el discurso del odio que tanto contagia, y como dijo Patxi López, “aceptamos el reto”.

Había contado Baldoví, contestando al repulsivo pronunciamiento racista y xenófobo, desplegado por el discurso desde los escaños de Vox,  que sus suegros habían migrado a Europa, y que durante 17 años se había dejado la piel trabajando, deslomados hasta la extenuación, soñando con su tierra natal en la que no habían podido encontrar ni trabajo ni futuro, en un país “extranjero”, en un país en el que se les había acogido con desprecio.

Y, por eso mismo, a lo largo de esos 17 años fueron señalados muchas veces como “espagnols de merde”, sufriendo la humillación en condiciones de desigualdad y vulnerabilidad.

Tal y como ahora mismo, con la misma calaña con la que pretenden y ponen en práctica, los elementos de nuestra particular extrema derecha tratan y se refieren a los migrantes que intentan buscarse la vida en nuestro país, con desprecio, con acusaciones falsas, con mala saña, con deshumanizada intención.

Migrantes de siempre, aquellos y los actuales, objeto, en consecuencia, del desprecio de los miserables que se creen por encima de “sus trabajadores, sus criados, sus siervos”, en blanco o en negro, todos sirven para inclinar la cerviz y deslomarse… para ir corriendo a recogerle las perdices al “señorito Iván”, como en Los santos inocentes, sujetos, en definitiva, de la desesperación pendiente, de la supervivencia diaria en condiciones infrahumanas.

Leo Caerts, músico belga, ideó y compuso un pasodoble en 1971, en plena expansión migratoria española camino a Europa, en pleno desarrollismo español, camino del tardofranquismo, vil eufemismo para suavizar las formas… cuando se les hacía “un festival musical y pasteloso” de vanaglorias fatuas y nostálgicas para tantos millones de compatriotas, “migrantes”, que añoraban su patria desde sus duros trabajos fuera de su tierra.  

Ese pasodoble se llamó Que viva España, para, a partir de 1998, ser incorporado al repertorio, cantado con la estereotipada “raza hispana” del momento, por el racial Manolo Escobar, pasando a ser muy pronto un himno eufórico, de dicha ramplona de guiris y paisanos fundidos en la exaltación festera, de cada festividad regada de exudación patriotera y juerga inofensiva.

Hoy en día esa canción ha pasado a formar parte del repertorio patriotero, tan fácil de digerir, de la ultraderecha española. Migajas y leña al mono para la agradecida servidumbre.

Entretanto, en el final de la dictadura, cuando aún nuestro país pretendía infructuosamente convertirse en “la reserva occidental de España”, según aspiración de la dirigencia, al menos desde su interés por tenernos domesticados el mayor tiempo posible, mientras los más rebeldes, ilusoriamente, recurríamos a ciertos ardides liberadores, o eso creíamos, infelices, y corríamos a viajar a la France libre, a la del “68”, o a Biarritz, cercano a donde yo vivía, donde nos decían que “lo verde empezaba en los Pirineos”, película de la época sonrojante de una dictadura degradada, y en las tiendas de souvenirs se colocaban letreros avisando de los “españoles de merde”, muy sospechosos, o también a aquel Londres al que se iba, a escondidas, en avión o en autobús, a abortar “en condiciones”, de la mano de “papá”, o de la mano de tu amiga más fiable, muertas de miedo y vergüenza.

Mientras nos sentíamos cumplidos tomándonos una orangine, o comernos una pizza en Picadilly Circus, y mucho más si lográbamos pasar algún libro, algún disco, de contrabando, para pasar el trance de la aduana cuando las fronteras se mantenían intactas, separadoras.  

En la década de los finales de los 70 del siglo pasado, en el barrio de san Andrés, en Mondragón, vivían miles de emigrantes llegados de Extremadura, concretamente de los pueblos del remoto valle de la Serena.

La comunicación con sus aldeas de origen se hacía con un autobús que diariamente viajaba, ida y vuelta, entre los dos puntos, permitiendo el contacto que impidiera el desapego con sus raíces. Y recuerdo, en consecuencia, que en los hogares de esos extremeños emigrantes se consumía cecina, aceite, aceitunas, hortalizas… del valle de sus pueblos añorados.

Me acuerdo de una noche que presentaron un concierto, en Ezkoriatza, de un tal Pablo Guerrero, cantautor extremeño, que habló a su gente, y a algunos más que nos apuntamos, que “debía llover a cántaros”.

Mientras soñaban en regresar algún día, los paisanos emigrantes, por hambre, por necesidad, mientras sus hijos iban arraigando en la tierra de acogida. Y lo sabían los mayores, los pioneros, y no perdían un minuto en pensarlo los jóvenes nuevos vascos.

Y así hasta llegar a la segunda década del siglo XXI con miles de jóvenes, preferentemente, muy bien preparados escapando de su país, literalmente, a Europa, lejos de España, de su tierra, incluso más lejos … dejándose escapar “la vieja piel de toros” inteligencias, voluntades, corajes y determinaciones, en pos de un futuro “menos precario, más esperanzador”, mientras desde el mismo Congreso de entonces, la ministra de Empleo, del PP, Fátima Báñez, puro desahogo, ocultaba el hecho migratorio a través del eufemismo de que solo se trataba de “movilidad exterior”, e incluso animaba a practicarla. Menos problemas para redondear las estadísticas reduciendo el paro, por un empleo que se iba, por un empleo que se quedaba, maltratado, temporal y precario, como si se refiriese a muchos, a miles, a millones de “españoles de mierda”, en nombre de un patriotismo muy sagrado y muy bien puesto a cubierto.

Antonio García Gómez es socio de infoLibre

Antonio Garamendi adelantó que cada uno de los más de 100 empresarios invitados a la megacumbre que la CEOE celebra estos días iba a expresar “su opinión” sobre el futuro inmediato de España tras la pandemia. “Van a plantear qué habría que hacer y cómo habría que trabajar para poner en marcha el país”, precisó. Pero han hecho mucho más. A lo largo de cinco días –y aún faltan cuatro jornadas– un reparto de lujo integrado por los más significados líderes corporativos del país ha exhibido su catálogo de vetos al mismo tiempo que reclamaba su trozo del pastel de las milmillonarias ayudas que se espera lluevan desde Europa. Garamendi también avanzó que, al término de la cumbre, trasladará al Gobierno el mensaje. Como parte de su “trabajo” habitual con el Ejecutivo, con el que mantiene –y lo repitió– una relación “muy buena”.

Opiniones las están dando los grandes empresarios, y también van sumando presión. “Son los que generan efecto tractor en el resto de las empresas”, explicó el responsable de la patronal cuando presentó el elenco de la cumbre. Pablo Isla, el presidente de Inditex, uno de los mayores grupos textiles del mundo, abrió las intervenciones y cerrará el acontecimiento el próximo jueves junto con el propio Garamendi. Ana Patricia Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), José María Entrecanales (Acciona), Antonio Brufau (Repsol), Antonio Sánchez Galán (Iberdrola), Jordi Gual e Isidro Fainé (Caixabank) ya han hecho sus aportaciones. La semana que viene es el turno de Víctor del Pozo, (El Corte Inglés), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Fernando Abril-Martorell (Indra) y de los presidentes en España de las cuatro grandes (Big Four) auditoras mundiales Ernst & Young, PwC, Accenture y Deloitte. También intervendrán las responsables nacionales de Netflix y Facebook. Todo un cartel aderezado con un puñado de exministros: Josep Piqué, Javier Solana, Fátima Báñez, Cristina Garmendia, Eduardo Serra o Beatriz Corredor.

Aunque el tono ha sido, en general, bastante conciliador, muchos de ellos han aprovechado para dejar claro dónde marcan los límites. Ni subidas de impuestos, ni nuevos tributos; en todo caso, rebajas en el IVA –superreducido para todas las actividades turísticas, reclamó el presidente del grupo Barceló, y para los productos pesqueros, exigió el secretario general de los armadores, Javier Garat– y exenciones fiscales –a las socimis, las pidió el consejero delegado de Merlin Properties, la mayor socimi de España–. Goirigolzarri advirtió de que aplicar nuevos impuestos a la banca es “contraproducente” por la baja rentabilidad de las entidades debido a los tipos de interés en mínimos históricos.

También se repitieron las apelaciones a una mayor seguridad jurídica y a la reducción de la burocracia, al tiempo que se subrayó el rechazo a la derogación de la reforma laboral. Aunque casi no se la mencionó por su nombre, sí se recurrió al eufemismo sobre los perjuicios de “revertir las reformas eficaces” y “desmontar lo que está funcionando”. “No hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, apremió el presidente de Inditex. Porque todos se reivindicaron como creadores de puestos de trabajo, pero sólo uno, Antonio Catalán, el dueño de AC Hoteles, abogó por un turismo pospandemia con “salarios justos”. Cierto que Goirigolzarri destacó la importancia del “capital humano” y de las políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales– para mejorar la empleabilidad e incluso “reducir las desigualdades sociales”.

Por el contrario, el presidente de Acerinox, Bernardo Velázquez Herreros, planteó una disyuntiva poco halagüeña: “O contamos con un precio competitivo de la energía o tendremos que compensarlo con mano de obra más barata y, como España ya no es un país de salarios bajos, al menos en la industria, afrontamos el riesgo de que las inversiones busquen otros entornos regulatoriamente más favorables”. No mencionó a Alcoa, la factoría de aluminio del norte de Lugo que ha presentado un ERE para 534 de sus trabajadores, pero no hizo falta.

Fue más unánime incluso la solicitud de ayudas al Gobierno. El sector turístico reclamó la prórroga de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social que les garantizan los ERTE, mientras que el presidente de Iberia, Luis Gallego, pidió un Plan Renove que bonifique la sustitución de aviones viejos por otros nuevos y ecológicos. Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y de Air Europa, fue más melodramático: “Estamos secos. No tenemos dinero. No sé cómo vamos a aguantar. Si no nos dan ayudas, vamos a durar menos que un telediario”, lamentó, “ahora creo que es imposible quitarnos esta losa que nos está aplastando”. Tomás Pascual, que preside el grupo alimentario que lleva su apellido, pidió moratoria de pagos, hipotecas y arrendamientos; Ignacio Osborne, una campaña de imagen en el exterior.

Inversiones millonarias para negocios sostenibles

Otro término recurrente fue la colaboración público-privada. El maná millonario que se está negociando en Bruselas es un poderoso incentivo para las empresas. Así que muchos de ellos fueron a la cumbre para hablar de lo suyo. Manuel Manrique (Sacyr), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona) defendieron la inversión en infraestructuras, desde carreteras hasta instalaciones de tratamiento de agua y residuos, o centros sanitarios y educativos. Mientras que las energéticas instaron al Gobierno a adelantar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos están fijados en principio para 2030. Ignacio Sánchez Galán quiere que se “acelere” a 2025, puesto que las inversiones previstas en ese programa tendrían “un efecto inmediato en la economía”: aumentarían la competitividad, reducirían la dependencia energética exterior, mejorarían la balanza de pagos, recortarían emisiones, explicó. Todo ellos sin presionar las cuentas públicas. José Bogas, consejero delegado de Endesa, tiene más prisa y reclamó que se adelante un 30% del plan a 2021 y 2022. Y Beatriz Corredor, flamante presidenta de Red Eléctrica (REE), se apresuró a asegurar que su empresa tiene capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias y funcionar como “tractor” para otras.

Sánchez Galán llegó cargado de cifras para apoyar los beneficios múltiples de aprovechar esas inversiones: 32.000 millones de euros, que generarán, aseguró, 90.000 empleos. Además, la electrificación creará 12 puestos de trabajo en otros sectores, desde la construcción hasta los servicios de ingeniería, por cada empleo interno. Si, además, se eliminara el límite máximo de inversión del 0,13% en redes de distribución eléctrica, fijado por ley, se generarían 40.000 puestos de trabajo más. Otros 5.000 millones de euros dedicados al bombeo hidráulico o las baterías para almacenar energía crearán 14.000 empleos en la España vaciada. Los 40.000 millones necesarios para climatización y bombas de calor son 110.000 puestos de trabajo más, según las cuentas del presidente de Iberdrola. Para descarbonizar hidrógeno industrial harían falta 4.000 millones de euros, que se convertirían en 11.000 nuevos empleos.

José María Entrecanales, José Bogas, Antonio Brufau (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) y Antonio Llardén (Enagás) se encomendaron a los negocios sostenibles como el “vector de crecimiento más importante de la economía”: rehabilitación energética de edificios, transporte limpio, infraestructuras respetuosas con el medio ambiente. Descarbonización y transición ecológica son ahora los motores que pueden sacar al país de la crisis, subrayaron. Ángel Simón (Agbar) destacó la necesidad de construir “infraestructuras resilientes” que hagan frente a sequías e inundaciones.

Y es que las millonarias ayudas que se negocian en Bruselas estarán condicionadas a que las inversiones que se acometan vayan dirigidas a la transición ecológica –y digital–. Además, son objetivos estratégicos anteriores a la pandemia. El Green Deal que Ursula von der Leyen presentó en diciembre del año pasado pretende transformar la economía comunitaria convirtiendo a Europa en el primer continente climáticamente neutro en 2050. Para echar mano a esas cantidades, pues, los proyectos en España tendrán que llevar la etiqueta verde. Así que Brufau pidió un plan para reactivar el automóvil, aunque no sólo el eléctrico; Reynés, un Plan Renove energético para el turismo; Llardés habló de gases renovables “verdes” como el hidrógeno o el biometano, verdaderos “vectores de la recuperación”. Luis Gallego también enfocó la renovación de la flota de Iberia hacia la compra de “aviones menos contaminantes”.

Invitaciones a la concordia y reproches al dogmatismo del Gobierno

Como queda dicho, el tono general de las intervenciones fue conciliador y las llamadas al consenso, la concordia y la unidad de las fuerzas políticas y sociales, continuas. Las hizo el presidente del BBVA, Carlos Torres, y la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que pidió “políticas de Estado”, o el de Caixabank, Jordi Gual, a favor de un “gran acuerdo” para conseguir una “España más productiva y con una economía sostenible”. Juan Roig, el dueño de Mercadona, invitó a “trabajar todos juntos por la recuperación económica”. “Concordia social e institucional” fue la petición de Francisco Reynés.

Pero también se oyeron reproches a los “intereses ideológicos” que algunos empresarios advierten en los políticos. Los más duros, los expresados por el presidente de la organización de autónomos ATA, Lorenzo Amor, quien dijo que la pandemia había revelado la “visión más ideologizada y dogmática nunca vista sobre los empresarios de algunos responsables políticos”, que han hecho declaraciones propias de personas “que, con algunas excepciones, no han visto una empresa en su vida ni la entienden”. “La realidad”, les reprendió, “les demostrará que el dogmatismo no crea empleo ni lo mantiene”.

Sólo un par de días antes el secretario general de los armadores de pesca, Javier Garat, había pedido al Gobierno que “aparque la ideología y la propaganda, y actúe con humildad”.

Otros tres empresarios atacaron además el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda que acaba de aprobar el Ejecutivo para personas que carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Para el presidente del grupo alimentario Ebro, Antonio Hernández Callejas, ese tipo de medidas, si son permanentes, “hacen clientelismo, adoctrinan a gente para que se acostumbre a la ociosidad y no a la generación”. “Creo que eso debe estar muy meditado, la dignidad de las personas necesita un trabajo, y no un subsidio o un cheque, que crean dependencia y falta de libertad”, sostiene. A continuación, abogó por una reforma fiscal “justa”, pero no “confiscatoria”. En parecidos términos se expresó la presidenta del grupo Eulen, María José Álvarez, quien aseguró que este tipo de medidas “no propician el interés por un trabajo formal”. “Sería fundamental”, recomendó, “hacer compatibles las ayudas a los más desfavorecidos con el estímulo para encontrar un puesto de trabajo”.

Javier Tebas, el presidente de La Liga, abundó en esa línea: “No es mejor la famosa renta vital que un puesto de trabajo”. Después se quejó del trato fiscal que, según dijo, se les da en España a los futbolistas de élite y que provoca la huida de ese “talento” a otros países. “Con sólo dos puntos más de IRPF a estos jugadores, perdemos un talento muy importante”, advirtió. Tebas también fue de los que insistió en que no se derogue la reforma laboral, no sin antes presumir de que el fútbol es el principal sector exportador neto del país, puesto que repatría 1.350 millones de euros vendiendo fuera “un producto fabricado íntegramente aquí”. “Los 42 empresas/clubes producen el 1,4% del PIB y generan 180.000 empleos directos e indirectos”, resaltó.

De ricos y pobres

De ricos y pobres se ocupó igualmente el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La globalización, admitió, está ensanchando las brechas sociales. Y recordó que, según la definición al uso de pobreza severa, en España quien ingresa menos del 30% de la renta mediana anual está incluido en esa categoría. Pero a continuación apuntó que si se aplica ese porcentaje incluso a países como Suiza, “con ese cálculo siempre habrá pobres”. Quien fue presidente de Caixabank hasta 2016 protestó por la petición que ha hecho el BCE a la banca para que no reparta dividendos por la pandemia. Aunque él se refirió a la directriz como “esa política que ahora está de moda”. “Ahora nos hacen cotizar en Bolsa y nos quitan los dividendos; protesto, como os podéis imaginar”, recalcó, porque esos beneficios “los necesita la gente para complementar su pensión”, y los bancos “para hacer obra social”.

El viernes abrió las intervenciones la exministra de Empleo Fátima Báñez, que fue fichada por Garamendi el pasado abril para coordinar el proyecto Empresas que ayudan de la Fundación CEOE. La responsable del ministerio que elaboró la reforma laboral no la mencionó en su discurso, pese a haber sido reivindicada por los empresarios durante tantos días. Báñez se limitó a repetir el argumentario del PP a lo largo de la crisis: “La mejor política social es el empleo”. Y Garamendi la secundó después: “La que no crea empleo es la Seguridad Social, por muchas fórmulas mágicas que tenga, lo generan las empresas, especialmente las privadas”.

El covid-19 ha puesto patas arriba también el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ambos organismos se han visto obligados a tramitar una avalancha de solicitudes de prestaciones en unas pocas semanas. “Hemos gestionado en mes y medio el mismo volumen de trabajo que tenemos en todo un año”, resume Pilar Seoane Vázquez, quien además de ser secretaria general de CCOO en el Ministerio de Trabajo dirige la oficina del SEPE en Boiro (A Coruña). Según las cifras oficiales del organismo, sólo en las tres semanas que van del 15 de marzo al 7 de abril el SEPE reconoció 659.791 prestaciones tras acordar casi un millón de citas previas y recibir más de 10,4 millones de entradas en la sede electrónica. Y todo ello con una plantilla que se ha recortado en un 25% en los últimos 10 años y cuenta ahora con menos de 7.900 trabajadores. El 17% de ellos, temporales.

En el INSS, la situación no es mucho mejor. Desde 2012 ha perdido un 16% de su plantilla. Actualmente cuenta con 9.761 funcionarios, más 598 laborales. De media, en el INSS se jubilan 272 personas al año porque su plantilla es de las más envejecidas de la Administración. Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el 84,7% de los trabajadores del INSS tienen más de 50 años. Sólo 61 de ellos no llegan a los 30. En el SEPE hay únicamente 32 jóvenes. Aquí el 64,4% del personal supera la cincuentena.

De modo que ante el desbordamiento de la carga de trabajo y la urgencia de atender las situaciones de necesidad de quienes pasan a depender de una prestación pública, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Inclusión y Seguridad Social optaron por la misma solución: contratar a Tragsatec, filial del grupo público Tragsa para que sus trabajadores ayuden a tramitar la avalancha de expedientes. Así, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha firmado tres encomiendas –encargos– con esta empresa para gestionar las solicitudes del subsidio extraordinario para empleadas domésticasy de las prestaciones de los ERTE, por un importe provisional que roza el millón de euros. Una cantidad que más que se duplica si se le añade el encargo de mayor volumen, el del departamento de José Luis Escrivá para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital Es decir, para sacar adelante el paquete completo de ayudas del Gobierno destinado a paliar la situación de emergencia de millones de personas por culpa de la pandemia y la paralización económica.

La primera encomienda fue adjudicada el 26 de marzo a Tragsatec para que ayudara durante dos meses en la gestión de las prestaciones que deben cobrar los 3,8 millones de trabajadores incluidos en ERTE. Las 17 personas que ha contratado la empresa pública por un importe de 139.982 euros ya han empezado sus tareas desde casa, teletrabajando.

El 18 de mayo Trabajo firmó un segundo encargo con Tragsatec para que tramite durante los próximos seis meses los subsidios a las empleadas domésticas que se han quedado sin trabajo por culpa del coronavirus. A cambio de 771.320 euros, 40 personas han empezado ya a dar vía a estos expedientes, también teletrabajando. Hasta el momento el SEPE ha recibido 27.815 solicitudes, explica el Ministerio de Trabajo a infoLibre. Pese al refuerzo, sin embargo, aún no ha cobrado ninguna empleada del hogar de las que han pedido la ayuda, aprobada el pasado 31 de marzo. “Lo harán este mes”, subraya un portavoz.

Pero la mayor encomienda es la que ha hecho el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para reforzar la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado viernes y que debería beneficiar a 850.000 hogares. Según ha asegurado el ministro José Luis Escrivá, sólo en las primeras 24 horas en que ha estado en marcha el simulador de la web del ministerio, este mismo miércoles, ha recibido ya cerca de un millón de consultas. Serán 700 trabajadores los que proporcionará Tragsatec para gestionar las ayudas. El ministerio no ha querido revelar a infoLibre el importe del contrato, porque “aún no está firmado”. Sin embargo, Tragsa asegura que la selección de personal concluyó la semana pasada, tras haber recibido unos 7.000 currículos, y prevé que los escogidos empiecen a incorporarse la semana próxima y a lo largo del mes. De ellos, 125 serán personas con discapacidad.

Cobros indebidos, Garantía Juvenil, prestaciones internacionales

En cualquier caso, no son éstos los únicos encargos que ambos ministerios han hecho a Tragsatec en los últimos meses. Aunque no relacionados con la pandemia, sí que van dirigidos a poner un parche a la ya histórica falta de personal de algunos de sus principales departamentos. Así, Trabajo le encomendó en marzo la gestión de las prestaciones de desempleo indebidamente cobradas, un contrato de 383.110 euros por el que la empresa pública reforzará al SEPE durante 14 meses, prorrogables otros seis. Para empezar, son unos 24.759 expedientes. A diferencia de las encomiendas anteriores, el trabajo se llevará a cabo de forma presencial en las instalaciones de la Dirección Provincial de Madrid del SEPE. En el documento de la licitación, accesible a través de la Plataforma de Contratación del Estado, el director del SEPE, Gerardo Gutiérrez Ardoy, reconoce que “la falta de personal” en el organismo impide disminuir los plazos del procedimiento para recuperar las prestaciones de paro cobradas de forma indebida, un fallo que pone en peligro el reintegro de esas cantidades y del que ha sido advertido el SEPE tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado.

Desde 2015, además, el SEPE ha encargado a la filial de Tragsa parte de los procesos necesarios para tramitar las solicitudes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil –ofertas de empleo y ayuda para menores de 30 años–. Un contrato que superaba el millón de euros y se ha ido renovando al menos hasta 2018 con importes más pequeños.

El INSS, por su parte, lleva desde 2018 contratando con Tragsatec la gestión de las prestaciones económicas concedidas “al amparo de normas internacionales”. Este año la encomienda firmada en marzo asciende a 857.180 euros y, como la anterior, tiene una duración de 24 meses. El organismo se ha visto obligado a pedir refuerzos para tramitar las cada vez más numerosas prestaciones sanitarias y pensiones a los ciudadanos españoles en el extranjero y a los turistas foráneos. Un aumento de movilidad internacional, admite el INSS en el propio contrato, para el que el organismo necesita “unos recursos materiales y humanos de los que a corto plazo no puede disponer”.

En total, y sin contar con la encomienda de mayor volumen, para gestionar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, la factura desde marzo asciende a 2,15 millones de euros, sin contar con el encargo que todos los años la filial de Tragsa recibe del Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Inclusión, para organizar sus cursos de formación, un trabajo de cuatro meses de duración por importe de 782.861 euros.

El precedente del Fogasa

Las encomiendas a Tragsatec para gestionar expedientes ya levantaron polémica en 2013 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy le encargó tramitar los que se amontonaban en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en lo peor de la anterior crisis. El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Por lo que durante la crisis se formó una bolsa de expedientes sin resolver que el propio Fogasa cifraba en 153.698 a 30 de abril de 2013. A su vez, el atasco provocaba dilaciones en la tramitación que alcanzaban los dos años en algunos casos. Legalmente, el organismo debe responder en un plazo inferior a tres meses. El 75% de los expedientes, sin embargo, superaban ese límite. Así que el ministerio que entonces encabezaba Fátima Báñez recurrió a Tragsatec a cambio de 3,26 millones de euros.

Dos años después, el Tribunal de Cuentas dictaminó que ese contrato era “contrario a los principios de legalidad y de economía”, además de resultar “perjudicial para los fondos públicos gestionados por el Fogasa”. Y ello es así porque el tribunal advierte de que podían ser nulas de pleno derecho las casi 150.000 resoluciones del Fogasa que se basaron en expedientes tramitados por Tragsatec. Cada una de ellas dio lugar a una prestación económica, lo que supuso un desembolso de 1,32 millones de euros, a razón de una media de 8.899 euros por trabajador.

El motivo de que esas resoluciones pudieran ser nulas era, según el Tribunal de Cuentas, que los empleados de Tragsatec se “extralimitaron” en las funciones teóricamente encomendadas por el Fogasa, ya que no sólo realizaron “tareas de apoyo, instrumentales y carácter accesorio” –como recoge la letra del contrato–, sino que, en realidad, también “instruyeron” los expedientes, una función que únicamente es competencia de los funcionarios públicos.

Además, el informe critica que el personal de Tragsatec tuviera acceso a las vidas laborales de los trabajadores que figuran en el sistema informático de la Tesorería de la Seguridad Social, algo que está “permitido única y exclusivamente a los funcionarios públicos del Fogasa” y que considera una vulneración de la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas denuncia que el coste por expediente cobrado por Tragsatec, 21,78 euros, era “desproporcionado”, con un desfase del 1.077% sobre el coste medio que le supone al Fogasa tramitar un expediente con sus propios funcionarios, sólo 1,85 euros.

Tanto Trabajo como Seguridad Social coinciden ahora en precisar que se ha recurrido a Tragsatec para “tareas muy puntuales en las que se espera un importante volumen de solicitudes”. “Se trata de un aumento puntual y excepcional por la puesta en marcha de una nueva prestación, en absoluto un recurso para soluciones estructurales”, explica un portavoz de José Luis Escrivá sobre los 700 nuevos trabajadores para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Sobre los problemas desvelados por el Tribunal de Cuentas en los contratos del anterior Gobierno con el Fogasa, Trabajo asegura que los encargos más recientes se han hecho “con sumo cuidado”: “El de Tragsatec es personal de apoyo, no realiza las funciones de los empleados públicos, sólo tareas mecánicas y administrativas, en ningún caso validarán ni aprobarán expedientes”.

Condiciones “discriminatorias” para las empleadas domésticas

En el documento donde el SEPE encarga a Tragsatec la tramitación de los subsidios para las empleadas del hogar que se han quedado sin trabajo por culpa del covid-19, el director general reconoce de nuevo que el organismo “carece de medios humanos y materiales suficientes para poner en marcha y gestionar” la nueva ayuda. Sin embargo, Pilar Seoane cree que el problema no es exactamente de carga de trabajo, sino de su mala distribución. “El SEPE tiene una estructura provincializada, del siglo XIX”, critica, “por ejemplo, los funcionarios sólo pueden trabajar con usuarios de su propia oficina”. De forma que conviven oficinas con una enorme carga de trabajo, como las de Madrid y Barcelona, con otras que no sufren tanto, explica. Seoane menciona provincias como A Coruña y Pontevedra, donde se las han tenido que ver con cerca de 90.000 ERTE cada una, frente a otras como Lugo y Ourense, que se han quedado en 20.000.

Pilar Seoane cuenta también que los funcionarios del SEPE han estado trabajando hasta 12 y 14 horas diarias, incluidos sábados, tanto en las oficinas como en sus propias casas y al principio utilizando sus propios ordenadores y móviles. “En algunos casos gratis, además, porque no a todo el mundo le han pagado”, denuncia. Trabajo, por el contrario, se remite a un acuerdo de compensación, de 21 euros la hora, que se firmó hace semanas. Además, tanto el SEPE como el Fogasa han sido una suerte de patitos feos de la Administración durante años. El desgaste del trabajo de cara al público o los límites que se les imponían a los funcionarios de ambos organismos a la hora de presentarse a los concursos de traslados son un fuerte desincentivo laboral. “Hay muchos que en cuanto pueden se van, incluso perdiendo dinero”, reconoce Seoane Vázquez.

En su oficina de Boiro les han tocado dos de los 1.000 interinos que Trabajo está incoporando en el SEPE para acelerar la tramitación de las prestaciones de los ERTE. En toda España ya están en sus puestos unos 800, según el ministerio. En Boiro trabajan ahora 10 personas, para una oficina que en algunos meses puede llegar a atender a más de 3.000 trabajadoras fijas discontinuas de las muchas conserveras asentadas en la ría de Arousa. “Sabemos que no trabajamos con licencias de pesca, sino con personas, y ahora muchas de ellas se encuentran en una situación desesperada”, apunta. Por eso escribió el pasado abril una carta al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, denunciando las condiciones establecidas para que las empleadas domésticas pidan el subsidio, que ella tacha de “discriminatorias”. Sólo pueden presentar la solicitud en los registros administrativos, previa obtención del certificado o clave digitales, un proceso no apto para quien no tiene destrezas informáticas, critica. Además, se les exige que presenten declaraciones juradas de todos sus empleadores, tanto de los que han dejado de contar con ellas por el coronavirus como de los que siguen pagándoles. Si uno de ellos no quiere firmar ese documento, se le deniega el subsidio. Finalmente, se ha centralizado toda la tramitación de estas solicitudes en Madrid.

“Es lo más eficiente”, replica por su parte el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de una prestación nueva “para la que no existía un sistema o una aplicación previa que pudiera reutilizarse”. Sobre la presentación en los registros, el departamento esgrime que, al estar las oficinas del SEPE cerradas, es la opción “más fácil” y que también se puede solicitar el subsidio en papel a través de Correos. “Pero se exige que sea por correo certificado, lo que es un coste añadido para la trabajadora”, aclara Pilar Seoane. “Se pide la declaración jurada de todos los empleadores porque se trata de una ayuda topada, no puede superar el Salario Mínimo Interprofesional, pero los pagos también se pueden acreditar con otros documentos”, matiza un portavoz. Seoane Vázquez indica que no hacen falta las declaraciones juradas porque toda la información sobre horas, salario y base de cotización de las empleadas domésticas se halla en las Vidas Laborales de la Seguridad Social. “Unos datos a los que tenemos acceso los funcionarios del SEPE, no sé si lo tendrán los trabajadores de Tragsatec”, concluye.

La carga de trabajo no ha sido el único problema con el que han tenido que lidiar los funcionarios del SEPE. También han tenido que solucionar los errores múltiples que les está dando el nuevo programa informático instalado para tramitar las prestaciones de los ERTE. Se llama Hope, y es “demasiado simple para una tarea de la complejidad que tienen las prestaciones, así que ahora tenemos que corregir los errores a mano”. Los detectados por el propio programa y los que sólo se descubren a posteriori, cuando el beneficiario se da cuenta de que está cobrando menos de lo que debería: “Sólo en A Coruña, estamos corrigiendo ahora unos 1.000 errores detectados por la aplicación”.

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez ha aconsejado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que se lo piense antes de cambiar la reforma laboral que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, porque, según ha destacado, "ayudó a crear empleo con intensidad", especialmente en "los colectivos que más sufrieron" la crisis como las mujeres y los jóvenes, según informa Europa Press,

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Báñez ha recordado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en un informe publicado el jueves que la reforma laboral que aprobó el PP en 2012 mejoró el empleo y la igualdad de renta sin afectar de forma "significativa" a la tasa de riesgo de pobreza.

"Se puede intentar mejorar, la situación es diferente y plantea nuevos retos como la digitalización, la globalización o la demografía", ha insistido la extitular de Empleo, que ha añadido que "hay que buscar el mayor consenso posible" para cualquier acuerdo en relación con la legislación laboral. "Es mejor mirar al futuro que revisar el pasado", ha apostillado.

Preguntada por la intención del Ministerio de Trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez de priorizar el convenio sectorial frente al de la empresa, Báñez ha afirmado que su reforma "permite a los empresarios y trabajadores cambiar las condiciones de trabajo para evitar despidos". "El despido pasa a ser el último recurso", ha puntualizado, para después aclarar que eso se debe a que el convenio de la empresa prevalece sobre el del sector.

"Priorizar el empleo" en desaceleración

"La virtualidad de la reforma es mantener el empleo cuando la situación económica es adversa y crear mucho empleo en la recuperación", ha defendido Báñez, que ha asegurado que en un momento de desaceleración, "con tantas incertidumbres", el Gobierno debe "priorizar el empleo" en nuestro país, con "flexibilidad" en el mercado de trabajo.

Sobre la derogación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por encadenamiento de bajas médicas, la exministra ha subrayado que este asunto "no tiene nada que ver" con su reforma laboral. "El PP garantizó en 2012 que las personas con enfermedades graves no computarán como despido por absentismo", ha expresado.

Así, ha aclarado que durante su etapa al frente del Ministerio se vincularon "las ausencias al comportamiento individual del trabajador" y no "al comportamiento de la plantilla" como, según ha dicho, se hacía antes. "Con ese cambio no estábamos restringiendo un derecho, sino evitando un fraude", ha zanjado.

El presidente del PP, Pablo Casado, criticó que el Gobierno haya aprobado este viernes una subida de las pensiones del 0,9%. “Nosotros las dejamos revalorizadas en el 1,6%. Ésa es la diferencia”, declaró en Almoradí (Alicante). Incluso le reprochó erróneamente a Pedro Sánchez que fuera a revalorizarlas sólo en un 0,25%, el mínimo establecido en la reforma de las pensiones de 2013, aprobada en solitario por el PP.

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que aplaza la subida de las pensiones hasta el momento en que se haya formado el nuevo Ejecutivo. Pero entonces el alza será del 0,9%, que corresponde a la subida del IPC en ese mismo porcentaje este año. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que se había desechado la posibilidad de aumentar ahora el 0,25% y más tarde el 0,65% restante para reducir costes y por la “logística de la liquidación”.

En cualquier caso, la subida del 1,6% que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó a las pensiones en 2018 y repitió el de Pedro Sánchez en 2019 también se corresponde al alza del IPC, tal y como constaba en el acuerdo firmado por el PP y el PNV para aprobar los Presupuestos del Estado. Prorrogados por segunda vez por la repetición electoral del pasado noviembre.

Además, ese aumento del 1,6% dejó en suspenso el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que el propio PP había creado como parte de la reforma de las pensiones de 2013. Y que se aplicó desde 2014 hasta 2017. El 0,25% es la subida mínima que establecía esa reforma mientras las cuentas de la Seguridad Social tuvieran déficit. Fue una de las medidas estrella del Ministerio de Empleo capitaneado por Fátima Báñez, junto con la reforma laboral de un año antes. Su objetivo era, precisamente, limitar el gasto público en pensiones. De ahí que, debido a esa mejora mínima durante cuatro de los siete años que Mariano Rajoy se mantuvo en el poder, sea su Gobierno el que menos aumentó las pensiones en democracia: una media anual del 0,73%. En 2012 se mejoraron un 1%, así como un 2,9% las mínimas, mientras que en 2013 crecieron un 2% las de más de 1.000 euros al mes y un 1% las de menos de 1.000 euros.

También fue durante el mandato de Rajoy cuando menos creció la cuantía de la pensión media de jubilación, tanto en cifras absolutas como porcentualmente: entre 2012 y 2018 se elevó 134,34 euros mensuales, un 14%, según las estadísticas de la Seguridad Social. Actualmente la pensión media de jubilación asciende a 1.090,7 euros.

Programa electoral

En su programa electoral, el PP prometió mantener el poder adquisitivo de la pensiones. Hay que recordar que la subida del 1,6% y el abandono del 0,25% de la reforma de 2013 fue el resultado de las multitudinarias manifestaciones de pensionistas que se sucedieron durante meses en defensa de unas pensiones dignas y de las exigencias del PNV. Pero el PP defendía en su programa que la revalorización según el IPC debía quedar matizada por “otros indicadores” que no mencionaba. Fue la postura que defendió mientras la Comisión del Pacto de Toledo intentaba actualizar sus recomendaciones sobre el sistema público de pensiones, unas negociaciones que no dieron fruto alguno por la falta de acuerdo y la disolución de las Cortes. Pero entonces esos indicadores, tal y como los manejaban los grupos políticos, eran el PIB o los salarios.

Es más, durante la campaña su entonces gurú económico, Daniel Lacalle, no dudó en anunciar que, una vez en el Gobierno, su partido aplicaría “un alza mínima” de las pensiones, “tal y como está aprobado en el BOE”; es decir, el IRP de la reforma de 2013, el 0,25% si la Seguridad Social incurría en déficit, como sigue siendo el caso.

Ligadas al IPC

Antes de ese cambio legislativo, las pensiones subían en España ligadas al IPC, para que no perdieron poder adquisitivo. Durante los siete años que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, las prestaciones por jubilación mejoraron una media anual del 2,42%, con un alza máxima del 4,1% en 2008 y un mínimo en 2011, cuando se congelaron y sólo crecieron un 1% las mínimas. La pensión media se elevó 235 euros al mes entre 2005 y 2011, un 34,13%. Ese año ascendía a 923,74 euros.

Un poco más se revalorizaron durante los dos ejecutivos encabezados por José María Aznar, una media del 2,86%. Cuando más subieron las pensiones públicas fue en 2001, con un 4,1%, y cuando menos en 1998, con un 2,1%. La pensión media mejoró 176 euros entre 1997 y 2004, un 36,75%. Aznar la dejó en 654,9 euros mensuales cuando se fue. [Todas las cifras anteriores al 1 de enero de 2002 estaban en pesetas, pero se ha calculado en euros para facilitar la comparación].

Entre 1991 y 1996, con los gobiernos de Felipe González, fue cuando más crecieron las pensiones públicas, un 4,96%. En 1991, de hecho, llegaron a subir un 6,7%. El año en que menos aumentaron fue 1994, con un 3,5%. Pero entonces la cuantía de la pensión media era de sólo 472,57 euros, en 1996. Cinco años antes no superaba los 335,32 euros al mes.

Es decir, en 27 años la pensión media ha triplicado su cuantía, desde los 335,32 euros hasta 1.090,7 euros.

Hasta 1991, las subidas de las pensiones eran muy superiores, de hasta el 9% en algunos casos, y se distribuían por tramos de cuantía. Por ejemplo, en 1989 mejoraron un 5,8% las comprendidas entre 504,86 euros y 1.163, 56 euros, mientras que crecieron un 6,3% las menores de 264,69 euros mensuales. A partir de 1996, ya quedaron vinculadas al IPC.

En cualquier caso, según las estadísticas de la Seguridad Social, el crecimiento interanual de la pensión media de jubilación –de cada año respecto del anterior– no ha dejado de menguar desde 2005, el último ejercicio del que recoge datos el informe económico-financiero anexo a sus presupuestos de 2018. Entre 2005 y 2010, las subidas interanuales alcanzaban el 6,7% y nunca estuvieron por debajo del 3,55%. Pero ya entre 2011 y 2015 no crecieron por encima del 3,5%. En 2014, sólo un 2,05%. En 2017, el último año considerado, el aumento interanual ya fue únicamente del 1,91%. Y ello pese a que cada año las cuantías de las prestaciones son mayores debido a que quienes se jubilan tienen salarios más altos que sus predecesores y carreras de cotización más amplias.

Laboratorios Farmacéuticos Rovi ha fichado a la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como nueva consejera, con la categoría de externa independiente, al tiempo que ha nombrado al expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, consejero independiente coordinador, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Báñez, que dejó la política el pasado mes de marzo con la intención de incorporarse a la empresa privada, sucede en el cargo a Enrique Castellón Leal, quien ha presentado su renuncia tras cumplirse doce años desde su nombramiento como consejero de Rovi, lo que afecta a su calificación como consejero externo independiente.

Asimismo, la exministra de Empleo ha sido designada miembro de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

De esta forma, la compañía refuerza su consejo con la incorporación de una profesional de "reconocido prestigio y dilatada experiencia en la gestión del talento y su compromiso con las personas".

Báñez es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y completó su formación con un Postgrado en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard y el Programa de Liderazgo para la Gestión Pública en el IESE Business School.

Desde diciembre de 2011 hasta junio de 2018, ocupó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social; así como el de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones desde agosto de 2016 hasta noviembre de ese mismo año.

Además, la nueva consejera cuenta con una amplia experiencia internacional, habiendo representado al Gobierno de España en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la UE (EPSCO), el G-20, las Cumbres Iberoamericanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Foro Internacional de Empleo.

Tras la incorporación de Báñez, el consejo cuenta con tres consejeros ejecutivos, un dominical y tres independientes.

Una medida que el Gobierno incluyó el pasado 30 de abril en el Programa Nacional de Reformas se ha convertido ahora en un elemento más de confrontación entre el PSOE y Unidas Podemos. Con una particularidad en este caso: que dentro del Gobierno, Trabajo y Economía mantienen posturas diferentes. Mientras el primero intenta desmarcarse de la iniciativa, el segundo la defiende como iniciativa del Ejecutivo. En Unidas Podemos no se creen esas discrepancias y creen que todo obedece a la intención del PSOE de pactar con la derecha tras las elecciones del 10N.

En aquel documento, se incluye un apartado referido al mercado de trabajo donde el Ejecutivo se compromete a elaborar un nuevo Estatuto de Trabajadores, reducir a tres los tipos de contratos e implantar un sistema conocido como mochila austriaca, que sustituirá al actual de indemnizaciones por despido. Se trata de un sistema implantado en Austria en 2003, que se basa en cuentas individuales alimentadas con un porcentaje de la cotización que empresas y trabajadores pagan cada mes de sus nóminas. Las cantidades acumuladas las puede cobrar el trabajador cuando lo despiden, dedicarlas a su formación o recuperarlas una vez jubilados. Mientras, esas cantidades se invierten en los mercados de capitales y la rentabilidad obtenida también la cobra el trabajador cuando hace uso de su cuenta. Si cambia de trabajo, sigue acumulando cotizaciones en su cuenta, no pierde la mochila, como si ocurre con la antigüedad al ser contratado por una nueva empresa.

La mochila austriaca ya estaba en la Agenda del Cambio, presentada en febrero de este año por el Gobierno y que constituye su “hoja de ruta” económica. En el Programa Nacional de Reformas se reiteraba la propuesta de la mochila, que debería abordarse en el marco del Diálogo Social, es decir, en las negociaciones con la patronal y los sindicatos, “para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”, dice el texto. Además, el Ejecutivo pide ayuda a un programa de la Unión Europea –Structural Reform Support Programme– para elaborar un estudio sobre este modelo. Según ha explicado un portavoz del Ministerio de Economía a infoLibre, la Comisión Europea ha encargado ese informe a la OCDE.

Economía sí, Trabajo no

El caso es que, preguntado por este periódico, el Ministerio de Trabajo responde que la mochila austriaca “sólo fue en su momento un documento del Ministerio de Economía, pero no está en el programa ni se ha planteado en el Diálogo Social”. “Ni se ha abordado ni se trabaja en ello en estos momentos”, reiteran fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio.

UGT y CCOO coinciden en que, en efecto, el “sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad”, tal y como lo denomina el Gobierno, no ha sido propuesto en las cinco mesas de negociación que se abrieron con el Ministerio de Trabajo en julio de 2018 y que apenas se han reunido desde entonces. El pasado enero, aseguran ambos sindicatos, fueron las últimas citas.

Es más, en la reunión que los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, mantuvieron el pasado miércoles con la ministra Valerio, ésta reiteró su compromiso de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, así como la reforma de las pensiones de 2013, según indica el responsable de Política Sindical ugetista Gonzalo Pino.

Sin embargo, el Ministerio de Economía precisa que “el compendio de reformas” incluidas en el programa enviado a Bruselas fue “consensuado con todos los ministerios implicados”. Aunque el documento lo coordina el ministerio de Nadia Calviño, añade su portavoz, las iniciativas las debaten de forma conjunta todos los ministerios del área económica. También precisa que la propuesta sobre la mochila austriaca se encuentra aún en una fase “absolutamente preliminar”.

Unidas Podemos: quieren pactar con PP y Cs

“Es un documento del Gobierno de España”, contrapone por su parte el diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral, que denunció en Twitter el doble discurso –“una cosa es lo que dice y otra lo que pone el documento”– del PSOE . El Ejecutivo “no está compuesto de compartimentos estancos", argumenta, “esto no lo hace Economía a espaldas de Trabajo”. Por el contrario, cree que la supuesta discrepancia entre ministerios no revela más que “la ocultación de las verdaderas intenciones del PSOE”: según sostiene, hacer “un guiño al poder económico”, a la CEOE, ahora que parece “dispuesto a pactar todo con el PP y con Ciudadanos”.

Unidas Podemos rechaza la mochila austriaca porque supone una “quiebra del concepto de Derecho Laboral” tal y como se entiende en España. “Primero han rebajado la cuantía de las indemnizaciones por despido y ahora es el trabajador el que se las paga”, resume Mayoral en declaraciones a este periódico. El diputado de la formación morada también critica el sistema de cuentas de capitalización porque pone ese dinero en manos de las entidades financieras que las gestionarán. Lo que a su vez, denuncia, abre una puerta a la capitalización de las pensiones, al modo del sistema sueco, por ejemplo, también muy denostado por los sindicatos y por los partidos de izquierda.

No convence ni a los sindicatos ni a la patronal

“Mal empezamos si lo han enviado a Bruselas antes que ponerlo encima de la mesa del Diálogo Social”, lamenta por su parte la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, quien también se opone al nuevo modelo de indemnizaciones por despido. A su juicio, se trata más bien de una iniciativa de Nadia Calviño.

“No aporta nada”, mantiene además Gonzalo Pino. El problema en España no son las indemnizaciones, argumenta, sino la precariedad y la temporalidad, por lo que considera un “error” afrontar ambas desde esa perspectiva. Según un informe sobre la mochila austriaca elaborado por UGT, el nuevo sistema aumentará los costes laborales porque exige subir las cotizaciones sociales y castiga a las empresas que no despiden, premiando a las que despiden mucho –las cotizaciones deben pagarlas todas las empresas, por lo que diluye los gastos de despido–. Además, tampoco garantiza una mejoría de las pensiones: por lo general, el trabajador tiende a utilizar el dinero acumulado en su mochila cuando se queda en el paro, por lo que la cantidad con la que llega a la jubilación suele ser muy pequeña.

Finalmente, tampoco la CEOE cree en el cambio propuesto por el Gobierno. “Haría falta una etapa de transición muy dilatada para implantar el nuevo sistema y prescindir de las actuales indemnizaciones”, critican fuentes de la patronal a infoLibre, que recelan de su “alto coste”. “No sólo es difícil de poner en marcha, sino que además no se explica de dónde va a salir el dinero”, abundan. Los empresarios no quieren ser los que llenen las mochilas de los trabajadores. Cuando Fátima Báñez resucitó la idea, la CEOE respondió que debía ser el Estado el que las nutriera.

Un país con un paro del 4,5%

La iniciativa no es nueva, fue propuesta por primera vez en 2009. Un grupo de expertos estudió su adaptación en España, pero la desechó en un informe de 2011 por su elevado coste. Según sus cálculos, exigiría unos recursos de casi tres puntos de cotización a la Seguridad Social, equivalentes al 1,5% de la remuneración total de los asalariados y a cerca del 1% del PIB nominal. Resurgió después durante la etapa en el Ministerio de Empleo de Fátima Báñez. Pero no llegó ni a la mesa de negociación. Ni la patronal ni los sindicatos la recibieron con un mínimo de entusiasmo. Más tarde, Ciudadanos la adoptó como parte de su programa laboral en forma de anexo a su contrato único y el PP la incluyó en el programa para las últimas elecciones.

En Austria el cambio del sistema se tradujo en una rebaja de las indemnizaciones por despido de los trabajadores con contrato indefinido –que hasta entonces percibían entre 15 y 20 días por año–, mientras que empezaron a cobrar una compensación todos los que hasta ese momento no tenían derecho a ella, que eran el 88% de los asalariados: sólo eran indemnizados al ser despedidos los trabajadores que tuvieran más de tres años de antigüedad o estuvieran contratados en empresas de más de cinco empleados. El paro en Austria es del 4,5%, una tasa que llegó a su máximo en 2016, con un 6%, y a su mínimo del siglo en 2000 con sólo un 3,9%, según Eurostat. Su tasa de temporalidad es del 9,1%. Muy lejos, por tanto, de las cifras españolas: una tasa de paro del 13,9%, de acuerdo con la última Encuesta de Población Activa (EPA), y un 26,6% de trabajadores temporales.

La cuenta de cada trabajador se nutre en Austria de una cotización del 1,53% del salario bruto que hace la empresa. Las cantidades acumuladas en cada cuenta son gestionadas por las entidades financieras autorizadas por el Gobierno, que están obligadas a garantizar el capital aportado e incluso una rentabilidad mínima.

La dirección nacional del Partido Popular Partido Popularno quiere hablar de listas electorales para las generales del 10 de noviembre hasta que culmine el plazo para el registro de las coaliciones el día 29. Los conservadores quieren que todo el foco y toda la presión vaya dirigida a Ciudadanos para que explique los motivos por los que se niega de forma tajante a subirse a la coalición España Suma. Es pura estrategia y puro manejo de los tiempos porque en Génova tienen muy claro que Albert Rivera, que aspira a pelear con Pablo Casado por el liderazgo de la derecha, no va a dar su brazo a torcer. Una vez culmine este plazo, señalan en el cuartel general de los conservadores, será el momento de abordar las listas electorales.

Pero que la dirección nacional intente aplazar el debate no es inconveniente para que, puertas adentro del partido, los dirigentes hagan sus quinielas, señalen a compañeros y exhiban sus preferencias sobre las candidaturas con las que concurrirán el 10N. El propio presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que también gobierna la Junta de Andalucía, se ha mostrado en público partidario de "ajustes" en las listas para hacerlas lo más atractivo posible. 

"No es una cuestión menor. Vamos muy bien en las encuestas y tenemos que presentar a los electores la mejor oferta posible", reflexiona un líder provincial en conversación con infoLibre.

Génova apuesta por hacer pocos movimientos: "Los necesarios para cubrir las vacantes sin perder de vista que aspiramos a ampliar nuestra presencia en el Congreso y en el Senado", dice una de las fuentes consultadas. Pero los barones regionales piden que su criterio se tenga en cuenta –el malestar por el proceso de elaboración de las listas de abril fue grande– y que las candidaturas sean el reflejo de ese PP más moderado del que Casado hace gala ahora. 

¿Debe cambiar Casado a su número a Adolfo Suárez Illana, su número dos por Madrid? ¿Hasta qué punto pueden resultar atractivos para los electores perfiles ajenos al partido? ¿Y dirigentes vinculados al 'marianismo'? El debate en las filas conservadoras está abierto.

  ¿Movimientos para el presidente de la Fundación Concordia y Libertad?

El hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una pieza clave en el PP de Pablo Casado desde su llegada a la presidencia de la formación. Primero le ubicó al frente de la fundación Concordia y Libertad, que viene a sustituir el papel que años atrás desempeñó la Faes de Aznar como laboratorio de ideas del PP. Después, le escogió como número dos de la lista al Congreso por Madrid, la que él encabezaba, un lugar muy destacado.

Dirigentes del partido consultados por este diario dan por hecho que Casado sigue queriendo tener a Suárez Illana en el Congreso de los Diputados. Pero coinciden en que el líder del PP haría bien en "reflexionar" a la hora de buscar un número dos "más atractivo", con mayor presencia. 

"Es una decisión personalísima de Casado porque es su lista", advierten, no obstante. La de Madrid es una de las listas con más opciones de introducir cambios porque Casado tendría que cubrir las vacantes dejadas por el economista Daniel Lacalle, Andrea Levy, que está en el equipo de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento de Madrid, o Miguel Abellán. El torero ha sido recientemente nombrado director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Unas polémicas declaraciones de Suárez Illana sobre el aborto nada más ser elegido como número dos de la lista por Madrid, provocaron un hondo malestar en el partido. Desde este momento, coinciden las fuentes consultadas, el dirigente conservador, no ha tenido la relevancia que debería corresponderse con ser el número dos de un partido por Madrid ni con liderar su fundación ideológica.

En este periodo de tiempo, infoLibre ha desvelado que el hijo del expresidente del Gobierno ocultó al Congreso que es administrador de una empresa con intereses económicos millonarios en Andorra.

La información apuntaba que Suárez Illana es administrador único de una compañía que tiene en el Principado una cartera de valores de 7,5 millones de euros y una deuda de 9,5 millones. Y que tenía la obligación de incluir su cargo societario en la Declaración de Actividades presentada al iniciarse la XIII legislatura, pero no lo hizo.

Tras conocer que iba a publicarse la noticia, el dirigente del PP presentó una ampliación de su Declaración pese a sostener que los servicios jurídicos le indicaron que "no era obligatorio".

Sectores del PP consideran que en una campaña electoral que va a tener en la economía uno de sus ejes, Casado acertaría apostando por un perfil económico como número dos por Madrid.  

Perfiles económicos: de Báñez a Montoro

En los últimos días suena mucho en el PP el nombre de la exministra de Empleo Fátima Báñez. Dicen en el PP que la excolaboradora de Mariano Rajoy siempre ha tenido las puertas abiertas. Y hay quienes la ubican en la lista por Madrid para evitar tener que desplazar a Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, asesinada en 2008, del número uno de la candidatura por Huelva. En el PP andaluz no sentó nada bien que Casado ubicara a Cortés, uno de los principales defensores de la prisión permanente revisable, en ese puesto de la lista desplazando a otros dirigentes más veteranos, como la propia Báñez.

También hay un grupo de dirigentes, más minoritario, que ahora dirige sus mirada hacia Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Rajoy cuyos Presupuestos siguen en vigor. Pero admiten que es más "complicado" que Casado apueste por él que por Báñez. "No hay que perder de vista de todos modos que ellos tienen que querer y que todavía hay muchas heridas abiertas entre los equipos de Rajoy y Casado", muchas heridas abiertas subraya una diputada en conversación con este diario.

  ¿Suma Rosa Díez? ¿O resta?

La exdirigente socialista y fundadora de UPyD Rosa Díez fue una de las protagonistas del acto –Españoles en defensa de lo común– que Casado presidió recientemente en el Congreso de los Diputados para impulsar su apuesta por España Suma. Su nombre suena ahora como posible incorporación a las listas del PP. Una apuesta que estaría por encima de las quinielas puesto que contaría con el aval de la portavoz conservadora en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo.

"Me gustaría incorporar a eso llamado España Suma o al propio PP si España Suma no sale adelante, que yo espero que sí, a un espacio amplísimo del constitucionalismo, gente que viene de todos sitios, gente que está incluso en la socialdemocracia, en la izquierda y que defiende los valores de la libertad y la igualdad", ha señalado recientemente Álvarez de Toledo en una entrevista concedida a Antena 3. Pero ya había dejado clara su apuesta en el acto del Congreso al decir públicamente que le gustaría que Díez estuviera en la "política activa" y que no cejaría en el "empeño" de recuperarla para la política activa, informa Europa Press.

Cuando todavía escuece en amplios sectores del PP que Casado haya apostado por Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria, la posibilidad de que Rosa Díez ocupe un puesto en las listas del PP al 10N divide al partido. Quienes se oponen consideran que, como ha ocurrido con la portavoz, el PP no puede premiar a personas que han sido muy críticas en el pasado con el partido. Añaden, además, que este tipo de fichajes, movilizan más a la izquierda que al sector del electorado al que se dirige el PP y lanzan el mensaje de que en el partido "no hay cantera".

Si hay una marca característica del mercado de trabajo español, ésa es el abuso del contrato temporal. Desde que el primer Gobierno de Felipe González le quitó el corsé en 1984, el empleo temporal es el rey de la estadística. También la mayor lacra de un mercado laboral que no sólo ha alcanzado cifras récord de paro durante la crisis sino que además permanece encaramado en la mayor tasa de temporalidad de Europa: el 25,88% según la última Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre del año.

En 2018 se firmaron en España más de 20 millones de contratos temporales, casi el 90% de los registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Un porcentaje que apenas ha variado desde los años 80, cuando se produjo la eclosión de los contratos temporales sin causa justificada. En 1987, los datos más antiguos que suministra la EPA, los trabajadores con contrato temporal equivalían sólo al 15,3% de los asalariados. Sumaban 1,25 millones de personas. Ocho años después, en 1995, el porcentaje se había más que duplicado y representaban casi el 35%. En 2002 ya eran 4,37 millones los españoles con un empleo temporal. Cuatro años más tarde se contaron hasta 5,6 millones de eventuales. La cifra no bajó del tercio de los asalariados hasta que estalló la crisis y se hundió en 3,2 millones. Con la recuperación económica su número ha vuelto a escalar: el pasado marzo 4,23 millones de trabajadores vivían con contratos de duración determinada.

Pese a las numerosas reformas laborales aprobadas por gobiernos conservadores y socialistas, el contrato temporal sigue disfrutando de una salud envidiable. No sólo por las peculiaridades productivas nacionales –predominio del turismo y la hostelería, con una elevada estacionalidad–, sino también por el abuso, y en definitiva el fraude, que se hace de este tipo de contrato. Según los cálculos de UGT, el 46% de los contratos examinados por la Inspección de Trabajo en la Comunidad de Madrid sólo en los tres primeros meses de 2018 eran irregulares o fraudulentos.

Ninguna medida ha dado resultado. La lucha contra la “dualidad” era uno de los objetivos de la última reforma de 2012, pero el desequilibrio 90/10 entre temporales y fijos cada mes permanece inalterable.

En Francia el presidente Emmanuel Macron acaba de presentar una reforma del sistema de prestaciones de desempleo que viene acompañada de un mecanismo bonus/malus para combatir la elevada tasa de temporalidad. Aunque allí sólo alcanza al 16,7% –10 puntos menos que en España pero 2,5 puntos por encima de la media europea–, los franceses están asustados por el hecho de que el 70% de los contratos dura menos de un mes y su número no hace más que crecer. Casi un tercio no se prolonga más allá de un día.

A partir del 1 de enero de 2020, aquellas empresas de más de 11 trabajadores cuya plantilla tenga más temporales que la media de su sector pagarán un recargo en las cotizaciones por desempleo del 0,95%. El castigo afectará sólo a siete sectores productivos, de los que se han excluido la construcción y el sociosanitario, pero no la hostelería y la restauración. Por el contrario, las empresas que no alcancen la media de empleados temporales del sector tendrán derecho a un descuento en la cotización por desempleo del 1,05%. Además, a los contratos de obra se les impone un recargo de 10 euros, independientemente de su duración. La medida no ha gustado ni a los sindicatos ni a la patronal francesa. Sus críticos destacan que las cantidades del premio/castigo son muy escasas: 10 euros equivale a una hora del Salario Mínimo Interprofesional francés para los mayores de 18 años –1.498,47 euros brutos al mes–. Al mismo tiempo, además, Macron ha ofrecido a las empresas otras medidas que les van a suponer un ahorro de hasta el 40% en salarios en un año.

Ya están penalizados y el castigo no funciona 

El sistema no es una novedad en España. Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) llevan años proponiéndolo como solución contra el abuso de la temporalidad junto al contrato único. Ciudadanos lo incorporó a su programa e incluso se introdujo en el programa pactado con el PSOE en febrero de 2016 y seis meses después en el que firmó con el PP. La exministra de Empleo Fátima Báñez lo planteó a sindicatos y patronal en la Mesa del Diálogo Social en 2017, junto con la reducción del número de tipos de contratos. Pero ni la CEOE ni UGT y CCOO ven con buenos ojos este sistema.

Fuentes de la patronal aseguran que el mecanismo “no aportaría gran cosa”, dado que los contratos temporales “ya están penalizados” con una sobrecotización respecto de los indefinidos. Y CCOO y UGT dudan de su eficacia.

En efecto, los contratos temporales tienen una cotización por desempleo del 6,7%, 1,2 puntos por encima de los indefinidos –en los contratos a tiempo parcial es superior, un 7,7%–. Los de menos de siete días sufren además un recargo del 36%, mientras que desde enero los de menos de cinco días se gravan con un 40%. Una medida pensada para desincentivar los empleos de menor duración, cuyo crecimiento se ha disparado en los últimos años.

Sin embargo, ese castigo no ha tenido ningún éxito a tenor de las estadísticas. Las cifras del SEPE hasta el pasado mayo revelan que los contratos de menos de una semana no sólo no han disminuido sino que además siguen creciendo a buen ritmo. En los cinco primeros meses del año se han registrado 2,45 millones, un 3% más que en el mismo periodo de 2018. Si entonces representaban el 27,18% de los contratos firmados, este año equivalen al 27,37%, casi dos décimas más.

Por eso la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, prefiere otras medidas que, a su juicio, deberían enfocarse en el aumento de las indemnizaciones por extinción de los contratos temporales. Por ejemplo, recuperando los salarios de tramitación que desaparecieron con la última reforma laboral. Son los salarios que el trabajador deja de percibir desde que es despedido hasta que recibe la sentencia que declara improcedente su cese. La responsable de Políticas Sociales y Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, también apunta a un reforzamiento de las sanciones, incluso del doble de la actual indemnización por despido temporal o indefinido, para los contratos fraudulentos, de forma que se elimine el beneficio económico obtenido por el empresario al abusar del empleo eventual. También exige que se llenen los “vacíos” de la actual ley, definiendo bien las “causas” por las que las empresas pueden celebrar contratos temporales. En teoría, sólo excepcionales: aumentos puntuales de producción o ventas, sustituciones, formación... “Implantar el bonus/malus sería como empezar la casa por el tejado”, protesta. Sin contar con que en España la medida no se podría limitar a siete sectores como ha hecho Francia, teniendo en cuenta que el abuso de los contratos temporales se extiende aquí a todas las ramas productivas, sean estacionales o no.

El 16,8% de las empresas genera el 39% de las prestaciones por desempleo

En cambio, el profesor de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea Florentino Felgueroso defiende la aplicación de un sistema como el francés. Según explica a infoLibre, no es justo ni eficiente que las prestaciones por desempleo generadas por empresas con elevado nivel de rotación –muchos trabajadores contratados y despedidos en periodos cortos de tiempo– las paguen también otras que apenas utilizan plantillas de temporales.

Y pone como ejemplo el sistema empleado en Estados Unidos, que está ligado directamente a las prestaciones por desempleo que generan las empresas. Tras establecer un mínimo y un máximo, cada Estado fija su bonus y su malus. El umbral, además, se adapta al ciclo económico y a las circunstancias, explica el investigador de Fedea.

Felgueroso, junto con el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Marcel Jansen, ha calculado el impacto que sobre el gasto en prestaciones por desempleo tienen los contratos temporales y las sucesivas recontrataciones de los mismos trabajadores por las mismas empresas. Así resulta que el 47% de ese gasto procede del fin de contratos temporales. De hecho, sólo el 36% de los contratos temporales registrados en España no está asociado a un cese previo en la misma empresa. El 34% tiene detrás cuatro ceses previos.

Según los datos que Felgueroso y Jansen publicaron en el blog Nada es gratis, casi la mitad de las recontrataciones se produjeron entre 2013 y 2017 en la hostelería, las administraciones públicas y la agricultura. Un tercio, en la industria manufacturera, el comercio, la sanidad y la construcción. En el 14% de las empresas, más de la mitad de los trabajadores contratados estaban siendo recontratados. En la agricultura, la industria, la construcción y la educación se elevan al 20% las empresas que abusan de la recontratación de temporales. En las administraciones públicas, más aún, el 30%. Esta nefasta gestión de los recursos humanos se traduce en que el 63% de las prestaciones por desempleo procede de recontratacionesrecontrataciones. El 22% tiene detrás más de cuatro contrataciones previas y al menos una posterior.

De esta forma, resulta que el 16,8% de las empresas, destacan los investigadores de Fedea, son responsables del 39% del gasto en prestaciones por desempleo por culpa de un porcentaje de trabajadores recontratados de entre el 25% y el 50%. Y otro 6,6% de empresas, con recontrataciones que equivalen a entre el 50% y el 75% de su plantillas, son el origen de un 28,5% del gasto en prestaciones. “El sistema no sólo es perverso, por incentivar la concentración temporal, sino también injusto”, concluyen. Además de único en el mundo: mientras en Estados Unidos la tasa de trabajadores temporales recontratados es del 40%, en España casi alcanza el 60%.

En ese punto, el perjuicio que causa el abuso de la temporalidad en el gasto público en prestaciones por desempleo, están de acuerdo los sindicatos. Y Antonio González, que fue director del gabinete del exministro de Trabajo socialista Valeriano Gómez y antes secretario general de Empleo con Jesús Caldera. “El consumo de prestaciones por desempleo provocado por los contratos temporales triplica el de los indefinidos”, subraya. Por eso defiende que “cada tipo de contrato asuma su consumo de prestaciones”. Aunque, a su juicio, la solución no es un mecanismo bonus/malus.

Un fraude más barato que la ley

Para desincentivar el abuso del contrato temporal, explica González, haría falta un recargo en las cotizaciones por desempleo que superara el ahorro del 5% en costes laborales del que se benefician las empresas recurriendo a esta forma precaria de empleo. Por lo que un recargo del 1%, casi como el francés, no asustaría a los empresarios. La sobrecotización debería ser “muy superior” para ser disuasorio, resume, lo que quizá no resultaría muy recomendable. Y recuerda que los recargos del 36% y el 40% para los contratos hiperbreves de menos de siete y cinco días tampoco han resultado eficaces.

En su lugar, Antonio González considera más resolutivo aplicar una indemnización en función del contrato con una “cantidad a tanto lazado” que sirva de incentivo para que los trabajadores afectados demanden en los tribunales. Porque ahora la única sanción que recae sobre las empresas abusadoras es la conversión del trabajador en fijo. La Inspección de Trabajo, añade, no puede –“aunque fuera la mejor del mundo”– examinar los 20 millones de contratos temporales que se firman cada año en España. “El fraude”, concluye, “nunca puede ser más barato que cumplir la ley”.

Florentino Felgueroso sostiene, no obstante, que quizá el porcentaje de recargo aplicado en Francia se quede un poco corto, además de sugerir que el criterio utilizado –el número medio de contratos temporales por sector– se complete con otros como la duración de los contratos y el gasto en prestaciones por desempleo.  Y culpa a la falta de voluntad política de la persistencia del problema. Mari Cruz Vicente cree que también es necesario un “cambio radical” de cultura y de mentalidad. “Ahora, con la digitalización y la robotización se hace patente la necesidad de formación constante”, resalta la dirigente de CCOO, “y los trabajadores temporales reciben menos formación y son menos productivos”. Precisamente una de las causas de la baja productividad de la economía española es el elevado porcentaje de empleo temporal.

Hace dos años, la ex ministra de Empleo propuso el sistema de bonus/malus a la Mesa de Diálogo Social, una negociación que continuó con Magdalena Valerio pero sin grandes resultados. “La mesa de contratación ni siquiera llegó a abrirse”, lamenta Mari Cruz Vicente, y las otras –Seguridad Social, Igualdad, Formación Profesional y Lucha contra la Economía Sumergida– sólo funcionaron durante tres meses”.

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez deja la política y se marcha a la empresa privada. Pese a que no irá en las listas del PP a las elecciones generales, ha trasladado al líder del PP, Pablo Casado, su intención de ayudar a la formación en campaña, han informado a Europa Press fuentes del partido.

De hecho, este mismo viernes Báñez ha asistido a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP andaluz que se ha celebrado en Sevilla, donde Casado ha puesto en valor su gestión al frente del Ministerio de Empleo. La propia Báñez ha confirmado su marcha en su cuenta de Twitter: "He comunicado al presidente del PP y del PP andaluz mi decisión de iniciar una nueva etapa en el ámbito privado. He trabajado estos años con la máxima entrega por España y por el PP. Donde esté, seguiré sumando con el mismo compromiso. Gracias Huelva, gracias España", ha asegurado.

Báñez, que en las últimas legislaturas ha encabezado la lista del PP por Huelva, ha afirmado además que "siempre estará agradecida" a sus compañeros, especialmente a los del PP de esta circunscripción por su confianza. "Y siempre con Huelva, mi provincia, en el corazón", ha proclamado.

Se suma a la salida de otros Ministros de Rajoy

Bañez fue una ministra muy cercana a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, quien anunció en julio que sería la secretaria general del PP si ella ganaba el congreso extraordinario del PP, en el que finalmente se impuso Pablo Casado. El nuevo líder del partido apostó por su integración y la designó hace unos meses presidenta de la Comisión de Exteriores del Congreso.

La salida de Báñez se suma a la de otros exministros del PP próximos a Sáenz de Santamaría, como Iñigo Méndez de Vigo (que anunció su marcha hace unos días) o el extitular de Energía, Álvaro Nadal, que también prevé incorporarse a la oficina económica y comercial de España en Reino Unido, con sede en Londres.

El Gobierno anunció en julio su intención de suprimir el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, la creación estrella de la reforma laboral de 2012. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, lo justificó en el hecho de que ese tipo de contrato “ni ha dado los frutos deseados ni ha frenado la temporalidad”. “No es un contrato indefinido”, abundó. Por el contrario, puede servir a su juicio para “torcer” el principio general de que siempre debe haber una causa para ofrecer un contrato temporal.

En todo caso, la propia ley preveía la caducidad del contrato de apoyo a emprendedores, al menos tal y como está formulado, cuando la tasa de paro bajara hasta el 15%. A falta de saber cómo va a terminar el año, en el último trimestre se recortó hasta el 14,55%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Cuando lo creó, la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó el nuevo contrato como “una buena herramienta para reincorporar a los jóvenes al mercado laboral”, adaptada a un tejido empresarial en el que el 95% de las empresas son pymes. “Es una apuesta por la contratación estable”, aseguraba con cada nueva cifra sobre el número de contratos firmados y mientras subrayaba que su tasa de supervivencia era “la misma” que la de los indefinidos ordinarios.

Pero, casi siete años después de su creación, los datos sobre el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores desmienten a la exministra y dan la razón a quienes lo criticaban. Los sindicatos siempre lo han considerado un contrato temporal encubierto con despido gratuito que, de indefinido, sólo tiene el nombre. “Subvenciona al empresario un contrato indefinido que cuenta con peores condiciones laborales para el trabajador y una supervivencia inferior a la del indefinido ordinario”, argumentaba CCOO en 2016 tras realizar un estudio sobre el contrato estrella de la reforma laboral.

La polémica nunca ha abandonado a esta figura, que establece un periodo de prueba muy amplio, de un año, cuando el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo de seis meses para los técnicos titulados y de dos meses para el resto de los asalariados. Una vez acabada esta etapa de prueba, el empleado no tiene derecho a indemnización si el empresario decide que no la ha superado. De ahí que los sindicatos consideraran que el contrato regala a la empresa un contrato temporal de un año con despido gratis. Por el contrario, el Tribunal Constitucional rechazó en 2014 un recurso del Parlamento de Navarra y avaló la legalidad de un periodo de prueba tan amplio con el argumento de que cumple la “legítima finalidad de potenciar la iniciativa empresarial como medio para facilitar el empleo estable”.

Además, lo pueden suscribir, tanto para jornadas a tiempo completo como a tiempo parcial, sólo las empresas de menos de 50 trabajadores a las que da derecho a deducciones fiscales y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. Las primeras, de 3.000 euros en la cuota íntegra si el contratado es menor de 30 años o, si es un desempleado, del 50% de la cuota íntegra correspondiente a la prestación de paro a la que tenga derecho ese trabajador. Las segundas ascienden a 3.300 euros durante tres años si el contratado tiene menos de 30 años, a las que se añaden 100 euros anuales si, además, es una mujer. En caso de que el trabajador supere los 45 años, el empresario también puede deducirse 1.300 euros anuales de las cotizaciones, que se elevan a 1.500 euros si la contratada es una mujer.

Eso sí, la empresa debe devolver estas ayudas si despide al trabajador antes de tres años y si no mantiene la plantilla intacta sin despidos durante el primer año. Y esa obligación ha resultado ser el resquicio por donde han quedado a la vista las costuras del contrato.

Sólo el 27% de los empresarios aprovecha las deducciones

Desde febrero de 2012, cuando se aprobó la reforma laboral, hasta el pasado mes de octubre, se han registrado un total de 1.059.832 contratos de apoyo a emprendedores. Representan el 15,3% de los 6,92 millones de contratos indefinidos que se han firmado en estos siete años. Por comparar volúmenes: en España se suscriben cada año unos 20 millones de contratos, de los cuales el 90% son temporales. El número de contratos de apoyo a los emprendedores ha ido creciendo al mismo tiempo que aumentaba el empleo con la recuperación económica. Así, pasaron de 78.721 en 2013, cuando apenas equivalían al 10,8% de los indefinidos, a 246.827 en 2017, cuando ascendían al 19,86%. Hasta octubre de 2018 ya han alcanzado los 251.316, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.

Pese a las ventajas fiscales y bonificaciones a disposición de los empresarios, no todos ellos las aprovechan. De hecho, la mayoría prefiere prescindir de los incentivos. El año en que se suscribieron más contratos con incentivos fue el primero de su aplicación, en 2012: el 45% de ellos los incluían. Desde entonces, ese porcentaje no ha hecho más que caer. En 2015 fueron sólo el 18,75% –24.265 contratos– y en lo que va de este año están sólo un poco por encima, el 18,94% –47.587 contratos–. En resumen, la media para los siete años que lleva en vigor el contrato es del 27%.

Para los sindicatos, ésta es una señal de que el principal atractivo del contrato de apoyo a los emprendedores para las empresas es la posibilidad de prescindir del trabajador al acabar el año de prueba sin tener que indemnizarlo, o la de mantenerlo como máximo tres años y luego despedirlo sin tener que devolver las bonificaciones y deducciones fiscales.

Es más, según las estadísticas del ministerio, el ejercicio en que más contratos con bonificación sobrevivieron al año fue 2012, con el 62,53%, 21.756 trabajadores. Después, el porcentaje ha ido bajando hasta el 57,86% de 2017, 32.516 trabajadores. Es decir, una media del 40,2% de los trabajadores con contratos de apoyo a emprendedores bonificados fueron despedidos al cabo de un año sin indemnización por no haber superado el periodo de prueba.

Trabajo también ha hecho la cuenta con los contratos que fueron rescindidos, pese a haber aprovechado las bonificaciones, una vez transcurridos los tres años en que la norma obliga a mantener al empleado. De los firmados en 2012, seguían vivos al alcanzar 2015 sólo el 35,8%; de los registrados en 2013, sólo el 35,09%, y de los correspondientes a 2014, menos aún, el 33,13%. Un 34,67% de promedio. Habrá que esperar a que transcurran los tres años para saber qué ha pasado con los contratados con esta figura a partir de 2015.

En su estudio de 2016, CCOO comparó la tasa de supervivencia de este contrato al cabo de un año con la de los indefinidos ordinarios. Frente a una media del 43,1% en los contratos de emprendedores no bonificados y del 59,2% en los bonificados, el nivel de supervivencia de los indefinidos al uso se elevaba, con datos hasta 2015, al 62%. De cada dos contratos de apoyo a los emprendedores, sólo 0,98 seguía vivo un año despuésvivo. Entre los indefinidos ordinarios la tasa de supervivencia es un poco más alta: superan el año 1,24 de cada dos.

Empleos de baja cualificación

También proporciona una idea de cuál ha sido la breve historia de esta figura contractual la lectura de en qué sectores y categorías laborales ha sido más utilizado. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo correspondientes al pasado mes de noviembre, más de la mitad de los 23.548 contratos de este tipo los registraron ese mes empresas de los sectores de la hostelería –el 30,56%– y el comercio –21,64%–. El 55% de los trabajadores con este contrato eran dependientes, camareros, vigilantes de seguridad y cuidadores o empleados en ocupaciones elementales –peones y otros no cualificados–. El nivel de estudios del 53% sólo alcanzaba la ESO y el del 27,5%, la Primaria. Si el foco se pone en la edad de los contratados, el 37,5% tenía menos de 30 años y el 26,5%, más de 45 –los dos tramos con incentivos–.

Además, el contrato tuvo su propio recorrido judicial. La primera sentencia de un juzgado de lo Social que declaró improcedente el despido de un peón con este tipo de contrato criticaba que su puesto, “llevar neumáticos de un sitio a otro”, no requería un año “para que el empleador evaluara sus capacidades”, menos aún cuando el convenio del sector establecía un periodo de prueba de sólo 15 días. En otra sentencia posterior, un juzgado de Tenerife condenó a una empresa hotelera con una plantilla habitual de 20 personas, que había suscrito 91 contratos de apoyo a emprendedores y los había rescindido todos, menos tres, cuando alcanzaban el año de prueba. A esos tres el hotel los despidió poco después igualmente. 

La imagen de Soraya Sáenz de Santamaría sentada en un extremo de la bancada conservadora del Congreso en el primer Pleno tras el parón estival es un resumen perfecto de cómo ha cambiado el PP en apenas dos meses. La vicetodo, como la bautizaron sus críticos por la forma inédita de acumular poder en el Gobierno, es ahora una diputada rasa. Perdió su papel en la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y se quedó también sin despacho en Génova tras perder en el congreso frente a Pablo Casado.

Transcurridos casi dos meses del congreso que le aupó a la presidencia del PP, Casado hace los últimos encajes de piezas previos a la selección de candidatos electorales para las citas electorales de 2019. Los suyos hablan de integración; sus rivales no lo tienen tan claro.

Santamaría, que en estos días reflexiona sobre su futuro antes de comunicarle a su nuevo jefe si sigue en política o no, fue la principal perdedora al haber sido la candidata y, por tanto, la cara más visible. Pero muchos otros dirigentes la acompañaron en su carrera hacia la presidencia del PP. ¿Quiénes son y dónde están?Fátima Báñez

Fátima Báñez

Amiga personal de Soraya Sáenz de Santamaría, la exministra de Empleo fue uno de los principales apoyos de la campaña de la exvicepresidenta. Con ella estuvo desde el primer día, acompañándola a presentar las firmas para la candidatura en la sede nacional del PP.

Cuentan fuentes conocedoras del proceso, que Báñez, diputada por Huelva, fue clave, junto a otros dirigentes como Javier Arenas o Juan Manuel Moreno, en la victoria de Santamaría en la primera ronda. Fueron los militantes andaluces los que decidieron su triunfo al darle 4.000 votos más que a Casado.

El exministra, vista puertas adentro del PP como uno de los rostros de la recuperación económica y la reducción del paro, es diputada en el Congreso, institución en la que también ocupa el puesto de vocal en la Diputación Permanente, órgano que suple las funciones del Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones. En las negociaciones posteriores al congreso, el equipo de Santamaría rechazó una oferta para que se incorporara a una secretaría de área de la nueva estructura.

Hasta la fecha, Casado ha optado por mantener a Báñez en este órgano parlamentario en el que ingresó en agosto de 2018. Ser vocal en una comisión no implica remuneración extra en el régimen de retribuciones de los parlamentarios. 

Casado sí ha ofrecido a Santamaría la presidencia de una Comisión. Si la exvicepresidenta lo acepta, sus ingresos mensuales se verían incrementados en más de 1.400 euros.

Javier ArenasJunto a otros compañeros de partido –Villalobos o Montoro, por ejemplo– Javier Arenas fue protagonista de un polémico vídeo de campaña. Javier Arenas

Se titulaba "Cuéntame cómo vais a renovarnos" y se atribuyó al entorno de Casado, pero el entonces candidato siempre lo negó.

Tras años siendo la sombra de Mariano Rajoy, al que le une una muy estrecha amistad, la llegada de Pablo Casado a Génova le sacó de la dirección nacional del partido. Su puesto de los últimos años, la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local, pasó a manos de Vicente Tirado, el hombre fuerte de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. 

Tirado, que sonaba como sustituto de Cospedal al frente de la dirección regional del partido, se bajó este mismo viernes de la carrera sucesoria. Opta, pues, por volcarse en la dirección nacional del PP.

Arenas también deja de ser secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Le ha sustituido José Ortiz Vejer.

Cristóbal Montoro 

El exministro de Hacienda de Rajoy ha decidido continuar en su escaño de la Cámara Baja. En la nueva estructura ha sido propuesto como presidente de la Comisión de la Economía y Empresa del Congreso.

Mantiene su puesto en la Diputación Permanente. Fue nombrado vocal en agosto de 2018.

Es el mismo caso del exministro de Educación y exportavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. También alineado con la exvicepresidenta, ha sido propuesto presidente de la Comisión de Educación del Congreso. También es vocal en la diputación permanente. 

Iñigo de la Serna

Una semana después del congreso extraordinario del PP, el exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, anunció su decisión de dejar la política activa para dar el salto al sector privado. Ponía fin a casi dos décadas en las instituciones.

Al igual que ocurrió en el caso de Báñez, De la Serna rechazó asumir una secretaría de área en el PP.

Juan Manuel Moreno

Pieza fundamental de equipo de Santamaría, el presidente del PP andaluz es también ahora una pieza clave de la estructura del PP de Casado. A la fuerza. No es ningún secreto que Juan Manuel Moreno no es el favorito del nuevo equipo. Pero ganó el último congreso del PP y eso implica que va a ser el candidato a las próximas elecciones andaluzas.

De hecho, para cerrar especulaciones Casado le ratificó como candidato en las primeras entrevistas que concedió tras ganar el congreso. Y ha realizado varias visitas a esta comunidad autónoma en las últimas semanas. Un gesto hacia una formación regional eminentemente sorayista sorayista.

Si Susana Díaz adelanta elecciones para antes de fin de año, las andaluzas serán la primera prueba de fuego de Casado. En ellas podrá testar si su llegada a la presidencia del PP moviliza e ilusiona a los electores. La prueba no es sencilla porque nunca han gobernado en Andalucía. 

Moreno se la juega no sólo en las urnas, sino también puertas adentro del PP. Las heridas del congreso no están cerradas y un mal resultado reabrirá el debate sobre su continuidad en el cargo.

Alfonso Alonso

Como Báñez, fue otro de los dirigentes conservadores que acompañó a Santamaría en la entrega de avales y estuvo presente en muchos actos de campaña.

Las fuentes consultadas aseguran que el líder del PP vasco y Casado ya han limado las asperezas de la batalla por el liderazgo del PP y que miran "a futuro". "Casado quiere que el PP vasco tenga más presencia en las instituciones de Euskadi y para ello tiene que contar con Alonso y su equipo, que llevan años trabajando sobre el terreno", resume un dirigente conservador.

Como Alonso, Javier Maroto fue alcalde de Vitoria. Muchos en el PP se sorprendieron cuando el exresponsable de Sectorial se puso del lado de Casado mientras el llamado nuevo PP vasco se decantaba por Santamaría. Sobre todo, por la identificación del ahora líder conservador con la etapa de María San Gil al frente del PP vasco.  

Las fuentes consultadas atribuyen a Maroto, ahora número tres del partido, gran parte del trabajo de acercamiento entre Casado y la dirección del PP vasco. El líder de los conservadores acudió a Vitoria a las fiestas de la Virgen Blanca, donde compartió jornada con Alonso y su equipo.

José Luis Ayllón

El exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes y exjefe de Gabinete de Mariano Rajoy tuvo claro que su sitio en esta batalla estaba en el lado de Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta misma semana se ha conocido que ha aceptado la vicepresidencia primera de la Comisión Mixta para la UE. Un puesto que ocupaba Pablo Casado. 

Fernando Martínez-Maillo

"Siempre he creído que era la persona adecuada, he mantenido la neutralidad pero la voté en primera vuelta". Así se pronunciaba el por entonces vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, el día de la votación entre Casado y Santamaría. Para muchos de sus compañeros de partido, sus palabras desvelaban un secreto a voces.

Fuera de la estructura de la dirección del partido, el excoordinador general del PP, ocupa una de las siete portavocías adjuntas del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Celia Villalobos

La exvicepresidenta del Congreso dijo en campaña que se iría a "cargar cebollinos" si Casado ganaba las elecciones internas en el PP. Casado ganó. Y Villalobos no se ha ido a ningún sitio. Sigue en su escaño en el Congreso de los Diputados. Eso sí, ha sido apartada como vocal en la Diputación Permanente.

De forma paralela, su marido, Pedro Arriola, sociólogo de cabecera de Rajoy, ya no prestará servicios en el PP de Casado, tal y como adelantó lainformacion.com.

El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado las tres disposiciones del real decreto-ley de 15 de marzo de 2013 que restringieron el acceso de los mayores de 55 años al subsidio de desempleo. El fallo, que tiene fecha del pasado 7 de junio, estima parcialmente un recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra el real decreto-ley, que también incluía medidas para promover el “envejecimiento activo”, como la compatibilidad entre la pensión y el trabajo. En concreto, el TC considera inconstitucional el cambio que se estableció entonces en el cómputo de los ingresos que el desempleado no puede superar para ser beneficiario del subsidio. Ahora volverá a utilizarse la renta individual del interesado en lugar de la renta de toda la unidad familiar, lo que durante los últimos cinco años ha excluido a un buen número de posibles beneficiarios. La entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, los cifró en un 20%.

El Constitucional anula esas tres disposiciones porque entiende que el Gobierno no justificó “ni en la exposición de motivos de la norma ni en el debate parlamentario de convalidación ni en la memoria del impacto normativo” que las modificaciones en las normas para el cálculo de los ingresos respondieran “a una situación de naturaleza excepcional o constituyan una necesidad urgente, hasta el punto de que su efectividad no pueda demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario”.

El real decreto-ley en cuestión fue una de las más de 70 normas de este rango que el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó en su primera legislatura para aprobar desde la reforma laboral hasta la de las pensiones. En teoría, el real decreto-ley está previsto en la Constitución sólo para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, ya que hurta el debate parlamentario exigido para la aprobación de una ley.

Pues bien, el Ejecutivo del PP recurrió a este procedimiento en principio excepcional para endurecer el requisito de rentas que un desempleado mayor de 55 años debe cumplir si quiere acceder al subsidio. Hasta entonces, sus ingresos individuales no debían exceder el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. A partir de ese momento, en cambio, debía ser la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar la que no debía superar ese 75% del SMI: 551,92 euros este año. El subsidio asciende ahora a 430,27 euros al mes y se puede cobrar hasta el momento en que se alcanzan las condiciones necesarias para jubilarse. Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo a fecha de mayo de este año, lo perciben un total de 264.016 personas, el 36,4% de quienes reciben una prestación por desempleo no contributiva.

Como resultado del cambio normativo, que operó a partir del 17 de marzo de 2013, y del aumento de la edad para solicitar el subsidio –de 52 a 55 años– que el Gobierno aprobó en la reforma laboral en 2012, el número de personas a las que se concedió cayó a casi la mitad, un 47,1%, de un año a otro. Mientras que en 2012 la cifra de altas en el subsidio alcanzó las 119.538, en 2013 se quedó en sólo 63.233, revelan las estadísticas de Trabajo.

Aunque no fue la única restricción que el anterior Ejecutivo aplicó al subsidio. También redujo del 125% al 100% de la base mínima la cotización que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) hace a la Seguridad Social por cada beneficiario, lo que redunda después en una menor pensión futura. Finalmente, si antes de la reforma el desempleado podía cobrar el subsidio hasta jubilarse, después el límite quedó fijado en el momento en que el beneficiario alcance los requisitos –años de cotización y edad– para acceder a la jubilación ordinaria, incluida la anticipada. Es decir, el subsidio puede extinguirse antes de llegar a los 65 años y seis meses en que está fijada para 2018.

Reclamaciones de los perjudicados

La anulación de esas tres disposiciones del real decreto-ley tiene, además, consecuencias prácticas. Según explica a infoLibre Miguel Arenas, laboralista de la cooperativa de abogados Collectiu Ronda, el fallo permite a quienes se les denegó el subsidio, o a quienes se suspendió su cobro, únicamente por incumplir el requisito de rentas, pedir a Trabajo que se les reconozca su derecho a percibirlo o a reanudarlopedir a Trabajo que se les reconozca su derecho a percibirlo o a reanudarlo. El TC deja claro que la nulidad carece de efectos retroactivos. Es decir, no afectará ni a “situaciones jurídicas consolidadas” ni a “actuaciones administrativas firmes”. Pero permitirá que empiecen a percibir el subsidio a quienes se les denegó o suspendió por superar su familia el nivel de rentas, aunque ellos, individualmente, no lo excedieran según la norma anterior a marzo de 2013.

La sentencia se dicta, además, cuando la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, acaba de anunciar su intención de recuperar el subsidio a partir de los 52 años, lo que según sus cálculos se traduciría en un aumento en los ingresos por cotizaciones sociales de unos 1.000 millones de euros.

El Tribunal Constitucional ya ha anulado otras dos prestaciones no contributivas, ambas por idéntico motivo. Tanto el Plan Prepara como el Programa de Activación por Desempleo (PAE) invadían las competencias de las comunidades autónomas. Ambas son ayudas de 426 euros para parados que han agotado el resto de las prestaciones. De ahí que el Gobierno del PP se embarcara junto con los sindicatos, la patronal y las comunidades autónomas en una reforma de este tipo de prestaciones, dirigidas a parados de larga duración y vinculadas a la formación y recualificación profesionales. El nuevo modelo, que iba a fusionar el Plan Prepara, el PAE y la Renta Activa de Inserción (RAI) en una Renta Especial de Desempleo (RED), debería haber estado listo en mayo pasado, pero despertó el rechazo de CCOO y UGT. Los sindicatos denuncian que con la nueva ayuda tres cada cuatro parados perderían entre uno y tres meses de cobertura. Con el cambio de gobierno, la iniciativa ha quedado paralizada.

Voto particular a favor de anular todo el decreto

La sentencia del Tribunal Constitucional incluye un voto particular firmado por tres magistrados: Fernando Valdés Dal-Ré, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón. A su juicio, la falta de justificación de la “extraordinaria y urgente necesidad” que la sentencia aprecia en las tres disposiciones sobre el subsidio para mayores de 55 años afecta al real decreto-ley 5/2013 en su conjunto, por lo que debería haberse anulado en su totalidad. La normativa sobre la jubilación que establece ese decreto-ley “se inserta en el esfuerzo continuado de los órganos políticos por garantizar el sistema de pensiones y, al cabo, por asegurar su sostenibilidad en el largo plazo”, subrayan los magistrados. Por tanto, se trata de un esfuerzo “estructural” y no “coyuntural”, donde además no existe “una situación especialmente cualificada por las notas de gravedad, imprevisibilidad o relevancia” necesarias para utilizar el real decreto-ley y no un proyecto de ley. “La única razón”, añaden, que dio el Gobierno entonces para recurrir a esa norma excepcional fue el vencimiento del plazo de tres meses de suspensión de la norma anterior, la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones. Y ese fin de plazo no lo consideran los tres discrepantes una circunstancia lo bastante grave, relevante o imprevisible como para exigir un real decreto-ley.

La sentencia mayoritaria, además de anular el cómputo familiar de las rentas para conceder el subsidio a mayores de 55 años, deroga por el mismo motivo otras cinco modificaciones contenidas en las disposiciones finales del real decreto-ley, todas ellas de carácter más bien procedimental o burocrático. Así, el TC tampoco encuentra motivos de especial gravedad y excepcionalidad que justifiquen el uso de un real decreto-ley para eliminar los requisitos de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social para los trabajadores que sean responsables del ingreso de sus propias cotizaciones, equiparar a los mutualistas del Régimen Especial del Mar con el resto de los regímenes, declarar la incompatibilidad de los complementos por mínimos con una renta superior a los 7.063,07 euros al año, ampliar el plazo para que los participantes en programas de formación suscriban un convenio especial con la Seguridad Social o determinar a quién compete sancionar determinadas infracciones graves.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se estrenó ante los medios de comunicación este mismo miércoles esgrimiendo la derogación de la reforma laboral como una de las medidas incluidas en el programa electoral del PSOE y en las resoluciones del 39º Congreso Federal del partido. Se lo han recordado nada más tomar posesión tanto UGT como CCOO, que reclaman la revocación no sólo de la reforma laboral de 2012 sino también de la que el propio PSOE aprobó cuando gobernaba en 2010.

Sobre cómo va a anular la reforma del PP, Valerio sólo reveló ante las cámaras de 13TV que lo hablará “tranquilamente”, no sin antes detallar los motivos por los que se hace necesaria su supresión: “Ha sido muy dañina para muchos aspectos del mercado de trabajo, como la negociación colectiva”, explicó, “y ha provocado un aumento de la temporalidad y una devaluación salarial muy importanteuna devaluación salarial muy importante, que ha desencadenado problemas en el sistema de pensiones y en la Tesorería de la Seguridad Social”.

Este jueves, en Onda Cero, lo que pidió fue un “replanteamiento total” de la reforma de 2012. En ambos casos, Valerio se remitió al diálogo con empresarios y sindicatos –“Hay que tenerlos en cuenta, y estoy segura de que llegaremos a muchísimos acuerdos”, dijo en televisión–. “Se impone la prudencia”, avanzó. En efecto, derogar la reforma del PP es la primera medida que el PSOE se impone para “cambiar el modelo laboral”. Al menos así constaba en el programa que Pedro Sánchez presentó en las primarias socialistas de hace un año, donde le atribuye la culpa del “aumento de la precariedad, los bajos salarios, las desigualdades y el riesgo de pobreza”. Pero sólo unos meses antes, la gestora que gobernaba entonces el partido había publicado un borrador de programa económico que renunciaba a derogar la reforma laboral de 2012. Ese punto también desapareció del acuerdo de gobierno que los socialistas firmaron con Ciudadanos en 2016. “Lo primero que hará el PSOE será derogar la reforma laboral de Rajoy para recuperar los derechos de los trabajadores”, es una frase que Pedro Sánchez ha repetido en numerosas ocasiones y volvió a utilizar nada más vencer en las primarias.

Sin embargo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ya ha advertido contra cualquier intento de revertir los cambios incorporados por el PP al Estatuto de los Trabajadores. “Derogar la reforma laboral es prácticamente imposible”, aseguró en Barcelona, “es no saber de lo que se está hablando”. Según dijo, en España hay unas 7.000 normas laborales, entre europeas, autonómicas y nacionales, “y no se puede derogar todo de un día para otro”, desde la negociación colectiva y la contratación hasta la prevención de riesgos laborales. Por el contrario, Rosell reclama al Gobierno más reformas, como no ha dejado de hacer también cuando gobernaba el PP.

“Como somos conscientes de las dificultades objetivas que tendrá el Gobierno para cumplir un planteamiento tan ambicioso, pedimos que se reformulen las reglas del mercado laboral”, apunta por su parte el secretario de Organización de CCOO, Fernando Lezcano. Derogar la reforma de 2012, añade, significaría volver a la situación que dejó la reforma del PSOE de 2010, con la que tampoco estaba a gusto el sindicato. Así que CCOO exige anular los “capítulos más regresivos” de ambas reformas laborales: la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial, la supresión de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios colectivos cuando caducan–, la flexibilización y abaratamiento del despido. Lezcano confía en que la ministra de Trabajo reactive ahora las cuatro mesas de diálogo con la CEOE y los sindicatos que han permanecido estancadas casi desde se creación: calidad del empleo, parados de larga duración, pensiones y formación. “Esperamos tener una agenda encima de la mesa sobre la que podamos trabajar y creo que ahora habrá más disposición a llegar a un acuerdo que antes”, sostiene el dirigente de CCOO.

Problemas en el Congreso

Cuestión distinta será la “fragmentación de apoyos” que encontrará en el Congreso cualquier iniciativa. “Si la oposición al Gobierno es furibunda, de campaña electoral durante el resto de la legislatura, no va a ser fácil sacar adelante los cambios”, advierte Fernando Lezcano. Al tiempo de abandonar el ministerio, Fátima Báñez no dudó en advertir a los socialistas contra una reversión de la reforma laboral que ella alumbró: “Podría truncar la senda de creación de empleo”. Según mantuvo en declaraciones a la COPE, la reforma debería conservarse “porque funciona”. Ciudadanos ya se abstuvo en el Congreso en diciembre de 2016 cuando se votó una proposición no de ley del PSOE que pedía derogar la reforma del PP. Lo mismo hizo el PDECat. Por el contrario, Unidos Podemos apoya la desaparición completa de las leyes laborales aprobadas durante el Ejecutivo popular.

Pese a la fragilidad de los apoyos parlamentarios, Fernando Lezcano cree que “se pueden hacer cosas”: “Según lo que dijo Pedro Sánchez en la investidura, la música nos suena bien, y parece que el Gobierno que ha formado es potente, no de trámite, sino para durar”.

“El Gobierno tiene que actuar de inmediato”, exige Gonzalo Pino, secretario de Acción Sindical de UGT. No puede dejar pasar el tiempo para tomar medidas contra la pobreza laboral, energética e infantil, apremia. Pino defiende que se recupere la tutela administrativa en los despidos colectivos: hasta la reforma las empresas que querían ejecutar un ERE debían solicitar la autorización de la consejería autonómica competente o del ministerio, que podía denegarla si consideraba que los despidos no estaban justificados. También quiere que se aumente la protección del trabajador ante el despido, subiendo las indemnizaciones y fortaleciendo las causas por las que se puede extinguir un contrato. Y rechaza que la derogación de la reforma laboral sea “imposible”.

A su juicio, las palabras de Rosell son un intento de presionar al Gobierno para que no toque el Estatuto de los Trabajadores. “Ahora hay una oportunidad de avanzar y de recomponer el diálogo social que ha faltado con el Gobierno del PP”, destaca. Cree incluso que el actual Ejecutivo incluso debe convencer a los empresarios de la necesidad de subir los salarios, ahora que la CEOE negocia con los sindicatos, pero con gran dificultad, la renovación el acuerdo marco para los próximos años. No para presionar en una mesa que es sólo bipartita, sino advirtiendo a la patronal de que “puede intervenir en otros campos de la legislación laboral”.

La que será nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que hay que hablar "tranquilamente" sobre la derogación de la reforma laboral, una medida que ha recordado que se encuentra en el programa del PSOE, y ha asegurado que es posible garantizar la subida de las pensiones conforma al IPC con más empleo, salarios y con un incremento de impuestos "generales o especiales".

Así lo ha señalado Valerio en declaraciones a 13TV, recogidas por Europa Press, después de que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado los ministros que conforman el nuevo Ejecutivo, entre los que figura Valerio, que sustituirá a Fátima Báñez al frente de la cartera de Trabajo.

Valerio ha señalado que el primer objetivo en materia de empleo que se va a plantear el nuevo Ejecutivo es "recuperar el espíritu del Pacto de Toledo" y "tomarlo muy en serio" para generar "certidumbre y confianza" sobre las pensiones, al tiempo que considera "fundamental" el diálogo social con los agentes sociales y económicos.

Ante las peticiones sindicales de derogar la reforma laboral del PP, Valerio ha dicho que Trabajo va a hablar "tranquilamente" sobre el asunto, si bien ha recordado que la derogación de la reforma laboral figura en el programa del PSOE y en las resoluciones del 39 Congreso Federal de los socialistas.

De hecho, ha criticado que la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido "muy dañina para muchos aspectos del mercado de trabajo", como para la negociación colectiva, y ha provocado un aumento de la temporalidad, una devaluación salarial "muy importante", que ha desencadenado en problemas en el sistema de pensiones y en la Tesorería de la Seguridad Social.

De esta forma, ha abogado por poner "orden" en el fraude en la contratación a tiempo parcial y en controlar los falsos autónomos. "Hay que sentarse y hablar, y ver qué podemos hacer que sea lo mejor para el país. Hay que tener en cuenta a empresarios y sindicatos, y estoy segura de que llegaremos a muchísimos acuerdos", ha apostillado.

Impuestos para garantizar pensiones

En cuanto a las pensiones, Valerio ha sostenido que se pueden subir las pensiones conforme al IPC "desde el punto de vista económico" si se apuesta por una mayor recaudación, más empleo y la subida de salarios, algo que el PSOE "tiene trabajo en el pacto de rentas".

Ante el déficit de la Seguridad Social, ha apostado por acometer medidas en línea con otros países, como Francia o Alemania, en donde se está completando la recaudación de cotizaciones también "vía impuestos especiales o generales".

"Hay que hacerlo (subir las pensiones) de forma financieramente sostenible y socialmente sostenible, para eso hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y que suban conforme en IPC como ha estado en vigor varias décadas hasta la reforma del año 2013", ha apostillado Valerio.

En esta línea, ha remarcado que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo una "autoenmienda" de su propia ley de pensiones planteando en los Presupuestos de 2018 una subida conforme al IPC, incluso un incremento de las pensiones mínimas superior a la inflación, tanto para 2018 como para 2019 según lo acordado con el PNV.

En cualquier caso, Valerio cree que se puede conseguir un "gran acuerdo" en materia de pensiones en el marco el Pacto de Toledo en el Congreso. "Tengo ese convencimiento y desde luego me voy a poner manos a la obra. Creo que se puede conseguir un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. El Pacto de Toledo está para generar confianza, certidumbre y esperanza sobre el sistema público de pensiones", ha enfatizado.

Ha hablado "largo y tendido" con Báñez

Por último, la nueva ministra de Trabajo ha dicho que tras la aprobación de la moción de censura el viernes por la mañana habló con su predecesora, Fátima Báñez, y ha vuelto a conversar "largo y tendido" este miércoles, tras el anuncio del nuevo Consejo de Ministros.

La nueva titular de Trabajo ha explicado que fue "muy cañera" con Báñez en su época de diputada, pero en su última etapa como responsable socialista de pensiones en el Pacto de Toledo en la Ejecutiva Federal del PSOE ha tenido ocasión de hablar con Báñez y han

forjado una relación de "mucho respeto".

"Es absolutamente fundamental, se puede discrepar ideológicamente y que cada uno defienda sus posiciones, pero tener respeto como máxima es una buena cosa, y el diálogo", ha agregado.